La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes solicitar al Promotor de la Acción Disciplinaria que abra un expediente al juez Eloy Velasco por sus descalificaciones a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. La decisión ha sido acordada gracias a los votos de los vocales progresistas, a los que se ha sumado la presidenta, Isabel Perelló. 

El Promotor había propuesto el archivo de la diligencia informativa abierta a raíz de las quejas recibidas por las declaraciones del magistrado. En su resolución de archivo, consideraba que esas manifestaciones carecen de relevancia disciplinaria porque fueron realizadas en un foro de debate, y, por tanto, al margen de la actuación judicial. También argumentó que el juez había abordado un tema de actualidad como es el consentimiento en las relaciones sexuales. En ese momento, afirma el Promotor, desde determinados sectores se venía polemizando en torno a las interpretaciones de ese concepto por parte de los jueces.

Además, la autoridad disciplinaria señalaba que las manifestaciones tampoco encajan en la conducta que tipifica el artículo 417.2 de la ley del Poder Judicial. Ese artículo prohíbe a los jueces dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición. Según el Promotor, no consta que el magistrado hiciese invocación expresa de su condición para formular su crítica, y menos que, a tal efecto, se sirviese de la misma.

La Comisión Permanente no comparte los argumentos del Promotor, por lo que ha acordado ordenarle que le abra un expediente disciplinario. La decisión se ha adoptado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta Perelló. Los vocales elegidos a iniciativa del PP —Pilar Jiménez Bados, José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal— han anunciado un voto particular dado que discrepan de la decisión de la mayoría.

Interrogatorio a Elisa a Mouliaá

Por otro lado, el Promotor ha acordado archivar la investigación abierta al juez de Madrid Adolfo Carretero por su incisivo interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá en el marco de la causa abierta tras la denuncia que ella interpuso contra Iñigo Errejón por una supuesta agresión sexual.

La autoridad disciplinaria considera que el magistrado pudo emplear términos o expresiones que resultan incómodos o formulara preguntas dirigidas a contrastar la veracidad de la versión de la actriz, pero dirigió la declaración sin cometer ninguna infracción disciplinaria. En su resolución de archivo, el Promotor explica que la visión descontextualizada de tan solo una parte de la grabación ofrece una realidad inexacta o distorsionada, que no se corresponde con la que se constata una vez visionada en su integridad.

En los vídeos que trascendieron del interrogatorio Carretero llegó a calificar de “extraña” una “parte” de su acusación y cuestionó, incluso, que hubiera denunciado al expolítico por despecho. Preguntas como “¿no sería que usted sí quería algo con él?”, “¿cómo se va usted con este señor a su casa?” o “¿para qué se sacó (él) el miembro viril?” plagaron una comparecencia en la que el juez no dejó de cortar a la denunciante con un tono severo e incisivo. El Promotor llegó a recibir más de 900 quejas y denuncias en relación con la actuación de Carretero en este caso.

Por último, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de la resolución del Promotor por la que acuerda archivar la diligencia informativa abierta el pasado abril contra Ángel Hurtado, el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa contra el fiscal general del Estado. En las quejas se señalaba que el instructor había faltado a sus deberes judiciales difundiendo datos personales innecesarios para la investigación, alargando el procedimiento más de lo necesario con una actuación dolosa y con mala fe.

En su resolución de archivo, el Promotor señala que esas afirmaciones no guardan la menor relación con hechos de naturaleza disciplinaria y que constituyen aspectos propios de la instrucción. Añade, en este sentido, que cualquier desacuerdo o crítica que se pretenda realizar contra las decisiones contenidas en las resoluciones judiciales debe encauzarse a través del sistema de recursos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes por unanimidad solicitar al Promotor de la Acción Disciplinaria que siga investigando al juez Eloy Velasco por sus descalificaciones a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. La Permanente también ha rechazado archivar la investigación abierta contra el juez de Madrid Carlos Valle, que comparó una broma sobre el Valle de los Caídos con una amenaza de apedrear a homosexuales.

Con esta decisión, el llamado ‘núcleo duro’ del CGPJ rechaza la propuesta que había realizado la autoridad disciplinaria, que proponía archivar ambas investigaciones. Por contra, los vocales de la Comisión Permanente creen que sí hay base para, al menos, seguir adelante con las pesquisas. Las diligencias informativas constituyen un primer paso, se abren cada vez que se recibe una queja —unas 600 al año— e incluyen dar la oportunidad a los afectados de que hagan las alegaciones que consideren oportunas. 

La ley establece que, tras concluir las diligencias, el Promotor tiene que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente. Este órgano es que le ha ordenado este martes dar marcha atrás.

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado, que intentó sin éxito presidir la Audiencia Nacional, aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

El CGPJ también recibió varias peticiones de investigar al juez de Madrid Carlos Valle después de que trascendiera que durante un interrogatorio al cómico Héctor de Miguel 'Quequé' comparó una broma sobre el Valle de los Caídos con una amenaza de apedrear a homosexuales.

El juez ha procesado a ‘Quequé’ por bromear en el programa Hora Veintipico con “llenar de dinamita” el Valle de los Caídos para, con los restos de la cruz, apedrear a los “curas pedófilos”. El juez considera que el humorista ha incitado al odio contra los sacerdotes. 

La Cadena SER hizo público un fragmento del interrogatorio en el que el juez compara la broma de Quequé con volar la madrileña plaza de Pedro Zerolo. “A ver si usted, aunque fuera en un programa de humor en el que se dijera: 'A ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el día del Orgullo, y se las tiramos a todos los homosexuales que han abusado de niños'. Es decir, todos los homosexuales. ¿Qué le parecería a usted en esa situación?”, preguntaba Valle.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha empezado a dar pasos para actuar disciplinariamente contra miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra Irene Montero. El Promotor de la Acción Disciplinaria, un cargo dentro del órgano de gobierno de los jueces, ha abierto recientemente diligencias informativas al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara, reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar. También ha iniciado las pesquisas sobre el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”.

La apertura de diligencias informativas es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción. Se abren cada vez que se recibe una queja —unas 600 al año—. No obstante, las fuentes consultadas sostienen que la “celeridad” con la que el órgano ha actuado en ambos casos apunta a un cierto cambio de tendencia en la forma de proceder ante este tipo de descalificaciones en el nuevo mandato del CGPJ que se inició el pasado verano. 

El anterior órgano, de amplia mayoría conservadora, rechazó sancionar a jueces como Ruiz de Lara, que llamó “psicópata sin límites éticos” a Sánchez, “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. O Manuel Piñar, el juez del 'caso Juana Rivas', que insultó al jefe del Ejecutivo y otros miembros del Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias, el ministro Grande Marlaska o la exministra Montero.

Lo hizo con el argumento de que no se había podido acreditar que hubieran invocado su condición profesional cuando vertieron esos descalificativos en sus redes sociales —en las que figuraban con sus nombres y apellidos y se presentaban como jueces— y que se habían limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como meros ciudadanos. 

Entonces, el órgano llegó incluso a pedir al legislador una revisión de los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. Ante la ausencia de una regulación expresa, el órgano determinó que para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional debían darse dos premisas: que el comentario tuviera carácter sancionable —una “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos o instituciones”, por ejemplo— y que en el momento de hacerlo su autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su opinión. 

No obstante, vocales consultados creen que la tesis que siguió el órgano anterior no era más que una “excusa” y creen que hay instrumentos legales suficientes como para sancionar este tipo de conductas que, a su juicio, atentan contra la independencia judicial. “La independencia debe reivindicarse en todos los sentidos. No se puede invocar la condición de juez solo cuando resulta beneficioso”, sostiene un vocal. 

