En enero de 2023, tras la retirada de la cruz franquista del Parque Ribalta de Castelló, el entonces senador de Compromís Carles Mulet recibió varias amenazas procedentes de un hombre que los publicó en páginas del grupo ultra España 2000. Entre los mensajes que el senador recibió en redes sociales estaban: “Mira todos los días debajo de tu coche” o “Sabemos donde vives así que no provoques si no quieres estar en un ataúd o ir de entierro”. El senador, que ya había recibido multitud de mensajes intimidantes, denunció estos en la Guardia Civil de Castellón, que se hizo cargo de la investigación.

A los pocos meses, los agentes localizaron al individuo que publicó las amenazas en Facebook, comprobaron con la plataforma la veracidad de su identidad y arrancó un procedimiento por la vía penal. Año y medio más tarde, el denunciado y el exsenador han llegado a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio: en lugar de dos años de prisión para el ultra, el caso se salda con unas disculpas públicas en los mismos espacios en los que escribió las amenazas.

El acuerdo de conformidad llegó este martes y el mismo día el autor de las amenazas procedió con la disculpa. El contenido lo ha dado a conocer el propio Mulet, quien ha sido asesorado en el procedimiento por Mónica Oltra. La exvicepresidenta del Consell, que regresó a la abogacía hace un año, es quien ha fomentado el pacto para conseguir un acto de “reparación y rectificación” con la defensa del simpatizante de España 2000, formación que a ella misma la ha perseguido en los tribunales.

“En un mundo en que la gente no quiere dialogar sino ganar, no quiere convencer sino vencer, a veces encontramos caminos para resolver conflictos graves y ofensas donde las personas somos capaces de reflexionar, rectificar y perdonar”, escribe la abogada en su perfil de Linkedin, donde ha comentado el acuerdo.

Mulet, que recalca el trabajo de la Guardia Civil, destaca que han sido partidarios de esta opción para “demostrar que no somos como ellos”. “Esto es parte del civismo”, destaca en conversación con elDiario.es, apuntando que es “otra forma de arreglar las cosas”. “Es la filosofía de Mónica [Oltra], que cuando todo está tan crispado, optar por este método de resolver conflictos. Es hacer un poco de pedagogía”, comenta el exsenador. “No va de punitivismo, ni de ojo por ojo, no repara el daño hecho, pero espero que sirva para que el sujeto no lo vuelva a hacer”, escribe en su cuenta de X.

En la disculpa, el ultra escribe que las publicaciones denunciadas “no tienen amparo en ningún derecho o libertad fundamental y, sin embargo, sí dañan personalmente y vulneran los derechos del Sr Mulet y sus familiares (...) Entiendo que esta manera de proceder no tiene cabida en un estado democrático y rompe las reglas de la convivencia pacífica”.

El senador de Compromís asistió a la retirada de la cruz franquista por parte del Ayuntamiento de Castelló, avalada por una jueza tras una querella de Vox y de la entidad ultraconservadora 'Abogados Cristianos', y recibió un aluvión de insultos y amenazas en redes sociales, como otros cargos públicos de la formación valencianista.

Fuensalida, una localidad de no más de 13.000 habitantes, a medio camino entre Toledo y Madrid. Su nombre es famoso porque es una de las 'ciudades del calzado' más importantes de España. Cuenta además con otra particularidad: es de las localidades del país con más nombres que homenajean a la dictadura franquista. Hasta ahora. O por lo menos, hasta un futuro cercano, ya que una sentencia judicial dice que estos nombres deben cambiarse.

Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, será un alcalde del PP el que deberá encargarse del cambio de denominación: José Jaime Alonso, que también fue viceconsejero de Educación en el Gobierno de María Dolores Cospedal.

Son diez las calles cuyo nombre deberá ser modificado: la dedicada al General Asensio, General Mola, General Moscardó, General Varela, General Yagüe, la que homenajea a los 'Héroes del Alcázar', la calle Onésimo Redondo, la dedicada a Queipo Llano, la calle 18 de julio y la calle General Barrón. Además, se deberá sustituir el nombre de la plaza Generalísimo y el la plaza José Antonio. 

En un principio se solicitó también el cambio de la calle Millán Astray, pero esta petición fue recurrida por la 'Plataforma Patriótica Millán Astray' y el recurso fue aceptado, por lo que se retiró la calle del proceso judicial.

Uno de los pueblos con más calles franquistas

Aunque es difícil conocer realmente la situación del callejero con alusiones franquistas, Fuensalida es, según todos los registros realizados hasta ahora, uno de los lugares con más calles de este tipo de todo el país. Según el proyecto 'Debería desaparecer', que recopila miles de vestigios franquistas en el callejero español, encabeza la lista junto a otros lugares como León o la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, que también ostentan por lo menos una decena de calles en su plano.

La sentencia la interpuso la Asociación para la Defensa de la Ley de Memoria Histórica y la Retirada de los Símbolos Franquistas, un pequeño colectivo de juristas de Salamanca que inició varios procesos allá por el año 2017. La sentencia que afecta a Fuensalida se resolvió a finales de 2022. La tardanza se debe a que hubo una serie de recursos al primer auto judicial de hace ya seis años y en el proceso llegó incluso a personarse la Asociación 'Plataforma Patriótica Millán Astray'. Finalmente, la calle Millán Astray se sustrajo del litigio y se mantiene con ese nombre en la localidad.

Gorka Esparza, uno de los miembros de la asociación, explica que ahora preparan una demanda de ejecución forzosa de sentencia y que la presentarán de manera “inminente”. “Es un proceso que en general no es rápido, nunca lo es un contencioso, y los juzgados nos han puesto muchas zancadillas”, resalta el abogado.

Comenzaron con una serie de recursos en varios ayuntamientos, y poco a poco fueron “abandonando” la tarea memorialista, gracias a la acción de “un senador y un abogado” que aceleraron la retirada de los símbolos. “Aunque en Castilla-La Mancha ha sido a regañadientes”, reflexiona.

El senador en cuestión es Carles Mulet, ya exrepresentante de Compromís en la Cámara Alta, que movilizó una serie de requerimientos a centenares de municipios por toda España para la retirada de simbología franquista y cambio de denominaciones de calle. El abogado al que hace referencia Esparza es Eduardo Ranz, experto en memoria histórica y que ha movilizado una serie de iniciativas para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

La situación en Toledo, “especialmente llamativa”

Los recursos que inició en 2017 la asociación comenzaron de la manera más sencilla: consultando el INE. “Empezamos a mirar uno por uno y la situación en Toledo era especialmente llamativa”, señala Esparza. Llamativa en cuanto eran decenas las calles dedicadas a figuras franquistas.

De hecho, el caso de Fuensalida ya es el último de varios que se han resuelto, a pesar de que se les “atascó”, porque hubo incluso un recurso que quiso poner en cuestión su “legitimación” para exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la región, ya que venían de la vecina Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia regional les dio finalmente la razón en 2019, para continuar con los procesos judiciales. También iniciaron procedimientos en localidades como Recas, Malpica de Tajo o San Román de los Montes.

“Fuimos muy cautos entonces. Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul. Entonces no lo teníamos muy claro, pero ahora el proceso se ha ido acelerando y casi todos los ayuntamientos los han ido quitando”, finiquita Esparza.

Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul.

Gorka Esparza — Abogado

El alcalde dice que cambiará las calles, pero lamenta el “perjuicio”

El alcalde de Fuensalida deberá acatar la sentencia, que es firme, puesto que no se interpuso ningún recurso de apelación en su contra, José Jaime Alonso ha acusado al anterior equipo de Gobierno local liderado por el socialista Santiago Vera, de mantener “oculto” el fallo judicial. El Ayuntamiento actualmente estudia varias propuestas para el cambio de nombre.

“Va a haber alguna novedad con ilustres fuensalidanos, tantos hombres como mujeres que representan los valores del pueblo. Estamos navegando entre documentos para rescatar ese sentir de la gente”, ha afirmado Alonso, según informa Fidel Manjavacas.

Alonso ha declarado que aunque acatará la ley, “sin ningún tipo de rechazo social ni corriente contraria a cambiar el nombre de las calles”, también ha señalado que la situación supondrá un “perjuicio de manera innecesaria” para los residentes y que muchas de las personas afectadas han ido a preguntar si tienen que cambiar el nombre en sus escrituras o la dirección en los comercios.

El mismo Ayuntamiento, que actualmente está ubicado en la plaza del Generalísimo, deberá llevar a cabo estos cambios, como la documentación, membretes, informar a Correos de España o al registro. Así lo ha señalado Alonso, que ha resaltado el coste económico que podrá tener la medida para las arcas municipales.

