La trama del 3% audiovisual ha vivido este martes la confesión de uno de los investigados del caso, el empresario Juan Manuel Parra, quien ha ratificado que Convergència le obligó a facturar actos de campaña de las elecciones de 2010 con cargo a dos programas de TV3. Según su versión, por orden del exconseller y exgerente del partido Germà Gordó y a través del exgerente de la cadena Oriol Carbó y la productora Triacom. 

Tal y como desveló elDiario.es, Triacom, investigada por el caso del 3% de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción, según se desprende de la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. Los investigadores sospechan que el sobreprecio servía para abonar actos de campaña del partido.

Según fuentes jurídicas, este martes Parra, exadministrador de la empresa Hispart, se ha ratificado en su declaración como testigo de 2019 y ha confirmado que cobró de Convergència a través de facturas falsas libradas por Triacom, una productora participada por Oriol Carbó, exgerente de TV3. Los investigadores cifran en 885.000 euros los gastos electorales de Parra para la campaña de Mas en 2010.

Siempre según la versión de Parra, Gordó le remitió a Carbó para que éste le girara las facturas con el concepto de servicios a los programas producidos por Triacom para la cadena. Aunque, según ha explicado, primero tuvo problemas con Triacom para cobrar, volvió a acudir a Gordó y tras una reunión recibió todo lo que le debían. TV3 pagó un total de 31 millones de euros a Triacom entre 2008 y 2016. La cadena público negó irregularidades, aunque el Govern se ha personado en la causa como acusación particular.

El presunto sistema de facturas falsas para cobrar de Convergència se asemeja al que Parra ya confesó haber empleado en el caso Palau. El empresario fue condenado a ocho meses de prisión y multa de 900 euros por haber girado facturas al al Palau de la Música, presidido entonces por Fèlix Millet, que correspondían en realidad a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que Triacom no contaba ni con infraestructura ni con personal para realizar sus programas y que derivaba automáticamente todas las fases de producción de los espacios a la multinacional Mediapro, con la que tenía muchos vínculos: Mediapro participó en 2001 en la fundación de Triacom y tuvo el 10% de las acciones de la empresa hasta 2015. Al mismo tiempo, Carbó no percibía ningún salario de su productora, sino que trabajaba para Mediapro, que le retribuía con unos 200.000 euros anuales, según el informe de la Agencia Tributaria aportado a la causa.

Carbó también estaba citado este martes a declarar ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional y se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que un tercer imputado del caso, el exresponsable del servicio meteorológico catalán Oriol Puig, hermano del exconseller de Convergència Felip Puig.

La causa, pendiente de la remisión de varios informes, investiga también los trabajos que el Meteocat adjudicó a Triacom después de que dos extrabadores del servicio revelaran que al menos uno de ellos, relacionado con una aplicación, no se llegó a realizar. En conjunto, el Meteocat abonó 70.800 euros a Triacom hasta 2016.

Además de la pata de TV3 y la del Meteocat, las pesquisas versan sobre las facturas que Triacom pagó a empresas relacionadas con Parra y las que abonó a un grupo empresarial de Lleida sospechoso de ser una mera tapadera para emitir facturas falsas, de al menos 714.000, euros para la trama vinculada a CDC en la Diputación leridana.

El exconseller de Justicia y exgerente de Convergènia Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó ha desvinculado al expresident Artur Mas de la operativa de blanqueo de capitales provenientes de comisiones ilegales en la que les implicó el extesorero de la formación Daniel Osàcar. La declaración de Gordó ha sido la antítesis de la de Osàcar: cada uno ha responsabilizado al otro de la presunta trama para lavar el dinero del 3%.

Gordó, que está pendiente de juicio por las comisiones ilegales del 3%, ha comparecido este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como imputado en la pieza separada del caso que investiga si el partido blanqueó las comisiones ilegales que le pagaron empresarios mediante ingresos en efectivo de sus dirigentes.

El exconseller de Justicia y exgerente de Convergència fue imputado a raíz de la declaración del extesorero de la formación Daniel Osàcar. Tras años de silencio sobre la corrupción del partido, Osàcar ha empezado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el caso del 3% a cambio de que el Ministerio Público no recurriera el tercer grado que obtuvo tras ser condenado por el caso Palau. El pasado 20 de octubre, Osàcar explicó que él se limitó a ejecutar el sistema de blanqueo ideado por Gordó, y también dijo que Artur Mas lo sabía porque despachaba “a diario” con su gerente, si bien no conectó las donaciones con las comisiones ilegales de los empresarios.

Gordó ha replicado este viernes la versión de Osàcar y ha negado conocer sistema alguno de donaciones, según fuentes presentes en la declaración. Ha alegado que como gerente le correspondía la gestión de los gastos y no de los ingresos del partido, que según su versión dependían de Osàcar, y por ello era el extesorero, a criterio de Gordó, quien debía conocer las donaciones.

Osàcar había dibujado un esquema en el que él recibía las donaciones por orden de Gordó, y luego éste lo comentaba con Mas. Gordó ha explicado una versión opuesta. Rebatiendo una vez más lo declarado por Osàcar, Gordó ha asegurado que en la época de los hechos él departía como máximo una vez a la semana con Mas y no cada día como dijo el extesorero, y en sus conversaciones con su jefe hablaban de política, no de la gestión del partido. Mas, según Gordó, no seguía el día a día de la economía del partido y la dejaba en sus manos y en las de Osàcar porque estaba muy ocupado como jefe de la oposición.

Gordó, según las mismas fuentes, se ha mostrado comprensivo con la tesis de Osàcar debido a la entrada en prisión del extesorero por el caso Palau, pero ha defendido que es una versión de los hechos que no se corresponde con la realidad porque él nunca ha hecho nada ilegal.

Según el juez, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales “donantes” de entre miembros y simpatizantes de CDC, y encomendó a Osàcar que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de 3.000 euros a CDC mediante un cheque bancario a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo “de procedencia ilícita” que les entregaría en mano el propio Osàcar.

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista –los once exconseller y altos cargos que también están imputados en la misma pieza. Una vez recibida esta cantidad, Osàcar procedió “conforme a lo ordenado por Gordó”, destaca el juez, a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques de los que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, 3.000 euros en efectivo.

Dos extesoreros, dos estrategias distintas. El exresponsable de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Andreu Viloca no ha secundado a su antecesor, Daniel Osàcar, y ha evitado tirar de la manta sobre el blanqueo de comisiones de empresarios a obra pública mediante donaciones que habría realizado el partido. Según fuentes presentes en la declaración, Viloca ha asegurado que no le consta “nada” sobre el presunto blanqueo y que en cualquier caso no se produjo en su etapa como tesorero, entre 2011 y 2016.

Viloca ha declarado durante una hora este lunes como imputado ante el titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga el blanqueo de capitales del partido y antes del verano ya procesó al extesorero y a Osàcar por la pieza principal del caso del 3%, que juzgará las comisiones de empresarios al partido a cambio de obra pública.

En la pieza separada sobre blanqueo del caso del 3%, el juez investiga si los exresponsables y expolíticos de CDC afloraron dinero procedente de las comisiones ilegales mediante un sistema de 'pitufeo', es decir, donaciones en efectivo con apariencia altruista que los políticos hacían para cuadrar las cuentas pero que en realidad servían para blanquear las mordidas de empresarios a cambio de obra pública.

En el marco de sus negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, el antecesor de Viloca, Daniel Osàcar, ha tirado de la manta y ha admitido que existió un sistema de blanqueo de capitales en las finanzas del partido, si bien no lo ha llegado a vincular con las comisiones de empresarios, tal y como sospechan el juez y el fiscal.

