La Oficina de Empleo de Logroño renueva sus instalaciones con dependencias más amplias y accesibles para primar la privacidad de las personas usuarias.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, han visitado este lunes las obras de ampliación y renovación que, con una inversión total de 2.078.242,13 euros, han permitido crear un espacio centrado en las personas, con mayor accesibilidad y privacidad para los usuarios.

Las obras, que comenzaron en noviembre de 2024, han permitido reformar y ampliar la Oficina de Empleo de Logroño y la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), situadas en la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo 27-29, con otros dos locales contiguos, situados en los números 23 y 25, creando un único espacio que permite la integración y conexión de ambos departamentos que facilitará prestar todo un servicio al ciudadano de manera más fácil, unida y bien coordinada.

De esta forma, la nueva Oficina de Empleo, además de ampliar su superficie en 500 metros cuadrados, superando en total los 1.300 metros cuadrados, ha renovado sus instalaciones con la finalidad de mejorar la prestación del servicio primando la atención individualizada de los usuarios. Para ello, se han creado nuevos módulos individuales de orientación, que garantizan la absoluta confidencialidad durante las entrevistas personales.

Unas dependencias más amplias

Durante la visita, Capellán ha explicado que tras la reforma de estas dependencias “tenemos una mayor amplitud, una mayor posibilidad de espacios y mejorar la accesibilidad de los miles de ciudadanos que utilizan este servicio público”. Unas nuevas instalaciones que atenderán no solo a personas que demandan un empleo, sino también a aquellos trabajadores en activo que precisan recalificación o desean mejorar su situación laboral, para que “puedan disponer siempre del asesoramiento y la formación necesaria por parte de los servicios públicos”.

Además, ha indicado que desde la Oficina de Empleo también se asesora a las personas afectadas por un ERE o ERTE y, en colaboración con la ADER, se atiende a todas aquellas que quieran emprender y se les informa sobre cómo capitalizar su prestación por desempleo. Respecto a las empresas, no solo se les facilita candidatos para sus puestos de trabajo vacantes, sino que también reciben asesoramiento de las distintas modalidades de contratos disponibles o de las ayudas y subvenciones a las que se pueden acoger por la contratación de personal. 

Por su parte, Arraiz ha afirmado que “estas obras, además de remodelar y rehabilitar estas oficinas”, también han permitido “mejorar la calidad del trabajo de los funcionarios que realizan distintos trámites”, por lo que ha agradecido la colaboración entre administraciones que “redundan en un mejor servicio a los ciudadanos”. 

El presidente del Gobierno regional también se ha referido a las áreas de trabajo de los 22 profesionales que atienden a los usuarios en la nueva Oficina, que se han proyectado con carácter abierto y con posibilidad de adaptarse a diferentes alternativas de distribución y capacidad, para asumir el número de personal requerido. La nueva Oficina también dispone de dos grandes salas de espera para los usuarios, cerca del control de entrada y de los centros de información; salas multifunción diseñadas para reuniones internas, formaciones y sincronización de equipos; áreas de trabajo con despachos individuales para gerencia y dirección; y aseos de uso público. 

Para mejorar el bienestar de los trabajadores y usuarios se han creado entornos optimizados para la salud laboral, con mayor luz natural gracias a la integración y apertura arquitectónica hacia el patio interior, así como la insonorización integral de paredes y techos, que reduce considerablemente los decibelios en las áreas de alta concurrencia, protegiendo la salud auditiva del personal. 

El acceso público está diferenciado para ambas sedes, con vestíbulo previo acristalado y zona de control de seguridad en cada uno de los accesos. En el interior, ambas oficinas están comunicadas a través de dos pasillos y disponen de espacios de uso común como archivos, almacenes, servidores, etc. 

Estas obras, con un importe total de 2,07 millones de euros, han contado con una aportación del Gobierno regional cercana al millón de euros y la cofinanciación del SEPE, mediante la subvención concedida a la Dirección General de Empleo en concepto de modernización de los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, por importe de 1,14 millones de euros. 

Más de 48.500 llamadas y 21.770 citas presenciales

La Oficina de Empleo de Logroño gestionó durante el pasado año un total de 21.770 citas presenciales, con una media de 5 días desde que el usuario la solicita hasta que es atendido. También se atendieron un total de 48.570 llamadas. Además de la gestión de la demanda de empleo, se atendieron 12.803 citas relacionadas con la orientación laboral de los usuarios, 9.813 telefónicas y 2.990 presenciales.

Respecto al tipo de servicio, la Oficina de Empleo de Logroño realizó durante 2025 un total de 17.681 diagnósticos individualizados de la situación laboral del usuario, 28.650 actualizaciones curriculares, 2.773 diseños de itinerario individual y personalizado, 2.590 técnicas para la búsqueda activa de empleo, 53.738 derivaciones a acciones formativas y realizó 18.387 mediaciones en ofertas de empleo. El número de ofertas gestionado por la Oficina de Empleo de Logroño alcanzó las 1.311 durante el pasado año. 

La estrategia es sencilla: adquirir un piso a bajo precio, invertir lo mínimo posible en su reforma y volver a sacarlo rápidamente al mercado, pero a un precio muy superior. La estrategia, conocida como flipping inmobiliario, se ha consolidado en los últimos años como una maniobra de inversión que dificulta, aún más, el acceso a la vivienda de jóvenes y familias.

La dinámica es cada vez más común en ciudades como Madrid, sobre todo en zonas y barrios tradicionalmente obreros, con precios todavía más relajados, y forma parte del agraviado problema de acceso a la vivienda existente a nivel nacional, pero que se acentúa aún más en las principales ciudades españolas y en territorios costeros o insulares.

El truco pasa por hacer un “lavado de cara” a pisos o casas de segunda mano con la intención de inflar su valor. Con el efecto colateral de que, a la vez que se incrementa su precio, también lo hace el del distrito o zona en la que se encuentran. Los inversores no hacen mejoras reales en la vivienda, sino cambios superficiales con el objetivo principal de que la compra dé rentabilidad lo antes posible. El fin es que el inmueble parezca recién reformado para evitar que el comprador fije su atención en las deficiencias estructurales del edificio o la casa, sobre todo en instalaciones antiguas, explica David, profesional del sector inmobiliario.

En Estados Unidos, donde el flipping lleva décadas asentado, la práctica generó un beneficio bruto medio de unos 55.000 euros por operación en el primer trimestre de 2025, según datos del BBVA. En España, el modelo gana peso en un contexto marcado por el auge de la vivienda de segunda mano y la preferencia creciente por pisos ya reformados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este tipo de inmuebles concentró cerca del 80% de las compraventas en 2024.

Distintos estudios del sector apuntan a que siete de cada diez compradores optaron por viviendas renovadas. La combinación de precios más accesibles, mejores ubicaciones y la posibilidad de evitar obras ha impulsado este cambio de tendencia, que favorece directamente a este tipo de inversores, como refleja un análisis de mercado de BizNexus Consulting.

El objetivo: zonas urbanas emergentes

De cara a este 2025, los expertos han determinado que la rentabilidad pasa por identificar viviendas con potencial, especialmente en barrios periféricos o en transformación, y por controlar al máximo los costes de reforma. Por ese motivo, el foco se ha posado sobre las zonas urbanas emergentes, que permiten vender más rápido y a mejor precio en un mercado cada vez más competitivo.

De hecho, las operaciones de un perfil más bajo se concentran, ahora mismo, en barrios como Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel. Así como en la parte más asequible de Tetuán y Ciudad Lineal. Mientras tanto, inversores de mayor perfil —los que compran y venden pisos por encima del millón de euros—, buscan zonas más caras, como el barrio de Salamanca, Chamberí y Retiro. Entre ellos se encuentran muchos extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela y Argentina, aunque también hay mexicanos.

En estas áreas de mayor poder adquisitivo, la compraventa es frecuente a pesar de los elevados precios por una demanda constante y el flipping inmobiliario no es tan habitual. “Estos inversores contratan empresas más especializadas y que llevan a cabo reformas cuidadosas”, apunta el experto. En cambio, en los barrios históricamente más degradados y con menor demanda hasta ahora, ha vivido escenas como una puerta de lavavajillas que no se abría al no haberse tomado bien las medidas.

María, arquitecta e interiorista, lleva meses buscando una vivienda para comprar y ha podido comprobar cómo algunos pisos pequeños se venden a precios elevadísimos tras remodelaciones que no son integrales. “No se revisan las instalaciones del edificio como deberían, y eso puede provocar complicaciones con el paso del tiempo, porque suelen ser antiguas”.

Los problemas que tiene la vivienda se ven a posteriori. Mayoritariamente, la inversión que se hace ronda los 15.000 euros cuando lo recomendable es que sea de unos 45.000. La intención: vender rápido y más caro. Aunque existe un tipo de inversor que prefiere otra vía de especulación centrada en el mercado del alquiler: comprar viviendas de obra nueva y hacer un contrato de arrendamiento durante los primeros años persiguiendo un doble beneficio, la revalorización del inmueble a medio plazo y el ingreso del alquiler en el corto.

Revalorizar el metro cuadrado

La reconversión de locales en vivienda o la segregación de inmuebles también se ha convertido en una táctica habitual. Cuanto más pequeño sea el piso resultante, más sube el precio por metro cuadrado. Para ilustrarlo, David ejemplifica: si de una casa hipotética de doscientos metros cuadrados se sacan cuatro viviendas, cada una se valoraría en unos 200.000 euros. Aun teniendo en cuenta la inversión inicial, el beneficio podría llegar a superar los 300.000 euros.

Otro truco que utiliza el sector inmobiliario es trampear a través de los anuncios de los portales inmobiliarios. Entre ellos, reforzar el atractivo con imágenes generadas con inteligencia artificial y que muestran diseños no correspondientes al estado actual de la vivienda. También es habitual encontrar anuncios que simulan inmuebles más grandes o funcionales de lo que son en realidad a partir de manipular la superficie.

“A veces se publican los metros construidos y no los útiles, incluyendo zonas comunes como el rellano o el trastero, y eso reduce considerablemente el tamaño real”, detalla María. Denuncia, además, que algunas viviendas se fragmentan en más habitaciones de las que corresponden, con estancias pequeñísimas. “Fui a ver un piso y en una de ellas, no me cabía ni un pie”, hiperboliza. El objetivo es, una vez más, subir el valor del inmueble haciendo crecer el número de habitáculos.

Especular a través de la tasación

Alberto [nombre ficticio a petición propia], otro comprador del mismo gremio, confirma que existen empresas que operan directamente en este mercado. Algunas de ellas son Clikalia, centrada en inmuebles de perfil más bajo, y Velzia, con un enfoque más premium: “Compran pisos en mal estado, les dan un lavado de cara y los venden mucho más caros. Cuanto menos gastan, más beneficio sacan”. Su experiencia también refleja la voracidad del mercado. Tras un año buscando, ha logrado hace poco adquirir una vivienda en Tetuán, uno de los distritos de Madrid donde los precios han aumentado vertiginosamente.

El mismo crecimiento se ha dado en otras zonas históricamente degradadas como Puerta del Ángel, Prosperidad o el barrio de la Concepción. “Me fijé en seis casas y solo pude visitar dos, porque las otras cuatro se vendieron el mismo día o al siguiente”. Su presupuesto, no muy elevado teniendo en cuenta el mercado inmobiliario madrileño, y la rapidez con que se efectuaron las operaciones, le condujo a pensar que la mayoría de las compras se habían hecho por parte de empresas o inversores.

Alberto, que anteriormente trabajaba en tasaciones, detalla además que para calcular el valor hipotecario, un trabajo que se hace de forma estricta y donde es muy difícil que haya irregularidades, se toma la superficie útil, no la construida, y se compara con inmuebles similares de la misma zona, aplicando un coeficiente de depreciación según el estado del piso. “Los valores suelen establecerse teniendo en cuenta que, en caso de que el propietario no pueda hacer frente en algún momento a la hipoteca firmada con el banco, la entidad pueda vender la vivienda, como mínimo, por el precio estipulado por el tasador”, aclara.

Por otro lado, existen varias fórmulas de tasación. La primera es el método de coste o valor de reposición, sumando todos los costes de producción si se construyera la vivienda desde cero: mano de obra, aparejador, arquitecto, etc.; la segunda es hacer un promedio según la rentabilidad que puede generar esa vivienda en un periodo determinado; y la tercera es el método comparativo, fijándose en lo que han pedido de alquiler los vecinos en los últimos seis meses. “En todas, sale un precio de la vivienda mucho más alto que si se mirara realmente lo que vale y no lo que se pide”, sostiene por su parte Eduard Vila, abogado experto en temas de vivienda y mercado inmobiliario y ex director general de Arquitectura y Vivienda en Balears.

Así, los precios, que se estabilizaron durante la pandemia, han ido in crescendo desde entonces. Sobre todo, a partir de la inversión de empresas que empujan los precios en zonas donde hasta ahora más asequibles. En estos distritos, otra de las formas de especulación más salvaje es su promoción —y consecuente revalorización— con la construcción de nuevas infraestructuras, así como su ‘depuración’ a través de redadas antidroga: “Es muy típico coger zonas deprimidas y eliminar el problema, siempre, cuando antes ha habido una compra del terreno; una inversión”, asevera Vila.

Los barrios, lugar “para invertir”

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, señala que el flipping inmobiliario es una expresión “muy clara” de cómo la vivienda se ha convertido en un activo financiero. La organización sindical es testigo “constantemente”, en los barrios en los que tienen asambleas, de cómo se obtienen enormes plusvalías de la compra y reforma de inmuebles. “El problema es que ese beneficio privado se produce a costa de expulsar a vecinas y a vecinos encareciendo aún más el acceso habitacional”, considera Pérez.

Una consecuencia de este tipo de operaciones es la aceleración de los procesos de gentrificación, ya que la lógica especulativa de compra-reforma-venta a un precio superior hace que se eleve el precio no solo de esa vivienda concreta, sino de todo su entorno. La consecuencia es que los barrios dejan de ser lugares para vivir y pasan a ser “lugares para invertir”, lamentan desde el sindicato.

El portavoz añade que el problema no es el flipping en sí mismo, sino que las instituciones siguen autorizando que la vivienda funcione como un mercado financiero sin ningún tipo de límite. “Si la entendemos como un derecho, no puede seguir tratándose legalmente como un producto con el que se puede especular y, además, de manera rápida”. Se refiere a la Ley de Vivienda de 2023 o la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, que permiten, según el sindicato, el alquiler de habitaciones fraudulentas y los arrendamientos de temporada, entre otros.

Además, denuncian que en Madrid existen recursos habitacionales que adquieren fondos de inversión, como Nestar o Blackstone, que deberían formar parte del parque público de vivienda para utilizarlos, en lugar de hacer nuevas construcciones. El rápido —y vasto— beneficio de estas empresas o fondos contrasta con la dificultad de otros ciudadanos de poder pagar el alquiler o poder acceder siquiera a él: “Necesitamos políticas que frenen la especulación y que protejan a los inquilinos”, subraya Pérez.

En la penombra, l'eco ha substituït la bullícia que durant anys va recórrer les galeries subterrànies que jeuen sota la Plaça Major de Palma. Caminar avui pels seus foscos passadissos és fer-ho entre persianes metàl·liques tancades amb pany i forrellat, aparadors rere els quals s'endevinen antics articles oblidats, rètols descolorits que sobreviuen com a fòssils d'un temps més pròsper, escales mecàniques que, immòbils, no duen enlloc i una vella cabina telefònica en desús, metàfora d'un subsòl que fa anys que va deixar de comunicar-se amb la ciutat. Al fons d'un dels corredors, però, una claredat irromp en la foscor: és una barberia, l'últim negoci que resisteix com un far encès en un territori suspès en el temps. “Recordo quan era jove que això era un brogit. Ara està mort”, lamenta Fran, un dels clients que acaba de sortir del local.

La Plaça Major és un palimpsest urbà on se superposen segles de memòria, des del seu ús original fins a la seva consolidació com a cor comercial i turístic de la capital balear. En els últims anys, però, no són poques les veus que reclamen un canvi. Un ambiciós projecte proposa ara convertir la zona en un “epicentre social, cultural i econòmic” mitjançant l'obertura de les galeries subterrànies i la implantació de nous nivells i accessos per a vianants. La iniciativa, però, ha despertat interrogants sobre l'impacte que la intervenció podria tenir en la revalorització del centre històric. Quin tipus de ciutat emergirà d'aquest buit?