De hecho, el CGPJ sí ha sancionado a jueces y magistrados por sus declaraciones públicas en actos, conferencias o incluso en medios de comunicación sin necesidad de esa regulación específica. Sin embargo, el argumento que dio el CGPJ en los casos archivados de Ruiz de Lara y Piñar es que la participación en redes sociales propicia una situación novedosa en la que los usuarios intervienen de forma voluntaria, sin ser convocados por su cargo y que, por tanto, queda a su arbitrio hacer valer o no su condición. 

Insultos reiterados

Estos nuevos asuntos están ahora en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria, un puesto que ocupa desde 2017 el magistrado Ricardo Conde. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo el pasado 18 de diciembre. El siguiente paso será poner en marcha las pesquisas, que incluyen dar la oportunidad a los afectados de que hagan las alegaciones que consideren oportunas. Después tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En el caso de Ruiz de Lara la diligencia informativa viene motivada por dos mensajes recientes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el pasado 14 de diciembre, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por elDiario.es explican que en el último pleno, celebrado el pasado 18 de diciembre, se acordó remitir a la autoridad disciplinaria el primero de esos mensajes. Este lunes, el Promotor acordó la apertura de una investigación en relación con ambos comentarios. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, es portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ.

Es la tercera vez que Ruiz de Lara se enfrenta a un procedimiento disciplinario en el CGPJ. En junio de 2017, con Carlos Lesmes como presidente, el órgano le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones a Lesmes sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después.

Ataques a Irene Montero

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado, actual candidato a la presidencia de la Audiencia Nacional, aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre y por la que le investiga el CGPJ, tal y como adelantó infoLibre el pasado 9 de diciembre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

Montero respondió en redes sociales al juez de la Audiencia Nacional tras publicarse su intervención en dicha conferencia. “De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar”, dijo entonces a través de un mensaje en X, para agregar que esa formación específica para magistrados lo mandatan las leyes y lo dice la ONU. “Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa”, añadió.

Este lunes, volvió a publicar otro mensaje en X: “Sería histórico que en 2025 la autoridad disciplinaria del CGPJ obligue al juez Eloy Velasco a estudiar la Ley Solo sí es sí, el derecho a la libertad sexual y el consentimiento. Con examen final y todo. Seguro que va a por el 10”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa al juez Eloy Velasco, actual candidato a la presidencia de la Audiencia Nacional, por sus descalificaciones contra la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. En concreto, el magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre y por la que le investiga el CGPJ tal y como adelantó InfoLibre el pasado 9 de noviembre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha incoado estas diligencias como paso previo a decidir si abre o no expediente disciplinario. Además, fuentes jurídicas citadas por la agencia Europa Press señalan que la diligencia informativa es un procedimiento “habitual” que se realiza cada vez que se recibe una queja –“este año van unas 600”– para determinar si hay materia disciplinaria y si procede o no abrir expediente.

El promotor ha actuado tras recibir una queja de un particular a raíz de las manifestaciones que el juez Velasco realizó sobre Podemos en una conferencia el pasado 13 de noviembre que posteriormente fueron recogidas en un vídeo publicado por El País.

Montero respondió en redes sociales al juez de la Audiencia Nacional tras publicarse su intervención en dicha conferencia. “De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar”, dijo a través de un mensaje en 'X' para agregar que esa formación específica para magistrados lo mandatan las leyes y lo dice la ONU. “Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa”, añadió.

Este lunes, ha vuelto a publicar otro mensaje en X: “Sería histórico que en 2025 la autoridad disciplinaria del CGPJ obligue al juez Eloy Velasco a estudiar la Ley Solo sí es sí, el derecho a la libertad sexual y el consentimiento. Con examen final y todo. Seguro que va a por el 10”.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cargó contra Podemos y contra la exministra de Igualdad Irene Montero durante una conferencia por la conocida como la ley del 'solo sí es sí', aprobada en 2022. “Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento (...) y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona”, afirmó Velasco, como se puede ver en un vídeo publicado por El País.

Sus palabras tuvieron lugar en una conferencia en la V Semana Internacional del Compliance, celebrada el 13 de noviembre, un evento en el que los participantes pagan entre 300 y 400 euros por asistir. La previsión era que Velasco hablase durante hora y media en un curso de peritaje y utilizó parte de su tiempo para criticar al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos.

Entre otras cosas, el magistrado puso en duda su legitimidad: “Entiendo que, cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones, y tienes cuatro gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido [PSOE] para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado [PP], tu legitimidad es bastante menor que si hubieras ganado las elecciones”. Velasco se refiere a las últimas elecciones, en las que Podemos, que concurrían dentro de Sumar, fueron en conjunto la cuarta fuerza más votada, no la quinta.

Velasco, que fue instructor de las tramas Púnica o Lezo, afirma que el PSOE dejó las “asignaturas marías” —en referencia al reparto de ministerios en la coalición— para el partido liderado actualmente por Ione Belarra y “las importantes” para los socialistas. “No sé si se han creído muy importantes, pero es lo que les hicieron”, insiste.

En ese momento es cuando el magistrado asegura que en esta formación “se creyeron” que estaban “enseñando el mundo” a los juristas cuando el Ministerio de Igualdad sacó adelante la ley del 'solo sí es sí'. “A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás”.

El País, que ha tenido acceso a los extractos sobre Podemos, asegura en su información que la asociación que organiza el evento ha rechazado facilitar la grabación completa de la charla de Velasco.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, primer instructor de los casos de corrupción Lezo y Púnica, ha lamentado este miércoles la falta de medios de la justicia para luchar contra la delincuencia económica.

“Los plazos se alargan y los jueces somos lentos porque no tenemos inversiones. Si tuviéramos gente, maquinas que nos ayudaran, las investigaciones serían más cortas y resolveríamos antes”. “No hay dinero, pues no hay justicia. Hay la justicia que el dinero que se invierte en ella es capaz de dar” y gracias al “mucho esfuerzo por parte de los jueces que con muy pocas herramientas no dan los plazos que quisiéramos dar”, ha señalado a la prensa tras intervenir en la jornada ‘Risk Revealed’ sobre delitos financieros, organizada en Madrid por Refinitiv.

Preguntado por si se está encontrando la Audiencia Nacional suficiente colaboración de las grandes empresas que actualmente tienen abiertos procedimientos penales en esa instancia, Velasco ha criticado la polémica reforma legal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para acortar los plazos de instrucción de los procedimiento penales y, sin citarlo expresamente, ha mandado un recado al BBVA, imputado en el caso Villarejo.

“Hubo una reforma hace poco de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que todo juez tiene que acabar una investigación en seis meses. Y para una que está haciendo un banco, que tiene 20.000 veces más personal que cualquier juez y que tiene 20.000 veces más ayudas que cualquier juez, ha pasado un año y todavía no ha hecho una sola investigación”.

El magistrado ha calificado de “feo” que a los jueces, que llevan además de esa investigación “otras 40 o 50 tan complicadas como esa”, se les exija un plazo para acabar las mismas.

Velasco ha recordado que, tras la reforma del Código Penal que en 2010 contempla la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la inmensa mayoría de las condenas penales a sociedades mercantiles han recaído sobre pymes.

Si es “raro” que lleguen casos de grandes compañías a los juzgados es “porque ellas sí que tienen implementadas políticas de prevención y tienen áreas de Compliance que lo tratan de evitar” y por el elevado peso de las pequeñas y medianas compañías en el tejido empresarial español.

“Lo que está llegando a los tribunales son empresas pequeñas que no tienen gente especialmente dedicada a esto y que ni siquiera buscan un asesor externo”, y “muchas” de las sociedades condenadas “en breve plazo dejan de existir porque no pueden soportar las multas o las infracciones que se pueden poner desde un juzgado”.

“Para nosotros es complicado como jueces porque muchas veces tenemos que intentar sancionar a la empresa sin acabar con los puestos de trabajo porque los trabajadores no tienen la culpa de lo que puedan hacer algunos de los directivos. Porque hemos comprobado, y esto es estadística pura, que en el 90 y pico por ciento de los casos” el responsable de la acción criminal “es el directivo, no el trabajador”.

