Un total de 3.090 personas han muerto a lo largo de 2025 intentando migrar a través de distintas rutas a España, según el recuento publicado este lunes por la ONG Caminando Fronteras, que toma sus datos del contacto directo con los supervivientes y las familias de las víctimas. El año que termina constata la consolidación de la ruta argelina, que supera a la que va hacia Canarias y ya es la más transitada y peligrosa –en especial la que tiene como destino las islas Baleares–.

La organización ha documentado, hasta el 15 de diciembre, 303 tragedias. Si bien el número de fallecidos baja, sobre todo a partir de marzo, respecto a las cifras del informe de 2024 –cuando registraron el fallecimiento de 10.457 personas (en 2023, 6.618)– la ONG indica que los siniestros han aumentado en 2025 (10 más este año que el anterior) y que el descenso de víctimas mortales se debe a que las embarcaciones accidentadas llevaban menos personas a bordo.

“Esta tendencia confirma que una parte sustancial de las muertes en las rutas hacia el Estado español no puede explicarse como sucesos fortuitos o inevitables, sino como el resultado previsible de un sistema que continúa anteponiendo el control de las fronteras a la protección de la vida”, denuncia el informe.

La ruta argelina se reafirma como la más letal, ya que concentra el 70% de los siniestros marítimos. Un total de 1.037 personas migrantes salidas de Argelia fallecieron en 121 tragedias. El mayor riesgo está en la conexión entre Ibiza y Formentera, “con recorridos más largos y expuestos en una zona donde no hay proactividad de los servicios de salvamento”, señala la organización.

La mayoría de las víctimas en el conjunto de rutas son hombres, pero también han perdido la vida 192 mujeres y 437 niñas, niños y adolescentes.

1.906 víctimas en la ruta a Canarias

En 2025, se ha observado una reducción de las llegadas por la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, lo que Caminando Fronteras atribuye a “la intensificación de los mecanismos de control migratorio” y a “la externalización de fronteras hacia terceros países, no por una mejora real en la protección del derecho a la vida”. En esta externalización destaca el caso de Mauritania, de donde partieron 1.319 de las 1.906 víctimas en el océano –y fallecieron en 27 tragedias–.

Encargar la vigilancia a terceros países, sufragada con aportaciones de la UE y de los países a título individual, “amplía los espacios fronterizos y multiplica aquellos donde la vida está amenazada”, critica la ONG. Las rutas desde Agadir-Dajla (Marruecos-Sáhara Occidental), Senegal y Gambia también superan el centenar de muertos, respectivamente, y se registran también partidas desde puntos cada vez más meridionales, como Guinea-Conakry.

Entetanto, se ha registrado un incremento significativo de intentos de llegada y tragedias en el cruce del Estrecho, donde 139 víctimas perdieron la vida, mientras otras personas fallecieron en la valla de Ceuta. “Dos de ellas murieron a causa de las heridas provocadas por la caída del vallado y la demora en el tiempo de auxilio médico, mientras que la tercera falleció, según los testimonios recopilados, a consecuencia de los golpes recibidos por parte de los servicios de control migratorio”, explica el documento.

70 embarcaciones desaparecidas

La ONG destaca varios casos concretos por lo ilustrativo de sus situaciones; por ejemplo, el de un cayuco con 203 personas a bordo que partió desde Nuakchot (Mauritania) el 3 de enero y del que nunca más se volvió a saber. Fue solo una de las 70 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro a lo largo del año.

“No se tuvo constancia de la alerta hasta siete días después de la salida porque la información se queda en la propia clandestinidad de la ruta”, explica el informe, que llama la atención sobre “la ausencia de protocolos sólidos, estandarizados, y multilaterales que permita iniciar y activar búsquedas de embarcaciones de este tipo en condiciones de extrema vulnerabilidad”.

“El sistema migratorio expone a las personas a riesgos insoportables”, describe el estudio al hilo del rescate tras 23 días de un cayuco que salió de Dajla el 17 de febrero. Fue localizado a 300 millas. De las 83 personas que habían salido, solo se halló con vida a 13. “El rescate tardío evidencia fallos sistémicos en la detección, el seguimiento y la respuesta en un corredor marítimo donde estas tragedias son recurrentes”, critica.

Dentro de menos de diez días se cumplen tres años de la tragedia en la que al menos 23 personas –según los datos oficiales– murieron intentando alcanzar Melilla a través del paso fronterizo del Barrio Chino, en lo que se conoce como la “masacre de Melilla”. En formato de novela gráfica y cómic, Los Nadie, publicado y editado por Dolmen Editorial, reconstruye la historia de cinco de sus víctimas a través del trabajo de cinco ilustradores, en su mayoría de origen africano: Eusebio Nsue, desde Guinea Ecuatorial; Gabriel Castillo de República Dominicana; Shriroug Idris desde Sudán; Zainab Fasiki en Marruecos y, por último, el colombiano Frank Xarate.

El proyecto, que está dirigido por los autores Sergio Illescas y Mario-Paul Martínez, también reconstruye los cinco relatos personales de Mohamed, Hanin, Bishara, Myasar y Anwar desde sus países de origen y a lo largo de sus rutas migratorias, incluyendo las violaciones y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el norte de África y de grupos armados en Libia.

“Vemos constantemente en los medios cómo la muerte de ciertos tipos de personas se sigue con más importancia que la de otras. Esta normalización es peligrosa”, explica para este medio la artista marroquí Zainab Fasiki. “Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando se difundió la noticia de la tragedia de Melilla en junio de 2022”, añade. Fasiki, que entonces residía en Marruecos, recuerda que, a pesar de la cobertura mediática de la tragedia, tanto en su país de origen como en España, “el público en general parecía insensibilizado, estaban acostumbrados y solo esperaban a la próxima tragedia”.

Desde la ciudad de Kassala en Sudán, Shiroug Idris explica a este medio que a pesar de conocer las historias de muchos migrantes sudaneses que intentan cruzar por Libia o Marruecos para llegar a Europa, no conocía el incidente de Melilla. “No apareció en las noticias locales. Cuando me enteré a través de Sergio y vi los vídeos, sentí una gran rabia y vergüenza propia por no haberlo sabido antes”, cuenta. Como Zainab, Shiroug revela que “fue muy doloroso ver cómo se trataba a los africanos como si valieran menos y cómo la muerte de algunos fue minimizada como si fueran simples daños colaterales”.

“A menudo, cuando hablamos de genocidios o de crímenes similares, nos enfocamos solo en lo que pasó —en el pasado o en el presente— pero olvidamos preguntarnos: ¿qué podemos hacer por el futuro? ¿Qué se debe hacer para evitar que estas atrocidades se repitan? ¿Qué acciones debemos tomar para ayudar a quienes aún están en las fronteras y quienes todavía son Los Nadie?”, cuestiona la marroquí al inicio de la entrevista.

De artista a artista

Shiroug Idriss es una artista nacida y criada en Sudán. A pesar de que sigue trabajando como doctora, aprovecha sus ratos libres para dedicarse a su verdadera pasión: ilustrar. “Como ilustradora, la mayoría de los trabajos que consigo vienen de ONG. En Sudán, el mercado de la ilustración gráfica está bastante limitado y los cortes de electricidad dificultan mucho el trabajo digital”, explica. “Hubo una vez que la señal de internet era tan débil que tuve que colgar el rúter de un árbol para poder contactar a mi cliente”, añade.

En el contexto de la novela gráfica recién presentada en España, Shiroug ilustró la historia de Bishara Ibrahim Idriss. El joven de 16 años escapó de Darfur con la esperanza de cumplir, también, un sueño artístico: convertirse en fotorreportero y hacer de su afición, la fotografía, un trabajo. “Me siento identificada con Bishara. Sudán se ha convertido en un cementerio de sueños”, revela la joven.

“Irónicamente, la Unión Europea está financiando a los guardias fronterizos. Unos guardias que, en realidad, son parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (grupo paramilitar y una de las partes en la actual guerra civil en el país), que son los mismos responsables de la violencia en Darfur”, explica la joven. “A un nivel más profundo, todo se relaciona con nuestra historia colonial. Fuimos colonizados por los británicos, quienes utilizaron nuestras diferencias étnicas y culturales para dividirnos y controlarnos”, añade.

Censura

Zainab Fasiki nació en Fez y aunque se graduó como ingeniera mecánica en 2017, desde 2018 ha dedicado cuerpo y alma a la defensa de los derechos humanos a través del arte y los cómics. “Como feminista y activista, la tragedia de aquel día en la frontera de Melilla me toca de cerca. Además, es un tema tabú, y como persona y artista que suele abordar temas tabúes debo reconocer que, en Marruecos, asuntos políticos como este son más sensibles que la sexualidad o el feminismo”, explica. “Estos son los verdaderos límites y las líneas rojas que no se deben cruzar. Si lo haces, estás desenmascarando narrativas falsas, exponiendo mentiras políticas y mostrando al mundo la realidad de gobiernos que afirman defender los derechos humanos”, añade.

A los 22 años, Zainab se convirtió en una figura de referencia en Marruecos y desde entonces ha recibido varios reconocimientos como el Premio de Amnistía Internacional por los Derechos de la Mujer o el Premio al Coraje en el Festival Internacional de Cómics de Angulema. Aun así, Zainab no ha quedado libre de la censura. “He trabajado como artista en Marruecos durante unos diez años, pero recientemente tomé la decisión de mudarme al sur de España. Ahora estoy viviendo aquí por mi seguridad y mi salud mental. Durante años he recibido amenazas muy serias”, revela.

En el contexto del libro, Zainab ilustra la historia de Abdul Ramin Adbul Latif, también conocido como Hanin. Era un joven sudanés que trabajaba como mecánico en Jartum. Tras el salto del 24 de junio, su familia le perdió la pista y pidió ayuda a través de una página de Facebook que se creó exclusivamente para buscar y pedir información sobre personas desaparecidas en la tragedia. Seis personas respondieron asegurando que le habían visto morir. “Siempre he escuchado historias en el barrio o en las noticias de familias que nunca volvieron a saber nada de sus hijos o seres queridos. Lo peor es que se ha normalizado en nuestros medios y en nuestra sociedad”, apunta la joven marroquí. “No son solo números; tenían sueños y una visión de una vida mejor”, añade Shiroug desde Sudán.

Los otros protagonistas

La novela gráfica también explica la historia de otras tres víctimas más de la masacre de Melilla. Durante meses, Myasar vivió escondido junto a otros compatriotas sudaneses en un apartamento a las afueras de Rabat. Su día a día transcurría en la clandestinidad, evitando ser localizado por gendarmes y fuerzas de seguridad marroquíes. Cuando finalmente llegó al monte Gurugú, en las inmediaciones de Nador, ya estaba exhausto: pasó tres días sin comer antes de intentar saltar la frontera el 24 de junio de 2022. En el intento, fue golpeado por las fuerzas de seguridad, detenido y trasladado de nuevo a Rabat. Allí, sus amigos cuentan que Myasar ya no era el mismo. El deterioro físico causó su muerte pocos días después.

En el caso de Anwar, cuidaba de su madre, inmovilizada tras una operación de cadera, y soñaba con viajar a Europa para ganar dinero para su tratamiento y llevarla algún día a La Meca. Su cuerpo apareció en las imágenes del salto del 24 de junio, donde gendarmes marroquíes lo arrastraban, aparentemente sin vida, en territorio español. Mohamed, por su parte, murió a escasos 100 metros de la valla que separa Marruecos de España después de un viaje de 6.000 kilómetros. Su primo le vio morir.

Todos aquellos que estaban en el muelle de La Restinga (El Hierro) la mañana del 28 de mayo hablaban de ella. Pasado un tiempo del vuelco del cayuco a escasos mcetros de tierra, cuando los equipos de rescate acababan de sacar a las últimas personas atrapadas en el fondo de la barcaza, una mujer lloraba y repetía una misma pregunta con desesperación. Desde el barco de Salvamento Marítimo había divisado a su hermano en el puerto. A su lado, encontró a su hija mayor, de siete años. Miró a su alrededor y un poco más allá, pero no localizó a nadie más. Faltaba Aissatou.

“¿Dónde está Aissatou?”, intentó decirle con la mirada a su hermano, del que solo encontró ojos de preocupación. “Mi hija. Dónde está mi hija”, empezó a repetir entre gritos. Lo preguntó en el barco de Salvamento Marítimo, lo preguntó nada más llegar al muelle, lo preguntó a todo aquel que pensó que podía darle una respuesta que tardó en encontrar. Gritaba, lloraba y recorría el muelle de un punto a otro. Cada carpa, cada recoveco donde poder encontrar a su hija pequeña, decían quienes se la encontraron y describieron su angustia como símbolo de la tragedia de El Hierro, que azotó principalmente a mujeres y niñas.

Su hija, la niña a la que buscaba, era Aissatou Tambasa, una de las siete víctimas del cayuco volcado. Es una de las tres menores que fallecieron durante la tragedia, junto a cuatro mujeres adultas. Tenía cuatro años, era de Guinea Conakry y viajaba junto a su madre, su hermana y su tío.

Sira (nombre ficticio), la madre de la niña, pasea despacio por los alrededores del centro de acogida donde está albergada. Le cuesta caminar pero, sobre todo, sentarse. Aún siente las secuelas físicas del viaje. Le duele la parte superior de una de sus piernas por los golpes recibidos durante el vuelco del cayuco. Cuando sale del centro donde está acogida, lo hace acompañada de su hermano, de 18 años, y su hija mayor, de siete.

La primera vez que intenta hablar con elDiario.es para contar lo sucedido en el muelle de La Restinga, Sira se rompe nada más empezar su relato. No llega a entender cómo puede ser que todo fuese bien en el camino y su hija se haya ido justo cuando estaban a punto de lograr lo que planeaba desde hacía un tiempo junto a su hermano pequeño para darle a las niñas las oportunidades que ella no encontraba en Guinea Conakry. A su llegada a puerto, los miembros de Salvamento Marítimo comunicaron a el orden que seguirían para su transbordo al buque de rescate: primero trasladarían a los niños; luego, a las mujeres; y, por último, a los hombres.

Pero embarcar primero a los niños no era sencillo en este cayuco. La mayoría de los menores viajaban, como muchas de las mujeres, en una especie de “cajas” de madera techadas, donde pretendían resguardarlas de las posibles inclemencias del tiempo. Para sacar primero a los más pequeños, los pasajeros de la abarrotada barcaza debían abrir las compuertas que cerraban esos compartimentos y recoger de su interior a los niños. Las mujeres que estaban junto a ellos debían, desde el fondo, pasarles a los pequeños. Así lo hizo Sira para cumplir con las indicaciones de los equipos de rescate.

“Cuando llegamos, los pequeños estaban abajo, en el fondo de la barca. Nos dijeron que los niños iban a salir primero, así que empezamos a subirlos para arriba, para que los cogiesen y pudiesen montar en el barco grande”, explica la mujer. “Nosotras estábamos abajo. Cuando ellos dijeron que sacásemos a los niños, levantaron la puerta de las ”cajas“ y la gente empezó a sacar a la gente. Fue entonces cuando recogieron a los bebés”, cuenta en voz baja, sin muchas fuerzas. “Luego, volcó. En ese momento, mis hijas estaban en la parte alta del barco, ya no estaban conmigo en el fondo. Se cayeron”, dice Sira antes de una pausa para soltar su llanto.

Todo pasó rápido desde ese momento. El barco empezó a escorar. Las mujeres que aún seguían en los cubículos techados se golpearon unas con otras hasta verse rodeadas de agua. En los primeros momentos del rescate, las imágenes muestran el cayuco dado la vuelta por completo, mientras varias personas nadan a duras penas a su alrededor y otras intentan subirse a la madera de la barca volteada. En ese instante, Sira estaba junto a una decena de mujeres y niños justo debajo de la parte de la barcaza que flotaba sobre el mar.

A oscuras, atrapada en la parte interior del cayuco, rodeada de agua y de otras mujeres que luchaban por sobrevivir. Dentro del mar, si lograban ascender su cuerpo a la zona más profunda de la barcaza, que ahora se había convertido en la más alta, podían llegar a tomar aire. “Respiraba, pero había mucha agua. A veces nos hundíamos, pero intentábamos salir. Había cuerdas, nos agarrábamos para sacar la cabeza y respirar”, cuenta.

Antes de encontrarse, Georges (nombre ficticio), el hermano de Sira y tío de las pequeñas, había sido rescatado tras agarrarse al barco de Salvamento Marítimo nada más volcar la barcaza. Ya en tierra, rompió a llorar. “Estaba un poco mareado. Lloraba y gritaba porque no me podía mover, de tanto tiempo en la barca, y no veía ni a mi hermana ni a sus hijas”, recuerda el joven, de 18 años. Poco después, encontró a su sobrina de siete años: “Cuando la vi, estaba llorando, Llamaba a su madre”. El chico guineano agarró su mano y permaneció con ella de pie en el puerto.

Javier Iglesias, hostelero de La Restinga que ayudó en las tareas de rescate en el muelle, fue testigo de ese momento de angustia vivido en el muelle. Lo contó días después en un texto publicado en Facebook: “Me marcó la desesperación de un hombre, joven, delgado, era imposible calmarlo, no nos entendíamos con palabras, pero sí lo entendí. Me miraba y me hacía un gesto con la mano indicando la altura de lo que buscaba, estaba claro que buscaba a un niño, lo buscaba desesperado, gritaba sin fuerzas, agotado, pero no lo encontraba”, escribió. “Recuerdo a una vecina del pueblo que también se fijó en este chico y me dijo: ”¿Y a este pobre hombre quién lo consuela?“. No dudé en abrazarlo, fuerte, muy fuerte, con el desconsuelo de no poder hacer nada más por calmarlo”, añadió. No sabía su nombre, pero hablaba de Georges. Y la niña a la que buscaba era Aissatou.

El rescate de las mujeres

Cuando parecía que ya no había más personas en el mar, el cayuco, cada vez más hundido, volvió a darse la vuelta y retomó su posición original. “Ese es el momento en que me sacaron”, indica Sira. Los equipos de Salvamento Marítimo se percataron de que aún había supervivientes dentro del barco semihundido. Algunos de sus miembros saltaron a la barcaza. Les siguieron vecinos de La Restinga y varios jóvenes recién rescatados que corrieron para socorrer a sus compañeras. “Alguien me agarró del brazo y me sacó”, describe la guineana, que dice no recordar cómo era la persona que le salvó la vida. “Había mucha gente. Eran blancos y negros. Recogieron a muchas mujeres”. Según los cálculos de los equipos de rescate, cerca de 15 personas fueron localizadas bajo la barcaza.

Tras ser recatada de los “cajas” del cayuco, convertidas en una trampa para la mayoría de víctimas de la tragedia, Sira fue trasladada al barco de Salvamento Marítimo. Fue allí, empapada y aún mareada, cuando localizó en el muelle a su hermano Georges y a su hija de siete años. “Les vi a los dos, pero no vi a mi hija de cuatro años. Le pregunté por ella al capitán del barco. Él no sabía, pero me dijo que habían llevado a algunos niños al hospital, que quizá estaba en la ambulancia y me calmé un poco”, describe la mujer quien, aunque se muestra confundida en otros de los momentos de aquella mañana, recuerda con detalle cada uno de los pasos que dio aquella mañana para encontrar a su pequeña en el puerto.

Al otro lado, la esperaban Georges y su sobrina: “Cuando nos reencontramos con mi hermana, ella estaba llorando mucho y nosotros también. No veíamos a la niña y estábamos muy preocupados”, añade el joven. Ya en tierra, Sira no dejó de buscar a su pequeña. “Al bajar del barco, ya no estaba la ambulancia. Pregunto que dónde está mi hija, pero nadie lo sabe”, continúa la madre. Los equipos de Cruz Roja, los sanitarios y la policía trataban de tranquilizarla, mientras ella repetía la misma pregunta a todo el que se encontraba. Dio detalles de su niña al personal humanitario para tratar de encontrarla. Ella les contó que tenía cuatro años, que se llamaba Aissatou y detalló la ropa que le había puesto el día en que embarcaron en el cayuco. “Miré en todos los lugares del muelle… pero no la encontré. Preguntaba a la gente que estaba atendiendo a los niños, fui donde estaban las personas que estaban graves, pero no veía a mi hija”, enumera Sira, que entonces, aunque muy agitada, aún intentaba confiar en que hubiese sido trasladada al hospital.

La identificación

Después de cotejar los datos trasladados por Sira, el personal sanitario le comunica que la descripción no encajaba con los menores hospitalizados. Su hija tampoco estaba ingresada: “Empecé a gritar. 'Dónde está mi hija'. Luego, me pusieron sentada en un rincón y me dieron un rato para calmarme, hasta que vinieron a decirme que intentaron hacer todo para salvarla, que hicieron lo que pudieron”, dice Sira, especificando las palabras que le dijeron. Los sanitarios no llegaron a comunicarle de manera directa, o eso recuerda ella, que su niña había fallecido, utilizaron una fórmula habitual que podría entenderse por el contexto, pero que ella no llegó a entender: “No me dijeron claramente que había fallecido. No les entendí eso. Pregunté si podía verla, y me dijeron que sí. Me dijeron que si tenía el coraje de mirar a mi hija. Les dije que sí, que cómo no iba a tener el coraje si era mi hija. Me trajeron su cuerpo y comprendí que había muerto”.