Mentre el discurs oficial posa l'accent en la recuperació d'un espai “deteriorat” i en la seva reintegració en el teixit urbà, l'arquitecte responsable de la proposta, Antoni Barceló, defensa que el que la iniciativa cerca és, sobretot, retornar a la Plaça Major la seva condició de lloc de trobada ciutadana, transformant la plaça en un espai pensat no només per travessar, sinó també per romandre-hi, i respectant alhora el seu passat. “La història ha estat part fonamental del plantejament del projecte”, remarca Barceló en declaracions a elDiario.es. La iniciativa planteja una transformació profunda de l'espai públic i de les seves plantes inferiors amb la intenció de reforçar la continuïtat del teixit urbà i convertir l'enclavament en un nou “epicentre cultural”.

La Plaça Major de Palma és un palimpsest urbà on se superposen segles de memòria, des del seu ús com a seu de la Inquisició fins a la seva consolidació com a cor comercial i turístic de la capital balear. Ara, un ambiciós projecte proposa convertir la zona en un "epicentre social, cultural i econòmic"

Sota la superfície de la Plaça Major, entre els foscos passadissos del subsòl, Fran contempla el projecte amb una barreja d'escepticisme i nostàlgia. La seva memòria evoca botigues de discos on acudia a comprar quan era discjòquei, comerços de roba, petits negocis on un “hi trobava de tot”. En la seva opinió, l'espai podria reactivar-se si s'apostàs per un comerç accessible pensat “sobretot per als joves i per als qui viuen i treballen a la ciutat, no joieries o botigues de marques amb jerseis a 150 o 200 euros”. En aquest sentit, lamenta la transformació de carrers comercials com Jaume III, on, com en tantes altres zones del casc històric de Palma, el petit comerç ha anat desapareixent davant les marques d'alta gamma.

“La Plaça Major és ara pràcticament fantasma”, es lamenta, fent èmfasi en el contrast que percep quan viatja per altres ciutats espanyoles, on les places majors reïxen de vida. Per a ell, la qüestió no és només arquitectònica, sinó política: facilitar que el centre torni a ser un lloc “per al currante”, no només per a qui es pugui permetre gastar més.

“Quan vaig venir, tothom sabia que els anaven a fer fora”

Dins la barberia, Vladi perfila amb pols ferm el tall realitzat a un dels seus clients. Aquest empresari d'origen cubà fa gairebé nou anys que és al capdavant de 'Barber Shop Vladi', l'únic negoci que roman obert a les galeries subterrànies. “Quan jo vaig venir, tothom sabia que en qualsevol moment els anaven a fer fora”, recorda, evocant com, quan la resta de locals van tancar definitivament el desembre de 2019, ell va decidir quedar-s'hi. Un dels moments que reté en la seva memòria és el dia en què la policia va acudir a clausurar els espais la concessió dels quals havia expirat: “Venien amb els seus cadenats. Trencaven el teu i hi posaven el seu. El que no es va treure es va quedar dins”. Des d'aleshores, els passadissos es van buidar i el subsòl va entrar en una mena de pausa indefinida.

Ell, però, no depèn del trànsit casual. La seva clientela arriba amb cita prèvia a través de la seva pàgina web i de les xarxes socials, on ha construït una marca personal sòlida. “Treballo tot sol i ho faig tot personalitzat. No és una barberia d'arribar i tallar”, assegura. Pels seus sillons han passat jugadors del RCD Mallorca, equips visitants i fins i tot futbolistes amb els quals viatja per tallar-los els cabells en concentracions. “Venen cada setmana. Els veig més a ells que a la meva família”, bromeja. La seva agenda completa és la prova que el negoci funciona, fins i tot enmig d'un entorn apagat.

Amb tot, la incertesa és inevitable: Vladi està de lloguer i sap que, quan arribi el moment, haurà de marxar. “Al final m'hauré d'anar sí o sí”, admet, encara que no es resigna: el seu pla, quan arribi el desallotjament definitiu, és emportar-se amb ell el que sent veritablement seu: el nom i la marca que ha construït durant anys. “Intentaré arrossegar això. Que sigui el nom el que cridi l'atenció”, confia.

De la 'Casa Negra' a la consolidació comercial

La Plaça Major ocupa un lloc central en la història de Palma. No obstant això, no existia com a tal durant l'època medieval: el teixit urbà del centre històric estava format per estrets i intrincats carrers, propis de la ciutat islàmica que la urbs va ser durant segles. En un dels seus laterals va funcionar la 'Casa Negra', seu del màxim òrgan encarregat de vetllar pel manteniment de l'ortodòxia catòlica entre el segle XV i principis del XIX: la Inquisició.

En una illa on era freqüent acudir a saludadors, sanadors, vidents o bruixots, que duien a terme sortilegis i encanteris dirigits a aconseguir l'amor desitjat, millorar la salut o trobar persones desaparegudes o mortes, la Inquisició va obrir més de dues-centes causes per bruixeria, encara que rarament va aplicar la pena de mort a persones la ignorància de les quals, sostenia el tribunal, era vilment manejada pel dimoni. Amb tot, a la 'Casa Negra' van acabar tancats la majoria dels acusats, sovint sense a penes garanties, a la major de les Balears. L'immoble va ser finalment derruït el 1823. En paral·lel, i fins a principis del segle XIX, el solar també estava ocupat pel convent de Sant Felip Neri. El carrer de la Inquisició, a les proximitats de la Plaça Major, és l'únic vestigi toponímic de la institució que durant segles va vigilar la ciutat.

Les desamortitzacions impulsades pels governs liberals al segle XIX i la pressió per obrir noves centralitats urbanes van portar a la demolició de convents i muralles, com succeí a Palma amb l’enderrocament del convent de Sant Felip Neri i de l'antiga seu inquisitorial, fet que donà lloc, el 1838, a l'edificació d'una plaça pública que, seguint el model de la Plaça Reial de Barcelona i en un intent d'adaptar el model de la plaça castellana a una antiga ciutat mediterrània, substituí la lògica tancada medieval per un espai rectangular obert, definit per porxos i edificis porticats. Una voluntat de modernització que, però, no es va aturar amb el “fi de segle”.

El 1931 va entrar en servei el ferrocarril que, a través d'un extens túnel subterrani, connectava el cor de la ciutat amb el moll a través del subsòl. Durant la Guerra Civil, el conducte es va utilitzar com a refugi antiaeri, amb accessos habilitats a la Plaça Major. Després dels seus últims viatges, la línia va deixar d'utilitzar-se el 1965.

Va ser el 1969 quan, en ple auge de l'automòbil i dels nous hàbits de consum, la Plaça Major tornà a transformar-se. Sota l'esplanada vuitcentista es va excavar un aparcament subterrani i es van construir unes galeries comercials que responien a l'imaginari modern de l'època: una ciutat funcional adaptada al trànsit rodat i a l'oferta comercial. Aquella intervenció va introduir una dimensió vertical inèdita fins aleshores, connectant l'espai públic superior amb un subsòl dedicat al comerç i enllaçant, a més, la part alta del casc antic amb la part baixa de la ciutat. Les obres, així com la construcció d'altres aparcaments a les proximitats, van segar més de 80 metres del túnel del ferrocarril, la rehabilitació del qual es va convertir en una reivindicació històrica que encara ressona.

La plaça deixava així de ser un buit urbà heretat del segle XIX per convertir-se en un node de mobilitat i activitat econòmica en diverses capes: mentre el subsòl absorbia la mobilitat i el comerç, sobre la superfície afloraven jardins, bancs i un mercat que reforçaren la seva condició de lloc de trobada.

No obstant això, el que en el seu moment va simbolitzar el progrés és avui l'estrat més problemàtic del conjunt: un subsòl fragmentat, fosc i progressivament abandonat que encarna els límits d'aquell model urbà. En els últims anys s'han succeït diagnòstics, estudis tècnics i propostes de reactivació que han intentat retornar el sentit a aquell espai soterrat, des de plans per reforçar-ne l'ús cultural fins a intents de reordenació comercial. Entre anuncis i canvis de govern, les galeries han romàs en un llimb.

Ara, el projecte guanyador del concurs d'idees per a la reforma, titulat Àgora 001 i liderat per Barceló Balanzó Arquitectes i Scob Arquitectura i Paisatge, busca revitalitzar la plaça “respectant la seva identitat històrica”, tal com assenyalen els autors de la proposta. D'acord amb la memòria del projecte, la intervenció parteix de la idea de reforçar la continuïtat del teixit urbà i dotar el conjunt de nous usos que n'afavoreixin la vitalitat, entenent la plaça com un lloc de trobada on la ciutat reconegui la seva identitat i millori la seva relació amb la Rambla, els carrers adjacents i l'espai sota rasant.

Un dels gestos centrals de la proposta és la creació d'un gran atri que reinterpretaria l'antic claustre del convent de Sant Felip Neri i introduiria il·luminació i ventilació natural al nivell inferior, en contrast amb la seva desconnexió actual. La plaça es reorganitzarà en dos nivells connectats per una gran escala, mantenint la cota superior com un gran buit urbà flexible i activant la planta inferior com un espai cultural i comercial complementari.

Barceló subratlla que el projecte no s'ha d'entendre com una operació convencional de reactivació comercial, sinó com una intervenció orientada a recuperar el caràcter cívic de l'espai. “La proposta se centra més en la part cultural i social que en la comercial”, assenyala a aquest mitjà. L'objectiu, sosté, és “revitalitzar la zona com a teixit cultural i d'activitat ciutadana que ara no té”, transformant la plaça en un lloc d'estada i no únicament de trànsit. En aquest sentit, la iniciativa contempla la creació d'un centre d'interpretació que expliqui la història de Palma, així com la programació d'activitats com teatre, cicles de concerts o cinema a l'aire lliure, obrint d'aquesta manera les portes “a altres activitats socials i culturals, a més de les ja tradicionals”.

El treball de disseny ha estat profundament marcat per l'estudi històric del lloc. L'equip, assenyala, ha analitzat “el passat i el present de la plaça, des dels seus orígens fins ara” en un procés que abasta gairebé dos segles de transformacions urbanes. Barceló recorda que el solar va estar ocupat pels claustres de la 'Casa Negra' i pel convent de Sant Felip Neri, una referència que ha servit per recuperar la idea del claustre com a element central del nou atri, entès com una forma de “reescriure la història del lloc”. També s'han tingut en compte, afegeix, fites posteriors com el Pla Alomar de 1943 —el projecte urbanístic impulsat per l'arquitecte Gabriel Alomar, que cercava modernitzar Palma mitjançant l'obertura de grans avingudes i la reordenació del centre històric per adaptar-lo a les necessitats de la ciutat contemporània— o la reforma de 1969, que va introduir l'aparcament i les galeries comercials. “La història ha estat part fonamental del plantejament del projecte”, incideix.

Crítiques per gentrificació

Davant les veus que apunten al risc de gentrificació de la zona arran del previsible augment de la pressió sobre els preus i els usos de l'entorn —el PSIB-PSOE va arribar a vaticinar que la plaça es convertirà en “una franquícia per als turistes”—, l'arquitecte defensa que el projecte respon a una necessitat urbana evident. “Nosaltres pensem que la ciutat, amb aquesta intervenció del tot necessària, guanya un espai més per a activitats i que es millora clarament tot l'entorn”, assenyala. Al seu parer, la modernització dels centres històrics implica generar “sinergies amb la ciutat i els seus habitants” capaces d'albergar noves activitats sense renunciar a les seves tradicions. En aquest sentit, emmarca la reforma dins una visió estratègica més àmplia: “Ens sembla que és una aposta per la Palma del futur que aspira a ser capital europea de la cultura el 2031”.

Des del punt de vista constructiu i ambiental, la iniciativa aposta per una estratègia de sostenibilitat basada en la geotèrmia oberta, la reutilització d'aigües pluvials, una instal·lació fotovoltaica en coberta i la il·luminació LED regulada, a més de plantejar el reciclatge de les runes del mateix buidatge per fabricar elements prefabricats de façana en formigó amb marès reciclat, amb l'objectiu de reduir la petjada ecològica i reforçar la identitat material del conjunt. En aquest sentit, Barceló reconeix que el projecte es troba encara en fase de desenvolupament i que solucions com la geotèrmia oberta s'estan avaluant en detall: “Ara mateix estem en fase de redacció del projecte i, en un projecte d'aquesta complexitat, totes les qüestions tècniques, com no pot ser d'altra manera, estan en revisió”. La viabilitat definitiva d'aquestes mesures dependrà, per tant, dels estudis tècnics que es duguin a terme durant la fase de projecte executiu, en un subsòl marcat per dècades d'intervencions i superposicions urbanes.

Recentment, l'Ajuntament va encarregar un informe destinat a valorar en quin estat es troba la Plaça Major abans de procedir a la seva reforma. En aquest sentit, el batle de Palma, Jaime Martínez, assegura que els resultats de l'anàlisi no condicionaran la viabilitat de les actuacions projectades. “L'estudi ja estava previst que s'havia de realitzar, i per a qualsevol tipus d'obra o de projecte es necessiten dades. Aquest és un estudi més”, va defensar el passat 10 de febrer en declaracions als mitjans. El primer edil assevera que, amb aquest projecte, el Consistori tractarà de convertir la Plaça Major en l'“epicentre” de l'activitat social, cultural i econòmica de Palma, mitjançant l'aportació de solucions “efectives, de gran operativitat i funcionalitat”.

Carme Vidal, presidenta de l'Associació de Veïns de la Plaça Major, no dubta a afirmar que el barri “està content” amb la iniciativa municipal, i recorda que la zona “fa molts d'anys que està abandonada”, una situació que qualifica de “lamentable” tractant-se del “centre neuràlgic de Palma”, sobretot tenint en compte que la ciutat aspira a projectar-se com a capital cultural. Vidal va participar en el jurat del concurs d'idees en representació dels veïns i assegura que, malgrat que hi havia propostes “molt bones”, hi va haver un consens “clar” al voltant de la iniciativa guanyadora. Un dels aspectes que més valora és la resolució dels accessos i la connexió entre la part alta i la part baixa de la ciutat, una reivindicació històrica del veïnat. “Jo crec que Palma és l'única ciutat europea que té una comunicació molt deficient entre la ciutat alta i la ciutat baixa”, sosté, comparant la situació amb ciutats italianes o amb Lisboa, on existeixen rampes i ascensors que salven els desnivells.

Vidal recorda que les escales mecàniques fa anys que no funcionen i que l'aparcament presenta barreres arquitectòniques que obliguen a pujar “l'equivalent a dos pisos caminant”, cosa que considera inacceptable en ple segle XXI. En aquest sentit, creu que el projecte “resol molt bé l'ascens” en incorporar rampes i ascensors que permetrien accedir-hi sense obstacles des de la Rambla o el Born. No obstant això, admet que el pla és “molt ambiciós, molt atrevit, innovador” i que genera inquietuds entre alguns residents. Hi ha veïns que temen l'impacte estructural de la gran obertura prevista a la plaça, atès que sota el paviment hi ha les bigues de l'aparcament, i d'altres que opinen que n'hi hauria prou amb “una rentada de cara molt a fons” en lloc d'una intervenció d'aquesta envergadura. Carme assumeix que les obres seran llargues i molestes, però insisteix que “el que s'ha de mirar és el bé de la ciutat” i que resulta “increïble” que el deteriorament s'hagi prolongat tants d'anys.

Hi ha veïns que temen l'impacte estructural de la gran obertura prevista a la plaça, atès que sota el paviment hi ha les bigues de l'aparcament, i altres que opinen que n'hi hauria prou amb "una rentada de cara molt a fons" en lloc d'una intervenció de tal envergadura

Historiadora de l'art de formació, també contextualitza la plaça en una tradició urbanística més àmplia. Recorda que la Plaça Major és fruit de la desamortització i que, per construir-la, es va destruir part de la trama medieval, i assenyala que, amb tot just 3.000 metres quadrats, és “la més petita” si es compara amb altres places majors espanyoles. Per a ella, el debat actual no pot deslligar-se d'aquella història: la plaça ha estat sempre un espai forçat per decisions polítiques i urbanístiques, i ara torna a situar-se al centre d'una discussió sobre com s'ha de relacionar Palma amb el seu passat i amb el seu futur.