El Tribunal Supremo ha anulado este jueves el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se acordó mantener adscritos a los magistrados Eloy Velasco y Enrique López a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, después de que el alto tribunal dictase una sentencia en la que tumbó sus nombramientos para dicha sala.

El Supremo ha llegado a esta conclusión tras estudiar el recurso de la magistrada de la Audiencia Nacional Manuela Fernández de Prado —que obtuvo una de las plazas para esta Sala—, que sostenía que dicha adscripción en ejecución de sentencia suponía imponer por la vía de hecho la permanencia de estos magistrados en las plazas cuyo nombramiento había sido declarado contrario a derecho.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que el CGPJ al dictar este acuerdo fue más allá del alcance de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de abril por el que anulaba dichos nombramiento y se ordenaba unos nuevos conforme a los criterios que estableció. Asimismo, entiende que el órgano de gobierno de los jueces se “excedió” y adoptó una decisión “sin fundamento y en una actitud puramente voluntarista”.

En un auto dictado este miércoles en el que anula precisamente el apartado 1.1-13-3 del acuerdo del CGPJ, del pasado 16 de mayo, en el que se fijó la adscripción de Velasco y López, al mismo tiempo que se señalaba que debían concursar para adquirir la plaza en propiedad.

Dicho acuerdo indicaba también que esta decisión se hacía “sin perjuicio de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en el supuesto de insuficiencia de trabajo en la Sala de Apelación, pudiera proponer una adscripción obligatoria, en régimen de comisión de servicio sin relevación de funciones, en función de las necesidades del servicio”.

Además, los magistrados de la Sala Tercera del Supremo explican que la decisión del destino profesional de los magistrados afectados no puede hacerse en ejecución de la sentencia, sino en un acto administrativo independiente de aquella “y por tanto susceptible de control tanto en vía administrativa como posteriormente en vía jurisdiccional”. “No existe por tanto fraude procesal”, añade.

La adscripción no es una “cuestión ajena”

Y así lo entiende también el tribunal, que estima el recurso de la veterana jueza de la Audiencia Nacional. En este sentido, rechaza los argumentos del abogado del Estado, que representa en este caso al órgano de gobierno de los jueces, que considera que Fernández de Prado carece de legitimación para recurrir dicho acuerdo, ya que la sentencia del Tribunal Supremo se había ejecutado a su favor y la decisión de la adscripción de sus compañero era una “cuestión ajena”.

Por otro lado, el Supremo tampoco acepta la alegación de los servicios jurídicos del Estado sobre que en dicha resolución nada se dice sobre el destino o situación que debía darse a los magistrados de la Audiencia Nacional. Para el alto tribunal, “son múltiples las opciones sobre la decisión a tomar en orden al devenir profesional” de López y Velasco.

Por último, la Sala Tercera del alto tribunal critica que el abogado del Estado se haya limitado a hacer una sinopsis del informe elaborado por el CGPJ, pues según dice, teniendo en cuenta que representa al “órgano de gobierno del Poder Judicial”, debería “extremar el respeto por el ordenamiento jurídico, los principios que lo rigen y las sentencias de los distintos órganos jurisdiccionales”.

La Abogacía del Estado cierra filas con el Consejo General del Poder Judicial en su decisión de mantener a Enrique López en la cúspide de la Audiencia Nacional, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que establece que su nombramiento y el de Eloy Velasco fueron irregulares. La asesoría jurídica del Gobierno rechaza el incidente de ejecución presentado por la magistrada Manuela Fernández de Prado, uno de los legítimos miembros de la Sala de Apelación según la sentencia del Supremo, al considerar que no está legitimada para oponerse a la decisión sobre López y Velasco, y añade que el recurso presentado por la jueza está “ayuno de fundamentación jurídica”.

Manuela Fernández de Prado y Ángel Hurtado ocuparán los puestos de Enrique López y Eloy Velasco en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Pero los magistrados que fueron nombrados de forma irregular seguirán adscritos a la misma, según la decisión de la comisión permanente del CGPJ, el órgano de liberados del Poder Judicial de mayoría conservadora. Con el presidente, Carlos Lesmes, al frente, el CGPJ adoptó esta decisión en su periodo de interinidad, cuando ya se había cumplido su mandato de cinco años y sin que los partidos hayan logrado aún acordar su renovación.

La decisión de Lesmes y su comisión permanente supone que si hay carga de trabajo o causan baja alguno de los legítimos miembros de esa Sala de Apelación, López y Velasco intervendrán en sus resoluciones. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional es un órgano creado hace dos años para dar respuesta a la demanda europea de una segunda instancia en el tribunal especial español. Pese a que su creación fue aprobada por el Gobierno de Aznar, su puesta en marcha coincidió con la polémica por las grabaciones en las que Ignacio González proponía en un pinchazo telefónico que el juez Eloy Velasco dejara el juzgado que le investigaba.

El ascenso de Velasco a la Sala de Apelación motivó que dejara el Juzgado de Instrucción número 6, que instruye aún el caso Lezo. En cualquier caso, el sector progresista de la judicatura denuncia que el verdadero objetivo de la creación de la Sala de Apelación era situar en un puesto estratégico al otro magistrado, Enrique López, apartado de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP y por el que los conservadores pelearon durante años para aupar al Tribunal Constitucional. López tuvo que dejar el TC tras ser detenido por conducir su motocicleta de madrugada borracho y sin casco, y volvió a su plaza en la Audiencia Nacional.

El CGPJ nombró a López y Velasco alegando el mérito de su especialización en derecho penal, en realidad un sencillo curso que realizaron hace dos décadas, y despreciando otra especialización posterior que había sido anulada en parte por el Supremo y que hubiera dado la plaza a otros jueces. Un grupo de magistrados recurrió la decisión y la Sala Tercera del Alto Tribunal les dio la razón. Fue entonces cuando Lesmes maniobró y, junto a la comisión permanente del CGPJ, determinó que López y Velasco debían quedar adscritos al órgano de la Audiencia Nacional al que pertenecían. En lugar de la Sala de lo Penal, el CGPJ entendió que ese órgano es la nueva Sala de Apelación a la que accedieron de modo irregular.

Manuela Fernández de Prado presentó un incidente de ejecución y el Supremo dio un plazo de diez días al CGPJ para que informara del “grado de ejecución” de su sentencia. La Sala también dio traslado a la Abogacía del Estado para que se pronunciara. De ahí, el escrito de José Ramón Rodríguez Carbajo, de dos páginas, en el que asegura que Fernández de Prado no es quién para recurrir la última decisión del CGPJ sobre López y Velasco.

“Carece de todo interés legítimo”

El abogado del Estado añade que Fernández de Prado, una magistrada progresista con más de 25 años de experiencia en la Audiencia Nacional, “carece de todo interés legítimo propio para impugnar la adscripción de los señores López y Velasco”. “La sentencia a ejecutar nada dice sobre el destino o situación que ha de darse a los magistrados señores López y Velasco, por lo que mal puede decirse que la sentencia está mal ejecutada por haberse adscrito a los mismos a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional”, dice el representante de la Abogacía del Estado en el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Para Rodríguez Carbajo, el escrito de Fernández de Prado “no invoca precepto alguno que haya sido vulnerado por la referida adscripción de los señores López y Velasco, por lo que debe considerarse ayuno de fundamentación jurídica más allá de su no compartida tesis de que vulnera la ejecución debida de la sentencia dictada en este recurso”.

