Las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación permanente para adultos reciben este martes a 887.532 alumnos, lo que supone 11.600 menos que el curso pasado, una tónica que se viene repitiendo año tras año y en todos los ciclos educativos, debido a la bajada de la natalidad.

Desde la Consejería de Educación defienden que la reducción de alumnos no se ha traducido en una pérdida de recursos, ya que, según sus cifras, se han mantenido los 600 profesores de refuerzo que se incorporaron el curso pasado tras el acuerdo firmado con CSIF, ANPE y UGT.

En total, son 56.524 los profesores en Secundaria. En el caso de la Formación Profesional, la Junta oferta hasta 200.000 plazas en centros sostenidos con fondos públicos de las que alrededor de 30.000 son nueva oferta a distancia y otras 2.000, presenciales. En conjunto, Andalucía dispone de una oferta de 3.832 ciclos formativos y 197 titulaciones con 1.216 profesores de FP.

El curso en cifras

Para el curso 2026/2027, un total de 1.776.288 estudiantes se incorporan a las aulas andaluzas de 7.248 centros públicos, concertados y privados, atendidos por 131.525 docentes. En este sentido, el 94,27% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 75,5% (1,34 millones) en la enseñanza pública y el 18,7% (333.384) en la concertada.

Desde el curso 2018/2019, el conjunto del sistema educativo andaluz ha perdido más de 150.000 estudiantes. A pesar de contar con menos alumnos, la Junta de Andalucía refuerza de nuevo las plantillas docentes, sobre todo, las de atención a la diversidad, buscando seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer la mejor educación para todos.

En relación con el profesorado, la consejera ha sostenido que “no me parecería mal” que en el proceso de acceso a los grados de Magisterio hubiera pruebas con las que lograr seleccionar a los “mejores” no solo por conocimientos sino también por actitudes como la vocación. Desde Andalucía, se aboga por una revisión de los planes de estudio de los grados universitario y del máster habilitante, así como más tiempo de práctica antes de acceder a la función pública.

Este curso la plantilla pública alcanza los 109.128 docentes, un 7,7% más que el curso 2018/2019. Tras el inicio del curso en el segundo ciclo de Infantil y Primaria y ESO, Secundaria y FP, el próximo día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 86.738 estudiantes.

El curso escolar arranca con dificultades en la Comunidad de Madrid. El 61% de los centros educativos comienza con las plantillas incompletas y el 40% de ellos no ha recibido el cupo docente establecido en el acuerdo firmado en mayo de 2025, según Comisiones Obreras.

Los directores de los centros denuncian esta situación, que lleva produciéndose “desde hace tiempo”. “Todos los años tenemos problemas, empezamos con dificultades por este motivo”, explica Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad). En esta ocasión, muchos institutos están sufriendo la ausencia de profesorado: “Nos faltan todavía ocho o nueve profesores por centro”.

Desde el sindicato y directorio de los centros de secundaria señalan a la Administración. “No sabemos cuál es el problema, lo estamos intentando averiguar, pero este año los profesores a los que habían nombrado en julio no se han incorporado a los centros”, indica Rocha y matiza: “El problema ahora es que las plataformas están saturadas y, en muchos caso, el profesorado no está llegando”.

En los colegios también se está produciendo está situación. “Siempre ocurre”, señala Óscar Centeno, presidente del Consejo de Directores de Madrid, aunque admite que este año “se está notando más en secundaria y FP”. En los centros de Primaria e Infantil el problema reside en que los docentes de las especialidades “se agotan el día 1”, es decir, antes de comenzar el curso “hay especialidades que ya no cuentan con profesorado”. Ejemplifica con un caso particular de su centro: “Además de los habituales de FP, que ya se habían agotado antes de empezar, tampoco había docentes para Música”.

Ante la falta de profesorado, los equipos directivos se ven obligados a reorganizar el funcionamiento de los centros antes incluso de empezar. “A los niños les cuidan otros profesores, si tenemos suficientes, o salen al patio. Si es a última hora, los más mayores se van a su casa”, relata Rocha.

Los que sí están asumen el trabajo de las ausencias: “Los equipos directos hacen un trabajo excelente y nos cargamos de horas para que todo funcione, a pesar de muchos casos de mal funcionamiento de las plataformas y de la Administración”. Aún con la sobrecarga de trabajo, están “haciendo lo posible para que todo funcione y dé la sensación de normalidad”, insiste Rocha. Lo más importante es que las familias “estén tranquilas”, puesto que los niños “están atendidos y cuidados”, pero admite que “lo ideal es que la situación se subsane cuanto antes”.

Respuesta de la Administración

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aseguran que el procedimiento “se está desarrollando con normalidad”. A preguntas de este medio, indican que “las posibles incidencias puntuales en la aplicación PADI —la Plataforma de Asignación de Docentes Interinos—, se solucionan de manera inmediata”.

Una posición que contrasta con el relato de los directores, que defienden que este proceso no está siendo tan ágil como aseguran desde la Consejería. La respuesta que se les da a ellos desde la administración, cuenta su presidenta, es “paciencia”, que “lo está mirando” y que “poco a poco se irá solucionando” y “los sistemas dejarán de saturarse e irá llegando el personal”.

El problema parece radicar en el sistema que utilizan los centros para comunicar sus necesidades de personal. Aida San Millán, secretaria general de Educación de CCOO de Madrid, denuncia que la “Administración todavía no ha dado respuesta a las incidencias del PDDOC”, la plataforma y el documento a través de los que los equipos directivos registran las vacantes, las sustituciones y las necesidades del personal de cada centro. “Ya casi van 15 días del mes de septiembre sin arreglarse”, insiste, y matiza la dificultad: “No está cubriendo ninguna de las vacantes de los centros, es una barbaridad”.

Datos y otros problemas

En una nota de prensa, Comisiones Obreras cifra la problemática e indica otras que afectan al inicio del curso. Según los datos recopilados, el 27% de los centros públicos mantenían obras de construcción, reforma o ampliación sin terminar a pocos días del comienzo de las clases. Los trabajos afectan a la organización de los espacios y, según el sindicato, pueden llegar a condicionar la seguridad del alumnado.

La falta de personal se distribuye por toda la comunidad, pero con diferente impacto. La zona Sura presenta el porcentaje más alto de centros con plantilla incompleta, con un 65%, seguida de la zona este (64%), la capital (61%) y la zona oeste (50%). Estas cifras, para Comisiones Obreras, contradicen el “inicio de curso modélico” defendido por la Consejería de Educación.

El inicio del curso escolar ha vuelto a poner de manifiesto, según denuncian desde el sindicato PIR de profesores interinos, “las graves carencias que afectan a numerosos centros educativos públicos”. Deficiencias en materia de seguridad eléctrica, ascensores fuera de servicio “y una preocupante falta de medios informáticos dibujan un escenario de precariedad que resulta incompatible con las exigencias que la propia Administración reclama al conjunto de la sociedad”.

El colectivo considera “especialmente preocupante” el estado de las instalaciones eléctricas de determinados colegios y reclama la realización de auditorías técnicas exhaustivas para corregir unas deficiencias que, sostienen, “deberían estar resueltas” antes de exigir el cumplimiento estricto de las normas de seguridad a empresas y particulares. Asimismo, ven “especialmente contradictorio” que se impulse la modernización digital y la sostenibilidad sin garantizar previamente las condiciones básicas de seguridad de los propios edificios públicos para evitar riesgos en el alumnado.