Según fuentes sanitarias del hospital de El Hierro, los equipos médicos intentaron reanimarla durante más de 30 minutos, sin éxito. Luis González, jefe médico del Hospital de El Hierro, narró esa misma escena a elDiario.es horas después de la tragedia, cuando aún se reponía de todo lo vivido en el muelle. No sabía su nombre, pero narraba con emoción la angustia con la que una de las mujeres rescatadas buscaba a una de sus hijas. “La buscamos en todos los sitios y no la veíamos. Hasta que encontramos un cuerpo de una niña. Era pequeña. Tenía el pelito cortito, peinado con rastas. Pensamos que podía ser ella”, recuerda el doctor. “Junto al equipo humanitario de Cruz Roja, buscamos a la mujer. Le enseñamos el cuerpo. Se derrumbó. Era su hija”, recordaba el médico, con la voz entrecortada, aún desde el pequeño hospital de El Hierro.

“Le pregunté si quería que le diésemos un calmante. Dijo que no, porque tenía que cuidar a su otra hija, de siete años”, añadía el doctor González. Más de una semana después, su otra pequeña, no se separa de su madre. Por ahora, le cuesta jugar y comportarse como una niña más: “A veces pregunta por su hermana y llora porque la echa de menos”.

Después de identificar a su niña, Sira fue trasladada al campamento policial de El Hierro, el llamado Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), que funciona como la extensión de una comisaría, donde son detenidos, identificados y reseñados los migrantes tras su llegada irregular a las costas españolas, aunque hayan vivido una tragedia como la ocurrida en el muelle de La Restinga. Aunque, como Sira, acaben de identificar el cuerpo de su pequeña. La madre de la niña fallecida pasó, como el resto de compañeros de viaje, tres días detenida en el campamento policial. “No me acuerdo bien de esos días. Estaba ida. Recuerdo que lo pasé muy mal esos días”, dice Sira. En ese tiempo no tuvo acceso a un teléfono para hablar con sus familiares en Guinea y compartir con ellos el dolor de la muerte de Aissatou.

Cuando aún se encontraba en el campamento policial, antes de haber cumplido las 72 horas de detención, Sira pudo salir durante unas horas para despedirse de su hija por última vez. La guineana, junto a su hermano Georges y su niña de siete años, fueron trasladados al hospital donde aún reposaba el cuerpo de Aissatou. “Allí pude estar un rato con ella”, recuerda. La familia también asistió a la inhumación de la pequeña, celebrada en un cementerio de El Hierro. Al camposanto acudieron varios vecinos y otros migrantes acogidos en las islas para mostrar su apoyo a la familia. “Me sentí muy acompañada. Vino gente de Cruz Roja, vecinos...”, agradece Sira.

Entre esos vecinos estaba el hostelero Javier Iglesias, quien días antes había quedado marcado con el dolor de Georges: “Un compañero de trabajo que hace casi tres años llegó a La Restinga en un cayuco me pidió que lo acompañara al entierro de las víctimas en el cementerio de El Pinar. Lo acompañé, y allí estaba otra vez aquel chico que hacía dos días nadie podía consolar. Estaba de pie, con la mirada perdida, estaba enterrando a su sobrina de cuatro años, me acerqué, le pregunté si se acordaba de mí, y el abrazo me lo dio él”, relataba en su escrito.

Las imágenes captadas en la distancia durante el entierro muestran cuatro ataudes rodeados de varias personas. Al fondo, con su rostro tapado, se encuentran Sira y su hermano George. Algunos jóvenes llegados hace meses a El Hierro en cayuco acompañan a la familia y, junto a personal humanitario y vecinos de El Hierro, tratan de hacer la despedida lo más humana posible, en un cementerio donde se ha convertido en habitual encontrar decenas de lápidas grabadas con una única palabra: “inmigrante”.

En este caso, la lápida de la pequeña de Sira incluía dos palabras más. Un nombre y un apellido: Aissatou Tambasa.

Habíamos escuchado sus gritos, pero no su relato de los hechos. Mientras los informativos retransmitían la tragedia del cayuco volcado en el muelle de La Restinga (El Hierro), mientras veíamos una amalgama de brazadas desesperadas para alcanzar la mano de quienes saltaban a auxiliarlos, Madeleine notó que su sobrina de cinco años se desprendía de sus brazos cuando luchaba para mantenerse a flote. Sira, rodeada de gritos y oscuridad, tiraba de una cuerda para intentar respirar en una burbuja de aire creada dentro de la barcaza. Bernard caía al agua con su bebé y lo colocaba sobre un flotador. Georges chillaba y lloraba. Preguntaba por su sobrina pequeña.

Son quienes vivieron y sufrieron lo que a menudo ocurre lejos de nuestros ojos, pero que esta vez vimos por televisión. Una semana después del vuelco del cayuco que acabó con la vida de cuatro mujeres y tres niñas a escasos metros de tierra firme, una decena de supervivientes cuentan a elDiario.es su relato de los hechos. “Todo había ido muy bien en el camino. No tuvimos ningún problema, hasta que llegamos al puerto”, dice Madeleine, una de las 45 mujeres que viajaban a bordo de la barcaza, una cifra muy superior a la habitual.

Camina despacio y parece cansada. Le duelen, dice, las muñecas y las piernas. Va agarrada de la mano una niña mientras camina hacia el centro de Cruz Roja donde fue trasladada desde El Hierro el pasado sábado. Madeleine mira a la pequeña y suelta una carcajada cuando escucha una de las ocurrencias de su sobrina, que ríe y bromea con los adultos de su alrededor. Cuesta creer, dice, que hace una semana viese su pequeño cuerpo empezar a perderse en el mar.

Lo más peligroso de la travesía parecía haber acabado cuando los ocupantes del cayuco vieron a lo lejos un barco de Salvamento Marítimo. Estaban a seis millas del puerto. Para evitar riesgos en altamar, los miembros del organismo de rescate les indicaron el camino y los acompañaron al muelle de La Restinga, el lugar donde estaba preparado el desembarco. A su llegada, la tripulación colocó el cayuco junto a su embarcación. Según varios supervivientes, los miembros de Salvamento amarraron el bote por la proa y por la popa.

“No lograba ver todo lo que pasó, pero nos pidieron que bajasen de uno en uno. Nos dijeron que debían bajar primero los niños y las mujeres. Algunos no cumplieron las normas y empezaron a pasar al otro barco -el de Salvamento Marítimo. Después, se empezó a girar la barca”, explica la mujer guineana. Otros de los supervivientes justifican a algunos de los jóvenes que saltaron primero al buque: si no lo hacían, si no dejaban hueco, dicen, no podrían salir las mujeres y los menores que estaban ubicadas en las zonas más recónditas de la barcaza.

El cayuco, de unos dos metros de profundidad, constaba de tres cubículos cubiertos con tablas de madera, habitualmente utilizados para guardar el pescado o las herramientas durante las jornadas de pesca. La mayoría de mujeres y niños viajaban dentro de esa especie de jaulas o cajas, en cuyos laterales y partes superiores tenían varios huecos que les permitían respirar. En el contexto de la migración, esos espacios suelen estar destinados a las personas vulnerables, con el objetivo de asegurar que estas se encuentren más resguardadas durante el trayecto.

Madeleine y su sobrina no viajaron en el interior de esas “cajas”. Lo hicieron sin ninguna zona techada sobre sus cabezas. Por eso, cuando la barca comenzó a escorar hasta volcar, ambas cayeron al agua. “La mayoría de gente se tiró hacia el barco, pero nosotras lo hicimos hacia el otro lado”, recuerda. “Empecé a gritar y llorar. Tenía a la niña en brazos, pero nos hundíamos las dos. La agarraba y su cabeza se quedaba debajo del agua porque no lograba subirla. No podía respirar. La solté”, detalla la mujer, que apenas sabe nadar pero intentaba “mover los brazos fuerte”, todo lo que podía, para evitar hundirse.

Durante unos minutos perdió a su sobrina, pero no solo sus ojos vieron que la niña empezaba a desaparecer en el mar. También los de alguno de los muchos herreños - vecinos, buzos y trabajadores- que corrieron a socorrerles. “Había mucha gente ayudando y alguien saltó. Primero cogió a la niña y la subieron al barco”, describe despacio Madeleine. Luego, alguien la rescató a ella. No recuerda de quién eran las manos que la agarraron y la elevaron al buque de rescate.

Ya en el barco de Salvamento Marítimo, buscó a su sobrina, pero no la encontraba. Cuando bajó al muelle, preguntó por ella. Madeleine fue acompañada al hospital de campaña desplegado en el puerto, donde encontró a la pequeña. Es una de las niñas atendidas de urgencia en La Restinga. Los médicos detectaron que había tragado mucha agua y solicitaron la evacuación de la menor al Hospital Universitario de La Candelaria, en Tenerife. “Me dijeron que tenía agua en su barriga y se la tenían que llevar. Me pidieron perdón por no poder llevarme con ella”, detalla la mujer, que decidió abandonar su país junto a la niña para evitar la mutilación genital de la pequeña, según su relato.

Madeleine no viajaba en los cubículos semicerrados del cayuco; Sira, sí. Esta guineana -cuyo tampoco es verdadero- pasó los días de travesía sentada junto a sus dos hijas, de cuatro y siete años, en estos pequeños espacios techados. A su alrededor solo había más mujeres y niñas. “Todo fue tranquilo, hasta cuando nos tenían que pasar al otro barco. Y es ahí donde mi hija murió. Justo ahí, mi niña murió”, dice la mujer, de 22 años, antes de romperse.

Lo cuenta sentada con la mayor parte de su cuerpo inclinado hacia la derecha, elevando ligeramente una parte de su cuerpo, en la que fue golpeada durante el giro de la barca. Sus palabras se intercalan con muecas de dolor a cada mínimo movimiento. La mezcla del agua de mar con la gasolina suele provocar quemaduras al entrar en contacto con la piel. El vuelco de la embarcación también causó lesiones en algunas de las mujeres que, como Sira, quedaron atrapadas en la barcaza tras el accidente.

“Había muchos gritos”

“La barca se dio la vuelta, pero no caímos al agua. Nos quedamos en esas ‘cajas’. Había partes inundadas, dentro del agua, pero arriba había un hueco donde se podía respirar. Había muchos gritos, la gente intentaba subir como podía…”, explica sobre los minutos en los que quedaron encerradas bajo el cayuco volcado. Debajo, en la zona superior, se generó lo que los miembros de Salvamento llaman una “burbuja de aire”, un área donde no llegó el agua. Ahí es donde las mujeres atrapadas trataban de elevar sus cabezas y respirar.

“Fue horrible. Intentábamos subir agarrándonos con unas cuerdas. Levantar la cabeza para intentar coger aire, aunque a veces volvíamos para abajo”, dice tocando su frente con las dos manos para describir su estado en aquel momento. “Lo tengo borroso. Estaba muy mareada”, matiza la guineana. Cuando la barcaza volvió a darse la vuelta, varios vecinos, tripulantes de Salvamento y algunos compañeros de viaje saltaron al bote semihundido y empezaron a sacar rápido a quienes se encontraban en el interior de esos cubículos. Al llegar a puerto, Sira corrió a buscar a sus familiares. Vio a su hermano pequeño, Georges, y a su hija mayor. La pequeña no estaba. Minutos después, identificaron su pequeño cuerpo sin vida en el puerto.

Rescatados y rescatadores

Entre las manos que sacaron a mujeres como Sira de las “cajas” del cayuco estaba Babakar (nombre ficticio). Este senegalés fue uno de los primeros en subir al barco de Salvamento durante el inicio del rescate. Lo hizo, asegura, para dejar paso a las mujeres y menores, y ayudarlas a salir. “Cuando volcó el barco, sabía que había gente dentro de la 'jaula'. Salté al agua y, desde el fondo del barco, empecé a tirar de algunas de las personas que estaban allí”, describe dice el chico de 19 años, alojado en un centro de Cruz Roja localizado en una zona aislada, alta, y fría de Tenerife, donde apenas hay nada que hacer.

¿Por qué volcó?

Cuando se les pregunta por las razones del accidente, los superviventes entrevistados por elDiario.es destacan varias posibles razones. Quienes se dedican a la pesca en sus países de origen hablan del amarre. “Ataron su barco a la parte trasera y delantera del cayuco, pero no la amarraron en el medio”, señala Babakar, procedente de Mbour (Senegal). Además del posible nerviosismo de algunos de sus compañeros para llegar al buque, lo que pudo desestabilizar el bote, también mencionan la opción de que los equipos de rescate no hubiesen contemplado lo suficiente el gran número de mujeres y niños ubicados en los compartimentos techados.

“Pidieron que bajesen los menores y las mujeres, pero la mayoría de ellos estaban dentro de las 'cajas' y, para que saliesen, el grupo que está encima de las 'jaulas' tenía que salir primero. De ahí que el barco cogiese peso de un lado y, sin un amarre en el centro, volcase”, reflexiona Thierno (nombre ficticio), otro de los guineanos supervivientes de la tragendia.

No era la primera vez que Thierno intentaba llegar a España. De 2015 a 2018, el joven vivió en Marruecos con el objetivo de saltar la valla de Melilla. Lo intentó tres veces, pero en todas ellas fue frenado por la policía marroquí, según su relato. Después de regresar a Guinea Conkry una época y retomar su trabajo como pescador, su situación económica volvió a complicarse y decidió intentar de nuevo migrar a Europa, esta vez por la ruta canaria, más cara y peligrosa que el salto a la alambrada.

El punto de partida

Cuando se les pregunta por el punto de partida del cayuco, todos los supervivientes entrevistados dicen haber salido de Nuakchot (Mauritania). Es la misma versión recogida por la Policía Nacional a través de sus entrevistas con los recién llegados, pero el dato contrasta con la información recabada por la Guardia Civil y con la primera alerta recibida por el colectivo Caminando Fronteras a través de su sistema de avisos de riesgo en el mar. En esa llamada, familiares de los pasajeros de la barcaza aseguraron que la embarcación había zarpado el día 18 de mayo de Guinea Conakry, según explicó la ONG.

Los supervivientes, sin embargo, insisten en haber salido de Nuakchot y todos detallan haber pasado cinco días en el mar, en vez de los diez días transcurridos desde la alerta inicial a su llegada a tierra. Los guineanos contactados por este medio aseguran haber partido de su país escasos días antes del inicio de su viaje hacia Canarias, algo que choca con los fuertes controles policiales desplegados en las fronteras mauritanas y en las costas del país.

La barcaza volcada en el muelle de La Restinga no coincide con las utilizadas tradicionalmente en Mauritania, más alargadas, más estrechas y de menor altura. Casi todos los ocupantes del bote han hablado con este medio bajo la condición de no publicar su nombre real. La mayoría también se ha negado y ha expresado su temor a ser fotografiado, incluido de espaldas.

Bernard (nombre ficticio) pasa la mañana en un parque próximo al centro de Cruz Roja. Acuna en sus brazos a su bebé, como lo hacía antes del accidente en el muelle de La Restinga. El hombre viajaba en el centro del cayuco junto a su hijo y su esposa. Cogía al niño cuando la barca escoró hasta desplomarse contra el mar. Ya en el agua, no soltó al pequeño, cuenta, y pataleó con todas sus fuerzas para mantener en el exterior la pequeña cabeza del bebé de unos nueve meses. “Tiraron un flotador salvavidas y coloqué a mi hijo encima. Mientras, miraba a mi mujer, que intentaba mantenerse agarrada a una parte de la barca”, describe el hombre guineano. Todos fueron rescatados.

Los sobrinos de Laye (nombre ficticio) también cayeron al mar. “Caí yo y los niños. Mi preocupación eran los niños. Mis compañeros me ayudaron a cogerlos y subirlos al barco de Salvamento Marítimo”, comenta el hombre guineano. Según su relato, decidió migrar con sus sobrinos para intentar llegar con ellos a Francia, donde viven las madres. “Los niños están bien. Después de todo, no hacen preguntas sobre lo ocurrido”, concluye el hombre, sentado junto a los pequeños.

Mientras los supervivientes afrontan sus primeros pasos en Europa atravesados por la tragedia, en varios cementerios de El Hierro ya descansan los cuerpos de las siete mujeres y niñas fallecidas. Se llamaban Fatoumatta Banaro, Marima, Maria Biniti Kamara, Sarah Samoura, Adama Keith, Mami Kamara y Aissatou Tambasa. En sus lápidas, junto a sus nombres, aparece una inscripción que recuerda la razón que empujó su temprana muerte: “inmigrante”.

Los gritos hicieron pensar a Javier Iglesias que ese desembarco no era como otro cualquiera. Hace unos meses, este asturiano, propietario de un pequeño restaurante situado frente al muelle de La Restinga (El Hierro), reconocía que ya apenas se movilizaba ante la llegada de cayucos, convertidos hace más de un año en parte del día a día de este punto de la isla. Pero los chillidos que atravesaban su ventana en la mañana de este miércoles le empujaron a asomarse. “El cayuco empezó a escorarse y volcó muy rápido. Cogí las llaves del coche y corrí hacia allí”, cuenta a elDiario.es. 

Eran las 9:35 (hora canaria), cuando el vuelco de la barcaza desencadenó un rescate desesperado, en el que miembros de Salvamento Marítimo, agentes de la Policía Nacional, personal municipal, Guardia Civil, supervivientes de la tragedia y vecinos de La Restinga corrieron a intentar sacar a gente del agua o ayudar en lo que fuese necesario. Mientras unos se lanzaban al agua para ayudar a quienes no sabían nadar, otros trataban de alzarles hasta la embarcación o el muelle, lanzaban salvavidas o acompañaban a los rescatados a las carpas de Cruz Roja para ser asistidos. El accidente fue capturado por las cámaras de la Televisión Canaria: ''¡No, no, no, no!'', exclamaba una periodista mientras observaba cómo el cayuco viraba poco a poco. Lo que parecía un rescate más de los cientos que se han producido en este punto del Archipiélago en los últimos años, terminaba en tragedia a la vista de los vecinos de La Restinga y retransmitida en directo. La mayoría de quienes viajaban en el cayuco fueron rescatados, pero siete personas fallecieron en esos minutos de pánico posteriores al escoramiento de la patera. Todas eran mujeres y niñas.

De las siete víctimas mortales confirmadas, tres eran niñas de entre cinco y 16 años. También hay un bebé desaparecido y varios menores se encuentran en estado grave en los hospitales de Tenerife y El Hierro. Según varios testimonios recabados por elDiario.es, los ocupantes habían reservado el fondo del cayuco a las mujeres y los niños, algo habitual en estas travesías con la intención de protegerlas durante el viaje para evitar que estén en constante contacto con el agua durante días en el mar.

Horas antes del vuelco, Javier Iglesias escuchó desde su casa movilizarse a la embarcación de Salvamento Marítimo. Tras recibir un aviso del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la Salvamar se trasladó al lugar donde había sido detectado un cayuco con más de 150 migrantes a bordo, a seis millas náuticas (unos 11 kilómetros) del muelle de La Restinga. Desde ese punto, el buque de rescate “acompañó” a la sobrecargada barcaza hasta el puerto, algo que los equipos de rescate hacen habitualmente cuando el cayuco se encuentra cerca de tierra y considera que puede desplazarse por sus propios medios, según el organismo dependiente del Ministerio de Transporte. Cuando ya estaban junto al muelle, los equipos de salvamento comenzaron el trasbordo de un buque a otro, uno de los momentos más complejos de la operación. Eran las 9:35 de la mañana (hora canaria). 

“Se pusieron de pie algunas personas para empezar a pasar del cayuco al barco. El barco era muy precario y, cuando empezaron a pasar a los bebés, se descontroló todo. Se dio la vuelta y se cayeron hacia el otro lado”, dice a elDiario.es Manuel (nombre ficticio) un vecino de El Hierro que se encontraba en el muelle en ese momento. Según fuentes oficiales de Salvamento Marítimo, “una parte de las personas que viajaban en el cayuco se ha concentrado en una de las bandas, lo que ha provocado el escoramiento y volcado de la misma”. 

Cuando Iglesias llegó al muelle, ya había decenas de vecinos, sanitarios y buzos del pueblo movilizados para ayudar, más allá de los equipos oficiales. “Primero había que sacar a los migrantes del cayuco volteado. La barcaza estaba dada la vuelta. Entre gritos y muchos dificultades, se fue sacando a la gente”, dice el asturiano, quien ayudó a cambiarse de ropa a varios supervivientes, entretuvo a algunos niños rescatados en buen estado y colaboró en el traslado de las camillas de algunos de los heridos de gravedad. “Cuando el cayuco volvió a su posición inicial, aparecieron unas 15 personas con vida. Se habían quedado debajo, en una capa de aire en el interior del cayuco, muchos eran niños”, relata el vecino, que sitúa en ese momento el hallazgo del primero cuerpo sin vida, el de una de las cuatro mujeres adultas fallecidas.

