Los ciudadanos no conocerán los sobresueldos del partido que cobra Alberto Núñez Feijóo, ni el posible incremento o descenso que haya podido padecer su patrimonio, hasta después de las próximas elecciones generales. La ley obliga a los altos cargos políticos a hacer públicos sus bienes y rentas, pero la dirección del PP incumple esta prerrogativa de forma habitual y generalizada. El último dato salarial para Feijóo y los suyos se retrotrae a 2022. Salvo excepciones, parciales, los principales rostros del primer partido de la oposición esconden los cambios en sus ingresos, propiedades e inversiones. Tampoco el PP como organización cumple con la ley de transparencia, y obvia publicitar en su web las remuneraciones extra que abona a sus máximos responsables. elDiario.es ha preguntado al PP sobre la ausencia de transparencia, sin obtener respuesta.

La última vez que Feijóo presentó ante el Congreso su declaración de bienes y rentas fue en agosto de 2023, justo después de tomar posesión de su cargo como diputado tras las elecciones del 23J. La norma señala que “las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior”. En este caso, 2022. Hace cuatro años.

Sobre el resto de apartados de la declaración no hay indicación en la normativa. Es decir, el diputado está obligado a informar de su situación patrimonial en el momento de recoger su acta: viviendas, acciones, cuentas o fondos, vehículos, deudas, participaciones en sociedades, etc.

Pero las leyes, tanto el Reglamento como la del Régimen Electoral, son claras sobre la obligación de actualizar los datos: “Los diputados y senadores (...) están obligados a formular declaración (...) de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. También obliga los acuerdos internos alcanzados entre los principales partidos.

Y es en este punto donde la dirección del PP incumple la ley. El primero, Feijóo. En la vetusta información aportada por el líder del PP aparece reflejado su sueldo como presidente de la Xunta de Galicia y como diputado autonómico en 2022, por ejemplo. O los sobresueldos que cobró del PP, a través del partido y del grupo parlamentario del Senado, ese mismo año, el de su aterrizaje en Madrid.

Según sus propios datos, el líder de la oposición ingresó más de 150.000 euros brutos hace cuatro años. Ese mismo año, Pedro Sánchez cobró un único sueldo público de 86.000 euros brutos anuales. Pero los ciudadanos no pueden saber cuáles fueron los ingresos de Feijóo en 2023. Ni en 2024. Tampoco en 2025.

Por si la normativa electoral y que afecta a las Cortes Generales no fuera suficiente, el PP incumple además la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada hace una década bajo la mayoría absoluta de su propio partido y con Mariano Rajoy como presidente. La norma, en su artículo 8, apartado f, obliga a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables” de las entidades afectadas por el texto. Entre ellas están, explícitamente, los “partidos políticos”.

Información oculta hasta después de las elecciones

El líder del PP posee al menos tres pisos: uno en Madrid, otro en Vigo y otro en A Coruña. elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP y un portavoz oficial ha asegurado que sigue “todo igual” sobre lo recogido en la declaración de bienes presentada por Feijóo en 2023.

En su declaración ante el Congreso, Feijóo informa de unos ingresos por alquiler de 5.584 euros. También obtuvo 2.112 euros por los dividendos de sus acciones en empresas como Inditex o Telefónica.

Feijóo declaró, además, un fondo de inversión en Abanca por valor de 400.000 euros, un fondo de pensiones que rondaba los 200.000 euros y una cuenta corriente por encima de los 37.000 euros. En 2022, cuando llegó a Madrid, se reveló que el líder del PP había incrementado su patrimonio en 600.000 euros en apenas dos años.

Casi un lustro después, ¿qué patrimonio tiene hoy el líder del PP? ¿Cuántos sueldos cobra? ¿Feijóo ingresa rentas por el alquiler de uno de sus pisos? ¿De los dos? ¿Ha adquirido más propiedades? ¿Acciones? ¿Las ha vendido? ¿De qué empresas? ¿Ha invertido en algún otro producto financiero? ¿En cuál? ¿Le compensa el partido por el alquiler del piso en El Viso en el que vive?

Es imposible calcular el patrimonio de quien, según todas las encuestas, tiene más oportunidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Y, salvo que el PP cambie un criterio que mantiene desde hace años, no se podrá saber hasta después de las próximas elecciones generales. Los españoles votarán sin conocer una información a la que legalmente deben tener acceso.

El jefe de la oposición se niega a informar de los cambios en sus rentas y patrimonio salvo al inicio y cierre de cada legislatura. En su caso, dicho cierre se producirá después de los comicios ya que Feijóo forma parte de la Diputación Permanente, un órgano del Congreso formado por un grupo reducido de diputados que se mantiene activo hasta el mismo día en que se conforman las nuevas Cortes Generales salientes de las urnas.

El resto de la dirección también incumple

No solo Feijóo incumple la ley electoral y el Reglamento del Congreso o del Senado. El resto de la dirección del PP sigue la estela de su líder.

El ‘número dos’, Miguel Tellado, presentó su declaración también en agosto de 2023. El documento recoge como único salario percibido los 20.229 que ingresó del Parlamento de Galicia entre enero y julio del año anterior, 2022. Además, se informa de otros 22.720 euros como “gastos de representación” del PP para ese mismo ejercicio, cuando ejerció como vicesecretario de Organización Territorial. Ocupó ese cargo hasta el verano pasado, cuando ascendió a secretario general.

A diferencia de su jefe, Tellado sí ha presentado una modificación de su declaración de bienes para incluir la adquisición de una vivienda al 50% en Narón (A Coruña), en julio de 2025, una hipoteca sobre dicha propiedad de 116.000 euros y la “baja” de un Peugeot 207. Tellado asegura que la nueva declaración “complementa a la presentada al inicio de la legislatura”. Pero olvida indicar los sobresueldos percibidos bien como portavoz del grupo parlamentario que fue entre diciembre de 2023 y julio de 2025, o los que pueda percibir ahora como secretario general.

Su predecesora en ambos cargos, Cuca Gamarra, indicó en su declaración unos ingresos de 26.860 en “gastos de representación” obtenidos del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular. El primero de los emolumentos se debe a los meses que ejerció como secretaria general en 2022, cargo que ostentó desde abril. El segundo, es el sobresueldo como portavoz parlamentaria hasta ese mismo mes.

Gamarra tampoco ha actualizado su declaración y solo presenta la información de ese año mientras oculta los datos de 2023 en adelante.

La actual portavoz, Ester Muñoz, también hace un cumplimiento parcial de la norma. En diciembre de 2025 informó de la venta de un piso y de la cancelación de una hipoteca, así como de la compra de otra propiedad en Badajoz en junio de ese mismo año y de la contratación del consecuente préstamo. Muñoz también informó de que había comenzado a cobrar una renta por alquiler de 550 euros al mes.

“En todo lo no declarado me remito a la declaración anterior”, asegura Muñoz en las observaciones. Y esa “declaración anterior”, como ocurre con el resto, se refiere a datos de 2022, cuando Muñoz cobró algo más de 58.000 euros como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Muñoz entró en la dirección del PP en noviembre de 2023. Es decir, después de presentar su declaración de bienes ante el Congreso, en agosto de ese año. No informa, así, de todos los sobresueldos que haya ingresado posteriormente, bien como vicesecretaria, primero, bien como portavoz, cargo que tiene actualmente. Habitualmente, los portavoces parlamentarios del PP no ingresan del partido, pero sí del grupo parlamentario.

Datos antiguos de toda la dirección

La situación es similar en el resto de miembros de la dirección, que bien ofrecen información vieja o no la han actualizado al adquirir nuevas responsabilidades.

Es el caso del vicesecretario de Igualdad y Educación, Jaime de los Santos, quien asumió el cargo hace ahora un año, después del 21 Congreso Nacional del PP. De los Santos apunta en su declaración de bienes su sueldo como “diputado autonómico y senador” por la Comunidad de Madrid: 83.050 euros. El dirigente del PP presentó en 2023 una declaración casi vacía, salvo ese sueldo y una cuenta corriente con cerca de 123.000 euros.

Otro caso llamativo es el del portavoz nacional, Borja Sémper, quien anota en su declaración unas retribuciones de 2022 percibidas al margen de la política, cuando trabajaba para la consultora EY. El dirigente se reincorporó a la vida pública en enero de 2023 para poner rostro cada lunes a las decisiones del Comité de Dirección del PP, y es diputado desde el mes de julio de ese mismo año. No se sabe si, como el resto de sus compañeros de dirección, cobra gastos a cuenta del partido.

En la misma situación están el resto de dirigentes con cargo público. Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Fúnez o la portavoz en el Senado, Alicia García, quien tampoco aclara si ingresa sobresueldos del PP más allá del que le paga la Cámara Alta.

Hay una excepción en la dirección del PP, una dirigente que sí ha informado en tiempo y forma: Alma Ezcurra. El motivo: la normativa del Parlamento Europeo. Su caso es similar al que protagonizó en su día Esteban González Pons, que fue el primero dirigente de la era Feijóo que confirmó oficialmente el cobro de “gastos de representación” para los dirigentes.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial presentó una “declaración de intereses privados” en julio de 2024, cuando adquirió su condición de eurodiputada. En ella registró ingresos como diputada en la Asamblea de Madrid, como asesora en el Senado y como “consultora senior”.

Pero Ezcurra presentó una “revisión” de su declaración en septiembre de 2025, justo después de entrar en la dirección de Feijóo. Y anotó que ingresa 2.000 euros “mensuales” por su cargo orgánico.

Un caso extremo de falta de transparencia lo protagoniza una de las personas menos conocidas, pero con más poder, del entorno de Feijóo: la coordinadora de Proyección e Imagen, Mar Sánchez. En 2024, elDiario.es desveló que la Xunta de Galicia (donde había sido secretaria xeral de Medios con Feijóo) había ocultado durante más de dos años su declaración de bienes tras su cese para seguir a su jefe a Madrid. Tras la información de este medio, la declaración fue publicada.

Sánchez tiene, fruto de un “pacto sucesorio de mejora”, un ingente patrimonio inmobiliario que se recoge en la declaración de bienes que presentó ante el Congreso cuando adquirió su condición de diputada, en 2023. La dirigente anota también unos ingresos del PP en 2022 de 37.360 euros. Ese año no fue cargo público. Pero Sánchez, como el resto de dirigentes del PP, no ha actualizado la información sobre cuánto ingresa ahora de su partido. Lo tendrán que hacer, sí o sí, el año que viene cuando se disuelvan las Cortes.