Osàcar, que pasó dos meses en la cárcel por el caso Palau y evitó que la Fiscalía recurriera su tercer grado encendiendo el ventilador en el caso del 3%, señaló además como responsable del lavado de dinero al exgerente y exconseller Germà Gordó, que declarará el viernes, y dijo que Artur Mas tenía que conocer el sistema de blanqueo, algo que el expresident negó.

Viloca ha sido la otra cara de la moneda de Osàcar: el extesorero ha negado siquiera conocer el sistema de blanqueo, habida cuenta de que, según los propios investigadores, se produjo entre 2008 y 2010, fechas en las que las finanzas del partido estaban en manos de Osàcar, ha recordado Viloca. “Desconocía lo que pasaba antes de 2011”, ha expresado Viloca, según las mismas fuentes. Ha sido la primera vez en toda la causa que Viloca no se ha acogido a su derecho a no declarar.

Pese a que la declaración de Viloca no ha puesto mucha luz sobre el presunto sistema de blanqueo, a la espera de lo que pueda decir Gordó –está citado para el viernes aunque su defensa ha pedido cambiar la fecha– el extesorero sí ha desmentido uno de las tesis principales de Artur Mas sobre el caso, esta es, que la parte económica y política del partido no tenían nada que ver –una forma de los exdirigentes de Convergència de responsabilizar a los tesoreros de la corrupción del partido.

Así, Viloca ha explicado que en Convergència había una relación “muy jerárquica” entre la tesorería, la gerencia y la dirección política, y que en su etapa despachaba muy a menudo con el entonces secretario general adjunto, Oriol Pujol Ferrusola, y el gerente Carlos del Pozo (también procesado en la pieza principal del 3% y que sucedió a Gordó después de que lo nombraran secretario del Govern de Mas en 2010).

Primera consecuencia del ventilador de la corrupción de Convergència que encendió este martes el extesorero del partido Daniel Osàcar. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputado al exconseller de Justicia y exgerente de la formación Germà Gordó en la pieza del caso del 3% que investiga el blanqueo de capitales del partido.

En un auto, el magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pedía que citara a Gordó a declarar por un delito de blanqueo de capitales. El magistrado le cita después de que Osàcar señalara a Gordó ante el juez como “la persona que directa y personalmente ideó” la operativa de blanqueo. Extesorero y exgerente ya están procesados por la pieza principal del 3%, la que juzgará las comisiones de empresarios al partido a cambio de obra pública.

En la pieza separada sobre blanqueo se investiga la presunta estructura multicanal puesta en marcha y las distintas vías ilegales del partido para obtener recursos. En primer lugar, indica el magistrado, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona. En segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

Para aflorar las cantidades de dinero procedente de las comisiones de empresarios a cambio de obra pública, señala de la Mata, directivos de CDC buscaron la colaboración de consellers y otros altos cargos y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de “pitufeo”. Aplicado a Convergència, el blanqueo consistiría en que cada una estas personas ingresaba a CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito.

“Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos 'donantes' realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido”, concluye el instructor, que de momento no menciona el nombre del expresident Artur Mas, de quien Osàcar dijo que conocía la dinámica de blanqueo.

Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían un “sorprendente homogeneidad” de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

A los elementos anteriores, subraya el instructor, se añade la declaración del martes de Osàcar, quien confirmó que la existencia de una “operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita”. Gracias a las “donaciones” conseguidas, indica el juez, el partido lograba cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos “con los realmente generados por el partido”.

Según el juez, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales “donantes” de entre miembros y simpatizantes de CDC, y encomendó a Osàcar que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de 3.00 euros a CDC mediante un cheque bancario a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo “de procedencia ilícita” que les entregaría en mano el propio Osàcar.

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista –los once exconseller y altos cargos que también están imputados en la misma pieza. Una vez recibida esta cantidad, Osàcar procedió “conforme a lo ordenado por Gordó”, destaca el juez, a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques de los que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, 3.000 euros en efectivo.

“Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y, como es lógico, no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna”, zanja el instructor. Por último “Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó”, según el juez. El exconseller, que viene proclamando su inocencia, tendrá ocasión para responder el próximo viernes.

“Mi confianza es plena y total. Confío más en Osàcar que en Millet y los Montull, que han pactado con el fiscal para rebajar sus penas”. Así defendía en 2017 el expresident de la Generalitat Artur Mas al extesorero de Convergència frente a las confesiones de los saqueadores del Palau de la Música sobre las comisiones que el partido cobró a través del auditorio. Tres años después y tras una década de silencio oficial es Daniel Osàcar quien busca rebajar una eventual pena de prisión en el caso del 3% colaborando con la Justicia.

En este contexto hay que enmarcar la declaración de este martes de Osàcar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El extesorero ha confirmado las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de un sistema de blanqueo de capitales del partido mediante donaciones de exconsellers y altos cargos.

Si bien Osàcar ha confirmado el circuito para aflorar dinero negro y ha señalado como responsable del mismo al exdiputado y exgerente de CDC Germà Gordó, el extesorero ha evitado precisar si su origen correspondía a las comisiones de empresarios a cambio de obra pública. Pero ha dado por primera vez un nombre que Anticorrupción persigue desde hace tiempo en la causa del 3%: Artur Mas.

El expresident se había salvado de la imputación en la pieza principal de la causa –por la que ya están procesados desde el pasado verano Osàcar y Gordó, entre otros exresponsables de CDC y empresarios. Después de que Osàcar haya explicado ante el juez que cree que el expresidente conoció el sistema de 'pitufeo', la sombra del 3% vuelve a acechar a Mas.

La de este martes ha sido pues una voladura controlada por parte de Osàcar, aunque de hondo calado político al implicar a Mas. La gran confesión, que debería servir para una evitar su entrada en prisión por el 3%, se espera para dentro de unas semanas cuando fructifiquen sus conversaciones con la Fiscalía y Osàcar confirme el entramado de comisiones a cambio de obra pública dibujado por el juez instructor y el Ministerio Público.

Las razones de Osàcar se explican, en gran medida, por su pasado, presente y futuro penal. El extesorero entró en prisión el 25 de junio por el caso Palau, en el que resultó el único condenado de Convergència –no se pudo demostrar la implicación de los dirigentes políticos– por las comisiones ilegales que el partido cobró de Ferrovial a través del auditorio. Pagó el precio de su silencio durante el juicio.

Al igual que Millet y Montull, Osàcar mantuvo negociaciones con la Fiscalía para rebajar las penas del caso Palau. Pero a diferencia de los exjefes del auditorio él no llegó a un acuerdo previo al juicio con el Ministerio Público. Tampoco optó por revelar la corrupción del partido al tribunal e intentar así beneficiarse de un atenuante de confesión en la sentencia. “A estos señores de Ferrovial les he conocido en el juicio”, llegó a afirmar.

El arrepentimiento tres años después y ya sentenciado le sirvió a Osàcar para obtener el tercer grado a principio de septiembre, de forma que puede cumplir la condena de cuatro años de cárcel por el Palau en un piso tutelado por la Generalitat en vez de en prisión. La colaboración con la Justicia es pues determinante para mantener esta situación y evitar tener que ingresar de nuevo en prisión en el futuro por el 3%.