A estas deficiencias se suma, según señalan desde PIR, “la situación de los ascensores que permanecen inoperativos en numerosos centros educativos” por retrasos en revisiones, mantenimiento y tramitación de permisos por parte de las administraciones responsables. En el caso de Logroño, califican de “especialmente grave” que estas actuaciones no se hayan ejecutado con la suficiente antelación para el arranque del curso escolar.

Las consecuencias “van más allá de una simple incomodidad”, según advierten, ya que impiden la movilidad de personas con discapacidad y obligan a los conserjes a trasladar por las escaleras mobiliario pesado. “No es razonable que un trabajador tenga que subir y bajar mobiliario pesado por las escaleras porque un ascensor lleva semanas sin funcionar por problemas administrativos”, denuncian, al tiempo que reclaman que se agilicen de inmediato todos los trámites para recuperar la accesibilidad universal.

El tercer gran problema señalado afecta a los medios tecnológicos puestos a disposición del profesorado, con ordenadores cuya antigüedad impide acceder al escritorio virtual. Esta escasez “obliga al profesorado a buscar soluciones por su cuenta” y a recurrir a sus propios ordenadores personales para trabajar, una práctica que el colectivo tacha de “preocupante” por sus implicaciones en materia de protección de datos. Según advierten, la Consejería de Educación exige una elevada responsabilidad en el tratamiento de los datos académicos pero no proporciona un entorno corporativo seguro, por lo que sostienen que “la responsabilidad de la vulneración de la ley de protección de datos recae en la Consejería” al no suministrar los equipos necesarios.

Ante este panorama, desde este colectivo de docentes interinos reclaman a las administraciones competentes la puesta en marcha de un plan de choque urgente que aborde de forma coordinada las principales deficiencias detectadas. Entre sus exigencias destacan la auditoría e inmediata subsanación de las instalaciones eléctricas, la puesta en marcha de los ascensores inoperativos, el cumplimiento de la accesibilidad universal y una dotación informática suficiente que evite el uso de dispositivos personales. Por último, exigen una planificación preventiva del mantenimiento durante el periodo no lectivo para evitar que cada curso comience arrastrando deficiencias, recordando que “la educación pública necesita recursos, mantenimiento y planificación, no discursos vacíos”.

El CEIP Enrique Tierno Galván de La Zubia, en Granada, ha comenzado el curso escolar con parte de sus instalaciones todavía en obras. Ventanas pendientes de colocar, baños sin terminar, polvo y materiales de construcción conviven estos días con el alumnado, mientras el centro ha tenido que reorganizar algunos de sus espacios para poder arrancar las clases con normalidad. Todo ante la indignación del propio centro, las familias de los estudiantes y hasta el consistorio local.

La actuación, destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del colegio, cuenta con una inversión de 210.277,58 euros de la Junta de Andalucía. Según fuentes del propio centro educativo, las obras debían estar casi finalizadas -a falta de detalles-, a comienzos de curso, pero la realidad ha sido distinta. Mientras la Consejería de Educación sostiene que los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y que la fecha prevista para su finalización es el próximo 31 de octubre, la comunidad educativa, sin embargo, se siente engañada: el curso ha comenzado antes de que las obras hayan terminado y con buena parte de los trabajos todavía visibles en el centro.

“Nos habían dicho que a principios de septiembre iba a estar prácticamente finalizada, solo a falta de poner el elevador”, explica Carmen, presidenta del AMPA del colegio, que tiene una hija de diez años escolarizada en el centro. Según relata, las familias se encontraron al comenzar septiembre con una obra mucho menos avanzada de lo que esperaban. El AMPA asegura que durante el verano apenas ha visto trabajadores en el centro y que, ante la proximidad del inicio de las clases, la dirección y el Ayuntamiento de La Zubia tuvieron que reclamar a la Junta medidas para garantizar que el alumnado pudiera acceder al colegio sin entrar en las zonas de trabajo.

La situación ha obligado además al centro a reorganizar parte de su funcionamiento. Según el AMPA, algunas aulas han tenido que cambiar de ubicación y espacios como la biblioteca y el aula de música se han adaptado para acoger clases que ya no podían desarrollarse en sus emplazamientos habituales. Uno de los cambios que más preocupa a las familias afecta al aula TEA, donde están escolarizados cinco alumnos con necesidades específicas. “Son niños con autismo severo y van a tener que cambiar de clase cuando ya llevan tres años adaptándose a un aula”, señala Carmen. El resto del alumnado también se ha visto afectado, según el AMPA, por cambios en los patios y por la reorganización de los espacios del centro.

La presidenta de la asociación de madres y padres insiste, no obstante, en que las familias no cuestionan la necesidad de la actuación. Al contrario: las obras pretenden precisamente eliminar las barreras arquitectónicas que tenía el colegio. La crítica se centra en las condiciones en las que el centro afronta el comienzo del curso y en las expectativas que, según el AMPA, se habían trasladado sobre el calendario de los trabajos.

El Ayuntamiento de La Zubia, gobernado por el PSOE, también ha reclamado a la Junta que acelere las obras. La alcaldesa, Puri López, ha visitado en varias ocasiones el centro y avala la versión de las familias y el propio colegio: la existencia de trabajos pendientes, materiales de obra en distintas zonas, ventanas sin colocar, baños sin terminar y polvo derivado de las actuaciones. “Estamos hablando de nuestros niños y niñas y de un centro educativo en el que pasan muchas horas cada día”, señala López, que reclama que alumnado, profesorado y trabajadores puedan desarrollar su actividad “con todas las garantías de seguridad y bienestar”.

Una obra con plazo hasta finales de octubre

No obstante, la Junta de Andalucía ofrece una explicación distinta sobre el calendario. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), asegura que la actuación fue programada dentro del programa de Obras de Escolarización de Verano y que contempla un periodo de ejecución de cuatro meses. El Ejecutivo regional cifra en 210.277,58 euros la inversión y explica que la intervención tiene como objetivo la “supresión de barreras físicas y arquitectónicas” para garantizar la movilidad y la inclusión del alumnado. Según la Junta, la fecha de conclusión prevista es el 31 de octubre de 2026. Es decir, casi dos meses después del inicio del curso escolar. Una explicación que choca con el calendario que manejaba la comunidad educativa, mucho más corto en el tiempo.

Sin embargo, la Junta sostiene que mantiene el contacto con la dirección del centro y que las instalaciones serán sectorizadas para separar las zonas de trabajo de las utilizadas por el alumnado. También asegura que se adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para garantizar el inicio del curso.

Es precisamente ahí donde aparece la principal diferencia entre la versión de la Administración y la de las familias. La Junta defiende que los trabajos se encuentran dentro del plazo previsto y que el centro puede comenzar el curso con las medidas de seguridad correspondientes. El AMPA, en cambio, considera que la comunidad educativa esperaba que la obra estuviera prácticamente acabada cuando los alumnos regresaran a las aulas.

Mientras los trabajos continúan, la dirección del centro ha tenido que reorganizar espacios y recorridos para hacer compatible la actividad educativa con una actuación que todavía tiene por delante varias semanas de ejecución. Carmen reconoce que la dirección está extremando las precauciones para evitar que el alumnado acceda a las zonas de obra. “Se está controlando al máximo”, asegura después de haber recorrido el colegio para comprobar las entradas, las salidas y las medidas de seguridad.