La decisión del CGPJ recurrida no obtuvo respaldo unánime en la comisión permanente. Los vocales Álvaro Cuesta y Rafael Mozo se opusieron. El acuerdo de la mayoría causó indignación entre las asociaciones judiciales. La fórmula, dijeron en un comunicado Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, “carece de la necesaria claridad por cuanto parece contemplar una adscripción indefinida en el tiempo, lo que consideramos que resultaría contrario a lo fallado por el Tribunal Supremo”.

Los dos vocales discrepantes habían pedido que Velasco y López quedaran adscritos a sus destinos originarios, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o de forma genérica a la Audiencia Nacional. Las asociaciones judiciales respaldaban este punto. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó el pasado 30 de mayo una diligencia de ordenación en la que concede diez días al CGPJ “a fin de que informe sobre el grado de ejecución de la sentencia” que anulaba el nombramiento de Velasco y López. Fuentes jurídicas aseguran que el CGPJ ya ha contestado al Supremo limitándose a trasladarle el acuerdo de su comisión permanente y la normativa en la que se basa.

El Tribunal Supremo ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial exigiéndole que en diez días le informe del grado de cumplimiento de la sentencia que anula los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. La mayoría conservadora del Poder Judicial aprobó a mediados de mayo una maniobra para mantener a López -magistrado apartado de los juicios de Gürtel por su afinidad con el PP- y Velasco en la más alta instancia de la Audiencia Nacional pese al fallo del Tribunal Supremo.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional es una histórica demanda europea a España por la ausencia de una segunda instancia dentro del tribunal especial. Aprobada su creación por el Gobierno de Aznar, su puesta en marcha se vino retrasando hasta coincidir con la polémica por las grabaciones en las que el expresidente de la Comunidad de Madrid pedía en una grabación del caso Lezo que se retirara a Velasco del caso del que era instructor.

Eloy Velasco y Enrique López fueron aupados a esa nueva Sala de Apelación por el CGPJ en base a un curso que habían realizado ambos hace más de dos décadas y despreciando otro similar que cursaron otros aspirantes. López es uno de los jueces de referencia del PP, al que durante años trató de meter en el Tribunal Constitucional y que fue recusado del caso Gürtel por su proximidad a este partido.

Pero el pasado marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso que pusieron dos magistrados -Manuela Fernández Prado y Carlos Valle- contra los nombramientos de Velasco y López. La sentencia apuntaba a que a los dos ascendidos se les valoró como mérito un curso de menor entidad que el que habían superado los aspirantes que se quedaron fuera. Para entonces, los dos magistrados, más el presidente de la Audiencia Nacional, el también conservador José Ramón Navarro, habían firmado fallos como la sentencia que confirma las penas para los jóvenes de Altsasua.

El CGPJ resolvió que los dos magistrados con más méritos, según el nuevo criterio a raíz de la sentencia del Supremo, eran la recurrente Manuela Fernández de Prado, de corte progresista, y el magistrado conservador Ángel Hurtado. Sin embargo, la comisión permanente del CGPJ, una versión reducida del Poder Judicial también de mayoría conservadora y encabezada igualmente por Carlos Lesmes, decidió que Velasco y López seguirían en la Sala de Apelación, acompañando a los dos magistrados con más méritos, “debiendo concursar para obtener su plaza en propiedad”. En contra votaron los integrantes de esa comisión permanente Álvaro Cuesta y Rafael Mozo.

La decisión causó indignación entre las asociaciones judiciales. La fórmula, dijeron en un comunicado Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, “carece de la necesaria claridad por cuanto parece contemplar una adscripción indefinida en el tiempo, lo que consideramos que resultaría contrario a lo fallado por el Tribunal Supremo”. “En tal sentido, solicitamos de esta comisión permanente que aclare cuáles son los límites temporales y funcionales de dicha adscripción”, añadían en su nota.

Los dos vocales discrepantes habían pedido que Velasco y López quedaran adscritos a sus destinos originarios, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o de forma genérica a la Audiencia Nacional. Las asociaciones judiciales respaldaban este punto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó el pasado 30 de mayo una diligencia de ordenación, adelantada por vozpopuli.com, en la que concede diez días al CGPJ “a fin de que informe sobre el grado de ejecución de la sentencia” que anulaba el nombramiento de Velasco y López“. El Supremo responde así a un recurso presentado por los recurrentes Manuela Fernández de Prado y Carlos Valle.

El Tribunal Supremo ha anulado los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco como miembros de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en mayo de 2017.

En una sentencia cuyo fallo ha sido adelantado este jueves, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha estimado los recursos de su compañera de la Audiencia, la jueza de lo Penal Manuela Fernández Prado, y del juez de instrucción de Madrid Carlos Valle, que también se postularon a dichas plazas.

Los nombramientos también los recurrieron otros cuatro magistrados de la Audiencia Nacional, alegando su condición de especialistas en Derecho Penal frente a la capacitación de los dos ganadores del concurso.

Ese recurso de Fernández Prado y sus compañeros Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez y Clara Bayarri lo rechazó en junio de 2017 la Comisión Permanente del CGPJ y lo dejó así en manos del Tribunal Supremo, que ahora ha resuelto revocar los nombramientos.

La nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional comenzó a funcionar el 1 de junio de 2017 como una nueva instancia ante la que se pueden recurrir las sentencias de este órgano y está formada por tres magistrados: Eloy Velasco, Enrique López y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Velasco se incorporó a ella después de haber ejercido en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, donde accedió en 2008 tras la salida del instructor del 11M, Juan del Olmo. Allí, Velasco instruyó causas de corrupción como Lezo y Púnica.

Enrique López, que ostenta una plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia, accedió también a la Sala de Apelaciones tras ser nombrado por el CGPJ. En la Sala de lo Penal, y tras un breve paso por el Tribunal Constitucional, fue recusado por el pleno para formar parte del tribunal del caso Gürtel por sus vínculos con el PP.

Desde que entró en marcha, la Sala de Apelaciones ha tomado decisiones como ratificar que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 no fue terrorismo y confirmar el archivo de la causa para investigar al gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad, por entender que tampoco era terrorismo.

Las numerosas protestas contra el magistrado Ricardo González por su voto particular en la sentencia contra 'la manada' han salpicado indirectamente a otro juez. Se trata de Eloy Velasco, al que la organización juvenil Arran confundió con González y puso su foto en lugar de la este último en un cartel publicado en redes sociales.

En su montaje, Arran quería rechazar la actuación de dos de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra responsables del fallo en el caso de la violación a la joven madrileña. La organización independentista quería cargar así contra Ricardo González, al que confundieron con Velasco, y contra José Francisco Cobo, que leyó la sentencia y cuya foto sí es correcta.

El tuit fue publicado el pasado 26 de abril, cuando se conoció la sentencia. Arran no ha rectificado desde entonces. Actualmente, Velasco está destinado en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves nombrar al magistrado Diego de Egea y Torrón como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que es el órgano que instruye casos de corrupción como “Lezo” y “Púnica”. La decisión ha dividido en dos al órgano de gobierno de los jueces y ha precisado del voto de calidad de su presidente, Carlos Lemes.

De Egea, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, es el candidato que, por orden de preferencia y antigüedad, propuso en primer lugar la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional el pasado 27 de julio de entre todos los que solicitaron la comisión de servicio.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional justificó su preferencia por De Egea, que ingresó en la Carrera Judicial en 1991, en el hecho de que es el más antiguo de los solicitantes entre los ejercientes en la jurisdicción penal y en que ha prestado servicios en este orden durante más de veintitrés años, lo que “evidencia experiencia especialmente valorable para la plaza a desempeñar”.

Lesmes, con los vocales del PSOE

De Egea ha recibido el apoyo Lesmes --que ha emitido voto de calidad, que dirime en caso de empate-- y de los vocales Mar Cabrejas, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, todos ellos designados a propuesta del PSOE.