Al margen de las razones estrictamente jurídicas, a nivel político las hemerotecas están llenas de muestras públicas de apoyo de los dirigentes convergentes al extesorero –“entre la palabra de Millet y la de Osàcar, me fío de la de Osàcar”, llegó a proclamar Francesc Homs en 2017. No obstante, los ánimos se convirtieron en silencio una vez Osàcar resultó condenado y tuvo que ingresar en prisión por el Palau.

Para muestra, dos imágenes: en 2011, cuando fue imputado por el Palau, dirigentes de CDC como Oriol Pujol o Jordi Turull llegaron a acompañarlo al juzgado. En 2020, Osàcar entró en la cárcel únicamente arropado por su abogado, Xavier Melero, que al representar también a CDC y al PDeCAT ha dejado la defensa del extesorero en el caso del 3%.

Tras su confesión este martes, el principal señalado por Osàcar, Germà Gordó, ha tuiteado una foto de un cielo azul precedido de este mensaje: “Nunca he hecho nada ilegal”. Artur Mas ha negado que diera instrucciones a Osàcar para blanquear dinero, al tiempo que mostraba comprensión con su extesorero y recordaba su condición de católico: “Creo que una persona así, por fuerte que sea espiritualmente, puede ser vulnerable cuando ha estado encarcelado y tiene amenazado el patrimonio”.

Por su lado Irene Rigau, a la que Osàcar ha excluido del sistema de blanqueo al asegurar que no le devolvió las donaciones que hizo al partido, ha sido la primera de los exconsellers imputados –están también Felip Puig y Pere Macías–en anunciar que pedirá el archivo del caso para ella en vista a la declaración del extesorero.

A la espera de más movimientos de los investigados, de cristalizar el acuerdo total entre Osàcar y Anticorrupción, no solo quedarían en una situación delicada exmandamases convergentes otrora intocables como Gordó. Cabe recordar que el PDeCAT está procesado como partido en la causa del 3% al igual que Convergència. Una condena podría dar la puntilla económica a la formación cuando todavía está por ver si el PDeCAT también deberá devolver el dinero del caso Palau en caso de que Convergència no pueda. El partido nacionalista hegemónico en Catalunya durante décadas y sus sucesores dependen de un tesorero que hasta ahora había sido fiel.

Del 3% no solo se ocupaba el tesorero. Así lo cree el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por financiarse mediante comisiones ilegales a cambio de obra pública. Desde este viernes lo hace con el partido y su heredero, el PDeCAT, como imputados. “La cuestión trascendía, desde luego, de una mera actuación unilateral del responsable de finanzas”, afirma el juez José de la Mata.

En un auto, De la Mata expone de forma pormenorizada los cambios en la estructura de CDC que “no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados”, estos son, el trasvase al partido de las mordidas enmascaradas como donaciones de empresarios a fundaciones afines a CDC como la CatDem y que ascenderían, como mínimo, a un millón de euros. El juez señala así a exdirigentes ya imputados en la causa, como los exgerentes Germà Gordó, Carles del Pozo o Francesc Sànchez, así como los extesoreros Andreu Viloca y Daniel Osàcar.

Pero por primera vez, en el auto aparecen nombres y apellidos de la antigua primera línea convergente. Es el caso de Artur Mas, Oriol Pujol Ferrusola (que ha sido condenado este viernes por corrupción en el caso ITV), Josep Rull (hoy encarcelado por rebelión), Lluís Corominas o Francesc Homs. El juez no ve motivo por el momento para investigarlos, pero los menciona para destacar que el sistema de cobro de comisiones “se mantuvo a pesar de los relevos en las personas encargadas de su ejecución en las estructuras del partido”.

Además, algunos de los exconvergentes que sí están investigados, como Del Pozo declararon en su interrogatorio que “reportaban” los avisos del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de CDC a cargos políticos como el exsecretario general Oriol Pujol Ferrusola, expone De la Mata en su auto. En el caso de Sànchez, aseguró ante el juez que Viloca “informaba de su actividad” a Corominas, Rull y Homs, pero que nunca bajaba a “datos concretos”.

Estas declaraciones dejan en entredicho la respuesta más habitual que a lo largo de estos años vienen dando los políticos de CDC, empezando por Artur Mas, cuando se les pregunta por la corrupción. Los dirigentes convergentes han alegado que del dinero, el legal y el que pudiera ser ilegal, se encargaban los tesoreros, no ellos. Una tesis que nunca se ha creído la Fiscalía Anticorrupción.

“Conocedores de la financiación ilícita”

“Pese a ser conocedores de la existencia de esta operativa de financiación ilícita, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años”, asevera el juez De la Mata.

En este sentido, el juez indica que CDC no disponía de un sistema de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de la documentación, operaciones o transferencias como las que se efectuaban desde sus fundaciones y que serían la última etapa del recorrido de las comisiones hacia el partido. De esta falta de fiscalización llegó incluso a alertar el Tribunal de Cuentas, sin que se enmendara, añade De la Mata, por parte de los responsables económicos o políticos de la formación.

El auto también arroja cifras que dan cuenta de lo fundamental que resultaron sus fundaciones afines en la financiación de Convergència. Así, las “notas internas de cargo”, la expresión con la que CDC describía las transferencias de dinero que recibía de la fundación CatDem, supusieron de media el 11,5% de la financiación privada del partido entre 2008 y 2012, y un 7,7% de la financiación total, si se tienen en cuenta los ingresos públicos. En otras palabras: casi uno de cada diez euros que entraban en Convergència procedían de sus fundaciones y están bajo sospecha de corrupción.

Con la decisión del juez de este viernes, Convergència –que ya fue condenada en el caso Palau– y el PDeCAT se suman al PP en la lista de partidos políticos imputados. En el caso de los populares, tendrán que sentarse como acusados en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.

De la Mata, como Sánchez Ulled

La imputación de CDC se extiende al PDeCAT al estimar el juez De la Mata que el nuevo partido no es más que una prolongación del anterior. De hecho, el instructor llega a apuntar que el PDeCAT se creó hace dos años con el objetivo de “desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente”, es decir, Convergència.

En un escueto comunicado, el PDeCAT ha alegado que nació en 2016 y que los hechos investigados por la Audiencia Nacional corresponden a la etapa 2008-2013. La imputación por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, a juicio del partido, está basado “en apriorismos sin consistencia jurídica”. Acusan además al magistrado de “atribuir unas intenciones al PDeCAT sin ningún tipo de base legal y con la única intención de extender una sombra de duda con objetivos que nada tienen que ver con la lucha con la corrupción”.

De la Mata no es el primer operador jurídico que ve al PDeCAT el continuador de Convergència: el fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, la bestia negra de CDC en los juzgados de Barcelona, reclamó el decomiso de 6,6 millones a Convergència o al PDeCAT como formación heredera en una causa que finalmente supuso la primera condena por corrupción para el partido. En el caso Palau, CDC fue condenada como partícipe a título lucrativo como beneficiario de las comisiones pagadas por Ferrovial a cambio de obras públicas del último Govern de Jordi Pujol, allá por el año 2003.

A partir de entonces y durante más de una década, según De la Mata, pocas cosas cambiaron. La operativa de comisiones fue “similar”, si bien el método se sofisticó. Así, en vez de los sobres en efectivo que recogían a finales del siglo XX los tesoreros del partido en los despachos de Millet y Montull, el caso del 3% se habría basado en su mayoría en donaciones a las fundaciones CatDem, Forum BCN y Nous Catalans, que luego los mismos tesoreros transferían al partido, a cargo de los constructores con los que previamente los convergentes habían pactado la adjudicación de obras.