“Hay que adaptarse la legislación que hay, pero lo coherente es que este proceso judicial hubiera sido todo lo transparente que debe ser, que los funcionarios hubieran tenido conocimiento de cómo se va produciendo y que el Ayuntamiento hubiese preguntado a los vecinos si consideraban oportuno o no recurrir -la sentencia-. Lo que no cabe de una persona responsable es ocultar la sentencia y guardarla en un cajón”, finaliza el alcalde.

El exalcalde se defiende

Por su parte, Santiago Vera ha asegurado que “no se ocultó nada”. El exalcalde socialista, actualmente director general de Acción Social en Castilla-La Mancha, en la Consejería de Bienestar Social, ha lamentado el “desconocimiento” del nuevo alcalde de la localidad. “Tendría que ser más prudente porque si no va a acabar en los tribunales”, ha advertido en declaraciones a Toledodiario.

Vera señala que tras los resultados de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, quiso “dejar rematado” este y otros “asuntos judiciales y administrativos” ante de dar el relevo en el gobierno municipal.

Explica que no se llevó a cabo el cambio, porque “teníamos claro que teníamos que hacerlo desde el consenso y el PSOE no tenía mayoría en el Pleno”. Vera también reprocha la valoración que hace Alonso de su cumplimiento. “Decir que cumplir la ley es un perjuicio, es digno de todo un independentista catalán y un auténtico disparate de quien se salte la ley cuando quiere”, ha criticado en relación a las palabras de Alonso.

IU promovió en 2016 la primera Marcha por la Memoria Democrática en la localidad, para llamar la atención de unas 17 denominaciones franquistas en la localidad. La entonces concejala de la formación, Patricia Ballesteros, recordaba que la iniciativa era “para que nunca se nos olvide quienes fueron los generales golpistas ni los nombres de quienes lucharon por la libertad de nuestro pueblo”.

“Mira todos los días debajo de tu coche” o “Sabemos donde vives así que no provoques si no quieres estar en un ataúd o ir de entierro”. Son algunas de las amenazas que recibió el senador de Compromís, Carles Mulet, en su cuenta de Instagram el pasado 6 de enero tras haber presenciado la retirada de la cruz franquista del Parque Ribalta de Castelló. Mulet denunció los hechos y la Policía ha logrado identificar al autor de las amenazas.

El Equipo de Investigaciones Tecnológicas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valencia ha identificado al usuario D.M.M.G. como el autor de los mensajes amenazantes. Los especialistas de la Guardia Civil investigan al usuario de Instagram, que ya ha borrado su perfil en la red social, como presunto autor de un delitos de amenazas. Las diligencias se han remitido al juzgado en funciones de guardia de Valencia.

El senador de Compromís presenció la retirada de la cruz franquista por parte del Ayuntamiento de Castelló, avalada por una jueza tras una querella de Vox y de la entidad ultraconservadora 'Abogados Cristianos', y recibió un aluvión de insultos y amenazas en redes sociales. Durante la retirada del monumento, cedido al obispado de Segorbe-Castelló, los cargos públicos de la formación ya fueron insultados por algunos ultras que habían convocado una protesta.

“Nos insultaron y amenazaron gravemente en plena calle ante la Policía Nacional, que permitió se amenazase de muerte a cargos públicos ante su cara”, ha recordado Mulet. Además, el acoso continuó en redes sociales “durante días” por parte de “perfiles anónimos” y “organizaciones fascistas”. El mensaje de Instagram denunciado aludía a un tuit de Mulet en el que proponía volar por los aires el Valle de los Caídos.

“Sabemos donde vives”

“Tú eres el hijo de puta que quiere poner una bomba en el Valle de los Caídos. Pues una cosa te voy a decir, mira todos los días debajo de tu coche, por si la tienes tú o la zorra de tu mujer, sabemos donde vives así que no provoques si no quieres estar en un ataúd o ir de entierro”, le espetó el usuario de Instagram D.M.M.G.

“Este”, ha dicho Carles Mulet, “fue el mensaje que colmó la paciencia y por ello fue denunciado el día 7 [de enero] ante la Guardia Civil”. “Ni como persona ni como cargo público tengo que soportar estas amenazas”, agrega el senador de Compromís.

Las pesquisas del Instituto Armado se han prolongado durante dos meses y han permitido identificar a D.M.M.G., vecino de Valencia, como autor de las amenazas. Aunque ha borrado su perfil de Instagram, aún mantiene otras redes sociales. Así, Meta-Instagram ha certificado que la cuenta correspondía al usuario identificado.

Carles Mulet ha agradecido la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de València que “en todo momento ha estado informando de las gestiones y avances hechos”. El senador espera que el juzgado que asuma la instrucción “actúe con diligencia para acabar con este tipo de comportamientos”.  

“Seguramente, si estas amenazas se hubieran hecho a cargos públicos de otros partidos, abrirían telediarios, contra nosotros parece hay impunidad, como hemos visto, cuando le hemos pedido explicaciones al Gobierno por permitir amenazas el día de la retirada de la cruz del parque Ribalta”, ha criticado Mulet.

“Si tuviéramos que denunciar todos los insultos y amenazas que recibimos de normal no saldríamos de los juzgados o cuarteles, pero hay algunas que superan todo lo permitido”, ha afirmado el senador de la formación valencianista. “La mejor manera de terminar con ellas son con condenas ejemplarizantes”, concluye.

El trabajo del senador de Compromís Carles Mulet por la retirada de los vestigios franquistas en todo el país, en aplicación de la reciente Ley de Memoria Democrática ha llegado hasta el mítico Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real). Según apunta, allí hay una composición de cerámica que conmemora este espacio como monumento histórico-artístico en 1955, en el cual puede verse un gran escudo franquista que violaría esta nueva normativa.

Por todo ello solicita al ayuntamiento de Almagro las copias de las actas de los órganos de Gobierno en los cuales se acuerda retirar este símbolo para cumplir con la referida ley. De esta manera se pretende que sea el Consistorio local quien inicie los trámites para proceder a la retirada de este símbolo. 

La campaña llevada a cabo por Mulet en el Senado ha conseguido que las autoridades lleven a cabo cambios y eliminaciones de cientos de espacios dedicados a Franco, a Primo de Rivera y a “héroes, mártires, sanguinarios militares y rémoras de quienes se sublevaron, lo que llevó a una guerra, represión y larga dictadura”.

“Además ha servido para poner blanco sobre negro en numerosas poblaciones y pedanías y, si bien en la mayoría de casos las autoridades han admitido la dejación voluntaria o no en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica (y que ahora se ha visto reforzada con la nueva ley de Memoria Democrática) y los han rebautizado en la cifra de más de 3.000 de las calles y plazas, también es cierto que han quedado tristemente retratadas algunas autoridades de otros ayuntamientos del Estado y el propio Gobierno”, incida Mulet.

La coalición obtuvo una relación del Instituto Nacional de Estadística de las calles, plazas o viales de municipios españoles que mantienen nomenclaturas como las de Onésimo Redondo, Ruiz de Alda, Calvo Sotelo, Queipo de Llano, General Mola, General Sanjurjo, General Yagüe, Millán-Astray, José Antonio Primo de Rivera, 18 de Julio o del Generalísimo. “Lamentamos que el Gobierno no tome parte de una forma activa en el cumplimiento de la ley vigente y no comience a sancionar su inobservancia”, ha añadido.

“No se ha movido ni un solo dedo”

También ha enviado cartas a los obispos españoles y al propio Papa para que se implique en la eliminación del franquismo de las iglesias. Y ha reclamado la retirada del busto del exministro franquista Manuel Fraga del Senado y el cuadro a Martín Villa. 

“Es triste que haya tenido que ser una formación pequeña con pocos recursos como Compromís quien haya propiciado una campaña tan sencilla como efectiva y que quienes han gobernado en los últimos años desde las instituciones de todo un Estado no hayan movido un solo dedo para devolver los nombres populares a muchas plazas o para dotar de nombres dignos, igualitarios y democráticos lo que antes era de una ignominia evidente e ilegal”.

Compromís ha georreferenciado estos casos en un mapa consultable desde la propia página web en el que se muestran por los colores del semáforo los municipios “que no quieren cumplir la ley, los que están en ello y quienes lo han hecho ya con enlace a los documentos enviados”. Algunos municipios habían cambiado ya el nombre de estas calles pero no lo habían comunicado al Instituto Nacional de Estadística, motivo por el cual seguían apareciendo en las bases de datos. 