Medio millón de euros a cargo del erario público se ha embolsado la pareja de Jorge Rodrigo, consejero madrileño de Vivienda, tras casi una década encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP de esta región, según estimaciones a partir de la información disponible en diversos portales de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El último empleo de la pareja del responsable de las políticas de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el mejor pagado hasta ahora: los 63.134,12 euros brutos anuales que, según información oficial, va a cobrar en el puesto que desempeña desde hace unas semanas en la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Allí se ha recolocado en un día, como reveló elDiario.es, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), propiedad del consistorio de la capital de España. 

No consta que F. T., la pareja de Jorge Rodrigo, disponga de un perfil en la red social LinkedIn. Sí se sabe que en los 80 cursó una FP, rama Administrativa; que tiene un nivel de inglés “básico”, y que realizó un cursillo acelerado online poco antes de saltar al sector público.

Así consta en el currículum oficial que puso a disposición de los ciudadanos cuando ocupó un cargo de cierta responsabilidad en un relevante y acaudalado municipio madrileño que el PP gobierna desde hace casi 40 años. Un puesto de alta exigencia en el que no duró ni seis meses. Como explicó alguien con quien trabajó en aquella época, “quería algo más tranquilo”.

Su siguiente destino fue la EMVS, que ha tenido que sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal” desde diciembre de 2023 tras un duro informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, previa denuncia de Más Madrid, y después de que elDiario.es revelase hace un año la sucesión de puestos públicos de la pareja del consejero de Vivienda de Ayuso.

El pasado diciembre, Antifraude criticó sin medias tintas su contratación en la EMVS, que no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

“No consta si hubo otros candidatos” para una plaza que “al cabo del tiempo, en ciertas condiciones”, podría convertirse en “permanente”, advirtió el órgano fiscalizador del ayuntamiento, que instó a la EMVS a informarle de cómo cubriría esa plaza de forma definitiva. Finalmente, ha salido a concurso este año y se ha adjudicado a otra persona por promoción interna.

Tras su salida de la EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, el consistorio de Almeida ha recolocado a F. T. como personal de “libre designación”. Su nuevo puesto es el sexto consecutivo que ocupa en un organismo público en la Comunidad de Madrid, con sueldos que han llegado a duplicar el salario medio en España. Actualmente, este asciende a 29.540 euros brutos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado el caso de “enchufismo” y cree que “hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

“Escándalo sideral”

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y preguntada por este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quitó hierro al asunto y calificó de “sorprendente” que “a Más Madrid le parezca un escándalo sideral cualquier mínima cosa” y “sin embargo, estén tan contentos en el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia”, en alusión a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos y a los escándalos que afectan al PSOE.

“Que haya una persona trabajando como eventual en el Ayuntamiento de Madrid les parece un escándalo sideral porque, por lo que sea, entienden que no es adecuada para el puesto”, señaló Sanz, que no negó que se trate de la pareja de Rodrigo, político de larga trayectoria en el PP cuyo nombre suena en las próximas listas de Almeida para el ayuntamiento. “En el ámbito de las competencias municipales se ha entendido que esa persona podía ser adecuada para ese puesto y está trabajando como uno más”, dijo la vicealcaldesa.

Una fuente con conocimiento del asunto definía hace tiempo el anterior puesto de F. T. en la EMVS como el de “un conserje muy bien pagado”. Cobraba 49.667,8 euros anuales. No consta que su paso por la empresa fuera problemático. “Con lo que hacía lo tenía difícil para meter la gamba”, ironiza otra persona que trabaja en la EMVS. Acudía a diario a su puesto, al contrario que Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que durante el juicio al exministro socialista reconoció que fue enchufada en la empresa pública Ineco, donde cobró 30.000 euros sin pisar la oficina.

El perfil de F. T. es muy diferente al del consejero Rodrigo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

La trayectoria de su pareja en la relación de asesores de la web del Ayuntamiento de Madrid no está disponible, pese a que publicar esa información es obligatorio, según la normativa municipal de Transparencia. Según el currículum oficial ya citado, F. T. ocupó puestos administrativos en el sector privado durante más de 20 años. Tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo a distancia de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, sin carácter oficial y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación, que tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

Ese curso costaba 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos. Fue una excelente inversión. Acto seguido, F. T. empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP de Madrid: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio, la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de la capital.

En la web de la Comunidad de Madrid ya no hay rastro de su etapa con Cifuentes. En su primer destino en la cosa pública se embolsaba 51.480,2 euros anuales. Más del doble del salario medio bruto anual de entonces en España (24.009,12 euros, según el INE).

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó directamente a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. Una portavoz aseguró que “evidentemente él no ha tenido que ver” con la contratación de su pareja en la EMVS. E instó a no revelar información personal que pudiera constituir “una intromisión ilegítima del derecho al honor e intimidad de la persona”. Tras la nueva contratación de su pareja, la Consejería no ha respondido a este medio.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS. Cuando esta entidad, una de las principales empresas públicas del ayuntamiento, contrató a F. T., su consejero delegado era Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de Madrid. Lozano fue también jefe de gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, que previsiblemente será juzgado en septiembre de 2027 por las presuntas irregularidades y comisiones ilegales en las obras del campo de golf del Canal de Isabel II, una de las causas del caso Lezo, que estalló hace casi diez años.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo fue designado vicesecretario electoral del PP por la presidenta madrileña en 2022, cuando era vicepresidente de la Asamblea de Madrid. En enero, tras unos meses apartado por un cáncer, se reincorporó a su Consejería, que se niega a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas.

También acaba de llevar al Tribunal Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno, que blinda de forma perpetua la vivienda de protección oficial (algo que según Rodrigo vulnera la Constitución) y cuyos fondos la Comunidad de Madrid acabó aceptando (como otras regiones del PP) pese a su rechazo inicial. Suya ha sido la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos con su partido, que incluso le encontró acomodo en Aussa, empresa semipública de aparcamientos en Sevilla, cuando en 2012, con Ana Botella como alcaldesa, se vio obligado a dimitir como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

En los perfiles oficiales del equipo de Gobierno de Ayuso no hay mención a la etapa de Rodrigo en Aussa, cuyo socio privado desde 2010 (49% de las acciones) es Azvi. Esta constructora andaluza figuraba en los Papeles de Bárcenas con donaciones al PP de al menos 858.000 euros entre 2002 y 2008. En 2023 contrató como consultor a un tal Koldo García, recién condenado en el ‘caso mascarillas’ junto a Ábalos.

El pasado jueves, según su agenda oficial, Rodrigo mantuvo un encuentro con responsables de la constructora andaluza Sando, señalada hace años como otro de los grandes donantes del PP en esa contabilidad en B del extesorero de los populares.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP y Vox llegaron a un acuerdo en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) para gobernar en coalición incorporando en su pacto que el partido de extrema derecha gobernara los tres primeros años de la legistura y los 'populares' el último año.

Ahora, ese punto del acuerdo ya se ha cumplido, y Eva Gutiérrez García, del Partido Popular, ha tomado el bastón de mando municipal, en sustitución de la anterior alcaldesa, María Luisa López, de Vox.

Esta localidad fue noticia al inicio de la legislatura después de que este periódico hiciera público que la entonces nueva alcaldesa de Vox se había subido el sueldo a 2.500 euros, un salario público llamativo teniendo en cuenta que se trata de un pueblo con extrema despoblación y poco presupuesto.

María Luisa López dejó su trabajo la residencia de mayores de esta localidad y anunció su nuevo sueldo en el pleno, lo que la oposición socialista re recriminó por tratarse de un pueblo pequeño y con cuentas públicas “limitadas”.

Al relevo de alcaldesas ha acudido el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde para trasladar su felicitación a la nueva regidora, de quien ha destacado su “compromiso” con el municipio y “su vocación de servicio público”, ha destacado.

Valor de “continuidad”

Valverde, que también gobierna con Vox en la institución provincial, también ha puesto en valor el trabajo desarrollado hasta ahora en el municipio y la “continuidad” de una línea de colaboración que, según ha indicado, ya venía produciéndose en el seno del equipo de Gobierno municipal.

De hecho, también ha tenido palabras de reconocimiento hacia la alcaldesa saliente, María Luisa López, agradeciéndole el trabajo realizado durante esta etapa y destacando “el valor de los acuerdos institucionales cuando contribuyen a generar estabilidad y resultados para los ciudadanos”.

Al acto han asistido igualmente la diputada provincial Maribel Mansilla y el diputado provincial Carlos Villajos, entre otras autoridades y representantes institucionales que han querido acompañar este momento de relevo al frente de la Corporación municipal.

En enero de 2024, el expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón anunció una auditoría general del sector público con el objetivo de poner fin al “malgasto” en el que, según denunciaba de forma insistente una y otra vez, había incurrido el Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en sus ocho años de mandato. El objetivo de esta medida era “detectar duplicidades e ineficiencias en el sector público”, o como también repitieron hasta la saciedad tanto él como los diferentes responsables de su Consell y del PP, eliminar “grasa política”.

Así, para tratar de dejar en evidencia al anterior ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig y por Mónica Oltra, a quienes acusó en los meses previos a las elecciones de tener “el Consell más caro de la historia”, Mazón inició el mandato en agosto de 2023 con 121 altos cargos, incluidos el presidente y sus consejeros y consejeras.

Casi tres años después, la “grasa” que desde el PP pregonaban que iban a limpiar en forma de gasto público se ha multiplicado. Con la diferencia de que el segundo Gobierno del Botánico estaba formado por tres partidos (PSPV, Compromís y Unides-Podem) y actualmente el PP gobierna en solitario.

Pese a esta circunstancia, según los últimos datos publicados en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el actual Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca cuenta con 160 altos cargos, lo que representa un coste salarial de 12,1 millones de euros. Son 39 altos cargos más que cuando Mazón inició la legislatura. En mayo de 2023, último mes del Botánico, el Gobierno valenciano de Ximo Puig contaba con 150 altos cargos con un impacto de 10,2 millones de euros para lar arcas públicas.

Aunque a esta cifra se sumara el coste salarial de los asesores, más numerosos en la época de Puig, la cifra total de gasto de la actual estructura seguiría siendo igualmente superior. Así, en la última etapa del Botánico había 116 asesores que suponen un coste de 6,1 millones. Por lo tanto, el gasto total en esa estructura, con los altos cargos, se elevaría a 16,3 millones. En el caso de Pérez Llorca, cuenta todo su Consell con 93 asesores con un coste de 5,2 millones, mientras que Mazón se autoimpuso un límite de 72. Sumado a los altos cargos, da un total de 17,3 millones de euros.