Otras tres mujeres, posiblemente atrapadas en el zona más baja de la barcaza, también habían fallecido. “Salté cuando se le dio la vuelta al barco para buscar más cuerpos. Allí había tanto gente que estaba en la burbuja de aire, como quienes se habían quedado debajo. Había muchos cuerpos. Algunos estaban en parada, otros muertos. De los nervios no llegaba a distinguir si estaban vivos o muertos. Había bastantes niños y mujeres, y los íbamos sacando como podíamos”, recuerda Manuel (nombre ficticio), que también participó en las labores de rescate de manera voluntaria.

El regreso de la barcaza a su posición original descubrió a una decena de personas, la mayoría mujeres y niños, hasta entonces atrapadas bajo las maderas del viejo cayuco. Al ver a sus compañeros en riesgo, varios migrantes recién rescatados que sabían nadar volvieron a saltar al agua a la carrera y colaboraron con los miembros de Salvamento Marítimo intentando salvar a las mismas personas con las que habían compartido días de travesía.

A las 9:55 horas, el doctor Luis González, recibió el aviso. Un compañero estaba en el muelle y lo llamó agobiado: “Ha volcado una patera. No sé cuantos muertos vamos a tener”, le dijo. Como director médico del Hospital Insular de El Hierro y parte del grupo médico creado en la isla para atender emergencias sanitarias tras la llegada de cayucos, movilizó al resto de su equipo y se desplazó a La Restinga. “Ninguno se quejó, cuando los llamé la respuesta fue inmediata. La gente que estaba descansando en sus casas fue corriendo al puerto para reforzar el dispositivo”, dice el doctor.

Identificación de cuerpos

Llegó al puerto pasadas las 10 y no se fue hasta la una de la tarde. “Ha sido muy duro. Hemos tenido pateras jodidas, pero cada vez cada vez te duele más. Esta fue… que han muerto tres niños y cuatro mujeres, dios mío”, reconoce el médico, forzado a interrumpir su relato por la emoción. Su equipo ha atendido de urgencia a decenas de personas en el mismo muelle y ha realizado el triaje para ordenar los traslados necesarios al hospital de la isla, así como dos evacuaciones en helicóptero a Tenerife. Entre las víctimas atendidas recuerda a una adolescente de unos 15 años. “La intubamos y mientras la llevaban al hospital, se paró. Estuvieron casi 40 minutos con las maniobras de reanimación, pero no salió. Sufrió un ahogamiento incompleto que se convirtió en parada. Aspiramos todo lo que se pudo para ver si tiraba palante pero nada”, lamenta González. Es una de las tras menores fallecidas.

En el puerto, una de las mujeres rescatadas preguntaba angustiada por una de sus hijas. Además de un niño que estaba con ella en el muelle, había subido al cayuco con su otra hija, de cuatro años. “La buscamos en todos los sitios y no la vimos. Hasta que vimos un cuerpo de una niña. Era pequeña. Tenía el pelito cortito, peinado con rastas. Pensé que podía ser ella”, recuerda el doctor. “Junto al equipo humanitario de Cruz Roja, buscamos a la mujer. Le enseñamos el cuerpo y se derrumbó. Era su hija”, recuerda el médico, con la voz entrecortada, desde el pequeño hospital de El Hierro. “Le pregunté si quería que le diésemos un calmante. Dijo que no porque tenía que cuidar a su otro hijo, de siete años”.

Hasta el centro sanitario desde el que habla González fue trasladado también un bebé de tres meses con dificultad respiratoria como consecuencia de un ahogamiento de carácter grave. Los sanitarios también derivaron al complejo hospitalario a una mujer embarazada, a otro bebé de tres meses y a tres menores, todos ellos con signos de ahogamiento de carácter moderado. Un helicóptero medicalizado transportó hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, a dos menores en estado grave.

Los centros de submarinismo, movilizados

Varios submarinistas de los centros de buzo de La Restinga también se lanzaron al agua desde los primeros momentos de la tragedia. Entre ellas, una mujer, que aún no había empezado su turno, saltó al mar al ver a una niña a punto de desaparecer junto al muelle. “Aún se estaba preparando para meterse al agua, estaba en ropa de calle y, en cuanto la vio, se lanzó y la rescató”, cuenta Antonio Castrillo, instructor en el club de submarinismo Tagoro, ubicado en La Restinga, un punto habitual entre los aficionados a este deporte. Mientras su compañera auxiliaba a las víctimas, él se encontraba regresaba junto a varios clientes de la primera inmersión de las dos que realizan cada mañana.

“Cuando vimos que había una patera volcada, salimos corriendo. Aquí estamos muy habituados a la llegada de cayucos, pero la patera estaba volcada entera”, explica el dueño de este centro de buzo. En ese momento, cuenta, los equipos de Salvamento estaban sacando a los últimos migrantes. Castrillo y sus otros compañeros dejaron a los clientes en el pantalán y se acercaron a apoyar las labores de búsqueda en la zona. “No es normal que vuelquen justo en el muelle por lo que no estaban preparados los buceadores de la policía. Hemos entrado al agua a rastrear el fondo”. 

Un bebé estaba desaparecido y aún se temía la existencia de más cuerpos sin vida en el mar. “Hemos peinado toda la zona y no hemos encontrado nada. Solo hemos hallado objetos personales, algún teléfono, una mochila, hasta el timón del cayuco”, detalla el submarinista. “Estamos acostumbrados a que lleguen, incluso a celebrarlo. Porque el hecho de que lleguen es un motivo de alegría, pero nunca había pasado que lleguen y que suceda eso, que suceda aquí, habiendo llegado. Tenemos mucha rabia, frustración e impotencia”, cuenta Castrillo, que ha cancelado el resto de actividades del día del centro de buzo. “Tanto los clientes como los tranajadores nos hemos quedado muy afectados”.

Origen: Guinea Conakry, según Caminando Fronteras

Caminando Fronteras ha confirmado a elDiario.es que la embarcación salió el 18 de mayo de Guinea Conakry, a más de 2.000 kilómetros de La Restinga. La fundadora de este colectivo, Helena Maleno, afirma que ya había reportado a las autoridades sobre esta barcaza en la que viajaban 150 personas. Entre las nacionalidades presentes en el cayuco que salió hace diez días de Guinea destacan los guineanos y senegaleses, y en ella viajaban al menos 20 niños y adolescentes. El colectivo asegura que está trabajando con las familias de los ocupantes de la embarcación.

La ONG pide a Salvamento Marítimo que, como se hace con cualquier accidente naútico, se debería investigar lo ocurrido en el operativo. “Es la segunda vez que se produce una tragedia durante un rescate en El Hierro. Si no se realiza un análisis para estudiar las causas de manera seria. Cuando ocurre con un pesquero, se investiga. ¿Por qué con los cayucos, no?”, se pregunta Maleno.

Las reacciones a la tragedia han llegado hasta la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez ha expresado su solidaridad a las familias de las víctimas y a los servicios de emergencia que han trabajado con los supervivientes. ''El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor. Debemos estar a la altura. Es una cuestión de humanidad'', ha añadido. Las políticas fronterizas europeas desencadenan tragedias como las sufrida este miércoles en la isla canaria, aunque no suelan ocurrir delante de nuestros ojos. En 2024, 10.457 personas murieron en su intento de llegar a España, según Caminando Fronteras a través de su sistema de alerta de embarcaciones en riesgo en el mar. La falta de vías legales para migrar a Europa de forma segura es una de las principales razones que empujan a miles de migrantes a arriesgar su vida a través de una de las rutas más peligrosas del mundo, la canaria.

Ante el aumento del control, los trayectos se vuelven cada vez más complicados y largos. Por eso cada vez llegan más cayucos a El Hierro, la isla canaria más remota. Por eso, también, eligen salir desde puntos cada vez menos próximos a su destino, como el lugar de partida de la embarcación volcada: una zona costera céntrica de Guinea Conakry, según los primeros análisis de la ONG.

Horas después del vuelco, un oso de peluche flotaba en el muelle de La Restinga. En el agua también quedaba una pequeña mochila blanca y una chaqueta de bebé violeta y rosa. Alguien mostró esa estampa a Luis González, director médico del Hospital Insular de El Hierro y parte del equipo de atención de emergencias en las llegadas de pateras. “No, por favor, no me enseñes eso ahora”, dijo el doctor, después de pasar la jornada atendiendo a las víctimas que requerían asistencia sanitaria, tanto a pie de puerto como en el hospital. “Tenía que seguir trabajando y no quería romperme. Ha sido muy duro. También venido la psicóloga a preguntarme qué tal. Pero le he dicho que prefería no responder en profundidad. Hoy me siento flojo, pero hoy no era el día de preguntarme como estoy, hoy era el día de aguantar”.

El arranque del año nos está dejando trágicas cifras de cadáveres por ahogamiento entre África y Europa. Eso por desgracia no es nuevo (hay muertes o desapariciones cada cuatro horas en la frontera sur) pero sí la forma en que las personas migrantes tratan de pisar el 'viejo continente'. En lo que va de 2025 se han hallado seis cadáveres en diferentes zonas costeras de Ceuta, arrastrados por el mar, con trajes de neopreno y aletas para los pies. Una forma bastante nueva, sobre todo en los últimos tiempos entre quienes arriesgan su vida para dejar atrás su país de origen y que, según explica Ana Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), “desmonta el discurso de las mafias o de las bandas organizadas que prima entre la ciudadanía y que sirve principalmente para criminalizar al inmigrante”.

“Hay mucha autoorganización para este tipo de travesías, más corta, pero también mortales”, comenta la especialista a elDiario.es Andalucía. El cierre de las fronteras a las personas subsaharianas por parte del Gobierno de Marruecos no impide que los propios marroquíes o los argelinos “se lancen al agua por esta vía”, esto es, bordeando el espigón fronterizo a nado para llegar a la ciudad autónoma de Ceuta. Hubo al menos 27 cadáveres y otras 28 desapariciones en todo 2024, según el citado informe de la APDHA.

El Ministerio del Interior las contabiliza como entradas por vía terrestre, al igual que saltando la valla, “pero entran realmente por vía marítima”. “Antes era más común hallar los cadáveres procedentes de naufragios, pero ahora la tendencia en esta zona es otra”, ya que muchas personas de Marruecos se trasladan a Argelia o intentan acceder a territorio europeo a nado por el espigón de El Tarajal o Benzú en Ceuta, con los costes que ello tiene para las vidas humanas como se está viendo. El número de entradas irregulares de personas migrantes a Ceuta en lo que va de año se encuentra en 89 y la mayor parte de ellos cruzaron durante la primera quincena de enero, según la última actualización del Ministerio del Interior.

Un 90% menos de embarcaciones

Las entradas a Ceuta y Melilla se redujeron el pasado año en comparación con 2023 en un 90% respectivamente: frente a las 285 personas que lo hicieron el año pasado en Ceuta han entrado 28 personas en 7 embarcaciones en 2024, y frente a las 206 que lo hicieron en Melilla en 2023, 21 personas en 8 embarcaciones lo han hecho en este año pasado. “De hecho, a los subsaharianos tienen 'prohibido' comprar embarcaciones en Marruecos” y, entre otras cosas, hace tiempo eligieron la ruta canaria, la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 transitaba esa ruta.

Aquí nadie te obliga a meterte en una embarcación. Aquí hay chavales que cogen una tabla de surf, un hidropedal o se ponen un neopreno, y se echan al mar

De acuerdo a los argumentos de la experta, el recrudecimiento de la represión y control a las personas de determinado perfil étnico en el norte de Marruecos especialmente desde hace cinco años ha hecho, ha hecho que el perfil del migrante haya cambiado en esta zona. “Pero aquí no estamos hablando de tráfico de personas. Aquí nadie te obliga a meterte en una embarcación. Aquí hay chavales que cogen una tabla de surf, un hidropedal o se ponen un neopreno, y se echan al mar”, explica Rosado.

La experta en migraciones apunta otro dato: “En las provincias donde se han incrementado las llegadas, el discurso de la criminalización cobra más fuerza y el interés mediático por acusar de tráfico de personas al supuesto patrón de las embarcaciones, al que endosan el marrón, es proporcional a las condenas por acuerdos de conformidad que se dictan”.

Algeciras Acoge: “Siempre van a buscar una puerta”

Esas salidas al mar nado “son actos de valentía contra el intento de vulneración del derecho humano a circular libremente”, apunta María Ángeles Benítez, presidenta de Algeciras Acoge, quien opina que “no podemos olvidar que estas muertes tienen responsables y son quienes ostentan el poder político en Europa y en los países de origen, que son las personas que deben encargarse de tomar medidas para salvaguardar la vida de quienes buscan un futuro digno, creando vías seguras y legales”.

“Salvaguardar la vida humana es obligación de los Estados y se tienen que poner a disposición los recursos humanos y técnicos necesarios para ello”, añade Benítez, quien lamenta en todo caso que las muertes de personas intentando llegar a Europa “van a seguir aumentando mientras continúen estas necropolíticas migratorias que priorizan el control de las fronteras y no el derecho a la vida”.

“Pensamos además que son una forma de regulación de las migraciones fallidas y asesinas, ya que esos controles no van a disuadir a las personas de seguir adelante con sus proyectos migratorios” ya que “siempre van a buscar una puerta, una manera de salir de su país”, dice la presidenta.

El pasado marzo, durante la Korrika, la carrera reivindicativa a favor del euskera organizada por Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (AEK), que se celebra cada dos años en Euskal Herria, 36 personas migrantes cruzaron el puente que separa Irún de Hendaya sin pasar ningún control, como si de cualquier otro corredor se tratase. Tras el acto fueron detenidas siete personas y este martes iban a ser juzgadas en Baiona. La Fiscalía les acusa de un delito de “tráfico de personas” y de pertenencia “a organización criminal” y exige para ellas penas de hasta cinco años de prisión y multas de 30.000 euros. El juicio se iba a celebrar este martes, 28 de enero, pero se ha aplazado hasta el próximo 7 de octubre para que el tribunal pueda responder a las preguntas prejudiciales planteadas por los cuatro abogados que ejercen la defensa de los acusados. Las preguntas de la defensa irán a la Corte Europea de Derechos Humanos para que se despejen esas dudas constitucionales prioritarias, de ahí viene el retraso previsto hasta octubre.

Para denunciar lo ocurrido, cientos de personas salieron a la calle el pasado domingo y recorrieron la muga entre Irún y Hendaya tras una pancarta en la que se leía “J'accuse”, nombre de la campaña que han llevado activistas y organizaciones para “autoinculparse” por este hecho y que ya suma más de 3.500 firmas. “Esta acción fue asumida por decenas de agentes sindicales, sociales y políticos y con ella quedó claro que Euskal Herria demuestra que quiere ser un pueblo de acogida. Cada seis meses el Gobierno francés inventa una nueva excusa para cerrar la frontera. Así, establece controles racistas y persigue el proceso migratorio de miles de personas llenando este camino de obstáculos y muchas veces, condenándolas a morir”, aseguran los promotores de la campaña tras la cual se encuentran organizaciones como Amnistía Internacional o Irungo Harrera Sarea.

La frontera que separa España y Francia tiene una longitud de más de 656 kilómetros. En Euskadi, la última parada antes de ingresar en el Hexágono es el municipio guipuzcoano de Irún. Existen varias formas de cruzar la frontera: atravesando los puentes de Behobia y Santiago que van sobre el río Bidasoa, en barco desde Hondarribia hasta Hendaya o a través del monte que rodea ambos municipios. Cientos de personas cruzan a diario de Hendaya a Irún y viceversa por motivos laborales, sociales o, en el caso de pasar de Francia a España, en muchas ocasiones económicos, puesto que hay productos como algunos alimentos, la gasolina o el tabaco que son más baratos. La aparente pero falsa facilidad para cruzar esa frontera es la que esconde un mayor peligro para los migrantes que tratan de pasar por ella cada día, ya sea caminando por los puentes, por la montaña o, en el peor de los casos, cruzando el río a nado.

“Es conocido que en torno a Irún y Hendaya hay centenares de voluntarios comprometidos que organizan la solidaridad y hacen frente a las inhumanas políticas migratorias. Son personas activistas y comprometidas que defienden y dedican esfuerzo a construir condiciones de un tránsito seguro frente al acoso de las autoridades políticas. Sus leyes y la policías. Reivindicamos acabar con estas fronteras y tender puentes”, sostienen tras recordar que “son al menos nueve las personas que han fallecido en su proceso migratorio al cruzar la frontera del río Bidasoa” en los últimos años.

Una persona muerta cada cuatro horas es el trágico balance migratorio del acceso a España desde África durante 2024, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha documentado la muerte y desaparición de 2.465 personas, de las cuales 591 cuerpos han aparecido en las costas o en alguna embarcación durante el rescate y otras 1.874 se tiene constancia de que han muerto o no se les ha encontrado pero han desaparecido para siempre.

Es el segundo año tras 2023 con más personas muertas y desaparecidas de la serie histórica que en APDHA lleva registrando desde 1988, según han informado en rueda de prensa este martes en Sevilla. “Desgraciadamente cada vez parecen más lejos que se establezcan vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a territorio seguro cuando sus vidas corren peligro o quieran emprender un proyecto migratorio”, han denunciado. Canarias continúa siendo la ruta más transitada, pero a la vez la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 lo ha hecho en esta ruta.

Pese a que las llegadas de migrantes a la UE caen un 38% en 2024, el incremento de personas que tomaron la ruta canaria en 2024 ha hecho que el año pasado haya tenido un total de 64.048 llegadas tanto por vía marítima como terrestre, el segundo con más llegadas, solo superado por 2018. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja este martes a Estrasburgo para abordar la política migratoria y el papel de las regiones ultraperiféricas en la UE.

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha dicho que “las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español están condenando cada año a miles y miles de personas a utilizar las rutas más peligrosas, en las que deben jugarse la vida a bordo de precarias embarcaciones, para ejercer su legítimo derecho a migrar, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La coordinadora del informe, Ana Rosado, ha explicado que en 2024 “de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla”.

El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio"

Rosado apunta que “el incremento de llegadas en la ruta canaria es inversamente proporcional al descenso en las llegadas a las rutas que conducen hasta la península, a excepción de la ruta de Levante, que ha experimentado un incremento por las llegadas a Baleares”. La coordinadora del Frontera Sur señala que “no se trata de algo nuevo, sino que es un cambio que se lleva produciendo claramente desde 2019, coincidiendo con el reforzamiento de los acuerdos suscritos con Marruecos”.

La coordinadora ha lamentado “el bochornoso espectáculo del pasado verano, cuando, por intereses políticos, algunos partidos han instrumentalizado y han mercadeado con la infancia migrante o con las personas que se desplazaban desde las Islas Canarias hasta la península”. “El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio”, ha comentado.

Para concluir respecto a estas cuestiones, Rosado ha señalado que “justamente durante los últimos 5 años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 que hemos podido registrar desde APDHA durante los últimos 37 años”, lo que viene a señalar que “las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. “Los datos que hoy presentamos confirman el fracaso absoluto de las políticas migratorias europeas”, ha sentenciado Rosado.

Trabajo de campo en asentamientos de Huelva y Almería

APDHA ha realizado este año un estudio de investigación acerca de la situación que enfrentan las personas migrantes que residen en los asentamientos de infraviviendas. El informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’ centra su mirada en la realidad que viven las personas trabajadoras migrantes que, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en chabolas.

Se trata de un trabajo de campo realizado por investigadoras de la APDHA y que ha sido cofinanciada por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE. En él se refleja “una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no solo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, lamenta el informe anual.

Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social

Aunque existen “esfuerzos aislados” para mejorar estas condiciones, como Lepe en Huelva y Níjar en Almería, la creación de alojamientos temporales y la intervención de organizaciones locales, así como “la falta de una estrategia integral y coordinada entre las administraciones públicas ha obstaculizado avances significativos”.

El plan estratégico para erradicar los asentamientos informales, “aunque positivo, no ha logrado abordar de manera efectiva la magnitud del problema”. “La insuficiencia de recursos y la falta de infraestructuras adecuadas siguen siendo barreras importantes”, dice APDHA, que concluye que el plan “no puede limitarse únicamente al desmantelamiento de las infraviviendas o a la prohibición y vigilancia para evitar la construcción de nuevas, sin ofrecer alternativas habitacionales reales y dignas”.

“Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social. De lo contrario, se corre el riesgo de que el plan se convierta en una medida que obligue a las personas migrantes a vivir en situación de calle, perpetuando así la vulnerabilidad y la exclusión social de estas personas”, recoge el informe.

La “cronificación” de la situación

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha destacado “el trabajo de campo realizado por el equipo de investigadoras de APDHA”, quienes, “sobre el terreno, han conocido de primera mano la realidad de los asentamientos, han entrevistado a las personas obligadas a vivir en esas condiciones y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos que les brindan ayuda y apoyo así como con los responsables de las administraciones públicas que obvian sus obligaciones para con estas personas y miran hacia otro lado mientras se vulneran sus derechos más elementales”.