Un espacio único en el mundo

El Corral de Comedias de Almagro es conocido en todo el mundo por ser el único que permanece activo tal y como era hace casi cuatrocientos años. Está situado en la Plaza Mayor de Almagro y debe su construcción a Leonardo de Oviedo, presbítero de la Iglesia de San Bartolomé el Viejo de Almagro. En 1628, don Leonardo de Oviedo pidió permiso al Ayuntamiento para la edificación del corral en el patio del mesón del toro. Invirtió en la construcción más de cinco mil ducados, una auténtica fortuna de la época. En su origen el corral de comedias ocupaba una superficie de 622 metros, algo más del doble de lo que se conserva en la actualidad.

La primera representación de la que se tiene referencia fue a cargo de la compañía de Juan Martínez en 1629, una de las doce compañías “de Título”. En el siglo XVIII, con la prohibición de los corrales, se convierte en el Mesón de la Fruta, conociéndose desde mediados del siglo XIX como la Posada de las Comedias.

En 1950, el dueño de dicha posada, mientras realizaba unas obras, encontró una baraja española pintada a mano fechada a principios del siglo XVIII. Puso el hallazgo en conocimiento del Ayuntamiento y su alcalde, Julián Calero, la trasladó al gobernador civil de la provincia. Don José María del Moral, por este y otros documentos, supuso que en ese lugar podría haber existido un corral de comedias.

Se iniciaron las obras y apareció la zona del escenario prácticamente intacta, momento en el que se decidió recuperar tan magnífico espacio, que estaba muy parcelado y en manos de distintos dueños. Tras el proceso de expropiación y restauración oportunas, se inauguró en 1952 este espacio único en el mundo, testimonio de una de las épocas más brillantes del teatro.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, reitera que la Dama de Elche no se trasladará del Museo Arqueológico Nacional, con sede en Madrid. El titular de Cultura descarta movimientos en el busto íbero “mientras los informes técnicos desaconsejen” este movimiento.

El dirigente ha respondido así en el Senado a preguntas del representante de Compromís, Carles Mulet, que ha trasladado una demanda que comparte con el Ayuntamiento de Elche. “Igual no me he explicado bien, pero mientras haya informes técnicos que desaconsejan este traslado, Cultura no lo va a autorizar”, ha señalado el ministro en una comisión en el la Cámara Alta, interpelado por la descentralización del patrimonio.

“Como ministro, no pondría por delante los intereses políticos que podría tener un desplazamiento de una pieza antes que la seguridad de la propia pieza. Yo entiendo que exista una legítima aspiración del Ayuntamiento de Elche de contar con esa pieza, pero mientras los técnicos me digan que desplazarla corre peligro, yo no lo autorizaré. Quizá otro ministro lo haga”, ha añadido Iceta.

Mulet ha calificado de “despropósito” el informe hecho público en enero de 2022, con “excusas más que cuestionables” para descartar el traslado. “Si la Dama de Elche está en mal estado, también será responsabilidad del Arqueológico e igual no es el mejor sitio para albergarlo”, ha lamentado Mulet, quien ha afirmado incluso que si en el MAN “pusieran una réplica, nadie dejaría de ir”.

“La Dama de Elche es una pieza única, no me hable de replicas. Las circunstancias de esta pieza están pidiendo un constante monitoreo y el informe no será el último, porque permanentemente debemos hacer un esfuerzo para saber cuál es su estado”, ha respondido el ministro de Cultura.

Han pasado ya más de dos años desde que los restos del dictador Francisco Franco salieran de la basílica del Valle de los Caídos, donde había pasado los últimos 44 años en una sepultura de honor, desde su muerte en 1975. Sin embargo, en la cripta principal del Alcázar de Toledo continúan enterradas personalidades tan cruciales del bando nacionalista como el coronel José Moscardó Ituarte, comandante Militar de Toledo y “Jefe de los Defensores del Alcázar”, o el combatiente de la División Azul Jaime Milans del Bosch y Ussia.

El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha explicaba que se trata de un caso similar al del dictador, al tratarse de una cripta privada en un edificio público. Por ello, en 2018, Izquierda Unida lanzó una iniciativa en el Congreso de los Diputados y Podemos en las Cortes de Castilla-la Mancha, cuando por aquel entonces formaba parte del Gobierno de Emiliano García-Page, para hacer lo propio con Moscardó y Milans del Bosch. Esta última fue tumbada antes de llegar a las Cortes regionales por PSOE y PP y sobre la otra el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideró que las tumbas de los dos militares en la cripta de la fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural y de propiedad pública, no suponen la “exaltación” de sus figuras, por lo que no incumple la Ley de Memoria Histórica.

Ahora, ha sido el senador valenciano de Compromís Carles Mulet el que ha vuelto a preguntar por este asunto al Gobierno de España. Mulet aseveraba en su escrito que dicha cripta es “de uso privativo de golpistas” lo que a su juicio es “en sí mismo un lugar de exaltación del franquismo aunque se tenga un acceso restrictivo”. Apuntaba además que la gestión del mismo recae en la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, la cual “suele organizar misas y actos de exaltación franquista, y usa sus redes sociales para revindicar a las personas que participaron en el golpe de estado”.

Precisamente, a raíz de los actos que celebra esta Hermandad en el mes de septiembre, Mulet remitió en el Senado alrededor de una decena preguntas al Gobierno sobre su funcionamiento y sobre si se plantea la exhumación a Moscardó y Milans del Bosch y Ussia.

En concreto, cuestionaba sobre a quién se ha cedido el uso o derecho de ocupación de la cripta del Alcázar, quién tiene llaves y autorización para acceder, por qué no se vacía la misma de los restos de Moscardó y Miláns del Bosch y Ussia, si la Hermandad recibe algún tipo de ayuda pública o qué medidas va a tomar el Gobierno para “su ilegalización”, “viendo que continúa haciendo apología del franquismo en redes sociales (lo cual muestra con las siguientes capturas de pantalla) o en sus actos -a los que han acudido concejales del PP de Toledo-”.

Respuesta del Gobierno: “No consta la cesión de dicho espacio”

Este pasado 11 de noviembre, el senador recibía también por escrito la respuesta del Gobierno a sus preguntas. En el texto, señala que “no consta en el Ministerio de Defensa que se haya realizado ninguna cesión del referido espacio -la cripta-. ”Mediante el Real Decreto 636/2010 de 14 de mayo, por el que se regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Museo del Ejército, éste asume la responsabilidad del mantenimiento de la cripta, con el régimen de enterramientos conforme a la normativa autonómica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que permite el uso de la misma como columbario“, agrega el Gobierno.

Sobre las visitas a la misma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez indica que “la cripta no puede ser visitada por el público con carácter general” aunque sí “existe la posibilidad de visitas exclusivamente para familiares de los enterrados, en los días en los que el Museo está cerrado al público”.

“Les da igual que los golpistas estén sepultados con honores”

La respuesta no ha satisfecho a Mulet, que indica que le “parece indignante” que el Gobierno “no conteste las preguntas más comprometidas”. “Reconocen que es del Estado y les parece lo más normal del mundo. Es una desvergüenza. Les da igual que los golpistas estén sepultados con honores al resto de mortales en un edificio público. Yo voy a continuar preguntando, hay muchas cosas que no se contestan”, agrega el senador.

A su juicio, esta situación “demuestra que la ley del 2007 -de memoria histórica- no sirve para nada porque casos como estos son completamente legales para ellos”. “Ante esto peleamos por la nueva ley que está en tramitación en la que casos como estos tienen que estar reflejados. Los restos tienen que devolverse a su familia y dejar a este lugar sin ningún tipo de connotación franquista”, considera Mulet.

“Honor y Gloria a nuestros defensores”. La Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, la entidad que gestiona la cripta del Alcázar de Toledo, exalta sin demasiado disimulo las “gestas” de las tropas sublevadas contra el orden constitucional de la II República. De hecho, entre los objetivos de la junta directiva figura la promoción de las visitas “de niños y jóvenes (colegios e institutos)” y de la película Sin novedad en el Alcázar, una producción italiana, puramente propagandística, de 1940. Cada año, con motivo de la “liberación” del Alcázar, la hermandad organiza procesiones y una misa de campaña. El pasado 27 de septiembre, día en que se celebra el 85 aniversario de este evento clave de la Guerra Civil, la hermandad organizó la “solemne misa”.