El AMPA ha convocado además una concentración a las puertas del centro para reclamar que las obras se aceleren y que el colegio pueda recuperar cuanto antes la normalidad. La actuación que debía servir para hacer el Tierno Galván más accesible ha convertido, al menos durante el arranque del curso, parte del colegio en un espacio de convivencia entre clases y trabajos de construcción. La Junta mantiene octubre como fecha de finalización. Las familias esperan que, esta vez, el calendario se cumpla.

El curso escolar 2026/2027 arranca en Andalucía con medidas para reducir las ratios en las aulas de tres años y para reforzar la plantilla docente con 4.309 nuevos efectivos en la red pública, pero también con la comunidad educativa preparando un otoño de movilizaciones.

Después de que los menores de tres años empezaran las clases el pasado 3 de septiembre, este jueves lo harán un total de 690.624 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, una cifra que baja por primera vez de los 700.000 estudiantes como consecuencia del descenso de la natalidad.

Dentro de cinco días, el próximo 15 de septiembre, se incorporarán 887.532 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), mientras que el día 21 regresarán a las aulas otros 86.738 alumnos de las enseñanzas de idiomas y artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático.

El curso empieza, además, con otra fecha marcada en el calendario: el 11 de noviembre, cuando está convocada una huelga general educativa en Andalucía. La cita es el resultado de la estrategia impulsada este verano por la Asamblea por la Educación Pública Andaluza, que aspira a formar en la comunidad un frente común inspirado en las movilizaciones docentes que están marcando la vuelta al cole en otros territorios como Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana.

“Con avances” pero “con mucho por hacer”

El escenario de movilización coincide con el segundo año de aplicación del acuerdo marco alcanzado por la Junta con CSIF, ANPE y UGT, que ha incorporado algunas de las principales demandas de los docentes, como la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos en las aulas de tres años y la ampliación de las plantillas para la atención a la diversidad.

El resumen que hace ANPE es el curso comienza “con avances importantes”, pero “queda mucho por conseguir”. Entre las reivindicaciones que siguen sobre la mesa se encuentra, precisamente, una bajada más ambiciosa de las ratios que alcance a todas las etapas preuniversitarias, así como “una reducción de la carga burocrática” que permita al profesorado dedicarse plenamente a la enseñanza.

Desde USTEA, la principal reivindicación pasa por que no se sigan cerrando aulas en la escuela pública, mientras se mantienen los conciertos educativos. El sindicato cifra en 2.758 las unidades de Infantil y Primaria suprimidas desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019. La novedad este curso es que la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula se ha traducido en la creación de 234 nuevas unidades de tres años.

La atención a la diversidad es otro de los principales frentes a mejorar. Las organizaciones educativas reclaman más profesionales y apoyos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Al hilo, una de las responsables de la confederación de ampas de Andalucía CODAPA, Rocío Bejínez, considera “insostenible” la situación que afrontan estas familias y reclama un marco específico que garantice una atención a la diversidad “plena y real”.

Los sindicatos también ponen el foco en las condiciones laborales del profesorado. USTEA y ANPE reclaman que los docentes de Infantil y Primaria sean reconocidos como personal A1 y equiparados salarialmente con el resto del profesorado. Además, exigen de que el teletrabajo pueda ser también una opción para los maestros en aquellas tareas que no requieran presencia en el centro.

A estas demandas se suman otras relacionadas con las condiciones de las infraestructuras educativas, especialmente en lo que respecta a la climatización, coincidiendo con un inicio de curso marcado por las altas temperaturas. En ese sentido, USTEA y CODAPA reclaman la aplicación efectiva de la ley de bioclimatización aprobada en el Parlamento andaluz hace seis años. La confederación de ampas añade entre sus reivindicaciones un comedor escolar “universal, gratuito, público y de calidad”, así como “que se frenen de inmediato las políticas de privatización” con una mayor apuesta por la oferta pública de FP.

Hacia la huelga del 11 de noviembre

Noviembre se ha fijado así como el gran horizonte de la movilización en defensa de la educación pública. Pero la huelga del día 11 no será el primer paso: las organizaciones que integran la Asamblea por la Educación Pública Andaluza han acordado dedicar las primeras semanas del curso a preparar la protesta mediante asambleas, concentraciones y otras acciones surgidas de los propios centros, con el objetivo de llegar al 11 de noviembre con un movimiento consolidado.

Las movilizaciones, de hecho, ya han comenzado. Este miércoles se han concentrado en Andalucía trabajadores del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y del colectivo de Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) externalizados para reclamar que sus contratos cubran todo el curso escolar, con jornada a tiempo completo y vacaciones durante el verano. “Son personal imprescindible para una verdadera inclusión, es hora de que sean tratados como tal”, han reivindicado desde la federación de Enseñanza de CCOO Andalucía.

La mañana de este viernes 11 de septiembre también hay convocada una concentración en el Rectorado de la Universidad de Granada contra “la privatización y el desmantelamiento de la educación pública”, en el marco del acto oficial del inicio del curso universitario, al que asistirá el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno.

La hoja de ruta incluye, además, una nueva reunión de la Asamblea Andaluza por la Educación Pública el 29 de septiembre para “establecer planes concretos”, como explican desde el colectivo docente. La estrategia busca reproducir en Andalucía la ola de movilizaciones que durante el último curso se ha extendido por comunidades como Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana. El movimiento reclama, entre otras cuestiones, una mayor financiación de la educación pública, el freno a la privatización, más recursos para atender a la diversidad y mejores condiciones para el profesorado.

Frente a este escenario, la consejera de Educación, Carmen Castillo, ha asegurado que la Junta respeta el derecho a la huelga y ha defendido que mantiene abierta la vía del diálogo con las organizaciones sindicales. “Nos sentamos a dialogar constantemente, levamos 26 acuerdos”, ha señalado a preguntas de este periódico, antes de recordar las medidas que se han puesto en marcha este curso, como la reducción de ratios y la incorporación de 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica.

El curso comienza así con avances reconocidos incluso por parte de los sindicatos firmantes del acuerdo marco, pero también con reivindicaciones pendientes y una huelga ya convocada para noviembre. El 11 de noviembre será, en ese sentido, la primera gran prueba para medir hasta dónde llega el frente común que la comunidad educativa andaluza comenzó a construir este verano.

Andalucía afronta el nuevo curso escolar con los malos resultados del último informe PISA como telón de fondo. A dos días de que empiecen las clases en Infantil y Primaria, y a una semana de que lo hagan en Secundaria, se han conocido los datos de la principal prueba de desempeño educativo del mundo. El desplome ha sido generalizado en el conjunto de España, pero preocupa especialmente en comunidades como la andaluza, que se estanca a la cola del ranking que mide el rendimiento educativo de los jóvenes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias.

El alumnado andaluz vuelve a situarse entre los peores resultados del país en esas tres competencias evaluadas. La distancia respecto a la media española supera los diez puntos en todas ellas, alcanzando los 15 en matemáticas y ciencias, y los 19 puntos respecto a la media europea. En concreto, los estudiantes andaluces obtienen 442 puntos en Matemáticas (frente a los 457 de media nacional); 441 en comprensión lectora (frente a 451); y 462 en Ciencias (frente a 477).

En matemáticas, Andalucía ocupa la cuarta posición, solo por delante de la Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla, mientras que en ciencias ocupa también la parte baja de la clasificación, situándose quinta por la cola. En el caso de la lectura, sube dos posiciones, colocándose por delante de Baleares, Navarra, Comunitat Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla.