Como informó elDiario.es, el Gobierno valenciano que presidía Carlos Mazón aprobó en diciembre de 2023 un complemento salarial que para este ejercicio 2026 supone incrementos de hasta 25.000 euros brutos anuales para algunos de sus consellers y altos cargos. De esta forma, se aprobó el llamado complemento personal, un incentivo para mejorar el salario a cargos de otras administraciones que tienen mejor remuneración y que acceden a trabajar en el Gobierno valenciano, pese a tener un sueldo más bajo. En virtud de este complemento, la merma económica por trabajar en la Generalitat Valenciana se reduce.

El PSPV calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”

Al respecto, el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”, puesto que “es capaz de regatear a los docentes valencianos ofreciéndoles 75 euros más en 2026, mientras ahora hemos visto cómo se subieron los sueldos nada más llegar a la Generalitat en 2023, con aumentos salariales a los altos cargos de hasta el 36%, es decir, de hasta 25.000 euros más de una tacada, mientras la nómina de cargos se ha incrementado en una decena”.

Muñoz ha añadido: “Tenemos el Gobierno valenciano más caro de la historia, que supone un desembolso de más de 12 millones al año, casi 50 millones por legislatura, solo en altos cargos. Eso son cerca de 2 millones más que el último Consell del Botànic. Es una vergüenza y una indecencia. Porque se desmonta una vez más de las mentiras del PP en la Generalitat, que vino con un discurso miserable y de antipolítica, contra lo que llaman la grasa política, y ahora resulta que al Consell del PP y Vox le sube el colesterol, y el malo”.

El portavoz socialista ha comentado que “ya no es una cuestión de si los altos cargos del PP y Vox son los más caros de la historia” sino que “lo dramático es que el Consell del Ventorro, el Consell más incompetente, negligente y frívolo que hemos tenido los valencianos, es también el más caro” y se ha preguntado “a qué se dedica” el ejecutivo de Pérez Llorca porque “están vaciando la sanidad pública, desviando masivamente recursos a la privada; están raquitizando la educación pública, mientras engordan la privada y a los centros que segregan; y están recortando derechos y prestaciones sociales”.

Para Muñoz, “el Consell de Mazón y su suplente Pérez Llorca, apoyado por Vox, es una gran mentira, un gran fraude en el que todas y cada una de las promesas que les llevaron a la Generalitat en 2023 se han demostrado como una gran mentira y un timo político”.

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Marratxí (Mallorca), PSIB-PSOE i Més, han reclamat responsabilitats a l'equip de govern, encapçalat pel PP, després que una auditoria externa hagi posat en dubte la contractació d'un afiliat de Vox en una de les empreses públiques del municipi, Marratxí XXI, dedicada a la gestió de residus i serveis. Tal com va informar aquest diari, la inspecció, realitzada a instàncies del Consistori, detecta mancances documentals significatives a l'expedient: el procés es va dur a terme sense cap informe que justifiqués l'elecció d'aquest candidat o la necessitat de crear la plaça de supervisor per a la qual va ser designat, com tampoc va ser acompanyat d'una entrevista a l'aspirant finalment seleccionat. 

Els socialistes han exigit explicacions “immediates i urgents” per part de l'Ajuntament davant les “greus irregularitats” que envolten la contractació, alhora que ha reclamat la dimissió dels responsables polítics implicats. En un comunicat, el PSIB retreu, tal com assenyala l'auditoria, que es modifiquessin els requisits de la plaça “per afavorir clarament un candidat que és militant de Vox”. El treballador va figurar a les llistes electorals de la formació d'extrema dreta en els comicis de 2023.

En la seva nota, els socialistes recorden que ja a l'abril de 2024 van sol·licitar formalment, mitjançant correu electrònic, la certificació dels cursos i titulacions al·legades pel candidat “sense que a dia d'avui encara s'hagi facilitat cap documentació”. “Aquesta falta de resposta només pot interpretar-se com una falta greu de transparència per part dels responsables polítics de l'empresa pública i de l'equip de govern municipal”, al·leguen. En aquesta línia, adverteixen que si es confirma que el candidat “va falsejar el seu currículum” es trobarien davant un possible cas de “falsedat documental”, una situació “absolutament incompatible amb la seva permanència en una empresa pública”.

El PSIB exigeix així el cessament immediat del treballador i que es torni a iniciar el procés de contractació “amb totes les garanties de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat”.

Amb tot, asseveren que la responsabilitat “no pot recaure únicament en el treballador”, ja que, a parer seu, si els responsables polítics de PP i Vox “van permetre la contractació d'un afiliat seu sense comprovar ni validar la seva formació i experiència”, es tractaria d'un cas “molt greu d'ús partidista d'una empresa pública”.

“Cal recordar, a més, que existien candidats amb una preparació i experiència molt superiors a qui se'ls va negar l'oportunitat de cobrir aquesta plaça”, abunden els socialistes, qui subratllen que, a diferència d'altres processos selectius de Marratxí XXI, “ni tan sols es van realitzar entrevistes”, un fet que “reforça el sospita d'un procediment fet a mida i sense garanties”.

En la seva opinió, és “inacceptable” que l'empresa pública del municipi es converteixi en una “agència de col·locació al servei d'interessos partidistes”, mostrant els socialistes el seu “compromís amb la transparència, la legalitat i l'assumpció de responsabilitats fins al final”.

Per la seva banda, la portaveu de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, considera que l'auditoria revela “un manera de governar opaca i clientelista”, per la qual cosa ha reclamat al batle de Marratxí, Jaume Llompart (PP), i al primer tinent de batle, Pedro Bestard (Vox), que compareguin al ple per donar compte de la contractació, expliquin per què es van descartar aspirants amb experiència més vinculada al sector i facin públics els expedients complets del procés amb les seves bases, criteris, baremació, actes i informes.

Amengual incideix en què la persona contractada és militant de Vox, la qual cosa, al seu judici, intensifica la “sospita evident” que els requisits es van dissenyar “a mida” per afavorir-lo i que, en definitiva, “a Marratxí XXI entra abans el carnet que el mèrit”.

A més d'exigir explicacions i accés a l'expedient complet, Més sol·licita revisar el procés, obrir una nova convocatòria amb criteris objectius i abordar un canvi en la governança de Marratxí XXI perquè funcions centrals com la secretaria del Consell d'Administració recaiguin en perfils tècnics i professionals, desvinculant així rols polítics dels processos de garanties i control intern.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca), PSIB-PSOE y Més, han reclamado responsabilidades al equipo de gobierno, encabezado por el PP, después de que una auditoría externa haya puesto en duda la contratación de un afiliado de Vox en una de las empresas públicas del municipio, Marratxí XXI, dedicada a la gestión de residuos y servicios. Tal como informó este periódico, la inspección, realizada a instancias del Consistorio, detecta carencias documentales significativas en el expediente: el proceso se llevó a cabo sin informe alguno que justificara la elección de este candidato o la necesidad de crear la plaza de supervisor para la que fue designado, como tampoco fue acompañado de una entrevista al aspirante finalmente seleccionado. 

Los socialistas han exigido explicaciones “inmediatas y urgentes” por parte del Ayuntamiento ante las “graves irregularidades” que envuelven la contratación, al tiempo que ha reclamado la dimisión de los responsables políticos implicados. En un comunicado, el PSIB recrimina, tal como señala la auditoría, que se modificasen los requisitos de la plaza “para favorecer claramente a un candidato que es militante de Vox”. El trabajador figuró en las listas electorales de la formación de extrema derecha en los comicios de 2023.

En su nota, los socialistas recuerdan que ya en abril de 2024 solicitaron formalmente, mediante correo electrónico, la certificación de los cursos y titulaciones alegadas por el candidato “sin que a día de hoy todavía se haya facilitado ninguna documentación”. “Esta falta de respuesta solo puede interpretarse como una falta grave de transparencia por parte de los responsables políticos de la empresa pública y del equipo de gobierno municipal”, alegan. En esta línea, advierten de que si se confirma que el candidato “falseó su currículum” se encontrarían ante un posible caso de “falsedad documental”, una situación “absolutamente incompatible con su permanencia en una empresa pública”.

El PSIB exige así el cese inmediato del trabajador y que vuelva a iniciarse el proceso de contratación “con todas las garantías de legalidad, igualdad, mérito y capacidad”.

Con todo, aseveran que la responsabilidad “no puede recaer únicamente en el trabajador”, ya que, a su manera de ver, si los responsables políticos de PP y Vox “permitieron la contratación de un afiliado suyo sin comprobar ni validar su formación y experiencia”, se trataría de un caso “muy grave de uso partidista de una empresa pública”.

“Hay que recordar, además, que existían candidatos con una preparación y experiencia muy superiores a quienes se les negó la oportunidad de cubrir esta plaza”, abundan los socialistas, quienes subrayan que, a diferencia de otros procesos selectivos de Marratxí XXI, “ni siquiera se realizaron entrevistas”, un hecho que “refuerza la sospecha de un procedimiento hecho a medida y sin garantías”.

En su opinión, es “inaceptable” que la empresa pública del municipio se convierta en una “agencia de colocación al servicio de intereses partidistas”, mostrando los socialistas su “compromiso con ”la transparencia, la legalidad y la asunción de responsabilidades hasta el final“.

Por su parte, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, considera que la auditoría revela “una manera de gobernar opaca y clientelista”, por lo que ha reclamado al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart (PP), y al primer teniente de alcaldía, Pedro Bestard (Vox), que comparezcan en el pleno para dar cuenta de la contratación, expliquen por qué se descartaron aspirantes con experiencia más vinculada al sector y hagan públicos los expedientes completos del proceso con sus bases, criterios, baremación, actas e informes.

Amengual incide en que la persona contratada es militante de Vox, lo que, a su juicio, intensifica la “sospecha evidente” de que los requisitos se diseñaron “a medida” para favorecerle y que, en definitiva, “en Marratxí XXI entra antes el carné que el mérito”.

Además de exigir explicaciones y acceso al expediente completo, Més solicita revisar el proceso, abrir una nueva convocatoria con criterios objetivos y abordar un cambio en la gobernanza de Marratxí XXI para que funciones centrales como la secretaría del Consejo de Administración recaigan en perfiles técnicos y profesionales, desvinculando así roles políticos de los procesos de garantías y control interno.