Los otros cuatro vocales de la Permanente, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya --todos ellos designados a propuesta del PP excepto el primero, por designación socialista-- han votado al magistrado Alejandro Abascal, quien ya conoce casos como el de “Púnica” y otros que lleva este juzgado por haber sido refuerzo en su día del juez Eloy Velasco, quien precedió en este órgano a Manuel García Catellón.

La candidatura de Abascal no había sido incluida por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en la terna de candidatos remitida al CGPJ (que formaban De Egea y el titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres).

La medida de apoyo se fundamenta, según el acuerdo adoptado por la Permanente, en “la reciente incorporación del magistrado titular del Juzgado, el elevado número de asuntos complejos en tramitación y la necesidad de garantizar el desarrollo de la actividad procesal y las actuaciones instructoras del órgano para que no se vean afectadas por paralización por la necesidad de tomas iniciales de conocimiento del magistrado titular”.

El refuerzo se establece inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre. Si se considerara precisa la renovación de la medida, la Audiencia Nacional deberá remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con al menos cuarenta días de antelación a su fecha de vencimiento.

La Audiencia Nacional ha rechazado este viernes investigar los crímenes de los altos mandos del régimen sirio. La Sala de lo Penal ha revocado la decisión del juez Eloy Velasco, que había admitido a trámite la denuncia de una ciudadana española por la detención, tortura y asesinato de su hermano a manos de las tropas de Bashar Al Asad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un recurso contra la admisión a trámite de la denuncia, en el que argumentó que “la interpretación del concepto de 'víctima' que propone la querella (…) carece de la más mínima justificación” y reprochó al juez que hubiese “forzado” la calificación de los hechos para considerarlos terrorismo y desaparición.

La Sala de lo Penal se ha pronunciado este viernes sobre el recurso y comparte el criterio de la Fiscalía En un breve escrito, la Sala comunica que estima el recurso y revoca la admisión a trámite por “falta de jurisdicción para la persecución de los hechos de la querella”.

La denuncia la presentó A. H., ciudadana española, por la desaparición de su hermano Abdul el 17 de febrero de 2013 entre las ciudades sirias Mashta el Helou y Homs. El juez Velasco le tomó declaración el pasado 10 de abril y allí expuso que su hermano, un transportista de frutos secos sin vínculos con la disidencia, fue detenido en un puesto de control por las tropas leales al régimen.

El sobrino de A. H. identificó el cadáver en unas fotos subidas al un foro que un grupo de sirios en el extranjero utilizaba para comunicarse. Un policía sirio que desertó las colgó en internet junto a miles de fotografías de asesinados. Los cuerpos de los fallecidos aparecen en esas imágenes junto a un cartel con un número que les identifica por el centro de detención en el que estuvieron. Era una forma de registrar los asesinatos sistematizados, según los abogados de la denunciante.

Velasco entendió que la Justicia española debía investigar el caso y tomar declaración a ocho altos mandos de Al Asad por delitos de terrorismo y secuestro. El magistrado apuntó que los hechos descritos en la querella serían constitutivos de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada, pero recordó que la reforma de la justicia universal que impulsó el Partido Popular le obligaba a limitar su investigación a los dos últimos delitos de esa lista.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá preguntaron a Arturo Fernández por su relación con Cristina Cifuentes y sobre si el grupo del que es dueño, Cantoblanco, fue favorecido en la adjudicación de la gestión del servicio de cafetería de la Asamblea durante los años 2009, 2010 y 2011. Fernández destacó en su respuesta, durante su declaración como imputado en la pieza separada de la trama Púnica sobre la financiación del PP de Madrid, su “prestigio” y “experiencia” en el sector. La respuesta de Velasco fue categórica: “Le puntuaron la experiencia y eso no se puede puntuar. Tan regular no fue”.

Este contrato, que está siendo investigado por la UCO, fue concedido al grupo de restauración cuando la actual presidenta de la Comunidad de Madrid presidía la Mesa de Contratación. Cifuentes siempre ha mantenido que el informe de esta unidad de la Guardia Civil está “equivocado” y que un juez no apreciaría delito en la gestión que hizo de aquella adjudicación.

“Mis concursos han sido todos más que transparentes y han estado todos dentro de la ley”, dijo el expresidente de los empresarios madrileño con firmeza, a la vez que presumió de su experiencia como restaurador en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Moncloa.

Según Fernández, ese concurso le hacía perder 60.000 euros al año. Para defenderse ante la observación de la regularidad del contrato que hizo el juez, aseguró que mostró su intención de rescindir el contrato en varias ocasiones. “Yo no he amañado nada en mi vida”, insistió.

Las donaciones a Fundescam

Arturo Fernández mantuvo en su declaración que no sospechó que la donación de 60.000 euros que hizo en el año 2007 a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) era utilizado por el PP.

Según el audio de esta declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) explicó que donó 60.000 euros a la fundación madrileña dos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007 como “empresario” porque le pidió una “ayuda”.

“Alguien de la fundación me dijo 'vas a ayudar a la fundación a hacer una participación'” y entonces “la di”, apostilló quitándole hierro al asunto argumentado que este donativo se ha hecho en otras ocasiones a otras fundaciones. En esta línea, Fernández enfatizó, a preguntas de la Fiscalía, que hizo esta aportación a la fundación destinada “al desarrollo de la economía madrileña” haciendo honor a “una frase muy típica” que dicen los “empresarios” sobre que “hay que devolver a la sociedad parte de lo que se gana y me parece muy razonable”.

“No sabía para qué utilizaban el dinero”

Además, aseguró que hizo esta donación “a cambio de nada”. “Por lo que veo esta fundación es problemática”, añadió, al tiempo que recalcó que “no sabía para qué utilizaban el dinero (...) si por temas electorales u otras actividades que hiciera la fundación”.

Pero Velasco centró parte de su interrogatorio en el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional por la 'Operación Lezo'-. El magistrado hizo hincapié en saber si Fernández no le dio “la sensación de que el dinero en vez de dárselo a una fundación se lo daba al partido”.

Tal y como recordó el juez de la Audiencia Nacional, en 2007 González era patrono de Fundescam a la vez que dirigía la campaña electoral de Esperanza Aguirre para continuar otros cuatro años más en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. “¿Era consciente de que (González) es 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como'?”, ironizó Velasco.

Fernández negó saber que González era el director de campaña de Aguirre y continuó su defensa en que él daba dinero a una fundación sin saber que los del PP y los de Fundescam eran “los mismos”.

La cercanía de Fundescam y la sede del PP

El juez de la Audiencia Nacional también preguntó a Fernández sobre el ente dependiente de la Comunidad de Madrid cuando éste reveló que la sede del mismo está en las proximidades a la de los 'populares'. “Creo que está en (la calle) Génova”, contestó el empresario, a lo que a su vez Velasco se mostró sorprendido e insiste en que se supone que Fundescam es “algo autónomo” independiente del partido.

“Yo he visto la transferencia y veo que era Génova, 10. Sería ahí”, concluyó Fernández. Precisamente, la sede del PP nacional y madrileño se encuentra en el número 13 de la calle mencionada.

A raíz de estas afirmaciones, Velasco comenzó a interrogar sobre altos cargos del PP madrileño relacionadas con Fundescam como la expresidenta Esperanza Aguirre -que fue presidenta de este organismo-, sobre la que subrayó que tenía una relación buena, al igual que con sus sucesores Ignacio González o Cristina Cifuentes. También apuntó que no tuvo relación con el exgerente de los 'populares' de Madrid Beltrán Gutiérrez -“Le acabo de poner caras y ojos aquí”, indicó en su declaración- y señaló que cree que no fue la persona que le pidió la donación.