Carmen Vásquez, una de las investigadoras de APDHA que ha participado en la confección del informe, ha explicado que se ha realizado “un estudio de corte cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación participante en los asentamientos y el análisis de la información proveniente de los diarios de campos de las investigadoras”.

Vásquez ha señalado que “aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias”. De esta forma, “mientras que en Almería se contabiliza un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular”. La investigadora de APDHA ha apuntado que “son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores”.

Vásquez ha cuantificado en “al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva que viven en estas condiciones que hemos descrito” y ha señalado algunas de las soluciones que APDHA pone encima de la mesa para revertir esta dramática situación: “soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas”.

El 2024 va acabar con un número sin precedentes de muertes en nuestras fronteras. Del 1 de enero al 15 de diciembre de este año, 10.457 personas han fallecido o desaparecido en su intento de migrar a España, un 58% más que las contabilizadas en 2023, según el informe de la organización Caminando Fronteras elaborado a partir de su sistema de alertas de pateras en peligro a través del contacto directo con los supervivientes de las tragedias y los seres queridos de las víctimas. Cada día, 30 personas han perdido la vida en aguas fronterizas; 30 familias han esperado con angustia un mensaje que nunca llegó.

El documento analiza 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas recorridas por quienes intentan llegar a España, de las que 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro. De las víctimas, 1.538 eran menores y 421 eran mujeres. “Estas cifras evidencian un fracaso profundo de los sistemas de rescate y de protección. Más de 10.400 personas muertas o desaparecidas en un solo año es una tragedia inadmisible. Urgimos a que se priorice la protección del derecho a la vida, se refuercen las operaciones de búsqueda y rescate, y se garantice la justicia para las víctimas y sus familias”, denuncia Helena Maleno, fundadora del colectivo y coordinadora de la investigación.

Por rutas migratorias, se registraron 9.757 muertes en la llamada ruta atlántica, 517 en la ruta argelina, 110 en el Estrecho y 73 en la que atraviesa el mar de Alborán. Los datos son obtenidos por la ONG después de cotejar testimonios de los supervivientes, los testigos directos de las tragedias, así como de las denuncias de familiares desesperados por localizar a sus seres queridos embarcados. El maliense T. D. es una de las personas que vio morir a sus compañeros en el mar mientras trataba de alcanzar Canarias. “La barca se quedó a la deriva, nos llevaban las olas. Todos estábamos muy cansados, y cuando veías que alguien se sentaba tranquilo y dejaba de llorar o de rezar, era que se estaba muriendo. Las vidas se iban apagando, y yo esperaba a ser el próximo, pero fue mi hermano”, describe en un testimonio recogido por Caminando Fronteras.

“Le decía a mi hermano que no bebiese agua del mar, que aguantara, pero bebía sin parar, luego vomitaba, y después se sentó y dejó de hablar. No tuve fuerzas para tirar su cuerpo, lo hicieron otros. Además de mi hermano, vi morir a una familia entera, el padre acabó tirándose al mar cuando tiró al último de sus hijos. No tuvimos fuerza para impedírselo. No sentía nada cuando por fin nos rescataron, no tenía fuerzas en mi cuerpo pero tampoco en mi alma”.

La ruta más mortífera

La gran mayoría de muertes documentadas por la ONG, como las de los compañeros de T. D., han tenido lugar en la llamada ruta atlántica, cuyo destino son las Islas Canarias. De las tragedias documentadas sufridas por personas que viajaban en cayucos procedentes de África Occidental, el 71% corresponde a aquellos que partieron desde Mauritania, el principal punto de salida hacia el Archipiélago, aunque también parten desde Senegal, Agadir (Marruecos) y Dajla (Sáhara Occidental ocupado). “Las salidas de embarcaciones desde este país no han cesado ni en periodos donde las condiciones meteorológicas en la ruta han sido terriblemente complicadas. Los meses entre enero y abril son los más mortíferos en la ruta”, sostiene el informe. Por este camino también se ha incrementado el número de mujeres procedentes de zonas del Sahel donde tradicionalmente el viaje migratorio era realizado por hombres, dándose una “incipiente feminización” en las salidas de Mauritania. Al menos, 6.829 personas que se embarcaron de las costas mauritanas se quedaron en el mar. 67 cayucos desaparecieron sin dejar rastro.

En las embarcaciones que realizan este trayecto viajan mayoritariamente personas procedentes del Sahel, que utilizan Mauritania como un país de paso para alcanzar Europa. “Estas personas huyen de conflictos bélicos, el impacto del cambio climático y diversas formas de violencia, como explotación laboral, matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual”, recuerda la ONG.

El cruce migratorio desde la franja costera situada entre Agadir y Dajla destaca por la presencia mayoritaria de embarcaciones neumáticas similares a las que transitan por las rutas mediterráneas, según lleva detectando Caminando Fronteras desde 2019. “Las zodiacs son muy peligrosas para navegar en el Atlántico, donde las condiciones marítimas son más severas que en el Mediterráneo”, alertan desde la organización.

“Nos hundimos, una de las gomas está totalmente desinflada, hay gente ya en el agua, les sostenemos para que no se separen de la embarcación. Llevamos horas comunicando, ya tenéis la posición, ¿por qué no viene nadie? Hemos llamado a todos, dicen que viene Marruecos pero no llega, que manden aunque sea un avión, algo. No vamos a aguantar más, nos iremos todos al fondo, nadie tiene piedad de nosotros, que Alá se apiade de nosotros”, clamaba una de las personas migrantes que llamó este año desde una zodiak al sistema de alertas del colectivo. El colectivo también ha detectado “un patrón de salidas conjuntas en intervalos cortos” en este punto, lo que también incrementa el riesgo de tragedias.

Por su parte, tras la victoria electoral de Oussmane Sonko, las salidas desde Senegal y Gambia han caído desde 2023, especialmente en los primeros meses de 2024, aunque ha permanecido constante a partir del segundo trimestre, analiza el estudio. No obstante, la organización ha contabilizado en este trayecto 26 tragedias con 2.127 víctimas y ocho embarcaciones desaparecidas.

Las rutas que atraviesan el Mediterráneo, aunque menos transitadas, también han dejado cientos de víctimas este año. Si desde 2020, la mayoría de salidas desde Argelia finalizaban en las costas localizadas entre Almería y Alicante, este año Caminando Fronteras ha detectado “una mayor tendencia” hacia las Islas Baleares, la zona más peligrosa de la ruta. Aunque quienes atraviesan este camino son principalmente argelinos, se ha dado un incremento de quienes vienen del Sahel, África Occidental, África Oriental y Asia. La ONG ha identificado personas sirias, palestinas y yemeníes en esta ruta.

El trayecto del Estrecho está marcada por el alarmante porcentaje de víctimas menores, muchos de ellos después de intentar cruzar el espigón fronterizo del Tarajal con destino Ceuta. El 20% de las víctimas en esta ruta son niños, niñas y adolescentes. Según Caminando Fronteras, 110 personas han muerto en esta ruta y cinco embarcaciones desaparecieron por completo.

“El aumento de víctimas está directamente relacionado con factores como la omisión del deber de socorro por encima de la protección al derecho a la vida, la prevalencia de políticas de externalización de fronteras que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes, la falta de activación o la tardanza en los operativos de búsqueda y de rescate, incluso cuando se tenía la posición de las embarcaciones”, enumera la ONG. A las deficiencias detectadas por la organización se suman las precarias conficiones en las que viajan muchas de estas embarcaciones.

Cuando el equipo de Caminando Fronteras le preguntaba al maliense T. D. si alguien le estaba ayudando tras su llegada a España, respondió que no. “A nadie le interesa, por eso dejo todo en manos de Alá, y solo quiero continuar mi camino a Francia, trabajar y ayudar a mi familia. Bueno, quiero otra cosa, ¿sabes qué quiero? Quiero dormir sin que al cerrar los ojos vea las caras de todos los que murieron”, T.D., maliense sobreviviente de un naufragio“, contestó el superviviente de la tragedia en la que vio morir a su hermano.

Meses después de ver morir a decenas de compañeros en la tragedia de Melilla, el joven sudanés Basir (nombre ficticio) acudió a la embajada de España en Marruecos para intentar pedir asilo de forma segura y, a su vez, poner a prueba las palabras de Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior había defendido que los migrantes podían pedir protección internacional sin necesidad de saltar una valla, en los consulados españoles de terceros países, una vía apenas utilizada debido a las restricciones y la arbitrariedad en su aplicación. Aunque el joven logró registrar su expediente acompañado de un equipo jurídico y fue citado para ser entrevistado por las autoridades españolas, la Administración no respondió a su solicitud. Más de un año después, sus abogados recurrieron a la Audiencia Nacional que, tras una negativa inicial, ha exigido al Gobierno el traslado urgente del solicitante de asilo a suelo español.

“Si valoramos la situación personal del recurrente teniendo en cuenta tanto su relato como la situación en el país de origen, creemos que debemos concederle la medida cautelar positiva instada, pues al margen de que no puede descartarse que haya sufrido persecución por causa religiosa, la posición de ACNUR sobre la situación del país de origen es clara”, concluye la Audiencia Nacional en un auto emitido el pasado 29 de febrero, al que ha accedido elDiario.es. El Tribunal ordenó entonces a la Administración la realización de “las actuaciones oportunas” para “promover el traslado a España del solicitante de asilo”.

Transcurrido más de un mes, el Ministerio de Exteriores -competente en la ejecución de la resolución- no ha contactado con Basir para iniciar los trámites relativos a su traslado a España, según confirma el equipo jurídico DEMOS (Estudio legal de derechos humanos), que se encarga de la defensa del sudanés.

“Nadie se ha puesto en contacto con Basir ni tampoco con nuestro despacho. No ha habido ningún intento de comunicación por su parte, ni para la ejecución de la medida cautelar ordenada, ni para explicar los motivos del retraso”, sostiene Adilia de las Mercedes, una de sus abogadas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores rechazan dar detalles del caso alegando razones de confidencialidad y protección de datos del denunciante. Por su parte, desde Interior sostienen que, una vez cumplido el traslado del joven, se encargará de las medidas necesarias para iniciar su procedimiento de asilo en España. Este medio no ha obtenido respuesta sobre las razones del retraso en la ejecución de la medida cautelar.

Un largo procedimiento

El 13 de diciembre de 2022, Basir solicitó ante la embajada de España en Marruecos la aplicación del artículo 38 de la Ley de asilo, que permite el traslado a territorio español de solicitantes de asilo, una fórmula poco utilizada ante la falta de desarrollo reglamentario en la que suele primar la discrecionalidad de cada embajada. Meses después, el sudanés fue convocado en dependencias consulares para someterse a una entrevista, pero el joven nunca obtuvo respuesta.

Ante la falta de noticias, el equipo jurídico DEMOS interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la “inactividad de la Administración”. El sudanés solicitó entonces un salvoconducto para poder desplazarse a España con las medidas de seguridad necesarias para, ya en suelo europeo, pedir asilo. Basir, por tanto, trataba de seguir los pasos que, según el ministro del Interior, debe seguir cualquier migrante para pedir protección, a pesar de que el Defensor del Pueblo, ONG y el Consejo de Europa han reconocido los obstáculos existentes para llevarlo a cabo.

En una primera resolución, la Audiencia Nacional denegó el 15 de enero de 2024 la medida cautelar solicitada por los letrados de Basir. Los magistrados no consideraron probado el riesgo para la vida e integridad del sudanés porque este padecía, concluyeron, las mismas circunstancias de “los que intentan solicitar asilo en el Reino de España o en Europa”. El Tribunal no abordó los peligros del joven en su país de origen, sino que se centro en su paso por Marruecos.

Tras un nuevo recurso interpuesto por el despacho, el 29 de febrero la Audiencia Nacional cambió su criterio y decidió conceder la medida cautelar, lo que supone el traslado de Basir a España. Después de revisar la jurisprudencia y los argumentos de la defensa, el Tribunal entendió que debía analizar el riesgo para la vida del joven en Sudán, el país de origen, en vez de sus circunstancias en el país de tránsito migratorio (Marruecos). Y concluyó que, atendiendo a los criterios de Acnur, Basir corría peligro.

“El cambio de criterio supone, en primer lugar, el establecimiento de un parámetro fijo para la resolución de las medidas cautelares en procedimientos de aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo”, sostiene Adilia de las Mercedes. La letrada añade que la aprobación de una medida cautelar de este tipo “deberá suponer un indicio casi definitivo para la aprobación posterior de la protección internacional, puesto que se basa en los indicios de riesgo de que la persona correría en su país de origen”.

Mientras, Basir sigue escondido en Marruecos ante el constante riesgo de abusos por parte de los agentes marroquíes.  “Tuve miedo el año pasado, tengo miedo ahora y siempre tendré miedo mientras esté aquí en Marruecos, porque me preocupa acabar como muchos otros amigos que han acabado muriendo en Melilla”, dice el sudanés a través de un mensaje de audio en respuesta a las preguntas de elDiario.es. “Son muy agresivos con nosotros y pueden atacarnos en cualquier momento. A veces nadie sabe qué ha pasado con alguno de nosotros. Podemos desaparecer y ya está. Por eso siempre tengo miedo y estoy preocupado”, continúa el hombre, que asegura haber sido expulsado al desierto de Argelia en algunas de las redadas de los gendarmes alauíes.

Basir es cristiano y procede del estado de Kordofán del Sur, una de las zonas donde el conflicto de Sudán es más intenso, detalla el equipo jurídico. En 2013, su padre y hermano fueron asesinados a manos de la etnia Kawalib, el joven resultó “malherido y dado por muerto, pero sobrevivió y fue trasladado a un hospital en el que estuvo varias semanas”.

Su madre le pidió que no volviera a la casa y que se refugiase con un tío en otra región del país, pero tampoco allí estaba seguro. Según su testimonio, sus familiares musulmanes “le maltrataron y forzaron a cambiar de religión bajo la amenaza de denunciarle ante la policía”. Cuando salió de Sudán, pasó por Egipto, Libia, Argelia y Marruecos. 

“En todos esos países ha sido, según su relato, detenido, torturado y sometido a tratos inhumanos. Ante la situación de inseguridad y la imposibilidad de ejercer sus derechos como refugiado no le quedó más opción que tratar de que sea un Estado europeo quien le brinde la protección que necesita”, reclaman sus abogados. 

Los abogados de Basir temen de la falta de cumplimiento de las medida cautelar por parte de la Administración. “Que el Gobierno de España no haya respondido a la petición de Basir –formulada en diciembre de 2022– y que no haya cumplido con lo ordenado por el auto de la Audiencia Nacional, dictado hace más de cuarenta días, es un nuevo ejemplo de que la Administración española no va a dar su brazo a torcer”, añade la letrada.

¿Un precedente?

La posibilidad para pedir asilo en las embajadas españolas está recogida en la Ley de Asilo de 2009 pero su aplicación depende de un reglamento que nunca ha sido desarrollado. Como no existe un procedimiento establecido para solicitar protección en dependencias consulares, esta vía no es una opción estable ni real para quienes necesitan pedir refugio en España, menos aún para los migrantes subsaharianos en Marruecos, que carecen de libertad de circulación por el país.

Aunque no se ha llegado a crear un procedimiento para pedir asilo en las embajadas, los embajadores tienen potestad para emitir un salvoconducto que permita el acceso seguro a España de potenciales refugiados para que, una vez en suelo español, puedan formalizar su petición. La jurisprudencia del Tribunal Supremo apunta que “el embajador, en el marco de sus funciones, tiene la facultad para que, si según su criterio ”la integridad física de esa persona corre peligro“, se lleve a cabo el traslado al territorio nacional.

El Defensor del Pueblo ha recriminado al Gobierno recientemente “la imposibilidad” de que nacionales de terceros países puedan solicitar protección internacional en las representaciones diplomáticas de España en Marruecos, en base a lo establecido por la Ley de Asilo. “A través de las quejas recibidas se comprueba que el primer obstáculo, en la mayoría de las ocasiones insalvable, lo constituye la imposibilidad de acceso físico de estas personas a la embajada”, según una resolución emitida por la institución en octubre. Ángel Gabilondo se mostró entonces preocupado por “el alto número de personas, presumiblemente con necesidades de protección internacional, que se ven obligadas a poner en riesgo sus vidas para poder formular dicha solicitud, en lugar de hacer uso del procedimiento previsto en el citado” en la legislación.

La decisión de la Audiencia Nacional podría i más allá de un caso puntual y marcar la política migratoria. “Que tengamos noticia, el caso de Basir es la única solicitud de una persona africana negra que se ha presentado en la Embajada de España en Marruecos. Que Basir haya llegado tan lejos significa tirar la puerta abajo del bloqueo que la Administración española mantenía en relación con la aplicación efectiva del mecanismo del artículo 38 de la Ley de Asilo en ese país”, apunta la letrada. “Tenemos confianza en que su caso suponga un antes y un después y que realmente la vía del artículo 38 sea una posibilidad efectiva para las personas refugiadas africanas negras que buscan acceder a la protección internacional”, concluye.

Para pedir protección internacional en España, hay que llamar “a sus puertas”, dijo Fernando Grande-Marlaska tras la tragedia de Melilla. Basir llamó a una de ellas, gracias al apoyo facilitado por sus abogados. Un año y cuatro meses después, sigue a la espera de que las autoridades la abran.

Los agentes fronterizos franceses llevan a cabo peligrosas maniobras que ponen en riesgo la vida de los migrantes que emprenden en pequeñas embarcaciones la travesía del Canal de la Mancha con el objetivo de llegar a las costas del Reino Unido. Según los expertos en búsqueda y rescate, estas tácticas policiales de los agentes franceses, financiadas por Gran Bretaña, podrían provocar una tragedia.

The Observer, Lighthouse Reports, Le Monde y Der Spiegel han obtenido una serie de pruebas que revelan por primera vez que la policía marítima francesa ha intentado obligar a dar la vuelta por la fuerza a pequeñas embarcaciones, unas maniobras conocidas como “pullbacks” (retrocesos), en un intento de evitar que alcancen las costas británicas.

Imágenes inéditas, documentos filtrados y los relatos de testimonios evidencian que las autoridades francesas han utilizado tácticas agresivas y peligrosas. Algunas de las maniobras reveladas consisten en rodear una embarcación de migrantes, provocando que las olas inunden el bote; embestir una pequeña barca mientras los agentes amenazan a los pasajeros con un gran tanque de gas pimienta; o pinchar las embarcaciones neumáticas cuando ya están en el mar con el objetivo de obligar a los migrantes a nadar de vuelta a la orilla.

En el pasado, las autoridades francesas se negaron a llevar a cabo interceptaciones en el mar, como pedían las autoridades del Reino Unido, por considerar que contravenían el derecho marítimo internacional. Sin embargo, las evidencias indican que desde el verano pasado se ha producido una escalada en el uso de estas tácticas.

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha prometido “detener las pateras” que cruzan el Canal de la Mancha. Con este propósito, ha asumido con Francia el compromiso de financiar con cientos de millones de euros los esfuerzos necesarios para una mayor vigilancia y más recursos para que los guardias fronterizos puedan impedir a los migrantes emprender el viaje.

El pasado miércoles, un controvertido proyecto de ley para expulsar a los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha a Ruanda, con independencia de su país de origen, sufrió varias derrotas en la Cámara de los Lores. Con este revés político, los planes del primer ministro de empezar a mandar migrantes a Kigali quedan pospuestos hasta después de Semana Santa.

Los ministros afirman que el proyecto de ley, y el miedo a terminar en Ruanda, será un elemento disuasorio para todos aquellos que crucen el Canal de la Mancha desde el norte de Francia hacia el Reino Unido.

Los vídeos

En el primer vídeo obtenido y verificado para esta investigación, una embarcación de la policía francesa en el puerto de Dunkerque da vueltas cerca de una lancha neumática en la que viajan unas 25 personas, formando a su paso una estela de agua que inunda la embarcación.

En las imágenes se observa cómo la embarcación policial avanza hacia la lancha neumática a toda velocidad, antes de girar bruscamente para crear olas, dar vueltas en círculo y volver de nuevo. Se ve a los migrantes con chalecos salvavidas, cubiertos de espuma e intentando achicar agua con los zapatos.

Las fuentes confirmaron que la patrullera policial utilizada para llevar a cabo la maniobra que aparece en el vídeo fue comprada por las autoridades francesas con dinero proporcionado por el Gobierno del Reino Unido en virtud del tratado de Sandhurst, un acuerdo bilateral de seguridad fronteriza firmado en la academia militar real en 2018.

“Se trata de una mala práctica y un retroceso de manual: exactamente lo mismo que vemos en Grecia”, señala un experto en búsqueda y rescate al que se le mostraron las imágenes. “Esa sola maniobra podría causar una tragedia. El agua es lo suficientemente profunda como para que los migrantes se ahoguen. Lo he visto muchas veces en el Mediterráneo central, pero es la primera vez que veo algo así en el Canal de la Mancha”.