El juez De la Mata emplaza a ambas formaciones (PDeCAT y CDC) a que, como personas jurídicas imputadas, designen abogado y procurador. En pocos días se sabrá si los ex y posconvergentes comparten abogado además de imputación por corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el conocido caso del 3% de presunta financiación ilegal de CDC que envíe la causa a la Audiencia Nacional. El motivo, indica el ministerio público en una nota, es la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los fraudes que produzcan una “grave repercusión” en la economía nacional o perjuicios patrimoniales en el territorio de más de una audiencia provincial.

La Fiscalía destaca que la investigación del caso “ha constatado la existencia de un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta”. En la causa hay una quincena de imputados, entre constructores, los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau) y el exconseller del Govern de Mas Germà Gordó.

En concreto, Anticorrupción recuerda que el extesorero de CDC y de fundaciones afines, Andreu Viloca, llevaba un “control exhaustivo” de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Artur Mas y de ayuntamientos convergentes, y que después controlaba los “pagos encubiertos” que las constructoras entregaban a CDC bajo la apariencia de donaciones a sus fundaciones.

Anticorrupción cita además el estudio preliminar de la Guardia Civil de las adjudicaciones investigadas, que concluye que de los 24 expedientes bajo sospecha se adjudicaron por 175 millones de euros. Las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC que los investigadores han podido vincular a estos expedientes superan el millón de euros, mientras que también apuntan a dádivas como entradas a partidos de fútbol, viajes, noches de hotel y cacerías.

A criterio de Anticorrupción, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos en concurso con una supuesta malversación y fraude contra la administración. Y considera que la complejidad y la magnitud del caso encajan con la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las “defraudaciones” que generan una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía”.

La antigua mano derecha de Artur Mas en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y en el Govern, Germà Gordó, seguirá imputado por el caso del 3%. Pero ya no le investigará el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), sino el juez de instrucción de El Vendrell (Tarragona) ya que Gordó ya no es diputado en el Parlament, y por lo tanto ha perdido su condición de aforado ante el alto tribunal catalán.

En un auto, el magistrado del TSJC Carlos Ramos se declara incompetente para investigar a Gordó y remite la causa al juez de El Vendrell, que seguirá investigando al exconseller por seis delitos en relación a la supuesta financiación irregular de Convergència. Tras la aplicación del 155 que disolvió el Parlament, Gordó perdió su condición de diputado, y su partido, Nova Convergència, no se presenta al 21D.

La Fiscalía Anticorrupción intenta reconstruir la agenda desaparecida de Germà Gordó en su etapa en la Generalitat, para poder probar que el exconseller era el “Gerardo” o el “Gregorio”, los nombres clave con los que algunos empresarios imputados han dicho que se referían al exdiputado, expulsado del PDECat y de JxSí.

Gordó pedirá el archivo de su causa, en la que está imputado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal de partidos y malversación, porque sostiene que siempre ha actuado dentro de la legalidad. Ante el juez dijo que se reunió con empresarios, pero negó que urdiera con ellos una trama de comisiones a CDC a cambio de las cinco obras públicas que le mantienen bajo sospecha.

La antigua mano derecha de Artur Mas en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y en el Govern, Germà Gordó, podrá seguir viajando al extranjero tras su declaración judicial como imputado por seis delitos en relación a la supuesta financión irregular del partido, el caso del 3%.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos ha rechazado este viernes la petición de la Fiscalía Anticorrupción y no ha prohibido salir de España a Germà Gordó, el político de mayor rango de la antigua CDC imputado por el 3%. Tampoco no ha obligado al exconseller entregar su móvil personal, tal y como había solicitado el ministerio público.

“No existe indicio alguno –asegura Ramos en su auto sobre el móvil personal de Gordó– que pueda tener datos de interés para la investigación”. Respecto a la prohibición de salir de España, Ramos la rechaza porque tampoco aprecia indicios de que Gordó disponga de dinero en el extranjero, el único argumento ofrecido por Anticorrupción para reclamar la medida.

“La eventual posesión de fondos en el extranjero, no tiene al menos por el momento asiento indiciario alguno, razón por la que su imposición carecería de apoyatura legal”, zanja el magistrado Ramos.

Tras declarar este jueves, Gordó sí entrego su móvil profesional que tienen todos los 135 diputados del Parlament. Sin embargo, el magistrado Ramos sostiene en su auto que el móvil profesional de Gordó “resulta inútil” para la investigación en este momento, ya que los datos asociados al mismo ya fueron intervenidos el pasado 20 de julio del servidor del Parlament.

Los fiscales, a través de este teléfono y de los requirimientos de documentación que hicieron por orden del juez entrando en la Generalitat y el Parlament el pasado mes de julio, intentan reconstruir la agenda desaparecida de Germà Gordó en su etapa en la Generalitat, para poder probar que el exconseller era el “Gerardo” o el “Gregorio”, los nombres clave con los que algunos empresarios imputados han dicho que se referían al ahora diputado no adscrito, expulsado del PDECat y de JxSí.

Gordó pedirá el archivo de su causa, en la que está imputado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal de partidos y malversación, porque sostiene que siempre ha actuado dentro de la legalidad. Este jueves dijo ante el juez que se reunió con empresarios, pero negó que urdiera con ellos una trama de comisiones al partido a cambio de las cinco obras públicas que le mantienen bajo sospecha.

Más de cuatro horas de declaración como imputado de Germà Gordó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no han servido para esclarecer si, como sostiene la Fiscalía, el exconseller de Justicia era “el conseguidor” del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La antigua mano derecha de Artur Mas ha afirmado que se reunía con empresarios, pero que no urdió con ellos el presunto pago de comisiones al partido a cambio de obra pública.

Tras la declaración, los fiscales anticorrupción, José Grinda y Fernando Bermejo, han pedido al magistrado Carlos Ramos que prohíba a Gordó salir de España, decisión que el juez comunicará a las partes este viernes a las 10h. El ahora diputado no adscrito ha entregado al magistrado su actual teléfono móvil que tienen todos los diputados del Parlament, pero no su móvil personal, tal y como han reclamado los fiscales, ya que ha dicho que no lo llevaba encima. El abogado del exconseller, Cristóbal Martell, se ha opuesto a las medidas cautelares solicitadas por los fiscales.

En su declaración como imputado, Gordó ha admitido haberse reunido con algunos de los empresarios investigados en el caso del 3%, pero ha considerado que era su obligación por sus responsabilidades en la Generalitat, donde fue secretario de Govern, y en la contratación pública, como consejero de la empresa Infraestructures de la Generalitat (GISA).

Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre el 2010 y el 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública GISA. En su declaración, Gordó ha desvinculado a Mas de la gestión económica del partido y ha asegurado que de ésta se ocupaban él mismo y el tesorero de CDC Andreu Viloca, también investigado en el caso del 3%, aunque ha recalcaldo que el expresident era su superior jerárquico.

Durante el interrogatorio, el magistrado ha hecho preguntas a Gordó en relación a las agendas personales y oficiales que el exconseller mantenía durante la época en que ejerció como secretario del Govern, en el periodo entre 2010 y 2012. Según fuentes jurídicas, parte de estas agendas ya se ha recuperado en ocasión de las diligencias ordenadas por el juez Carlos Ramos, quien el pasado julio mandó a la Guardia Civil a que acudiera a la Generalitat y el Parlament en su busca.

También ha declarado sobre este asunto este jueves la secretaria de Gordó en esa misma época, que ha sido citada como testigo dos horas antes de la declaración del exconseller, y ha argumentado que ella no gestionaba las agendas privadas del exconseller.

