El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha avanzado este lunes que las obras para evitar los vertidos de aguas residuales en la costa de Castro Urdiales comenzarán en mayo tras la adjudicación de la reparación y limpieza del emisario submarino del litoral castreño.

Según ha precisado Media, la actuación la acometerá la empresa especializada para este tipo de trabajos Marcor Xove SL, por un importe de 1,1 millones de euros, mientras que la dirección de la obra correrá a cargo de Ingeconsult, por 120.000 euros, por lo que la actuación supone 1,2 millones de euros.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 11 meses y “por fin se dará una solución definitiva a esos vertidos que se venían produciendo desde hace demasiados años”, ha asegurado Media.

El consejero, acompañado por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha visitado unas obras declaradas de emergencia que su departamento está acometiendo en la carretera N-634 -en un tramo de titularidad municipal-, a la altura de la localidad Mioño, en la que las continuas borrascas provocaron a finales de febrero dos desprendimientos.

Esos trabajos de puesta a punto se prevé que finalicen en unos 15 días y fueron solicitados por el Ayuntamiento de Castro Urdiales con carácter de urgencia, dado que no podía hacerse cargo económicamente ni técnicamente de la reparación.

Si bien hasta que no finalicen no se sabrá con exactitud el coste de la actuación, Media ha estimado que la inversión rondará los 90.000 euros y permitirán dar estabilidad al paso de vehículos por esa vía.

La alcaldesa de Castro Urdiales ha explicado que la carretera conecta Cantabria con el País Vasco y tiene “mucha afluencia, sobre todo, los fines de semana”, porque supone una alternativa para acceder al municipio cuando se producen atascos en la A-8.

Herrán ha agradecido a la Consejería de Fomento la “máxima celeridad” para atender esta declaración de emergencia, tal y como ocurrió con el proyecto de adecuación de la carretera que da acceso a Sonabia tras registrarse, en 2024, un desprendimiento de rocas que afectó a la calzada y al corte parcial de la vía.

Respecto a la fecha de licitación de la carretera Santullán-Otañes, el consejero ha afirmado que se conocerá en cuanto se abran los presupuestos regionales, si bien ha explicado que la actuación ya tiene un montante modificado de 6,7 millones de euros en total dado que el coste será superior al previsto.

Carretera Seña-Laredo

En relación a los retrasos en la puesta a punto en la carretera CA-500, que une Laredo con la localidad de Seña, en Limpias, y cuyos vecinos se pusieron con sus propios medios a arreglar baches, Media ha achacado a los constantes episodios de lluvias el hecho de que no hayan finalizado los trabajos.

“Tenemos los meses de febrero y marzo más lluviosos de las últimas décadas y en la carretera Limpias ya sólo falta lo que es la capa de zahorra y los asfaltados últimos, y hasta que no deje de llover unos cuantos días seguidos, pues no hay manera”, ha justificado respecto a ese vial sobre el que se debatirá esta tarde en el pleno del Parlamento cántabro.

No obstante, el consejero ha asegurado que el arreglo de la carretera estará finalizado en junio, tal y como se comprometió, con una inversión de 3 millones de euros, y con un “retraso” que, según ha recordado, se remonta a 2018.

Uno de los conflictos urbanísticos más enquistados de la Costa Brava, el de Can Juncadella, está cerca de resolverse. El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha alcanzado un acuerdo con la familia del expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, para que reabran el sendero litoral que cerraron sin permiso hace 18 años y que la Justicia les obliga a restablecer desde hace tiempo. 

El convenio, según ha podido confirmar elDiario.es, prevé la creación de un nuevo trazado, después de que el anterior quedara desdibujado por las actuaciones de la propiedad, y también establece que tanto el coste de la redacción del planeamiento urbanístico como el de la ejecución de todas las obras necesarias correrá a cargo de la propiedad. Tras un período de exposición pública, se someterá a votación en el Pleno Municipal y deberá recibir el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat en Girona. 

El acuerdo entre consistorio y Flinder Data SL, la empresa de la familia kazaja, acerca el punto y final a una disputa que se remonta a 2007, cuando los Nazarváyev compraron Can Juncadella, una finca de unas 20 hectáreas de bosque en el Macizo de Cadiretes, una zona de Especial Interés Natural entre Lloret de Mar y Tossa de Mar. Los propietarios, que sobre el papel eran la hija y el yerno de Nazarbáyev, cerraron al cabo de poco el paso del Camí de Ronda que discurría entre los acantilados y su nueva residencia vacacional, lo que desató las quejas de vecinos y ecologistas.

Durante años, sus actuaciones en la finca acumularon expedientes y denuncias. En 2010 les multaron por verter más de 100 m³ de arena sobre los guijarros de una pequeña salida al mar, la Cala Rajols. También les abrieron expediente municipal por una piscina que ellos negaban que fuera tal, y recibieron sanciones por las vallas que colocaban en el camino. 

Tras una década de disputas judiciales y de quejas ecologistas, en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sentenció que la familia debía reabrir el Camino de Ronda y el GR-92. En 2023, el Tribunal Supremo ratificó el fallo.

Pero a pesar de las resoluciones judiciales, el camino ha seguido cerrado hasta hoy. Desde la urbanización de Canyelles, se puede acceder andando a una parte del sendero, aunque hay que desafiar por todo el tramo carteles disuasorios, cámaras de videovigilancia y árboles caídos en medio del paso. Al llegar cerca de la mansión, una valla impide continuar. 

Desde 2024, para evitar un enconamiento del conflicto, el Ayuntamiento de Lloret optó por negociar con la propiedad. En vez de pedir la ejecución forzosa de la sentencia, consideraron más eficaz abrir conversaciones con la familia para llegar a un acuerdo de restablecimiento del camino. Desde entonces, han visitado la finca técnicos municipales y de la Generalitat para idear un trazado que permita cumplir la sentencia y respetar los criterios medioambientales y paisajísticos.

Falta por ver si esta nueva propuesta, pactada entre las partes y pendiente de publicación, acaba satisfaciendo a los demás grupos políticos y a los ecologistas.

El Partido Popular quiere pocas trabas a la ocupación privada de la costa. Ante la posibilidad de extender la protección del litoral español, los gobiernos autonómicos populares han montado una ofensiva para impedir que un nuevo reglamento de Costas sirva para “restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones”.

La Xunta de Galicia es quien lidera este frente con la Generalitat valenciana y la Región de Murcia como lugartenientes. Temen, han admitido, que se “limiten las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre a solo 30 años frente a los 75 actuales y se endurezcan los requisitos para instalar cualquier tipo de negocio en el litoral”. También critican que se amplíe el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) “llevando la línea de deslinde tierra adentro”.

En resumen, no quieren que se pongan más límites a “la propiedad privada, económica e industrial” sobre la costa, según comunicaron en una reunión autonómica celebrada el 19 de febrero en la Casa de Galicia en Madrid en la que estuvieron Asturias, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cantabria, Catalunya y Euskadi. Tras el encuentro autonómico, el Principado de Asturias –gobernado por el PSOE– tuvo que sacar un comunicado para desmarcarse de la “propuesta de nueva ley” del PP. Su directora general de Urbanismo, Laura López, explicó que ellos apuestan por “reforzar la protección frente a la liberalización”, que destila la iniciativa popular.

Aunque las comunidades costeras del PP ya se reunieron en julio de 2025 para reclamar una nueva legislación a su gusto, esta nueva fase se ha activado ante el inicio de revisión del reglamento de Costas obligado por un expediente sancionador de la Comisión Europea contra España por permitir ocupaciones del litoral “sin justificación”.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que “están criticando antes de conocer el texto de modificación del Reglamento General de Costas que se someterá a información pública”.

Desde la ciencia tenemos clarísimo que se necesita un replanteamiento del ordenamiento del frente litoral de toda la costa porque el escenario de cambio climático, de esta emergencia, es global

Joan Manuel Vilaplana — Director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya

En medio de este contexto, “desde la ciencia tenemos clarísimo que se necesita un replanteamiento del ordenamiento del frente litoral de toda la costa porque el escenario de cambio climático, de esta emergencia, es global”, explica a elDiario.es el director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya, Joan Manuel Vilaplana.

El geólogo recuerda que “hay que replantear todo el urbanismo y las infraestructuras. Mirarlos de forma distinta”. Se refiere a colocar “la renaturalización de la costa como un libro de cabecera para guiarnos. Una playa ancha en la mejor defensa ante temporales e inundaciones costeras”. Fenómenos severos que no paran de golpear como ha ilustrado el tren de borrascas que atravesó España en enero y febrero y la destrucción que provocó.

“El problema es que tenemos rigidez en la costa y esto es incompatible. Nos encontramos con casas, bloques, hoteles en primera línea de costa... Entonces ¿qué hacemos con eso?”, se pregunta.

La costa, un derecho constitucional

El dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que asusta al Partido Popular es un derecho de todos los españoles reconocido explícitamente en la Constitución. Su inclusión, “sin precedente en el derecho comparado” según el análisis del Congreso de los Diputados, frenó de alguna manera la urbanización galopante que había soportado durante décadas: “Ya no pudieron reconocerse enclaves privados en las playas o en la zona marítimo-terrestre”.

Pero, una vez dado el mandato en la Constitución, restaba por identificar sobre el terreno esa zona a lo largo de la costa. Lo que queda dentro está destinado “tanto para su protección, como para su garantía de disfrute público”, explica el Ministerio de Transición Ecológica. Eso garantiza “el derecho, eso sí, con usos adecuados, que ni comprometan su integridad física, ni impliquen que los demás no puedan disfrutarlos también”. Ahí descansa la concepción de la costa como algo público, de todos, y no particular.

El Partido Popular está atacando la delimitación del dominio que se hace mediante el deslinde. El Gobierno valenciano ha reconocido que su ley de Costas, ahora recurrida ante el Constitucional, pretendía impedir que esa línea molestara demasiado. Su consejero de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, explicó que trataban de “poner freno a deslindes y a las recuperaciones posesorias”. La recuperación posesoria es un instrumento legal del Estado recogido en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para recobrar bienes que se hayan perdido “indebidamente”.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat, Marc García Manzana, ha explicitado más: “No se puede ampliar el dominio público marítimo-terrestre por un episodio extraordinario de oleaje”.

Josep Manuel Vilaplana considera que el DPMT “es una herramienta muy buena”. Cuando el sistema natural no está ocupado “es fácil conservarlo y potenciarlo –abunda– el problema es que tenemos un urbanismo y unas infraestructuras consolidadas”.

Pero el incremento del nivel del mar, de los temporales, de su intensidad “implican que la zona inundable cada vez progresa más e irá progresando más. Eso es lo que te obliga de alguna forma a ir retrocediendo y a liberar espacio”, subraya el geólogo. “La reconstrucción no quiere decir echarlo todo por tierra, sino, a lo mejor, trasladar o ponerlo en otro lugar. Eso obliga a mucha planificación a medio, largo y larguísimo plazo”.