Una auditoría externa realizada a instancias del del Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca) ha puesto en duda la contratación de un afiliado de Vox por parte del Consistorio gobernado por el PP al detectar que el proceso se llevó a cabo sin ir acompañado de documentación clave: no consta ningún informe que justificara la elección de este candidato ni la necesidad de crear la plaza de supervisor para la que fue designado en la empresa pública Marratxí XXI, dedicada a la gestión de residuos y servicios municipales, como tampoco la entrevista al aspirante finalmente seleccionado. El trabajador, quien figuró como número 6 en las listas electorales de la formación de extrema derecha en 2023, es, además, el único de los contratados que cobra por encima de las tablas salariales de la empresa. La incorporación se habría producido en detrimento de aspirantes con mayor formación y experiencia.

En concreto, la contratación se formalizó para cubrir una plaza de supervisor-encargado de servicios, un puesto de mando intermedio encargado de coordinar y controlar la operativa diaria de la empresa pública. Según las bases de la convocatoria, entre sus funciones figuran la supervisión de los distintos servicios que presta Marratxí XXI, la gestión de incidencias -entre ellas, las recibidas a través de la ‘línia verda’-, la relación con las empresas adjudicatarias, la organización de servicios extraordinarios vinculados a fiestas u otros eventos, y la asignación y seguimiento de tareas del personal de brigada.

A partir de los requisitos formativos incluidos en la convocatoria, los autores de la auditoría, cuyo contenido ha sido avanzado por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, realizaron una comparación con ofertas similares en otras empresas y constataron que, para puestos equivalentes, lo habitual es exigir perfiles vinculados al ámbito ambiental: desde FP de química o salud ambiental hasta grados en ciencias ambientales o ingenierías, además de formación específica en normativa y seguridad. En cambio, la auditoría subraya que los requisitos de formación y experiencia planteados para la plaza de supervisor-encargado en Marratxí XXI se alejan de los que se piden de forma generalizada en este tipo de empleos.

De acuerdo con los requisitos de formación solicitados para obtener esta plaza, los firmantes de la auditoría llevaron a cabo una investigación de los requisitos exigidos por parte de otras empresas para acceder al mismo puesto de trabajo, haciendo hincapié en que las titulaciones más demandadas son el FP de química ambiental o el de salud ambiental, el grado en ciencias ambientales y la ingeniería ambiental, además de contar con formación y conocimientos de las regulaciones ambientales y de seguridad. Sin embargo, el documento asevera que los requisitos de formación y experiencia solicitados para la plaza de supervisor encargado de servicios de Marratxí XXI nada tienen que ver con los de otras plazas similares.

No solo eso. La auditoría subraya que, al analizar el anuncio de la plaza, comprobaron que las bases incluyeron un apartado relacionado con funciones de comunicación audiovisual y periodismo -para que el futuro cargo pudiera encargarse de las redes sociales y de la comunicación en radio, prensa, etc.-, pese a que Marratxí XXI es una empresa dedicada a la gestión de residuos.

Una combinación que, como puso de manifiesto el PSIB-PSOE en una nota difundida en agosto de 2024, se interpretaría como un intento de orientar el proceso hacia un perfil concreto. Los socialistas, que llevan reclamando documentación sobre la contratación desde al menos marzo de 2024, cuando solicitaron formalmente los currículum recibidos para cubrir la plaza y los motivos por los que no se constituyó una bolsa de trabajo con el resto de aspirantes, denunciaron que se estaban introduciendo “funciones periodísticas y de comunicación” que no formaban parte de la ficha real del puesto y que, a su juicio, se habían añadido deliberadamente para beneficiar al candidato finalmente contratado.

La auditoría también analiza las retribuciones y destaca un elemento que afecta específicamente al supervisor-encargado: de acuerdo a los documentos remitidos por la gerencia y las comprobaciones llevadas a cabo, es el único puesto de Marratxí XXI que incluyó como concepto salarial una “mejora voluntaria” de 161,21 euros mensuales, una diferencia que no se reproduce en el resto de puestos analizados, por lo que el trabajador cobra más de lo indicado por las tablas retributivas de la empresa municipal.

El Ayuntamiento niega un trato de favor

elDiario.es se ha puesto en contacto con el regidor responsable de Marratxí XXI, Juan Antonio Estarellas, para recabar su versión sobre lo arrojado por la auditoría. En este sentido, rechaza que la contratación respondiera a un criterio político, aseverando -a pesar de que el consejo de administración de la empresa está integrado por miembros de PP y Vox- que el Ayuntamiento no podía conocer que el cantidado fuese afiliado del partido de Santiago Abascal. “Nosotros, cuando nos entregan los currículum, no lo podemos saber”, incide, recriminando un uso partidista del caso. A pesar de que otros aspirantes contaban con más formación y experiencia, el regidor enmarca la decisión de contratar a este empleado en el funcionamiento interno de la empresa: según alega, la selección corresponde en primer término a la gerencia y, después el nombramiento, pasa por un consejo de administración que decide respaldar o no la propuesta.

Asimismo, justifica que la inclusión de un perfil de comunicación en la convocatoria responde a que la plaza debía cubrirse con urgencia al tratarse de una sustitución por excedencia de otro trabajador y, en ese sentido, el Ayuntamiento apostó por un perfil que pudiera reforzar la comunicación institucional de la empresa municipal y facilitar el traslado de información al área de comunicación del consistorio. Al respecto, Estarellas señala que Marratxí XXI “no tiene ni redes ni web propia”, por lo que la comunicación se canaliza a través del Ayuntamiento y el trabajador contratado actúa como enlace para que la información llegue correctamente a los canales municipales. Asimismo, matiza el enfoque que sitúa a Marratxí XXI como una empresa dedicada exclusivamente a la recogida de residuos, al aseverar que se trata de una empresa de servicios con un ámbito “muy amplio” que incluye desde la gestión de centros de día hasta los parques y jardines, parques infantiles y otros servicios municipales, además de la propia recogida de residuos.

Respecto a otra de las críticas principales del informe -la falta de justificación sobre la necesidad de la plaza-, el regidor responde que la plaza no se creó ad hoc, sino que el organigrama de Marratxí XXI “existe desde hace veintipico de años” y que se trataba de puestos ya previstos pero no cubiertos. Según explica, al llegar al gobierno municipal, decidieron “dotar la estructura de personal necesario” dado que se encontraron una empresa “infradotada”. Desde esa óptica, defiende que no era necesaria una justificación específica de creación de plaza, porque se trataba de cubrir puestos que “ya existían”.

El concejal insiste en que la empresa ha actuado con “transparencia y total colaboración”. De hecho, destaca que la auditoría se ha hecho pública y se remitió al siguiente pleno municipal habilitado: “No la guardamos en un cajón, ni un mes, ni dos meses, ni un año. La llevamos a pleno al mes siguiente”.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este miércoles una resolución de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación del Gobierno regional que ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha

En concreto se trata de los datos de aquellos cargos públicos obligados a presentar este tipo de declaración tras haber sido nombrados o cesados en el último trimestre de 2025.

Y es que en ese periodo, se produjeron diversos cambios en la Junta de Castilla-La Mancha. Se trata de altos cargos en direcciones generales, institutos y otros entes públicos.

La exdirectora general de Turismo, ahora coordinadora de Análisis

Ana Isabel Fernández Samper, la que fuera directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, pasó a convertirse en coordinadora de Análisis en octubre de 2025, según lo que se publica hoy, y declara ingresos netos anuales de 52.663,30 euros, además de un patrimonio inmobiliario (100% titularidad) con una vivienda en Toledo. Tiene un Peugeot 3008 Allure (5.568 €) y activos financieros en Banco Santander y Caja Rural de 25.100 euros. Declara también deuda, en concreto un préstamos hipotecario de 22.500 euros y préstamo para reforma de casa de 147.527 euros.

Su sustituta al frente de la Dirección General de Turismo Aránzazu Pérez Gil. que declara ingresos netos anuales de 42.358,43 euros. Cuenta con un inmueble urbano en Sigüenza (100%) y siete fincas rústicas de labor en Valdelcubo y Sigüenza (titularidad entre el 50% y 100%). Su vehículo es un Nissan Qashqai (14.500 €) y su saldo medio interanual es de 115.000 euros. No declara deudas.

Presenta también declaración el director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, Francisco Javier de la Cruz González que declara unos ingresos netos anuales de 42.082,54 euros, un patrimonio inmobiliario (50% de titularidad) con vivienda, garaje y dos solares en Talavera de la Reina (Toledo), varios vehículos, en este caso un Peugeot 307 SW (1.680 €), Chevrolet Matiz (590 €) y Peugeot 3008 Active (9.353 €). También declara activos financieros con un saldo medio en cuentas de 32.525 euros y planes de jubilación y pensiones por 10.970,08 euros. Finalmente dice ser poseedor de un préstamo hipotecario (64.051,82 €) y un préstamo de consumo (1.891,34 €).

El Instituto de la Mujer, Tierra de Viñedos y Salud Pública

Se reflejan por otro lado los datos de la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, tanto Mª Teresa López Tomé que asumió el puesto tras el cese de Lourdes Luna.

López declara ingresos netos anuales de 32.305,52 euros, con un patrimonio inmobiliario (100% titularidad) de una vivienda unifamiliar en Guadalajara y dos vehículos: Mazda CX5 (6.888 €) y Seat Ibiza (1.150 €). Posee una cuenta en el Banco Santander (14.089,56 €) y un plan de pensiones (15.418,29 €).También tiene deudas, tanto hipoteca )50.297,50 €) y como un préstamo de vehículo (5.507 €).

Por otro lado, presenta su declaración la que fuera directora General de Salud Pública, Laura Ruiz López, que cesó para incorporarse al Ministerio de Sanidad y fue sustituida por Joaquín Torres Moreno. Este último declara ingresos netos de 61.537,83 euros además de dos casas al 50% en Argamasilla de Alba y Sevilla y un piso al 25% en La Algaba (Sevilla). Tiene dos vehículos, un BMW 325 (16.500 €) y Nissan Juke (4.200 €) y activos financieros, tanto una cuenta en el BBVA (46.063,09 €) y un plan de jubilación (7.942,53 €). No declara deudas.

También se incluye la declaración de la directora Gerente de la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos Diana Granados, debido a su nombramiento como directora general, que declara ingresos netos anuales de 34.449,74 euros, un patrimonio inmobiliario (50% titularidad) con vivienda habitual en Membrilla (Ciudad Real). Tiene un Volvo XC60 (17.500 €) y activos financieros que se distribuyen entre cuentas bancarias (34.857,88 €), acciones en la empresa Miguel Bellido S.A. (122.445,20 €) y Vinícola de Castilla S.A. (72,26 €), y un seguro de vida de 238.716,95 €. Además, cuenta con un préstamo de Caja Rural por 69.947,18 euros.