Por su lado, Gordó ha asegurado, a través de Twitter, que pedirá el archivo de la causa y se ha mostrado “satisfecho de haber explicado los hechos”. “Siempre dentro de la ley”, ha apostillado.

Hay cinco obras públicas que mantienen a Gordó bajo sospecha: el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones.

Según el auto por el que el juez Ramos acordó su imputación, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.

En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.

Finalmente, Gordó habría obtenido “diversos regalos personales” de la empresa Oproler tras mediar con uno de sus directivos, Josep Manel Bassols, para que la constructora ganara un contrato de 2,6 millones para unas obras en un instituto de Manresa. En el sumario del caso también constan las gestiones que Bassols hizo con Gordó y Artur Mas para lograr un cargo en el Govern para su esposa, la magistrada Núria Bassols.

La entrada de agentes de la Guardia Civil en el Parlament y la Generalitat el pasado 20 de julio fue una de las imágenes del verano. Su operación no estaba relacionada con el proceso soberanista, sino que buscaba reconstruir la agenda desaparecida de Germà Gordó, la poderosa exmano derecha de Artur Mas en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y la Generalitat e imputado por su presunto papel clave en la trama corrupta del 3% que afecta a CDC.

Gordó, exsecretario del Govern y exconseller de Justicia, está citado a declarar este jueves a las 12h. como imputado por cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación. Será ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dada su condición de aforado como diputado en el Parlament. Gordó fue expulsado de JxSí y del PDECat cuando se conoció su imputación, pero se aferró a su escaño para no perder el aforamiento y a día de hoy es diputado no adscrito.

Si Gordó decide contestar las preguntas de las partes (como imputado puede no hacerlo), el magistrado Carlos Ramos, los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo o la abogada Montserrat Vinyets, que ejerce la acusación popular en nombre de la CUP, le inquirirán sobre su agenda desaparecida.

Los investigadores tiran del hilo de la agenda de Gordó para contrastar los encuentros que el exconseller habría mantenido con empresarios del 3%, que han señalado a Gordó como el “Gerardo” o “Gregorio” con el que, usando estos nombres en clave, se reunieron. De hecho, Anticorrupción define a Gordó como “el conseguidor” del 3%.

El intento en julio de los investigadores para encontrar un rastro físico de la agenda de Gordó terminó sin éxito: la agenda de reuniones y contactos privados de Gordó tanto en el cargo de secretario del Govern (2010-2012) como en el de conseller de Justicia (2013-2016) está desaparecida (y que, quizás, nunca llegó a existir). Tampoco constaba ni en la conselleria ni en el Palau de la Generalitat el libro de visitas de Gordó. Los investigadores solo se llevaron una lista de sus actos públicos como conseller.

Según ha podido saber este diario, para intentar reconstruir su agenda, además de la declaración como Gordó como imputado, el magistrado Carlos Ramos ha citado como testigo en los próximos días al sucesor del diputado en la Secretaría de la Generalitat, Joan Vidal de Ciurana (uno de los cargos que abandonó la Generalitat tras la crisis de gobierno del pasado mes de julio).

También ha sido citada a declarar como testigo este jueves una colaboradora de Gordó en la Secretaría del Govern y la conselleria de Justicia, su secretaria personal, Marta Roma. De momento, el juez no ha acordado citar a Raquel Viloca, hija del extesorero de CDC, Andreu Viloca –imputado en el juzgado de El Vendrell por el 3%–, y que, según el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), tenía como función “asistir al conseller Gordó en la organización y gestión de su agenda”.

Cinco obras comprometen a Gordó

El magistrado Ramos, igual que el juez de instrucción de El Vendrell, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, sospecha que Gordó habría mediado para conseguir “cuantiosas donaciones” para CDC a través de sus fundaciones por parte de constructoras que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas. También que Gordó llegó a negociar las cuantías personalmente.

Hay cinco obras públicas que mantienen a Gordó bajo sospecha: el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones.

Según el auto por el que el juez Ramos acordó su imputación, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.

En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.

Finalmente, Gordó habría obtenido “diversos regalos personales” de la empresa Oproler tras mediar con uno de sus directivos, Josep Manel Bassols, para que la constructora ganara un contrato de 2,6 millones para unas obras en un instituto de Manresa. En el sumario del caso también constan las gestiones que Bassols hizo con Gordó y Artur Mas para lograr un cargo en el Govern para su esposa, la magistrada Núria Bassols.

En su comparecencia parlamentaria del pasado mes de mayo, Gordó admitió haberse reunido “con empresarios”, aunque no precisó cuáles, y añadió: “Siempre he actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat el dimecres 13 de setembre a les 12.00 hores a Germà Gordó, exconseller de Justícia i diputat no adscrit al Parlament de Catalunya, com a imputat en el cas del 3%. S'investiga si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va cobrar comissions a canvi d'obra pública.

El magistrat Carlos Ramos ha establert aquesta data perquè comparegui Gordó, després d'haver-se suspès la seva declaració prevista per al passat dilluns 24 de juliol per l'ingrés del seu advocat, el penalista Cristóbal Martell, en un centre mèdic.

El que encara no ha anunciat el Tribunal és la data de la declaració de l'extresorer de CDC, Andreu Viloca, que sí que està imputat en el jutjat del Vendrell, que investiga si el partit va cobrar comissions a canvi d'adjudicar obra pública. Viloca estava citat el mateix dia just després de l'exconseller perquè el jutge entenia que la seva declaració serviria per contrastar les dades que pogués donar Gordó.

Gordó manté el seu escó al Parlament com a diputat no adscrit, fet que li dóna dret a l'aforament i a ser investigat pel TSJC en comptes d'un jutjat ordinari. La seva imputació va provocar una tempesta política, que va acabar amb el PDECat forçant la seva marxa del partit i del grup de JxSí. Com a imputat, Gordó tindrà dret a no respondre a les preguntes de les parts quan acudeixi a declarar.

Entre els delictes de qui va ser conseller de Justícia i secretari del Govern de la Generalitat durant la Presidència d'Artur Mas, es troben els de tràfic d'influències, prevaricació i malversació de fons públics.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado el miércoles 13 de septiembre a las 12.00 horas a Germà Gordó, exconsejero de Justicia y diputado no adscrito en el Parlament de Catalunya, como imputado en el caso del 3%. Se investiga si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado Carlos Ramos ha establecido esta fecha para que comparezca Gordó, después de haberse suspendido su declaración prevista para el pasado lunes 24 de julio por el ingreso de su abogado, el penalista Cristóbal Martell, en un centro médico.

Lo que aún no ha anunciado el Tribunal es la fecha de la declaración del extesorero de CDC, Andreu Viloca, que sí está imputado en el juzgado de El Vendrell, que investiga si el partido cobró comisiones a cambio de adjudicar obra pública. Viloca estaba citado el mismo día justo después del exconsejero porque entendía el juez que su declaración serviría para contrastar los datos que pudiera dar Gordó.

Gordó mantiene su escaño en el Parlament como diputado no adscrito, que le da derecho al aforamiento y a ser investigado por el TSJC en vez de un juzgado ordinario. Su imputación provocó una tormenta política, que terminó con el PDECat forzando su marcha del partido y del grupo de JxSí. Como imputado, Gordó tendrá derecho a no responder a las preguntas de las partes cuando acuda a declarar.

Entre los delitos del que fue conseller de Justicia y secretario del Govern de la Generalitat durante la Presidencia de Artur Mas que se cuentan los de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.