Dos años y nueve meses después de ser encarcelado como cabecilla de la llamada Operación Púnica, una red que logró 250 millones de euros en contratos públicos presuntamente gracias a los sobornos que repartía a representantes institucionales, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional, Francisco Granados, ha abandonado esta tarde la prisión de Estremera. Lo ha hecho tras abonar una fianza de 400.000 euros y las primeras palabras de quien fue mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno y en el partido fueron para pedir disculpas a la prensa que le esperaba a las puertas de la cárcel por su retraso en salir.

A partir de ahí, Granados ha advertido que dedicará su tiempo en libertad a ir “desmontando uno a uno” los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró sobre sus actividades y que le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.

“Tengo un profundo amor a la Guardia Civil pero hay informes que son falsos, bien por impericia o bien por mala idea o por ambas”, señaló antes de advertir que también tiene entre sus planes demandar a los funcionarios que firmaron dichos informes y a los fiscales del caso, cuyo trabajo resultó clave para que el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo encarcelase.

Granados también se ha quejado del “aparato del Estado” y de los 33 meses que el instructor del sumario lo ha mantenido en prisión. Contra él pesa una cadena de pruebas que van desde la documentación hallada en los registros de la UCO, el dinero hallado en cuentas suizas e incluso en la residencia de sus suegros y, sobre todo, el testimonio de quien fue su socio y amigo David Marjaliza, también multiimputado en el mismo caso pero que salió de prisión tras empezar a colaborar con la justicia.

El sumario está plagado de evidencias que señalan su participación en una “organización criminal” que se encargaba de captar fondos públicos en instituciones amigas a cambio de pagar mordidas a funcionarios y cargos públicos. En la operación que arrancó en octubre de 2014 se detuvo a medio centenar de personas, entre ellos directivos de una empresa dedicada al ahorro energético llamada Cofely.

El abogado, Carlos García De la Ceca, destacó la fortaleza demostrada por su cliente para soportar dos años y nueve meses de prisión incondicional: “Tiene una estructura moral distinta a todos los demás humanos”. Incluso remarcó que alguno de los funcionarios de la cárcel ha llorado al saber que Granados salía en libertad.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dejar en libertad provisional a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, investigado en el caso Púnica. Saldrá en las próximas horas de la prisión de Estremera, en la que está recluido desde octubre de 2014.

Para lograrlo, Granados ha abonado la fianza de 400.000 euros con dos fincas de su familia que suman más de 800.000 euros. La ley exige que si se aportan inmuebles para afrontar el pago de una fianza, su importe sea del doble que el exigido por el juez.

El juez Velasco aceptó imponerle esa fianza a mediados del mes de mayo, al entender que ya no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. La instrucción de Púnica está próxima a su fin y ya ha levantado el secreto de sumario de la pieza sobre la financiación ilegal del partido.

Desde que el juez tomó esa decisión, Granados ha buscado fórmulas para pagar esa cantidad. Ha pedido a Velasco que rebajase el importe, a lo que el juez no ha accedido, y ha tratado de aportar un piso investigado por blanqueo como fianza.

Granados seguirá sometido a medidas cautelares cuando salga de prisión, ya que el magistrado le impone como medidas cautelares comparecencias los días 1 y 15 de cada mes, facilitar un teléfono donde pueda ser localizado y un correo electrónico.

También tendrá que comunicar dónde se va a alojara partir de ahora y el juez le prohibe salir de territorio sin autorización judicial. Velasco le advierte en su auto de que si incumple esas medidas cautelares será detenido e ingresado en prisión incondicional.

Francisco Granados insiste en que solo puede salir de la cárcel si la Audiencia Nacional acepta como fianza casas propiedad de su familia. Una de ellas, sin embargo, es considerada por el juzgado “de dudosa adquisición”y ha sido descartada de la lista presentada por el presunto cabecilla de la Púnica. Se trata de un pisocuya titularidad corresponde a su hermano y que los investigadores del caso sospechan fue adquirido para blanquear dinero procedente de la corrupción.

La vivienda está en la carrera de San Francisco, en el céntrico barrio de La Latina, en Madrid. El piso costó 550.000 euros y es la actual vivienda de Alfonso Granados, quien en los años precedentes vivió en otras céntricas y elitistas zonas de la capital. La venta de esos otros pisos hasta llegar al del barrio de La Latina está en la lupa de los investigadores.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron en los registros de 2014 de una nota manuscrita de Granados dirigida a su exsocio y antiguo amigo David Marjaliza, otro de los cabecillas de la red investigada. “Van 360.000. No lo he contado. Tú tienes máquina. Faltan 30.000, que no los tengo porque los tienes que dar para el corral de tu madre. Pues ya lo pones tú si eso, que eres rico (…) El piso lo va a comprar mi hermano en vez de mi madre”, decía la frase que hizo saltar la alarma en los investigadores.

El secretario del Juzgado que investiga Púnica dictó una diligencia de ordenación el pasado lunes en la que insta a Granados a que busque “alternativas” al piso de su hermano Alfonso para completar los 400.000 euros de fianza que le impuso el juez Eloy Velasco antes de dejar el juzgado. Lo puede hacer, añade la providencia, “bien aumentando la fianza ofrecida en metálico o se ofrezcan cumplidas aclaraciones al respecto, o se presente nuevo bien a tales fines”.

La defensa de Granados ha contestado haciendo un recorrido por las mudanzas de Alfonso en los últimos 17 años. El primer piso fue adquirido al 80% con una hipoteca. En total, 108.900 euros de inversión cerca de la Plaza de Barceló que dieron unas generosas plusvalías solo tres años después. Alfonso Granados vendió por 181.000 euros y se mudó a la calle Argensola, en el barrio de Justicia, muy cerca del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. De allí paso en 2011 al barrio de Salamanca, a un piso de 645.000 euros por el que solicitó una hipioteca de 200.000. Tres años vendió por 740.000 y se mudó a su residencia actual, con lo que pudo cancelar la hipoteca.

La Guardia Civil aprecia en este periplo “una concatenación de acciones llevadas a cabo por él (Alfonso Granados) con similar secuencia en algunos casos, en el sentido de realizar en un primer momento la compra -la adquisición del inmueble, formalizar hipoteca inmobiliaria con entidad bancaria para afrontar la adquisición, proceder en algunos casas en un corto espacio de tiempo a la venta de la vivienda y finalizando la operación con la cantidad obtenida, aIla cancelación de la hipoteca pendiente de paga”.

Un constructor de Púnica

Además, la vivienda de la calle Argensola es vendida a Alfonso Granados por el constructor Ramiro Cid Sicluna, imputado en el caso Púnica y beneficiado por recalificaciones del Ayuntamiento de Valdemoro siendo Francisco Granados alcalde. En el interrogatorio a la mujer de Granados, el juez Velasco llegó a decir: “Después de toda la cantidad de personas que estoy oyendo, mi sensación es que en la época de su marido, dos personas de un pueblo tan grande como Valdemoro se han llevado el 80 por ciento del mercado inmobiliario, que son David Marjaliza y Cid Sicluna (Ramiro)”.

En la misma planta del edificio de la calle Argensola compró otro piso a Cid Siluna la antigua asesora de Francisco Granados y exconcejal de Majadahona María Victoria Cristóbal Araujo.

En el escrito de Granados, la procuradora del imputado insiste en que “la posibilidad de complementar en metálico la fianza por la familia de Granados parece irrealizable porque su madre y su hermano Alfonso, según me indican, carecen de medios económicos suficientes como para llegar incluso a reunir los 120.000 euros ofrecidos en principio”, en referencia a la cantidad a la que el político pidió que le rebajaran el montante de la fianza.

En este sentido, Granados insiste en ofrecer la vivienda de su madre en el centro de Valdemoro, la parte que ésta y su hermano tienen en dos fincas de la misma localidad, así como el piso de Alfonso Granados bajo sospecha. Francisco Granados lleva en prisión provisional desde octubre de 2014. El juez Velasco accedió a imponerle una fianza de 400.000 euros antes de abandonar el juzgado y después se negó a rebajar la cantidad, como pretendía Granados.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado este martes la diligencia informativa incoada al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor hasta hace dos semanas del caso 'Lezo' a raíz de la denuncia presentada por el partido político Contrapoder basada en informaciones periodísticas que señalaban que, según unas grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el juez habría solicitado a éste trabajo para su mujer.