Dèficits estructurals

Mentrestant, l'arquitecta Cristina Llorente, directora d'Arquitectives i membre del col·lectiu Palma XXI, integrat per historiadors, geògrafs, arquitectes i urbanistes, recorda que el 2020 el seu equip va coordinar el procés participatiu impulsat per l'anterior equip de govern amb l'objectiu de definir els usos futurs de les galeries i el paper de la Plaça Major a la ciutat. En declaracions a aquest diari, explica que aquell procés va recollir demandes que durant anys havien formulat associacions veïnals i entitats socials: obrir les galeries a l'exterior, introduir usos culturals i socials, millorar la connexió amb l'entorn i, sobretot, recuperar la Plaça Major com a lloc de trobada ciutadana i no únicament com a escenari orientat al turisme. En un context d'emergència climàtica, afegeix, una gran superfície dura, sense ombra ni espais d'estada, té poc sentit com a espai de relació contemporani.

Llorente subratlla que aquell treball participatiu va quedar durant anys en una fase preliminar i que desconeix fins a quin punt va ser incorporat a les bases del concurs d'idees convocat posteriorment. També insisteix que convé ser prudent a l'hora de valorar l'avantprojecte guanyador, atès que es tracta d'un concurs d'idees i que, segons la seva experiència, entre la proposta premiada i el projecte finalment executat sol haver-hi diferències substancials a causa d'ajustos normatius, tècnics i pressupostaris.

Amb tot, considera que, des del punt de vista urbà, l'obertura de les galeries mitjançant grans buits i graderies que introdueixin llum i ventilació pot ser una resposta raonable a un dels principals problemes actuals: el caràcter fosc i poc amable de l'espai subterrani. No obstant això, adverteix que aquesta operació també transforma la imatge tradicional de “plaça major” com a gran esplanada porticada i recorda que el model històric —hereu de processos de desamortització i, en el cas de Palma, construït sobre l'antic convent de Sant Felip Neri i les dependències de la Inquisició— presenta avui greus dèficits funcionals.

En relació amb l'impacte social, Llorente emmarca el debat en la tensió clàssica entre millora urbana i gentrificació. Al seu parer, deixar que els espais es degradin per evitar la revalorització no és una solució, però tampoc no ho és intervenir sense acompanyar la reforma amb polítiques públiques que esmorteixin els efectes del mercat. Assenyala que existeixen eines —com l'aplicació de la Llei estatal d'habitatge per limitar els preus, l'exercici del dret de tanteig i retracte o la compra pública de locals per destinar-los a comerç de proximitat— que poden modular la velocitat i l'agressivitat dels processos de substitució social.

Més enllà del cas concret de la Plaça Major, l'arquitecta qüestiona la proliferació de grans projectes urbans deslligats d'una estratègia global de ciutat. Considera que Palma arrossega problemes estructurals, especialment a l'Eixample, que no estan sent abordats, i defensa una combinació d'intervencions estratègiques amb actuacions d'“acupuntura urbana” més petites i contínues. En aquest sentit, adverteix del risc que concursos ambiciosos es converteixin en anuncis de gran impacte mediàtic però de difícil execució si no compten amb suport pressupostari suficient.

Amb tot, Llorente reconeix encerts en la proposta guanyadora, especialment en la reformulació de la façana cap a la Rambla i en la intenció d'introduir llum i activitat a les galeries, un potencial fins ara desaprofitat. La seva conclusió és matisada: la intervenció pot corregir dèficits evidents de l'espai actual, però el seu abast real dependrà tant de com es materialitzi tècnicament com de les polítiques urbanes i socials que l'acompanyin.

Un altre dels col·lectius que s'ha pronunciat sobre l'avantprojecte guanyador és l'Associació d'Amics del Ferrocarril. El seu president, Miquel Àngel Riera, expressa el seu “suport” a la proposta, però considera que la reforma no pot limitar-se a la superfície, sinó que ha d'incorporar els vestigis històrics que travessen el subsòl de la plaça, com el túnel del ferrocarril, testimoni de gairebé un segle de mobilitat, guerra i successives transformacions urbanes. A dia d'avui, sosté l'entitat, aquesta infraestructura “seria perfectament accessible i visitable” des de la sortida del port, sota les muralles, fins als aparcaments de la Plaça Major, així com en el tram que connecta amb el Mercat de l'Olivar.

També ARCA, la principal entitat de defensa del patrimoni a Balears, valora positivament diversos aspectes de la proposta, com la creació de nous espais d'estada en diferents nivells, l'entrada de llum natural a la planta subterrània —on s'ubicarà el centre d'interpretació— i la millora de l'accessibilitat per a vianants des de la Rambla. No obstant això, adverteix que el projecte, tal com ha estat presentat, ignora elements patrimonials existents que considera essencials. Entre aquests esmenta el túnel ferroviari i les històriques casetes de la Costa des Teatre, amb més d'un segle d'antiguitat, la conservació i integració de les quals figuraven en les bases del concurs.

L'entitat reclama que ambdós elements s'incorporin “sí o sí” al projecte definitiu i alerta, a més, que la connexió prevista amb la Rambla no hauria d'implicar la pèrdua de cap fragment d'aquest passeig històric, cosa que, segons la seva interpretació dels plànols, podria produir-se. ARCA confia que l'Ajuntament atengui aquestes peticions, que considera un valor afegit per a la intervenció, i assenyala que les paraules del batle durant la presentació, en les quals va garantir la conservació dels elements patrimonials, contribueixen a generar una certa tranquil·litat.

En la penumbra, el eco ha sustituido al bullicio que durante años recorrió las galerías subterráneas que yacen bajo la Plaza Mayor de Palma. Caminar hoy por sus oscuros pasillos es hacerlo entre persianas metálicas cerradas a cal y canto, escaparates tras los cuales se adivinan antiguos artículos olvidados, rótulos descoloridos que sobreviven como fósiles de un tiempo más próspero, escaleras mecánicas que, inmóviles, conducen a ninguna parte y una vieja cabina telefónica en desuso, metáfora de un subsuelo que hace años dejó de comunicarse con la ciudad. Al fondo de uno de los corredores, sin embargo, una claridad irrumpe en la oscuridad: es una barbería, el último negocio que resiste como un faro encendido en un territorio suspendido en el tiempo. “Recuerdo cuando era joven que esto era un bullicio. Ahora está muerto”, lamenta Fran, uno de los clientes que acaba de salir del local.

La Plaza Mayor es un palimpsesto urbano donde se superponen siglos de memoria, desde su uso como sede de la Inquisición hasta su consolidación como corazón comercial y turístico de la capital balear. En los últimos años, sin embargo, no son pocas las voces que reclaman un cambio. Un ambicioso proyecto propone ahora convertir la zona en un “epicentro social, cultural y económico” mediante la apertura de las galerías subterráneas y la implantación de nuevos niveles y accesos peatonales. La iniciativa, sin embargo, ha despertado los interrogantes sobre el impacto que la intervención podría tener en la revalorización del centro histórico. ¿Qué tipo de ciudad emergerá de ese vacío?

Mientras el discurso oficial pone el acento en la recuperación de un espacio “deteriorado” y en su reintegración en el tejido urbano, el arquitecto responsable de la propuesta, Antoni Barceló, defiende que lo que la iniciativa busca es, ante todo, devolver a la Plaza Mayor su condición de lugar de encuentro ciudadano, transformando la plaza en un lugar pensado no solo para atravesar, sino también para permanecer, y respetando a su vez su pasado. “La historia ha sido parte fundamental del planteamiento del proyecto”, remarca Barceló en declaraciones a elDiario.es. La iniciativa plantea una transformación profunda del espacio público y de sus plantas inferiores con la intención de reforzar la continuidad del tejido urbano y convertir el enclave en un nuevo “epicentro cultural”.

La Plaza Mayor de Palma es un palimpsesto urbano donde se superponen siglos de memoria, desde su uso como sede de la Inquisición hasta su consolidación como corazón comercial y turístico de la capital balear. Ahora, un ambicioso proyecto propone convertir la zona en un "epicentro social, cultural y económico"

Bajo la superficie de la Plaza Mayor, entre los oscuros pasillos del subsuelo, Fran contempla el proyecto con una mezcla de escepticismo y nostalgia. Su memoria recuerda tiendas de discos a los que acudía a comprar cuando era disc jockey, comercios de ropa, pequeños negocios donde uno “encontraba de todo”. En su opinión, el espacio podría reactivarse si se apostara por un comercio accesible pensado “sobre todo para los jóvenes y para quienes viven y trabajan en la ciudad, no joyerías o tiendas de marcas a 150 ó 200 euros el jersey”. En este sentido, lamenta la transformación de calles comerciales como Jaime III, donde, como en tantas otras zonas del casco histórico de Palma, el pequeño comercio ha ido desapareciendo frente a las marcas de alta gama.

“La Plaza Mayor es ahora prácticamente fantasma”, se lamenta, haciendo énfasis en el contraste que percibe cuando viaja por otras ciudades españolas, donde las plazas mayores rebosan de vida. Para él, la cuestión no es solo arquitectónica, sino política: facilitar que el centro vuelva a ser un lugar “para el currante”, no solo para quien pueda permitirse gastar más.

“Cuando vine, todo el mundo sabía que lo iban a sacar”

Dentro de la barbería, Vladi perfila con pulso firme el corte realizado a uno de sus clientes. Este empresario de origen cubano lleva casi nueve años al frente de 'Barber Shop Vladi', el único negocio que permanece abierto en las galerías subterráneas. “Cuando yo vine, todo el mundo sabía que en cualquier momento los iban a sacar”, recuerda, evocando cómo, cuando el resto de locales cerró definitivamente en diciembre de 2019, él decidió quedarse. Uno de los momentos que retiene en su memoria es el día en que la policía acudió a clausurar los espacios cuya concesión había expirado: “Venían con sus candados. Cortaban el tuyo y ponían el suyo. Lo que no se sacó se quedó dentro”. Desde entonces, los pasillos se vaciaron y el subsuelo entró en una especie de pausa indefinida.

Él, sin embargo, no depende del tránsito casual. Su clientela llega con cita previa a través de su página web y de las redes sociales, donde ha construido una marca personal sólida. “Trabajo solo y lo hago todo personalizado. No es una barbería de llegar y cortar”, asegura. Por sus sillones han pasado jugadores del RCD Mallorca, equipos visitantes e incluso futbolistas con los que viaja para cortar el pelo en concentraciones. “Vienen cada semana. Los veo más a ellos que a mi familia”, bromea. Su agenda repleta es la prueba de que el negocio funciona, incluso en medio de un entorno apagado.

Con todo, la incertidumbre es inevitable: Vladi está de alquiler y sabe que, cuando llegue el momento, tendrá que marcharse. “Al final me tendré que ir sí o sí”, admite, aunque no se resigna: su plan, cuando llegue el desalojo definitivo, es llevarse consigo lo que siente verdaderamente suyo: el nombre y la marca que ha construido durante años. “Intentaré arrastrar eso. Que sea el nombre lo que llame la atención”, confía.

De la 'casa negra' a la consolidación comercial

La Plaza Mayor ocupa un lugar central en la historia de Palma. Sin embargo, no existía como tal durante la época medieval: el tejido urbano del centro histórico estaba formado por estrechas e intrincadas calles propias de la ciudad islámica que la urbe fue durante siglos. En uno de sus laterales funcionó la 'Casa Negra', sede del máximo órgano encargado de velar por el mantenimiento de la ortodoxia católica entre el siglo XV y principios del XIX: la Inquisión.

En una isla en la que era frecuente acudir a saludadores, sanadores, videntes o hechiceros, quienes llevan a cabo sortilegios y encantamientos dirigidos a conseguir el amor deseado, mejorar la salud o hallar a personas desaparecidas y fallecidas, el Santo Oficio persiguió con dureza las herejías, aunque raramente aplicó la pena de muerte a personas cuya ignorancia, sostenía el tribunal, era vilmente manejada por el diablo. Con todo, en la 'Casa Negra' acabaron encerrados la mayor parte de los acusados de las más doscientas causas que la Inquisión abrió por brujería, y sin apenas garantías, en la mayor de las Balears. El inmueble sería finalmente derribado en 1823. En paralelo, y hasta principios del siglo XIX, el solar estaba ocupado por el convento de Sant Felip Neri. La calle de la Inquisició, en las proximidades de la Plaza Mayor, es el único vestigio toponímico de la institución que durante siglos vigiló la ciudad.

Las desamortizaciones impulsadas por los gobiernos liberales en el siglo XIX y la presión por abrir nuevas centralidades urbanas llevaron a la demolición de conventos y murallas, como sucedería en Palma con el derribo del convento de Sant Felip Neri y de la antigua sede inquisitorial, dando pie, en 1838, a la edificación de una plaza pública que, siguiendo el modelo de la Plaza Real de Barcelona y en un intento de adaptar el modelo de la plaza castellana a una antigua ciudad mediterránea, sustituiría la lógica cerrada medieval por un espacio rectangular abierto definido por soportales y edificios porticados. Una voluntad de modernización que, sin embargo, no se detuvo con el 'fin de siècle'.

En 1931 entró en servicio el ferrocarril que, a través de un extenso túnel subterráneo, conectaba el corazón de la ciudad con el muelle a través del subsuelo. Durante la Guerra Civil, el conducto fue utilizado como refugio antiaéreo, con accesos habilitados en la Plaza Mayor. Tras sus últimos viajes, la línea dejó de utilizarse en 1965.

Fue en 1969 cuando, en pleno auge del automóvil y de los nuevos hábitos de consumo, la Plaza Mayor volvería a transformarse. Bajo la explanada decimonónica se excavó un aparcamiento subterráneo y se construyeron unas galerías comerciales que respondían al imaginario moderno de la época: una ciudad funcional adaptada al tráfico rodado y a la oferta comercial. Aquella intervención introdujo una dimensión vertical inédita hasta entonces, conectando el espacio público superior con un subsuelo dedicado al comercio, enlazando, además, la parte alta del casco antiguo con la parte baja de la ciudad. Las obras, así como la construcción de otros parkings en las proximidades, cercenó más de 80 metros del túnel del ferrocarril, cuya rehabilitación se convirtió en una reivindicación histórica que aún resuena.

La plaza dejaba así de ser un vacío urbano heredado del siglo XIX para convertirse en un nodo de movilidad y actividad económica en varias capas: mientras el subsuelo absorbía la movilidad y el comercio, sobre la superficie aflorarían jardines, bancos y un mercado que reforzarían su condición de lugar de encuentro.

Sin embargo, lo que en su momento simbolizó progreso es hoy el estrato más problemático del conjunto: un subsuelo fragmentado, oscuro y progresivamente abandonado que encarna los límites de aquel modelo urbano. En los últimos años se han sucedido diagnósticos, estudios técnicos y propuestas de reactivación que han intentado devolverle el sentido a ese espacio soterrado, desde planes para reforzar su uso cultural hasta intentos de reordenación comercial. Entre anuncios y cambios de gobierno, las galerías han permanecido en un limbo.

Ahora, el proyecto ganador del concurso de ideas para la reforma, titulado Ágora 001 y liderado por Barceló Balanzó arquitectes y Scob Arquitectura i Paisatge, busca revitalizar la plaza “respetando su identidad histórica”, tal como señalan los autores de la propuesta. De acuerdo a la memoria del proyecto, la intervención parte de la idea de reforzar la continuidad del tejido urbano y dotar al conjunto de nuevos usos que favorezcan su vitalidad, entendiendo la plaza como un lugar de encuentro donde la ciudad reconozca su identidad y mejore su relación con la Rambla, las calles adyacentes y el espacio bajo rasante.

Uno de los gestos centrales de la propuesta es la creación de un gran atrio que reinterpretará el antiguo claustro del antiguo convento de Sant Felip Neri e introducirá iluminación y ventilación natural al nivel inferior frente a su desconexión actual. La plaza se reorganizará en dos niveles conectados por una gran escalera, manteniendo la cota superior como un gran vacío urbano flexible y activando la planta inferior como un espacio cultural y comercial complementario.