El diagnóstico llega además en un momento especialmente significativo, en pleno arranque del nuevo curso en Andalucía. Un curso en el que se estrenan algunas de las medidas acordadas con los sindicatos el pasado verano, como la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula en Infantil de tres años. La medida forma parte de un proceso de reducción progresiva de las ratios, que irá “escalando curso a curso hasta implementarse en todos los niveles de Infantil y Primaria”, tal y como ha explicado este martes la consejera de Educación, Carmen Castillo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El curso 2026/2027 en datos

Junto a la novedad de la bajada de la ratio, la Junta ha puesto en valor el refuerzo de los recursos destinados a las aulas andaluzas con el que arranca el nuevo curso. Un total de 1.776.288 estudiantes se incorporarán a lo largo de septiembre a los 7.248 centros públicos, concertados y privados de Andalucía, atendidos por 131.525 docentes en total. Más del 94 % del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, el 75,5% de ellos en la enseñanza pública y el 18,7% en la red concertada.

La cifra de alumnado ha sufrido un recorte de 30.322 estudiantes respecto al curso anterior entre Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, lo que supone el mayor descenso de toda la serie histórica debido a la caída de la natalidad, según ha indicado la Consejería. Pese a esta pérdida de estudiantado, la plantilla pública alcanza este curso los 109.128 docentes, un 7,7% más que en 2018/19.

Además, este curso escolar la red pública contará con 4.309 efectivos de refuerzo, de los que 2.096 se destinarán a atención a la diversidad y necesidades educativas especiales, 1.216 a la ampliación de la oferta de Formación Profesional, 705 al refuerzo académico y 292 a la digitalización, con una inversión de 238 millones de euros cofinanciada con fondos europeos. Asimismo, otros 787 maestros y especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica (PT) se incorporarán a los centros públicos, en aplicación del acuerdo alcanzado con los sindicatos.

La otra gran novedad es la creación de 234 nuevas aulas de tres años, como consecuencia de la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula. Esta medida frena la tendencia de los últimos años, en los que se han suprimido un total de 2.758 unidades de Infantil y Primaria desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019, según los datos recopilados por USTEA a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

“No es un problema de recursos”

Con este escenario de más docentes pese al descenso del alumnado y un refuerzo de los efectivos en las aulas, la consejera de Educación ha descartado que los malos resultados de PISA puedan atribuirse a la falta de medios a la que apuntan los sindicatos. “Por recursos no es”, ha asegurado Castillo, para defender que la educación andaluza cuenta actualmente con recursos en máximos históricos.

La consejera ha destacado en este sentido el aumento de la plantilla docente, la reducción de la ratio y el refuerzo de las horas de Lengua y Matemáticas. “Los recursos son una condición necesaria, pero no son suficientes”, ha señalado, apuntando a otros factores como los aspectos curriculares, metodológicos y de evaluación, así como a la regulación del uso de las pantallas y los dispositivos.

Asimismo, la responsable andaluza en Educación ha puesto el foco en las políticas educativas estatales, criticando que hayan perdido, a su juicio, la “cultura del esfuerzo”, lo que estaría contribuyendo a que los alumnos lleguen a etapas posteriores con “menor nivel educativo”. Por otro lado, la consejera ha querido contraponer los resultados del informe PISA con otros indicadores del sistema educativo que arrojan un panorama más positivo, como la tasa de abandono escolar, que se encuentra en Andalucía en mínimos históricos.

Una “llamada de atención” a ojos de los sindicatos

Frente al diagnóstico de la Junta, los sindicatos educativos consideran que los datos deben servir precisamente para revisar las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza. Desde ANPE, su presidente estatal, Francisco Venzalá, ha advertido de que el informe recién publicado pone de manifiesto que “la alarma está sonando” y ha rechazado que los resultados puedan utilizarse para señalar al personal docente. “El profesorado trabaja con las condiciones que se encuentra, con el marco legislativo y los recursos que les conceden”, ha defendido.

En la misma línea, CSIF Andalucía considera que PISA debe ser una “llamada de atención” para “reforzar la educación pública” y “mejorar las condiciones de enseñanza”. La organización señala como principales carencias las ratios, la atención a la diversidad, los apoyos tempranos y la orientación, además de la carga burocrática. “Cuando los resultados no son buenos, la respuesta no puede ser buscar culpables en las aulas, hay que mirar qué recursos tienen los centros, cuántos alumnos atiende cada docente, qué apoyos recibe el alumnado que presenta dificultades y cuánto tiempo pierde el profesorado en tareas burocráticas que lo alejan de su función principal, que es enseñar”, ha señalado su presidenta de Educación, Elena García.

CCOO Andalucía también vincula los resultados a las condiciones del sistema y apunta a “ratios demasiado elevadas”, falta de profesionales para atender a la diversidad, sobrecarga del profesorado y exceso de burocracia. El sindicato reclama además un acuerdo por la educación pública y alerta del avance de la privatización, especialmente en los servicios educativos complementarios y la Formación Profesional. “PISA no viene a suspender al profesorado ni al alumnado”, sino que pone en evidencia “problemas estructurales” que “requieren respuestas políticas”, según Marina Vega, de CCOO Andalucía.

Por su parte, UGT Andalucía atribuye el retroceso a años de falta de inversión y de recursos humanos y materiales, así como al incremento de la diversidad sin los apoyos necesarios. El sindicato considera que PISA refleja que la educación andaluza ha quedado “en un segundo plano” para el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

También la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha mostrado su “profunda preocupación” ante los resultados que “no son una foto aislada, sino la constatación de un problema estructural que arrastra el sistema educativo desde hace varias ediciones” y que exige “dejar de mirar hacia otro lado y actuar con seriedad, sin urgencias electorales ni parches de última hora”. La patronal de la enseñanza privada y concertada reclama estabilidad normativa y mayor exigencia académica, además de criticar los continuos cambios curriculares sin suficiente acompañamiento al profesorado.

El nuevo curso comienza, por tanto, con dos fotografías sobre la mesa: la de una administración que pone en valor el aumento de recursos y la reducción de ratios, y la de unos resultados académicos que mantienen a Andalucía en la parte baja del sistema educativo español.

Los colegios de Sevilla se preparan para abrir sus puertas y recibir al alumnado de Infantil y Primaria el próximo jueves 10 de septiembre. En este contexto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes el 'Plan Colegios Limpios', que está en marcha desde el pasado 1 de septiembre en los 108 centros educativos públicos de la ciudad. Sobre este asunto, el regidor ha destacado que se trata de un servicio “mucho más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales y que supone un antes y un después en la limpieza de los colegios”.

Hasta ahora, el Ayuntamiento contaba con una plantilla de 636 personas encargadas de la limpieza de 350 edificios municipales –colegios, centros cívicos, bibliotecas, parques de bomberos o comisarías–, lo que suponía una media de apenas 1,8 trabajadores por edificio, “una ratio claramente insuficiente y especialmente crítica en los colegios, que sufren mayor desgaste y uso que el resto de instalaciones”, señala el Consistorio en una nota de prensa.