Los responsables del PP han evidenciado la idea que subyace en sus planes costeros: mantener en primer plano la costa como recurso económico. Así, en la Comunitat Valenciana han reiterado que desean una legislación que “compatibilice la protección ambiental con la actividad económica sostenible en el litoral. Un equilibrio real entre la protección ambiental y el desarrollo económico y el respeto a los núcleos tradicionales”. En la Xunta gallega replican que quieren “una nueva ley de costas que aborde de manera integrada la ordenación del litoral teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y sociales”. El Gobierno murciano ha pedido que “las respuestas a las demandas de ciudadanos y sectores productivos sean más ágiles, eficaces y con mayor seguridad jurídica para nuestros núcleos costeros”.

En absoluto digo que no haya que considerar el valor económico del litoral. Lo que corresponde es cambiar la manera en la que se piensan y enfocan estas actividades. A la larga, las generaciones futuras lo van a conseguir porque convivir con la naturaleza y adaptarse a sus pautas es imprescindible. El mar acaba imponiéndose

Joan Manuel Vilaplana — Director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya

A pesar de que nada de eso aparece en las propuestas del Ministerio de Transición Ecológica, los populares envuelven sus proyectos con la proclama de que el Gobierno “quiere eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050”.

“En absoluto digo que no haya que considerar el valor económico del litoral –aclara Joan Manuel Vilaplana–. Lo que corresponde es cambiar la manera en la que se piensan y enfocan estas actividades. Hace falta mucha pedagogía”. Y vaticina: “A la larga, las generaciones futuras, no nosotros, lo van a conseguir porque convivir con la naturaleza y adaptarse a sus pautas es imprescindible. No hay otra. El mar acaba imponiéndose”.

“¿Qué es eso de prorrogar sin más durante 75 años una ocupación de la costa?”. Con esta pregunta ilustra la coordinadora de costas de Greenpeace, María José Caballero, lo difícil que es deshacer la fórmula de gestión del litoral creada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Un modelo que, a la larga, se ha demostrado contrario a la ley europea. El Ministerio de Transición Ecológica intenta por segunda vez acabar con esa manera de permitir la instalación de negocios durante un siglo sobre una costa, en teoría, de dominio público.

La cuestión es que en Bruselas debieron hacerse una pregunta similar porque la Comisión Europea (CE) abrió un expediente sancionador a España en febrero de 2023 ya que la normativa nacional aún permite otorgar esos permisos de forma opaca y partidista y, además, “prorrogar las concesiones existentes hasta 75 años sin justificación”, según detallaba la CE.

Desde que se retocó la norma de costas en 2013 para poder alagar casi automáticamente durante décadas los permisos de factorías, chiringuitos o pasarelas, más de 300 infraestructuras obtuvieron esa amnistía, según los cálculos de Transición Ecológica.

En un primer momento, este Ministerio aprobó un reglamento en 2022 para acotar esas ocupaciones privadas tras la gracia que el PP concedió a muchas construcciones en su reforma legal de 2013 que “fue una reforma terrorífica”, sentencia Caballero.

Aquel nuevo reglamento incluía otra batería de medidas que, en teoría, iban encaminadas a que la costa cumpliera con su función de defensa ante los embates del mar. Una defensa que ha incrementado su importancia debido al recrudecimiento y multiplicación de los temporales marinos que trae el cambio climático. Entre sus últimos ejemplos más visibles: la destrucción de la playa de Matalascañas en Huelva debida a la borrasca Francis.

Cuando, según explica el Ministerio, se encontraba en el proceso de informar a Bruselas de lo que estaba haciendo para adecuar las leyes españolas –lo propio del procedimiento de infracción de la UE– llegó en diciembre de 2024 una sentencia del Tribunal Supremo que, a petición de la organización Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, anuló el nuevo reglamento. Se volvió a la casilla de salida: la norma y el procedimiento diseñados por Arias Cañete.

Con ese procedimiento “no ha sido raro que se diera una autorización a un Ayuntamiento para la explotación de un chiringuito en la playa, pero que no se hiciera seguimiento de si ese Ayuntamiento realizaba una exposición pública con un pliego de condiciones para que se postularan distintas empresas y que se adjudicara con a un procedimiento transparente y legal”, ejemplifica Manuela Cuevas de Ecologistas en Acción.

Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo. La Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica

María José Caballero — Coordinadora del informe de costas de Greenpeace

“Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo –abunda la portavoz de Greenpeace– la Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica”.

Ese fue también el procedimiento con el que el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2016 (estando ya en funciones) la prórroga de ocupación de la papelera Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073. A pesar de que la Audiencia Nacional falló en contra de ese nuevo permiso, el Supremo terminó por avalarlo. Lo que demuestra el paso del tiempo es que, una vez ocupada la costa, se hace muy difícil liberarla (el hotel de El Algarrobico en Almería es quizá el ejemplo más crudo).

El Ministerio explica que, tras las reuniones con la Comisión Europea, se ha optado por modificar el reglamento para “corregir” lo que tiene que ver con la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación. “Se hace imprescindible para evitar que el procedimiento de infracción escale a una condena”, argumentan en Transición Ecológica.

Dunas sí, carreteras no

Al ser anulado el reglamento por el Supremo (la razón jurídica fue de tipo procedimental: no se había sometido bien a información pública), no solo decayeron normas sobre cómo invadir legalmente la costa, sino que también se perdieron disposiciones que incorporaban más superficie y elementos dentro de ese dominio público marítimo-terrestre que se protege. Por ejemplo, el decreto incluía como elemento de las playas casi cualquier duna y estableció que la línea que marcara el máximo nivel que alcancen las olas sirviera para decir: esto es playa (y por tanto dominio público) que debe preservarse y obligar a controlar qué puede o no levantarse sobre ella.

También se prohibió la construcción de carreteras paralelas y la circulación o aparcamiento en la zona de dominio público, no solo en la propia playa. En general, la normativa exigía que se tuviera en cuenta el nuevo contexto de crisis climática ante cualquier concesión de ocupación sobre el litoral.

“El Ministerio puede aprovechar el asunto de la infracción para lidiar con la intensificación de la presión sobre nuestras costas y la competencia entre los distintos usos de ese espacio”, reflexiona Marta García Pallarés, portavoz de una coalición estatal de organizaciones ambientales entre las que están –además de Ecologistas en Acción–, los Grupos Ornitológicos de Balears, la Fundación Juan Tábara o SOS Costa Brava y Mar Menor.

La plataforma pone el acento en un aspecto, a veces, poco observado: las aguas costeras. Y por eso consideran importante “ampliar la limitación de velocidad más allá de las zonas de baño” de embarcaciones tipo moto acuática, “prohibir la navegación paralela a la costa dentro de las zonas de baño no balizada y regular el fondeo de embarcaciones en estas zonas para evitar la masificación flotante”.

Esa utilización tan intensiva del litoral “afecta directamente tanto a la seguridad de las personas como a la conservación de especies y ecosistemas marinos clave”, remata García Pallarés. La amenaza de una sentencia europea le da una segunda oportunidad a la costa. Está por ver si esta vez va la vencida.

El Gobierno vasco ha presentado este lunes el nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) del litoral vasco con el que quiere anticiparse al peor escenario posible de cambio climático, con una posible subida de nivel del mar de hasta 72 cm en el año 2100, lo que deberá conllevar medidas de protección específicas para las construcciones y entornos urbanizados actuales y nuevas normativas para las edificaciones futuras, elevando la cota a la que pueda construirse.

El nuevo PTS, que tras aprobarse inicialmente arranca ahora el periodo de exposición pública, y que se prevé que puede aprobarse en un año, lo han presentado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, de quien depende la reordenación del territorio, y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, responsable del área medioambiental y de la Agencia Vasca del Agua, URA, y pretende redefinir la forma en la que Euskadi afrontará los desafíos climáticos, ambientales y urbanísticos de su costa en las próximas décadas, por lo que ambos han destacado que se trata de un plan de “trascendencia estratégica”.

El plan anterior data de 2007 por lo que ambos consejeros han considerado crucial una modificación que tenga en cuenta que el litoral vasco se encuentra en estos momentos en el centro de múltiples tensiones: “los efectos del cambio climático son cada vez más palpables, la presión sobre el espacio costero aumenta y la normativa territorial y ambiental ha evolucionado profundamente en los últimos años”, ha señalado Itxaso, que ha recordado que “desde 2019 la adaptación al cambio climático es una obligación que deben cumplir todos los instrumentos de ordenación territorial”. “En este caso, la variable climática adquiere un protagonismo singular. Es probablemente el plan más condicionado por el cambio climático de todos los que hemos elaborado, y además es el primero en todo el Estado que incorpora explícitamente esta variable”, ha añadido.

El PTS centra su labor preventiva de anticiparse a un futuro más hostil por los efectos del cambio climático, en el “espacio complejo, frágil y enormemente diverso” que constituye la costa vasca que, aunque linealmente suma alrededor de 120 kilómetros, la suma de entrantes y salientes eleva la superficie realmente ordenada hasta los 275 kilómetros lineales. En esa franja se concentran 41 playas, 12 campos dunares, 29 marismas, acantilados que se extienden a lo largo de 81 kilómetros, y una red de infraestructuras en la que conviven depuradoras, faros, carreteras, estaciones oceanográficas y equipamientos de todo tipo. Las 14 rías y estuarios que desembocan en el Cantábrico llevan la influencia del PTS hasta 15 kilómetros tierra adentro, ampliando considerablemente su impacto territorial. Todo ello afecta de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura.

Para hacer las previsiones el plan parte de los estudios elaborados por el grupo de expertos científicos IPCC y adopta como referencia el peor de los escenarios -el RCP 8.5, aquel que contempla un incremento sostenido de emisiones de gases de efecto invernadero- debido a la insuficiente reducción global de emisiones. Según estos modelos, para este peor escenario el nivel del mar podría elevarse hasta 72 centímetros en el año 2100, una cifra que transformaría por completo la relación entre el mar y el territorio. En cambio, si se contuvieran las emisiones de gases de efecto invernadero, esta subida se limitaría a 49 centímetros. Ya hoy, la pleamar meteorológica alcanza los 2,91 metros, y pequeñas variaciones de apenas 10 ó 15 centímetros están provocando inundaciones recurrentes en zonas como los bidegorris del Bidasoa, en Irún. “Este PTS es, en cualquier caso, un plan dinámico, que se irá actualizando a medida que evolucionen las emisiones de gases de efecto invernadero y se concreten los riesgos naturales vinculados al nivel del mar y a otros fenómenos asociados al cambio climático”, han señalado.

