Colectivos ecologistas piden limitar las motos de agua en el Mar Menor: “Sus consecuencias para la laguna son críticas”

Un total de 14 organizaciones ambientales, sociales y vecinales de la Región de Murcia (entre las que figuran SOS Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y la federación vecinal FAVCAC) han exigido una regulación “más estricta” y un control “eficaz” de las motos de agua en el interior del Mar Menor. Las asociaciones denuncian que la proliferación de estas embarcaciones en la laguna salada está generando un rechazo creciente “debido al riesgo de accidentes en zonas de baño, las interferencias con deportes de vela o remo y la alteración física de un ecosistema altamente vulnerable”.

Los colectivos de defensa de la laguna denuncian la presencia masiva de motos acuáticas en el Mar Menor y alertan de que el problema ya no es exclusivo de los meses de julio y agosto, sino que se extiende desde marzo hasta noviembre. Según explican, la masificación se intensifica durante los fines de semana, “cuando se registran carreras ilegales y velocidades que superan los límites permitidos en las zonas costeras”.

Los activistas advierten de que estas embarcaciones llegan a circular a velocidades de más de 100 km/h en el interior de la laguna, una situación que -aseguran- ignora las restricciones impuestas por el Ministerio de Transportes en el artículo 6 del Real Decreto 118/2024, de 30 de enero, aprobado para la protección de este espacio amparado por la Red Natura 2000. Dicha regulación limita la velocidad en toda la laguna a un máximo de 20 nudos, una tasa que se reduce a los cinco nudos en zonas con una profundidad inferior a cuatro metros (como el entorno de las cinco islas protegidas) y a apenas tres nudos en las áreas de fondeo y salida de embarcaciones.

Según advierten los colectivos de protección, el uso de estos vehículos genera consecuencias “críticas” en el ecosistema. Los activistas alertan de una destrucción directa de los fondos marinos, ya que el arrastre y la turbidez de las turbinas “dañan gravemente la flora bentónica, amenazando la supervivencia del caballito de mar, la nacra y la recuperación de la Cymodocea nodosa” (una planta marina clave que produce oxígeno y de la que ya se ha perdido el 80% desde el episodio de la 'sopa verde').

Por otra parte, las asociaciones denuncian un impacto por contaminación acústica y química, argumentando que el ruido constante estresa a la fauna y que los vertidos de hidrocarburos resultan letales en un espacio con tan poca renovación de agua. Por último, apuntan a un problema de seguridad y convivencia en el litoral, sosteniendo que la cercanía de las motos a la orilla pone en peligro a los bañistas e interfiere con deportes sostenibles como la vela o el remo.

Campaña de recogida de firmas

Paralelamente, colectivos integrados en esta ofensiva como SOS Mar Menor han canalizado el malestar de los usuarios de las playas a través de una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org que ya suma más de 3.000 apoyos. La iniciativa está dirigida al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y al Gobierno murciano y exige la modificación de la normativa para prohibir de forma permanente las motos náuticas en toda la laguna.

El daño medioambiental denunciado por los colectivos encuentra respaldo científico en el informe 'Primavera ruidosa (2): El impacto de las motos acuáticas sobre la salud de los ecosistemas marinos, la economía del turismo y la seguridad de las personas', elaborado por el biólogo Rafael Yus Ramos para el gabinete GENA-Ecologistas en Acción. Aunque se trata de un estudio de alcance general, el documento describe dinámicas críticas aplicables a la laguna. El informe constata que el ruido intermitente y aleatorio de estos motores dispara de forma aguda los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en los peces y altera su sistema cardíaco, requiriendo hasta 40 minutos para recuperar sus constantes. Al tratarse de aguas poco profundas como las del Mar Menor, la investigación describe el denominado “efecto de aguas someras”, el cual impide a las especies escapar hacia el fondo y las obliga a una huida horizontal errática que multiplica el riesgo de colisiones entre los propios ejemplares.

Asimismo, el documento de Ecologistas en Acción constata alteraciones morfológicas en larvas y un impacto directo en las aves acuáticas, que se ven obligadas a abandonar sus zonas de alimentación si las embarcaciones se aproximan a menos de 100 metros. En el plano químico, el informe añade que una sola moto acuática con motor de dos tiempos puede llegar a emitir al medio marino más de 23 litros de combustible sin quemar en apenas dos horas de uso; un factor de contaminación que los activistas consideran letal para un ecosistema cerrado y con baja renovación de agua como el Mar Menor.

A este malestar se suman las quejas y solicitudes de intervención trasladadas formalmente a las autoridades competentes por parte de los vecinos de varias comunidades de propietarios de edificios y urbanizaciones de La Manga del Mar Menor, situados en la Playa de la Gola. Los residentes, en cuyas riberas se ubican las viviendas, recuerdan que estas acciones vulneran normativas estatales y autonómicas, como el Real Decreto 118/2024, el Real Decreto 259/2002 sobre el uso de motos náuticas y la Ley de Protección Integral del Mar Menor. Esta última legislación, junto a las ordenanzas municipales, prohíbe el repostaje en zonas de baño bajo sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros. Ante lo que consideran una “ausencia de respuesta” por parte de las administraciones locales y marítimas tras presentar de forma reiterada sus quejas, las comunidades de propietarios han solicitado formalmente que se revise la concesión otorgada a la empresa de alquiler y se valore la retirada de la actividad para garantizar la seguridad en la zona.

El reclamo de los activistas coincide con la reciente ofensiva de las autoridades. Según Capitanía Marítima de Cartagena, las motos náuticas ya concentran el 34% de todas las sanciones marítimas de la Región de Murcia, sumando 69 expedientes de denuncia en el último año principalmente por exceso de velocidad y navegar en zonas de baño. Ante este escenario, entidades como la Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo) han solicitado formalmente por carta al presidente autonómico, Fernando López Miras, que valore la prohibición de estos vehículos en el entorno de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

En este sentido, y como medidas de contención transitorias, solicitan que la presencia de los servicios de inspección y control de las autoridades competentes sea constante desde marzo hasta noviembre, garantizando el estricto cumplimiento del plan de protección del Mar Menor en todo el espacio amparado por la Red Natura 2000. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia para recabar su postura y dar respuesta a estas reclamaciones, sin haber obtenido ninguna contestación.