Barceló subraya que el proyecto no debe entenderse como una operación convencional de reactivación comercial, sino como una intervención orientada a recuperar el carácter cívico del espacio. “La propuesta se centra más en la parte cultural y social que en la comercial”, señala a este medio. El objetivo, sostiene, es “revitalizar la zona como tejido cultural y de actividad ciudadana que ahora no tiene”, transformando la plaza en un lugar de estancia y no únicamente de tránsito. En ese sentido, la iniciativa contempla la creación de un centro de interpretación que explique la historia de Palma, así como la programación de actividades como teatro, ciclos de conciertos o cine al aire libre, abriendo de este modo las puertas “a otras actividades sociales y culturales además de las ya tradicionales”.

El trabajo de diseño ha estado profundamente marcado por el estudio histórico del lugar. El equipo, señala, ha analizado “el pasado y el presente de la plaza, desde sus orígenes hasta ahora” en un proceso que abarca casi dos siglos de transformaciones urbanas. Barceló recuerda que el solar estuvo ocupado por los claustros de la Casa Negra y el convento de Sant Felip Neri, una referencia que ha servido para recuperar la idea del claustro como elemento central del nuevo atrio, entendido como una forma de “reescribir la historia del lugar”. También se han tenido en cuenta, añade, hitos posteriores como el Plan Alomar de 1943 -el proyecto urbanístico impulsado por el arquitecto Gabriel Alomar, quien buscaba modernizar Palma mediante la apertura de grandes avenidas y la reordenación del centro histórico para adaptarlo a las necesidades de la ciudad contemporánea- o la reforma de 1969 que introdujo el aparcamiento y las galerías comerciales. “La historia ha sido parte fundamental del planteamiento del proyecto”, incide.

Críticas por gentrificación

Frente a las voces que apuntan al riesgo de gentrificación de la zona ante el previsible aumento de la presión sobre los precios y usos del entorno -el PSIB-PSOE llegó a vaticinar que la plaza se convertirá en “una franquicia para los turistas”-, el arquitecto defiende que el proyecto responde a una necesidad urbana evidente. “Nosotros pensamos que la ciudad, con esta intervención del todo necesaria, gana un espacio más para actividades y se mejora claramente todo el entorno”, señala. A su juicio, la modernización de los centros históricos implica generar “sinergias con la ciudad y sus habitantes” capaces de albergar nuevas actividades sin renunciar a sus tradiciones. En ese sentido, enmarca la reforma dentro de una visión estratégica más amplia: “Nos parece que es una apuesta por la Palma del futuro que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031”.

Desde el punto de vista constructivo y ambiental, la iniciativa apuesta por una estrategia de sostenibilidad basada en geotermia abierta, la reutilización de aguas pluviales, una instalación fotovoltaica en cubierta e iluminación LED regulada, además de plantear el reciclaje de escombros del propio vaciado para fabricar elementos prefabricados de fachada en hormigón con marès reciclado, buscando reducir la huella ecológica y reforzar la identidad material del conjunto. En este sentido, Barceló reconoce que el proyecto se encuentra todavía en fase de desarrollo y que soluciones como la geotermia abierta están siendo evaluadas en detalle: “Ahora mismo estamos en fase de redacción de proyecto y en un proyecto de esta complejidad todas las cuestiones técnicas, como no puede ser de otra manera, están en revisión”. La viabilidad definitiva de estas medidas dependerá, por tanto, de los estudios técnicos que se realicen durante la fase de proyecto ejecutivo, en un subsuelo marcado por décadas de intervenciones y superposiciones urbanas.

Recientemente, el Ayuntamiento encargó un informe dirigido a valorar en qué estado se encuentra la Plaza Mayor antes de proceder a su reforma. En este sentido, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, asegura que los resultados del análisis no condicionarán la viabilidad de las actuaciones proyectadas. “El estudio ya estaba previsto que debía realizarse, y para cualquier tipo de obra o de proyecto se necesitan datos. Este es un estudio más”, defendió el pasado 10 de febrero en declaraciones a los medios. El primer edil asevera que, con este proyecto, el Consistorio tratará de convertir la plaza Mayor en el “epicentro” de la actividad social, cultural y económica de Palma, mediante la aportación de soluciones “efectivas, de gran operatividad y funcionalidad”.

Carme Vidal, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Plaza Mayor, no duda en afirmar que el barrio “está contento” con la iniciativa municipal al recordar que la zona “lleva abandonada muchos años”, una situación que califica de “lamentable” tratándose del “centro neurálgico de Palma”, teniendo en cuenta sobre todo que la ciudad aspira a proyectarse como capital cultural. Vidal participó en el jurado del concurso de ideas en representación de los vecinos y asegura que, pese a que había propuestas “muy buenas”, hubo un consenso “claro” en torno a la iniciativa ganadora. Uno de los aspectos que más valora es la resolución de los accesos y la conexión entre la parte alta y la parte baja de la ciudad, una reivindicación histórica del vecindario. “Yo creo que Palma es la única ciudad europea que tiene una muy deficiente comunicación entre la ciudad alta y la ciudad baja”, sostiene, comparando la situación con ciudades italianas o con Lisboa, donde existen rampas y ascensores que salvan los desniveles.

Vidal recuerda que las escaleras mecánicas llevan años sin funcionar y que el aparcamiento presenta barreras arquitectónicas que obligan a subir “el equivalente a dos pisos andando”, algo que considera inaceptable en pleno siglo XXI. En ese sentido, cree que el proyecto “resuelve muy bien el ascenso” al incorporar rampas y ascensores que permitirían acceder sin obstáculos desde la Rambla o es Born. No obstante, admite que el plan es “muy ambicioso, muy atrevido, innovador” y que genera inquietudes entre algunos residentes. Hay vecinos que temen el impacto estructural de la gran apertura prevista en la plaza, dado que bajo el pavimento se encuentran las vigas del aparcamiento, y otros que opinan que bastaría con “una lavada de cara muy a fondo” en lugar de una intervención de tal envergadura. Carme asume que las obras serán largas y molestas, pero insiste en que “lo que se ha de mirar es el bien de la ciudad” y que resulta “increíble” que el deterioro se haya prolongado tantos años.

Hay vecinos que temen el impacto estructural de la gran apertura prevista en la plaza, dado que bajo el pavimento se encuentran las vigas del aparcamiento, y otros que opinan que bastaría con “una lavada de cara muy a fondo” en lugar de una intervención de tal envergadura

Historiadora del arte de formación, también contextualiza la plaza en una tradición urbanística más amplia. Recuerda que la Plaza Mayor es fruto de la desamortización y que para construirla se destruyó la trama medieval, incluida la calle donde nació Ramon Llull, y señala que, con apenas 3.000 metros cuadrados, es “la más pequeña” si se compara con otras plazas mayores españolas. Para ella, el debate actual no puede desligarse de esa historia: la plaza ha sido siempre un espacio forzado por decisiones políticas y urbanísticas y ahora vuelve a situarse en el centro de una discusión sobre cómo debe relacionarse Palma con su pasado y con su futuro.

Déficits estructurales

Mientras tanto, la arquitecta Cristina Llorente, directora de Arquitectives y miembro del colectivo Palma XXI, integrado por historiadores, geógrafos, arquitectos y urbanistas, recuerda que en 2020 su equipo coordinó el proceso participativo impulsado por el anterior equipo de gobierno con el objetivo de definir los usos futuros de las galerías y el papel de la Plaza Mayor en la ciudad. En declaraciones a este periódico, recuerda que aquel proceso recogió demandas que durante años habían efectuado asociaciones vecinales y entidades sociales: abrir las galerías al exterior, introducir usos culturales y sociales, mejorar la conexión con el entorno y, sobre todo, recuperar la Plaza Mayor como lugar de encuentro ciudadano y no únicamente como escenario orientado al turismo. En un contexto de emergencia climática, añade, una gran superficie dura sin sombra ni espacios de estancia tiene poco sentido como espacio de relación contemporáneo.

Llorente subraya que ese trabajo participativo quedó durante años en una fase preliminar y que desconoce hasta qué punto fue incorporado a las bases del concurso de ideas convocado posteriormente. También insiste en que conviene ser prudente al valorar el anteproyecto ganador, dado que se trata de un concurso de ideas y, en su experiencia, entre la propuesta premiada y el proyecto finalmente ejecutado suele haber diferencias sustanciales debido a ajustes normativos, técnicos y presupuestarios.

Con todo, considera que, desde el punto de vista urbano, la apertura de las galerías mediante grandes vacíos y gradas que introduzcan luz y ventilación puede ser una respuesta razonable a uno de los principales problemas actuales: el carácter oscuro y poco amable del espacio subterráneo. Sin embargo, advierte de que esta operación también transforma la imagen tradicional de “plaza mayor” como gran explanada porticada y recuerda que el modelo histórico -heredero de procesos de desamortización y, en el caso de Palma, construido sobre el antiguo convento de Sant Felip Neri y las dependencias de la Inquisición- presenta hoy graves déficits funcionales.

En relación con el impacto social, Llorente enmarca el debate en la tensión clásica entre mejora urbana y gentrificación. A su juicio, dejar que los espacios se degraden para evitar la revalorización no es una solución, pero tampoco lo es intervenir sin acompañar la reforma con políticas públicas que amortigüen los efectos del mercado. Señala que existen herramientas -como la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda para limitar precios, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto o la compra pública de locales para destinarlos a comercio de proximidad- que pueden modular la velocidad y agresividad de los procesos de sustitución social.

Más allá del caso concreto de la Plaza Mayor, la arquitecta cuestiona la proliferación de grandes proyectos urbanos desligados de una estrategia global de ciudad. Considera que Palma arrastra problemas estructurales, especialmente en el Ensanche, que no están siendo abordados, y defiende una combinación de intervenciones estratégicas con actuaciones de “acupuntura urbana” más pequeñas y continuas. En ese sentido, advierte del riesgo de que concursos ambiciosos se conviertan en anuncios de gran impacto mediático pero difícil ejecución si no cuentan con respaldo presupuestario suficiente.

Con todo, Llorente reconoce aciertos en la propuesta ganadora, especialmente en la reformulación de la fachada hacia la Rambla y en la intención de introducir luz y actividad en las galerías, un potencial hasta ahora desaprovechado. Su conclusión es matizada: la intervención puede corregir déficits evidentes del espacio actual, pero su alcance real dependerá tanto de cómo se materialice técnicamente como de las políticas urbanas y sociales que la acompañen.

Otro de los colectivos que se ha pronunciado sobre el anteproyecto ganador es la Associació d’Amics del Ferrocarril. Su presidente, Miquel Àngel Riera, expresa su “apoyo” a la propuesta, pero considera que la reforma no puede limitarse a la superficie, sino que debe incorporar los vestigios históricos que atraviesan el subsuelo de la plaza, como el túnel del ferrocarril, testigo de casi un siglo de movilidad, guerra y sucesivas transformaciones urbanas. A día de hoy, sostiene la entidad, esta infraestructura “sería perfectamente accesible y visitable” desde la salida del puerto, bajo las murallas, hasta los aparcamientos de la Plaza Mayor, así como en el tramo que conecta con el Mercat del Olivar.

También ARCA, la principal entidad de defensa del patrimonio en Baleares, valora positivamente varios aspectos de la propuesta, como la creación de nuevos espacios de estancia en distintos niveles, la entrada de luz natural en la planta subterránea -donde se ubicará el centro de interpretación- y la mejora de la accesibilidad peatonal desde la Rambla. Sin embargo, advierte de que el proyecto, tal como ha sido presentado, ignora elementos patrimoniales existentes que considera esenciales. Entre ellos menciona el túnel ferroviario y las históricas casetas de la Costa des Teatre, con más de un siglo de antigüedad, cuya conservación e integración figuraban en las bases del concurso.

La entidad reclama que ambos elementos se incorporen “sí o sí” al proyecto definitivo y alerta, además, de que la conexión prevista con la Rambla no debería implicar la pérdida de ningún fragmento de este paseo histórico, algo que, según su interpretación de los planos, podría producirse. ARCA confía en que el Ayuntamiento atienda estas peticiones, que considera un valor añadido para la intervención, y señala que las palabras del alcalde durante la presentación, en las que garantizó la conservación de los elementos patrimoniales, contribuyen a generar cierta tranquilidad.

El Ayuntamiento de Barcelona y el partido Barcelona en Comú han acordado este viernes destinar 400 millones de euros para rehabilitar 4.000 viviendas en los barrios del Besòs. El pacto contempla pedir a la Generalitat la creación de una entidad pública específica que permita agilizar la ejecución del plan y acelerar la regeneración de esta zona de la ciudad. La previsión es que el nuevo instrumento esté en marcha antes de que acabe el año y que tenga una vigencia de 12 años.

La presidenta de BComú, Gemma Tarafa, ha calificado de “fundamental” la creación de esta empresa mixta para que la rehabilitación pueda llevarse a cabo de forma efectiva. También ha afirmado que los vecinos “ya no pueden esperar más” y ha recordado que este entendimiento nace en el marco de la negociación de las ordenanzas fiscales con los socialistas. Ha definido el pacto como un “buen acuerdo”, porque “va más allá” de lo que proyectaron durante su mandato. En ese periodo, según ha precisado, ya se realizó una prueba piloto para abordar 204 viviendas.

En la misma línea, la primera teniente de alcaldía del Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet ha reconocido el trabajo impulsado en el anterior mandato y ha detallado que actualmente “se han preparado tanto los instrumentos urbanísticos como los proyectos ejecutivos para poder actuar sobre 693 viviendas más”.

Bonet ha indicado que la participación del ejecutivo catalán “implica corresponsabilidad” en la “regeneración” de esta área de la ciudad. La teniente de alcaldía ha definido el distrito Besòs-Maresme como una zona “con realidades muy complejas” y un “gran número” de viviendas con problemas. No obstante, ha señalado que la iniciativa no se limitará a la “rehabilitación”, sino que también pretende contribuir a la “transformación social y económica” del distrito.

Bonet ha explicado que la creación de esta empresa con el Govern “permitirá liberar” recursos propios del consistorio, como en el caso del Instituto Municipal de Urbanismo (IMU). De este modo, “gracias a la creación de esta herramienta específica en el Besòs-Maresme, se permitirá actuar con más recursos y mayor capacidad de impacto en otros barrios como Trinitat Vella”, ha apuntado.

Muchos vecinos de Chamberí y de otros distritos cercanos, como Tetuán, lo tienen claro. La ola de calor se pasa con las persianas bajadas hasta que la atmósfera da tregua. Luego, se acercan al parque del Tercer Depósito de Canal en busca de sombra y agua.

Desde media tarde, niños pequeños, en bañador y con el culete al aire, levantan los brazos jubilosos cuando vuelven a surtir del suelo los chorros de agua intermitentes. Padres y madres les dan indicaciones, recogen sus chanclas abandonadas y se acercan a ellos para, venciendo el pudor, mojarse también en los juegos de agua, que funcionan en el lado oeste del parque durante los meses de verano.

La otra zona de frescor se encuentra en la gran lámina de agua de unos cien metros de longitud –diríase que es una piscina con surtidores–. A partir de las ocho de la tarde algunas sombras van moteando sus lados y van apareciendo en ellos los vecinos. Los primeros, a cobijo de una caseta de la infraestructura eléctrica sobre cuya sombra proyectada se sientan los pioneros del fresquito cada tarde.

A medida que el sol afloja, el contorno del laguito se llena de gente de todas las edades. En uno de sus lados, con suelo granítico y bancos, está la gente de más edad. En el otro, solado en madera, la gente más joven, que se sienta –o se tumba– a menudo con toallas de playa. Hay gente sola, en pareja, con amigos o familia. Muchas personas pasean alrededor del agua, beben mate, latitas de cerveza o agua; está el vecino lector –según falte la luz se arrimará a una farola–, el que hace yoga con el fluir del agua de fondo y el que se entretiene mirando la pantalla del móvil.

Cada rato, la coreografía programada de los surtidores irrumpe con agua vaporizada que, si se mueve una brizna de viento, refresca a la concurrencia y saca risotadas en los niños. A las 21.59 las fuentes dejan de funcionar, pero la gente sigue sentada alrededor del agua, disfrutando del olor a agua tratada que, a falta de una piscina de verdad, recuerda los aromas de veranos pasados.