El senador de Compromís Carles Mulet ha solicitado expulsar a la “hermandad ultra que exalta el franquismo” de la cripta del Alcázar de Toledo, un edificio público propiedad del Ministerio de Defensa. “Esta cripta, de uso privativo de golpistas, es en sí mismo un lugar de exaltación del franquismo aunque se tenga un acceso restrictivo”, señala Mulet. La entidad, señala el senador de Compromís, “usa sus redes sociales para reivindicar a las personas que participaron en el golpe de Estado que acabó con la democracia republicana y acarreó una sangrienta dictadura”. La exaltación “supone una humillación para las víctimas”, agrega Mulet.

“Es un insulto a las víctimas de la dictadura que un espacio público albergue con honores los restos de golpistas o defensores del golpe de Estado, que mantengan privilegios como ocupar esta cripta pública y continúen celebrando actos de exaltación que atentan contra la ridícula ley de memoria histórica en vigor”, denuncia Compromís.

Así, el senador de la formación valencianista ha presentado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno interesándose por las condiciones de cesión de uso, la seguridad o la “implicación” del Ministerio de Defensa en la custodia de los restos del general Moscardó así como de “unas doscientas personas afines al golpe de Estado de 1936 que murieron durante el asedio a este edificio”. Mulet también pregunta si el Gobierno tiene previsto iniciar el proceso de ilegalización de la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, dada su indiscreta “apología del franquismo en redes sociales o en sus actos religiosos”. 

En las redes sociales de la entidad se exalta al dictador Francisco Franco, con la habitual cháchara del régimen. La asociación, con un sistema de admisión para hermanos ordinarios o activos, figura en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia desde 1984.

El monumento franquista en la plaza Gutierre de Cárdenas, un busto de José Antonio Primo de Rivera, una enorme cruz de los caídos junto a la iglesia parroquial, la avenida Generalísimo, la calle Mártires de Ocaña o la calle general Moscardó. Son algunos ejemplos de la simbología franquista que sigue conservando el municipio toledano de Ocaña a pesar de la solicitud de retirada de los mismos que llevó a cabo el pasado año el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Memoria Histórica.

Ocaña, con 11.597 habitantes, es uno de los 47 municipios que aún conserva vestigios del franquismo en espacios públicos en la provincia de Toledo, la primera del país en este ranking por delante de Valladolid -43-. El Ayuntamiento de Ocaña fue además denunciado en el año 2017 por la formación política Compromís al no considerar el cambio de nombres franquistas de sus respectivos callejeros, aunque finalmente la demanda no prosperó.

En este sentido, Carlos Mulet, senador designado por las Corts Valencianes que se integra en el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) de la Cámara Alta, viene requiriendo, “ante la pasividad de los gobiernos central y autonómico”, a centenares de ayuntamientos de España que cumplan con la Ley de Memoria Histórica.

En el caso del Ayuntamiento de Ocaña, el senador ha realizado multitud de requerimientos que llevaron en la anterior legislatura a incoar un procedimiento contractual tendente a la elaboración de un catálogo de la simbología franquista y de la nomenclatura de varias vías públicas presentes en el municipio que permitiese adoptar la retirada de las mismas y, por tanto, se dejase de incumplir la mencionada legislación -aprobada en 2007- en la localidad.

Decenas de solicitudes para cumplir con la ley

Sin embargo, en el Consistorio del municipio toledano aún no se ha elaborado dicho catálogo y no se han atendido las decenas de peticiones de Mulet, que inició en el año 2017 una campaña con la que se puso en contacto a través del Senado con más de 2.000 municipios que cuentan con calles con nombres relativos al franquismo. En esta legislatura continúa solicitando actas de acuerdos del pleno u órganos de Gobierno de Ocaña en los que se apruebe la retirada de estos símbolos y se cambie el nombre de vías como la avenida José Antonio, además de las citadas anteriormente.

Entre los vestigios a los que hace referencia también cita un monolito de la Falange en la esquina de la avenida Generalísimo con Alonso de Ercilla. Se trata de monumentos conmemorativos que suponen una exaltación de la Guerra Civil y que no dan cumplimiento “al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978”, según apuntaba el Ministerio de Justicia en la misiva enviada a 656 ayuntamientos españoles para dar cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, que entre sus objetivos, busca reconocer y ampliar derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura.

El Ayuntamiento no se pronuncia

El Ayuntamiento de Ocaña ha estado gobernado desde el año 1999 ininterrumpidamente por el Partido Popular hasta el pasado año, cuando el socialista Eduardo Jiménez se alzó con la Alcaldía gracias al apoyo de Ciudadanos. A pesar de la petición de este medio, el actual equipo de Gobierno ha declinado hacer declaraciones sobre esta situación, de la que no se conoce ningún avance para dar cumplimiento a la actual legislación.

Mientras tanto, el Gobierno de España sigue trabajando en la aprobación de una nueva Ley de Memoria Democrática sobre la que el Consejo de Ministros presentó su anteproyecto el pasado 15 de septiembre. Esta tendrá una sección específica dedicada a los “símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática” con una definición “más precisa” para retirar este tipo de tanto en edificios públicos o privados (incluyendo los religiosos). También se incluirá un “procedimiento detallado de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, de no haberse producido de manera voluntaria” y habrá medidas expresas que incluyen privar de ayudas y subvenciones a los infractores.

Además, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, entregado este miércoles 28 de octubre en el Congreso, destina un total de 11,3 millones de euros para esta partida que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó a cero desde 2013. Mientras tanto, el Gobierno continúa con su campaña de reparación a las víctimas del franquismo, con el acto de entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a doce víctimas de la represión de la dictadura franquista, entre ellas la de Florencio Soto Martín, jornalero de Añover de Tajo y militante del CNT, que fue fusilado el 22 de junio de 1940.

El Consejo de Ministros acordó, en su sesión del pasado 15 de septiembre, la tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que tendrá una sección específica dedicada a los “símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática” con una definición “más precisa” para retirar este tipo de tanto en edificios públicos o privados (incluyendo los religiosos).

También se incluirá un “procedimiento detallado de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, de no haberse producido de manera voluntaria” y habrá medidas expresas que incluyen privar de ayudas y subvenciones a los infractores.

Es la respuesta a la pregunta escrita planteada el pasado mes de septiembre, por Carles Mulet, senador designado por las Corts Valencianes que se integra en el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) de la Cámara Alta.

Mulet denunciaba la “falta de respeto a las Cortes Generales y a la legislación vigente”, en alusión a la postura del alcalde de Peñalver, en Guadalajara, por su negativa a retirar las placas con nombres franquistas en varias calles del municipio. Además, el senador preguntaba a la Cámara si “se va a permitir que continúe el señor alcalde con el desprecio absoluto a las víctimas del franquismo”.

Las ‘razones’ de la negativa del Consistorio a cumplir la Ley de Memoria Histórica

El senador viene requiriendo a diversos ayuntamientos de España cumplan con la Ley de Memoria Histórica, “ante la pasividad de los gobiernos central y autonómico”.

En el caso de este Ayuntamiento de la provincia de Guadalajara, Mulet requirió hasta en dos ocasiones, tanto en 2017 como en 2018, el cumplimiento de la citada norma en varias calles del municipio.

Fue en octubre de 2017 cuando el Ayuntamiento informaba al Senado que se procedería “en próximas a una consulta popular, para la renovación de nomenclatura, si procede, de denominación de vías”.

Desde el Ayuntamiento que dirigía José Ángel Parra Mínguez, del Partido Popular, y que hoy sigue en el cargo, se aseguraba que en la localidad “jamás ha existido, ni se ha presentado queja alguna sobre la nomenclatura de viales, siendo este municipio de apenas 250 habitantes, donde reina la concordia y el respeto escrupuloso a las opiniones diversas y democráticas desde el advenimiento de la democracia de 1978”.

Apelando a esas razones, argumentaba el Ayuntamiento, que se optará por la “prudencia para la adopción de cualquier medida que hiera la sensibilidad de sus conciudadanos” y que, en todo caso, los tiempos en el municipio “los marca este alcalde” aludiendo al Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales en cuanto a los asuntos que se incluyen o no en cada Pleno municipal.

“Esta Alcaldía de mi Presidencia, no incluirá dicho punto en el Orden del Día de los Plenos que se celebren, hasta que no se cuente con toda la documentación, informes de idoneidad y propuestas de la ciudadanía sobre nombres que se podrían instalar”.

El alcalde, que forma parte del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Guadalajara en calidad de vicesecretario Territorial, aludía a que todas las placas del callejero del municipio “ son de azulejos serigrafiados”, alegando por ello el “alto coste” para un municipio con un presupuesto de gastos corrientes de 187.950 euros, así como falta de presupuesto o capacidad de maniobra económica “debido al techo de gasto para la adquisición de nuevas placas”.