En el acuerdo de archivo el promotor afirma que, cuando se formula una denuncia de este tipo, “resulta necesario que la conducta denunciada aparezca mínimamente probada y no genéricamente invocada, sin soporte probatorio alguno y sobre la base de meras hipótesis o datos acreditados, al menos con carácter indiciario; lo que no sucede en el presente caso, en el que el denunciante se limita a reproducir simples noticias periodísticas o supuestas sospechas carentes de sustento”.

La investigación se abrió el pasado 4 de mayo por el entonces promotor disciplinario Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que dejó el cargo hace unas semanas. En su escrito solicitaba un informe al entonces juez Central de Instrucción número 6 -actualmente ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional - sobre los hechos denunciados. El decreto excluía otros hechos denunciados por Contrapoder como “conexos” referidos a un posible chivatazo a González por parte de una magistrada, si bien Fonseca-Herrero dedujo testimonio para que el asunto se investigara y actualmente la causa se dirime en un juzgado ordinario.

Su sustituto temporal -en espera de que se convoque y designe al nuevo promotor- señala en la diligencia de archivo conocida este martes que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no resulta jurídicamente procedente la imputación de responsabilidades disciplinarias con base en datos y circunstancias no acreditados plenamente y cuya discusión correspondería en todo caso al ámbito jurisdiccional” y en el procedimiento que instruía Velasco respecto a González, quien se encuentra en prisión como investigado en 'Lezo'.

La resolución, que puede ser recurrida en alzada ante la Comisión Permanente del CGPJ, ha sido ya notificada al denunciante y al magistrado interesado, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

La denuncia de Contrapoder -partido tras el que se encuentra el abogado murciano José Luis Mazón-, señalaba que Velasco preguntó a González -antes de tomarle declaración como investigado- si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada la existencia en el sumario de una grabación en la que el ex presidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

La denuncia de Contrapoder se hacía eco de informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que el ex mandatario madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales.

Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la declaración siguió adelante. La denuncia apuntaba que, de haberse producido “el hecho de pedir un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave” prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) .

En concreto, se trataría de “abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales”, según los denunciantes. La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la investigación de este caso “por estar comprometido en el deber de devolver el favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la entidad pública que dirigía”.

Todos los fragmentos de esta conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana son del 22 de noviembre de 2016 y figuran en el sumario del caso Lezo.

Ignacio González: “Este poli me ha dicho que al Velasco le van a hacer… que quería ir al Supremo y le van a mandar al Supremo dice él, pero yo creo que no…”

El hoy encarcelado Ignacio González, como siempre, tenía buena información sobre las maniobras judiciales del Gobierno del PP. Sus fuentes eran buenas. Según figura en el sumario, hablaba con “Rafa” Catalá, el ministro de Justicia. O con Enrique López, el juez habitual en los cursos de la FAES y que acaba de ser ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. O con Enrique Arnaldo, otro exvocal del Poder Judicial que incluso prometió a Ignacio González que iban a poner un fiscal general “bueno”. O con Pedro González-Trevijano, magistrado del Tribunal Constitucional.

González estaba en esa pomada y por eso pronosticó el ascenso del “profesional” Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. También acertó con el futuro de Eloy Velasco y con quién sería su sustituto. En efecto, el instructor de la Púnica y de la Lezo buscaba un ascenso que le sacase del Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Aunque su destino no era el Tribunal Supremo, como le contaba a Ignacio González ese poli al que no creía.

Velasco intentó primero un puesto de magistrado de enlace, una de esas bicocas judiciales que nombra el Gobierno donde se gana mucho y se trabaja poco. No le salió. Pero después sí ha conseguido otro ascenso: un puesto en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Ignacio González: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular coño”

Ese juez provisional del que hablaba Ignacio González y al que había que mandar a tomar por culo es Eloy Velasco. En efecto, estaba como juez provisional, porque el titular del central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es Manuel García Castellón.

García Castellón lleva casi 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial: ser juez de enlace en el extranjero, primero en París y luego en Roma. Tal y como avanzó Ignacio González, esta semana hemos descubierto –oh, casualidad– que García Castellón va a pedir su regreso al juzgado que deja su sustituto, Eloy Velasco. Aún no ha presentado formalmente la petición, pero ya ha anunciado a los medios que es esa su intención, lo que evitará que la plaza de sustituto salga a concurso.

Los concursos siempre son un riesgo, las plazas se reparten por antiguedad y méritos. Y lo mismo te sale un juez con agallas y difícil de controlar.

Ignacio González: “Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio (ininteligible) y le dan… magistrado de enlace en Londres, no sé qué, después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada, claro. A mí me vas a meter en líos. Y una mierda, y está encantado”

Aquí hay un detalle donde a Ignacio González le falla la información. Manuel García Castellón nunca fue “rogelio” ni tampoco estuvo en Londres. González se confunde con Miguel Carmona, fundador de Jueces para la Democracia, titular del número 5 de la Audiencia Nacional y que, en efecto, está en Londres “ganando una pasta”. El Gobierno le nombró juez de enlace con el Reino Unido para que no tocase el juzgado que lleva el caso Gürtel, como ya he explicado en varias ocasiones a los lectores de este blog.

Manuel García Castellón, el titular del número 6, no es ni rojo ni “rogelio”, es más bien conservador. Fue nombrado juez de enlace en París por el Gobierno de José María Aznar donde, en efecto, se vive “como dios”.

García Castellón estrenó este puesto en el año 2000, que nació por un acuerdo de cooperación entre la justicia de España y Francia para agilizar la lucha contra el terrorismo etarra. Siguió allí durante la etapa de Zapatero, que no lo destituyó.

“Nunca fue de mucha utilidad. La coordinación con Francia la hacíamos a través de los jueces de enlace franceses que estaban destinados España, porque él pasaba más tiempo en Madrid que en París y al principio ni siquiera hablaba bien francés”, dice una fuente del Gobierno de Zapatero. “No lo quisimos destituir porque habría supuesto que volviera cabreado contra nosotros a su juzgado de la Audiencia Nacional, y por eso lo mantuvimos en París”, afirma esa misma fuente.

Con Mariano Rajoy en La Moncloa, García Castellón encontró en 2012 una bicoca aun mejor: pasar de juez de enlace con Francia a juez de enlace con Italia, donde hay menos trabajo todavía para un puesto así porque la cooperación judicial entre ambos países es muy inferior. Por supuesto, tampoco sabía hablar italiano. Sin duda era el candidato ideal.

Ignacio González: “Yo le llamo a éste y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí, y a este… a tomar por culo. Pero ¿qué te cuesta eso? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está”

¿Ha llamado alguien al titular García Castellón para pedirle que regrese a su juzgado de la Audiencia Nacional, como proponía Ignacio González en esta reveladora conversación? No se sabe, pero su decisión de regresar justo ahora, cumpliendo la profecía del pitoniso González, es tan sospechosa como inusual.

García Castellón está muy cerca de su jubilación. Tiene 64 años, lleva casi 17 fuera de un juzgado de instrucción y las leyes han cambiado mucho en este tiempo. Tendrá que estudiar para ponerse al día casi tanto como si hiciese de nuevo la oposición.

De vuelta a su plaza en la Audiencia Nacional, García Castellón va a cobrar bastante menos y a trabajar bastante más. Es un extraño caso en la carrera judicial: un juez que se presenta voluntario para un descenso laboral.