Por eso, Sanz ha anunciado que a partir del próximo curso habrá un mínimo de 389 nuevos trabajadores para la limpieza de los 108 colegios públicos, lo que equivale a 3,6 profesionales por centro, duplicando la plantilla actualmente dedicada a esta labor. Como novedad, se crea un turno de mañana para el personal de limpieza, inexistente hasta ahora y “reclamado durante años por las AMPA y las direcciones de los centros”, como ha recordado el regidor hispalense durante la presentación que ha tenido lugar en el CEIP Mariana Pineda, del Distrito Norte.

El resultado es que el Ayuntamiento alcanzará los 1.191 empleados dedicados a la limpieza de los edificios municipales: los 636 ya existentes, las 166 incorporaciones ya previstas y los 389 del nuevo plan, que cuenta con una inversión de 25 millones de euros en dos años, “a los que se suman cerca de 20 millones anuales que el Ayuntamiento ya destina a los peones de limpieza municipales”.

Cabe recordar que la limpieza de los colegios era una asignatura pendiente de la legislatura de José Luis Sanz, reconocida por el propio alcalde. El curso pasado estuvo marcado, además, por el conflicto con los trabajadores del servicio municipal de limpieza en los colegios públicos, después de que el Gobierno local optara por externalizar parte del servicio, en lugar de reforzar la plantilla cubriendo las vacantes con empleados públicos como venía reclamando la plantilla. Finalmente, el conflicto se cerró con la firma de un acuerdo que garantizaba la continuidad de los 481 peones actualmente en plantilla, y la incorporación de nuevas plazas en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027.

Maquinaria de última generación

El nuevo 'Plan Colegios Limpios' contempla además maquinaria profesional de última generación: fregadoras eléctricas, sopladoras, hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras, además de medios específicos para la eliminación de grafitis en fachadas y exteriores. Además, se prevén tres limpiezas generales en profundidad a lo largo del curso, que se suman a los turnos de mañana y tarde.

Por otro lado, Sanz ha señalado que “el contrato incorpora un sistema digital de seguimiento que permitirá conocer diariamente los trabajos realizados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada centro educativo, reforzando la supervisión y la mejora continua de la prestación”.

El alcalde ha insistido en que este refuerzo del servicio no supone perjuicio alguno para la plantilla municipal. “Les doy la cifra de los trabajadores municipales que se van a despedir: cero”, ha afirmado Sanz, quien ha subrayado que la medida reduce la carga de trabajo de los empleados públicos, mejora sus condiciones laborales y dignifica su labor profesional.

Lipasam refuerza también la limpieza en el entorno de los colegios. A través de la empresa municipal de limpieza, el Ayuntamiento ha realizado más de un millar de actuaciones (1.055) en los exteriores de los centros educativos antes del inicio de las clases del curso 2026/2027. Los trabajos incluyen desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza del mobiliario urbano cercano a los accesos, y baldeos y barridos en las entradas de los centros, y se extienden a todos los niveles educativos (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y también centros de enseñanza privada).

A esta actuación se suma la renovación de los itinerarios escolares: el Ayuntamiento ha invertido 150.000 euros en el repintado de calles escolares en el entorno de medio centenar de centros educativos, con una nueva señalización vertical de 'Calle Escolar' “para pacificar el tráfico y proteger a los peatones en los entornos educativos de los once distritos”.

Más de 5,6 millones de obras en 50 colegios

Durante el verano, el Ayuntamiento ha afrontado obras en 49 centros educativos públicos, de los que 40 estarán completamente terminados al inicio de este curso escolar. Sanz ha puntualizado que algunas de esas actuaciones que seguirán durante el curso y las nuevas que vendrán “están totalmente coordinadas con las direcciones, profesorados y AMPA para que no afecten en lo más mínimo a su desarrollo educativo durante el curso”.

Trabajos que se enmarcan en una inversión de 5,6 millones de euros en obras en ejecución, a los que se suman 8,95 millones en proyectos en fase de redacción, cerca de 10 millones ya entregados y 1,5 millones en obras en licitación. “Todo eso se suma a los más de 25 millones de euros que hemos invertido y estamos invirtiendo en estos tres años en renovar los colegios públicos de Sevilla”, ha destacado Sanz.

Primero va a ser Catalunya, con un día para empezar. Le seguirá Madrid, con fecha de principio, pero no de fin. Luego Andalucía, quizá la Comunitat Valenciana, Cantabria, Aragón... El curso educativo comienza esta semana en toda España exactamente como terminó el pasado: entre huelgas convocadas en algunas comunidades, protestas que podrían desembocar en más paros en otras y con un gran descontento generalizado entre los docentes. Mientras, el Ministerio de Educación trata de aprobar mejoras en sus condiciones laborales para que “la legislatura del profesorado”, como la han llamado las dos ministras que ha habido desde las últimas elecciones, sea algo más que un eslogan.

Los sindicatos educativos llevan meses, si no años, advirtiendo del deterioro de las condiciones en que se ejerce la docencia y el impacto que tiene en la salud mental del profesorado. El aumento de la diversidad en las aulas, derivado de la creciente presencia de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo —que a su vez se explica en parte por la mejora de los sistemas de detección y diagnóstico—, junto a una ley educativa, la Lomloe, que exige una atención personalizada —y su subsiguiente burocracia en forma de informes personales “en cada paso que das”, denuncian los docentes–, han formado un cóctel explosivo que ha llevado a los profesionales al límite.

En menos de 20 años (desde 2007 hasta 2025), el porcentaje de docentes que dice vivir su profesión con indiferencia ha pasado del 2 al 38%, según un estudio reciente de la Fundación SM. El profesorado siempre rehúye ese mantra de que haga falta vocación o vivir la docencia con pasión para ejercer y ser un buen profesional, pero el dato es indicativo de la degradación del sector en los últimos años.

Las ratios de alumnado por clase, los salarios, las horas lectivas, la falta de especialistas (profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), el trato preferente en algunas comunidades que recibe la escuela concertada, la burocracia que aplasta... Las reivindicaciones, transversales a casi todas las comunidades, se agolpan. Y las comunidades siguen sin resolver la alta tasa de interinidad, situada de manera casi crónica entre el 25% y el 30%, según calculan algunos sindicatos, porque no existen datos oficiales.

Además de ver cómo no llegan los recursos que necesitan, los docentes no se sienten valorados ni respaldados por la sociedad, pese a que cada vez les toca asumir más tareas, desde controlar el uso de los móviles hasta vigilar las autolesiones o el acoso escolar. Lo resume Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid: “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias. A fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

El aumento de la complejidad

CCOO trató de poner cifras a ese aumento de la diversidad: el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo se ha incrementado por encima del 75% en seis años y ha pasado de suponer un 7,59% del total al 13%, según un cálculo conservador. CSIF estima que, en total, hay 1,2 millones de estos estudiantes, el triple que hace 15 años.

Y, mientras eso pasaba y las clases se complejizaban, la partida destinada a atender esta creciente diversidad subía un 31%. No hace falta ser matemático para observar que las cuentas no salen y el déficit lo paga el profesorado, vienen a explicar los responsables sindicales.

Los docentes exigen dinero, pero más para el sistema que para ellos mismos (que también). La mayoría de las reivindicaciones del curso anterior, como las de este, incluyen una mejora salarial, pero en Catalunya, donde las protestas se extendieron durante todo el año, los docentes rechazaron una subida de 600 euros mensuales en tres años porque no venía acompañada de otras medidas que alivien su carga y les permita trabajar mejor.