L'exconseller de Justícia de la Generalitat Germà Gordó no haurà de declarar aquest dilluns com a imputat pel 3% davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ), tal i com estava previst. El magistrat instructor, Carlos Ramos, ha acordat suspendre la declaració ja que l'advocat de Gordó, el penalista Cristóbal Martell, “es troba ingressat en un centre mèdic”.

A l'estar ingressat, Martell no pot prestar la seva assistència professional a Gordó dilluns, de manera que el magistrat ha procedit a suspendre la declaració de l'ara diputat no adscrit, que la Fiscalia considera “l'aconseguidor” del 3%. No hi ha data per a la nova citació.

En una providència, el magistrat també ha acordat suspendre la declaració com a testimoni de l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, que sí que està imputat en el jutjat del Vendrell que investiga si el partit va cobrar comissions a canvi d'adjudicar obra pública. Entén el jutge que Viloca va ser citat per contrastar les dades que pogués donar Gordó, per la qual cosa no té sentit citar l'extresorer si s'ha suspès la declaració de l'exconseller.

Aquest dijous, per ordre del jutge, la Guàrdia Civil va requerir a la Generalitat i al Parlament l'agenda i el correu electrònic de Gordó, encara que de la primera petició només es va obtenir una relació dels actes protocol·laris i públics als quals va assistir l'exconseller i exsecretari del Govern. Gordó no va deixar rastre a la Generalitat de la seva agenda privada ni de les trobades que empresaris del 3% van assegurar haver mantingut amb ell en què, presumptament, van pactar mossegades.

El exconseller de Justícia de la Generalitat Germà Gordó no tendrá que declarar este lunes como imputado por el 3% ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ), tal y como estaba previsto. El magistrado instructor, Carlos Ramos, ha acordado suspender la declaración ya que el abogado de Gordó, el penalista Cristóbal Martell, “se halla ingresado en un centro médico”.

Al estar ingresado, Martell no puede prestar su asistencia profesional a Gordó el lunes, por lo que el magistrado ha procedido a suspender la declaración del ahora diputado no adscrito, que la Fiscalía considera “el conseguidor” del 3%. No hay fecha para la nueva citación.

En una providencia, el magistrado también ha acordado suspender la declaración como testigo del extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, que sí está imputado en el juzgado de El Vendrell que investiga si el partido cobró comisiones a cambio de adjudicar obra pública. Entiende el juez que Viloca fue citado para contrastar los datos que pudiera dar Gordó, por lo que no tiene sentido citar al extesorero si se ha suspendido la declaración del exconseller.

Este jueves, por orden del juez, la Guardia Civil requirió a la Generalitat y al Parlament la agenda y el correo electrónico de Gordó, aunque de la primera petición solo se obtuvo una relación de los actos protocolarios y públicos a los que asisitió el exconseller y exsecretario del Govern. Gordó no dejó rastro en la Generalitat de su agenda privada ni de los encuentros que empresarios del 3% aseguraron haber mantenido con él en los que, presuntamente, pactaron mordidas.

“Sense comentaris. Cel serè”. Germà Gordó ha tuitejat una foto d'un cel blau aquest dijous mentre se li acosten més que mai els núvols del cas del 3%. La Guàrdia Civil, per ordre del jutge, ha requerit dades de Gordó a la Generalitat, al Parlament i al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en el marc d'investigació sobre el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Tot això a quatre dies que l'exconseller de Justícia i actual diputat no adscrit acudeixi a declarar com a imputat.

Després dels requeriments d'aquest dijous, s'ha constatat que l'agenda de reunions i contactes privats de Gordó tant en el càrrec de secretari del Govern (2010-2012) com en el de conseller de Justícia (2013-2016) està desapareguda (i que, potser, mai va arribar a existir). Tampoc constava ni a la conselleria ni a la Generalitat el llibre de visites de Gordó, el primer dels documents sol·licitats pel magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos. Els agents han actuat en tot moment per ordre del TSJC.

Al veure que no hi havia cap llibre de visites a la conselleria de l'etapa de Gordó –el va implantar el seu successor, Carles Mundó (ERC)–, Ramos ha ampliat el requeriment a l'agenda de Gordó com a titular de Justícia. Sense èxit. Els agents només s'han pogut endur de Justícia un registre dels actes públics i protocol·laris als que va assistir Gordó i una llista del personal administratiu que formava part de l'equip del conseller.

A l'equip de l'exconseller figurava, tal com va avançar Sentit Crític, Raquel Viloca, filla de l'extresorer de CDC, Andreu Viloca –que està imputat al jutjat del Vendrell pel 3% i ha estat citat a declarar com a testimoni en el TSJC també dilluns–. Paradoxalment, una de les funcions de Raquel Viloca era “assistir al conseller en l'organització i gestió de la seva agenda”, segons consta al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Amb els requeriments, els investigadors intenten reconstruir les trobades que Gordó hauria mantingut amb empresaris del 3%, que han assenyalat a Gordó com el “Gerardo” o “Gregorio” amb el qual, fent servir aquests noms en clau, es van reunir.

El magistrat Ramos, igual que el jutge d'instrucció del Vendrell, la Fiscalia Anticorrupció i la Guàrdia Civil, sospita que Gordó hauria intervingut per aconseguir “quantioses donacions” de constructores a empreses que aspiraven a aconseguir adjudicacions d'obres públiques. També que Gordó va arribar a negociar les quanties personalment. Hi ha cinc obres públiques que mantenen a Gordó sota sospita.

Vuit hores a la Generalitat

El mateix èxit s'ha aconseguit a la Generalitat, on els agents han passat vuit hores i han sortit passades les 19:00 de la tarda. La Generalitat ha lliurat la relació d'actes oficials i els funcionaris i assistents que van treballar per Gordó entre el 2010 i el 2012 com a secretari del Govern, encara que no la seva agenda no oficial ni el seu llibre de visites, després de constatar que Gordó no va deixar aquestes dades als ordinadors de la secretaria de l'Executiu.

Malgrat que en un primer moment la Generalitat ha informat que el conseller de Presidència, Jordi Turull, havia impedit l'entrada als agents a la Generalitat, els agents sí que han entrat a l'edifici governamental: s'han quedat a la sala d'espera de al costat de la porta principal, on s'aparquen els cotxes oficials. Un dels fiscals del 3%, José Grinda, ha estat present en totes les diligències i se l'ha vist xerrar amigablement amb els mossos que custodien l'entrada de la Generalitat.

“En tot moment el tracte amb els agents ha estat correcte i el president ha estat informat puntualment”, han assenyalat fonts governamentals. Turull, per la seva banda, ha optat per tornar a marcar pit a Twitter: “Espectacles i humiliacions al Palau que des de fa sis segles acull la Generalitat, cap ni una”.

Un únic agent ha pogut sortir de la sala d'espera de les cotxeres i ha pujat a les oficines de la secretaria del Govern, al mateix Palau de la Generalitat. Ho ha fet per verificar davant els ordinadors de la Generalitat que la informació que els havien lliurat en paper de l'agenda pública de Gordó era correcta.

Les diligències d'aquest dijous han arribat al Parlament i el CTTI, on sí que s'ha aconseguit més. Els agents han fet una còpia del compte de correu electrònic de Gordó des que és diputat així com d'arxius i correus de la conselleria de Justícia.

Dilluns Gordó està citat a com a imputat per suborn, tràfic d'influències, malversació de fons públics i prevaricació. La previsió, si més no la meteorològica, anuncia pluja.