El parque del Tercer Depósito del Canal de Isabel II está construido sobre un depósito de agua y fue inaugurado en 2007 (uniéndose a la parte que ya existía del parque de Santander). Pero su historia actual comenzó, en realidad, mucho después y fue urdida con hilos vecinales.

Durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid –titular de los terrenos de Canal– se había hecho el anuncio de la apertura de los espacios de la empresa a la ciudadanía para hacer en Chamberí “un segundo Retiro”. El plan siguió adelante, pero los vecinos se encontraron con unas extrañas estructuras en las obras. Corría el año 2006 y Esperanza Aguirre, entonces al mando de la CAM, había decidido convertir gran parte del parque en un campo de prácticas de golf.

Un grupo de vecinos y vecinas de Chamberí comenzó entones a movilizarse, formando la semilla de lo que sería Parque sí en Chamberí, la plataforma vecinal que acabaría por tumbar el campo de práctica de golf ya construido. Fueron 15 años de lucha contra la administración en la calle y en los tribunales, que quedaron registrados para la posteridad en el documental De interés general, dirigido por Miguel Ángel Sánchez. El recorrido fue largo y sinuoso –está contado en este artículo por algunas de sus protagonistas– y terminó en 2016 con una sentencia que cerraba el camino urbanístico al despropósito del parque.

Pero, ¿terminó? En realidad, no. El Canal de Isabel II empezó en 2017 una relación de diálogo con la plataforma que perdura hasta hoy. Fueron dos años de conversaciones que incidieron decisivamente en el diseño final del parque. Mercedes Arce, participante de Parque sí y agente activo en aquellas negociaciones lo cuenta así: “Nosotros dividimos el trabajo como en siete áreas, las estudiamos y fuimos viéndolas una por una. Como no había muchas zonas grandes de juego libre, lo más importante para nosotros fueron los 5.000 metros abiertos, no hay ningún sitio en Chamberí donde un chico pueda dar una carrera larga. Otra cosa por la que luchamos muchísimo fue la conectividad, en el parque ese tenías que dar toda la vuelta. Y entonces pedimos el eje de norte-sur, eso nos costó muchísimo, pero al final se consiguió y también uno de este a oeste. Y las zonas infantiles que fueran accesibles”, enumera la activista vecinal.

E insiste en el capítulo de las fuentes: “Pero el agua también fue una de nuestras grandes reivindicaciones”, advierte, y remite a una lucha más amplia que ha tenido su último capítulo en la reivindicación porque la Fuente de la Fama volviera a tener agua y fuera abierta al público, algo que ha sucedido recientemente. “Hicimos un meme con la fuente tras la verja y la etiqueta #FREELOZOYA”, cuenta divertida Mercedes.

El parque actual se inauguró el 21 de mayo de 2023. Era domingo y fue estrenado por cientos de vecinos que acudieron, no solo a disfrutar de los 55.000 metros cuadrados de parque, sino a reivindicar, con micro y pancartas, lo que unos vecinos empecinados en la causa del espacio público pueden conseguir. De aquellas, los chorros aún no habían empezado a funcionar y los más pequeños empezaron a meterse en las piscinas, posibilidad que fue rápidamente cortada de raíz y de la que dan noticia numerosos carteles alrededor de los vasos de las fuentes.

A pesar de todo, es muy frecuente ver estos días gente metiendo los pies en la lámina de agua. Primero, se anima una persona y a continuación son varias las que se han descalzado y tienen sus pies al fresco. Si pasa uno de los guardias del recinto montado sobre las dos grandes ruedas de su patinete eléctrico, se acerca amablemente a indicar que está prohibido hacerlo. “Yo creo que lo que teníamos que hacer todos es meternos y si lo prohíben, pues que nos lo prohíban a 100 o a 200 personas, porque poner eso ahí y que no te dejan entrar…” dice Arce.

Lo que le falta para ser un refugio climático

No es necesaria una medición térmica para percibir el cambio de temperatura en el interior del parque respecto de las calles circundantes, que, como Bravo Murillo o Cea Bermúdez, son vías de alta ocupación recalentadas por el tráfico. Sin embargo, solamente la parte del viejo parque Santander, al norte del recinto, cuenta con pinos frondosos que permiten pasar el día en verano en las horas centrales del día.

“Ahí estos nos han metido el gol de que han plantado unos árboles que tienen, pues nada, dos años o tres, ¿no?”, explica Mercedes Arce. Al poco porte de los árboles, se une el crecimiento lento de la cubierta vegetal que ha de cubrir los paseos peatonales de los ejes, que en algunas partes ni siquiera existe.

A la espera de que el tiempo haga crecer los arbolitos y densifique las enredaderas sobre los paseos (se antoja un tiempo largo) los vecinos empezaron a pedir a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II que se instalaran toldos antes de la llegada del verano en la gran explanada del parque, en las zonas infantiles y en el eje central que recorre el parque de norte a sur. Para hacer patente la necesidad, pidieron a los vecinos que acudieran el pasado 27 de mayo al parque ataviados con sombrillas y paraguas.

Viendo la carencia de espacios verdes en el entorno, uno se pregunta dónde iban las tardes tórridas todos los vecinos que, cualquier día, pueblan de meriendas y partidas de cartas las mesas del parque; hacen tai-chi, yoga o calistenia. Por dónde paseaban los perros, los abuelos y los ligues adolescentes. Buscarían, sin duda, sus espacios a la sombra… pero lo harían sin el fresquito gustoso del agua corriendo junto a uno.

En el entorno de la calle de Santa Isabel, en el barrio madrileño de Lavapíes, seis vías están a punto de convertirse en plataformas únicas con pavimento renovado. Con idea de mejorar su accesibilidad para peatones y facilitar el drenaje o el saneamiento del suelo, las obras municipales para reformar varias calzadas de la zona comienzan a dar sus primeros pasos.

Los trabajos, que se iniciaron el pasado 28 de julio, afectarán a las calles Torrecilla del Leal, Rosa, Olmo (entre Ave María y Santa Isabel), Tres Peces, Esperanza y Escuadra. El concejal-presidente del distrito Centro al que pertenece Lavapiés, Carlos Segura, ha visitado este miércoles el desarrollo de las obras, que tienen previsto acabar a finales de año, a lo largo del mes de diciembre.

En total se han invertido 630.147 euros de las arcas públicas para la segunda etapa de un proyecto de mejora de las vías que comenzó en 2022 y ya mejoró otras calles colindantes entre Santa Isabel y Atocha. Las obras buscan transformar estas vías en plataformas únicas sin desniveles entre aceras y calzadas, con la mejora de la accesibilidad y comodidad para los peatones.

Asimismo, prevén renovarse los pavimentos deteriorados o arreglar con la plataforma única algunos problemas de drenaje propios de zonas con fuertes desniveles. Además, se incorporará vegetación separadora en tres calles (Tres Peces, Esperanza y Escuadra) que ya disponen de boca de riego para su viabilidad, lo que permitirá acelerar estos trabajos y minimizar su impacto.

Aquí se incluye la plantación de 18 árboles de la especie Prunus cerasifera pissardii (Pruno, una variedad de ciruelo). Con esta actuación, el Ayuntamiento de Madrid asegura estar ofreciendo un “compromiso de mejora del espacio público y la calidad de vida en los barrios del centro histórico”.

L'aeroport de Palma està registrant aquest dijous retards en els vols, tant en sortides com en arribades, a causa del mal temps i a la previsió de pluges i tempestes en Balears.

Segons ha informat Enaire en les seves xarxes socials, els avisos per meteorologia adversa en l'est peninsular i l'arxipèlag han obligat a aplicar regulacions en l'aeroport de Son Sant Joan per motius de seguretat.

Aquestes mesures han generat demores generalitzades que, segons Aena, van començar al matí i s'han mantingut durant la tarda, amb la previsió que continuïn al llarg del dia. De moment, no s'han produït cancel·lacions ni desviaments de vols.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté activat l'avís taronja a les Pitiüses i el groc a Mallorca i Menorca per pluges, tempestes i fenòmens costaners adversos.

El aeropuerto de Palma está registrando este jueves retrasos en los vuelos, tanto en salidas como en llegadas, debido al mal tiempo y a la previsión de lluvias y tormentas en Balears.

Según ha informado Enaire en sus redes sociales, los avisos por meteorología adversa en el este peninsular y el archipiélago han obligado a aplicar regulaciones en el aeropuerto de Son Sant Joan por motivos de seguridad.

Estas medidas han generado demoras generalizadas que, según Aena, comenzaron por la mañana y se han mantenido durante la tarde, con la previsión de que continúen a lo largo del día. Por el momento, no se han producido cancelaciones ni desvíos de vuelos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja en las Pitiusas y el amarillo en Mallorca y Menorca por lluvias, tormentas y fenómenos costeros adversos.

Jueces y fiscales protagonizan a partir de este martes la sexta huelga de la democracia con tres días consecutivos de paros. La convocatoria parte de todas las asociaciones —menos las dos progresistas—, que ven una amenaza a los “principios básicos del Estado de Derecho” en los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía. Los convocantes piden una retirada total de esos proyectos, que también incluyen medidas como el blindaje por ley de becas para opositores.

En diferentes comunicados hechos públicos en los últimos días, las asociaciones han esgrimido sus argumentos para unas jornadas de paro a las que precedió una concentración ante el Tribunal Supremo el pasado sábado a la que decenas de jueces y fiscales acudieron con las togas que tienen la obligación de vestir en los actos procesales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “infundados” los motivos de la protesta y ha defendido que “ni una sola línea de las reformas de la Justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho”.

El plan para hacer fijos a mil jueces interinos

En el centro de la polémica está el plan para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Ningún juez sustituto logrará una plaza directamente.

Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional” y aseguran que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea. En paralelo, el Gobierno ha asegurado que convocará 1.440 plazas del turno libre en los próximos tres años.

Este plan es criticado también por la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que no secunda la huelga. Según esta asociación se deberían exigir al menos diez años de experiencia profesional —tal y como se contempla para la entrada por el llamado cuarto turno que existe desde 1985— y el proceso debería limitarse únicamente a quienes han desempeñado tareas de jueces sustitutos.

La reforma del Estatuto fiscal

El otro gran proyecto que los convocantes piden retirar es la nueva redacción del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ya estaba prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que incluye una transferencia de funciones de jueces a fiscales y que pasarán a dirigir las investigaciones y a decidir los pasos a dar para esclarecer los delitos. La reforma establece que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. También reduce las funciones del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus compañeros, entre otras medidas.

Las asociaciones creen que la reforma del Estatuto de la Fiscalía supone “un grave retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sostienen que se da incluso pasos atrás, al “incrementar injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.

También han criticado que se proponga precisamente ahora, en un momento convulso en el Ministerio Público, con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo tras la querella que presentó la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero esta reforma no entrará en vigor hasta el año 2028 y, en consecuencia, no afectará a García Ortiz, que deberá dejar su cargo, como tarde, en julio de 2027.

La “excelencia” en el acceso a la carrera

Uno de los pilares del proyecto de Justicia es una reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. La nueva regulación suprime una de las dos pruebas orales e introduce una prueba escrita y anonimizada que consistirá en un caso práctico, tal y como ocurre en otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado.

Según los convocantes, el cambio supone “rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial” e “introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos.

El centro público de preparación de opositores

La reforma también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado, en el que siguen existiendo pagos en B. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

Los convocantes cuestionan que se pretende crear “un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”. En el Gobierno insisten en que la voluntad es que el CEJ se convierta en un lugar asequible y con presencia en todo el territorio para preparar las oposiciones. Pero ni será obligatorio prepararlas allí ni se intervendrá en los contenidos de la preparación de cada preparador que preste allí sus servicios. Tampoco se hará ninguna selección para crear un cuerpo de preparadores.

Los cambios en el órgano que vela por la ética de los jueces

Los convocantes cuestionan la politización de la Comisión de Ética Judicial, un órgano independiente del CGPJ cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. En la actualidad está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. Este órgano avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía.

El proyecto amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

Coto a las subvenciones de las asociaciones

La reforma también prohíbe todo tipo de patrocinio o subvención privada para las asociaciones profesionales judiciales, que ya reciben dinero público para su mantenimiento. El Gobierno argumenta que ese dinero privado puede comprometer su apariencia de imparcialidad. La mayoría de las asociaciones mantienen convenios con el Banco Santander, de quien aseguran recibir importes “muy pequeños” dedicados a formación.

Las asociaciones rebaten que “no se refuerza la independencia limitando las fuentes de financiación, sin contemplar incremento de las permitidas” y afirman que el incremento de cuotas de asociados desincentiva la asociación de un colectivo que tiene prohibido por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación.

El Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, aprobó este viernes un informe crítico con la reforma del Estatuto de la Fiscalía promovida por el Gobierno. La mayoría conservadora del órgano impuso su criterio y dio su respaldo a un texto que hace una valoración crítica de la iniciativa que, entre otras medidas, establece que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno, que es el encargado de su elección, informan fuentes fiscales a elDiario.es.

Los seis representantes de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —que tienen mayoría en el órgano— lograron imponer sus tesis en el dictamen finalmente aprobado. Los representantes de estas asociaciones entienden que el anteproyecto concede unos “poderes exorbitantes” al fiscal general del Estado sin diseñar los contrapesos necesarios en el seno de la institución, informa Europa Press. Los dos representantes de la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han anunciado que formularán votos particulares al discrepar de la posición de la mayoría.

Las asociaciones de tendencia conservadora que impusieron su mayoría están entre las convocantes del paro previsto para el próximo miércoles contra esta reforma y la que modifica el acceso a la carrera. La AF, mayoritaria en la carrera, cuestiona que la reforma suponga “concentración de poder” en la figura del fiscal general que el Gobierno defiende precisamente como una vía para blindar su independencia respecto al Poder Ejecutivo. También afirma que “se impone un modelo jerárquico extremo, sin contrapesos, contrario a los estándares del Consejo de Europa”.

La reforma también regula la relación del fiscal general con el Ejecutivo y prohíbe expresamente que el Gobierno central o los de las comunidades autónomas soliciten que el Ministerio Fiscal promueva cualquier tipo de actuación en procedimientos concretos. La nueva norma fija un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la citada ley y que van desde estar casado con alguna de las partes o haber ocupado un puesto en el que haya tenido “conocimiento del objeto del litigio” y se haya podido formar una opinión “en detrimento de la debida imparcialidad”.

Amparo al fiscal José Grinda

El órgano también acordó por unanimidad conceder el amparo solicitado por el fiscal anticorrupción José Grinda tras el audio de la exconcejal socialista Leire Díez que revela que él era una de las personas sobre las que ella buscaba información para usarla en su contra. Grinda es un veterano de la Fiscalía Anticorrupción que ejerce la acusación en el 'caso del 3%' de Convergència.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado el texto del nuevo Estatuto de Autonomía con los votos a favor del PSOE y PP, como era previsible. Vox ha mostrado su rechazo y ha tachado a los diputados 'populares' de ser “el flotador” del PSOE. 

Tras una sesión plenaria que ha durado casi tres horas y que ha cerrado el presidente regional, Emiliano García-Page, se ha dado luz verde al nuevo texto legislativo de forma provisional, ya que deberá ratificarse en las Cortes Generales.

Esta es la quinta reforma significativa del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha tras las de 1991, 1994, 1997 y 2014, hubo dos más pero no de gran calado, desde su aprobación en agosto de 1982 con afán de modernización y cambios para avanzar en autonomía. Algunos, como el número diputados, el obligado control al gobierno o la introducción de decretos-ely, requerirán de otros cambios normativos posteriores.

Ana Isabel Abengózar ha sido la encargada de exponer el dictamen que emitió la Comisión de Asuntos Generales al respecto. La diputada socialista ha resaltado que es un texto en el que la comunidad autónoma “hemos aprendido a reconocernos, sin complejos”. En declaraciones previas al debate, Emiliano García-Page había señalado que “la mayoría de la ciudadanía” se siente identificada con el texto y ha insistido en que con esta nueva Carta Magna regional se van a blindar “por completo” los servicios públicos, la sanidad y las prestaciones sociales. 