Retomarlo donde se dejó en junio

Durante el pasado curso, al menos diez autonomías vivieron protestas docentes de diferente magnitud. En alguna, como la Comunitat Valenciana o Madrid, con una intensidad nunca antes vista.

Abrieron fuego en Madrid las educadoras de Infantil, que empezaron en abril una huelga indefinida que aún se mantiene. Estas docentes son las más precarias de toda la educación y además están en un sector atomizado, con realidades muy diferentes en función del tipo de escuela en el que se trabaje: las públicas ofrecen condiciones considerablemente mejores que las privadas, donde las nóminas apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A partir del 14 de octubre se les unen el resto de compañeros de la educación no universitaria: más de una docena de organizaciones, incluidos varios de los principales sindicatos y asambleas docentes y de estudiantes, han convocado un paro indefinido ante la degradación de la educación pública.

En la Comunitat Valenciana los docentes fueron el pasado curso a un paro indefinido que mantuvieron durante cinco semanas consecutivas. Llevaron al límite a la Generalitat, aunque la ruptura de la unidad sindical por parte de ANPE y CSIF fue un torpedo en la línea de flotación de la protesta, que entró en pausa hasta este curso.

El profesorado catalán también forzó el pasado curso a su Generalitat con varias jornadas de paro no consecutivas y, sobre todo, manifestaciones de dimensiones no registradas en muchos años en este sector. El Govern trató de negociar, pero sus propuestas fueron rechazadas por insuficientes y los docentes volverán a las calles de nuevo este mismo viernes 11 de septiembre.

A ellas se sumará Andalucía, donde ya se ha convocado un paro general para el próximo 11 de noviembre contra el “desmantelamiento” de la educación pública en la región. Cantabria, Aragón, Balears, Castilla y León y Navarra también tienen previsto algún tipo de protesta para arrancar el curso, que no se descarta que escale a huelga.

El sindicato CSIF, uno de los principales del sector, ha anunciado una campaña de movilizaciones durante el mes de septiembre por el “abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y las comunidades autónomas”, que, advierte la organización, podría desembocar en convocatorias de huelga.

La vía del Congreso

Mientras los docentes expresan su frustración en la calle —dirigida contra sus gobiernos autonómicos, que tienen las competencias educativas—, el Ministerio de Educación, que dirige Milagros Tolón, intenta sacar adelante varias medidas destinadas a mejorar su situación y que, en conjunto, deberían formar algo parecido a un estatuto docente. Este elemento es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales desde hace años: una norma que regule y organice la carrera docente desde la entrada (el sistema de oposiciones) hasta la jubilación, pasando por promociones, cuerpo profesional, condiciones laborales, como ratios y horas lectivas, etc.

Pero ante la previsible dificultad de sacar adelante una norma tan completa, el anterior equipo ministerial decidió afrontarlo por partes. Así, se han creado varios grupos de trabajo sobre diferentes aspectos que van avanzando en paralelo. Educación decidió empezar por las horas lectivas semanales—de clase efectiva en el aula— y las ratios, que deberían ser las primeras en aprobarse.

Parte de ese camino ya está andado. A partir de este mes de septiembre, informa EFE, el proyecto de ley que reducirá el número de alumnos por clase en primaria y secundaria —máximo 22 y 25, respectivamente, desde los actuales 25 y 30— y reducirá la jornada docente —topes de 23 horas y 18 horas, respectivamente, desde 25 y 20— retoma su tramitación para continuar con la presentación de enmiendas, debate y votación. Pero esta ley requiere de mayoría para ser aprobada tanto en el Congreso como en el Senado y el trámite podría complicarse en un año electoral.

Probablemente, antes de eso, el Ministerio va a acometer la rebaja de las ratios de Infantil y Bachillerato, etapas no obligatorias y que se regularán en un Real Decreto que no necesita pasar por el Congreso. Educación propone bajar las ratios de Infantil (cuatro bebés por educadora en aulas para menores de un año, seis bebés en clases de uno y dos años, ocho en las de dos y tres años y 22 de tres a seis años), de Bachillerato (a 30 alumnos por profesor, desde 35) y de FP básica (tope de 15 alumnos). También podría incluir que el alumnado con necesidades específicas cuente doble y un aumento de los recursos para la orientación y para el coordinador de bienestar.

Llega el final de agosto y, de pronto, me descubro haciendo algo completamente absurdo: estoy en una papelería, tocando el papel de un cuaderno grande precioso con la tentación infantil de comprármelo. Tengo ya tres en casa sin estrenar y la vista se me va a una agenda con una especie de prisa; como si me urgiese reorganizar la casa, ordenar los armarios y poner más disciplina en las mañanas. Y entonces me entra la risa, porque estoy jubilada. Y no sé por qué todos los años me sucede lo mismo.

Ya no tengo un colegio al que regresar, ni correos esperándome, ni documentación que preparar o revisar , ni alarmas a las siete de la mañana. No le debo explicaciones a ningún calendario. Teóricamente, mi vida ya no tiene 'vuelta al cole'. Y, sin embargo, aquí estoy, picando en la misma trampa de siempre. Es curioso cómo se nos queda el tiempo pegado al cuerpo. Durante cincuenta años, sumando la infancia, la maternidad y la docencia, septiembre no ha sido solo un mes; ha sido una frontera física y emocional: el olor a libros nuevos, la logística de los niños cuando eran pequeños, el estrés de los primeros días después de las vacaciones. Septiembre es, sobre todo, una memoria.

Cuando llegó la jubilación, pensé que el tiempo se convertiría en una balsa tranquila. Había soñado tantas veces con tener todo el tiempo del mundo que estaba segura de que disfrutarlo sería fácil. Lo que nadie te cuenta es que el tiempo completamente libre también da un poquito de vértigo. Aquel primer lunes tras mi jubilación ,el despertador sonó como todas las mañanas. No lo había apagado la noche anterior porque, en el fondo, no me atreví a borrar la alarma, como si al hacerlo también borrara el lugar que había ocupado durante cuarenta años. Me estiré para silenciarla en la penumbra y, por pura inercia, busqué con la mirada el bolso que seguía colgado de la percha del dormitorio. El mismo que durante décadas llené de tizas, cuadernos, exámenes metidos en carpetas elásticas y bolígrafos. Allí seguía. Vacío.

Entonces me golpeó un silencio tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Me senté en el borde de la cama y contemplé mis manos sobre las sábanas. Aquel día comprendí algo que no había aprendido en cuatro décadas de docencia: tener tiempo no significa saber habitarlo. Durante décadas, mi vida había estado organizada alrededor de horarios y urgencias. Siempre había algo que hacer y, casi siempre, alguien que necesitaba algo de mí. Sin darme cuenta, acabé asociando mi valor personal a mi capacidad para ser útil. Como les ocurre a muchas personas, y especialmente a muchas mujeres, había aprendido a responder antes a las necesidades ajenas que a las propias. Cuando desaparecen las obligaciones profesionales, es fácil seguir buscando incendios que apagar: un favor para un vecino, una gestión para un familiar, colaborar en una asociación... cualquier cosa que nos devuelva la sensación de que seguimos siendo necesarias. Pero un día comprendí que la pregunta importante no era quién me necesitaba, sino qué necesitaba yo.