Cambios en las delegaciones provinciales

En este periodo tamibén se produjeron cambios en las delegaciones provinciales. Por ejemplo, el delegado Provincial de Economía, Empresas y Empleo Miguel Ángel Díaz Brazales declara ingresos netos anuales de 1.341,48 euros procedentes de actividades de abogacía, arrendamiento de local y ayudas o un patrimonio inmobiliario que incluye vvienda unifamiliar e inmueble industrial (50%) además de un almacén y olivar de secano (12,5%) en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Tambiés es poseedor de un vehículo Mitsubishi Galant (1.630 euros). Sus activos financieros están en cuentas en Banco Santander (3.790,19 €). Díaz Brazales refleja una participación del 50% en la entidad jurídica no negociada en mercados organizados denominada Gestión Contable Infantes P&P, S.L. También menciona haber trabajado anteriormente para otras entidades privadas como Bioinfant, S.L. y Wesser & Partner, S.L..

Agustín Espinosa Romero, delegado provincial de Desarrollo Sostenible que ocupaba el mismo cargo en Economía en una etapa anterior declara ingresos netos anuales de 55.450,79 euros en concepto de salario de la Junta de Castilla-La Mancha. También un patrimonio inmobiliario (50% titularidad) con vivienda habitual, otras tres viviendas, un solar y dos trasteros en Ciudad Real. En cuanto a los vehículos dice tener un Piaggio MP3 400 (500 €), Seat Alhambra (14.000 €) y Kia Niro (5.800 €). Sus activos financieros están en cuentas corrientes y Letras del Tesoro por 7.500 euros. Declara una deuda en hipoteca de 335.000 euros.

L’alcaldessa de València, la popular María José Catalá, és una dels tretze regidors que cobren més de 90.000 euros bruts a l’any com a màxim representant d’una corporació municipal. La primera edil de la tercera ciutat més poblada d’Espanya ocupa la desena plaça en la llista dels alcaldes i alcaldesses més ben pagats, amb uns emoluments bruts anuals que arriben a 94.291 euros; els més ben pagats són José Luis Martínez-Almeida (Madrid), amb 110.688 euros, Juan María Aburto (Bilbao), amb 105.557 euros, i Jaume Collboni (Barcelona), amb 104.000 euros.

No obstant això, hi ha altres càrrecs públics municipals que perceben altes retribucions anuals pel fet de compaginar el que perceben com a alcaldes amb el que cobren com a diputats provincials. Els casos més destacats són els de l’alcalde de la Nucia, el popular Bernabé Cano, que percep un total de 134.617,16 euros bruts anuals com a primer edil (64.800) i diputat provincial (69.817,16); el socialista Carlos Fernández Bielsa, que rep 114.797,32 euros bruts anuals per la seua condició d’alcalde de Mislata (36.500) i diputat provincial a València (78.297,32 euros); l’alcalde de Benidorm i president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, que suma 110.466,94 euros entre el seu càrrec en el consistori (25.575) i la institució provincial (84.891,91); i, potser el cas més cridaner, el del primer edil de Benijòfer, Luis Rodríguez, que cobra un total de 109.411,16 euros a l’any entre el seu càrrec en la Diputació d’Alacant (69.817,16) i el de president de la corporació municipal d’un municipi de tot just 3.700 habitants (39.594). Tots cobren més que el president del Govern, Pedro Sánchez, que té uns emoluments bruts anuals de 107.037,54 euros.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

També supera els 100.000 euros anuals la presidenta de la Diputació de Castelló i alcaldessa de la Vall d’Alba, la popular Marta Barrachina, que percep 106.366,15 euros bruts entre l’Ajuntament (14.383) i l’entitat provincial (91.983,15).

Per damunt dels 90.000 euros sumant emolument en ajuntaments i diputacions estan l’alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch (99.909,84); el primer edil de Cullera, el també socialista Jordi Mayor (97.459,06); la popular María Tormo, alcaldessa de la localitat castellonenca d’Almassora (95.956,5); Andrés Martínez, regidor de Vinaròs (95.307,94); o Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco del PP (95.436,03).

També estan el popular Juan Ramón Adsuara (Alfafar), amb 93.031,7 euros; l’alcaldessa popular de Carlet, Laura Sáez (92.706,99); o el popular Francisco Teruel, alcalde de Benimodo (90.074,55). El president de la Diputació de València i alcalde de Gavarda del PP, Vicente Mompó, cobra 86.533,72 de la institució provincial i 500 de l''Ajuntament.

Quant a les retribucions del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encara no estan publicades en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana. La quantitat podria arribar a 91.398,27 euros anuals, tenint en compte el salari, els complements i la compensació per canvi de residència, que és el que cobrava Carlos Mazón.

Pujades de sou després de les eleccions

En la llista dels alcaldes que més s’han apujat el sou en els últims anys estan l’alcaldessa de Torrent, que cobra 67.485 euros bruts anuals, mentre que la seua predecessora, María José Catalá, percebia 27.609 euros –cal recordar que Catalá també cobrava com a diputada autonòmica–, o José Vegara, alcalde d’Oriola, que cobra 66.237 euros, pels 23.657 que cobrava el seu antecessor, el també popular Emilio Bascuñana.

L’alcalde d’Alcoi, el socialista Toni Francés, cobra ara 62.873 euros a l’any, tot i que fins a la legislatura passada no tenia dedicació exclusiva i no cobrava com a alcalde; i una cosa semblant passa amb el també socialista Fulgencio Cerdán, primer edil de Villena, que ha passat de rebre 12.239 euros a tindre dedicació exclusiva i guanyar 62.825 euros; igual que Irene Navarro, que ha passat de percebre 16.925 a 55.286 euros anuals.

A Manises, el socialista Javier Mansilla cobra 49.980 euros, pels 14.538 que cobrava el valencianista Jesús Borràs; Cristina Mora, alcaldessa socialista de Quart de Poblet, té un salari de 64.391 euros, pels 15.925 que cobrava la també socialista Carmen Martínez, que compaginava l’alcaldia amb el càrrec de diputada en les Corts Valencianes. Finalment, Amparo Orts, alcaldessa socialista de Montcada, ha passat de percebre 14.570 a 56.783 euros bruts anuals.

La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, es una de los trece munícipes que cobran más de 90.000 euros brutos al año como máximo representante de una corporación municipal. La primera edil de la tercera ciudad más poblada de España ocupa la décima plaza en la lista de los alcaldes y alcaldesas mejor pagados, con unos emolumentos brutos anuales que alcanzan los 94.291 euros; los mejor pagados son José Luis Martínez-Almeida (Madrid), con 110.688 euros; Juan María Aburto (Bilbao), con 105.557 euros; y Jaume Collboni (Barcelona), con 104.000 euros.

Sin embargo, hay otros cargos públicos municipales que perciben altas retribuciones anuales al compaginar lo que perciben como alcaldes a lo que cobran como diputados provinciales. Los casos más destacados son los del alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano, que percibe un total de 134.617,16 euros brutos anuales como primer edil (64.800) y diputado provincial (69.817,16); el socialista Carlos Fernández Bielsa, que recibe 114.797,32 euros brutos anuales por su condición de alcalde de Mislata (36.500) y diputado provincial en Valencia (78.297,32 euros); el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que suma 110.466,94 euros entre su cargo en el Consistorio (25.575) y la institución provincial (84.891,91); y, tal vez el caso más llamativo, el del primer edil de Benijófar, Luis Rodríguez, que cobra un total de 109.411,16 euros al año entre su cargo en la Diputación de Alicante (69.817,16) y el de presidente de la corporación municipal de un municipio de apenas 3.700 habitantes (39.594). Todos ellos cobran más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene unos emolumentos brutos anuales de 107.037,54 euros.

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Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

También supera los 100.000 euros anuales la presidenta de la Diputación de Castellón y alcaldesa de Vall d'Alba, la popular Marta Barrachina, que percibe 106.366,15 euros brutos entre el Ayuntamiento (14.383) y la entidad provincial (91983,15).

Por encima de los 90.000 euros sumando emolumento en ayuntamientos y diputaciones se encuentran el alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch (99.909,84); el primer edil de Cullera, el también socialista Jordi Mayor (97.459,06); la popular María Tormo, munícipe de la localidad castellonense de Almassora (95.956,5); Andrés Martínez, regidor de Peñíscola (95.307,94); o Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco del PP (95.436,03).

También están el popular Juan Ramón Adsuara (Alfafar), con 93.031,7 euros; la alcaldesa popular de Carlet, Laura Sáez (92.706,99); o el popular Francisco Teruel, alcalde de Benimodo (90.074,55). El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda del PP, Vicente Mompó, por su parte, cobra 86.533,72 de la institución provincial y 500 euros del Ayuntamiento.

En cuanto a las retribuciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, todavía no están publicadas en el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana. La cantidad podría alcanzar los 91.398,27 euros anuales, teniendo en cuenta el salario, los complementos y la compensación por cambio de residencia, que es lo que cobraba Carlos Mazón.

Subidas de sueldo tras las elecciones

En la lista de los munícipes que más se han subido el sueldo en los últimos años se encuentran la alcaldesa de Torrent, que cobra 67.485 euros brutos anuales, mientras que su predecesora, María José Catalá, percibía 27.609 euros -hay que recordar que Catalá también cobraba como diputada autonómica-, o José Vegara, alcalde de Orihuela, que cobra 66.237 euros por los 23.657 que cobraba su antecesor, el también popular Emilio Bascuñana.

El alcalde de Alcoi, el socialista Toni Francés, cobra ahora 62.873 euros al año cuando hasta la pasada legislatura no tenía dedicación exclusiva y no cobraba como alcalde; y algo parecido sucede con el también socialista Fulgencio Cerdán, primer edil de Villena, que ha pasado de recibir 12.239 euros a tener dedicación exclusiva y ganar 62.825 euros; igual que Irene Navarro, que ha pasado de percibir 16.925 a 55.286 euros anuales.

En Manises, el socialista Javier Mansilla cobra 49.980 euros por los 14.538 que cobraba el valencianista Jesús Borràs; Cristina Mora, munícipe socialista de Quart de Poblet, tiene un salario de 64.391 euros por los 15.925 que cobraba la también socialista Carmen Martínez, que compaginaba la alcaldía con el cargo de diputada en las Corts Valencianes. Por último, Amparo Orts, alcaldesa socialista de Moncada, ha pasado de percibir 14.570 a 56.783 euros brutos anuales.