Con anterioridad, ha quedado demostrado con imágenes y testimonios que los guardacostas griegos obligan a embarcaciones con migrantes a regresar a aguas turcas en el mar Egeo, en algunos casos maniobrando a su alrededor a gran velocidad para crear olas.

Dos fuentes de alto rango de la Fuerza de Fronteras del Reino Unido confirman que la táctica podría provocar múltiples muertos y heridos. “Si las palas [del barco francés] entran en contacto con la embarcación, la atravesarán de un tajo”, afirma un funcionario operativo de la Fuerza de Fronteras. “También puede producirse una colisión. El peso y la fuerza de la embarcación de la patrulla francesa podría pasar por encima de la borda de la lancha neumática de los migrantes. Derribaría a los pasajeros, los dejaría inconscientes y caerían al agua. Podría causar la muerte. No puedo creer que ningún marino pudiera consentirlo”, señalan.

Los expertos marítimos añaden que “les sorprendería” que la Fuerza Fronteriza y el Servicio de Guardacostas del Reino Unido no estuvieran al tanto del uso de estas tácticas: “Al cien por cien, un responsable al más alto nivel estará informado”.

Gas pimienta en alta mar

En un segundo vídeo, miembros de la gendarmería francesa conducen una lancha rápida a unas 12 millas náuticas de la costa francesa, y amenazan con utilizar un gran tanque de gas pimienta contra una patera. A continuación, proceden a embestir su embarcación contra el bote. “Ni siquiera saben quién va a bordo: si hay alguien asmático contra el que estás usando espray de pimienta, o mujeres embarazadas”, señala un funcionario de la Fuerza de Fronteras. “Podría ser muy perjudicial”.

Como prueba de un tercer intento de maniobra de disuasión, una denuncia presentada por un miembro del servicio de guardacostas de la aduana francesa ante el fiscal de Boulogne-sur-Mer alega que el 11 de agosto de 2023 agentes de policía ordenaron a una tripulación de la Sociedad Nacional de Salvamento Marítimo (SNSM) que pinchara una pequeña embarcación que ya había zarpado. En un correo electrónico al que ha tenido acceso el equipo de periodistas que ha hecho esta investigación, el denunciante, Rémi Vandeplanque, afirma que la tripulación de salvamento “obviamente se negó” a hacerlo, añadiendo que el riesgo de ahogamiento si lo hubieran hecho era “real e inminente”.

El testimonio de varias fuentes que embarcaron en pateras con destino al Reino Unido corrobora el uso de este tipo de tácticas por parte de la policía francesa. “Había cuatro [gendarmes franceses] en la embarcación”, subrayó un hombre de la India. “Dieron la vuelta a la embarcación neumática en círculo y luego la pincharon y se fueron. Tuvimos que nadar durante unos 10 minutos... Estuvimos a punto de morir”. El 9 de febrero de 2024, el hombre presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo francés. El incidente está siendo investigado.

Fuentes del Ministerio del Interior francés han descrito la “enorme presión diaria” que ejerce el Gobierno británico para que la policía marítima francesa impidiera la salida de pateras, y un funcionario francés describió la presión como “intensa” y “ continua”. Otro alto funcionario, que estuvo en el cargo hasta finales de 2020, añade: “En lo que respecta a las autoridades del Reino Unido, los barcos tenían que ser interceptados en el mar. Lo repetían de forma insistente”.

En septiembre del año pasado, el entonces secretario de Estado británico de Inmigración, Robert Jenrick, dijo en la Cámara de los Comunes que “está claro que necesitamos una mayor colaboración por parte de los franceses”. Jenrick hablaba de un viaje a Bélgica en el que autoridades del país se habrían mostrado “dispuestas a interceptar en el agua pequeñas embarcaciones que salían de sus costas”.

Y añadió: “Eso ha resultado decisivo. En estos momentos es extremadamente inusual que lleguen pateras procedentes de aguas belgas, por lo que animamos a las autoridades francesas a seguir el mismo enfoque”.

En agosto de 2021, durante una visita a la isla griega de Samos, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, salió a patrullar con los guardacostas griegos, conocidos por sus agresivas maniobras disuasorias en el Egeo. “Volvió entusiasmada”, afirma una fuente del Ministerio del Interior conocedora del viaje. “Los guardacostas griegos eran muy agresivos, tenían un alto porcentaje de éxito en la detección de embarcaciones con migrantes y eran rápidos en la forma en que los interceptaban [a los solicitantes de asilo]. Le gustó el posicionamiento de Grecia de 'proteger las fronteras' y trabajar con los militares, aunque era consciente de que muchas de estas medidas no sería legales en el Reino Unido”.

Desde 2014, Reino Unido ha financiado con más de 816 millones de euros los esfuerzos de Francia para prevenir la inmigración irregular.

En una cumbre en marzo de 2023, Sunak anunció que Reino Unido daría a Francia 583 millones de euros en tres años para financiar guardias fronterizos adicionales y un nuevo centro de detención de migrantes, así como cámaras de videovigilancia, drones y binoculares de visión nocturna, entre otros equipos. Según varias fuentes del Ministerio del Interior francés, este paquete de ayuda supuso un punto de inflexión. “Este paquete de ayuda dota de un marco contractual la colaboración entre los dos países en materia de migración”, señala un alto funcionario.

El mes pasado, Reino Unido firmó un acuerdo de trabajo con la agencia europea de fronteras Frontex para reforzar el intercambio de información y desplegar funcionarios de la Fuerza de Fronteras británica para coordinar la respuesta en el Canal de la Mancha.

El equipo de periodistas que ha llevado a cabo esta investigación ha contactado con la prefectura del norte de Francia, que ha confirmado que una embarcación policial había rodeado una lancha neumática y que el objetivo de la intervención era “disuadir a los pasajeros” de acercarse a mar abierto. “Es la única vez que hemos podido interceptar una pequeña embarcación utilizando esta maniobra y ha sido disuasoria”, ha indicado. Los agentes detuvieron a los traficantes y puso a salvo a todos los migrantes que iban en la embarcación.

En palabras de un portavoz del Ministerio del Interior británico: “Un número inaceptable de personas cruzan el Canal de la Mancha y haremos todo lo necesario para poner fin a estos viajes peligrosos y mortales. Seguimos comprometidos con los avances, sobre la base de los éxitos conseguidos el año pasado, cuando las llegadas se redujeron en más de un tercio”. “No sólo hemos introducido una legislación más estricta y acuerdos con socios internacionales, sino que seguimos colaborando estrechamente con nuestros homólogos franceses, que trabajan sin descanso para salvar vidas y detener las pateras”.

Traducido por Emma Reverter.

Contactaban con familiares de migrantes desaparecidos y se aprovechaban de su dolor. La Guardia Civil ha desarticulado una red que durante años ha hecho negocio de la identificación y repatriación de cadáveres de personas argelinas y marroquíes fallecidas en su intento de migrar a España, beneficiándose de la falta de protocolos oficiales claros para poner nombre a los cuerpos hallados en el mar. 14 personas han sido detenidas y una está siendo investigada, acusadas de delitos de revelación de secretos, contra el respeto a los difuntos, estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos.

“La red se habría estado lucrando durante años a costa de los familiares residentes en Marruecos y Argelia de personas desaparecidas fallecidas en el mar cuando intentaban alcanzar las costas españolas en pateras”, sostiene la Guardia Civil, que impulsó la investigación después de descubrir la publicación en redes sociales de numerosas fotografías de cadáveres de migrantes que se encontraban en la morgue. Quien estaba detrás de la difusión de las imágenes es uno de los detenidos: el almeriense Francisco Clemente, creador de la cuenta de Twitter 'Héroes del Mar' y parte de la ONG Centro Internacional para la identificación de Migrantes Desparecidos (CIPIMD), según adelanta El País. El juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena es el encargado de las actuaciones.

El modus operandi del grupo se basaba en un primer contacto inicial a través de las redes sociales, generalmente con perfiles falsos de la trama. De esta manera, contactaban con las familias “ofreciéndoles información falsa sobre el paradero de sus allegados a cambio de dinero”, detallan fuentes de la investigación. En caso de naufragio, la red volvían a contactar con los seres queridos para pedirles datos personales de los desaparecidos. Según la Guardia Civil, los miembros del grupo realizaban una “falsa búsqueda” de estas personas y, previo pago, acompañaban a las familias a interponer una denuncia, gestionaban las tomas de ADN para la identificación del cuerpo, y servicios de traducción.

Los miembros de la red engatusaban a las familias, alegando que este era el único procedimiento existente en España para la identificación y repatriación de los cuerpos, aprovechándose del desconocimiento de los familiares de los migrantes desaparecidos, quienes generalmente vivían en el extranjero, ante la inexistencia de información y mecanismos claros para estos casos, exigidos por el Defensor del Pueblo y la ONU. Algunas de las personas que acudieron a los servicios de las personas detenidas se muestran agradecidas con ellas, al ser la única vía que encontraron para identificar a sus familiares. Otras, en cambio, alegan haber sido engañadas.

Había una pregunta que desde hace años rondaba en la cabeza de quienes apoyan de manera altruista a los familiares de migrantes desaparecidos: ¿de dónde sacaba Francisco Clemente la información y las fotografías de los cadáveres de migrantes? La investigación de la Guardia Civil confirma la implicación de empleados de una funeraria así como un Instituto de Medicina Legal. “Una vez tenían en su poder información sobre cómo actuar en la gestión de identificación de cadáveres, como fotografías de los cuerpos, se lo facilitaban a las familias para asegurarse que firmasen autorizaciones para que las funerarias implicadas en la trama se llevaran el contrato de manera exclusiva”, explica una nota del Instituto Armado.

En el marco de la operación, la Guardia Civil registró la semana pasada 13 domicilios en las provincias de Murcia, Almería y Jaén donde se han incautado casi 70.000 euros en efectivo, vehículos y documentación. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a los detenidos, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.

Entre los detenidos se encuentra el señalado por la investigación como cabecilla del grupo. “Esta persona se valía de sus contactos en las comunidades de origen magrebí para que las familias confiaran en su palabra al decirles que no había otro modo de repatriar los cadáveres de sus difuntos, acumulando una gran cantidad de contactos entre empresas funerarias y entidades relacionadas con las identificaciones y repatriaciones de cadáveres”, detalla la Guardia Civil. También se encargaba de gestionar “los pagos a los intervinientes y facilitadores de información”. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a los detenidos, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.

En España, a pesar de ser un país que recibe pateras desde hace más de 30 años, no existe ningún protocolo que marque las pautas que deben seguir las autoridades para identificar s migrantes desaparecidos e informar a sus familiares. El diputado de Bildu Jon Iñarritu preguntó al Gobierno en diciembre de 2020 sobre la posibilidad de crear un “punto de información”, en este caso en Canarias, para que los allegados de los migrantes pudieran encontrar respuestas. “No existe normativa nacional, ni internacional que fije la obligación de disponer de (un) punto de información a las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España”, concluyó el ejecutivo en una respuesta parlamentaria. 

La incertidumbre, la posibilidad de no estar haciendo todo lo que esté en su mano para encontrarles, impacta en la salud mental de los familiares y, en ocasiones, les empuja a confiar en quienes le proporcionan supuestas soluciones o respuestas, aunque se trate de una estafa.

En enero de 2020, Alhassane Bangoura fue enterrado en una tumba sin nombre en la zona musulmana del cementerio municipal de Teguise, en Lanzarote, ante la presencia de funcionarios municipales y miembros de la comunidad musulmana local. El pequeño había nacido apenas un par de semanas antes a bordo de una patera abarrotada en la que su madre, originaria de Guinea, y otras 42 personas intentaban llegar a las Islas Canarias. La embarcación llevaba dos días a la deriva en el océano Atlántico, tras averiarse el motor, y la madre de Alhassane se puso de parto en el mar. Su hijo sólo alcanzó a vivir unas pocas horas antes de morir frente a la costa de Lanzarote.

El caso de Alhassane conmocionó a la isla y saltó a las noticias de todo el país. Sin embargo, mientras los asistentes al entierro ofrecían sus condolencias, la madre del bebé fallecido se encontraba a 200 kilómetros de distancia, en un centro de acogida de migrantes de la vecina isla de Gran Canaria, al no haber podido obtener permiso de las autoridades para permanecer en Lanzarote durante el funeral.

“Le habían permitido ver el cuerpo de su hijo una vez más antes de ser trasladada, y yo la acompañé a la funeraria”, cuenta Mamadou Sy, representante de la comunidad musulmana local. “Fue muy emotivo cuando se tuvo que marchar. Lo único que pudimos hacer fue prometerle que su hijo no estaría solo; que, como cualquier musulmán, sería llevado a la mezquita, donde su cuerpo sería lavado por otras madres; que rezaríamos por él y que después le enviaríamos un vídeo del entierro”.

Casi cuatro años después, el lugar donde reposan los restos de Alhassane sigue sin tener una lápida formal. La tumba se encuentra junto a los restos de más de tres docenas de personas migrantes no identificadas, cuyos nombres se desconocen por completo pero que, como Alhassane, también son víctimas del brutal régimen fronterizo de Europa.

Las tumbas de la frontera

A lo largo de las fronteras de la Unión Europea, miles de personas están siendo enterradas de forma precipitada en tumbas sin nombre. El equipo de investigación de Border Graves (Las Tumbas de la Frontera) ha contabilizado que, en los últimos 10 años, al menos 2.162 cadáveres de migrantes han sido encontrados en las fronteras europeas sin identificar.

El equipo de investigación también ha confirmado la existencia de 1.015 tumbas de inmigrantes sin identificar entre 2014 y 2021 en 103 cementerios, todas ellas pertenecientes a personas que intentaban emigrar a Europa.

El problema está “absolutamente abandonado”, afirma Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que insiste en que los países de la UE incumplen sus obligaciones en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos. “La tragedia de los migrantes desaparecidos ha alcanzado una magnitud espantosa. El asunto exige una actuación inmediata”.

Las condiciones de sepultura de estos migrantes varían en todo el continente. En la última década, en la isla griega de Lesbos, un olivar se ha convertido en un cementerio informal para refugiados. Al menos 147 tumbas sin identificar se pueden encontrar en el pequeño pueblo de Kato Tritos, que según explica el periodista Nikos Manavis brotaron tras la gran oleada de refugiados de 2015. “Los otros cementerios de la isla eran inapropiados y no podían cubrir el número de muertos que había que enterrar en Lesbos”, afirma. “Pero no es un cementerio. Es sólo un campo. No se muestra ningún respeto por la gente enterrada aquí”.

En Siče, una población al este de Croacia, se hallan las tumbas de tres refugiados afganos al borde del cementerio del pueblo, separadas de las de los residentes locales. Los tres hombres no identificados, que se ahogaron intentando cruzar el río Sava desde Bosnia a Croacia, están enterrados bajo sencillas cruces de madera en las que se lee “NN” (desconocido).

En la frontera entre Lituania y Bielorrusia, un pequeño cementerio de la tranquila localidad de Rameikos alberga la tumba de un emigrante indio. El lugar está marcado por un trozo de madera vertical, a pocos metros de la valla fronteriza. En el cementerio de Piano Gatta, en Agrigento (Sicilia), están enterrados decenas de cadáveres sin identificar del naufragio de Lampedusa en 2013, en el que perdieron la vida 368 personas de Eritrea y Somalia al hundirse el pesquero en el que viajaban.

En cuanto a la extensa costa española, pueden encontrarse tumbas de inmigrantes desde Alicante hasta Cádiz, y hacia el sur hasta las Canarias. Algunas tienen nombre, pero lo más frecuente es que las inscripciones sean del estilo de “inmigrante no identificado”, “marroquí desconocido” o “víctima del Estrecho [de Gibraltar]”. O, simplemente, una cruz pintada a mano.

En el cementerio de Barbate, en Cádiz, donde los difuntos están sepultados en nichos, el jardinero Germán señala más de 30 tumbas de inmigrantes: las más antiguas datan de 2002 y las más recientes son de un naufragio de 2019. “Nunca viene nadie a visitarlos, pero los días que hay funerales aquí y se van a tirar las flores antiguas, las coloco en las tumbas de los migrantes desconocidos”, explica. “En algunas de las más antiguas hay restos de hasta cinco o seis emigrantes juntos, cada uno colocado en bolsas separadas dentro del mismo nicho para ahorrar espacio”.

Tal preocupación era menos evidente en Arrecife, Lanzarote, donde dos tumbas no identificadas de febrero de este año se han dejado selladas con una cubierta que aún lleva el logotipo de una empresa.

No existen datos exhaustivos sobre cuántas fosas de inmigrantes identificadas y no identificadas existen en España, y el Ministerio del Interior nunca ha dado a conocer cifras sobre el número total de cadáveres recuperados en las distintas rutas migratorias marítimas. Pero los datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) revelan que entre 2014 y 2021 se recuperaron los cuerpos de alrededor de 530 personas fallecidas en las fronteras españolas, de las cuales 292 permanecen sin identificar.

En los diez meses que ha durado la investigación europea Border Graves, llevada a cabo de manera conjunta entre un grupo de periodistas independientes y los medios Unbias the News, The Guardian y Süddeutsche Zeitung y publicada en exclusiva en España por elDiario.es, se ha confirmado la existencia de 109 tumbas de migrantes no identificados entre 2014 y 2021 en 18 lugares de España. Según un estudio de la Universidad de Ámsterdam, otras 434 tumbas sin identificar se remontan al periodo 2000-2013 en al menos 65 cementerios del territorio nacional.

Estas tumbas son símbolos de una tragedia humanitaria mucho mayor. El CICR calcula que sólo el 6,89% de los restos mortales de las personas que desaparecen a lo largo de las fronteras europeas son recuperados, mientras que la ONG española Caminando Fronteras da una cifra aún más baja para la ruta atlántica de África Occidental a Canarias, estimando que sólo se recupera el 4,2% de los cuerpos de los fallecidos.

Garantizar los “últimos derechos”

Las tumbas anónimas y sin visitar reflejan también el hecho de que el derecho a la identificación y a un entierro digno de los fallecidos en las rutas migratorias ha sido sistemáticamente desatendido por las autoridades nacionales españolas. En 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reconoce el derecho a la identificación de los fallecidos en las rutas migratorias, y la necesidad de una base de datos coordinada que recoja los datos de la frontera. Pero, al igual que en otros países europeos, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de desarrollar mecanismos legales y protocolos estatales para garantizar estos “últimos derechos” de las víctimas, así como el “derecho a saber” y a llorar a sus seres queridos que corresponde a las familias.

“La gente siempre llama a la oficina y nos pregunta cómo buscar a un familiar, pero hay que ser sincero y decir que no hay un canal oficial claro al que puedan dirigirse”, explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador del Consejo Español para los Refugiados (CEAR) en Canarias. “Se les puede poner en contacto con la Cruz Roja, pero no hay un programa de identificación liderado por el Gobierno. Tampoco existe el tipo de recurso especializado necesario para coordinarse con las familias y centralizar la información y los datos sobre los migrantes desaparecidos”.

Helena Maleno, directora de Caminando Fronteras, afirma: “Sólo este año estamos trabajando con más de 600 familias cuyos seres queridos han desaparecido. Estas familias, procedentes de Marruecos, Argelia, Senegal, Guinea y países tan lejanos como Sri Lanka, están muy solas y poco protegidas por las administraciones públicas. A su vez, esto significa que hay redes criminales y estafadores que buscan sacarles dinero”.

Incluso en el caso de la identificación de una víctima, un reciente informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expone las barreras legales y financieras a las que se enfrentan las familias para repatriar a sus seres queridos. En 2020/21, las cifras del CICR muestran que se recuperaron 284 cuerpos pero que, de los 116 identificados, sólo 53 fueron repatriados. El informe de la APDHA también señala, respecto a las tumbas fronterizas, que “muchas personas acaban enterradas de manera contraria a sus creencias”. Apenas la mitad de las 50 provincias españolas cuentan con cementerios musulmanes, y no todos están en la costa española.

Para Maleno, estos fallos del Estado no son casualidad: “España y otros Estados europeos mantienen una política de invisibilización de las víctimas y de la propia frontera. Tienen políticas de negación del número de muertos y de ocultación de datos, pero para las familias esto significa obstáculos en cuanto al acceso a la información y a los derechos de sepultura, así como interminables trabas burocráticas”.

“Sueño con Oussama”

Abdallah Tayeb ha sufrido en primera persona las deficiencias del sistema español en sus intentos por confirmar si un cadáver recuperado en diciembre de 2022 es el de su primo Oussama, un joven barbero argelino que soñaba con reunirse con Tayeb en Francia.

Tayeb está convencido de que el cuerpo sin identificar, que se cree que está en un depósito de cadáveres de Almería, es el de su primo. Está previsto que los restos sean enterrados a comienzos del próximo año en una tumba sin nombre, a menos que se consiga algún avance de última hora. “La sensación es de impotencia”, admite. “No hay nada de transparencia”.