Eduardo Zaplana: “El problema está en la instrucción, Nacho… es que aquí no manda nadie”

El problema es la instrucción, claro que sí, porque un juez de instrucción es quien decide a quién imputa y a quién no. Y el instructor del central número 6 de la Audiencia Nacional tiene en su mano todo un póker de ases del PP.

En ese juzgado, con la Púnica, la Lezo, el Canal y la financiación del PP, hay material más que de sobra para investigar a Alberto Ruiz-Gallardón, a Esperanza Aguirre, a Ignacio González y a Cristina Cifuentes: a todos los presidentes que ha tenido la derecha en la Comunidad de Madrid desde que existe esta institución.

Si finalmente se confirma el regreso a la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón, unos cuantos en el PP de Madrid dormirán mucho mejor.

La apuesta más arriesgada de cuantas ha hecho el Gobierno para la cúpula judicial se le ha vuelto contra a los 87 días. Ese es el tiempo que Manuel Moix ha sido jefe de la Fiscalía Anticorrupción, una institución a la que apenas habían rozado las críticas en el pasado y cuyos conflictos internos han competido por primera vez en los titulares con los escritos de acusación que firman sus integrantes. De los siete candidatos que se presentaron al puesto, solo Moix hacía fruncir realmente el ceño a los que iban a ser sus subordinados, pero el Partido Popular tenía claro cuál era su candidato y no se echó atrás. Este jueves pagó las consecuencias.

El Gobierno se desentiende ahora de la elección de Moix y el Partido Popular esquiva el asunto de su dimisión por carecer de “connotación política”. El propio Mariano Rajoy, con el jefe de Anticorrupción recién dimitido, pidió este viernes centrarse en lo “verdaderamente importante”, es decir, la buena marcha de la economía y la gestión del problema catalán. Para el presidente del Gobierno, atender a la polémica de Moix es “ocuparse por los chismes, que es algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados en los últimos tiempos”.

El ‘caso Moix’ es, sin embargo, una cuestión política desde antes incluso de que se votara su nombramiento. Consuelo Madrigal no repitió como fiscal general del Estado porque no cedió a los cambios que Rafael Catalá le quiso imponer en puestos claves de la Fiscalía, entre ellos las jefaturas de Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Con el nuevo fiscal general del Estado, el nombramiento venía asegurado. José Manuel Maza quiso dar a la elección el barniz del Consejo Fisal y la asociación mayoritaria y conservadora votó en bloque al candidato Moix. La crítica no es que fuera un “fiscal del PP”. El problema es que era percibido como un fiscal “cómodo” para el poder. Entre los fiscales ya se había difundido que Ignacio González decía en una grabación de la Operación Lezo que Moix era “un tío serio” y su candidato para Anticorrupción. A Maza le habían informado desde la propia fiscalía especializada y por la Unión Progresista de Fiscales.

El ministro de Justicia, por su parte, resaltó ayer que no hay “ningún motivo de legalidad para promover su cese más allá de la renuncia personal”. Catalá explicó que Moix le comunicó que sufría “una presión personal que le impedía continuar ejerciendo sus funciones” momentos antes de poner su cargo a disposición del Fiscal General.

Se va Moix, persiste la estrategia

La marcha de Moix no implica necesariamente el fin de los conflictos en Anticorrupción. La estrategia de control de la fiscalía especializada es incluso anterior a la llegada del que ahora ha renunciado. Las fiscales del caso Púnica se negaron a firmar el escrito en el que Anticorrupción exculpaba al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El fiscal general, con el apoyo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, les impuso su criterio, facultado como está para ello. Pero no sirvió de nada. El juez Eloy Velasco propuso finalmente al Tribunal Superior de Justicia de Murcia investigar a Sánchez, hoy ya imputado.

El juez Velasco también se puso del lado de los fiscales del caso Lezo cuando éstos, por indicación de Moix, no acusaron a Ignacio González y al resto de detenidos el 19 de abril de organización criminal. El juez los envió a la cárcel por ese delito, entre otros. Pero Velasco ya no está. El magistrado insistía en dejar el juzgado, según él, por no contar con medios suficientes para perseguir la corrupción. Después de un primer amago con un puesto mejor remunerado, finalmente ha sido elegido para la Sala de Apelaciones, a través de un concurso organizado por el CGPJ, de mayoría conservadora, que al final revisara el Tribunal Supremo.

A Velasco le va a sustituir el titular de la plaza del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien no ha querido ni oír hablar de su juzgado en los 16 años que lleva como juez de enlace en París y Roma, puestos ansiados por su remuneración y escasa carga de trabajo.

García Castellón decide volver a los 64 años. Así, el juez que pidió Ignacio González para sustituir a Velasco en las grabaciones del caso Lezo, evita que la plaza salga a concurso y lo gane el más antiguo de los jueces que aspire a ella. Cuando el CGPJ sacó a concurso la plaza de Ruz, el magistrado de la caja B del PP, lo acabó ganando un juez que había sido director general con el PSOE.

PP: “Asunto completamente zanjado”

El PP ha querido pasar página rápidamente del 'caso Moix'. “Es un asunto completamente zanjado”, aseguró el vicesecretario general de Coordinación del PP, Fernando Martínez Maillo. El dirigente popular insistió en que “no hay connotación política” en la decisión de Moix y la situó en el ámbito de la judicatura.

Existe la posibilidad de que el próximo jefe de Anticorrupción no ponga las trabas que Moix a la investigación a la etapa de Alberto Ruiz Gallardón en el Canal. El siguiente dique será entonces el juez de instrucción, García Castellón. En segunda instancia, la Sala de lo Penal, de mayoría conservadora y nueva presidenta, Concepción Espejel, elegida la pasada semana a pesar de haber sido apartada de los juicios de Gürtel. El otro magistrado recusado por el mismo motivo es Enrique López, elegido junto a Velasco para la Sala de Apelaciones, la que revisará todas las sentencias de los casos que se instruyan a partir de su creación. El caso Lezo queda fuera.

La marcha de Moix, por tanto, supone solo un retroceso, al menos momentáneo, en la apuesta clara de un Gobierno asediado por la corrupción, de controlar la cúpula judicial. El próximo episodio aguarda en los próximos meses, con la renovación de tres plazas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los aforados. De mayoría conservadora, el rodillo del PP en el CGPJ puede decantar todavía más el tradicional objeto de deseo para los partidos mayoritarios dentro de la alta esfera judicial.

En público, el Partido Popular se desvincula de cualquier estrategia. “Hay que dar libertad a los fiscales para que hagan su equipo”, aseguró Martínez Maillo. El de Moix, añadió, “es un tema que afecta exclusivamente a la Fiscalía y donde el Gobierno no tiene nada que decir”. El exministro José Manuel García-Margallo declaró: “Parece evidente que, por el bien de la imagen y la credibilidad de la institución, no había otra salida que la Moix ha tomado”.

El relevo de Moix

Es previsible que Maza vuelva a buscar el apoyo del Consejo Fiscal para el nombramiento del sustituto de Moix. Este fue elegido con los votos de los seis vocales de la Asociación de Fiscales, mayoritaria y conservadora, y el de Maza. Los otros dos miembros natos del Consejo Fiscal se decantaron por Alejandro Luzón, quien, como todos los candidatos a excepción de Moix, tenía experiencia en la Fiscalía Anticorrupción.

Luzón también consiguió el voto de dos vocales de la progresista UPF; el tercero se decantó por el veterano Antonio Romeral. Así las cosas, Luzón, el fiscal del caso Bankia, el de Gescartera y el que encarceló a Luis Roldán fue el segundo más votado. Habrá que esperar a que en la situación actual los candidatos vuelvan a optar al puesto y a cómo se reparten los apoyos que tuvo Moix. Por el momento vuelve a hacer cargo de la jefatura de Anticorrupción, de forma interina, otra de las candidatas en ese concurso, la teniente fiscal, Belén Suárez.