Y no solo eso, decía el alcalde, que apuntaba que cambiar el callejero “sin saber primero qué se va a poner, o sin disponer del callejero visible, provocaría en los profesionales de Correos u otros, confusiones perjudiciales por no hacer las cosas bien y con tiempo”.

“Entenderá Su Señoría, que si han estado dichas placas instaladas con ese nombre los últimos 80 años, bien podrán esperar un año más para su cambio”, concluía el alcalde.

La legislatura terminó en 2019, sin que el Consistorio haya dado el paso para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, de ahí la reciente pregunta, el pasado septiembre de 2020 del senador Carles Mulet.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha señalado hoy que el Gobierno “falta a la verdad” cuando asegura que no le consta que nadie pidiera el indulto ante el Ministerio de Justicia para los jóvenes de Fraguas afectados por una causa que instruye el Juzgado número 4 de Guadalajara.

“Yo personalmente envié la petición perfectamente motivada ante el Ministerio de Justicia reclamando el indulto en el caso de los condenados en Fraguas (Castilla la Mancha) tras haber reconstruido y devuelto del olvido a este antiguo municipio castellano, por lo que algo ocurre en el Ministerio de Juan Carlos Campo”.

El senador territorial valenciano preguntó el pasado febrero al actual Gobierno si pensaba indultar a las personas que repoblaron Fraguas, indicado que condenarlos por delitos de usurpación, contra la ordenación del territorio y tener que hacer frente a responsabilidades civiles cuantiosas era “tremendamente injusto para los afectados, cuando observamos a diario que, mientras delincuentes peligrosos son premiados con unas sentencias extremadamente suaves que escandalizan a la opinión pública”. Sostiene Mulet que la corrupción urbanística “ha quedado impune y sin responsables y como, en otros casos, las sentencias son ejemplarizantes con el objetivo que sean disuasorias de actuaciones similares. Es necesario recordar que el PP aprovechaba para indultar a personas de muy dudosa idoneidad”.

Los senadores de Compromís rubricaron en julio de 2018 la petición de indulto ante el ministerio y solicitaron esta medida de gracia “en la que existe una clara posición de miles de personas y un elevado consenso, como se ha podido ver a partir de las miles de firmas recogidas y apoyos recibidos de los antiguos vecinos”.

El Gobierno aseguró desconocer las peticiones de plataformas como change.org y otras que se han volcado con los repobladores de Fraguas “a pesar de que se trata de casos muy mediáticos y escandalosos y no serían necesarias peticiones de terceros”, ha valorado el portavoz de Compromís en la Cámara Alta.

“El Gobierno no ha dado ni una sola explicación a Compromís de las medidas que se están adoptando para frenar la despoblación en el medio rural de zonas como las afectadas y ahora manifiestan desconocer incluso la petición que realizamos. El Ministerio parece más un misterio”, ha agregado Mulet.

El senador ha recordado que “estas personas pusieron su grano de arena en contribuir a la lucha contra la despoblación rural, en un pueblo abandonado, donde no molestaban a nadie, apostando por energías renovables, homenajeando a los antiguos vecinos que fueron forzados a abandonarlo y rehabilitando un pueblo que fue destruido. No creemos en las figuras como el indulto pues en ocasiones son otorgadas a personas con un currículo muy discutible, pero si existen, deben ser para gente como la de Fraguas. Esperábamos mucho más del actual Gobierno ante casos tan singulares como el de Fraguas, y así debería tratarse, pero parece que prefieren indultos a miembros de la policía, falsificadores y acusados por atentados o robos, cosas con una menor carga ideológica”, ha concluido.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido hoy al Gobierne tome las decisiones en firme para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, entre ellas apunta a la derogación del Decreto Ley de 1957, que permite a la orden benedictina gestionar el recinto donde está enterrado el dictador. Esta respuesta se produce después de que el prior de la orden haya anunciado que se negará a la salida de los restos de Franco de este mausoleo.

Pero además Mulet pide al Gobierno de Pedro Sánchez “que estudie seriamente, además de la expulsión de los benedictinos del mausoleo”, calificando de “desacato del prior a la autoridad, al poder judicial y atentar contra la memoria democrática”.

Mulet ha vuelto a recordar que tal y como recoge el informe de la comisión de expertos elaborado en 2011, el Decreto Ley de 23 de agosto de 1957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, atribuyó la titularidad y administración del lugar a dicha fundación, cuyo Patronato y representación correspondían al Jefe del Estado. Los fines fundacionales eran “rogar a Dios por las almas” de “todos los Caídos” y por España, así como “laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres”, sobre la base de la doctrina social católica.

Estas tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, previo decreto de establecimiento de la Abadía por Pío XII, el 27 de mayo de 1958, a petición del Estado. Las obligaciones de la orden religiosa consistían, entre otras, en el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería. Poco después la Iglesia de la Santa Cruz fue erigida como Basílica Menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960.

Según Mulet “ en primer lugar, este Decreto Ley fue firmado por un Gobierno ilegal, y no tiene sentido que el actual Estado acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal. En segundo lugar, porqué la Abadía estaría incumpliendo los fines, y por lo tanto, el Patronato, según este texto, ha de dar cuenta a la Santa Sede y solicitar la sustitución de la Abadía benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”.

El senador de Compromís señala que “esta orden a manos de un prior fascista, utiliza su el cargo no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sino para violentar la convivencia democrática y actuar contra la propia legislación, como es en este caso la Ley del 2007 que pide resinificar el conjunto del Valle de los Caídos”. Considera de este modo que las declaraciones del prior del Valle de los Caídos, o de destacados miembros de esta órden, “rozan directamente el delito, amenazan al Gobierno, amenazan con desatacar las decisiones judiciales, insuntan y atentan contra la memoria democrática”.

En tercer lugar señala que el convenio entre la Fundación y la Abadía, firmado en el 1958, “atenta contra la ley del 2007 de Memoria Histórica, en tanto y cuanto en sus obligaciones está la exaltación del franquismo ( obligación de celebrar misas el 20 N entre otras fechas, en honor a los 'caídos en la Cruzada'”. Recuerda Mulet que la Ley de Memoria Histórica señala que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. A pesar de ello, se continúan permitiendo actos de exaltación franquista como los vistos recientemente, o directamente protagonizados por el prior fascista al frente de la Abadía, Santiago Cantera, quien protagonizó y dedicó el pasado 20 de enero una misa en homenaje al dictador genocida Francisco Franco”.

Y en cuarto lugar, según el portavoz de Compromís, porque la Fundación “no se ajusta a la legislación actual en cuanto a Fundaciones”. Las recomendaciones de la comisión de expertos ya apuntaban a la necesidad de renegociar el convenio con la Iglesia, por ser este anacrónico. Así, según la orden de los expertos, se señala la necesidad de actualizar y definir tanto el régimen jurídico de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como el estatuto de la Abadía Benedictina.

Carles Mulet, senador de Compromís, ha recibido amenazas e insultos a través de las redes por proponer que se dinamite el Valle de los Caídos una vez sea vaciado de los restos de las personas que se hallan allí enterradas.

Mulet ha denunciado a través de sus cuentas en redes sociales todo tipo de amenazas tanto a su persona como a su partido de las que aquí se pueden ver unos ejemplos, pero en su perfil abunda con más casos.

El mismo senador en un tuit ha interpelado directamente a la Policía Nacional para quejarse afirmando: “No soy del PP ni Ciudadanos pero igualmente soy un cargo público que llevo tiempo recibiendo amenazas”.

Las amenazas se han reiterado después de que Mulet volviera a hacer esta propuesta respecto al Valle de los Caídos tras la sentencia del Tribunal Supremo. El senador de Compromís recuerda que “la gente fue enterrada en malas condiciones sin el consentimiento familiar, como trofeos de guerra de su verdugo. El estado de conservación de los cuerpos y del conjunto es insostenible, por ello hay que vaciar de cuerpos el Valle de los Caídos, entregarlos a los familiares o darles digna sepultura, y valorar si merece la pena dinamitarlo”. Además añade al debate también la retirada de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange.

En cuanto a la conservación de este recinto, Mulet señala que cuesta cada año 1,8 millones de euros sin actuaciones extraordinarias: más de 1 millón en gastos corrientes y el resto, en transferencias e inversiones, según los datos de 2016 recogidos por el senador.