Tayeb nació en París, de padres argelinos, pero pasa todos los veranos en Argelia con su familia. “Como Oussama y yo teníamos más o menos la misma edad, estábamos muy unidos. Le obsesionaba la idea de venir a Europa, pues dos de sus hermanos ya vivían en Francia. Pero yo no sabía que en realidad ya había organizado su viaje en una patera a finales del año pasado”.

Oussama formaba parte de un grupo de 23 personas (entre ellas siete niños) que desaparecieron tras zarpar de Mostaganem, Argelia, en una lancha motora el día de Navidad de 2022. Poco después de la desaparición de la patera, su hermano Sofiane viajó de Francia a Cartagena, el destino al que esperaba llegar la embarcación. Con la ayuda de la Cruz Roja, Sofiane pudo presentar una denuncia por desaparición y dar una muestra de ADN, pero no pudo reunir ninguna información concreta sobre la suerte de su hermano.

Sin embargo, un segundo viaje a España en febrero condujo a un gran avance. Tras recorrer juntos la costa mediterránea, Tayeb y su primo Sofiane consiguieron hablar con una patóloga forense que trabaja en la morgue de Almería, quien pareció reconocer una foto de Oussama. “No paraba de decir 'esta cara me suena' y también mencionó un collar, algo que llevaba cuando se fue”. Según la forense, había una posible coincidencia con un cuerpo sin identificar recuperado por los guardacostas el 27 de diciembre de 2022.

El laberinto burocrático

Con la sensación de que por fin estaban cerca de obtener alguna respuesta, en la comisaría de Almería les informaron de que, para poder ver el cadáver –o incluso las pertenencias– y proceder a su identificación visual, necesitarían el permiso de la comisaría donde se había registrado inicialmente el cadáver. “Fue entonces cuando empezó la verdadera pesadilla”, recuerda Tayeb. Les entregaron una lista de cinco comisarías de toda la región en las que se podría haber registrado el cadáver, y se pasaron los dos días siguientes conduciendo de comisaría en comisaría a lo largo de la costa murciana.

“En la primera comisaría que visitamos ni siquiera nos dejaron entrar cuando les dijimos que estábamos buscando a un inmigrante desaparecido, y después siempre fue la misma consigna: éste no es el lugar adecuado; no tenemos ningún cadáver; tenéis que ir a este otro lugar…”, continúa. Cuando ambos regresaron a la primera comisaría de Huércal de Almería, después de que les dijeran repetidamente que era el lugar adecuado para preguntar, los agentes, impacientes, se negaron a atenderlos, alegando leyes de protección de la intimidad, e incluso les dijeron que advirtieran a otras familias que buscaban a migrantes desaparecidos que no siguieran viniendo a preguntar.

“Al final”, explica Tayeb, “nos dimos cuenta de que nunca nos darían ninguna información. Fue muy desgarrador, sobre todo volver a Francia. Fue como si le dejáramos [allí] en la nevera”.

Incertidumbre

A medida que pasaban los meses, la frustración y la ansiedad aumentaban para la familia. “En mayo nos dijeron que la muestra de ADN que habíamos dado cinco meses antes acababa de llegar a Madrid y aún no había sido procesada ni enviada a la base de datos”. No se les ha facilitado más información, y las autoridades españolas tienen la política de ponerse en contacto con las familias sólo cuando hay una coincidencia positiva, pero no si la prueba da negativo.

Tayeb se plantea una última visita a España para intentar recuperar a su primo Oussama, en parte para estar seguro de que ha hecho todo lo posible por encontrarlo, pero le preocupa que el viaje pueda reabrir su trauma de “pérdida ambigua”. “El esfuerzo de ir no es doloroso, lo doloroso es volver sin nada”, dice. “Esta falta de información es lo peor”.

La Dra. Pauline Boss, catedrática emérita de Psicología de la Universidad de Minnesota (EE.UU.), explica el concepto de pérdida ambigua: “Se parece a un duelo complejo, con pensamientos intrusivos”, dice. “No tienes otra cosa en la cabeza más que el hecho de que tu ser querido ha desaparecido. No puedes afrontar el duelo, porque eso significaría que la persona está muerta, y no lo sabes con certeza”.

Tayeb lo explica con sus propias palabras: “Todas las personas que iban a bordo eran del mismo barrio de Mostaganem. He podido hablar con muchas de sus familias y están destrozadas. Hay mucho dolor, pero tampoco hay respuestas. Sólo hay rumores, y algunas de las madres creen que sus hijos están en cárceles de Marruecos y España. Todos tenemos sueños [sobre los desaparecidos]. Al final, confías en lo que ves en tus sueños, como si la realidad cósmica te dijera que va a venir. Sueño con Oussama”.

Un sistema defectuoso

De todas las familias de los desaparecidos en la patera de Oussama, sólo Tayeb y otras tres familias han podido presentar denuncias de desaparición ante las autoridades españolas, y únicamente en dos casos se han podido entregar muestras de ADN.  Según un informe de 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una de las mayores complicaciones a las que se enfrentan las familias en sus búsquedas es que, para registrar a alguien como desaparecido en España, hay que presentar una denuncia ante la policía del propio país, lo que para muchas familias es “una hazaña prácticamente imposible”, ya que no existen visados para viajar con este fin.

El informe de la OIM también señala que, aunque muchas familias presentan denuncias de personas desaparecidas en sus países de origen, son “conscientes del carácter casi simbólico de sus esfuerzos” y de que “nunca darán lugar a que se inicie ningún tipo de investigación en España.”

Junto con la OIM, algunas ONG nacionales, como la APDHA y más de un centenar de organizaciones comunitarias, han denunciado la incapacidad de España para adaptar los procedimientos vigentes en materia de personas desaparecidas a los retos transnacionales que plantean los casos de migrantes desaparecidos. Estas organizaciones han defendido en repetidas ocasiones que el marco jurídico del país en materia de personas desaparecidas debe adaptarse para garantizar que las familias puedan presentar denuncias desde el extranjero por casos de personas desaparecidas. 

También han presionado para que se elaboren protocolos específicos para la policía al tratar casos de migrantes desaparecidos, así como para que se cree una base de datos de migrantes desaparecidos que permita centralizar la información y haga posible el intercambio con autoridades de otros países. Esta incluiría todos los datos disponibles post mortem (desde tatuajes hasta ADN, pasando por inspecciones de cadáveres y autopsias) como de información médica forense ante mortem, es decir, la que procede de los familiares en relación con la persona desaparecida.

“La realidad es que la situación en toda Europa es sistemáticamente deficiente”, explica Julia Black, analista del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. “A pesar de que nuestras investigaciones muestran estas necesidades acuciantes de las familias, ni España ni ningún otro país europeo ha cambiado [en los últimos años] de forma significativa sus políticas, ni tampoco han mejorado las prácticas para ayudar a este grupo desatendido. El apoyo a las familias sólo está disponible de forma muy puntual, sobre todo en respuesta a sucesos con víctimas masivas que están en el punto de mira de la opinión pública, lo que deja a muchos miles de personas sin un apoyo adecuado”.  

Actores no estatales como la Cruz Roja y Caminando Fronteras, así como una red de activistas independientes, intentan llenar este vacío. “Es un trabajo terrible que no deberíamos estar haciendo, porque los Estados deberían responder a las familias y garantizar los derechos de las víctimas más allá de las fronteras”, explica Maleno. En el caso de la patera de Mostaganem, Caminando Fronteras tiene previsto viajar a Argelia el año que viene para tomar muestras de ADN de los familiares y traerlas a España. Pero Maleno también reconoce que su ONG a menudo tiene que “ejercer mucha presión” para que las autoridades acepten estas muestras.

Es algo que también confirma Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu: “Como miembro de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, he tenido que intervenir en varias ocasiones para ayudar a las familias que querían registrar muestras de ADN, hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con el Ministerio del Interior para que aceptaran las muestras. Pero no debería ser necesaria la intervención de un diputado para conseguirlo. Es necesario normalizar todo el proceso con protocolos claros y automáticos [para la presentación de las muestras]. Ahora mismo, no hay una forma clara de hacerlo”.

Incluso cuando las recomendaciones de la OIM han sido objeto de debate parlamentario en España, no han tendido a traducirse en medidas gubernamentales. En 2021, por ejemplo, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a crear una oficina estatal específica para las familias de migrantes desaparecidos. “Está claro que necesitamos aliviar el calvario administrativo y burocrático para las familias ofreciéndoles un único punto de contacto [con las autoridades estatales]”, explica Iñárritu, impulsor de la moción.

Sin embargo, aunque los partidos en el gobierno votaron a favor de la resolución, no se ha tomado ninguna medida al respecto en los 18 meses transcurridos desde la aprobación de la resolución. “Desde mi punto de vista, el Gobierno no tiene ninguna intención de aplicar la propuesta”, argumenta Iñárritu. “Sólo ofrecían un apoyo simbólico”.

Cuando se expusieron las cuestiones anteriores al Ministerio del Interior, la respuesta fue la siguiente: “El tratamiento de los cadáveres sin identificar que llegan a las costas de España es idéntico al hallazgo de cualquier otro cadáver. En España, para la identificación de cadáveres, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplican la Guía de INTERPOL para la Identificación de Víctimas de Catástrofes. Esta Guía, aunque está especialmente indicada para los sucesos con víctimas múltiples, también es aplicada como referencia para la identificación de un cadáver aislado”.

Derechos de sepultura

El director de migraciones de APDHA, Carlos Arce, escribe que, en un marco europeo que contempla la migración irregular predominantemente a través del prisma de la criminalidad grave y la seguridad fronteriza, “ni siquiera la muerte o desaparición de las personas migrantes pone freno a la concatenación de ataques a su dignidad”. Por su parte, Iñárritu también apunta al régimen fronterizo más amplio de la UE: “Muchas cuestiones que no encajan en este marco político dominante, como el derecho de identificación, simplemente se dejan sin gestionar en el día a día. Sencillamente, no son una prioridad”.

Esto también queda claro en lo que respecta a la inacción del gobierno español a la hora de garantizar un entierro digno a las personas cuyos cuerpos son recuperados. Como señala un informe de 2023 de APDHA, “aunque la repatriación es la opción más deseada por las familias [...] el coste es muy elevado (miles de euros) y muy pocas de sus embajadas ayudan [a sufragarlo]”. La ONG recomienda a España que establezca acuerdos de repatriación con los países de procedencia de los inmigrantes para crear “salvoconductos mortuorios” que garanticen su retorno a un coste reducido.

A esto se suma que el gobierno central tampoco ha establecido mecanismos para garantizar el derecho de los inmigrantes no identificados a un entierro digno dentro del territorio español, sino que sostiene que los ayuntamientos son responsables de todos los entierros de carácter benéfico. Esto ha supuesto que municipios muy concretos, en los que están estacionadas las embarcaciones de salvamento marítimo, sean legalmente responsables de la mayor parte de los entierros, y la mayoría de estos municipios carecen de cementerios locales capaces de acoger entierros musulmanes tradicionales.

La posibilidad de que este asunto se convierta en un caldo de cultivo para el rechazo a la inmigración quedó patente el pasado mes de septiembre, cuando la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, insistió en que su municipio dejaría de sufragar estos entierros, ya que no quería “detraer los costes de los impuestos de mis vecinos”. Juan Carlos Lorenzo, de CEAR, condena ese “lenguaje divisivo, que enmarca la cuestión en términos de malgastar el dinero de mis 'vecinos' en alguien que no es un vecino”, y señala en cambio la actuación de los municipios de El Hierro como contraejemplo positivo.  

En esta isla poco poblada, en los últimos dos meses han sido enterrados siete inmigrantes no identificados, junto con los restos de Mamadou Marea, de 30 años. “Los habitantes de la isla se unieron a nosotros para acompañar los restos de cada una de estas personas hasta su lugar de descanso”, explica Amado Carballo, concejal de El Hierro. “Lo que nos entristeció a todos fue no poder poner un nombre en la lápida y simplemente tener que dejar a las personas identificadas con un código policial”.

Carballo señala que “más de 10.000 personas han llegado a El Hierro desde septiembre, lo mismo que la población de la isla. Son viajes muy largos, de entre seis y nueve días en el mar, y ahora mismo la gente llega en un pésimo estado de salud. A los que han muerto en los últimos meses hemos intentado ofrecerles un entierro digno dentro de los medios de que disponemos. Hemos contado con la presencia de un imán, que ha rezado oraciones del Islam antes de depositar los restos”.

En la actualidad, la responsabilidad de conmemorar a las víctimas no identificadas recae en los municipios e incluso en los responsables de los cementerios. Al igual que Germán en el cementerio de Barbate, que intenta dignificar las tumbas sin nombre colocando flores sobre ellas, el cementerio de Motril ha adornado las tumbas con poemas. En Teguise, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa que anima a los vecinos a dejar flores en las tumbas de los inmigrantes cuando vienen a visitar los restos de sus familiares.

En otro gesto conmemorativo, una colección de unas 50 barcas de pesca desechadas se ha convertido en un rasgo distintivo del puerto de Barbate. Estas pequeñas embarcaciones de madera con escritura árabe en el casco eran utilizadas por los emigrantes que intentaban cruzar el Estrecho de Gibraltar. En lugar de ser desguazadas, APDHA pudo convertir el astillero en un lugar conmemorativo y colocar placas en las embarcaciones en las que se indicaba cuántas personas viajaban en ellas y dónde y cuándo fueron encontradas.

En el caso del pequeño Alhassane Bangoura, los vecinos acuden habitualmente a dejar flores frescas y otras muestras de afecto, entre ellas un pequeño cuenco de granito con su nombre de pila inscrito. Pero muchas víctimas son enterradas sin ningún intento de identificación y, tal y como exigen innumerables ONG, políticos y activistas, no debería dejarse en manos de la buena voluntad de residentes, trabajadores de cementerios o concejales el garantizar los últimos derechos de las víctimas de la Fortaleza Europa.

Border Graves Investigation (Investigación de Las Tumbas de la Frontera), es un proyecto periodístico a escala europea realizado por Gabriele Cruciata, Eoghan Gilmartin, Danai Maragoudaki, Barbara Matejčić, Leah Pattem, Gabriela Ramírez, Daphne Tolis y Tina Xu, así como por los periodistas de 'The Guardian' Manisha Ganguly, Ashifa Kassam, Felicity Lawrence y Lorenzo Tondo, y los de 'Süddeutsche Zeitung' Ben Heubl y Kristiana Ludwig. La investigación fue financiada por Journalismfund e IJ4EU.

Traducido por Laura Seoane.

Efectivos de la Guardia Civil han abierto una investigación tras la aparición en la mañana de este viernes de una embarcación semirrígida tipo narcolancha encallada en Sancti Petri, en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). El hallazgo se ha encontrado apenas dos días después de que los pilotos de una embarcación semirrígida de similares características huyeran hacia esta zona tras arrojar al mar a un grupo de migrantes que viajaban en ella, provocando la muerte a cuatro de ellos.

Según han indicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la embarcación apareció encallada sin tripulación. Cabe recordar que este miércoles los pilotos de una lancha similar desembarcaron a ocho inmigrantes arrojándolos al mar en el caño de Sancti Petri, teniendo que ser rescatados y por lo que dos permanecen ingresados en el hospital. La embarcación, una vez arrojados los inmigrantes, huyó de la zona. Además, otros 27 fueron arrojados en la playa de Camposoto, en San Fernando, siendo auxiliados 23, mientras que cuatro perdieron la vida.

De acuerdo con el relato de la persona que rescató con una pequeña embarcación a los ocho inmigrantes en Sancti Petri, le embarcación que soltó a los 35 inmigrantes –seis de ellos menores– era la misma, puesto que cuando llegó a Sancti Petri “venía de soltar en Camposoto al resto y la corriente los metió aquí en la Punta del Boquerón, porque estos [ocho] no querían saltar”. “Según transmitieron ellos, les dijo que aquí hacían pie y aquí lo que era un boquete, donde los tiró era a un pozo”, dijo entonces.

Del total de hospitalizados una vez que fueron rescatados y atendidos, dos permanecen ingresados en el hospital con una evolución favorable en planta después de haber estado de observación de Urgencias, mientras que otros dos –uno en el hospital de Puerto Real y otro en San Carlos– ya han recibido el alta. Por este suceso, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha convocado este mismo viernes una concentración en Sancti Petri en memoria de los cuatro migrantes fallecidos que se suman a la lista de “víctimas de las políticas migratorias y de la ausencia de vías de migración legales y seguras”, según lamentan desde APDHA.

Al menos cuatro personas migrantes han muerto y otras cuatro han sido trasladados al hospital con una hipotermia grave después de que los pilotos de la embarcación semirrígida en la que se desplazaban les hubieran obligado a tirarse al mar antes de llegar a tierra. La embarcación ha llegado primero a las inmediaciones de la costa de playa de Camposoto, en San Fernando (Cádiz). Allí sus tripulantes han obligado a 27 de sus ocupantes a arrojarse al mar. De ellos, 23 han sido rescatados con vida, y cuatro de ellos han muerto.

A continuación, los pilotos de la embarcación han continuado la marcha hacia el caño de Sancti Petri, donde han obligado a arrojarse al mar a los otros ocho ocupantes, que han sido rescatados, aunque cuatro de ellos han sido trasladados al hospital con hipotermia grave.

Uno de ellos ha contado que se habían negado a arrojarse al mar, como habían hecho los otros ocupantes, pero los pilotos les obligaron a hacerlo después amenazándoles con un cuchillo, según fuentes de Cruz Roja. Posteriormente los pilotos de la embarcación han huido mar adentro. La Cadena SER informa de que el número de desaparecidos se elevaría a diez, si bien las versiones de algunos testimonios difieren.

Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo, así como equipos de atención de Cruz Roja, han acudido a la zona para atender a los inmigrantes e iniciar la investigación sobre lo sucedido. Fuente del vídeo: AUGC, vía Europa Press.

Los ministros polacos de Defensa, Interior y Exteriores formaron una línea frente a un muro alto y metálico con alambre de espino en su parte superior. Ante las cámaras de televisión ahí concentradas, los tres hombres alertaron sobre una horrible conspiración contra Polonia orquestada por el Kremlin.

Las armas en esta “operación especial” no eran tanques ni bombas, sugirió el ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, sino personas de Oriente Medio y África. Rau defendió que la decisión de construir la valla que tenía tras él, tomada por el Gobierno polaco, ha sido la única que ha burlado el plan ruso de sembrar discordia y caos en Polonia.

“Si no, nos habríamos convertido en Lampedusa, pero una Lampedusa llena de migrantes que habían recibido entrenamiento militar. El 90% de ellos, entonces y ahora, han sido reclutados por los servicios especiales rusos”, afirmó falsamente Rau.

Con el trabajo hecho, los tres ministros volvieron a Varsovia. Sus discursos alimentaron la espiral diaria de historias de miedo sobre migración en la televisión progubernamental. El ánimo se calienta semana tras semana, con la entrada de Polonia en la fase final de una reñida campaña electoral.

Al atardecer de aquel día de finales de agosto, al otro lado del muro fronterizo, la salud de Sadia Mohamed Mohamud, de 20 años, estaba empeorando. Para entonces, Sadia llevaba atrapada en la estrecha franja de tierra entre los dos muros fronterizos, el polaco y el ruso, casi un mes, junto a algunos compañeros somalíes que también intentaban llegar a la Unión Europea. Sadia contó a los demás que había abandonado su país natal, sumido en conflictos, con la esperanza de ganar dinero en Europa para proporcionar una vida digna a sus dos hijos pequeños, que seguían en Mogadiscio.

Al teléfono desde Bielorrusia, otro hombre del grupo dijo que, en una ocasión, algunos de ellos consiguieron llegar a territorio polaco por un agujero cortado en la valla fronteriza. Los guardias fronterizos se presentaron prácticamente al instante. Uno de ellos pegó a Sadia en los hombros y le gritó en inglés: “Why did you come here?” (“¿Por qué has venido aquí?”).

Los guardias polacos abrieron una puerta del muro y empujaron a Sadia y a los demás de vuelta al otro lado. El grupo retrocedió por esa tierra de nadie hasta toparse con otra valla. Allí, los guardias fronterizos de Bielorrusia les amenazaron con perros y porras, y les ordenaron volver a Polonia. Más tarde, Sadia volvió a conseguir entrar en Polonia por segunda vez, pero los guardias fronterizos polacos la detuvieron de nuevo rápidamente y la enviaron de vuelta.

Ante la imposibilidad de entrar en la Unión Europea y el bloqueo para volver a Bielorrusia, el grupo quedó atrapado en un área gris entre ambos lados, sin apenas alimento ni cobijo y sin agua tratada. Todos estaban débiles, pero Sadia era la que peor estaba. Un vídeo, que grabó una persona del grupo en el bosque, la muestra envuelta en un saco de dormir apenas consciente.

El 10 de septiembre el grupo rogó a los guardias bielorrusos que les dejaran salir, porque Sadia se estaba muriendo. Al final, los guardias cedieron. Otra mujer somalí llevó a Sadia, envuelta en una sábana blanca y en coche, a una casa en las afueras de Minsk, que les habían dicho que era segura. Llamaron a una ambulancia. A esas alturas, Sadia ya no podía hablar, apenas podía abrir sus ojos y la sangre le brotaba por la boca.