Con apenas 15.112 habitantes, Cuarte de Huerva ha fijado para su alcaldesa, Elena Lacalle, una retribución de 59.232 euros en 2024. Esta cifra no solo es la más alta de la comunidad tras la capital, sino que sitúa al municipio en un escenario de “sorpasso” salarial frente a ciudades mucho mayores. La regidora de este municipio del area metropolitana de Zaragoza está entre los alcaldes mejor pagados de localidades de tamaño medio en España. En comparación, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con más de 680.000 habitantes, percibió 88.929 euros, mientras que los regidores de otras localidades de tamaño similar al de Cuarte, como Fraga o Caspe, cobraron 32.632 y 42.000 euros respectivamente. La cifra de Lacalle se sitúa por encima de la media de municipios con población entre 10.000 y 20.000 habitantes.

El caso de Cuarte es paradigmático cuando se compara con las capitales de Huesca y Teruel. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, percibió en 2024 un total de 51.346 euros, casi 8.000 euros menos que su homóloga en Cuarte, a pesar de gestionar una ciudad de 54.704 habitantes. En el caso de Teruel la diferencia es mayor, ya que Emma Buj no mantiene un régimen de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, al igual que sucede con otros alcaldes de grandes poblaciones como Calatayud o Ejea de los Caballeros, cuyos regidores perciben sus ingresos principales de otras instituciones (como el Senado o la Diputación Provincial). Estos datos se han publicado en la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

La población juega un papel determinante en el sueldo de los alcaldes, ya que los límites salariales se fijan según el número de habitantes y la dedicación de los regidores. Los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes pueden llegar a pagar hasta 117.293 euros anuales, mientras que los municipios pequeños, con menos de 1.000 vecinos, no superan los 35.000 euros en dedicación parcial. Cuarte de Huerva se encuentra en un rango intermedio. En el otro extremo, municipios pequeños de la provincia como Albalate del Arzobispo (1.933 habitantes) o Herrera de los Navarros (504 habitantes) abonan a sus alcaldes entre 10.000 y 11.000 euros al año.

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

La publicación del ISPA permite conocer, además, la evolución de los salarios de los alcaldes tras las elecciones de 2023. En algunos casos, la retribución se ha incrementado al pasar de regidores sin dedicación a dedicación exclusiva, como ocurrió en varios municipios costeros, mientras que en otros no ha habido cambios significativos.

Los “top” de Aragón: el eje Zaragoza-Huesca

Más allá de la anomalía de Cuarte de Huerva, las retribuciones más altas de la comunidad se concentran en el eje central de Aragón y en algunos municipios turísticos del Pirineo. En la capital, la alcaldesa Natalia Chueca encabeza la lista con un sueldo de 88.929 euros en 2024, seguida de cerca por Elena Lacalle en Cuarte de Huerva, que percibe 59.232 euros en dedicación exclusiva. En localidades de tamaño medio, Jaca y Sabiñánigo registran cifras cercanas a los 52.000 euros, con Carlos Serrano y Berta Fernández cobrando 52.399 y 51.885 euros respectivamente. Por su parte, Huesca se mantiene en el grupo de los municipios que superan los 50.000 euros, con Lorena Orduna percibiendo 51.346 euros anuales.

La lista se completa con otros municipios que también destacan por salarios superiores a la media nacional para su población, como La Almunia de Doña Godina (49.572 euros) o Fuentes de Ebro (47.636 euros), reflejando un patrón en el que la proximidad a núcleos urbanos importantes y la gestión de centros con actividad económica o turística condiciona el nivel de retribución de sus regidores.

En un escalón inmediatamente inferior, pero aún con cifras significativas, se encuentran municipios como Biescas, donde su alcaldesa percibe 43.412 euros anuales, o Quinto y Caspe, que superan la barrera de los 42.000 euros. Zuera (40.986 €) y Ricla (40.573 €) también mantienen a sus regidores por encima de los 40.000 euros, superando a otros núcleos poblacionales más grandes.

La realidad de la España vaciada: el 0€ como norma

Frente a los sueldos de las grandes poblaciones, los datos del ISPA revelan la otra cara de la moneda en Aragón. De los casi 400 municipios analizados en la región, 192 alcaldes declararon percibir 0 euros de sueldo. En estos casos, la gestión municipal se realiza de forma altruista o percibiendo únicamente dietas por asistencia a plenos, que en muchas localidades apenas suman unos cientos de euros al año.

Municipios como Ejea de los Caballeros, Borja, Cariñena o Pedrola figuran con 0 euros en la estadística oficial, muchos de sus alcaldes tienen dedicación en otras administraciones o mantienen sus empleos privados, renunciando al salario público municipal.

A pesar de la obligatoriedad de informar al Ministerio, el informe de 2025 destaca que 55 municipios aragoneses no aportaron datos sobre sus retribuciones de 2024. Entre ellos aparecen localidades de peso como La Puebla de Alfindén, Valderrobres o Illueca. Esta falta de transparencia impide conocer el gasto real en cargos electos de una parte significativa del territorio.

Los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona fueron los tres regidores mejor pagados de España en 2024, cobrando más de 100.000 euros anuales cada uno. Le siguen los alcaldes de Donostia, Vitoria, Sevilla, Málaga y Marbella, que ya superan la barrera de los 95.000 euros; y los de Burgos, Valencia, Getxo, Tenerife y Almería, que están por encima de los 90.000. Así figura en la última Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a finales de 2025 con datos relativos a las retribuciones abonadas por cada ayuntamiento a sus alcaldes en 2024.

En el siguiente mapa puedes ver los ayuntamientos andaluces que pagaron más a sus alcaldes en 2024 y cuál es la diferencia salarial entre los regidores. El color muestra el salario percibido y el tamaño del círculo muestra la población.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

Ya se ha hecho pública la última Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a finales de 2025 con datos relativos a las retribuciones abonadas por cada ayuntamiento a sus alcaldes en 2024.

Según estos datos, en Castilla-La Mancha, el alcalde de capital de provincia que más cobró en ese ejercicio fue el de Cuenca, Darío Dolz (PSOE). Con dedicación exclusiva, percibió 83.530 euros anuales. Le siguen la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), con 77.987 euros; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (PP), con 72.196 euros; y el de Albacete, Manuel Serrano (PP), con 69.005 euros.

El regidor municipal que menos cobró de las cinco capitales es el de Ciudad Real, Francisco Cañizares (PP), que percibió 58.875 euros anuales. Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio (PP), la segunda ciudad más poblada de la región, cobró 71.355 euros.

En el siguiente mapa puedes ver qué ayuntamientos pagaron más a sus alcaldes Castilla-La Mancha en 2024 y cuál es la diferencia salarial entre los regidores españoles.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

La población de cada municipio juega un papel importante en el sueldo de los alcaldes o alcaldesas. Esta es la que determina los rangos que puede cobrar cada edil y también la dedicación en la que pueden trabajar, según recoge el Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.

Cada año, el límite del sueldo lo fija el Ministerio de Hacienda a través de los Presupuestos Generales del Estado. Quienes más población tienen (más de 500.000 habitantes) pueden cobrar como máximo 117.293,32 euros, según las cifras para 2024. Una cuantía que disminuye a medida que se reduce el número de empadronados en el municipio. Eso sí, los que regentan una localidad pequeña, de menos de 1.000 habitantes, solo pueden trabajar de forma parcial y no pueden cobrar más de 35.000 euros en el mejor de los casos.

Sin embargo, no siempre se cumple esta correlación: estos límites no afectan a los municipios vascos. En esta región es el Acuerdo para la Gobernabilidad Municipal de EUDEL —la asociación de municipios de Euskadi— el que permite pagar a localidades con menos de 20.000 habitantes sueldos equivalentes a los de una Dirección del Gobierno Vasco, haciendo así que municipios como Mungía, Amorebieta-Etxano o Gernika-Lumo tengan retribuciones de más de 80.000 euros brutos anuales.

En el siguiente gráfico puedes observar cómo se distribuyen los municipios en función del salario (más salario →), el tamaño del municipio (más población ↑) y si tienen dedicación exclusiva, decicación parcial o no tienen dedicación pero pueden ingresar emolumentos por asistir a los plenos, entre otros conceptos. Unas cuantías que los alcaldes también pueden cobrar y cuyos consistorios deben declarar.

Finalmente, en el siguiente buscador puedes comprobar cuánto cobra tu actual alcalde o alcaldesa en esta comunidad autónoma y conocer (+) cómo ha evolucionado el sueldo de los alcaldes desde el año 2013, momento en el que comenzó a recopilarse esta estadística. Los datos muestran la información remitida por los propios ayuntamientos. Por tanto, pueden existir errores puntuales o años en los que no exista cifra de las retribuciones ya que el consistorio no remitió la información al sistema estadístico. Las subidas o cambios de sueldo de 2025 (y los posibles cambios de regidores) se verán reflejadas en la estadística de 2026.

En toda España, los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona fueron los tres regidores mejor pagados de España en 2024, cobrando más de 100.000 euros anuales cada uno. José Luis Martínez-Almeida encabeza la lista, con 110.600 euros, seguido de Juan Maria Aburto con 105.000 y Jaume Collboni con 104.000.

Le siguen los alcaldes de Donostia, Vitoria, Sevilla, Málaga y Marbella, que ya superan la barrera de los 95.000 euros; y los de Burgos, Valencia, Getxo, Tenerife y Almería, que están por encima de los 90.000.

Los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona fueron los tres regidores mejor pagados de España en 2024, cobrando más de 100.000 euros anuales cada uno. José Luis Martínez-Almeida encabeza la lista, con 110.600 euros, seguido de Juan Maria Aburto con 105.000 y Jaume Collboni con 104.000.

Le siguen los alcaldes de Donostia, Vitoria, Sevilla, Málaga y Marbella, que ya superan la barrera de los 95.000 euros; y los de Burgos, Valencia, Getxo, La Laguna y Almería, que están por encima de los 90.000. Así figura en la última Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a finales de 2025 con datos relativos a las retribuciones abonadas por cada ayuntamiento a sus alcaldes en 2024.

En el siguiente mapa puedes ver qué ayuntamientos pagaron más a sus alcaldes en 2024 y cuál es la diferencia salarial entre los regidores españoles. El color muestra el salario percibido SSSSS → y el tamaño del círculo muestra la población.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

En el otro extremo están los municipios cuyo regidores tienen las retribuciones más bajas, pese a también trabajar de forma exclusiva para su consistorio. Aquí, los ayuntamientos de Palos de la Frontera (Huelva), Palafrugell (Girona), Alguazas (Murcia) o Amposta (Tarragona) pagan a sus regidores salarios que rondan los 30.000 euros.