Por otro lado, en su lucha contra la simbología franquista, Carles Mulet ha llevado a cabo una campaña para que diversos municipios de España cumplan la Ley de Memoria Histórica y cambien el nombre de calles y plazas dedicadas a dirigentes del franquismo, además de símbolos y obras de celebración de la dictadura.

El senador de Compromís Carles Mulet ha exigido al Gobierno sacar del Valle de los Caídos a la orden benedictina que lo gestiona argumentando el incumplimiento los fines fundacionales recogidos en el Decreto Ley del 1957, entre los cuales estaban “rogar a Dios por las almas” de “todos los Caídos” y por España, así como “laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres”, sobre la base de la doctrina social católica.

Por ello Mulet pide, para empezar, la derogación del Decreto Ley que permite a los benedictinos gestionar el Valle de los Caídos porque esta orden está en manos de “un prior fascista”, que “utiliza su el cargo no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sino para violentar la convivencia democrática y actuar contra la propia legislación, como es en este caso la Ley del 2007 que pide resinificar el conjunto del Valle de los Caídos”.

Además el senador añade que dicha ley promulgada durante la dictadura “atenta contra la ley del 2007 de Memoria Histórica, en tanto y cuanto en sus obligaciones está la exaltación del franquismo, obligación de celebrar misas el 20 N entre otras fechas, en honor a los 'caídos en la Cruzada'”. Así añade que “se continúan permitiendo actos de exaltación franquista como los vistos recientemente, o directamente protagonizados por el prior fascista al frente de la Abadía, Santiago Cantera, quien protagonizó y dedicó el pasado 20 de enero una misa en homenaje al dictador genocida Francisco Franco”.

Carle Mulet señala también que en la actualidad las funciones de patronato y representación de la Fundación se asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por lo que el Gobierno tiene todo el amparo normativo para expulsar a esta orden del Valle de los Caídos. Por ello reclama “solicitar la sustitución de la Abadía benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”.

El portavoz de Compromís en el Senado Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno la inclusión de los cítricos españoles en la lista europea de vegetales de alto riesgo, petición aprobada hace tres metros en el Senado a instancia de Compromís, pero todavía no aplicada.

Mulet ha exigido al ejecutivo de Pedro Sánchez que “deje su papel pasivo y se tome de verdad las amenazas al sector citrícola”, y que además de exigir a Europa que aplique la cláusula de salvaguardia respecto al acuerdo entre la UE y cinco países del sur de África, por incumplimiento estos últimos de los puntos del acuerdo, que también incluya a los cítricos en la lista de vegetales en riesgo.

Mulet ha recordado que en esta lista se incluyen aquellos vegetales necesitados de medidas de protección contra plagas de los vegetales, y en la propuesta aprobada se reclama pedir a los organismos oportunos, e instar a las autoridades europeas y estatales que redoblen los esfuerzos en los controles sanitarios en frontera para evitar la llegada a los controles aduaneros de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios, apostar por los puertos más preparados y que la llegada de países terceros no perjudique la sanidad vegetal española.

Según Mulet “nosotros somos muy críticos con la política fitosanitaria que hay a nivel de la Unión Europea, porque en este caso se han detectado, como decíamos, desde la aprobación del tratado con Suráfrica varias plagas de la mancha negra, por ejemplo, se detectaron más de 24 incidentes en 2016 o en 2017, y el caso es que es el propio país emisor, Suráfrica, quien decide cuando y como suspender las exportaciones en la Unión Europea. Vemos como los criterios de control fitosanitarios en los puertos españoles y europeos varían muchísimo; no es el mismo que entran cítricos por puertos valencianos que por puertos del norte o portugueses o por Róterdam; los criterios no son los mismos en todos los puertos”.

Por lo tanto el senador destaca que “nosotros pedíamos modificar las decisiones de ejecución porque se establezcan criterios de sanidad vegetal, de forma que sea la misma Unión Europea y no los países emisores quienes aplico medidas para protegerse de las plagas y dolencias de cuarentena. También pedíamos establecer una armonización en nivel europeo porque todos los controles fitosanitarios en los puertos europeos sean los mismos”.

El portavoz de Compromís, y miembro de la comisión de agricultura en el Senado, Carles Mulet, ha vuelto a exigir al Gobierno cumplir con la moción aprobada en noviembre de 2017 en la Cámara Alta, para proteger los cítricos. Esta moción propuesta por Compromís salió adelante con los votos de Compromís, PP, Cs, PDeCAT, Unidos-Podemos y el Grupo Mixto y la abstención del PSOE y PNV.

La propuesta exigida al Gobierno pedía impulsar la creación de un distintivo identificativo de los cítricos de origen español para que el consumidor pueda identificar directamente el producto autóctono y sus ventajas (como tiene en la actualidad el plátano canario). “Mientras el Gobierno se niega también a exigir a Europa aplicar la cláusula de salvaguarda, ante los incumplimientos por parte de los cinco países de Sudáfrica que firmaron el acuerdo con la UE, y evidenciarse la coincidencia de los cítricos sudafricanos en los puntos de venta con la plena temporada de cítricos de origen valenciano o español, que por lo menos no se pueda engañar a los consumidores, y estos sepan en todo momento qué están consumiendo de manera consciente. Igual que un consumidor sabe qué es un plátano canario de uno que no lo es, que pase lo mismo con nuestros cítricos, y esa medida va más allá de las IGP que hemos visto que para este sector son invisibles e insuficientes”, ha afirmado Mulet.

Otra de la medida exigida era fomentar el consumo de naranja y mandarinas y resto de cítricos de origen español dentro de nuestras fronteras, como apoyo a este cultivo y sus productores, reconociendo los beneficios del consumo de esta fruta como parte de una alimentación saludable. Para tal fin se pedía al Gobierno colaborar con gobiernos autonómicos y el sector productor, para llevar a cabo campañas de fomento de su consumo, en especial entre los más jóvenes.

El tercer punto era promover su consumo por parte de las instituciones estatales, autonómicas y locales en los restaurantes y cafeterías de edificios públicos, colegios, actos oficiales, etcétera, y por último instar a las autoridades europeas y estatales a que endurezcan los controles sanitarios en frontera para evitar la entrada de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios y que la llegada de países terceros no afecte a la producción local.

Mulet ha recordado que en su último cara a cara con el Ministro de Agricultura este defendió el acuerdo de la UE con Sudáfrica y descartó la petición del ejecutivo a modificar el convenio ni aplicar la cláusula de salvaguarda europea. “EL PSOE se abstuvo en Europa ante este tratado, pero en España votó a favor en el Congreso y en Senado, no ha secundado en el Senado todas nuestras propuestas a favor de los cítricos”, afirma Mulet.

El senador además critica que “el ministro no trata de llorones en el Senado, Pedro Sánchez obvia el tema cuando le apelamos directamente en un pleno, y no cumplen las peticiones aprobadas a pesar de su abstención, luego aquí se llenan la boca de promesas y supuestos compromisos, pero el mejor compromiso es cumplir con el ejemplo, por eso esperamos una rectificación en su errática postura, que pasa por exigir a Europa aplicar la cláusula, renegociar el acuerdo, y en Madrid cumplir con esta moción”.

La mayoría absoluta del PP en el Senado reprobará al portavoz de Compromís en la cámara alta, Carles Mulet, por un encontronazo que tuvo en redes sociales con el alcalde de Valdelagua del Cerro (Soria), Ruymán Domínguez, del PP, por enviar el edil una carta burlona con Compromís a los medios de comunicación por pedir que se cambie el nombre de la calle Primo de Rivera, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Mulet afirmó que “hay que ser muy cretino para enviar esa carta y para aplaudirla”, una carta en la que Domíneguez llamaba “populista” al senador valenciano, y en la que también jugaba a la confusión afirmando que en el municipio “ni siquiera tenemos seguro” si está dedicada a José Antonio Primo de Rivera (fundador del partido fascista Falange Española) o a su padre “D. Miguel” (dictador durante los años 20); en una segunda carta finalmente se aseguraba que la vía estaba dedicada al dictador.

El senador de la coalición recuerda que ha enviado desde el Senado más de 4.000 requerimientos a municipios de toda España donde se mantienen físicamente o bien así constan en el INE o Catastro nombres franquistas. Unos 400 municipios han optado por cumplir la ley después del requerimiento de Compromís y han modernizado dentro de la ley más de 1.500 calles (muchos municipios tenían más de una calle).