Y entonces empecé a escuchar una frase que muchas amigas me repiten con cariño: “Desde que te jubilaste, no paras de escribir”. Siempre sonrío porque encierra un pequeño malentendido. No empecé a escribir cuando me jubilé. Escribo desde que era una niña. Mientras otras personas coleccionaban cromos o muñecas, yo coleccionaba historias. Siempre fui una lectora voraz y muy pronto descubrí que leer y escribir eran dos maneras de comprender el mundo y también de comprenderme a mí misma. A lo largo de mi vida fui llenando algunos cuadernos, escribiendo durante las vacaciones o robándole horas al descanso. Nunca dejé de escribir. Simplemente, lo hacía en los márgenes de una vida llena de responsabilidades.

Nos incomoda el silencio. Sin embargo, cuando dejamos de llenar cada hueco con prisas o distracciones, aparece un espacio donde pueden aflorar ideas e intereses que llevaban años esperando. El aburrimiento no crea una vocación: la desentierra

La jubilación me regaló continuidad de poder escribir. Ahora puedo sentarme cada mañana frente al teclado sin la sensación de estar robándole tiempo al colegio, a la familia o a cualquier otra obligación. No escribo para combatir el aburrimiento, sino porque la escritura siempre ha sido mi manera de pensar, de ordenar la memoria y de reconciliarme con la vida. Y quizá el aburrimiento sí tenga algo que ver con todo esto. Vivimos empeñados en llenar cada minuto del día. Si esperamos en una cola, sacamos el teléfono; si caminamos, escuchamos un pódcast; si tenemos una tarde libre, buscamos enseguida algo que hacer. Nos incomoda el silencio. Sin embargo, cuando dejamos de llenar cada hueco con prisas o distracciones, aparece un espacio donde pueden aflorar ideas e intereses que llevaban años esperando. El aburrimiento no crea una vocación: la desentierra.

La escritura y la enseñanza tienen algo en común: ambas son formas de sembrar. Cuando enseñamos, nunca sabemos exactamente cuándo germinará aquello que intentamos transmitir. Todavía recuerdo a una alumna que llegó al colegio de Cabañas de la Sagra a comienzos de los años ochenta, en sexto de Primaria. Apenas levantaba la cabeza y parecía pedir perdón casi por respirar. Muchísimos años después me la encontré encabezando una manifestación del 8 de marzo. Llevaba un megáfono en la mano y una fuerza que le iluminaba la cara. Al abrazarme, me susurró al oído: “Profe, usted me enseñó a tener iniciativas y a responsabilizarme de ellas. Y... aquí estoy”. Aquel encuentro me recordó que las maestras sembramos a largo plazo. A veces pasan décadas y, cuando menos lo esperamos, una antigua alumna aparece convertida en la mujer que un día solo se atrevió a imaginar. Durante tanto tiempo me esforcé en enseñar a otras personas a confiar en su propia voz que ahora me corresponde aplicar conmigo misma aquella vieja lección. También he tenido que aprender a tratarme con amabilidad. Durante muchos años me exigí cosas que jamás habría exigido a mis alumnos. Si un día no escribía, me reprochaba la falta de disciplina. Si una página no salía bien, pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Ahora procuro hablarme de otra manera. He descubierto que la amabilidad mueve más que la culpa y que las grandes obras también se construyen línea a línea.

Ya no necesito demostrarle a la sociedad que soy una mujer útil, ni convencer a mi familia de que puedo sostenerlo todo. Esas batallas ya las tengo muy superadas. Ahora la tarea es otra: permitirme vivir este tiempo sin culpa, dedicar horas a leer, a escribir, a pensar o, sencillamente, a no hacer nada. Bastantes años pensé que descansar era algo que había que ganarse después de cumplir con todo lo demás. Ahora entiendo que el tiempo que no está dedicado a una obligación no tiene por qué ser un tiempo perdido.

Durante toda mi vida, septiembre significó volver: volver al colegio, a los horarios, a las prisas. Ahora ya no tengo que regresar a ninguna parte, pero sigo necesitando ese pequeño ritual para inaugurar algo. Quizá eso sea lo que hay detrás de nuestra relación con septiembre: no tanto la necesidad de cambiar de vida como el deseo de sentir que todavía podemos empezar algo. Para mí, este mes ya no es el juez que me exige rendir cuentas. Es una excusa amable para detenerme un momento y decidir qué quiero hacer con los próximos meses.

Y sí, al final, me he comprado el cuaderno; pero no para llenarlo de tareas pendientes ni de compromisos con los demás. Lo he comprado para escribir en él todo lo que se me ocurra sin ninguna prisa y sin ninguna obligación.

Creo que los grandes cambios de la vida nos obligan a recuperar la vida que ya estaba dentro de nosotros, esperando un poco de espacio. Yo no me reinventé nada; simplemente regresé a una parte de mí que siempre había estado ahí: la niña a la que le encantaba leer y que descubrió muy pronto que escribir era otra forma de estar en el mundo.

Ya no necesito justificar mi tiempo. Ahora puedo preguntarme qué quiero hacer con él. El mayor regalo de esta etapa no ha sido disponer de más horas en el reloj: ha sido, por fin, tener el tiempo de ser yo. Y quizá por eso septiembre siga teniendo algo de comienzo. Ya no es el regreso a las obligaciones ni la promesa de convertirme en una versión mejor de mí misma. Es, sencillamente, el mes en el que vuelvo a mí.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una nueva medida de apoyo con motivo del inicio del curso escolar destinada a ayudar a las familias con mayores dificultades económicas a afrontar los gastos de la vuelta a las aulas. El Consistorio distribuirá tarjetas de ayuda de 50 euros para la adquisición de material escolar, una iniciativa posible gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol.

La planificación prevista permitirá distribuir estas tarjetas entre familias en situación de vulnerabilidad a través de la red de entidades colaboradoras que trabajan con el Ayuntamiento y, en concreto, mediante la entidad Bancoteide, encargada de canalizar su reparto.

Estas ayudas se financian a través de las tarjetas adicionales contempladas en el convenio firmado el pasado mes de julio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol. El acuerdo establece una aportación equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Consistorio para las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), que podrá destinarse, entre otros fines, a la adquisición de material escolar.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol refuerza los recursos municipales destinados a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta colaboración, la Fundación aporta tarjetas adicionales financiadas íntegramente por la entidad, que pueden destinarse a diferentes necesidades sociales, entre ellas la adquisición de material escolar.

Acogida temprana desde el primer día de clase

El Ayuntamiento de Santa Cruz activará también el servicio de acogida temprana desde el primer día de clase, el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del municipio.

Para garantizar la prestación de este servicio, el Consistorio realiza una inversión de 420.000 euros, reforzando así una medida especialmente importante para muchas familias en el inicio del curso escolar.

Más de un millón de euros en mejoras en los colegios

La vuelta a las aulas llega también después de un verano en el que el Ayuntamiento ha realizado diferentes las actuaciones de mejora en los colegios públicos del municipio. En lo que va de año, el Consistorio, a través del área de Obras e Infraestructuras, ha destinado más de un millón de euros a obras dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort de los centros educativos.

Durante los meses de verano se han ejecutado actuaciones en diferentes colegios de Santa Cruz, aprovechando el periodo de menor actividad lectiva. Los trabajos han incluido la renovación de ventanas, la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas, la reforma de baños, la instalación y renovación de pérgolas, trabajos de pintura, la mejora de vallados y otras actuaciones de conservación.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran el cambio de ventanas en el CEIP Julián Rojas de Vera y en las aulas de Infantil del CEIP Miguel Pintor; la impermeabilización de la cubierta y la renovación de bajantes del CEIP Salamanca; la instalación de una nueva pérgola en el CEIP Ágora y la reforma de los baños en los CEIP Chapatal y Los Verodes.