En este escenario más adverso, Euskadi podría perder el 39% de la superficie de sus playas, el 26,7% de sus dunas y hasta el 75% de sus marismas, una de las cifras más críticas del documento, ya que se encuentran en cota cero, y un pequeño incremento del nivel de mar las haría desaparecer. También los espacios verdes, la infraestructura ecológica, las zonas residenciales e industriales y el frente costero expuesto al oleaje sufrirían un incremento notable de su vulnerabilidad. En particular, las áreas residenciales vulnerables pasarían del 1,13% al 2,76% (un incremento del 244%) y las industriales del 1,43% al 3,64%, cifras que recuerdan que obligan a replantear la planificación urbana en numerosos municipios, con ascenso de las cotas de edificación de las urbanizaciones, que tendrán que desarrollarse en legislaciones posteriores, así como de protección de lo ya construido. Porque según ha recordado Denis Itxaso, “se trata de proteger lo que está, no de desmontar”.

Estudios de impacto del cambio climático en todas las actuaciones

El PTS clasifica el territorio en diversas categorías de vulnerabilidad: las zonas especialmente vulnerables ante el incremento del nivel del mar por efecto de la marea y el oleaje (ZINM); las zonas vulnerables ante el aumento de la inundabilidad fluvial (ZIIF); las zonas vulnerables por el incremento del nivel freático y la disminución de la capacidad de evacuación de la red de saneamiento (ZINF); las zonas vulnerables ante el incremento de las precipitaciones torrenciales (ZIPT); y las zonas vulnerables ante el aumento extremo de la temperatura (ZIET). Estas cinco categorías —ZINM, ZIIF, ZINF, ZIPT y ZIET— obligan a que cualquier planeamiento municipal que afecte a dichas áreas incorpore estudios de impacto derivados del cambio climático.

Más allá del marco normativo, el Plan Territorial Sectorial da un paso adicional y se consolida como una auténtica herramienta de adaptación al cambio climático. Incorpora un conjunto de medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad del litoral y a reforzar su resiliencia a medio y largo plazo. Entre ellas, destaca la planificación para la creación y recuperación de nuevas marismas en distintos estuarios, con el objetivo de compensar parcialmente la superficie que previsiblemente se perderá como consecuencia de la subida del nivel del mar.

Asimismo, el PTS amplía los ámbitos de especial protección ambiental, incorporando más de 300 hectáreas de masas de encinar cantábrico a la categoría de “Especial Protección”, reforzando la conservación de ecosistemas clave frente a los efectos del cambio climático. En el ámbito marino, el plan impulsa la ampliación de la Red Natura 2000 mediante la incorporación de la zona marina Ulia–Jaizkibel, con una superficie aproximada de 13.000 hectáreas, como corredor ecológico marino estratégico. A todo ello se suman medidas específicas de adaptación en zonas urbanas y ya desarrolladas, como la mejora del drenaje y de la red de saneamiento, la naturalización de cauces, el incremento de superficies permeables y verdes, y la obligatoriedad de integrar estudios específicos de mitigación y adaptación en el planeamiento municipal que actúe en áreas vulnerables. Además, el plan delimita nuevos suelos de especial protección y mejora ambiental, refuerza la protección paisajística de los 500 metros interiores, ordena el uso de playas y dunas según su naturaleza urbana o natural y, en lo relativo al medio marino, remite a la normativa estatal y europea.

Por otra parte, el plan pretende la creación o recuperación de nuevas marismas, dado que la pérdida de las mismas en el peor de los escenarios será muy significativa. El PTS identifica áreas situadas a mayor cota en estuarios como el Barbadun, Butroe, Urdaibai, Lea, Artibai, Deba, Urola, Iñurritza u Oria, con el objetivo de que puedan convertirse en marismas funcionales en el futuro. Esta propuesta no pretende compensar totalmente las pérdidas del escenario RCP 8.5, pero sí recuperar parte de la superficie que se perdería incluso en escenarios intermedios, en el caso de que el nivel del mar suba solo 49 cm.

El consejero Itxaso ha destacado el valor del documento como instrumento de política pública y ha afirmado que “este plan es absolutamente imprescindible para garantizar que nuestro litoral siga siendo un espacio seguro y sostenible. No se trata solo de ordenar, sino de anticipar, proteger y actuar con visión de futuro”.

Por su parte, el consejero Mikel Jauregi ha enmarcado el PTS dentro del compromiso del Gobierno con la transición energética y el desarrollo sostenible, subrayando que se trata de “una herramienta con las necesidades de un territorio que ya está experimentando los efectos del cambio climático. Hemos trabajado juntos para que la cartografía usada en el PTS del Litoral, elaborada por URA, sea la misma que se usa en los actuales estudios de inundabilidad y que es la referencia en todos los planes hidrológicos”. Además, en este PTS se han tomado como referencia las variables de cambio climático y los escenarios de subida del nivel del mar definidos en el proyecto Kostaegoki, estudio realizado por el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y “que sirve como hoja de ruta para anticiparse a los impactos del ascenso del nivel del mar y proteger los ecosistemas y actividades costeras. Establecer cotas más altas para las futuras edificaciones es anticiparse de manera prudente y eficaz a los riesgos del futuro. No podemos mirar hacia otro lado: debemos anticiparnos y adaptar nuestras normas y proyectos a esta realidad. La protección de hoy es seguridad de mañana. Este PTS nos permite anticiparnos a los riesgos y evitar errores que podrían salir caros en el futuro”, ha señalado Jauregi.

“La información que damos hoy no debe generar alarma social. Desde el Gobierno vasco estamos ya en marcha con obras concretas para evitar las consecuencias de la subida del mar en 13 localidades costeras. Estas son actuaciones impulsadas desde la mesa KAIA, en estrecha colaboración con los ayuntamientos”, ha citado Mikel Jauregi.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, que controla desde su departamento la competencia de gestión del litoral y costas, transferida a Euskadi el pasado mes de abril, ha eludido este viernes pronunciarse sobre uno de proyectos más polémicos que pueden afectar a una parte del litoral vasco: la nueva sede del Guggenheim en Urdaibai en la Reserva de la Biosfera. Interpelada por EH Bildu sobre si cree es posible aprobar la concesión a ese proyecto desde el punto de vista de las normas de proyección del litoral, la consejera ha eludido pronunciarse, asegurando que las “decisiones se deben basar en hechos, no en hipótesis”.

Durante el pleno del control en el Parlamento Vasco, Barredo, el PNV, ha asegurado que “a día de hoy no existe un proyecto básico ni documentación técnica suficiente para poder valorar una posible ocupación del dominio público marítimo terrestre”, por lo que ha asegurado que “no es posible aún pronunciarse sobre la viabilidad o no del otorgamiento de la concesión”. La consejera ha recordado que, antes de pronunciarse sobre la viabilidad o no de la concesión, “es imprescindible analizar primero la naturaleza de esa actividad e instalación, es decir, todas sus características, esenciales y definitorias, y también el dominio público marítimo terrestre a ocupar”, para lo que es fundamental “conocer tanto la extensión de esa zona afectada, como la tipología de los bienes que forman parte de ese dominio”.

Además, debe contarse con un proyecto básico completo, con memorias, planos, evaluación ambiental y toda la documentación técnica necesaria. “Solo con esa base es posible evaluar la naturaleza, la instalación y la extensión del dominio público que se pretende ocupar,” ha señalado. “Sin esa información no es ni técnica ni jurídicamente posible pronunciarse sobre la concesión. Hacerlo sin disponer de esta información preceptiva sería una temeridad desde nuestro punto de vista que no contribuye desde luego a proteger el litoral”, ha señalado la consejera, que ha insistido en que a día de hoy no existe un proyecto básico ni documentación técnica suficiente para poder hacer valoraciones. “La sociedad está demandando claridad y garantías de protección ambiental y esa es precisamente la razón por la que este Gobierno responde con prudencia”, ha indicado.

En su pregunta a la consejera, la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, ha recordado que el proyecto de construcción del nuevo museo en la reserva de la Biosfera “ha generado un gran rechazo en la zona y en la comunidad científica”, entre otros motivos, por el impacto ambiental que tendría “en un entorno frágil y de alto valor ecológico y por la ocupación del dominio público marítimo terrestre”. Y ha señalado, además que la Ley de Costas recoge que la ocupación del dominio público marítimo-terrestre “únicamente podrá autorizarse para actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.

Antes de que se realizara la transferencia de la gestión de costas al Gobierno vasco, en 2023, la Dirección de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico modificó la protección de la costa a sólo 20 metros frente a los 100 metros vigentes como una fórmula de allanar el camino a la construcción del futuro museo a pie de marisma. Sin embargo esta cuestión está recurrida en los tribunales por varias asociaciones ecologistas.

Alberto Núñez Feijóo y su pareja, Eva Cárdenas, están dispuestos a luchar hasta el final para mantener su privilegiado acceso privado a la playa de O Con (Moaña, Pontevedra), construido sobre un terreno que fue declarado de dominio público en 2007, once años antes de que la pareja del líder del PP adquiriese la propiedad. Tras la negativa del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a prorrogar la concesión sobre esos 215 metros cuadrados, Cárdenas ha decidido gastar su última bala y ha presentado de un recurso contra esa decisión ante la Audiencia Nacional, según han confirmado a elDiario.es fuentes jurídicas.

La parcela a la que se continúan aferrando es la continuación natural del mirador que corona el arenal, el de O Fiunchal, y sobre el que en un nivel superior se alza la vivienda con su finca. Una fila de bloques interrumpe ese paseo marítimo —hoy vallado por riesgo de desplome— para marcar el límite de la finca, rodeada por un muro y que cuenta con una puerta por la que acceder a la playa, varios metros más abajo. Un acceso por el que siguen peleando pese a que, según los vecinos, nunca lo han utilizado. Son los mismos vecinos que cuentan que, pese a que la casa está a nombre de su pareja, era Feijóo el que llevaba ya tiempo encaprichado con el inmueble.

El litigio por los terrenos está a punto de cumplir un año. En noviembre de 2024, el BOE publicaba la intención del Estado de recuperar su propiedad, ante lo que Cárdenas alegó, solicitando que se le permitiese seguir haciendo uso de la parcela durante 30 años a partir de la fecha del deslinde; es decir, hasta el año 2037. El requisito para conseguirlo pasaba por acreditar la propiedad de esa porción de tierra antes del deslinde, pero el ministerio lo rechazó argumentando que, por mucho que sus anteriores propietarios hubiesen levantado un muro con puerta a su alrededor, esos 215 m² nunca habían pertenecido a la finca.

Para justificar su negativa, el MITECO se retrotrae hasta la primera inscripción en el registro de la propiedad de la finca 2.366 de Moaña, el 24 de enero de 1941. Se habla entonces de una superficie de “siete áreas cuarenta centiáreas” (708 m²) que tenía como lindero sur la “playa mar”, una superficie que nunca cambió documentalmente hasta los 926 m² que alegó Cárdenas. A lo largo de esos casi 85 años tampoco consta en el archivo municipal ninguna licencia para la construcción del muro de contención que invade el dominio público. Tan solo, en 1942, la autorización para un cierre “con una altura, en total, de 150 o 170 centímetros”.