Para cuando llegaron los servicios sanitarios, había muerto.

Contexto

La crisis en la frontera comenzó en otoño de 2021. Un año antes, el dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, había acabado con las protestas masivas contra su Gobierno con una violencia brutal, lo que provocó el hundimiento de las relaciones con la UE y la imposición de sanciones a su régimen.

A cambio, Lukashenko amenazó con inundar Europa con “drogas y migrantes”. Pronto hizo honor a su promesa. Los vuelos desde Oriente Medio a Minsk florecieron y trajeron a personas vulnerables a las que les habían vendido la idea de un camino fácil a Europa.

En su lugar, se encontraron atrapados en uno de los últimos bosques primigenios europeos, que se convirtió en una tierra de nadie infernal entre un dictador empeñado en usarlos como marionetas políticas y un Gobierno decidido a prohibirles la entrada.

Como respuesta a la crisis inicial, el Gobierno polaco anunció la construcción de una barrera fronteriza de 5,5 metros de altura a lo largo de 186 kilómetros. Se completó el pasado verano. El Gobierno polaco a menudo señala la situación catastrófica en el Mediterráneo y asegura que ha resuelto su propia cuestión migratoria con el muro. En realidad, las organizaciones humanitarias dicen que la infraestructura solo ha incrementado el sufrimiento sin apenas frenar el movimiento de las personas.

El 15 de octubre los polacos celebrarán unas elecciones parlamentarias que penden de un hilo. El partido del Gobierno, Ley y Justicia −cuyo presidente acusó una vez a los migrantes de traer “parásitos y protozoos” a Europa−, ha aumentado la retórica antiinmigración una vez más con la esperanza de impulsar el apoyo en sus bases y ganar otra legislatura.

En los días posteriores a la muerte de Sadia, el telediario nocturno de la televisión polaca controlada por el Gobierno volvió a emitir historias sobre supuestas hordas de migrantes invasores con el objetivo de sitiar Europa.

Un anuncio electoral de Ley y Justicia intercalaba imágenes de coches en llamas y violencia en Europa occidental con el primer ministro, Mateusz Morawiecki, haciéndose selfis con polacos sonrientes. Gracias a Ley y Justicia, decía Morawiecki, en Polonia “no hay regiones llenas de inmigrantes ilegales… no hay regiones del horror”.

Los activistas

La llamada de emergencia llegó poco antes del anochecer, solo un par de horas después de que los tres ministros hubieran grabado sus discursos en la frontera. En una base en un lugar secreto del bosque, un grupo de trabajadoras humanitarias metían a toda prisa sopa caliente, té, ropa y suministros médicos en sus mochilas.

Dominika Ozynska, una trabajadora humanitaria polaca, y Liz, una médica alemana que se había tomado un tiempo alejada de su trabajo en un hospital de su país natal, subieron al coche y se dirigieron hacia la ubicación de GPS que habían recibido mientras la luz del sol iba desvaneciéndose.

Aparcaron en el punto más cercano a la ubicación y continuaron a pie por un bosque cada vez más oscuro, trepando por encima de troncos caídos y ramas que sobresalían, hasta que llegaron al lugar en cuestión. No usaron ninguna luz para no llamar la atención de los guardias fronterizos, policías o soldados. Finalmente, encontraron a ocho hombres sirios que habían pedido su ayuda, exhaustos y desorientados.

Uno de ellos se disculpó por el intento de entrada del grupo en Europa, como adelantándose a que lo enjuiciaran. “Queremos trabajar, trabajaremos”, dijo. Dominika les aseguró que no tenían nada por lo que disculparse mientras les ofrecía unas tazas de té.

Estos hombres llevaban semanas abandonados a su suerte en el bosque, y ésta era la quinta vez que habían cruzado a Polonia, después de cuatro devoluciones hacia Bielorrusia. Esta vez, sin embargo, el grupo había conseguido evitar los sensores de calor y a los soldados apostados en la frontera, y se habían adentrado más en Polonia. Finalmente, habían podido enviar su ubicación a un número de ayuda para pedir lo propio a activistas polacos.

Los activistas llaman “intervenciones” a estas misiones en el bosque, que comenzaron hace dos años como una respuesta ad hoc a la emergente crisis. Ahora los procedimientos para las intervenciones se han formalizado más, pero las ONG grandes continúan ausentes en el área fronteriza. A falta de éstas, la carga recae sobre pequeñas organizaciones polacas defensoras de derechos humanos, lugareños de gran corazón y voluntarios. A estas alturas, muchos de ellos están exhaustos y quemados.

Cada intervención es distinta: algunas personas necesitan comida o zapatos nuevos; otros están a un paso de morir. Desde que se construyó el muro, las heridas graves que requieren hospitalización suceden con mayor frecuencia: pelvis y piernas rotas o conmociones cerebrales graves.

A menudo se suman a la mezcla el trauma psicológico o los ataques de pánico. Antes de exponerse a esto, ya se advierte a estas personas de que el viaje será duro. Pero hay poco que pueda prepararlas para lo que de verdad es estar atrapado en un bosque durante semanas enteras, bebiendo de ciénagas y durmiendo sobre un suelo frío y cubierto de musgo, entre chinches y garrapatas. Puede volver loca hasta a la persona más dura.

La mayoría de las personas que todavía son capaces de caminar no quieren ayuda médica oficial, porque saben que con la ambulancia vienen los guardias fronterizos, que pueden mandarlos de vuelta a Bielorrusia de nuevo, o meterlos en uno de los centros de detención en régimen cerrado de Polonia. Así que los activistas hacen lo que pueden para hacer una cura provisional sobre el terreno y dejar que sigan su camino.

Aquella noche, Liz, que no quiere que se publique su apellido, se puso a trabajar en la evaluación de las necesidades médicas del grupo sirio. Se encontró con una colección bastante habitual de dolencias. A un hombre le dolían mucho las costillas, probablemente alguna fractura por una paliza de los guardias fronterizos. Otro tenía un corte profundo en la pierna, provocado por una caída sobre el alambre de espino en la valla fronteriza, un alambre que los guardias fronterizos polacos colocaron hace poco también a los pies del muro, además de en la parte alta. Un tercero tenía un absceso del tamaño de un huevo en su rodilla por un pequeño corte que se había infectado a lo largo de semanas en el bosque.

En un centro hospitalario, Liz habría pedido escáneres, puntos y cirugía. En la oscuridad del bosque, lo único que pudo ofrecer fueron vendajes, calmantes para el dolor y antibióticos.

En Polonia es legal dar comida y ayuda médica a quienes lo necesiten, pero va contra la ley ofrecer transporte a las personas que las autoridades consideran que han cruzado la frontera ilegalmente. Así que, tras un par de horas, Liz y Dominika desearon a los ocho hombres sirios la mejor de las suertes en la continuación de su viaje y los dejaron solos en la estremecedora oscuridad del bosque. Los trabajadores humanitarios como ellas nunca saben si las personas a las que ayudan conseguirán salir del bosque con vida.

“Es todo un poco abstracto cuando lees un artículo en casa. Luego vienes aquí y la crisis tiene cara”, dice Liz en una entrevista en la base dos días después. “Siento mucha rabia por toda esta situación; estoy furiosa con Polonia, con Europa”.

El dictador

El régimen de Lukashenko sigue exacerbando la crisis al permitir que las personas entren en Bielorrusia y darles luego equipamiento para ayudarles a llegar a Polonia.

“Los soldados bielorrusos dan a la gente herramientas especiales para cortar alambre de espino y cosas para cavar un agujero bajo la valla”, dice Katarzyna Zdanowicz, la portavoz del servicio regional de guardias fronterizos polacos, en una entrevista en el despacho que tiene en unas instalaciones fortificadas en la ciudad de Bialystok.

A mediados de agosto de este año, los sensores electrónicos del muro llevaban registrados más de 20.000 intentos para cruzar este 2023, frente a los 16.000 intentos en todo 2022, dice Zdanowicz.

El papel de Lukashenko como apoyo de la guerra de Rusia en Ucrania ha hecho aumentar aún más la tensión. Tras el fallido motín de Yevgeny Prigozhin, las tropas de su grupo Wagner se reubicaron en Bielorrusia durante el verano. Lukashenko “bromeó” sobre un supuesto plan de los guerrilleros para invadir Polonia. A finales de julio, tres helicópteros del Ejército bielorruso sobrevolaron la localidad fronteriza de Bialowieza.

Como respuesta, Polonia ordenó el despliegue de otros 10.000 militares en la región fronteriza. Hasta ahora el grupo Wagner no se ha acercado a la frontera, pero los soldados adicionales se lo ponen aún más difícil a las personas que consiguen saltar el muro para conseguir adentrarse en Polonia sin ser detectadas. La mayoría de las carreteras cercanas a la frontera tienen controles policiales en los que los agentes detienen los vehículos y escanean el color de la piel de los pasajeros.

Esto ha llevado a más devoluciones, al igual que a muchos más testimonios de violencia ejercida por los guardias fronterizos polacos. Zdanowicz dice que los guardias fronterizos no empujarían de vuelta a personas que pidieran el asilo político en Polonia y niega igualmente que los guardias fronterizos hayan ejercido alguna vez violencia no provocada por las otras personas. Los activistas sostienen que ninguna de las afirmaciones es verdad.

Para las personas devueltas a Bielorrusia, o atrapadas entre dos muros, prácticamente no hay nadie a quien pedir ayuda. Los guardias fronterizos de Bielorrusia a menudo echan a los perros sobre las personas que intentan volver a ese país tras varios intentos fallidos para cruzar; mucha gente vuelve a Minsk con heridas en las piernas por mordiscos de perros.

Las elecciones

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, Polonia ha dado la bienvenida a millones de refugiados ucranianos. Las autoridades y la población general se unieron en una respuesta llena de compasión y generosidad para ofrecer cobijo y apoyo a los ucranianos que huían.

Para una cantidad mucho menor de personas que venían de más lejos, y con un color de piel diferente, el mensaje sigue siendo muy distinto. “Desde el principio, todo esto se ha presentado como una amenaza a la seguridad en vez de una historia humana”, dice Ala Qandil, de Grupa Granica, el mayor colectivo que engloba a activistas y trabajadores humanitarios en la frontera. “Solo queremos que se vea a las personas que cruzan la frontera como seres humanos”.

En vez de eso, la deshumanización se está acrecentando. El mismo día de las elecciones parlamentarias, se pedirá a los polacos que voten en un referéndum. Una pregunta planteará si quieren retirar el muro fronterizo. Otra plantea: “¿Apoya la admisión de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Medio y África?”.

Los últimos días, las noticias en TVP, controlada por el Gobierno, se han estado presentando en directo desde Lampedusa, donde los corresponsales explican la diferencia entre la política migratoria general de Europa y la estricta postura de Polonia en la frontera. El titular en el rótulo, que acompañaba una pieza sobre migración en un telediario nocturno hace poco, estaba compuesto por una sola palabra: “Invasión”. Algunos ministros del Gobierno han denunciado a la cineasta Agnieszka Holland, que hizo un largometraje recientemente documentando el trato cruel que reciben las personas al intentar cruzar la frontera, y la han comparado con los propagandistas nazis.

Es un intento nada sutil del partido Ley y Justicia para tratar de movilizar a sus bases de cara a unas elecciones que prometen ser tan reñidas que podrían depender de un ínfimo número de votos. Con ánimo de no parecer blanda ante la migración, la principal coalición de la oposición –liderada por el antiguo presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk– ha decidido meterse en la batalla campal del Gobierno.

“Las fronteras polacas no han estado tan abiertas a migrantes legales e ilegales nunca antes en la historia”, dijo Tusk, acusando al partido del Ejecutivo de tener un discurso duro a la vez que, a escondidas, deja entrar a los migrantes.

Kamil Syller, un activista que vive en un pequeño pueblo cerca de la frontera, dice que a él le rompe especialmente el corazón que Tusk flirtee con la retórica de la derecha. “Quedamos desencantados y aterrorizados con su cambio en el lenguaje. Los políticos ven esta crisis como una mina de oro política y todos intentan sacarle provecho”, dice durante una entrevista en su casa, una granja moderna entre campos bucólicos.

En vecindarios fronterizos como el de Syller, mucha gente ha mostrado solidaridad con las personas que pasan por ahí. En 2021, Syller y su mujer pusieron en marcha el movimiento “luz verde”, en el que una red de lugareños simpatizantes instaló luces verdes fuera de sus casas para indicar lugares donde las personas que iban de paso podían pedir ayuda.

Algunos lugareños se asustaron al principio, dice Syller, pero después de interactuar con las personas que pedían ayuda, se dieron cuenta de que no eran invasores demoníacos, sino simplemente personas vulnerables que necesitaban ayuda.

“Muchos de mis vecinos solían ser agresivos, pero con el tiempo comprendieron la naturaleza sádica de los guardias fronterizos; empezaron a querer ayudar. Ahora, si encuentran gente que necesita ayuda, algunos me llaman a mí en vez de llamar a los guardias fronterizos”, dice.

Pero tras dos años de crisis, muchos en la región fronteriza están hartos del aumento de la presencia militar, y frustrados por la bajada de turistas que vienen a visitar el bosque. Syller teme que la actitud de sus vecinos cambie pronto, especialmente con la propaganda electoral diaria que pone a los migrantes en la diana.

“Asistimos a una propaganda asquerosa, deshumanizadora cada noche; es pura propaganda de los momentos más oscuros del siglo XX”, dice Franek Sterczewski, un diputado de la oposición, que ha apoyado a los activistas en la frontera. “Por desgracia, la propaganda del miedo a menudo da resultado”.

Los desaparecidos

En una tarde con bochorno de finales de agosto, Mariusz Kurnyta, un hombre enjuto de 36 años con barba de unos días, salió a buscar un cuerpo.

Mariusz, conocido con el sobrenombre de “el hombre del bosque”, usa la microfinanciación colectiva para el trabajo que realiza en la frontera. Los últimos meses ha parcheado heridas, ha puesto goteo intravenoso en los claros del bosque, ha sacado de ciénagas a personas moribundas y ha ayudado a cientos más en su camino, con agua, sopa y mudas.

“Los últimos dos años, mi vida ha sido el bosque. No tengo otra vida”, dice dando una calada al cigarrillo mientras se prepara para salir de su base. Se ha peleado con algunos activistas que también trabajan en la frontera. Encadena cigarrillos. Parece continuamente exhausto.

Mariusz vio a Ibrahim Eltony, un hombre egipcio de 37 años, por última vez hace un año, cuando Ibrahim pidió ayuda después de cruzar desde Bielorrusia. Mariusz le dio comida, agua y un inconfundible abrigo azul para protegerse de la lluvia. Nunca más se vio a Ibrahim.

En junio de este año, durante una búsqueda por el terreno pantanoso cercano a la frontera, apareció una mochila que parecía ser la que había pertenecido a Ibrahim. Su contenido: algunos documentos empapados, un cargador, un frasco a modo de termo hecho con barro cocido y una maquinilla de afeitar. Dos meses después, apareció el mismo abrigo azul en un lugar cerca de donde se había encontrado la mochila. Mariusz decidió volver al lugar por tercera vez para ver si el cuerpo estaba cerca.

Mariusz y otros dos activistas pasaron junto a excursionistas y ciclistas que disfrutaban del final del verano por los senderos del bosque. Una camioneta todoterreno del Ejército se movía sigilosamente por una pista adyacente, sus pasajeros portando pasamontañas, aparentemente a la caza de personas que hubieran cruzado la frontera.

Al abandonar el sendero e introducirse en una zona de denso bosque, Mariusz llegó a un claro de terreno pantanoso. El suelo era irregular; cada paso, una potencial torcedura de tobillo. Mariusz se abrió camino a través de hierbas que le llegaban hasta el pecho en dirección a la zona de fango y agua estancada en la que había aparecido el anorak. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido de los insectos.

Él y otros se pusieron petos resistentes al agua, cogieron palos gordos y comenzaron a caminar lentamente por la ciénaga, pinchando el terreno según avanzaban.

Tras un par de horas rastreando la zona a fondo, renunciaron. Aquel día no encontraron a Ibrahim Eltony, desaparecido desde el verano del año pasado.

Ibrahim es una de las más de 200 personas que siguen desaparecidas desde que comenzó la crisis en la frontera. Se han documentado al menos 49 muertes. Los datos reales son, casi con toda probabilidad, mucho más altos, especialmente teniendo en cuenta que existe tan poca información sobre lo que ocurre en el lado bielorruso de la frontera.

Muchas de estas muertes se habrían podido evitar. Muchas veces las personas murieron a tan solo cien metros de un pueblo, una patrulla policial o una carretera, donde se podría haber prestado ayuda. En el lado bielorruso, hay gente que ha muerto en cuestión de días después de que los empujaran de vuelta los guardias fronterizos de Polonia.

Solo este mes, ha habido informaciones creíbles sobre cuatro personas que parecen haber muerto en el lado bielorruso después de que las devolvieran desde Polonia. Las personas han muerto de sed y cansancio, con el territorio polaco a la vista, a solo unos metros. Es ilegal que los activistas se acerquen a 15 metros del muro fronterizo, lo que significa que no pueden tirar provisiones al otro lado.

Malgorzata Rycharska, una activista en Polonia que intercepta llamadas de quienes quedan atrapados en la zona gris entre las vallas fronterizas, dice que puede ser insoportablemente difícil explicar a estas personas que no hay ayuda que pueda llegar hasta ellos, aunque puedan ver la Unión Europea con sus propios ojos. Describe su tarea como “gestión de la desesperanza”. A menudo, lo único que puede hacer es intentar ponerlos en contacto con otros grupos atrapados.

“Es siempre lo mismo. Llaman y dicen: ‘Estamos aquí, no tenemos agua ni comida y nos vamos a quedar sin batería. ¿Nos puede ayudar?’ Y entonces tenemos que explicarles que no irá nadie”.

Con información adicional de Katarzyna Piasecka.

Traducido por María Torrens Tillack.

Las muertes de personas migrantes aumentaron 108,4% en el sector de El Paso (Texas, EEUU) el año fiscal 2023 que terminó el sábado pasado frente al periodo previo al pasar de 71 a 148, la cifra más alta en la región desde que se tienen registros.

Más de 100 de las muertes ocurrieron entre mayo y septiembre, cuando El Paso, una de las rutas migratorias más transitadas hacia EEUU, experimentó uno de sus veranos más calientes con 44 días consecutivos con temperaturas de 100 grados Fahrenheit (38 Celsius) o superiores, de acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza obtenidos por el diario El Paso Times.

El Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza se extiende del condado de Hudspeth en Texas y a lo largo de Nuevo México hasta la frontera de Arizona.

El área más letal está ubicada en torno a las localidades de Sunland Park y Santa Teresa, Nuevo México, que se encuentran en la región desértica adyacente a la zona metropolitana de El Paso, que recientemente declaró el estado de emergencia por la llegada de migrantes.

“Son más números”

El periódico señala que durante todo el verano las agencias policiales y servicios de emergencia fueron llamados a sitios cercanos a patios y negocios, donde murieron personas al parecer en posibilidad de ser rescatadas.

Investigadores de campo de la Oficina del Médico Forense de Nuevo México fueron llamados a Sunland Park y Santa Teresa hasta cuatro veces en un solo día cuando agentes fronterizos e incluso residentes encontraban cuerpos.

“No es algo nuevo, pero es un tema grande y son más números. Porque no son solo mexicanos que tratan de cruzar; hay muchos países de origen. Es posible que no conozcan el terreno, el clima o a lo que vienen”, dice el comandante Robert Rojas de la Oficina del Alguacil de El Paso.

Antes del año fiscal 2022 y remontándose hasta 1998, el sector registraba tan pocas como una y no más de 40 muertes por año.

El sector también registrará su número más elevado de detenciones de migrantes con más de 400.000 en el año fiscal 2023, que terminó el sábado pasado, superando el récord de 308.000 del periodo previo, según estadísticas preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En 2018, Francia cerró los pasos fronterizos con Euskadi en la zona del Bidasoa. Un control migratorio que buscó su justificación en el aumento de atentados terroristas que hizo que las aguas del río vasco se convirtieran en un pequeño Mediterráneo. Solo en el año 2021, 10 personas perdieron la vida intentando cruzar esa frontera. Siete en las aguas del río, otras tres arrolladas por un tren. Ninguna de ellas abrió telediarios ni portadas de periódico. En un mundo donde los muertos en el mar se cuentan por centenas, ellos era casi una nota al pie. No eran ni un número, ni un breve de la última página de la sección de sucesos.

Para Fermín Muguruza son mucho más que eso. Son personas con nombre, apellidos, edad y sueños. Él les pone rostro y cuenta su historia en el documental Bidasoa 2018-2023, un trabajo que se ha presentado en el Festival de San Sebastián y en el que busca poner el foco en una frontera que tiene menos peso aún en las palabras de los políticos. Gracias a la animación, revive a aquellos que perdieron la vida en la frontera del Bidasoa, pero también cuenta la labor de las asociaciones Harrera Sarea (Red de acogida) y Bidasoa Etorkinekin (El Bidasoa con los migrantes).