“Realmente hoy va a quedar más reforzado el Estado del Bienestar que es una gran conquista por la que algunos literalmente nos metimos en política”, ha apuntado Page. “Renovamos un compromiso con la Comunidad Autónoma, con el Estatuto de Autonomía. Esta es una región limpia y clara y, además, enormemente coherente con el encargo constitucional del 78 a lo que tiene que ser una Comunidad Autónoma”. Unos argumentos en los que abundaba después durante su intervención, confiando en que el texto pase el filtro del congreso porque “no va contra nadie”.

Además, ha deseado que en España “se pudiera alcanzar el nivel de estabilidad, de crecimiento e incluso de consenso que hay en Castilla-La Mancha”, valorando que el texto de este jueves “podría haber salido solo con los votos del Partido Socialista y siempre tuve claro que no saldría si no era con acuerdo, al menos, del principal partido de la oposición”.

Vox rechaza el texto: “El PP es el flotador del PSOE”

David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox ha cargado contra la reforma estatutaria que no comparte. “Solo es importante este día para ustedes, los políticos del PP y del PSOE. Son lo mismo, representan un bipartidismo perfectamente compenetrado. ¿Por qué no se unen? Estarían tan a gustito”, les ha espetado.

Ha sido especialmente crítico con el Partido Popular. “Les pregunto señores del PP si hay algo de amor propio entre sus filas”, les ha reprochado. “¿Por qué siguen pactando con el PSOE? ¿Les queda algo de sangre en las venas?”, preguntaba a la bancada 'popular'.

En su postura sostiene que la reforma estatutaria es un mero “reparto de sillones”. “No pueden presumir de nada positivo en el documento del nuevo Estatuto, ni para las familias ni para la sociedad civil”, decía Moreno.

“No nos gusta esta reforma. No es el momento”, decía para asegurar que “el PP es el flotador de las políticas del PSOE”. Se ha centrado en criticar el aumento del número de diputados, la horquilla se amplía hasta un máximo de 55, aunque esta cuestión no entraría en vigor en esta legislatura y el número concreto no está pactado ni plasmado todavía en la ley electoral regional.

“Permitirá crear una Agencia Tributaria al estilo catalán”, critica Vox, aunque en realidad este tipo de departamento ya existe en otras muchas comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, Andalucía, Murcia o la Comunitat Valenciana.

“Ustedes han pretendido que este Estatuto de Autonomía fuera un panfleto ideológico lleno de odio, como es su partido, Vox. Esta es la norma fundamental de Castilla-La Mancha y tiene altura de miras. Pero si ustedes no creen en las regiones… Ya partimos de ahí”, le reprochaba Abengózar al diputado ultra. 

“Ni respetan la constitución ni las leyes ni creen en el sistema democrático. Solo pretenden desmantelar desde dentro los derechos de las mujeres y la igualdad, el estado de las autonomías, la cohesión territorial… En definitiva, la democracia”.

En su opinión Vox establece “categorías de ciudadanos”, pero, añadía, “estamos en un Estado de Derecho y eso se les ha olvidado. Sus principios huelen a una época negra donde los derechos eran solo para unos pocos”.

“Ustedes han pretendido que este Estatuto de Autonomía fuera un panfleto ideológico lleno de odio, como es su partido, Vox. Esta es la norma fundamental de Castilla-La Mancha y tiene altura de miras. Pero si ustedes no creen en las regiones

Ana Isabel Abengózar — Portavoz del Grupo Parlamentario PSOE

Las Cortes regionales han rechazado las 35 enmiendas al texto planteadas por Vox. “Nuestro 'No está avalado y basado en que hoy vivimos en democracia. No queremos sus enmiendas porque son un claro retroceso y un desprecio a nuestra a autonomía”.

Núñez (PP): “El Estatuto tiene los mismos años que yo y necesitaba modernizarse”

Por el PP ha sido el propio presidente regional Paco Núñez el que ha defendido la fijación de posición de su grupo parlamentario. “El Estatuto tiene los mismos años que yo. Necesitaba modernización. Es un Estatuto para un nuevo tiempo de cambio en Castilla-La Mancha”, que ha dicho que él mismo protagonizará. Se ve como presidente regional en la próxima legislatura.

Ha destacado “la mayoría aplastante” que ha aprobado la 'Carta Magna' castellanomanchega y ha explicado por qué el PP vota a favor: “Hoy renovamos nuestro compromiso con la etapa constitucional y la España de las autonomías”. Tras das las gracias a quienes han elaborado el texto, citando expresamente al vicepresidente primero José Luis Martínez Guijarro, y a la sociedad civil, ha lamentado la falta de unanimidad.

En este punto se refería a Vox, sin citarle. “Su visión de la realidad comienza negando la mayor. No reconoce el Estado de las Autonomías y no reconoce la autonomía de Castilla-La Mancha. Lo respeto pero no lo apoyo. Yo sí creo en autogobierno”, ha afirmado.

El Estatuto es “un acuerdo marco general” que, ha dicho, “ha de ser desarrollado” desde el punto de vista de la gestión y atisba “discrepancias” en el futuro. Las habrá, insistía “¿Cómo no voy a estar satisfecho si es elemento clave sobre el que voy a poder sustanciar el desarrollo de esta tierra cuando sea el presidente?”.

¿Cómo no voy a estar satisfecho si es elemento clave sobre el que voy a poder sustanciar el desarrollo de esta tierra cuando sea el presidente?

Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

“Castilla-La Mancha somos todos, aquí no sobra nadie”, incidía en un mensaje que también había expresado la portavoz socialista. Del nuevo texto Núñez ha dicho que otorga mucha relevancia al “diálogo”, que habla de participación, igualdad o de libertad y blinda derechos de las personas. “Aleja cualquier comportamiento sectario sobre la violencia de género”, decía.

También se habla de agua en el texto, remarcaba. “Me siento mucho más castellanomanchego que afiliado al PP. Antepondré siempre los intereses de mis paisanos”. El Estatuto, insistía, “habla del derecho al uso de agua con carácter preferente. Lo firmamos en el Pacto regional por el agua”.

También ha resaltado que se recoge la idea de la financiación de la comunidad autónoma “desde la multilateralidad” para que “nadie quiera comer aparte y más”, decía. “Hay un territorio de 919 municipios que tienen que prestar servicios básicas. Necesitamos financiación y el Estatuto lo reconoce”.

De forma expresa se ha referido al Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha que deberá ser reformado tras la aprobación del nuevo Estatuto. “Les va a hacer falta en la próxima legislatura”, decía Núñez dirigiéndose a los socialistas.

Núñez se ha detenido también en el aspecto más polémico en el proceso de negociación. “Tengo una mala noticia para el presidente de Castilla-La Mancha y para Vox: ”No habrá más diputados en las Elecciones de mayo de 2027. Votaremos 33. El PP se ha negado a que haya un aumento“.

“Hoy no votamos una nueva Ley Electoral, sino que la modificación en el futuro deberá hacerse por tres quintos de la Cámara. Nadie podrá hacerlo con su mayoría absoluta. Deberá buscar el acuerdo”.

Después ha dejado otro mensaje, sobre la eliminación de los aforamientos que recoge el nuevo Estatuto de Autonomía. “No sé si cuando la norma vaya al Congreso, los diputados del PSOE de Extremadura van a estar de acuerdo”.

Page, Núñez y Abengózar defenderán el texto ante el Congreso

La reforma de la ley deberá ser aprobada también en las Cortes Generales de España. El grupo parlamentario del PP ya ha anunciado que apoyará la reforma.

El Parlamento castellanomanchego ha aprobado hoy que la defensa del texto legislativo ante el Congreso de los Diputados correrá a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente del PP en la región, Paco Núñez; y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar. Vox se ha abstenido en la propuesta de estos nombres.

Miguel Pasquau (Úbeda, 1959) afirma que es un juez “por casualidad”. Se incorporó a la carrera de forma tardía, a los 40 años, después de una trayectoria como profesor universitario y tras recibir una oferta para ocupar una plaza de magistrado por el llamado turno autonómico. Dice de sí mismo que es un juez progresista —pero “no del todo”, porque no está asociado— aunque reniega de esa clasificación meramente ideológica de los jueces, que califica de “simplificadora”. 

Durante la entrevista, el juez afirma que la ley de amnistía “ha convertido a algunos jueces en militantes”, reconoce que hay colegas que “adoptan la forma que menos molesta al poder” y admite que le incomodó ver a jueces con toga manifestándose contra el acuerdo entre PSOE y Junts. Además de miembro de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Pasquau es catedrático de Derecho Civil, novelista y colaborador en medios. Acaba de publicar el libro El oficio de decidir (Debate, 2025), en el que desgrana las entrañas de su trabajo diario y entra de lleno en algunos debates que forman parte de la actualidad, como las recientes reformas judiciales. Pasquau atendió a elDiario.es por teléfono desde Granada.

Un juez puede fisgar un teléfono móvil, escuchar conversaciones, mandar a alguien a la cárcel, separar a un hijo de sus padres… Usted dice que eso es tener encima “toda la fuerza del Estado”. ¿Cómo se lleva?

Efectivamente, eso es lo que significa que el juez sea un poder del Estado. Cuando un juez firma una sentencia es el Estado el que está corroborando esa decisión y todos los recursos se ponen a disposición de su ejecución. Eso se vive necesaria e imprescindiblemente con una sensación de mucha responsabilidad porque estás comprometiendo a mucha gente y puedes hacer mucho daño si te equivocas. Y como el riesgo de equivocarse forma parte de la vida cotidiana de un juez, eso te genera una buena tensión de querer acertar, no una pesadumbre. 

¿Es difícil dejar de lado los prejuicios o las apariencias? 

Es difícil si no eres consciente de que los tienes. No pensemos solo en los prejuicios o los sesgos ideológicos, que también, sino en cualquier otra forma de inclinación que te hace preferir o desear una solución en vez de otra. Este es uno de los factores más importantes de la consistencia del oficio de decidir. La decisión judicial puede ser más o menos consistente según reúna más fortalezas o sea más ligera. Y para la consistencia, aparte de otras aptitudes como desrutinizar —cuando te enfrentas a un caso nuevo, no puedes arrastrar cosas que ya sabes—, tienes que hacer un esfuerzo por entender bien el conflicto y no simplificarlo. 

Hablemos ahora de las sentencias, que son el “final” de las historias. A los jueces se les exige que sepan derecho. ¿Cree que también se les debería exigir que supieran explicar ese derecho de una manera que pudieran comprenderlo todos los ciudadanos? 

Motivar bien las sentencias es importantísimo, es un deber constitucional. A los jueces se nos permite equivocarnos siempre que no sea a propósito, pero no que seamos ligeros. Se nos exige un esfuerzo por explicar bien por qué hemos tomado la decisión, pero a veces no es posible escribir las sentencias para que las entienda el ciudadano común. El derecho es un lenguaje específico que no coincide con el común. Los abogados hablan derecho y les debemos contestar con derecho. Pero una vez que se ha encontrado la razón jurídica, es importante hacer un esfuerzo por ser lo más claro posible. A veces escondemos un déficit de motivación y de razonamiento con palabrejas, pero yo me conformaría con que los jueces motivasen bien las sentencias desde el punto de vista jurídico. 

En el libro menciona el trabajo de los periodistas y reconoce que a veces ha llegado a estar más pendiente de la repercusión de la noticia que de los hechos en sí. ¿Hay algún antídoto ante eso? 

Cuando vemos que nos estamos inclinando por una decisión que no es la que se espera o que puede resultar controvertida lo más importante es ser capaz de darte cuenta de que estás preocupado por eso, de que estás deseando una solución más que otra. No podemos partir de que somos imparciales, tenemos que partir de que tenemos o podemos tener inclinaciones de todo tipo porque es la única manera de neutralizarlas. He tenido la experiencia de desear una solución, pero si lo digo es porque me he dado cuenta, porque he procurado neutralizarla. No tengo la experiencia de haber decidido lo que se estaba esperando, pero sí confieso que cuando hemos llegado a esa solución que entendemos que va a ser mal recibida hacemos un esfuerzo por explicar. Hay una parte de la motivación que va dirigida a los periodistas. 

Usted reniega de la clasificación común que distingue a los jueces entre conservadores y progresistas. ¿Por qué? 

Es una clasificación que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que es muy simplificadora: dentro de los jueces conservadores hay ideologías muy distintas y dentro de los progresistas, también. Pero, sobre todo, es una distinción que tapa otras muchas que serían tremendamente interesantes. A mí me importan más de un juez otro tipo de distinciones, como si es expeditivo o dubitativo, si es capaz de alargar la duda y no tiene prisa por llegar a una solución, si es rutinario o creativo, si se apoya en una doctrina segura y consolidada o busca si el matiz, si está preocupado por el orden o por los derechos, si es engreído y está a la defensiva con los abogados o procura ser lo más natural posible. Estas distinciones no se corresponden con jueces conservadores o progresistas, pero influyen en la calidad de la decisión más que estas otras distinciones. 

Afirma que los jueces no deben servir a la corte, a quien manda, sino al sistema, que define como los derechos y los deberes. Sin embargo, ¿cree que hay jueces cortesanos?

Esta es otra distinción a la que le doy mucha importancia: el juez cortesano y el juez plebeyo o constitucional. La corte es lo que rodea al poder, ese conjunto de nudos que tienen la aspiración de condicionar la realidad. Hay jueces que, sin saberlo, procuran ser obsequiosos con el poder. Son jueces veleta que adoptan la forma que menos molesta al viento, que sería el poder. Y hay otros que tienen claro que son un poder, pero, en realidad, son un contrapoder. Nadie se cree a sí mismo juez cortesano, pero es importante porque el poder no necesita jueces, más bien son un estorbo. Y los derechos sí los necesitan. Los derechos, sin juez, no son nada. La corte, el poder, sin jueces, lo son todo. 

Sostiene que la ley de amnistía ha convertido a algunos jueces en militantes. Y, aunque sin citarlo, cita el caso de un juez que cuando trascendió el acuerdo entre el PSOE y Junts le dijo “salvo pegar tiros, hago lo que haga falta”. ¿Cómo vivió esos días? 

Yo respecto de una amnistía en sí no tengo reparos, no creo que haya un problema de constitucionalidad. Pero a esta amnistía sí se los pongo porque es ofrecida y exigida a cambio de una investidura, lo que rebaja mucho su valor político, que es la superación de un conflicto. La amnistía tiene que ser libre. Dicho esto, cuando vi una reacción tan explícita frente a esta ley y una especie de discurso de excepcionalidad como si esto fuera una enorme amenaza al Estado de derecho entendí que un ciudadano se hiciera preguntas al ver a jueces con toga manifestándose frente a una iniciativa de su Parlamento. Obviamente, a nivel personal, los jueces podemos criticar una ley, que es el resultado de una voluntad política. Una ley no puede ser ilegal, sí tiene que respetar la Constitución. Pero el garante de que una ley respete la Constitución no somos los jueces, es el Tribunal Constitucional, al que podemos acudir si tenemos dudas. Pero no podemos hacer una campaña, redactar, ofrecer a la prensa y llevar al correo corporativo un borrador de resolución para cuando se presente esta cuestión y que todo el mundo tenga unos argumentos ya preparados. 

¿Le incomodaron las reacciones de algunos de sus compañeros? 

Las manifestaciones con toga me incomodaron, no acudí a ellas. Me parece que dieron una imagen de cierta excepcionalidad que me preocupó un poco. 

Entramos en el terreno del lawfare. ¿Cree que en determinadas esferas judiciales y fiscales hay alineamientos con líneas políticas que se traducen en decisiones sospechosas? 

Sobre el lawfare hay que dar muchas explicaciones para que no parezca que dices lo que no quieres decir. No podemos regañar a nadie porque se pregunte si hay lawfare en España, igual que un Gobierno no puede regañar a nadie porque un ciudadano sospeche que no está atendiendo al bien común, sino a intereses particulares. La actitud de sospecha frente al poder es saludable. Los ciudadanos hacen bien en preguntarse si, a veces, la Justicia está siendo instrumentalizada. 