“Por lo tanto, y como ha quedado expuesto, los terrenos objeto del presente expediente deberían considerarse, en todo caso, como un exceso de cabida sobre la superficie de la finca registral de referencia, respecto a la que la interesada no habría acreditado su condición de titular registral, así como la condición de propiedad privada, amparada por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de la citada superficie, o el tracto registral ininterrumpido de la misma, a partir de un título inscrito en el correspondiente Registro, en fecha anterior a la de entrada en vigor de la vigente Ley de Costas; debiendo considerarse la citada superficie como una ocupación del demanio sin el debido título habilitante”, expone textualmente el ministerio en su respuesta del pasado mes de mayo.

La Audiencia Nacional, el último recurso

Si no estaba dispuesta a aceptar esa negativa, a la familia Feijóo le quedaban dos posibilidades: presentar un recurso de reposición ante la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o, si no, directamente un recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional. La pareja optó por esta última, evitando así un más que probable nuevo varapalo administrativo por parte del Gobierno. Esta redacción se dirigió a Génova 13 para consultar los motivos que podían existir tras esa decisión, sin recibir respuesta. Un portavoz se limitó a responder que no harían “valoraciones sobre decisiones particulares que pudiera haber tomado la pareja del presidente del partido”.

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es apuntan que la vía judicial puede llegar a conseguir, de facto, que el líder del PP y su pareja continúen disfrutando de esa ocupación de terreno público durante un largo tiempo, incluso si se topasen por el camino con una sentencia desfavorable, que podría tardar dos o tres años. Un ejemplo es el caso del hotel Algarrobico, seguramente el mayor símbolo de la destrucción del litoral por la especulación inmobiliaria. Hace casi una década que el Tribunal Supremo lo declaró ilegal pero su demolición todavía continúa esperando.

Otro caso parecido es el de la famosa piscina ilegal de Pedro J. Ramírez en Mallorca, al borde del mar. En 2024, tras más de 20 años de pleitos, la misma sala de la Audiencia Nacional que tendrá que resolver sobre el recurso de Cárdenas, ordenaba su demolición, confirmando una sentencia del Tribunal Supremo de dos años antes contra la que la familia de Ramírez presentó varios incidentes. Sin embargo, 18 meses después, la piqueta no ha llegado todavía hasta la propiedad del exdirector de El Mundo.

También lleva aguardando casi un lustro el ayuntamiento de Moaña para restaurar un paseo marítimo que se cae a pedazos. Desde la primavera de 2021, la pasarela peatonal que finaliza contra la pared de bloques de la finca está vallada y en estado de abandono. Unos metros por debajo, en la playa, una soga con corcheras cruza la arena y se interna en el mar para delimitar la zona en la que, bajo él, se ha prohibido el paso con un llamativo cartel rojo. Aun así, muchos paseantes hacen caso omiso, aunque manteniéndose prudentemente apartados de una pared plagada de desconchones, que contrasta con el aspecto del tramo de muro perteneciente a Cárdenas, con la piedra a la vista y su puerta azul recién reformada tras sufrir, según los propietarios, daños provocados por alguno de los temporales atlánticos que golpean la península de O Morrazo.

La restauración “integral” del paseo es uno de los objetivos del gobierno local, encabezado por la nacionalista Leticia Santos, que ya se lo ha solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar. Para conseguirlo, sin embargo, es imprescindible la recuperación para el dominio público de la parte que Feijóo y Cárdenas siguen resistiéndose a devolver.

La primera referencia oficial de la que hoy es la finca 2.366 del concello pontevedrés de Moaña data de 1940. Fue cuando José Benito Porto Rial pidió licencia de obras para levantar un chalé sobre la playa de O Con. Con el tiempo, esa vivienda que parece vigilar todo el arenal se convirtió en la casa “que todos los vecinos querían”, pero que desde finales de 2018 pertenece a la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas. Lo que no aparece en ninguna documentación es el origen de ese muro con una pequeña puerta que encierra dentro de la propiedad una parcela de terreno público de 215 m². La misma que Costas le ha denegado a Cárdenas poder seguir utilizando.

Visto desde la playa, el muro y su puertecilla —ese privilegiado acceso privado por el que el anterior propietario sacaba su canoa con marea alta— parecen el acceso olvidado a una fortaleza inexpugnable. Literatura al margen, queda claro que es la continuación natural del mirador de O Fiunchal, el nombre por el que era conocida la propiedad, y que acabó por denominar a toda la zona. Hoy, el tramo público de ese paseo, el que muere contra la pared de bloques que marca el límite de la finca de Cárdenas, está en un completo estado de abandono y amenaza con precipitarse sobre el arenal. El ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el BNG, espera que Costas pueda recuperar la parcela en litigio y acometer así una recuperación integral del espacio.

Eso podría suceder en breve si Cárdenas aceptase la resolución firmada por la directora general de Costas con la que su deseo de poder seguir utilizando la parcela hasta 2037 —30 años después del deslinde que la devolvió al dominio público— agotó la vía administrativa. Eso la obligaría, con casi toda seguridad, a sufragar las obras que fuesen necesarias para adaptar el espacio a su nueva situación. Sin embargo, si decide buscar otros caminos, el proceso puede dilatarse por un largo plazo. La pareja de Feijóo tiene dos posibilidades: un recurso ante el propio ministerio o saltar ese paso y acudir directamente a la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

No parece que ninguna de las dos vías vaya a resultar sencilla. De momento, Cárdenas no pudo demostrar que el terreno en disputa fuese una propiedad privada antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Esa es una condición indispensable para optar a una concesión como la que ella quería, algo que la normativa sí permite para aquellos terrenos particulares que se vieron afectados por un deslinde.

O Fiunchal no lo es. Por mucho que su actual propietaria porfíe en que sus dominios abarcan 926 m², la documentación existente en el Registro de la Propiedad de Cangas —el municipio vecino, cabeza de la comarca de O Morrazo— acredita que mide 708 m². En su primera inscripción, en 1941, se consideraba ligeramente mayor, “siete áreas cuarenta centiáreas”, quizá porque la medición no era tan exacta. Pero en todo momento se especifica que el límite es el dominio público-terrestre de la “playa mar” y que la propiedad “no lo invade”.

Pese a toda su porfía, los vecinos aseguran que nunca han visto a Cárdenas ni a Feijóo utilizar el acceso privado a la playa. En Tirán —el nombre de la parroquia, que resultará familiar a los aficionados al remo— están convencidos de que, aunque la propietaria sea la antigua directiva de Zara Home, es el líder del PP el que ha elegido Moaña como lugar de descanso.

Primero optó por una ubicación diferente, al otro extremo del término municipal, en la parroquia de Meira. Allí compró un terreno en 2015 con el objetivo de levantar un chalé de 350 m². Tres años después fue Eva Cárdenas quien adquirió O Fiunchal, una casa por la que los vecinos recordaban haber visto interesarse al entonces presidente de la Xunta. En primera línea de playa y con un paseo marítimo que les permitía llegar andando al centro urbano, la pareja no tuvo dudas: Feijóo vendió su primera vivienda en 2021, una operación que —según su equipo— fue la responsable de que incrementase su patrimonio en 600.000 euros en apenas dos años.

El Tribunal Constitucional (TC) resolverá el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra sobre la posible vulneración de su derecho a la tutela judicial durante el proceso de prórroga de la concesión de la planta de Ence. Fuentes del TC han aclarado a elDiario.es que su papel se limitará a analizar el defecto de forma denunciado por el consistorio, pero que no entrará a analizar el fondo de la cuestión.

La alcaldesa de Pontevedra en funciones, Eva Vilaverde, ha comparecido en rueda de prensa —recogida por Europa Press— para anunciar que este mismo martes se había recibido la providencia del alto tribunal comunicando la admisión a trámite del recurso de amparo.

La administración local había presentado este recurso en septiembre de 2023 y, según ha indicado, esta decisión judicial “confirma” su postura y supone que el procedimiento legal contra Ence “sigue abierto”, algo que el gobierno municipal celebra al sostener que es “extremadamente difícil” que se admitan este tipo de recursos.

Eva Vilaverde ha apuntado que para el gobierno local del BNG esta admisión era importante toda vez que considera que la prórroga “claramente irregular” no “deja de ser una gamberrada” por, según ha argumentado, la falta de justificación de su actividad en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, la vulneración de las directrices europeas, al hacerse sin ningún tipo de concurso, “y porque claramente se infringió el procedimiento” sin tener en cuenta ni pedir ningún tipo de informe municipal.

A todo esto, Eva Villaverde suma que fue concedida por un Gobierno central que ya estaba funciones, presidido en aquel momento Mariano Rajoy, excediendo sus competencias.

Para el gobierno local de Pontevedra “este Ayuntamiento y sus vecinos recibieron un trato de indefensión” porque el Tribunal Supremo no estudió ninguna de estas causas, por lo que también considera este recurso “una cuestión de dignidad”.

Eva Vilaverde subraya que el Constitucional reconoce que el asunto tiene “especial trascendencia” al afectar a un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina.

En la providencia enviada a las partes, la sección tercera de este tribunal ordena al Supremo y a la Audiencia Nacional que le remita toda la documentación pertinente sobre este procedimiento.

El gobierno municipal ve “claras” tres posibles opciones, entre ellas la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la permanencia de Ence, revocando automáticamente la prórroga, o que se tengan que examinar todas las alegaciones presentadas en su día.

En el caso de que el Constitucional emita una sentencia desfavorable a los intereses del Concello, ha avanzado la alcaldesa en funciones, recurrirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Ence: “No se vulneró ningún derecho”

Por su parte, la empresa Ence ha reaccionado a esta noticia indicando que la compañía no ha sido notificada al no ser parte en el recurso por lo que no conoce el contenido del auto de admisión del Tribunal Constitucional.

Según sostiene la empresa pastera, esta admisión “tan solo implica que se tramitará el recurso para valorar si ha tenido lugar la vulneración del derecho fundamental que ha alegado el Ayuntamiento”.

“Ence considera que dicha vulneración no se ha producido y en el momento que sea emplazada por el Tribunal Constitucional y se le notifique el auto efectuará las alegaciones que considere oportunas en defensa de sus intereses”, anuncia la dirección de la compañía.

Por último, Ence recalca que “en ningún caso la tramitación de este recurso afectara a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de casación que fueron favorables a la compañía” y que declararon la validez de la prórroga de la concesión “la cual no es objeto de discusión en el recurso de amparo presentado” y que, concluyen “mantiene su validez y plena vigencia y no puede quedar afectada por este tema”.

Fuentes del Constitucional ah ndeclardo que su papel en esta historia se limita a analizar el defecto de forma denunciado y no entra a analizar el fondo de la cuestión

La Xunta de Galicia ha declarado la alerta naranja en la costa de A Coruña y Pontevedra para este sábado, 19 de abril, debido al temporal costero. La previsión espera olas de hasta siete metros de altura y ocho mar adentro, con un viento del noroeste de fuerza ocho. En A Mariña de Lugo, la alerta será amarilla por olas de hasta cinco metros y con también con viento de fuerza ocho. La jornada culmina así una Semana Santa que, en la comunidad, ha sido fresca y muy lluviosa.