“Sin comentarios. Cielo sereno”. Germà Gordó ha escrito y ha tuiteado una foto de un cielo azul este jueves mientras se le acercan más que nunca los nubarrones del caso del 3%. La Guardia Civil, por orden del juez, ha requerido datos sobre Gordó a la Generalitat, al Parlament y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en el marco de investigación sobre el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Todo ello a cuatro días de que el exconseller de Justicia y actual diputado no adscrito acuda a declarar como imputado.

Tras los requerimientos de este jueves, se ha constatado que la agenda de reuniones y contactos privados de Gordó tanto en el cargo de secretario del Govern (2010-2012) como en el de conseller de Justicia (2013-2016) está desaparecida (y que, quizás, nunca llegó a existir). Tampoco constaba ni en la conselleria ni en la Generalitat el libro de visitas de Gordó, el primero de los documentos solicitados por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos. Los agentes han actuado en todo momento por orden del TSJC.

Al ver que no existía ningún libro de visitas en la conselleria de la etapa de Gordó –lo implantó su sucesor, Carles Mundó (ERC)–, Ramos ha ampliado el requerimiento a la agenda de Gordó como titular de Justicia. Sin éxito. Los agentes solo se han podido llevar de Justicia un registro de los actos públicos y protocolarios a los que asistió Gordó y una lista del personal administrativo que formaba parte del equipo del conseller.

En el equipo del exconseller figuraba, tal y como avanzó Sentit Crític, Raquel Viloca, hija del extesorero de CDC, Andreu Viloca –que está imputado en el juzgado de El Vendrell por el 3% y ha sido citado a declarar como testigo en el TSJC también el lunes–. Paradójicamente, una de las funciones de Raquel Viloca era “asistir al conseller en la organización y gestión de su agenda”, según consta en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).

Con los requerimientos, los investigadores intentan reconstruir los encuentros que Gordó habría mantenido con empresarios del 3%, que han señalado a Gordó como el “Gerardo” o “Gregorio” con el que, usando estos nombres en clave, se reunieron.

El magistrado Ramos, igual que el juez de instrucción de El Vendrell, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, sospecha que Gordó habría mediado para conseguir “cuantiosas donaciones” para CDC a través de sus fundaciones por parte de constructoras que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas. También  que Gordó llegó a negociar las cuantías personalmente. Hay cinco obras públicas que mantienen a Gordó bajo sospecha.

Ocho horas en la Generalitat

El mismo éxito se ha conseguido en la Generalitat, donde los agentes han pasado ocho horas y han salido pasadas las 19:00 de la tarde. La Generalitat ha entregado la relación de actos oficiales y los funcionarios y asistentes que trabajaron para Gordó entre 2010 y 2012 como secretario del Govern, aunque no su agenda no oficial ni su libro de visitas, tras constatar que Gordó no dejó estos datos en los ordenadores de la secretaría del Ejecutivo.

Pese a que en un primer momento la Generalitat informó de que el conseller de Presidència, Jordi Turull, había impedido la entrada a los agentes a la Generalitat, los agentes sí han entrado en el edificio gubernamental: se han quedado en la sala de espera de al lado de la puerta principal, donde se aparcan los coches oficiales. Uno de los fiscales del 3%, José Grinda, ha estado presente en todas las diligencias y se le ha visto charlar amigablemente con los mossos que custodian la entrada de la Generalitat.

“En todo momento el trato con los agentes ha sido correcto y el president ha estado informado puntualmente”, han señalado fuentes gubernamentales. Turull, por su lado, ha optado por volver a marcar pecho en Twitter: “Espectáculos y humillaciones en el Palau que desde hace seis siglos acoge la Generalitat, ni una”.

Un único agente ha podido salir de la sala de espera de las cocheras y ha subido a las oficinas de la secretaría del Govern, en el propio Palau de la Generalitat. Lo ha hecho para verificar ante los ordenadores de la Generalitat que la información que les habían entregado en papel de la agenda pública de Gordó era correcta.

Las diligencias de este jueves han alcanzado el Parlament y el CTTI, donde sí se ha conseguido más. Los agentes han hecho una copia de la cuenta de correo electrónico de Gordó desde que es diputado así como de archivos y correos de la conselleria de Justicia.

El lunes Gordó está citado a como imputado por cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación. La previsión, por lo menos la meteorológica, anuncia lluvia.

Germà Gordó, mà dreta d'Artur Mas a Convergència i a la Generalitat fins el 2015, ja té data per comparèixer davant del jutge com a imputat en el cas del 3%. El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos ha citat a Gordó pel proper dilluns, 24 de juliol, a les 9.30 hores. També ha citat el mateix dia l'extresorer de CDC, Andreu Viloca, en aquest com a testimoni –Viloca sí que està imputat pel 3%, però al jutjat d'El Vendrell.

Gordó manté el seu escó al Parlament com a diputat no adscrit, que li atorga dret a l'aforament i a ser investigat pel TSJC en comptes d'un jutjat ordinari. La seva imputació va provocar una tempesta política, que va acabar amb el PDECat forçant la seva marxa del partit i del grup de JxSí. Com imputat, Gordó tindrà dret a no respondre a les preguntes de les parts quan acudeixi a declarar. La seva defensa la pilota el penalista Cristóbal Martell.

El passat mes de juny, la sala civil i penal del TSJC va considerar, sobre la base de l'exposició raonada enviada pel jutge del Vendrell, que havia suficients indicis per investigar a Gordó. La Fiscalia considera a Gordó com “el aconseguidor” del 3%, mentre que, segons els magistrats, Gordó hauria requerit “quantioses donacions” a les constructores interessades a obtenir obres públiques de la Generalitat.

El període sobre el qual s'investiga a Gordó va dels anys 2011 a 2013, quan va ser secretari del Govern i conseller de Justícia, a més de membre del consell d'administració de l'empresa adjudicatària d'obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. Segons l'acte que va acordar investigar-lo, Gordó hauria “intervingut directament o indirectament” davant les autoritats responsables d'adjudicar les obres i, a canvi, els empresaris haurien donat diners a CatDem i Fòrum Barcelona, les fundacions de CDC.

Cinc contractes tenen a a Gordó sota sospita. Per exemple, el reforç del dic est del Port de Barcelona, adjudicat el 2012 per 39,6 milions a una UTE formada per Copisa, Comsa, Acsa i Benito Arnó, i el manteniment dels col·legis del Consorci d'Educació de Barcelona, que va guanyar Copisa per 4,7 milions. Segons l'acte, Gordó “va negociar personalment els imports de les licitacions i de les donacions” amb el llavors conseller delegat de Copisa, Xavier Tauler i a canvi la constructora va donar 100.000 euros a les fundacions de CDC.

En el cas de la constructora Pasquina, la donació va ser de “com a mínim” 147.000 euros a canvi d'un contracte de 2,1 milions en obres de millora de la carretera C-55 i un altre de 7,2 milions de treballs de millora de les carreteres del voltant de Berga. Segons el jutge, Gordó també va negociar imports, donacions i dates de lliurament dels imports amb l'administrador únic de la constructora, Félix Pasquina.

Finalment, Gordó hauria obtingut “diversos regals personals” de l'empresa Oproler després d'intervenir amb un dels seus directius, Josep Manel Bassols, perquè la constructora guanyés un contracte de 2,6 milions per a unes obres en un institut de Manresa. En el sumari del cas també consten les gestions que Bassols va fer amb Gordó i Artur Mas per aconseguir un càrrec al Govern per la seva dona, la magistrada Núria Bassols.