La población de cada municipio juega un papel importante en el sueldo de los alcaldes o alcaldesas. Esta es la que determina los rangos que puede cobrar cada edil y también la dedicación en la que pueden trabajar, según recoge el Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.

Cada año, el límite del sueldo lo fija el Ministerio de Hacienda a través de los Presupuestos Generales del Estado. Quienes más población tienen (más de 500.000 habitantes) pueden cobrar como máximo 117.293,32 euros, según las cifras para 2024. Una cuantía que disminuye a medida que se reduce el número de empadronados en el municipio. Eso sí, los que regentan una localidad pequeña, de menos de 1.000 habitantes, solo pueden trabajar de forma parcial y no pueden cobrar más de 35.000 euros en el mejor de los casos.

Sin embargo, no siempre se cumple esta correlación: estos límites no afectan a los municipios vascos. En esta región es el Acuerdo para la Gobernabilidad Municipal de EUDEL —la asociación de municipios de Euskadi— el que permite pagar a localidades con menos de 20.000 habitantes sueldos equivalentes a los de una Dirección del Gobierno Vasco, haciendo así que municipios como Mungía, Amorebieta-Etxano o Gernika-Lumo tengan retribuciones de más de 80.000 euros brutos anuales.

En el siguiente gráfico puedes observar cómo se distribuyen los municipios en función del salario (más salario →), el tamaño del municipio (más población ↑) y si tienen  dedicación exclusiva,  decicación parcial o no tienen dedicación pero pueden ingresar emolumentos por asistir a los plenos, entre otros conceptos. Unas cuantías que los alcaldes también pueden cobrar y cuyos consistorios deben declarar.

Aportar los pagos que recibe cada regidor es una tarea de obligado cumplimiento, independientemente de la dedicación y del tamaño de la población. En esta edición, donde casi 7.000 ayuntamientos han informado de lo que cobran sus regidores, 1.200 no han aportado la cifra. Entre los más poblados que no han dado datos están Parla, San Fernando y Coslada (los tres en Madrid), Ourense y Telde (Las Palmas).

Además, esta nueva publicación permite conocer cómo han evolucionado los salarios tras las elecciones de 2023. En la anterior entrega de 2024, con datos de 2023, no era posible comparar las cifras porque la estadística dividía las percepciones recibidas en dos periodos —antes y después de las elecciones municipales del 28 de mayo— sin poder extrapolar las cifras con exactitud a un año completo.

Los alcaldes que más se han subido el sueldo

Gracias a los nuevos datos es posible conocer si el sueldo de cada alcalde o alcaldesa ha subido tras las elecciones municipales de 2023. Después de asumir los cargos en junio de aquel año varios alcaldes, tanto los nuevos como los repitieron en el cargo, anunciaron una subida salarial por su trabajo, una cifra que fue respaldada en los plenos de cada ayuntamiento.

Así ha sido el caso de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que se multiplicó el sueldo casi por cinco tres perder el escaño en el Senado. Gracias a su mayoría absoluta, el consistorio ha pasado de pagarle 19.000 euros (solo por asistencia a plenos) a más de 95.000. Después de su salida de la Cámara Alta, Muñoz ha acabado trabajando en exclusiva para el ayuntamiento, una tarea que ya había realizado previamente y por la que cobraba 55.000 euros en 2019.

En el siguiente gráfico puedes consultar cuáles fueron los alcaldes de poblaciones de más de 20.000 habitantes que más subieron sus retribuciones entre 2022 y 2024. En algunos casos, la diferencia se explica por el paso de un régimen sin dedicación (solo cobra por asistencias) a uno de dedicación exclusiva (sueldo fijo).

Algo similar ha ocurrido con el nuevo alcalde de Cádiz. Si el anterior regidor, José María González 'Kichi', percibía 41.000 euros, el actual, Bruno García de León, ha pasado a cobrar 70.000 euros en total, 30.000 euros más.

En el siguiente buscador puedes comprobar cuánto cobra tu actual alcalde o alcaldesa y conocer (+) cómo ha evolucionado el sueldo de los alcaldes desde el año 2013, momento en el que comenzó a recopilarse esta estadística. Los datos muestran la información remitida por los propios ayuntamientos. Por tanto, pueden existir errores puntuales o años en los que no exista cifra de las retribuciones ya que el consistorio no remitió la información al sistema estadístico. Las subidas o cambios de sueldo de 2025 (y los posibles cambios de regidores) se verán reflejadas en la estadística de 2026.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, cobra un salario bruto anual de 72.978,98 euros; una cantidad que traducida a la nómina mensual representa un total de 5.212,78 euros. Estos datos, oficiales al mes de octubre de este año, le sitúa en la pirámide de sueldos de los presidentes y presidentas de las comunidades autonómicas en el penúltimo puesto de los que menos cobran.

El año que viene, su sueldo experimentará un incremento, al figurar en la relación de los responsables de los gobiernos regionales que se subirán el salario.

¿Cuánto cobra un presidente?

Adrián Barbón se remite al portal de transparencia, donde figuran los sueldos que perciben en cada comunidad autonómica para comparar, en cifras, quién son los que más ganan y quiénes los que menos. Y él está entre estos últimos.

El presidente del Gobierno asturiano ha difundido estos datos en su perfil de la red social X a través de un post donde dice responder a aquellas personas que le preguntan por el sueldo que percibe en función de su cargo y en relación con el resto de sus homólogos. Una relación que reproducimos a continuación.

La pirámide

En esta relación se puede constatar que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, del Partido Popular (PP), es quien menos cobra de todos los presidentes, al percibir un salario bruto anual de 71.484,75 euros.

Por el contrario, el presidente de Catalunya Salvador Illa es el mejor pagado de todos, al llevarse a casa un salario bruto anual de 140.256,96 euros. A distancia le sigue en segundo lugar el del País Vasco, Imanol Pradales, con 116.671,24 euros.

De Ayuso a Imbroda

En el listón de los cien mil euros también se sitúa la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que percibe anualmente un sueldo de 103.090,32 euros brutos.

Entre los 90.000 y los 97.348,09 euros se encuentran los presidentes de Extremadura (María Guardiola), Aragón (Jorge Azcón), Galicia (Alfonso Rueda), Comunidad Valenciana (Juan Francisco Pérez Llorca) y Melilla (Juan José Imbroda).

Los que menos cobran

Los presidentes de La Rioja (Gonzalo Capellán), Navarra (María Chivite), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Andalucía (Juanma Moreno) y Ceuta (Jesús Juan Vivas) están en la franja comprendida entre los 82.756,45 y los 89.294,11 euros anuales brutos.

Por debajo y ya cerrando la lista se encuentran aquellos presidentes que no llegan a los 80.000 euros y entre los que está Adrián Barbón. Son los presidentes que cobran entre los 71.484,75 y los 79.499,44 euros. Se trata de Cantabria (María José Sáenz de Buruaga), Asturias (Adrián Barbón), Canarias (Fernando Clavijo), Baleares (Marga Prohens), Región de Murcia (Fernando López Miras) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco).

El próximo Pleno de las Cortes regionales abordará la propuesta de reforma puntual del Reglamento de la Cámara relacionada con el control de los gastos de los grupos parlamentarios, en una sesión que acogerá también el debate de dos proposiciones no de ley (PNL) sobre caminos rurales e impuestos a vivienda y que en el bloque de control al Gobierno contará con una comparecencia sobre el cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina, después de que una empresa privada dejase tirada a la Junta de Castilla-La Mancha con unas 3.000 mamografías pendientes.

La sesión plenaria tendrá lugar el próximo jueves día 11 a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo.

Los tres primeros puntos tienen relación con la propuesta del Grupo Socialista de reforma del artículo 29.7 del Reglamento de la propia Cámara en relación con la delimitación al ámbito regional del uso de los fondos que el parlamento aporta a los grupos parlamentarios. Se trata de la votación a primera hora de la toma en consideración, de la tramitación por procedimiento de lectura única y del debate propiamente dicho, para su votación ya en la ronda habitual.

Un punto a debate después de la polémica suscitada con el Grupo Parlamentario Vox que tendrá que devolver más de 34.000 euros que habían sido desviados indebidamente a la caja central del partido ultra, tal y como detectó la Intervención del Parlamento autonómico.

La sesión cuenta además con el debate y votación de dos proposiciones no de ley (PNL) relativas a una bajada de impuestos en vivienda, a propuesta del Grupo de Vox, y en relación con los caminos rurales de la región, a propuesta del Grupo Popular.

Tras la ronda de votaciones, se producirá una comparecencia del Gobierno a propuesta del PP en relación con el programa de detección precoz del cáncer de mama en Talavera de la Reina.

Y, por último, tres preguntas orales al Ejecutivo sobre competitividad empresarial y 'pulseras antimaltrato', en el caso del PP, y sobre agresiones sexuales en la región, en el caso de Vox.

Despidió de manera improcedente a una trabajadora de limpieza y ahora no podrá percibir ningún sueldo. Es la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Ciudad Real que ha embargado el sueldo a Patricia Saldaña, vicepresidenta quinta de la Diputación provincial, de Vox, que gobierna junto al PP en esta institución.

La sentencia, adelantada por la Tribuna de Ciudad Real, es del pasado mes de enero pero es ahora cuando se decreta el embargo de cualquier tipo de prestación económica que perciba o pueda percibir Saldaña de la Diputación. En el decreto de ejecuión, se falla como despido improcedente el cese laboral de una trabajadora en un negocio que regentaba la también concejala de Vox en la localidad de Poblete.

Según esta información, el juzgado motivó el despido como improcedente por los retrasos en las nóminas y condenaba a la ahora diputada a abonar el coste del mismo.

En el decreto de ejecución, emitido el pasado viernes, se indica a la Diputación que las cantidades reclamadas son de 28.959,12 euros, correspondientes a la indemnización por despido, al considerar que hubo un “incumplimiento grave” de las obligaciones de la empleadora, como es el retraso en el pago de los salarios de su trabajadora. A esa cuantía se suman 4.343,86 euros procedentes de los intereses y costas provisionales. 

Retrasos en el pago de nóminas

Los hechos se remontan a cuando la concejala y vicepresidenta provincial regentaba un negocio de limpieza Ciudad Real capital. Una de sus trabajadoras denunció retrasos en el pago de varias de las nóminas ante los juzgados, señalando que desde la nómina de diciembre de 2023 y hasta la de junio de 2024 hubo retrasos de varias semanas en el abono del sueldo y que se vio incrementado en agosto, cuando el pago se abonó en octubre. Esto hizo que la empleada solicitara el cese del contrato laboral que mantenía con la empresa de Saldaña.