El Gobierno gallego recuerda “la importancia” de mantenerse apartado de la línea de costa, diques rompientes y paseos marítimos, además de la necesidad de extremar medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también prevé nevadas en la montaña de Ourense por encima de los 1.100 metros. Habrá alerta amarilla, declarada por la Xunta, debido a acumulación de nieve de cinco centímetros en 24 horas. El aviso amarillo desde este viernes hasta el domingo estará activo en A Coruña, Pontevedra e a Mariña por fuertes precipitaciones y en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y en las Rías Baixas y zona del Miño de Pontevedrra por intensas rachas de viento.

Galicia y el Gobierno central van a formalizar el miércoles la primera transferencia de competencias desde que el PP volvió a la Xunta, en 2009, con Alberto Núñez Feijóo como líder. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, van a firmar en Santiago de Compostela la transferencia de la gestión del litoral. Será en los mismos términos que la transferencia pactada con Euskadi, como se había adelantado.

Fuentes de la Xunta señalan que las dos partes acordaron la firma después de la negociación de los términos concretos, que se había centrado en el tramo final en los medios que se ceden con el traspaso. El miércoles se cerrará el proceso con una comisión mixta entre las dos administraciones y la firma del acuerdo.

Sobre la mesa está entre los asuntos pendientes la resolución el acceso directo a la playa del chalé que la pareja de Alberto Núñez Feijóo tiene en Moaña (Pontevedra). Costas ha reclamado a Eva Cárdenas un terreno de 200 metros cuadros perteneciente al dominio público marítimo-terrestre que se encuentra dentro del muro que rodea su finca. La respuesta fue pedir autorización para continuar disponiendo de esa superficie hasta 2037. Este tipo de concesiones seguirán correspondiendo al Gobierno central pese al traspaso de competencias, según una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso presentado por Canarias dentro de un caso por una licencia similar. Pero el Gobierno gallego sí decidirá desde ahora sobre la gestión en la costa.

El anterior acuerdo de transferencia de competencias entre el Estado y Galicia se cerró hace 17 años, en 2008, durante la etapa del gobierno bipartito de PSdeG y BNG en la Xunta. Las del litoral se entregan después de que la Xunta iniciase una batalla política para lograrlas: Alfonso Rueda sacó adelante en el Parlamento gallego una ley sobre la gestión de la costa que el Gobierno central recurrió. El Tribunal Constitucional dio la razón a Galicia y abrió así la puerta a la negociación que culmina esta semana con la firma del acuerdo.

Gales, un país repleto de paisajes inexplorados y cultura ancestral, es la sede de uno de los senderos más impresionantes del mundo: el Sendero de la Costa de Gales (Wales Coast Path). Con 1.400 kilómetros que recorren todo su litoral, este camino ofrece a los caminantes una oportunidad única para experimentar de cerca las maravillas naturales, la historia y la vida silvestre de esta nación. Desde los acantilados del norte hasta las tranquilas playas del sur, este sendero conecta a los viajeros con algunos de los paisajes más emblemáticos y hermosos del Reino Unido.

Inaugurado en 2012, el Sendero de la Costa de Gales fue el primero en el mundo en conectar de manera continua la totalidad de la costa de un país, atravesando parques nacionales, antiguos castillos y calas aisladas. Dividido en ocho secciones que ofrecen diversas dificultades, el sendero es adecuado para una amplia gama de caminantes, desde aquellos que prefieren recorridos tranquilos hasta los más aventureros. A lo largo del trayecto, el paisaje cambia de forma dramática, desde las montañas de Snowdonia hasta las suaves colinas de la región de Gower, brindando una experiencia incomparable.

Sección 1: Costa norte de Gales y estuario de Dee

La Costa norte de Gales, desde la ciudad de Chester hasta Aberdaron, es un tramo que impresiona por su historia y sus paisajes. Esta sección incluye vistas de los acantilados de la costa del mar de Irlanda, y el recorrido bordea el estuario del río Dee, donde las marismas y las dunas de arena se extienden hasta el horizonte.

A lo largo de este trayecto, los caminantes pueden explorar algunas de las ciudades históricas más antiguas de Gales, como Conwy, famosa por su castillo medieval, y disfrutar de los tranquilos pueblos costeros que salpican la costa, todos con una vibrante vida marina y espectaculares vistas al mar.

Sección 2: Ynys Môn (Isla de Anglesey)

La Isla de Anglesey, conocida como Ynys Môn en galés, es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Esta sección del sendero recorre la costa de la isla, ofreciendo una variedad de paisajes que incluyen playas de arena dorada, acantilados y praderas. Además, Anglesey es un lugar lleno de historia, con ruinas celtas y una rica tradición marítima.

Entre los puntos más destacados se encuentran los faros de la isla y las vistas al monte Snowdon. La tranquilidad de Anglesey lo convierte en un lugar perfecto para caminatas relajadas, donde los viajeros pueden disfrutar de las vistas panorámicas del mar de Irlanda y la península de Llŷn.

Sección 3: Península de Llŷn y costa de Snowdonia

La península de Llŷn es conocida por sus tranquilas aldeas pesqueras, sus playas solitarias. Este tramo del sendero es perfecto para quienes buscan una caminata más desafiante, ya que las rutas ofrecen impresionantes acantilados y paisajes agrestes.

Al caminar por este tramo, los viajeros se adentran en la historia de Gales, pasando cerca de los antiguos castillos de la región y las ruinas de asentamientos celtas. La proximidad con el Parque Nacional de Snowdonia también ofrece panorámicas de sus montañas, creando una experiencia visual

Sección 4: Ceredigion

En Ceredigion, los caminantes se encuentran con una de las zonas más pintorescas de la costa galesa. Esta sección del sendero bordea los acantilados de la costa, atravesando pintorescos pueblos pesqueros como Aberaeron y New Quay. La costa de Ceredigion es famosa por su rica fauna, siendo un excelente lugar para la observación de delfines y otras especies marinas.

Además, el sendero recorre la bahía de Cardigan con paisajes que incluyen bosques, praderas y acantilados cubiertos de brezo. Este tramo ofrece una combinación perfecta de tranquilidad y belleza natural, ideal para quienes buscan conectarse con el entorno.

Sección 5: Ruta de la costa de Pembrokeshire

La Costa de Pembrokeshire es, sin duda, uno de los mejores tramos del sendero. Conocido por sus acantilados y calas escondidas, este recorrido ofrece vistas espectaculares del océano Atlántico. Este tramo atraviesa el único parque nacional costero del Reino Unido, ofreciendo una impresionante biodiversidad.

Las formaciones geológicas, como el Green Bridge of Wales, y las hermosas playas como Barafundle Bay hacen de este tramo uno de los destinos más populares del sendero. Aquí, los viajeros pueden disfrutar tanto de un paisaje imponente como de una gran variedad de vida marina.

Sección 6: Carmarthenshire

La Costa de Carmarthenshire recorre las playas doradas y los estuarios cubiertos de juncos de la región, brindando vistas de los paisajes de marismas. Con una gran variedad de fauna y flora, Carmarthenshire es ideal para aquellos que buscan un sendero accesible pero lleno de belleza natural. El estuario de Burry Port y las tranquillas costas de Gower ofrecen una experiencia serena, ideal para caminatas más relajadas.

Sección 7: Gower y la bahía de Swansea

La región de Gower, incluida en esta sección del sendero, es famosa por sus paisajes y su historia. La costa de Gower cuenta con algunas de las playas más hermosas del Reino Unido, como Rhossili Bay, famosa por su paisaje que aparece en muchas postales de Gales.

Sección 8: Costa de Gales del Sur y Estuario del Severn

El último tramo del Wales Coast Path recorre la costa sur de Gales, desde la bahía de Swansea hasta el Estuario del Severn, la desembocadura más grande de los ríos de Gales. Este trayecto pasa por algunas de las ciudades más importantes de Gales, como Cardiff, la capital del país. En esta región, los viajeros pueden disfrutar de las vistas del mar de Bristol, sus extensas playas y sus tranquilos estuarios. A lo largo de este tramo, también se encuentra el antiguo castillo de Chepstow, un testamento de la historia medieval de Gales.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no dispone de un arquitecto municipal para ejecutar la sentencia que lo obliga a declarar “no urbanizable” el paraje de El Algarrobico. El Consistorio ha indicado al alto tribunal andaluz que aunque en su plantilla no cuenta con un profesional de este tipo, se encuentra “pendiente de tramitar” un proceso selectivo para la cobertura con carácter interino de un arquitecto técnico.

En esta línea, el gobierno local ha añadido la documentación relacionada a la firma con el Ayuntamiento de Garrucha (Almería) de un convenio de encomienda de gestión para la realización de estas funciones en materia urbanística. Un acuerdo por el que Carboneras encomienda a Garrucha la emisión de informes en la tramitación de procedimientos urbanísticos, por una cuantía de 2.597,11 euros mensuales, que ya ha concluido.

Desde Carboneras se ha apuntado que ya está en tramitación otro convenio similar con Garrucha y que mientras tanto se ha solicitado la asistencia de la Diputación de Almería para que “conste la voluntad inequívoca” del ente local de cumplir el citado fallo. Tras la recepción de este nuevo escrito, el TSJA dictó una nueva providencia en la que se ha requerido otra vez al alcalde carbonero, Salvador Hernández, para que ofrezca cada diez días “información puntual” sobre la ejecución de esta sentencia.

En concreto, ha reclamado datos sobre la labor de la Unidad de Asistencia a Municipios del Área de Urbanismo de la Diputación de Almería, así como que el alcalde indique “la identidad de la autoridad o funcionario de dicha Unidad que haya asumido la prestación de tal asistencia”.

Tras esta providencia, Greenpeace ha presentado un escueto escrito en el que advierte al TSJA que “hace unos cuatro años que se está tramitando esta pieza de ejecución sin que el Ayuntamiento de Carboneras haya mostrado interés en cumplir la sentencia 2000/2016 de 18 de julio que le obliga a modificar el PGOU”.

“Dado el tiempo transcurrido, los subterfugios utilizados y los antecedentes de que el citado Ayuntamiento no ha cumplido absolutamente ninguna de las numerosas sentencias relacionada con el Hotel de El Algarrobico, obliga a concluir que el Ayuntamiento de Carboneras no va a cumplir la citada sentencia”, según Greenpeace.

Por ello, el colectivo ecologista ha reclamado al TSJA que sea el que ejecute el fallo, si bien este ha respondido a Greenpeace en una diligencia de ordenación en la que da cuenta de estas manifestaciones, pero insta a seguir lo acordado en la providencia dictada de forma previa.