Yo hablo de considerar la posibilidad de que determinados entornos ideológicos puedan fomentar esa inclinación previa de la que le hablaba al principio. Es decir, que algún juez concreto o algún tribunal concreto, de entrada y sin darse cuenta, tenga la balanza algo inclinada a favor de ciertas posturas. No hablo del juez militante, del juez francotirador, que prevarica. Hablo de una cosa un poco más difícil de detectar, que son esos entornos que, sin darnos cuenta, van favoreciendo determinado tipo de planteamientos. 

¿Por qué cree que a algunos de sus colegas les molesta tanto el mero hecho de que se pueda dudar de su sentido institucional? 

Es una actitud defensiva equivocada. A veces hay críticas injustas que generan desconfianza y dices: habrá que defenderse. Pero ese discurso hostil hacia la crítica basado en el postulado intocable de que los jueces somos independientes y solo estamos sometidos al imperio de la ley no suscita confianza. Lo que suscita confianza es la transparencia. La transparencia enseña debilidades, como que no tenemos tiempo, que nos falta formación, que tenemos sesgos, que tenemos prisa, que tenemos rutinas, que hacemos algunas cosas mal. Eso sí suscitaría más confianza que el portazo de decir 'aquí no metas la nariz, que aquí somos independientes e imparciales y estamos sometidos al imperio de la ley'.

Antes hablaba del juez militante o francotirador. ¿Cree que hay investigaciones que se utilizan para interferir en el escenario político en determinados momentos?

Hay querellas que prolongan el conflicto político por otros medios y por medios judiciales. Hay querellas que no buscan la condena, sino la noticia, ser utilizadas en el ruedo político. En teoría, ahí hay un garante, que es el juez que no deja entrar en el juzgado lo que no tiene sustancia. Pero es que hay muchas cosas que pueden tener sustancia o que no se sabe al principio si la tienen y se empieza a investigar. A partir de ahí, el juez instructor va tomando decisiones que no resultan de una controversia, sino de un diseño suyo. Y ahí influye mucho el mayor énfasis de mayor o menor celo investigador. La instrucción depende mucho de cómo la percibe el juez instructor. 

El Gobierno ha presentado un proyecto de reforma de acceso a la carrera que cuenta con el rechazo de todas las asociaciones judiciales y fiscales salvo las de ámbito progresista. ¿Cree que en el ámbito de la judicatura y la Fiscalía hay un rechazo casi automático a cualquier reforma, a lo que cambia lo de siempre? 

Hay una clara e inequívoca resistencia corporativa a cualquier reforma del sistema de acceso a la carrera judicial. Algunos de los motivos de esa resistencia son lógicos, como una actitud de sospecha frente a intentos del poder político de condicionar la ideología de los jueces. Aunque con estas reformas parece difícil condicionar la ideología de los jueces porque los tribunales que deciden son los mismos que están configurados hasta ahora. 

Dejando al margen algunos aspectos que son obviamente discutibles, como la regularización de los jueces sustitutos y el cuarto turno, las reformas que se plantean del sistema de oposiciones me parecen tímidas. Son medidas que acabarían con el principal vicio de la oposición actual, que es el carácter recitativo. Estimular pruebas escritas y pruebas orales que no consistan simplemente en la recitación, sino que admitan alguna disertación, algún diálogo… ¿Cómo se puede dudar de esto? El juez es un experto en decidir, pues tendremos que valorar quiénes tienen unas mayores capacidades para enfrentarse a un asunto y proponer soluciones

¿Cree que condiciona el perfil de la judicatura un sistema de acceso que expulsa a quienes no pueden o no aceptan aislarse del mundo durante tanto tiempo? ¿Se debería abrir una reflexión sobre eso? 

Ese es uno de los problemas que hay que considerar a la hora de valorar el sistema de acceso: a quiénes expulsa por disuadirles de entrada teniendo un perfil personal, intelectual y de capacidad idóneos. A estas personas se les expulsa no porque sean vagas, sino porque no quieren estudiar de esa manera y dedicar cuatro años y medio a embutir recitativamente un contenido. Prefieren estudiar para estar en condiciones de exponer, de saber derecho y de saber utilizarlo para resolver problemas. Si se aligerara ese tipo de esfuerzo ineficiente estoy seguro de que, en dos años de media, se podría seleccionar estupendamente con criterios de mérito y capacidad y eso haría más atractivo el optar a la carrera judicial a determinados perfiles de graduados en Derecho. 

Más de un millón de euros. Es el presupuesto de las obras de reforma de la Plaza del Castillo de Agoncillo que serán sufragadas en un 85 por ciento por el Gobierno de La Rioja. Las obras que comenzarán el último trimestre de este año consistirán en la renovación del pavimento, las redes de agua y el alumbrado público.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuertes, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han firmado este lunes el convenio de colaboración, un acuerdo por el que el Ejecuivo regional asumirá el 85% por ciento del total (algo más de 870.000 euros) del algo más de millón de euros que costará toda la actuación. Una inversión que contribuirá a “revitalizar una zona que es fundamental para el encuentro y el ocio, y que contribuirá a dinamizar la actividad social y cultural del municipio”, ha subrayado el consejero.

Las obras, que abarcarán una superficie total de 5.231 metros cuadrados, consistirán en la renovación del pavimento, creando una plataforma única sin desniveles significativos que sea adecuada para actividades lúdicas y de ocio. 

También se prevé la ejecución de nuevas infraestructuras, como sistemas de alcantarillado, redes de agua potable, telecomunicaciones y alumbrado público. De igual modo, se plantarán árboles y colocarán pérgolas para crear nuevas zonas de sombra, y se instalarán una fuente lúdica de agua potable y mobiliario urbano.

Por otro lado, se eliminarán infraestructuras obsoletas, como cerramientos, suelos y mobiliario, y se llevará a cabo una reorganización que priorice el uso peatonal y la creación de zonas interactivas para descanso, ocio y paseo. Además, se suprimirán las barreras arquitectónicas, se mejorará el arbolado y se reducirá el tráfico motorizado para establecer un espacio público continuo y accesible.

Esta reforma redundará en la mejora del aprovechamiento del agua, así como en la puesta en valor de la Iglesia parroquial de Santa María y del Castillo de Aguas Mansas, elementos declarados como Bien de Interés Cultural, que se encuentran en el entorno de la plaza. “Seguiremos financiado este tipo de actuaciones que mejoran la calidad de los servicios públicos y de las infraestructuras en el medio rural”, ha señalado Osés, y que se enmarcan dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja con el municipalismo y con la lucha contra la despoblación.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha nombrado a nueve nuevos vocales de la Comisión General de Codificación, el órgano que le asesora en la realización de nuevas leyes o reformas legislativas y realiza dictámenes a petición del Gobierno. La incorporación de estos expertos —siete mujeres y dos hombres— supone que el órgano avance en paridad e incluya por primera vez a una persona trans entre sus miembros. Se trata de la catedrática de la Universidad de Valladolid y activista LGTBI Marina Echevarría Sáenz, que ha participado en la redacción de varias normas autonómicas de identidad de género y en la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Echevarría Sáenz se incorporará a la sección de Derecho Mercantil. 

Tras los nombramientos realizados por el departamento que dirige Félix Bolaños, la Comisión General de Codificación queda integrada por 146 vocales, 69 de los cuales son mujeres (47,2%). Según la última relación de miembros, este órgano estaba formado hasta la actual renovación por 84 hombres y 65 mujeres. Esto es, ellas suponían el 43,6% del total. Desde el pasado agosto, la ley de representación paritaria impone el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en los órganos de decisión de la Administración General del Estado. Era una previsión que este órgano ya cumplía, aunque ahora con una representación más igualitaria. 

Fuentes del Ejecutivo destacan que la Comisión General de Codificación es un órgano que exige una transformación que debe ir paralela a la propia evolución y desarrollo de la sociedad. Y sostienen que por ello es el momento de incorporar perfiles que encajan con los procesos de transformación del contexto político, cultural, de los valores y principios sociales que nos mueven. “Personas que son reflejo de la sociedad moderna, feminista, comprometida con los derechos y los valores sociales que hacen crecer las sociedades”, dicen estas mismas fuentes. Todos ellos colaboran en la Comisión sin recibir ninguna retribución. 

En un mensaje en su cuenta de X, la Fundación Triángulo ha mostrado su satisfacción por la inclusión de Echevarría Sáenz en este órgano. “Alegría absoluta porque Marina Sáenz ha sido nombrada para la Comisión General de Codificación, órgano de enorme prestigio en el ámbito mercantil. Fue la primera mujer y trans Catedrática de Derecho mercantil, y ahora vuelve a ser pionera. Enhorabuena querida”, escribió la organización.

Así, además de la citada Marina Echevarría, a esa misma sección se incorpora María Victoria Petit, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón, magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. En la sección de Derecho Público ingresan cuatro nuevas juristas: Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público (UNED) especializada en Derechos Humanos y exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU; Carlos Javier Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid; Javier García, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Complutense; y María Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia. 

Tres juristas más se incorporan a la sección de Derecho Procesal. Se trata de Mercedes Llorente, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, cuyos trabajos de investigación se centran en temas como la violencia de género; Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y antigua secretaria de Estado de Empleo; y Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Burgos.

En 2018, con Rafael Catalá (PP) como ministro de Justicia, este órgano estuvo en el centro de la polémica después que trascendiera que su sección de Derecho Penal estaba formada solo por hombres cuando recibió el encargo de estudiar una reforma de los delitos sexuales. La decisión de Catalá provocó una enorme polémica a la que el ministro reaccionó proponiendo que se incorporasen mujeres de forma temporal. Casi la totalidad de las catedráticas de Derecho Penal rechazaron esta opción y pidieron su incorporación como vocales permanentes. Los miembros de la comisión se negaron a comenzar los trabajos hasta que las expertas juristas no se incorporasen de forma definitiva, como finalmente ocurrió. 

Las calles Lardero y Vitoria de Logroño se reformarán de forma integral con una inversión de 1,6 millones de euros, que incluirá la sustitución del mobiliario urbano, la iluminación y de los elementos naturales, la renovación del pavimento y de la redes de abastecimiento y saneamiento, para solucionar los numerosos roturas de tuberías que sufre la zona y que hasta ahora se habían “solventado con una solución provisional”, explica el Ayuntamiento.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por concejales del equipo de Gobierno, ha presentado esta tarde el proyecto de reforma de las calles Lardero y Ciudad de Vitoria a los vecinos de la zona. En la reunión, celebrada esta tarde en el Ayuntamiento, los vecinos han podido conocer las características del proyecto de reforma de ambas calles y los primeros planos del mismo.

Además, ha dicho Escobar: “Respondemos a una demanda histórica de estas calles de contar con infraestructuras y equipamientos renovados y en sintonía con otras vías del entorno que se habían ido reformando en años anteriores”.

Características de la nueva vía

El objetivo fundamental de la intervención será “dar mayor protagonismo a los peatones”, tal y como ha presentado el Ayuntamiento, “que tendrán mayor superficie disponible para sus desplazamientos y con zonas estanciales de mayor calidad”. Con la actuación se creará un área pacificada con dos zonas diferentes que facilitarán la transición entre la estética de la Gran Vía y el de las calles situadas más al norte.

Así, el tramo que une la Gran Vía con la calle Vitoria discurrirá en plataforma única, con acceso de vehículos limitado a la circulación de bicicletas en los dos sentidos y con la circulación de vehículos motorizados restringida únicamente para el acceso a garajes en sentido norte-sur así como a los vehículos de servicios. En este tramo habrá aparcamiento sólo en uno de los dos lados, lo que permitirá ensanchar la acera. El pavimento para las aceras será el existente en Gran Vía y para la calzada se ha previsto asfalto fundido impreso de color granate.

El resto de la calle Lardero, entre las calles Vitoria y Pérez Galdós, así como los dos tramos de la calle Vitoria -entre Chile y Fundición y entre Fundición y Lardero-, se resolverán con un mínimo desnivel de 2-3 centímetros entre la acera y la calzada, que en apariencia se aproxima mucho a la plataforma única pero facilita la recogida de pluviales evitando la acumulación de agua. En estos tramos la circulación será de sentido único desde la calle Chile hasta calle Lardero y desde esta hasta la Avda. Pérez Galdós. Los carriles de circulación serán compartidos por bicicletas y vehículos motorizados. En este caso, el pavimento será similar en estética al de la calle Fundición.

Respecto a los aparcamientos, la calle Vitoria lo mantiene en línea a ambos lados de la vía con un ensanchamiento de las aceras hasta los 3,12 metros y un estrechamiento de la calzada hasta 3,51 metros. En el caso de la calle Lardero se suprime el aparcamiento del lado este de la calle y se mantiene el aparcamiento en línea del lado oeste, lo cual permite ensanchar las aceras hasta los 4 metros y la calzada se estrecha hasta los 4,50 metros. En la calle Lardero se instalará un nuevo paso de cebra elevado a mitad de la vía.

La actuación incluye la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, algo especialmente demandado dados los históricos problemas de roturas en las conducciones de agua de fibrocemento, que se sustituirán por otras de fundición. La red de alumbrado que se encuentra situada en fachada se colocará a pie de calle con farolas en columna. Por último, se mejorará el ajardinamiento: se trasplantarán los árboles en buen estado, se dotará a la calle de nuevos ejemplares (magnolios) y de jardineras de modelos similares a las de Gran Vía, con palmeras y arbustos ornamentales

El proyecto, en Contratación en este mes

En el encuentro de esta tarde, los vecinos han podido conocer también las previsiones aproximadas que se tienen respecto a la tramitación administrativa y al comienzo de las obras.

La primera, se iniciará en este mismo mes con la remisión del proyecto a la unidad de Contratación municipal para avanzar hacia su licitación. Con arreglo a los plazos habituales en estos procedimientos, las obras podrían comenzar el próximo verano. En cuanto al plazo de ejecución, el previsto en el proyecto es de diez meses.

Pladur es una marca comercial que se ha convertido en un nombre genérico para referirse al cartón yeso o yeso laminado, un material de construcción muy utilizado hoy en día porque sustituye con ventaja a los tabiques de ladrillo y yeso. Es versátil, fácil de instalar y con un coste relativamente bajo. 

El pladur está compuesto por una placa de yeso recubierta por ambas caras con cartón, lo que forma una estructura ligera pero muy resistente. Estas láminas se emplean principalmente para la creación de tabiques, techos falsos y revestimientos de interior.

Una de las principales ventajas del pladur es su ligereza, comparado con los ladrillos y mortero, lo que facilita su transporte y manipulación. Además, se corta y manipula con facilidad, y permite crear formas curvas y estructuras complejas que serían difíciles de lograr con otros materiales. 

Un tabique de pladur es una estructura hueca en la que dos láminas se sujetan a montantes metálicos. Este hueco facilita las instalaciones eléctricas o de fontanería, pero si se rellena de un material aislante, ofrece un excelente aislamiento acústico y térmico. El pladur también es resistente al fuego, ya que el yeso que lo compone tiene propiedades ignífugas.

Pero a pesar de sus múltiples ventajas, el pladur también tiene inconvenientes. El principal es que, a diferencia de los tabiques de ladrillo, colgar algo sobre la superficie de un tabique de cartón yeso puede ser un drama. Si no se hace con cuidado, ese espejo tan pesado que queríamos colocar puede acabar roto en el suelo, o un simple cuadro puede provocar un boquete del tamaño de un puño en la pared. 

Estos accidentes se deben a que el cartón yeso tiene una resistencia estructural limitada, y no es adecuado para soportar cargas pesadas directamente sobre su superficie sin un refuerzo adicional. Además, el pladur es más frágil y sensible a los daños por impacto, pudiendo romperse o agrietarse con relativa facilidad. Para colmo, se daña enseguida por la humedad, aunque existen versiones especiales de pladur hidrófugo diseñadas para áreas húmedas como baños y cocinas.

Los límites del pladur

Los tabiques de cartón yeso no están pensados para ser un elemento estructural primario, es decir, no pueden soportar el peso de una construcción por sí solos. Su función principal es la de crear divisiones y acabados. Por eso, a la hora de colgar objetos en una pared o techo de pladur, es fundamental tener en cuenta el peso del objeto y el tipo de fijación que se utilizará. 