Germà Gordó, mano derecha de Artur Mas en Convergència y en la Generalitat hasta el 2015, ya tiene fecha para comparecer ante el juez como imputado en el caso del 3%. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos ha citado a Gordó el próximo lunes, 24 de julio, a las 9.30 horas. También ha citado para el mismo día al extesorero de CDC, Andreu Viloca, en este caso como testigo –Viloca sí está imputado por el 3%, pero en el juzgado de El Vendrell.

Gordó mantiene su escaño en el Parlament como diputado no adscrito, que le da derecho al aforamiento y a ser investigado por el TSJC en vez de un juzgado ordinario. Su imputación provocó una tormenta política, que terminó con el PDECat forzando su marcha del partido y del grupo de JxSí. Como imputado, Gordó tendrá derecho a no responder a las preguntas de las partes cuando acuda a declarar. Su defensa la pilota el penalista Cristóbal Martell.

El pasado mes de junio, la sala civil y penal del TSJC consideró, en base a la exposición razonada enviada por el juez de El Vendrell, que había suficientes indicios para investigar a Gordó. La Fiscalía considera a Gordó como “el conseguidor” del 3%, mientras que, según los magistrados, Gordó habría requerido “cuantiosas donaciones” a las constructoras interesadas en obtener obras públicas de la Generalitat.

El periodo sobre el que se investiga a Gordó va de los años 2011 a 2013, cuando fue secretario del Govern y conseller de Justicia, además de miembro del consejo de administración de la empresa adjudicataria de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. Según el auto que acordó investigarle, Gordó habría “terciado directamente o indirectamente” ante las autoridades responsables de adjudicar las obras y, a cambio, los empresarios habrían donado dinero a CatDem y Fòrum Barcelona, las fundaciones de CDC.

Cinco contratos tienen a a Gordó bajo sospecha. Por ejemplo, el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones. Según el auto, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.

En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.

Finalmente, Gordó habría obtenido “diversos regalos personales” de la empresa Oproler tras mediar con uno de sus directivos, Josep Manel Bassols, para que la constructora ganara un contrato de 2,6 millones para unas obras en un instituto de Manresa. En el sumario del caso también constan las gestiones que Bassols hizo con Gordó y Artur Mas para lograr un cargo en el Govern para su esposa, la magistrada Núria Bassols.

L'escàndol polític generat per Germà Gordó, arran de la imputació del diputat de JxSí i la seva posterior resistència a abandonar l'escó, augmenta de dimensió dia rere dia. Aquest dimecres ha estat Teresa Pitarch, actual presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD) i mà dreta de l'exconseller de Justícia, qui ha trencat el carnet del partit per seguir a Gordó. Mentrestant, el seu corrent intern, Nova Convergència, s'emplaça a una reunió el dia 17 de juny per decidir si s'escindeix en un nou partit.

Al costat de la del mateix Gordó, la sortida de Teresa Pitarch i l'amenaça d'escissió representa un veritable desastre per a la Convergència que va formar govern sota el comandament d'Artur Mas entre els anys 2010 i 2016. Per molt que el partit hagi intentat formar un cinturó de seguretat al voltant de l'expresident i que des del PDECat hagin intentat aïllar la crisi, desvinculant-se de l'antiga Convergència, la caiguda de Gordó és un cop que entela irremeiablement el llegat dels últims governs.

Ascendent en diverses conselleries

L'apartat de nomenaments del Butlletí Oficial de la Generalitat és testimoni de com el sector de Gordó va controlar alguns dels llocs claus en l'administració de la Generalitat en els anys de masisme. Alguns tan sensibles com la Direcció General de Contractació Pública, adscrita al departament de la Presidència dirigit per Francesc Homs, i que la mateixa Pitarch va dirigir des del 2011 fins al final de la segona legislatura.

L'ascendent de les persones reunides al voltant de la plataforma Nova Convergència en els governs de Mas no s'acaba aquí. Gordó va dirigir el departament de Justícia a partir del 2013, amb directors generals de la seva confiança, com Pere Soler al capdavant de Serveis Penitenciaris des del mateix any. Abans que això, des del 2011, Gordó havia estat secretari del Govern, és a dir, mà dreta del president Mas.

Des d'aquell lloc d'enorme rellevància en la fontaneria del Palau, el democristià va col·locar a persones de la seva confiança en llocs clau, com Jordi Miró, encarregat de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions i ara una de les persones emmarcades en Nova Convergència, a més de director general al departament d'Ensenyament.

Gordó, capaç de canviar la llista de JxSí

El poder del sector de Gordó queda patent en la forma en com es va incorporar a la llista de JxSí per la demarcació de Barcelona. Durant el procés de confecció de la candidatura, la majoria dels consellers de Convergència es donaven per descartats. De fet en un primer moment es va anunciar que només anirien a la llista la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, i la vicepresidenta Neus Munté. En el cas de la primera, s'entenia com una mostra de suport davant la querella interposada contra ella per la consulta del 9-N, que va acabar convertint-se en condemna. Sobre la segona, es subratllava l'ascendent que Mas volia atorgar-li al partit, com també es va demostrar després.

No obstant això, el 30 de juliol del 2015, dia en què Convergència havia de ratificar els noms proposats per ser inclosos en la llista de JxSí, el nom de Gordó va tornar a sonar. Va ocórrer després d'una conversa mantinguda entre tots dos, en termes que les fonts no esmenten. A la nit, després del Consell Nacional del partit, Convergència havia col·locat de forma inesperada l'exconseller en un lloc de sortida a la candidatura, com a número 20 per Barcelona.

L'anècdota il·lustra el poder que Gordó ha exercit, a més de sobre el Govern, sobre els òrgans de direcció del partit i sobre el mateix Artur Mas, a qui va acompanyar en els seus anys d'oposició com a gerent de Convergència. És a dir, una de les poques figures a qui responen els tresorers d'un partit, a més del màxim dirigent, que en aquest cas era el mateix Mas. Per aquesta raó no grinyola que l'expresident posés el març passat “la mà al foc” per l'ara imputat. Des que es va conèixer la investigació, en canvi, Mas no ha obert la boca.

Objectiu: mantenir l'escó

El nom de Gordó no només ha ressonat a les parets governamentals pel seu conegut -i de vegades temut- poder. També ha estat una de les persones assenyalades recurrentment en els diversos casos de corrupció amb què Convergència ha hagut de bregar. Una de les últimes ocasions va ser en la declaració de Jordi Montull, saquejador confés del Palau de la Música, que va assegurar haver-se reunit amb el llavors gerent de Convergència, encara que no per parlar de diners sinó de “política i futbol”.

Els fets que ara es jutgen relatius al Palau haurien ocorregut mentre Gordó era gerent i Artur Mas secretari general. No obstant això, la imputació del titular de la cartera de Justícia ve per un altre cas: el del 3%. Els investigadors de la Guàrdia Civil col·loquen a Gordó directament al cim de la presumpta trama. Segons sostenen, seria ell al costat del tresorer Andreu Viloca les persones que tancarien o obririen l'aixeta dels contractes públics, en funció de si les empreses privades accedien a pagar donacions.

Davant la imputació, Gordó va accedir des del primer moment a apartar-se de la presidència de la comissió de Justícia al Parlament, però no així de l'escó, provocant una batalla campal entre sectors del PDECat. Mantenint l'acta de diputat aconseguida el llunyà 30 de juliol de 2015 gràcies a la intercessió de Mas, Gordó conservaria el seu aforament, aconseguint que sigui el TSJC qui instrueixi la seva peça. Però, a més, es blinda d'una eventual detenció, com les que ja els van ocórrer a Viloca i d'altres membres de Convergència, ja que als diputats només se'ls pot detenir en flagrant delicte.