Para defenderse del incidente Mulet afirma que usó el mismo medio, twitter, para explicar que la frase no iba dirigida personalmente al alcalde, sino a quien se diera por aludido. “Enviar cartas irrespetuosas al Senado por parte de cualquier alcalde, mezclando impertinencias varias, no nos parecía correcto. No era la primera vez que nos veíamos en esa tesitura. Incluso el propio presidente del Senado ha llevado a Fiscalía a un alcalde zamorano de su partido por insultar gravemente al presidente de Senado y al portavoz de Compromís. La respuesta de ser cretino iba especialmente dirigido a una persona que le jaleaba por twitter”.

El portavoz de Compromís en el Senado ha lamentado la “cerrazón” de Ignacio Cosidó en atender a las explicaciones pertinentes. “No ha respondido a las diversas llamadas ni correos enviados para que al menos tuviera mi versión de estos hechos. Su cortesía parlamentaria a la que tanto alude, ha sido cero y el de alguno de sus compañeros digno de enmarcar, con insultos gruesos en las redes sociales”, ha indicado.

Insultos recibidos

Por otro lado Mulet ha recordado que consta en diarios de sesiones, calificativos desde la bancada del PP a su persona tales como “imbécil, payaso, mamarracho, sinvergüenza, indecente, sectario, mezquino, infame y así hasta agotar el diccionario (y así consta en los diarios de sesiones)”. Insultos que afirman “la presidencia de la cámara permite y luego me niega contestar por alusiones. Por el contario, en ningún diario de sesiones se podrá encontrar ningún insulto personal proferido por mi contra nadie en concreto del PP. A veces he usado calificativos gruesos contra el PP, sí, pero nunca a nivel personal”, aclara.

Finalmente Mulet ha recordado que, “ante este agresión, se ha dado por rota cualquier tipo de cortesía parlamentaria, desde el momento de su anuncio y hasta que no exista una rectificación”.

Un total de 123 municipios de Castilla-La Mancha han recibido durante este año 2018 un requerimiento por parte de la Coalició Compromís, desde el Senado, en  el que solicitan a sus ayuntamientos  la remisión de los expedientes municipales que justifiquen la comunicación al Instituto Nacional de Estadística (INE) del cambio de nomenclatura de aquellas calles con referencias a la dictadura franquista.

En todos estos pueblos se ha detectado un elemento común: incumplen la Ley de Memoria Histórica o al menos así consta en registros como el del INE. La iniciativa trata de confirmar que en los municipios de toda España se cumple la ley y en aquellos donde no se ha hecho, instar a cumplirla.

Lo explica Carles Mulet, senador de Compromís. Surgió como iniciativa ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. “Cuando preguntamos por las calles que aún mantenían la nomenclatura franquista en los municipios, el Gobierno siempre contestaba que eso era competencia municipal y que ellos no podían hacer nada porque la ley no le da atribuciones para hacerla cumplir”.

En un segundo intento se trasladó al Gobierno central el recordatorio de que  la “tutela” para el cumplimiento de la norma sí está en manos del Ejecutivo estatal. El proceso se enquistó. La alternativa la encontraron en el artículo 20.2 del Reglamento del Senado que permite pedir documentación directamente a los ayuntamientos. Por eso han estado enviando cartas individualizadas y hoy el proceso continúa. En total, han sido 3.906 en todas España de las que se han tramitado 2.000 y 1.906 siguen pendientes. “Es un trabajo de hormiga”, dice Mulet.

Los requerimientos, algunos basados en datos del INE desactualizados

En Castilla-La Mancha, durante este año 2018, se han enviado (y lo siguen haciendo) cartas a todas las provincias tras detectarse el mantenimiento de nombres franquistas. En Toledo, lo hicieron a Marjaliza, Miguel Esteban, Santa Cruz del Retamar, San Román de los Montes, Turleque, Recas, Segurilla, El Viso de San Juan, Cervera de los Montes, Cuerva, Chueca, Escalonilla, Fuensalida, Gálvez, Layos, Albarreal del Tajo, Azután, Calzada de Oropesa, Carriches, Castillo de Bayuela, Cobeja, Lominchar, Lucillos, Magán, Malpica de Tajo, Manzaneque, Marrupe, Ocaña, Navahermosa, Quismondo, La Torre de Esteban Hambrán, Las Ventas de Retamosa, Villarejo de Montalbán, Yepes, Yunclillos, Mejorada, Añover de Tajo, Velada, Cobisa, Navalcán, Sevilleja de la Jara, Santo Domingo-Caudilla, Mora, Villafranca de los Caballeros, Villanueva de Alcardete, Corral de Almaguer y Mohedas de la Jara.

Este último municipio, protagoniza una de las ‘anécdotas’ de esta iniciativa que, en buena medida, basa su rastreo en los datos de las calles de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística y que no están actualizados.

Y es que en Mohedas de la Jara la respuesta al senador Mulet fue que el Ayuntamiento ya había cambiado la nomenclatura en el año 2004. El Consistorio dice desconocer “por qué no se cambió en el  INE” al que han vuelto a enviar una petición para dar de baja la calle Onésimo Redondo. 

En la provincia de Cuenca, la segunda con mayor número de ayuntamientos ‘incumplidores’ se ha enviado carta a 35 pueblos: Almendros, Alcantud, Castejón, Huete, Lagunaseca, Masegosa, Monreal del Llano, Paredes, Reíllo, Santa María del Val, Villares del Saz, Montalbo, Monteagudo de las Salinas, Guadamejud, Puebla del Salvador, Tejadillos, Vellisca, Villaescusa de Haro, Villagarcía del Llano, Villalpardo, Villarejo-Periesteban, Víllora, Campos del Paraíso, Abia de la Obispalía, Almonacid del Marquesado, Arrancacepas, Castillo-Albaráñez, Horcajo de Santiago, Portalrubio de Guadamejud, La Peraleja, Beteta, Gabaldón, Tragacete, Villaverde y Pasaconsol,

En Guadalajara, la lista la engrosan Brihuega, Cendejas de la Torre, Corduente, Gajanejos, Huérmeces del Cerro, Loranca de Tajuña, Mazuecos, Peñalver, Tamajón, Alcolea del Pinar, Almonacid de Zorita, Anguita, Aranzueque, Muduex, Castejón de Henares, Torija, Uceda, Fuentelencina, Hueva, Pareja y Zaorejas. 

En Albacete, son otros nueve municipios: Casas de Lázaro, Golosalvo, Balsa de Ves, Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra,  Munera, La Roda, Villaverde de Guadalimar y Yeste.

Y en Ciudad Real, Carrizosa, Fuente El Fresno, Malagón, San Lorenzo de Calatrava, Porzuna, Retuerta del Bullaque, Villarta de San Juan,  Cabezarrubias del Puerto, Los Pozuelos de Calatrava, Socuéllamos y Los Cortijos. 

La dispar reacción de los ‘incumplidores’

En Castilla-La Mancha, según los últimos datos, con fecha 26 de mayo, en la provincia Albacete tanto Golosalvo como La Roda han respondido con sendas negativas a cambiar el callejero, mientras que tanto Montealegre del Castillo como Muera y Bonete, se han mostrado predispuestos a hacerlo.

Resulta llamativa la respuesta enviada por dos veces desde Golosalvo a los requerimientos del senador valenciano. Dicen desde el Consistorio de esta localidad albaceteña que por parte de su ayuntamiento no se tiene claro “ si es de aplicación (refiriéndose a la Ley de Memoria Histórica) dado que existen varias sentencias en su contra” y además se refieren al “al acuerdo de algunos ayuntamientos de poner nombres de calles tales como: Santiago Carrillo, Pasionaria, etc.. que también también intervinieron en la Guerra Civil española”.  En base a esto, el Ayuntamiento se autoexime de tomar la decisión y pide que sean los servicios jurídicos del Senado los que emitan un informe que dictamine la obligatoriedad del cambio de denominación de calles.

En Ciudad Real, la respuesta en positivo ha llegado desde Anchuras, Socuéllamos, Malagón o San Lorenzo de Calatrava. En el caso de este último, se ha comunicado que el pasado 20 de marzo se procedió a cambiar el nombre de tres calles: José Antonio por calle Constitución, calle Caudillo por calle San Isidro y calle Calvo Sotelo por calle Valle de Alcudia.

En Cuenca se han negado a cambiar la nomenclatura franquista los municipios de Arrancacepas, Reíllo, Santa María del Val y  Villares del Saz. El caso contrario, según la respuesta dada al Senado la conforman Belmonte,  Belvis de Monroy,  Masegosa, Monteagudo de las Salinas, Valdemorillo de la Sierra, Víllora, La Alberca de Záncara y Villaescusa de Haro mientras que  Huete y Lagunaseca han expresado su “compromiso” a realizar cambios.