“A mí no me tocó la lotería, que desde pequeniña siempre quise tener esa casa. Y, como yo, todos los de aquí”. Conchi señala la vivienda de lo alto de la colina, el chalé de Eva Cárdenas, actual pareja de Feijóo, y su enclave privilegiado sobre la ría de Vigo. “Me encantaba. Estuve dentro de niña y todo eso ya estaba igual. Lo que no sé es si era ilegal o no”. La mujer indica ahora el muro de piedra que cierra una parcela de 210 metros cuadrados sobre la playa de O Con, en Moaña. Un terreno de dominio público, continuación natural del deteriorado mirador que finaliza de forma abrupta contra el tabique de bloques que delimita la finca, ese espacio que la pareja de Alberto Núñez Feijóo reclama poder disfrutar de forma privada hasta 2037.

O Con es una tira de arena de 300 metros de largo en el límite urbano de este municipio de O Morrazo, una península en las Rías Baixas, de casi 20.000 habitantes. Comienza en el puerto y finaliza en la llamada Punta Cortés, sobre la que está la casa de Eva Cárdenas. Esta zona de la parroquia de Tirán —conocida por su club de remo, tres veces campeón de España de traineras— posee un topónimo que ya nadie recuerda porque todos se refieren a ella como O Fiunchal. Ése era el nombre de la casa y llegó a serlo, también, del equipo de fútbol del barrio. No era, por tanto, una construcción cualquiera en un lugar acostumbrado a acoger veraneos de alcaldes, diputados, contraalmirantes como Méndez Núñez o los descendientes de Concepción Arenal.

Parece un entorno adecuado de descanso para un expresidente de la Xunta, hoy líder de la oposición en España, y su pareja. Pero no todo es de color de rosa. “Ellos tienen privilegios que nosotros no tuvimos”, se queja María, la vecina más próxima al chalé. “Aunque quiso taparlo, se ve que le dio un alto más a la casa, tiene piscina... tiene todo lo que los que estamos alrededor no podemos”. Esa altura, según cuenta, se ganó en la reforma del tejado. “Antes era plano y cuadrado por arriba y tenía una figura de una paloma en cada esquina, ¿no te acuerdas?”. El interlocutor de María, Xesús, trata de hacer memoria, sin conseguirlo. Él cree que tanto la compra como las reformas del inmueble están rodeadas de “oscurantismo”.

La puerta que nunca se abre

Xesús rememora al propietario histórico de la casa, al que todos se refieren por su apellido: Porto. “Era muy discreto. Cuando había pleamar, sacaba por la puerta una embarcación que tenía y salía a remar, él solo”. Conchi recuerda con especial cariño a su sobrina, a la que veía con frecuencia en la finca o en la playa con sus amigas. “Todos disfrutaron de la parte baja [el punto del arenal a la que se accede directamente desde la zona en litigio de la finca], pero estos no. No usaron nunca el portal”. Son varios los vecinos que respaldan la afirmación de Conchi: nunca han visto a Feijóo ni a Cárdenas utilizar ese acceso privilegiado en sus días de verano.

“Durante mucho tiempo”, añade Xesús, “los herederos de Porto se negaron a vender”. Asegura que Feijóo ya había intentado antes hacerse con la casa, sin éxito. “Siempre le gustó mucho Moaña”. En esa época, era habitual verlo en la terraza del restaurante Marusía, una espectacular plataforma levantada sobre la playa encima de pilotes. Se convirtió en un icono de la costa y el escritor Domingo Villar la aprovechó como uno de los escenarios de su novela O último barco. En enero de 2023, tras dos años de litigios, Costas obligó a su propietario a desmontarla.

“Sí, sí: todo el empeño era de él”. María no tiene dudas. Aunque la propiedad figure a nombre de Cárdenas, era Feijóo el que quería esa casa. No habla de oídas, o no exactamente. “Un sábado, yo estaba fregando el portal de casa con mi prima y ya paró y me preguntó si sabía si vendían. Como le dije que no, me contestó: 'pues cuando lo sepas avísame'. Sí, aviso, ¿pero dónde?”, se ríe.

A María fue su hija quien le contó este miércoles el tira y afloja de sus vecinos con el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra. En noviembre, este departamento inició un expediente para recuperar el terreno, ya que la concesión había expirado en 2007. La pareja de Feijóo alegó pidiendo que se prorrogase por 30 años a partir de esa fecha. María pone los ojos en el mirador da Masandía, que así se llama ese paseo que llega hasta el tabique de O Fiunchal. En Google Maps lo identifican como “temporalmente cerrado”. Unas vallas de obra oxidadas y tiradas en el suelo indican que lo estuvo oficialmente. Hoy la maleza lo hace casi impracticable para los que eran sus principales usuarios: jóvenes y parejas que buscaban discreción. A su lado, por comparación, la hierba descuidada y cubierta de hojas de árboles del interior de la finca parece un campo de golf.

El aspecto del muro es todavía más preocupante desde la playa. El mirador muestra serios desconchones y amenaza con venirse abajo desde que se precipitaron los primeros cascotes, hace casi un lustro. Desde entonces, un cartel y una cuerda con corcheras prohíben el paso a ese tramo de arenal, el que finaliza ante el acceso privado a la finca de la pareja de Feijóo. Los escasos paseantes matutinos este jueves no le hacen caso. Se mantienen prudentemente apartados mientras hacen gestos hacia el chalé y comentan sus tribulaciones legales.

“Estaría todo mejor si Costas cogiese el tramo completo, lo arreglase y lo adecentase”, reflexiona María. “Que hiciese una alameda o una terraza hasta allí” —añade, señalando el final de la finca de Cárdenas—, “porque está todo muy abandonado y muy mal”. “No entiendo lo que pasa con la casa, pero lo que sí entiendo es que este muro hay que arreglarlo porque está cayendo”, sentencia Conchi. “En lo demás, no entro”.

Un único mirador

Desde la arena de la playa, unificar las dos partes del mirador —el público y el de la finca de Cárdenas— parece una opción lógica. Es la que defiende el ayuntamiento de Moaña, gobernado con mayoría absoluta por el BNG. La alcaldesa, Leticia Santos, se muestra muy prudente. Ni siquiera confirma si van a presentar alegaciones contra la solicitud de la pareja de Feijóo. Se limita a decir que lo están “valorando”. Pero sí quiere que el Ministerio repare el muro y dice estar a la espera de una reunión para tratarlo con la directora general. “Para nosotros, sería importante que Costas recuperase el dominio para unir ambos espacios”, asegura a elDiario.es

El tablón de anuncios del hall del Ayuntamiento muestra, en su esquina inferior derecha, la página del BOE con el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende Costas, de la apertura del procedimiento y el plazo de 20 días para alegar. El PSOE de Moaña no piensa agotar el plazo. “No vamos a presentar alegaciones porque sea la mujer de Feijóo; es que consideramos que el dominio público tiene que estar a disposición de todos los vecinos. Nos da igual que se llame Eva Cárdenas que Elon Musk”. El único concejal socialista, Mario Rodríguez, criticó la tibieza del Gobierno local. “El papel de la administración local tiene que ser luchar por el bienestar de la ciudadanía y eso pasa por recuperar terreno público para que sean espacios de disfrute de todos”.

“No estamos en la Edad Media, cuando el señor feudal hacía lo que le daba la gana”. Tras vincular a esta situación el hecho de que el arquitecto municipal “salió corriendo” y “abandonó su plaza” hace dos meses, defiende la oportunidad de “una vez recuperado el terreno” convertir el conjunto en “un gran mirador o prorrogar el paseo”. Ese paseo que ahora muere contra el muro de O Fiunchal, el nombre de siempre de la residencia de verano de Feijóo y su pareja.

La costa y las playas de España son de todos porque así lo establece la Constitución. De hecho, todo el litoral y el mar nacional son calificados por la norma como “dominio público marítimo-terrestre: DPMT” y su uso –añade la ley de Costas– “será libre, público y gratuito” para “pasear, estar, bañarse...”.

Gracias a este carácter “todos debemos tener garantizado el derecho de disfrute de estos bienes del DPMT”, explica el Ministerio de Transición Ecológica. Precisamente ese disfrute está cercenado en “una porción de aproximadamente 210 m2 de terrenos de dominio público marítimo terrestre en la playa de O Con[Pontevedra]”, debido a que “el acceso está impedido” por lo muros levantados en torno a la casa de Eva Cárdenas, la pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según el anuncio oficial del servicio de Costas.

Por eso, una vez caducado el permiso que permitió ocupar ese terreno público, Costas pretende recuperar el dominio público porque el permiso expiró en 2007. Y contra eso ha alegado Cárdenas: quiere otros 30 años para su uso privado.

La ley de Costas en su exposición de motivos admite que “con demasiada frecuencia”, en España, se dio una “desnaturalización”, entre otros motivos por “la privatización de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones de la ribera del mar han quedado injustificadamente sustraídas al disfrute de la colectividad”.

El dominio público marítimo-terrestre es de todas las personas y debe respetarse y devolverse en su totalidad. Las concesiones que se hicieron hace décadas no deben prorrogarse indefinidamente –sobre todo– cuando son para un uso privado puro y duro, más bien particular

Elvira Jiménez — Coordinadora de Campañas de Greenpeace

La coordinadora de Campañas de Greenpeace, Elvira Jiménez, insiste en que “el dominio público marítimo-terrestre es de todas las personas y debe respetarse y devolverse en su totalidad”. En este sentido considera que “las concesiones que se hicieron hace décadas no deben prorrogarse indefinidamente –sobre todo– cuando son para un uso privado puro y duro, más bien particular”.

Ese dominio, que en el caso de la playa junto a la vivienda de la familia Feijóo ahora Costas ha comenzado a recuperar, está compuesto por la franja marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, el mar territorial y hasta los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Para saber por dónde va esa franja, el Gobierno debe hacer un deslinde: “Identificar qué terrenos reúnen las condiciones para ser dominio público”, explica el Ministerio.

El tramo de costa cuyo acceso está cortado por los muros de la vivienda a nombre de la pareja de Alberto Núñez Feijóo está considerado dentro del dominio público desde que se hizo ese deslinde aprobado en julio de 2007.

El responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas, ilustra que “a lo largo de la costa te encuentras multitud de elementos, pequeños, más desapercibidos que un gran hotel, como casas, chalés o aparcamientos en sitios muy apetecibles. Es parte de la complejidad de la situación en el litoral”. “Nosotros hemos peleado mucho porque se mantenga y proteja el dominio público porque es lo que impide que, por ejemplo, haya playas privadas como en muchos otros países, incluidos algunos de la Unión Europea”.

“No tenemos un mapeo exhaustivo, pero si se dan casos tan claros y tan grandes como El Algarrobico, qué no puedes encontrarte en casos pequeños en los que si cuela cuela...”, añade la miembro de Greenpeace.

Por lo tanto se deslinda para poder proteger y garantizar el uso público. La franja del dominio propiamente dicha va desde las aguas nacionales hasta la ribera del mar (ahí puede haber playas, cordones de dunas y acantilados). Después se alarga una zona de influencia, –un colchón que ya puede ser suelo privado– en la que, hasta 100 metros, son de servidumbre de protección que impone restricciones como no construir nuevas casas u hoteles.