Se da la circunstancia de que la vicepresidenta de la Diputación no compareció al juicio, motivo por el que el tribunal considera probado el razonamiento de la trabajadora y de los retrasos. Contra este decreto cabe recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días desde su notificación.

Patricia Saldaña tan solo lleva poco más de dos meses en el cargo y tomó posesión como nueva diputada provincial en la Diputación de Ciudad Real en sustitución de Luis Alberto Marín, quien presentó recientemente su renuncia al acta por “motivos personales”.

El presidente de la Diputación, “sorprendido”

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, del PP, se ha mostrado “sorprendido” tras conocerse esta información y ha dicho que desconoce si los servicios de personal de la Diputación tenían ya constancia de la directriz judicial para ordenar algún embargo sobre los emolumentos de la diputada.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una situación anterior al desempeño de Saldaña como diputada provincial y vinculada a su actividad privada antes de acceder al cargo.

También ha señalado que si existe alguna instrucción judicial que obligue a aplicar medidas sobre la nómina de la vicepresidenta, la institución actuará conforme a la ley, como hace con otros casos que llegan al departamento de Recursos Humanos y afectan a trabajadores que puedan verse envueltos en situaciones similares.

Extremadura es una región históricamente olvidada, con déficits importantes en infraestructuras e inversiones. Estamos a la cola en casi todo. Pobreza, despoblación, listas de espera sanitarias, ratios educativas, empleo, e incluso, condiciones laborales. De hecho, a nadie se le escapa que los extremeños y extremeñas somos los peor pagados del país. Son muchos los sectores que llevan años reclamando mejoras salariales, entre ellos los docentes, que han protagonizado una de las mayores huelgas educativas de la región, cansados ya de las promesas rotas de María Guardiola. No es justo que sean los peores pagados del país. Ni tampoco es justo que la última homologación se haya hecho hace más de 20 años. 

No son los únicos trabajadores públicos que están reivindicando que sus sueldos se asemejen a los del resto del país (acompasándose así también al coste de la vida). Este mismo viernes el colectivo de trabajadores públicos han protestado frente a Presidencia de la Junta de Extremadura para reclamar un incremento salarial que les permita llegar mejor a fin de mes. 

Estos trabajadores públicos no son solo aquellos que están sentados en altos despachos, que cobran grandes salarios, sino que también son aquellos que limpian, cuidan, mejoran, cocinan y mantienen los servicios públicos fundamentales. A estos empleados públicos, sobre todo, que son los que llevan las cargas más pesadas con los sueldos más bajos, es a quienes más se tiene que incrementar sus retribuciones. 

Desde Unidas por Extremadura estamos totalmente comprometidos con la justa homologación salarial de los trabajadores públicos. De hecho, es algo que va a estar incluido en nuestro programa electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Pero también creemos que las condiciones laborales del conjunto de la ciudadanía extremeña tienen que mejorar. 

Es cierto que, gracias al trabajo, empuje y compromiso de nuestro espacio político, se han conseguido logros en los últimos años. Revertir la nefasta reforma laboral del PP ha sido uno de ellos, aunque todavía queda bastante margen de mejora en la que tenemos actualmente. Incrementar el SMI, el Salario Mínimo Profesional, ha sido otra. Esta última importantísima para una región como Extremadura, que ha beneficiado a más de 70.000 personas. Se ha pasado de 735 euros a 1.184. Se ha subido el sueldo en 450 euros más al mes. Y esto ha sido posible, a pesar del Partido Popular y Vox, que siempre, siempre, han votado en contra de las mejoras de las condiciones económicas de la mayoría trabajadora. 

Cuando la gente corriente necesita de políticas que les hagan avanzar y mejorar, las derechas nunca están. Y si no, que se lo pregunten al profesorado extremeño, que en 2023, en plena campaña electoral, les prometieron que nada más llegar a Presidencia iban a acometer la homologación salarial. Dos años y medio después, la realidad es que siguen igual. 

¡Todavía serán capaces de volverlo a prometer esta campaña electoral! 

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, percibió un total de 61.822,79 euros netos de la Junta de Comunidades, mientras el presidente, Emiliano García-Page, cobró 59.689,12 y el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, 57.421,15. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, fue el que menos cobró de todo el Consejo de Gobierno, al percibir 54.300,88 euros.

Así consta en la resolución de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, que ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press.

Según dicha resolución, el titular del Ejecutivo castellanomanchego, además de los 59.689,12 euros netos cobrados de su cargo, también percibió 18.757 como diputado de las Cortes regionales y 2.024,20 de intereses de cuentas, depósitos y activos financieros. Declara un saldo medio en cuentas bancarias de 53.833,27, y 281.404,17 y 272.835,98 euros en Fondos de inversión, seguros de vida o rentas temporales y vitalicias.

Por su parte, el vicepresidente primero, a los 57.421,15 euros del Gobierno regional añade 18.757 de las Cortes, donde también es diputado autonómico. Declara 21.986,79 euros de saldo medio en cuentas bancarias, 3.952,12 y 4.559,61 en acciones o fondos de inversión; 25.120,84 y 9.160,02 en seguros, y 254.214,80 en un plan de pensiones.

Mientras, José Manuel Caballero, recibió 61.822,79 ingresos netos como vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, más 18.757 de Cortes, donde es parlamentario. Expone haber recibido 43.567 en arrendamientos, y un saldo medio en cuentas bancarias de tres entidades que suman 94.413,53 euros.

Sueldos de los consejeros al cierre de 2024

Juan Alfonso Ruiz Molina, como consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital recibió 59.357,11 euros netos, y dice tener 42.083,34 euros en cuentas bancarias. Asimismo, registra 20.186,55 en un fondo de inversión y 47.097,45 euros de un plan de pensiones.

De su lado, la titular regional de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, cobró por su cargo 59.244,92, declara tener un saldo medio en cuentas bancarias de 102.746,78 euros y 54.600 en acciones y participaciones en el capital social. También anota 148.593,04 en un plan de pensiones.

En el caso del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha percibido 59.025,39 euros netos del Ejecutivo, declara un saldo medio en cuentas bancarias de 22.167, 10.662 euros en un fondo de pensiones y 150.000 euros en un seguro de vida.

Mientras el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, cobró 56.992,96 euros netos y declara 41.783,27 en una cuenta corriente, Bárbara García Torijano percibió 55.386,28 euros como consejera de Bienestar Social. También anota 6.000 del alquiler de una vivienda, 37.634,87 en tres cuentas bancarias y 1.778,87 en un plan de pensiones.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, recibió por esta labor 54.904,02 euros del Ejecutivo regional, y dice haber recibido 1.200 euros de un arrendamiento. Tiene dos cuentas bancarias con 15.556,32 euros y 500 euros en acciones.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ingresó 54.898,91 euros netos de su cargo en el Gobierno castellanomanchego, y declara 16.983,80 de saldo media en cuantas bancarias.

Mientras Sara Simón recibió 54.450,65 euros netos como consejera de Igualdad y revela un saldo medio en cuentas bancarias de 17.009,53, Nacho Hernando ingresó 54.416,30 euros por su labor como consejero de Fomento. En cuentas corrientes registra 23.773,41 euros, 70,10 en acciones de capital social y 25.000 euros de un seguro de vida asociado a una hipoteca.

Cierra el rango salarial el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que cobró de la Junta de Comunidades 54.300,88 euros. Declara tener 42.571,07 euros de saldo medio en cuentas bancarias, 1.037 en acciones; 8.860,06 en un fondo de pensiones y 25.316,66 en un plan de pensiones.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y diputado autonómico además de senador, ha incorporado recientemente a su equipo a un jefe de Gabinete, Víctor Ruiz de Almirón López, para que le asesore. Sin embargo, según ha informado este miércoles la Cadena Ser, su salario corre a cargo del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, pese a que Serrano no desempeña funciones directas en la actividad del partido en Cibeles.

Víctor Ruiz de Almirón López aparece registrado en el Portal de Transparencia como personal eventual de nivel 28 desde abril, con un salario de 63.159 euros anuales. También ocurre con Cristina Ramos García-Patrón, otra periodista en nómina de personal eventual de nivel 24, con un sueldo anual de 51.429,36 euros. Ramos es la ‘número dos’ del área de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid (no del Ayuntamiento).

El Grupo Municipal Popular argumenta que Ruiz de Almirón “hace asesoría política” para ellos, según han explicado a elDiario.es. La Cadena SER señala que hasta ahora no constaba entre los trabajos conocidos por los periodistas que cubren la información local. Los populares aseguran a la Cadena Ser que Ruiz de Almirón compagina estas labores con la “asesoría a Serrano y otros cargos del partido”, sin especificar cuáles. “Los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido”, dicen desde Génova. Una portavoz subraya que “es algo habitual” y pide “diferenciar los asesores de Gobierno y los de los grupos”, pero evita aclarar si el PP madrileño abona un salario adicional por las funciones desempeñadas para ellos.

El decreto de 2014 que regula el personal eventual del Ayuntamiento establece que “su nombramiento y cese son libres”, pero no contempla que los partidos políticos puedan trasladar a los grupos municipales el coste de sus trabajadores. La única excepción prevista es que, de manera justificada, el personal pueda prestar servicios a otros órganos superiores o directivos integrados en los servicios generales del Ayuntamiento, lo que implica que sus tareas deben limitarse al ámbito municipal.

Ocurre lo mismo con la 'número dos' del área de comunicación del PP

El caso de Ruiz de Almirón no es aislado. Al menos desde agosto de 2023, el Grupo Municipal Popular también paga el salario de Cristina Ramos García-Patrón, otra periodista en nómina de personal eventual de nivel 24, con un sueldo anual de 51.429,36 euros. Sin embargo, Ramos es la ‘número dos’ del área de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid y no del Ayuntamiento.

Por su parte, consultado por este periódico, el Grupo Municipal del PP argumenta que la periodista “se encarga de la coordinación entre el Grupo Municipal y el partido en lo que a prensa se refiere”. En su perfil de LinkedIn, Ramos no menciona experiencia vinculada al Ayuntamiento, destacando únicamente su labor como asesora de prensa del PP de Madrid desde junio de 2022. También es el caso del perfil de Ruiz de Almirón, en el que consta como “jefe de gabinete de la secretaría general” en el PP de Madrid, sin mención al Consistorio, y como él, Ramos evita hacer comentarios y remite a la información difundida por el partido.