En Guadalajara han dicho ‘no’ a la petición de cumplir con la Ley de Memoria Histórica tanto Almonacid de Zorita como Peñalver, hay un “compromiso” de Alcolea del Pinar y de modo afirmativo (ya lo han hecho) respondieron Tamajón, Budia, Corduente y Escariche.

No hay noticias del resto de municipios de la región donde todavía consta la existencia de nomenclatura franquista en sus calles a pesar de la advertencia que Compromís incluye en cada carta: “Estaría incumpliendo La Ley de Memoria Histórica 52/2007,de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

“Hace falta una nueva Ley de Memoria Histórica”

Compromís intentó judicializar al menos un caso por provincia. Un proceso complejo, según Mulet porque la Ley de Memoria Histórica “ni siquiera contempla un régimen sancionador ni habla de plazos para su cumplimiento”, así que, en buena medida, depende de la voluntad de los alcaldes.

Mulet valora la reacción de los ayuntamientos a sus requerimientos: “El resultado es positivo porque aunque muchos no contestan otros sí lo hacen para cambiar la nomenclatura o bien comunicarlo al INE. Ha merecido la pena el esfuerzo”. En el otro lado de la balanza, dice, “todo esto te hace reflexionar mucho. ¿Por qué lo ha tenido que hacer un partido valenciano y no directamente el Gobierno que aprobó la ley? ¿Por qué los partidos de implantación nacional no han hecho este trabajo de revisión pueblo a pueblo haciendo cumplir la ley?”

Para el senador, si algo pone esta situación en evidencia es que “hace falta una nueva Ley de Memoria Histórica” porque después de 12 años tiene “muchas lagunas que se tienen que solucionar”. Compromís ya presentó una nueva propuesta en la Cámara Alta en la que, entre otras cosas, se incluyera un código sancionador a los incumplidores. Confía en que el cambio de Gobierno central reabra el debate sobre la Ley de Memoria Histórica. “Abordar el tema de las fosas, el Valle de los Caídos…Hemos visto que hay sensibilidad”.

El trabajo realizado por este grupo político en el Senado complementa el que lleva a cabo el abogado memorialista Eduardo Ranz que en 2016 inició una ofensiva judicial para, por la vía del derecho de petición, conseguir el mismo objetivo. De momento, con efectos impredecibles.

La Fiscalía Provincial de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal contra el alcalde de La Serratella, el popular Alfonso Arín, por un posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y los delitos de desobediencia y prevaricación, a raíz de la denuncia presentada por el senador de Compromís Carles Mulet por un escudo franquista en la fachada del consistorio.

El senador valencianista asegura que el primer edil de La Serratella no ha contestado a los “requerimientos reiterados” de la cámara alta de documentación relacionada con la retirada de este elemento, como actas de pleno o decretos de alcaldía.

“A pesar del revuelo causado desde la interposición de la denuncia, el alcalde continua sin aportar documentación ni contestar a los requerimientos del Senado, a los cuales está obligado atender”, ha afirmado Mulet.

El senador castellonense ha acompañado el comunicado del escrito de Fiscalía y los requerimientos registrados en la cámara alta. La apertura de diligencias al alcalde de La Serratella fue dictaminada por el órgano provincial el pasado jueves 15 de febrero y las peticiones registradas en el Senado datan de julio del año pasado.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha hecho pública la respuesta dada por el Gobierno central, después de reiteradas peticiones por vía parlamentaria para saber el coste que ha tenido para las arcas públicas las reformas efectuadas durante los cinco últimos años en el conjunto del Valle de los Caídos.

Mulet pidió el coste que ha tenido año por año, cada una de las actuaciones de mantenimiento, actuaciones urgentes para asegurar su integridad, ordinarias, extraordinarias, etc., año por año, y el coste de estas actuaciones, IVA incluido, estos datos no habían sido explicados hasta la fecha, si bien se dio cuenta en anteriores respuestas del coste anual habitual de mantenimiento del mausoleo (sin contar con las actuaciones extraordinarias como ésta).

Un año “normal” como 2016, acarreaba gastos de personal 1.045.000,00 gastos corrientes en bienes y servicios 327.722,78 transferencias corrientes 340.000,00 inversiones 123.602,55. En total, 1.836.325,33 euros. Ahora se sabe que, en gasto de mantenimiento y reformas extraordinarias, únicamente entre 2012 a 2017, se han gastado 1.497.076, 25 del capítulo VI como inversiones, y 308.047, 57 como gastos corrientes del capítulo.

Según ha explicado el portavoz de Compromis en el Senado “mantener el mausoleo de un dictador genocida como si se tratase todavía de una máxima autoridad del Estado, cuesta cada año 1.8 millones de manera normal, y a eso hay que sumar las actuaciones extraordinarias como esta, por lo tanto, por menos de dos millones al año no nos sale la fiesta. ¿Alguien cree que en Italia o Alemania tendría cabida pagar con dinero público mantener mausoleos sagrados para Mussolini o Hitler?”.

Mulet ha recriminado que se escuden para efectuar estas reformas del monumento al informe de la comisión de expertos sobre el Valle, “de las 27 recomendaciones, solamente han hecho caso a las 22, que es invertir para reparar y detener el deterioro del monumento, pero no al resto que piden resignificar el sitio, buscar amplios consensos sociales y políticos, atender a las reclamaciones de identificación, exhumación, y devolución de familiares, hacer del Valle de los Caídos un lugar para la memoria de víctimas y muertos de la Guerra Civil, que José Antonio Primo de Rivera o Franco no tenga un lugar preeminente en la Basílica...”.

El portavoz de Compromís ha reiterado que la solución más digna es la exhumación de todos los restos y demolición del Valle de los Caídos.

Compromís en el Senado ha denunciado que el Gobierno central “ataca” la presencia del valenciano en las señales de tráfico y ha avanzado que reclamará explicaciones desde la cámara alta por la actuación “miserable” del delegado del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por “reprimir evidentes señales en Bellreguard”.

El senador de la coalición Carles Mulet se ha preguntado en un comunicado si Moragues “hará lo mismo con todos los municipios que aprobaron hace décadas y con consenso la normalización de la lengua propia”. El Gobierno exigió su rotulación en castellano a raíz de una queja de un particular, que dijo “no entender una señal” después de ser denunciado por estacionamiento incorrecto.

Mulet ha aventurado que estas señales, “cuyo mayor problema legal es que están escritas en una lengua no castellana”, deben suponer “un gran problema para que todo un Gobierno de España quiera actuar precisamente en este momento en el que gobierna Compromís -junto al PSPV en la localidad-”, cuando ha recordado que “llevan décadas en las calles y ni el PP actuó contra ellas en la anterior legislatura”.

“Bellreguard y muchos otros municipios valencianos cuentan desde los ochenta y noventa de reglamentos de normalización del valenciano, unas sencillas herramientas que han servido para visibilizar y garantizar su presencia en las calles, en los rótulos y señalética de muchos municipios”, ha recalcado.

“Persecución” a la lengua

Sin embargo, el parlamentario ha lamentado que “la legalidad española no parece entender de localismos, ni de recuperación de lenguas o de la voluntad de ser de un pueblo: Tratar de aniquilar señales que indican desde hace años que algunos espacios están 'reservat Ajuntament' o que prohíbe estacionar 'als dos costats', acompañadas de señales mundialmente conocidas, supone una voluntad de rizar el rizo y perseguir esta lengua”.

Se ha preguntado si, en consecuencia, “el Gobierno actuará contra todas las señales de tráfico y reglamentos de cientos de municipios valencianos, al tiempo que le ha reclamado ”respeto por la lengua de los valencianos“.

En la misma línea, el alcalde de la localidad, Àlex Ruiz, (Compromís) ha recordado que “Bellreguard vive con absoluta normalidad en su lengua propia mientras que el paso de la N-332, partiendo en dos nuestro núcleo urbano, corrompe nuestra convivencia poniendo en riesgo la vida de vecinos”. Esa, en su opinión, “debería ser la prioridad del señor Moragues”.

Por todo ello, la coalición requerirá el expediente abierto contra el municipio y estudiará vías para garantizar la presencia de las señales, pues “se es muy laxo en el cumplimiento de la normativa cuando afecta a aspectos de titularidad estatal, como las carreteras donde se ignora al valenciano, el uso de la toponimia oficial o manteniendo señales como la de 'Stop' que, claramente, no están en lengua castellana”.