Una vez que se ha aprobado el deslinde la franja se convierte en “inalienable, imprescriptible e inembargable”. Para ocuparla o aprovecharla es preciso un permiso de Costas. “Existen concesiones sobre el dominio público que no se justifican por un servicio”, analiza Elvira Jiménez. “Y si se renuevan esos permisos, aunque no son una propiedad, si se alargan 60 años pues parece que el terreno es suyo. Tenemos muchos kilómetros de costa y es difícil vigilar todo, pero bienvenidos cada deslinde y cada recuperación del dominio”, remata.

Hay que procurar reintegrar el máximo al dominio público y eliminar las invasiones, que las hay de todo tipo: pueden ser un edificio pero también cosas como piscinas o un jardín

José Luis García Varas — Responsable del programa marino de WWF

El DPMT “es fundamental para la biodiversidad” –explica José Luis García Varas– porque ahí hay ecosistemas cruciales, pero, además, constituye la continuidad de la parte marina hacia tierra y es fundamental en una situación de cambio climático“. Se refiere a que una línea litoral natural bien conservada es la primera barrera contra la subida del mar causada por el calentamiento global y un escudo frente a los temporales costeros exacerbados por la crisis climática.

Con todo, estos espacios han soportado mucha presión privada, pero también pública, como líneas de ferrocarril que se ahorraron expropiaciones o paseos marítimos en zonas urbanas. García Varas afirma que “la vocación debe ser recuperar todas esas zonas a las que se les otorgaron concesiones para ocuparlas privadamente. Hay que procurar reintegrar el máximo al dominio público y eliminar las invasiones, que las hay de todo tipo: pueden ser un edificio pero también cosas como piscinas o un jardín”.

Elvira Jiménez de Greenpeace analiza que “como el caso de la vivienda de la pareja de Feijóo puede haber muchos más, claro, pequeños y más desapercibidos”. Y añade que preservar bien el dominio público marítimo terrestre no es solo una cuestión de disfrute sino que “al ser la primera franja de protección ante cambio climático defiende otros bienes, incluidas viviendas”. En definitiva: “Nos protege ante la crisis climática”.  

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha informado de que, el pasado 10 de febrero, la Xunta recibió por escrito una “propuesta muy inicial” del Gobierno central para el traspaso de “algunos” medios —personal y vehículos— en materia de litoral, pero la considera insuficiente.

En respuesta a una pregunta del PPdeG en el pleno del Parlamento gallego, recogida por Europa Press, la conselleira ha exigido que se complete esta transferencia de “plenas competencias” antes de que el 23 de abril de 2025 se cumpla un año de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avaló la ley gallega de litoral.

La conselleira ha indicado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió —el 7 de febrero— a la carta que le había enviado —el 17 de enero— el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reclamar agilizar estas gestiones.

Tras ello, la Xunta ha recibido un documento de propuesta del Gobierno en el que faltan por cuantificar medios, cargos e inmuebles, además de quejarse de que está pendiente el traslado de expedientes, así como la consignación presupuestaria correspondiente.

También ha tenido palabras de reproche para el BNG y PSOE, a los que dice que “deberían pedir disculpas” por estar “equivocados”.

Paralelamente, Vázquez explica que la Xunta ha avanzado en el desarrollo de la ley durante estos 10 meses con: la constitución de una comisión interdepartamental, la consulta pública previa para crear un foro del litoral, la puesta en marcha de un visor web de zonas protegidas, así como la consulta pública --hasta el 31 de marzo-- de las Directrices de Ordenación do Litoral.

Por su parte, Paula Prado (PPdeG) ha afirmado que, “probablemente, el ministro Víctor Torres está más ocupado en tapar lo de pisitos de señoritas que en ponerse a trabajar”.

El debate se ha cerrado con una petición de palabra del diputado Luís Bará (BNG) por lo que consideraba “declaraciones inexactas” de la conselleira hacia su persona. Sin embargo, Elena Candia, que se encontraba presidiendo el pleno ante la baja del presidente del legislativo, Miguel Santalices, ha denegado este turno.

El BOE de este martes lo contaba en su web desde primera hora: la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, pide al Gobierno una concesión administrativa para disfrutar de 210 metros cuadrados de terreno público que lindan con la finca del chalé que posee en Moaña (Pontevedra). La familia Feijóo lleva desde 2019, momento en el que Cárdenas adquirió la propiedad, disfrutando de ese pedazo de terreno que da directamente a las rocas que lindan con la playa de O Con y lo tiene incorporado a su parcela, separado del exterior por un muro. El departamento de Costas de Pontevedra ha iniciado el procedimiento para recuperarlo, lo que obligaría a derruir el muro de la vivienda que disfruta la familia Cárdenas-Feijóo y devolver a los ciudadanos el acceso al arenal. En la actualidad solo se puede bajar a una parte del mismo desde el chalé, a través de una puerta directa que sale del jardín.

El litigio entre Cárdenas y el Estado llega en un momento en el que Moncloa está negociando con la Xunta los términos en los que Galicia recibirá, en breve, la gestión de su litoral, tras ganar ese derecho en el Tribunal Constitucional. Está por ver quién tiene la última palabra que aleje o no a la pareja de la primera línea de playa, en un enclave privilegiado de las Rías Baixas.

Pero la historia de este chalé es en realidad la historia de dos chalés, de un repentino incremento patrimonial de 600.000 euros, que el líder del PP afloró tras su llegada al Senado en 2022 y la de dos gobiernos que están negociando los flecos de la transferencia del litoral, sin que se sepa todavía a cuál de las dos administraciones le va a corresponder dar o no luz verde a solicitudes de concesión para ocupar un terreno público como pide Eva Cárdenas. Aquí, las claves:

Dos chalés

El apego de la familia Cárdenas-Feijóo por Moaña lo evidencian sus inversiones inmobiliarias: la pareja llegó a poseer dos inmuebles frente al mar en esta localidad de las Rías Baixas. El de Feijóo estaba en la otra punta del municipio, en la parroquia de Meira; el inmueble de Cárdenas, en la de Tirán. La Voz de Galicia contaba en marzo de 2015 los planes urbanísticos del, por entonces, presidente de la Xunta con el siguiente titular: “Feijóo se construirá en Moaña un chalé de 354 metros cuadrados”.

Las diferencias principales entre un inmueble y otro es que el de Feijóo era de nueva construcción y, aunque tenía vistas al mar, no estaba en primera línea de playa. La propiedad de Cárdenas, sin embargo, era una vieja edificación cuyo jardín salía directamente al arenal a través de una pequeña puerta azul.

Hasta 2007 ese privilegio estaba legalizado bajo régimen de concesión. Cuando Cárdenas compró la casa y la finca, ya no. La pareja de Feijóo pide ahora volver atrás en el tiempo para solicitar una prórroga a la concesión caducada hace dieciocho años. Quiere mantener ese derecho, al menos, hasta 2037.

600.000 euros de negocio en plena pandemia

Alberto Núñez Feijóo decidió vender el chalé de su propiedad en 2021. Fue un sustancioso negocio inmobiliario que el líder del PP consiguió impulsar en medio de la pandemia, con un beneficio estimado de 600.000 euros. El político del PP se gastó en construir su casa poco más de 200.000 euros, según informó en su momento La Voz de Galicia. A ese gasto habría que sumar el de comprar una parcela que superaba, por poco, los 1.000 metros cuadrados. A pesar de ello, la jugada resultó redonda para el político: consiguió amortizar de una tacada una hipoteca de 238.000 euros a la vez que triplicaba su cifra de ahorro en cuentas corrientes, depósitos, fondos y acciones.

El resultado de las inversiones de Feijóo en plena pandemia se conoció tras su llegada a Madrid para liderar el PP y ocupar un escaño en el Senado. La Cámara Alta pidió que Feijóo entregase su declaración de bienes y los números desvelaron un importante enriquecimiento en tiempo récord. El equipo de prensa del PP se apresuró entonces a explicar que 600.000 euros que Feijóo ahorró en solo dos años tenían su origen en el negocio inmobiliario. elDiario.es lo explicó, con todo lujo de detalles, en esta pieza firmada por Aitor Riveiro en junio de 2022.

Vida en pantalón corto

Tras la venta de su vivienda en Moaña, Feijóo ya solo disfruta de la de su pareja para pasar los veranos y el tiempo de descanso. A partir de ese momento, 2022, se convierte en uno más de los miles de turistas en las Rías Baixas: es habitual verlo caminar en pantalón corto o haciendo deporte por el paseo marítimo de la localidad. El motivo del cambio es fácil de explicar: la casa propiedad de Eva Cárdenas está conectada con el paseo que lleva al centro de la localidad con acceso directo a la playa, mientras que la parcela y el chalé que el político decidió vender estaba ubicada en una zona más alejada del mar y del centro.

En aquel momento, hace ya más de dos años, en la prensa local empiezan a aparecer reportajes como el que Faro de Vigo tituló en agosto de 2022: “Feijóo coge fuerzas en Moaña”. Pronto los medios de la capital también buscaban a Feijóo y su foto en bermudas. El diario El Mundo contaba en agosto de 2023 que las vacaciones del líder de la oposición no habían sido especialmente gozosas. Aquel titular decía así: “El corto y preocupado verano de Feijóo en la Ría de Vigo”. Hacía apenas unas semanas que había fracasado en su intento de sumar mayoría absoluta con la extrema derecha de Vox.

Una puerta a la playa

Lo que la familia Feijóo demanda ahora del Estado es una concesión por 30 años para seguir ocupando 210 metros cuadrados de terreno público incorporado a su finca con una salida directa a la playa.

La solicitud aclara que esas tres décadas empezarían a contar desde el año 2007, momento en el cual la propiedad perdió una concesión preexistente para el uso de ese terreno. De prosperar las pretensiones de la pareja, podrían seguir disfrutando de un chalé con playa privada hasta 2037, momento en el cual deberían pedir una nueva prórroga a la concesión.

El proceso se encuentra en estos momentos en el trámite de exposición pública y recepción de alegaciones. Cualquiera que acredite su interés legítimo podrá participar en ese trámite.

El Partido Popular, de perfil

Preguntados por la pretensión de la pareja de Feijóo en el Partido Popular todo es silencio. Un portavoz de Génova rehusó este martes responder a las preguntas de elDiario.es con el siguiente argumento: “La casa pertenece a Eva Cárdenas y el Partido Popular no ejerce de portavoz de personas ajenas a la organización”. La Xunta de Galicia, más de lo mismo: “Se trata de una causa que afecta a una ciudadana privada y al Gobierno central. La Xunta no se pronunciará sobre un asunto en el que no tiene las competencias efectivas”.