La idea de su trabajo es que dejemos de pensar en términos de muerte cuando se mencionan palabras como Mediterráneo y Bidasoa. “Es una de las consignas que había. Que esto no sea un Mediterráneo, pero en el sentido precisamente de que identificamos Mediterráneo con fosa común, que es lo que nosotros estamos intentando desmontar. Eso ha sido una manipulación de muchos medios de comunicación. Aquí hablan del río que mata, de la trampa mortal. Vamos a intentar quitarnos eso”, cuenta y pide que mejor la gente piense en la canción de Serrat que en las muertes que pesan sobre el mar.

Un filme lleno de música, de citas a Baroja y a Saramago, que cuenta que todos somos migrantes, y que aquel lugar debería ser de unión entre pueblos, no una zona separada por una frontera creada para impedir la llegada de gente. La primera muerte no fue en las aguas del Bidasoa, sino la de un “chaval de Eritrea que es expulsado por la policía francesa más de dos veces”. “El chaval llega y decide suicidarse. Se ahorca ahí, mirando a Hendaya”, dice Muguruza que, en su película, compara la tragedia con la canción de Billie Holliday Strange Fruit, que hablaba de los esclavos negros ahorcados en EEUU. 

Para cambiar el relato hace falta cambiar el lenguaje, y para eso hace falta que haya un cambio en los medios: “Los medios de comunicación están supeditados a los grandes grupos a los que pertenecen, y cuesta mucho desmontar esos discursos que se van repitiendo. Lo del río que mata es que lo llevamos cinco años escuchando. Lo de la trampa mortal lo dicen hasta los medios de izquierda. Y no son solo los medios, son también las redes sociales. Opinadores que están comprados por diferentes partidos. Estamos hablando de todo un conglomerado en el que para mí tiene mucha importancia lo que serían los trabajadores de la cultura. Yo soy un trabajador de la cultura y por eso necesitaba hacer este documental”.

Responsabilidades políticas

La inacción de Francia y España se materializa en forma del puente de la Avenida que une Irún con Hendaya y que “sigue estando cerrado. El Puente Avenida fue por donde tuvo que huir el 80% de la población de Irún cuando llegaron los fascistas y se fueron a Hendaya. Es un puente histórico y lo tenemos cerrado a cal y canto. Los alcaldes han pedido miles de veces que se abra. Bueno, pues lo abrieron el día del Tour de Francia. Nadie se enteró. Hubo fotos de los dos alcaldes celebrando que se había abierto, y al día siguiente, a las seis de la mañana, lo estaban cerrando otra vez con vallas y está cerrado ahora mismo”.

Motivos que le hacen pensar que “es muy difícil transmitir algo positivo cuando la impotencia y la humillación a la que nos están sometiendo es algo que no se puede soportar”. “Pero es que encima la policía española también está colaborando. Se publicó en el Diario Vasco. Se descubrió que el cabeza de la Policía Nacional Española de Irún daba días libres y sobresueldo a todos los demás policías que estaban en la frontera según cuántos migrantes iban cazando. Y eso ha salido aquí, pero no ha salido por los demás sitios. Se ha callado esto y es algo que llevan haciendo desde hace años. También hay una complicidad. Hay algo que no sabemos, algo que nos tendrá que explicar Grande-Marlaska. Como tendrá que explicar lo de los 100 muertos de Melilla, nos tendrá que explicar esos nueve muertos del Bidasoa. Hasta aparecieron pintadas que decían ‘Macron asesino’. Macron tiene nueve muertos aquí en Bidasoa”, zanja.

El cine es una gran herramienta que siempre hemos tenido desde que Bertolucci dijera que él filmaba 'Novecento' como si tuviera un arma

Fermín Muguruza — Director de cine

Fermín Muguruza se define como “pesimista pero activo”, aunque sigue creyendo en que “el cine puede conseguir cosas”. “Por eso estamos aquí. El cine es una gran herramienta. De hecho, el cine activista, como es en este caso esta película de denuncia, de guerrilla, de combate, es una de las grandes herramientas que tenemos y que siempre hemos tenido desde que Bertolucci dijera que él filmaba Novecento como si tuviera un arma, hasta el cine actual. Ahora que hemos visto aquí la última película de Aki Kaurismaki, pues la anterior, Le Havre, nos enseñaba la humanidad de la inmigración, y ese es un poco el objetivo que tenemos también con esta película”, asegura.

En lo político se describe igual: “Pesimista pero activo. Por eso, yo que apoyé a Bildu, también apoyo que no salga la derecha. Sabemos lo que acaban de hacer a nivel cultural nada más entrar en Asturias, que ha sido cancelar los conciertos de los grupos que cantan en asturiano y eso es demencial, como estamos viendo también en País Valencià lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ser pesimistas pero activos. No vamos a permitir que esos lleguen al Gobierno y vamos a ser todo lo crítico que podamos precisamente con el nuevo Gobierno que salga”. Un activismo para conseguir el lema de Pío Baroja: “Un pueblo sin moscas, sin frailes y sin carabineros”.

“Todos vinimos a Túnez pensando que podríamos tener algo mejor para nuestra familia. Sin embargo, aquí no podemos. Ni trabajar ni respirar. Aquí no somos bien recibidos. Ni siquiera lo ocultan”, dice Fátima*, migrante subsahariana de 32 años, rescatada por Médicos Sin Fronteras (MSF) en aguas del Mediterráneo por el barco de esta ONG.

Sus palabras reflejan la realidad vivida por miles de personas en Túnez, adonde llegan huyendo de la pobreza, los conflictos o la persecución en países del África subsahariana. Pero Túnez también se ha convertido en un territorio hostil para los migrantes, que buscan una vida mejor allí o esperan cruzar el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas.

El país norteafricano se ha convertido en el principal punto de partida de los que intentan llegar a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, superando a Libia. En los primeros seis meses de 2023, el 53% de las personas que llegaron a Italia vía mar embarcaron en Túnez, el doble que en el mismo periodo del año anterior. MSF ha recogido los testimonios de esos migrantes que sufrieron torturas, abusos, detenciones arbitrarias, expulsiones al desierto y ataques racistas en el país árabe, donde desde febrero las autoridades han fomentado un discurso de odio contra los negros.

Acuerdo de Túnez con la UE

Fátima fue una de las 421 personas rescatadas en el Mediterráneo central por el barco de MSF, Geo Barents, entre el 15 y 16 de julio de 2023. Dos días en los que los equipos de la ONG realizaron once operaciones consecutivas de rescate, debido a la gran cantidad de embarcaciones que partían desde Sfax (Túnez). Esos mismos días, la UE y el país norteafricano firmaban un acuerdo millonario para frenar la inmigración.

“Dicho acuerdo amparará con impunidad y sistematizará la violencia contra los migrantes en Túnez, y convierte a la UE en cómplice de sus muertes y abusos. Estas políticas migratorias irresponsables ponen en último lugar el bienestar y los derechos de las personas en movimiento y las atrapan en ciclos de violencia, abuso y desesperación”, denuncia en un comunicado Juan Matías Gil, coordinador general de Operaciones en el Mediterráneo de MSF.

El acuerdo ha sido cuestionado por la Defensora del Pueblo de la UE debido a la falta de garantías sobre los derechos humanos y también por varios estados miembros y los grupos políticos de la izquierda. Sin embargo, Bruselas desbloqueó el viernes 127 millones de euros “en apoyo de la aplicación del Memorándum de Entendimiento (ME) sobre una asociación estratégica y global entre la UE y Túnez”. De ese monto, 60 millones corresponden a programas que ya estaban en marcha mientras que el resto irán destinados al control migratorio: 24,7 millones ya aparecían en programas de 2022 y 42 millones forman parte de un paquete de 105 millones incluido en el memorando.

“Este nuevo paquete proporcionará el reequipamiento de buques de búsqueda y rescate, vehículos y otros equipos para la guardia costera y la marina tunecinas, la protección de los migrantes en Túnez en cooperación con el CDHNU y el retorno y la reintegración desde Túnez a los países de origen, en cooperación con la OIM. También está previsto el suministro de nuevas embarcaciones, cámaras térmicas y otras ayudas operativas, junto con la formación necesaria”, según un comunicado de la Comisión Europea.

La asociación de la UE con Túnez ha seguido adelante a pesar de las violaciones de los derechos humanos e, incluso, de las expulsiones de cientos de migrantes y su abandono en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia, donde muchos de ellos fallecieron por deshidratación en verano. La foto de Matyla Dosso y su hija de seis años muertas sobre la arena del Sáhara dio la vuelta al mundo y puso cara a las consecuencias de las políticas racistas del presidente tunecino, Kais Said.

“Vinieron con machetes”

“Antes de que hablara el presidente, Túnez ya estaba mal. Cuando habló diciendo que los negros tenían que volver [a su país], todo empeoró”, explica Fátima, refiriéndose a las palabras pronunciadas por Said el 21 de febrero. En un discurso incendiario y racista, el mandatario afirmó que la migración irregular procedente del África subsahariana tenía como objetivo cambiar la identidad de Túnez, lo cual provocó una ola de ataques por parte de los propios ciudadanos y también campañas de arrestos de las fuerzas de seguridad.

Achille, rescatado en julio por MSF, recuerda la sensación de que algo iba mal, a la mañana siguiente de que Said pronunciara su discurso. Cuando cogió el autobús para ir a trabajar, no vio a otros africanos negros. “En un momento dado, alguien del autobús golpea mi teléfono contra el suelo y empieza a pegarme mientras la policía, que estaba cerca, no hacía nada. Me sacaron a rastras del autobús y siguieron golpeándome por la calle y algunos me apuñalaron con un destornillador”, cuenta a la ONG.

“Fue la población la que nos desalojó de nuestra casa en Sfax. Vinieron con machetes; empezaron a romper las puertas, a golpear, a asaltar las casas. Para ver si había dinero. Empezaron a tirar nuestros colchones para ver si teníamos dinero escondido. Lo dejamos todo”, recuerda una mujer de 34 años rescatada por el Geo Barents en julio.

Entre el desierto y el mar                      

Entre el desierto del Sáhara y el mar Mediterráneo, sólo queda la violencia para los migrantes subsaharianos y la deshumanización en Túnez. “Túnez es otro mundo. Cuando caminas, la gente te escupe. Se tapan la nariz como si olieras mal. El negro allí no tiene ningún valor. Los animales son más respetados”, dice una mujer de 32 años a MSF.

Expulsados al desierto y perseguidos dentro del país, muchas personas sólo tienen la opción de cruzar el Mediterráneo. Pero ni en el mar consiguen escapar de la violencia. “En abril fue mi tercer intento. Estábamos sólo a seis kilómetros de la orilla […] y había pescadores. Vinieron y nos detuvieron por la fuerza. Intentaron quitarnos el motor. Permanecimos cuatro días en el agua. Íbamos a la deriva. El agua nos arrastraba. Los pescadores se llevaron el motor para venderlo”, recuerda un joven de 16 años rescatado por la ONG.

En los primeros meses de 2023, los hospitales, tanatorios y cementerios de Túnez no daban abasto debido al gran número de migrantes que naufragaron al intentaban cruzar el Mediterráneo. A principios de mayo, más de 300 cadáveres llegaron a las costas tunecinas, sólo en la región de Sfax. Sin embargo, el peligro que acecha en el mar parece ser la única vía de escape de la violencia en tierra de Túnez.

Achille lo tiene claro: “Túnez no es un lugar seguro para las personas negras”. “A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro. Hay un racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Jamás. Para mí cruzar el mar era un riesgo enorme”.

Otro migrante afirma a MSF que prefiere arriesgarse a perecer en el Mediterráneo: “Prefiero morir en el mar que volver a Túnez. Todo es difícil allí. La policía no nos deja [en paz], los tunecinos no nos dejan [en paz]”.

*Nombre ficticio para proteger la identidad de la persona.

“Van a dejarles que se mueran, por favor, no es la primera vez, lo sabemos bien, son asesinos, asesinan a nuestras familias. Les da igual, no tienen piedad, llevan ahí horas, siento que van a morir, mi mujer y mi hijo van a morir”, alertaba a la ONG Caminando Fronteras uno de los familiares de las personas que viajaban en una barca neumática con dirección a Canarias el pasado 20 de junio. Al otro lado del teléfono, la activista Helena Maleno y su equipo trataban de tranquilizar a quienes aguardaban la confirmación de un rescate que nunca llegó. 

Pero lo que tanto temían los familiares se acabó produciendo. Los seres queridos de quien llamaba desesperado se sumaron a la cifra de fallecidos en su intento de migrar a España, que en los últimos meses de 2023 ya alcanzan las 951 personas muertas o desaparecidas, según el último informe de Caminando Fronteras, organización en estrecho contacto con los allegados de las víctimas a través de un sistema de alertas de barcas en peligro en el mar. Del total de personas fallecidas, 112 eran mujeres y 42 eran menores. 

La cifra de fallecidos o desaparecidos es similar a la registrada en el mismo periodo del año pasado (978), a pesar de que las llegadas irregulares han disminuido un 11,35% con respecto a la misma fecha de 2022, según los datos del Ministerio del Interior. El mes de junio ha sido especialmente mortífero para quienes tratan de alcanzar las costas españolas: 332 personas han perdido la vida solo el mes pasado.

La ruta canaria, aquella que parte de las costas marroquíes, saharauis o senegalesas, acumula la mayoría de muertes y naufragios. 778 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de alcanzar las islas, por lo que las víctimas en esta ruta se mantienen en niveles semejantes a los registrados por la ONG en el mismo periodo del año pasado (800), a pesar de que el flujo migratorio ha decrecido en este trayecto un 18% en la primera mitad de 2022.  Le sigue la ruta argelina -desde Argelia hacia Almería, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares-, con 102 víctimas. En la zona del Estrecho han fallecido 50 personas. En el Mar de Alborán, 21. 

“Estamos muy preocupadas porque las muertes se mantienen a pesar de que los datos del Gobierno español apuntan a una reducción del tránsito en las rutas migratorias. ¿Por qué seguimos teniendo tantas muertes? ¿Qué es lo que está pasando en el mar?”, se pregunta Helena Maleno, fundadora del colectivo. 

Según el registro de la ONG, 19 embarcaciones han desaparecido en el mar con todas las personas a bordo. Las víctimas procedían de al menos 14 países diferentes: Argelia, Camerún, Sudán, Senegal, Marruecos, República Democrática del Congo, Islas Comores, , Mali, Costa de Marfil, Gambia, Guinea Conakry, Etiopía, Siria y Sri Lanka. 

Causas

El naufragio del pasado 21 de junio puso en evidencia la actuación de Salvamento Marítimo, que dejó el rescate en manos de Marruecos, cuya patrullera no llegó a la zona hasta la mañana siguiente, cuando era demasiado tarde. Para Helena Maleno, este episodio, más mediático que otros, muestra las prácticas que se repiten por parte de los servicios de rescate en las rutas migratorias: “Es habitual que se presione a Marruecos para que vaya el rescate. Marruecos va, porque tiene intereses en las aguas y asume la coordinación, pero se retrasa por no tener medios suficientes”. 

Más allá de este caso concreto, el informe enumera las causas que están detrás de las tragedias documentadas, entre las que destacan la falta de coordinación entre los equipos de salvamento, la discriminación en los distintos criterios a la hora de determinar si una barca es de riesgo o no lo es -siendo menos cuidadosos en el caso de las pateras- o la falta de activación de los medios necesarios a pesar de contar con la localización de la embarcación en peligro.

“Constatamos un aumento de las causas ligadas a las políticas de control migratorio en detrimento de aquellas relacionadas con las dificultades físicas y de riesgo de las propias rutas”, sostiene el informe, que ahonda en las causas de las 49 tragedias documentadas. 

Sobre la “mala coordinación” en las labores de búsqueda y rescate, Caminando Fronteras destaca las situaciones surgidas en las operaciones compartidas entre España y Marruecos. “Le coordinación -en los operativos de ambos países- no está basada en la defensa del derecho a la vida, sino en las negociaciones bilaterales de control migratorio efectuadas entre ambos países”, cuestiona la organización.

Discriminación

El estudio también destaca la reiteración de una “aplicación discriminatoria” sobre “lo que se considera una embarcación que no cumple los requisitos de seguridad náutica”, como podría ser una patera. Caminando Fronteras denuncia que “las autoridades de rescate españolas consideran a infraembarcaciones a la deriva como aptas para la seguridad náutica, de forma contraria a lo que indican las convenciones internacionales de protección de la vida en el mar”. Sin embargo, añade, “esto solo se aplica a las personas migrantes, no siendo así cuando otros colectivos (pescadores, personas en yates de recreo) están en riesgo”. 

Un ejemplo es la apreciación de Salvamento Marítimo, cuando justificó no haber rescatado la patera hundida el 21 de junio porque sus ocupantes “parecían” encontrarse en buen estado. “No tuvieron información de que ni la embarcación ni los migrantes estuvieran en peligro hasta que la operación de rescate estaba ya en curso”, informó la institución de rescate dependiente del Ministerio de Transporte. Se trata de un argumento similar al aportado por las autoridades griegas tras el naufragio del pesquero con 750 personas a bordo. Desde la ONU sostienen que una patera siempre es una barca en riesgo. 

Otro de los factores de riesgo resultados por el estudio es la violencia empleada por las fuerzas de seguridad. El informe destaca el caso ocurrido el 25 de mayo, cuando llegó a Canarias una embarcación con 43 personas, cuyos ocupantes denunciaron haber sido disparados a su salida de Marruecos, como publicó la agencia EFE.  “A pesar de la gravedad de este testimonio, no se les trató como víctimas de una tragedia y se les aplicó los protocolos de la ley de extranjería. No fue hasta el día siguiente, en el CATE (centro de detención donde son identificados por la policía durante un máximo de 72 horas), donde uno de los supervivientes se quejó de las heridas y dos personas fueron finalmente hospitalizadas. Efectivamente, los médicos pudieron constatar heridas de bala”, añade la ONG, que confirmó posteriormente la muerte de cuatro personas heridas de bala. 

“Empezaron a disparar cuando estábamos en la zodiac, conté hasta cuatro ráfagas, sonaba pun, pun, pun. Era terrible, a mi lado había un chico, se agarró a mí, y entonces caí con él al agua. Estábamos aún cerca de la playa, no sé cómo me salvé. En la orilla vi al chico que se había agarrado a mí, estaba muerto. Otros dos compañeros a mi lado aún seguían vivos”, sostiene un testimonio de los supervivientes, incluido en el informe. Cogí la documentación del chico muerto, tenía un pasaporte maliense, la cogí para saber quién era y poder decirlo a su familia, y también cogí su teléfono, pero la gendarmería me quitó todo. Yo estaba muy enfadado y seguía diciendo que quería declarar, que le habían matado. La gendarmería nos detuvo, y acabó tirándonos al desierto. Aún no puedo dormir por la noche, escucho los disparos, veo su cara (la del fallecido), me pregunto si sus padres sabrán que ha muerto y dónde está su cuerpo“. 

El documento denuncia la pasividad de las autoridades para buscar, identificar y enterrar de forma digna a los migrantes fallecidos en el mar, pues la ONG destaca la falta de protocolos de identificación con garantías. “Las familias sufrieron negación del derecho a la verdad, siendo aún difícil para ellas obtener informaciones de las administraciones públicas que las lleven a efectuar un duelo y recuperar los cuerpos de sus seres queridos en el caso de que hayan sido encontrados”, sostiene el informe, que destaca el caso de un naufragio de una patera en la que viajaban 16 personas con destino la Comunidad Valenciana. Durante los meses posteriores, las redes de pesca de barcos que faenaban en las aguas próximas a Denia y Javea encontraron cadáveres que, según Caminando Fronteras, corresponden a los desaparecidos en esta embarcación. 

“De esa embarcación aún quedan nueve personas desaparecidas, y a pesar de haber sido encontrados los siete cuerpos en la misma zona, no se han habilitado labores de búsqueda por parte de las autoridades españolas aun teniendo informaciones de la embarcación suficientes y contar con indicios de dónde pudo producirse el naufragio”, denuncia la organización.

Caminando Fronteras ha denunciado ante la Fiscalía la actuación de Salvamento Marítimo el pasado 21 de junio en las aguas existentes entre el Sáhara Occidental y Canarias, ante la posibilidad de que hayan incurrido en un delito de omisión de socorro, según la ONG. El Defensor del Pueblo mantiene abierta una investigación sobre el episodio para esclarecer el operativo activado. Mientras, las familias esperan respuestas: “La madre de este niño -uno de los fallecidos- no pudo subir en la embarcación por una situación de violencia a pie de playa. Que alguien le explique por qué, aunque había capacidad de rescatar a su hijo y buenas condiciones para hacerlo, no lo hizo, sino que se le dejó sufriendo durante horas, siendo torturado durante horas hasta que murió”, lamenta Maleno.