Colgar un cuadro ligero no representa un gran problema, pero colgar un mueble de mayor peso suspendido, como una estantería, o incluso un moderno modelo de inodoro fijado a la pared sin apoyo en el suelo requiere conocer la técnica y, en muchos casos, poner un refuerzo adicional.

Los tacos tradicionales de expansión utilizados en paredes de ladrillo u hormigón no son adecuados para el pladur, ya que no proporcionan suficiente sujeción. Estos tacos están pensados para penetrar más profundamente en la pared y expandirse al introducir un tornillo, pero la lámina de pladur tiene un espesor de tan solo 18 milímetros, y uno de estos tacos puede dañar fácilmente la placa.

En su lugar, lo que se recomienda es utilizar tacos específicos para pladur, como los tacos de expansión o de mariposa, aunque las cargas más ligeras pueden atornillarse directamente sobre la lámina. Estas son las opciones:

Es importante usar brocas metálicas para hacer los agujeros de estos tacos específicos de pladur. Si se emplean brocas especiales para hormigón, que son las usadas en los tabiques de ladrillo, el agujero final tendrá un diámetro mayor del deseado, y el taco tendrá holgura.

Los refuerzos para cargas pesadas

Cuando se trata de colgar objetos más pesados, como un inodoro suspendido, un radiador, una pantalla de televisión o un mueble grande, es necesario reforzar la estructura de pladur por el interior. 

Una opción común es utilizar perfiles metálicos o listones de madera detrás de la placa de pladur durante la instalación. También es común atornillar una placa adicional de cartón yeso en el interior. Estos elementos proporcionan un soporte adicional y permiten soportar el peso del objeto. Otra opción es utilizar anclajes químicos, que consisten en resinas epoxi que se inyectan en el interior de la placa de pladur para crear una unión sólida y duradera con los tornillos.

Si el peso no es tanto, por ejemplo, hasta 20 kilos, se pueden usar tacos basculantes, que tienen un vástago que se introduce en la pared y, una vez dentro, gira 90 grados, proporcionando un anclaje muy sólido. Estos tacos también son los adecuados para colgar elementos de techos de pladur, como lámparas pesadas.  

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) apoya la huelga de 24 horas convocada en la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) este martes, contra el proyecto de ley de reforma de los medios públicos gallegos, en coincidencia con su debate en el Parlamento gallego, y llama a secundar las movilizaciones convocadas “y las que pueda haber en el futuro”. El CPXG recuerda que el texto propuesto por la Xunta es “extremadamente lesivo para la libertad de información al aumentar el control sobre los medios y despreciar la profesión periodística”. El documento elimina la necesidad de una mayoría cualificada para elegir al director xeral de la Corporación y suprime el Consello de Informativos y el Estatuto Profesional, previstos en la ley de 2011 y que nunca llegaron a ser una realidad.

A través de un comunicado, la xunta de goberno del Colexio manifestó su apoyo a la jornada de paro convocada por el comité Intercentros de la CRTVG y llamó a la profesión a secundar las convocatorias contra la aprobación del texto, empezando por la concentración convocada ante el Pazo do Hórreo a las 9:30 de la mañana, media hora antes del inicio del pleno que se abrirá con el debate de la Ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para la sociedad digital.

El CPXG ya manifestó en julio pasado su “oposición frontal” a una reforma que “busca aumentar el control sobre os medios públicos, eliminando conquistas de la actual ley como la elección por mayoría cualificada de la dirección xeral, el Estatuto Profesional o el Consello de Informativos”. Desde entonces, el Colexio participó en el proceso de consulta pública trasladando sus propuestas sobre la propuesta “que fueron completamente ignoradas”. Posteriormente, se reunió con los tres principales partidos -PP, BNG y PSOE- para “hacerles llegar sus consideraciones” y reclamó a los grupos que enmendasen el texto “con modificaciones profundas en el articulado para salvaguardar los medios públicos gallegos”.

 “El debate que se va a producir en el Parlamento este martes no es una cuestión menor”, según el Colexio que considera la independencia de los medios y la profesionalización de la información “imprescindibles para una sociedad democrática”. “Su deterioro es aún más grave, si eso es posible,cuando se da en unos medios públicos que son propiedad de toda la ciudadanía”.

Para la entidad, cualquier reforma que se realice de la radio y la televisión de Galicia debe contemplar medidas como el reforzamiento de su carácter público o garantías de independencia editorial, además de cumplir el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que alerta explicitamente contra “el control gubernamental de los medios de comunicación de servicio público, también en lo que respecta al nombramiento de personas que ejerzan la dirección del consejo de administración de los medios de comunicación de servicio público, o de los miembros de éste”.

El Gobierno da el primer paso para lo que apunta a ser una de las grandes reformas de la legislatura en el ámbito de la Justicia: una transformación integral del acceso a la carrera judicial y fiscal. El anteproyecto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, blinda por ley el sistema de becas para opositores que, además, tendrán la posibilidad por primera vez de preparar las oposiciones en un organismo público, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). 

La iniciativa, que pasará ahora al trámite de informe de los órganos consultivos y después iniciará el trámite parlamentario, crea también un registro público de preparadores, que tendrán que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad y garantiza la convocatoria de plazas para el llamado cuarto turno, el que permite al acceso a la carrera judicial por concurso de méritos y experiencia, sin pasar una oposición.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, pivota sobre tres aspectos: el fomento de la igualdad de oportunidades, el impulso a la “excelencia” en el acceso a la carrera y la búsqueda de la “pluralidad” en determinados órganos que ahora se eligen mediante el voto directo de los jueces. “Es un paso de gigante en la modernización de la Justicia en nuestro país, un avance esencial”, ha afirmado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La oposición a las carreras judicial y fiscal es exigente en tiempo y, por tanto, en dinero. Requiere dedicar entre ocho y diez horas diarias al estudio, lo que hace esta tarea prácticamente incompatible con el desempeño de ningún trabajo que permita obtener ingresos durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Y a eso hay que sumar los honorarios del preparador privado, que puede cobrar unos 200 euros mensuales; y el precio de manuales y materiales. El 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 64,52 % del total no había trabajado antes. 

Con el objetivo de que todos los estudiantes con vocación puedan optar a ser jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado sin que la renta familiar condicione su decisión, el anteproyecto blinda por ley el sistema de becas que el Gobierno puso en marcha en 2022. Y lo hace, además, garantizando que su cuantía nunca pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 1.134 euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad. Las ayudas se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. Además, serán compatibles con las que ya rigen en algunas comunidades autónomas. 

Las ‘Becas Seré’, en alusión al objetivo de que permitan a los jóvenes juristas “ser” jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado al margen de su capacidad económica o la de sus familias cuentan en la actualidad con un presupuesto de 5,2 millones y 792 beneficiarios y su cuantía es de 6.611 euros anuales. La nueva dotación duplica su importe. 

Además, la reforma pretende dejar este sistema de becas al margen de vaivenes políticos y supone su institucionalización como una política pública permanente. El objetivo es evitar precedentes como el ocurrido en 2012, cuando el Gobierno del Partido Popular anuló el programa de becas que había regido desde 2006, con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). 

La reforma del Gobierno también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

En todo caso, la complejidad de la preparación de estas oposiciones provoca que, mayoritariamente, quienes opositan no lo lleven a cabo en solitario. Lo habitual es “preparar” con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a los aspirantes hasta que se sienten listos para presentarse al examen.

Esta es una figura sobre la que también pone el foco el Gobierno. Y lo hace al exigir “en todo caso” la concesión de compatibilidad por parte del CGPJ a los jueces que preparen oposiciones (también a los que imparten charlas o conferencias). En el régimen actual sólo deben pedir esta autorización si esta actividad les ocupa más de 75 horas anuales. Además, nadie vigila a quien no solicita ese permiso. Ahora, el anteproyecto impone al CGPJ el deber de poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de oposiciones. 

La intención es acabar con el actual mercado negro de preparadores, en el que los profesionales cobran por alumno hasta 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos, según reveló una investigación de elDiario.es. La obligación de pedir la compatibilidad y formar parte del registro también conecta con las becas públicas, que requieren acreditar los pagos al preparador. Sin factura, no hay ayuda pública posible. 

Fin al modelo únicamente memorístico

Otra de las patas de la reforma es una reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. En la nueva regulación, se suprimirá una prueba oral y se introducirá una prueba escrita y anonimizada que consistirá en un caso práctico. “El objetivo (...) es detectar (...) aquellas otras habilidades, más allá de las puramente memorísticas, que son imprescindibles para una correcta y completa interpretación de las normas jurídicas y para desarrollar de manera óptima la labor de resolución de conflictos”, recoge la exposición de motivos.

La reforma aborda también otras vías de acceso a la judicatura, como el llamado cuarto turno, que permite el acceso de profesionales de otras especialidades del Derecho a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. Así, establece que las convocatorias del concurso oposición deberán ser “anuales y simultáneas” con las de la oposición libre. El objetivo es garantizar que una cuarta parte de las plazas de la carrera judicial se provea por este turno, tal y como establece la ley, y revertir la situación actual en la que solo el 9,33% de los magistrados han accedido a la carrera por esta vía. 

El anteproyecto también prevé cambios en el proceso de acceso a través de este cuarto turno. Así, se hará en primer lugar una prueba escrita eliminatoria, debidamente anonimizada. Y solo después se iniciará la fase de baremación de méritos, que se realizará entre quienes han acreditado “la solidez y rigor técnicos exigibles”, lo que agilizará el proceso. 

El texto también acaba con algunas de las limitaciones que tienen en la actualidad quienes han accedido a la carrera por esta vía. Por ejemplo, se elimina la prohibición de ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional distinto de aquel por el que hubieran ingresado en la carrera judicial. Esta restricción les impedía hasta el momento acceder a las presidencias de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, de acuerdo a las fuentes consultadas. La reforma también prevé la creación de un concurso oposición —una especie de cuarto turno— para la carrera fiscal. 

Acabar con la temporalidad

Por otro lado, el anteproyecto de ley regula un proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal para dar cumplimiento al mandato de la Comisión Europea de acabar con la temporalidad en el sector público. Este proceso selectivo constará de una convocatoria para acceder a la carrera judicial por la categoría de juez y otro para el acceso en la carrera fiscal por la categoría de abogado fiscal. El sistema de selección será de concurso oposición, similar al del cuarto turno. 

Asimismo, el texto incluye otras novedades orgánicas para ambas carreras. Así, se modifican los sistemas de especialización en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer para que tengan “preferencia” los profesionales con cierta experiencia en estas materias. También se actualizan los modelos de promoción al sustituir el ascenso supeditado a la existencia de plazas vacantes por un sistema de ascenso automático basado en la antigüedad. Este sistema también se extrapola a la carrera fiscal. 

En paralelo, el anteproyecto prohíbe todo tipo de patrocinio o subvención privada para las asociaciones profesionales judiciales, que ya reciben dinero público para su mantenimiento. También modifica los procesos de elección de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, cuyo modelo de elección actual deriva en un dominio total de la derecha judicial. Estos comicios se rigen por un sistema mayoritario puro en el que resultan elegidos los aspirantes más votados y en el que cada elector puede votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse. La reforma impone un sistema de candidaturas individuales donde el elector podrá votar a un solo candidato, acaba con el voto delegado e implanta el voto telemático, además del presencial. 

El anteproyecto también incluye cambios en la Comisión de Ética Judicial, un organismo independiente del CGPJ encargado de asesorar a los jueces en materia de conflicto de intereses u otras materias relacionadas con su integridad. El nuevo modelo desvincula su actuación del ámbito disciplinario y establece que cuatro de sus nueve miembros sean elegidos por las Cortes. En la actualidad, todos son designados por los jueces, lo que hace que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado de forma inicial la modificación puntual número 4 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 'Excuevas-Cuarteles' para la ordenación de los usos dotaciones de este espacio en el Plan General Municipal.

El objetivo es ordenar nuevos usos dotacionales públicos que completen el conjunto residencial edificado en el lado oeste de este PERI y dar continuidad a las zonas verdes en Avenida Bailén, así como a la prolongación de la Plaza Miguel Hernández en el tramo comprendido entre las calles María de la O Lejárraga y García Lorca. Tras esta aprobación inicial, este acuerdo será sometido durante un mes a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y en la página web del Ayuntamiento.

Como ha detallado el concejal delegado del Plan General, Javier Martínez, “esta modificación se redacta con objeto fundamental de incorporar nuevos usos públicos dotacionales que completen un conjunto residencial edificado en el ámbito oeste de este PERI Escuevas Cuarteles en continuidad con las zonas verdes que existen ya en Avenida de Bailén”.

Así, tras un análisis a un nivel más general “se observa que dicha zona residencial del PERI coexiste con una importante dotación de espacios libres, verdes y abiertos con cubierta vegetal, pero sin embargo no se habían ordenado hasta ahora espacios dotacionales dentro de la trama residencial que sirviesen a la población generando actividad y vida urbana”.

En concreto, “en el bulevar que existe en la calle Bailén existe un edificio singular, la residencia logístico militar, que dota de una variedad tipológica y usos a este entorno urbano”, de modo que “el posible mantenimiento de este edificio permitiría dar continuidad a las zonas verdes y generar conexiones peatonales con Avenida de Bailén y todas las conexiones viareas precisas”.

“Parece -ha añadido el edil- resultar de interés mantener este edificio dotacional mejorando su inserción en toda la zona urbana que le colinda, permitiendo mantener la funcionalidad de sus espacios libres, el arbolado de gran porte que se mantiene en la calle Bailén y las conexiones viarias pertinentes”.

Un inmueble, éste ocupado por la residencia militar, sobre el que se considera “que este conjunto dotacional público pueda ser complementado a su lado oeste con otra dotación polivalente de propiedad municipal, en este caso ya para poder desarrollar futuras actuaciones dotacionales que en los futuros años se puedan estimar necesarias para la propia ciudad”.

Esta posibilidad “se incrementa cuando no había esa posibilidad hasta ahora puesto que era únicamente viario y no calificado como dotacional, pero hasta que ese proceso se produzca, seguirá pudiendo mantenerse las actuales usos superficiales de parking público que podremos mantener, estudiar e incluso posibilitar en un futuro generar un parking subterráneo”.

A ello ha sumado “usos dotacionales en superficie que pueden ser desde centros cívicos hasta ludotecas o cualquier otro uso dotacional que tanto los vecinos o la ciudad o la corporación deciden implementar en la zona”.

Respecto al edificio de la residencia, Martínez ha apuntado que, con una protección 4A, “se permitiría la posibilidad del vaciado interior del edificio pero sin que se suponga alterar la imagen general del edificio”.

Se propone ordenar la parcela dotacional pública ocupada por la residencia “para el uso concreto sanitario-asistencial y además como servicios, es decir, podrá ser utilizado como servicios más generales pero como dotación asistencial entre las cuales puede mantener perfectamente el uso que en estos momentos tiene de residencia”.

Además, al oeste de esta residencia militar “se propone un nuevo uso dotacional público polivalente que va a permitir la puesta en uso de un edificio que no tendrá altura más allá de los 5 o los 8 metros, es decir, un planta baja o un planta baja más uno”, acorde a los edificios colindantes.

Igualmente, esta modificación genera “un incremento de las zonas verdes del PERI” y se busca también “conseguir que la calle García Lorca deje de ser un fondo de saco y permita su conexión con el viario equivalente, así como generar una zona estancial verde en las proximidades de la Plaza Darmstadt, que es la zona este próxima a la residencia militar”.

“Y esperando que esto, además, impulse también los deseos del Ministerio de Defensa de destinar fondos para la rehabilitación de este edificio de residencia militar, que tiene una estructura interna residencial de los años 50, y la actualización en cuanto a normativas, condiciones de salubridad y demás, debe estar acorde con los tiempos y acorde con las fuerzas militares que así lo requieren”, ha reseñado el concejal.

En este sentido, Martínez ha finalizado considerando que “es una recalificación dotacional que nos permite tener muchas más opciones en los próximos años para captar inversiones del Ministerio para que el propio Ayuntamiento pueda disponer de espacios dotacionales y para que toda la zona del barrio tenga espacios calificados polivalentes para acoger dotaciones que realmente el PERI en su desarrollo en estos 30 años no ha generado”.