Competencias en discusión

El expediente sobre la reclamación de la pareja Cárdenas-Feijóo para regularizar la ocupación de terreno público y mantener su acceso privado a la playa llega en el momento en el que la Xunta y el Gobierno central están limando los detalles de la transferencia de la gestión del litoral que Galicia ha ganado tras recurrir al Tribunal Constitucional. Se trata de la primera competencia que la administración gobernada por el PP (primero por Feijóo y ahora por Alfonso Rueda) reclama en 19 años.

Según a quién se pregunte, se encuentran discrepancias para responder a la pregunta de qué administración se encargará de tomar la última decisión sobre este tipo de reclamaciones. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran con rotundidad que “los expedientes transitorios [como el planteado por Eva Cárdenas] seguirán correspondiendo al Estado”.

En la Xunta de Galicia, sin embargo, afirman que esta parte “forma parte de una negociación que aún está en marcha y aún no se ha cerrado”.

La borrasca Herminia aún dejará sentir los efectos de su paso en Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes el aviso naranja en todo el litoral asturiano ante la previsión de olas de hasta ocho metros y vientos que oscilarán entre los 80 y 90 kilómetros por hora.

La racha máxima de viento se ha registrado a primera hora de esta mañana en Leitariegos, con 120 kilómetros por hora, seguido de Cabo Busto, con 112.

Las previsiones apuntan a que el temporal no amainará hasta la tarde del próximo miércoles, día 29.

Consejos de autoprotección

El 112-Asturias ha emitido un aviso con consejos de autoprotección dirigidos a la ciudadanía para prevenir las consecuencias del fuerte viento que ha elevado la alerta meteorológica a color naranja. Entre sus recomendaciones figuran el mantener cerradas puertas y ventanas, retirar todos los objetivos que puedan caer a la calle, alejarse de cornisas, muros y árboles, evitar subir a lugares de montaña o zonas expuestas al viento y extremar las precauciones en la carretera.

Asimismo, se pide máxima precaución a los ciudadanos que se encuentren en zona costera y a los que se pide que no se acerquen a las zonas afectadas por fuertes vientos, eviten acercarse demasiado a la hora de tomar fotografías, no se salga a navegar y se comprueben los amarres y en el supuesto de que vean a otras personas en peligro les adviertan del riesgo que corren.

Incidencias en el tráfico ferroviario

La borrasca Herminia provocó los principales incidentes en la comunidad autónoma asturiana ayer, domingo, en el tráfico ferroviario debido a la caída de árboles. El tren que circulaba en dirección a Santander estuvo detenido entre Ribadesella y Llanes. Tras retroceder el convoy hasta Ribadesella, se estableció un dispositivo de transporte por carretera entre esa estación y la de Llanes para los trenes de media distancia.

También se vio afectado el recorrido entre Ribadesella y Arriondas ya que, pasado el mediodía, el tren que circulaba entre Santander y la capital asturiana se vio obligado a parar por encontrarse un árbol sobre la vía.

Lo mismo ocurrió con el tren de Cercanías que se dirigía desde Infiesto a Oviedo, que permaneció detenido entre las localidades de Carancos y Nava por la caída de un árbol.

Desplazamientos alternativos

Los pasajeros que se vieron afectados por estos incidentes tuvieron que hacer el desplazamiento por carretera tras suspenderse la circulación de los trenes de media distancia en varías lineas. A lo largo de la tarde, de forma paulatina, la situación se fue restableciendo.

Los trenes que comunican Ferrol con A Coruña y Oviedo también se vieron afectados por los efectos de la borrasca y se establecieron planes alternativos de transporte para los viajeros.

La Agencia de Meteorología mantuvo durante todo el día de ayer a las localidades de Sotres y Vega de Ario, en los Picos de Europa, como los lugares donde se había registrado la mayor racha de viento del país, al alcanzar los 156 kilómetros por hora.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado este lunes en la comisión mixta de transferencias el traspaso de dos nuevas competencias acordadas hace unas semanas por Pedro Sánchez e Imanol Pradales, la gestión del litoral y de la actividad cinematográfica y audiovisual. El Estado descontará del Cupo 6,2 millones de euros y cederá 14 funcionarios. Por otro lado, una subcomisión ha perfilado ya la siguiente transferencia, que estará lista en las próximas semanas. Se trata de la concesión de autorizaciones de trabajo a extranjeros, que completará las atribuciones autonómicas en materia de inmigración después de que este mismo año se cerrara otro acuerdo. En todo caso, el grueso de las políticas de extranjería siguen siendo competencia exclusiva del Estado.

La comisión mixta de transferencias se ha reunido este lunes en Madrid copresidida por el ministro Ángel Víctor Torres y por la consejera María Ubarretxena, aunque han acudido otros altos cargos de ambas partes como el secretario de Estado Arcadi España o la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, de un lado, y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y los consejeros Noël D'Anjou y Amaia Barredo, del otro. Ese foro, como es preceptivo, ha formalizado los dos traspasos ya anunciados. El Gobierno vasco considera que son “relevantes” aunque su dotación económica sea pequeña, de apenas 6,2 millones en conjunto.

Se trata de la gestión del litoral, que dará más capacidades a Euskadi a la hora de regular obras, permisos y otras actuaciones en la línea de costa. En su momento se habló incluso de más facilidades para agilizar proyectos de energías renovables, pero en el terreno práctico afecta a embarcaderos o incluso a chiringuitos o carriles-bici. Se ha cerrado en 4,3 millones de euros -el 6,24% del gasto total del Estado en la materia- y en 14 funcionarios el montante de la transferencia. La segunda competencia es la gestión de la actividad cinematográfica y audiovisual, cifrada en 1,9 millones -y sin personal- pero a la que se le ha querido dar un carácter simbólico por permitir impulsar la producción en euskera. “Para un país pequeño, con un idioma propio, el euskera, poder disponer de más recursos para este ámbito es prioritario”, ha dicho Ubarretxena, que es consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno además de portavoz del gabinete de Pradales.

Como ambos traspasos ya estaban decididos, la novedad del viaje ha estado en la reunión previa de una subcomisión bilateral. En ella se ha acordado firmar en las “próximas semanas” otra transferencia. Se trata de la relativa a las autorizaciones laborales de personas extranjeras. Documentación oficial apunta a que el Gobierno autonómico desea “asumir todas aquellas actuaciones administrativas no vinculadas en sentido estricto a las actuaciones ejecutivas en materia de extranjería (control de fronteras, entrada, residencia, trabajo y régimen sancionador de los extranjeros) y que pueden encuadrarse en títulos competenciales de la comunidad autónoma de Euskadi”. “En concreto las funciones y servicios a transferir conllevarían la ejecución de la legislación laboral en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en la comunidad autónoma de Euskadi, incluida la inspección y sanción”, se apunta en estas fichas. Por el momento, solamente Catalunya gestiona esta materia. Se da la circunstancia de que hace unos meses ya se acordó una pequeña transferencia en materia migratoria vinculada a la segunda fase de los procesos de acogida.

Estaba pactado que en 2024 se cerrarían también otras tres materias, pero la crisis tras las inundaciones de Valencia han retrasado el resto de procesos unas semanas y ahora se confía en que pueda ser así a principios de 2025, justo con el cambio de año. Están sobre la mesa Meteorología -en Euskadi coexisten Euskalmet y Aemet y toca regularizarlo con un acuerdo económico-, Salvamento Marítimo y un centro de maquinaría con sede en Barakaldo.

Para 2025 queda la parte sustancial de las transferencias pendientes desde 1979. Y es que Pedro Sánchez ha comprometido la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo nunca antes traspasado. El Estatuto ya acota que no podrá tocarse la 'caja única', aunque el Gobierno autonómico quiere gestionar 12.000 millones en prestaciones. El lehendakari Pradales, de su lado, ha recordado que desea redondear ese acuerdo con las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) y una mayor capacidad para la Inspección de Trabajo autonómica, que ahora cohabita con la estatal. El PNV ubica también en la lista el traspaso de puertos y aeropuertos, pero la Constitución acota que solamente es posible para instalaciones que no sean de “interés general”.

Ubarretxena, en Madrid, ha agradecido al Gobierno central su “disposición” para los acuerdos, así como el clima “colaboración y diálogo”. De hecho, la puesta en escena de los acuerdos ha sido compartida y entre sonrisas. El 26 de diciembre, justo después del día de Navidad, se celebrará una nueva reunión bilateral para continuar con las negociaciones estatutarias.

Restos de tejado de uralita, quema sistemática de cableado, tierra calcinada y muchos residuos de todo tipo acumulándose. Este es el paisaje que ofrece parte de la costa norte de Santander y que ha sido denunciada sin consecuencias por organizaciones de voluntarios como Centinelas Coast Watching, que monitorizan continuamente el litoral, en un territorio que recientemente ha sido declarado como Geoparque Mundial de la Unesco de Costa Quebrada.

El entorno de La Maruca, aunque el deterioro se extiende por una franja que llega hasta la Virgen del Mar, mantiene sin que sea retirado un vertedero incontrolado, pese a las denuncias periódicas que se hacen ante las instituciones públicas. Tampoco las llamadas reiteradas a Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, ante situaciones como incendios de reducidas dimensiones o hechos puntuales, llevan aparejadas un control del lugar sistemático ni actuaciones en profundidad como la eliminación de puntos negros.

Centinelas es un programa de voluntariado ambiental costero. Cada voluntario o centinela se convierte en vigilante de un tramo de la costa durante la campaña de inspección, en la que completa una encuesta sobre el estado ambiental del tramo. Con estos datos se elabora un informe medioambiental de la costa que se envía a Coastwatch España y Europa.

Según ha declarado un voluntario de la zona de Monte, “se hace una vigilancia, incluida análisis de aguas, así como denuncias de puntos negros, con el objetivo de que la zona costera de Cantabria esté vigilada y cuidada”, máxime cuando acaba de declararse Geoparque Mundial de Costa Quebrada el litoral de ocho municipios. “Hacemos campañas de observación de cualquier agresión que pudiera sufrir la zona costera y aledaños”, ha insistido explicado. Un punto especialmente negro es el de la zona de Monte, en el municipio de Santander, según puede comprobarse en las imágenes tomadas hace tan solo unos días.

Se trata de un vertedero que se lleva años denunciando al Ayuntamiento de Santander, pero que tampoco parece preocupar a los responsables de Salud y de Medio Ambiente, según han declarado a elDiario.es desde Centinelas, ya no solo por la imagen que puede ofrecer el Geoparque, cuya declaración como tal por la Unesco es revisable periódicamente, sino porque acumula residuos que son tóxicos como puede ser el amianto que contiene la uralita acumulada y que requeriría de un tratamiento especial para su vertido en un centro autorizado.

“Llevo 11 años haciendo esto y la denuncia de esta escombrera al Ayuntamiento queda registrada, pero no vemos que hagan nada. Sigue la basura y es grave que haya basura tóxica como chapas de uralita. No es cuestión de que sea geoparque, porque aunque no lo fuera debiera de ser retirada”, ha comentado este voluntario. “Esperamos que la figura del geoparque obligue a los políticos a hacer algo, a tomar medidas”, ha insistido.