También se han desarrollado trabajos de pintura, impermeabilización y rehabilitación en otros centros del municipio, así como actuaciones para mejorar los espacios exteriores y las zonas comunes.

A esta inversión en obras se suma el esfuerzo económico que el Ayuntamiento realiza anualmente para garantizar el correcto funcionamiento de los colegios públicos de Santa Cruz. El Consistorio destina cerca de cuatro millones de euros cada año a servicios vinculados a los centros educativos, entre los que se encuentran el mantenimiento, la limpieza, el suministro eléctrico, los sistemas de alarma y contraincendios y el mantenimiento de los ascensores.

La semana del 7 y 8 de septiembre arrancará en Madrid con bicicletas y autobuses gratuitos, con idea de fomentar el uso del transporte público en los primeros días de vuelta a las aulas. Ese mismo lunes es cuando comienza un nuevo curso escolar, y muchos jóvenes o sus familias deberán desplazarse hasta sus escuelas después de las vacaciones. Por eso mismo, el Ayuntamiento vuelve a anunciar un servicio gratuito en la EMT y Bicimad hasta el martes (inclusive): los madrileños y viajeros podrán utilizar en esos días la red de buses urbanos sin coste y, para las bicicletas municipales, no se cobrarán los desplazamientos de hasta 30 minutos.

Como es habitual, los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no dispongan de uno, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción. La gratuidad suele aplicarse a todos los autobuses de la EMT, excepto en la línea Exprés del Aeropuerto. De todo ello ha informado el consistorio este mismo viernes en un comunicado, donde también ha dado cuenta de las afecciones al tráfico u otras limitaciones por obras y remodelaciones que afectarán a la ciudadanía en los primeros días de septiembre.

Hasta finales de año no concluirán las obras para abrir túneles en el Paseo Verde del Suroeste de la A-5 y el Parque Castellana, mientras que en Parque Ventas se ha cerrado el grueso de los trabajados que ocupaban parte de la vía afectando a la movilidad. Por otro lado, la construcción del bulevar peatonal de Alcalá con Cibeles reabrirá el último día de agosto uno de los dos carriles cortados al tráfico desde este verano. “Coincidiendo con el inicio de curso laboral y escolar y hasta final de año, se mantendrán diferentes ocupaciones en distintos viales de la ciudad para rematar los trabajos de estos proyectos, lo que provocará afecciones a la circulación superiores a las del mes de agosto debido a la recuperación del tráfico habitual.

Sin embargo, el impacto en los viajes motorizados se irá minimizando progresivamente desde comienzos de la semana que viene gracias al avance de las obras“, ha destacado, a este respecto, el Gobierno municipal. El nuevo subterráneo en la Castellana estará operativo el próximo mes de diciembre, si todo va según lo previsto; pero hasta entonces seguirá cortado el tronco central del paseo en dicho tramo.

¿Y si hay que ir en coche?

La circulación en sentido sur (margen de fincas impares) se mantiene con dos carriles habilitados, mientras que en sentido norte (fincas pares) dispone de tres carriles más uno reservado a autobuses con salida directa al Nudo Norte. De forma paralela, continúa activado un plan específico de movilidad con itinerarios alternativos y medidas para reducir al mínimo las afectaciones al tráfico: para ir hacia la M-607 desde Cuzco, se recomienza cruzar por las calles de Sor Ángela de la Cruz y del Valle de Mena hasta la avenida de la Ilustración; si se hace desde Plaza de Castilla, por avenida de Asturias y Ginzo de Limia y, desde Castellana con Monforte de Lemos, siguiendo por esa misma avenida hasta Ginzo de Limia.

Para quienes tomen la M-607 hasta Castellana se indica el acceso por la avenida de la Ilustración o bien desde Ginzo de Limia, avenida de Asturias y plaza de Castilla. Si es para ir hacia la A-1 o la M-11, mejor coger el desvío desde Cuzco por la avenida de Alberto Alcocer y Costa Rica, o bien desde plaza de Castilla atravesando las calles de Mateo Inurria, Caídos de la División Azul, Cuesta del Sagrado Corazón o Pío XII. Desde la M-30 sur, la recomendación es utilizar la salida del túnel de Pío XII o los desvíos por Pío XII y la avenida de Alberto Alcocer hasta Cuzco.

El enquistamiento de la situación en Irán, cumplidos seis meses desde el inicio del conflicto que según Donald Trump apenas duraría unas semanas, va a propiciar la cuesta de septiembre más dura en España desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022. Millones de hogares afrontan la vuelta al trabajo y al colegio tras las vacaciones de verano con la inflación en máximos de más de tres años por el encarecimiento de la energía y el Euríbor en el nivel más alto desde septiembre de 2024.

El índice de precios al consumo (IPC) se disparó en agosto al 4,3%, en máximos para este mes del año desde 2022, tras la invasión de Ucrania. La inflación en España está ya en el nivel más elevado desde febrero de 2023, impulsada por el encarecimiento de los carburantes.

Es una de las consecuencias más evidentes de la guerra iniciada por Trump, cuya onda expansiva está afectando también a las cadenas de suministro globales o al precio de los fertilizantes, lo que unido a los efectos de la guerra en Ucrania y el calor extremo, está generando el caldo de cultivo para una crisis alimentaria global.

Ya en julio la inflación en España fue del 3,6%, la más alta desde mayo de 2024, y el IPC del diésel se disparó más de un 15%, obligando al Gobierno a volver a elevar la rebaja fiscal a este combustible hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos, al activarse la cláusula de salvaguardia del último decreto de ayudas por el conflicto en Irán aprobado en junio.

En vísperas de que esa rebaja fiscal entre en vigor en septiembre, esta operación retorno de las vacaciones de verano es la más cara desde 2022. Los carburantes acumulan ocho semanas consecutivas de subidas. Desde junio, el gasóleo ha subido casi un 24%, y la gasolina, un 19,8%, según los datos del Boletín Petrolero de la UE publicados el jueves.

Los combustibles están en el nivel más caro desde marzo, en un fin de semana para el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 6,9 millones de desplazamientos. Aquí puedes buscar las gasolineras más baratas de España con datos que se actualizan cada media hora.

Mientras en Estados Unidos la gasolina ha vuelto a superar en agosto la barrera de los 4 dólares por galón, en la última semana el gobierno de Trump ha anunciado represalias económicas “sin precedentes” para quien comercie con Teherán. Estas pueden complicar aún más el suministro de energía tras meses de bloqueo del tránsito naval en el estrecho de Ormuz, el estratégico enclave por el que circulaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que consume el planeta antes de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A mediados de agosto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) volvió a empeorar sus previsiones de oferta y demanda de petróleo, al frenarse la recuperación de los mercados ante las nuevas interrupciones en Ormuz. El conflicto ha permitido a seis de las mayores petroleras europeas —BP, Shell, Eni, Orlen, Repsol y OMV— más que duplicar sus beneficios en el segundo trimestre, según cálculos de la ONG Transport & Environment (T&E). Ocho de las mayores firmas globales del sector han acumulado beneficios de más de 80.000 millones de euros en solo tres meses.

España es uno de los seis países europeos que presiona a Bruselas para fijar un impuesto extraordinario a los beneficios del sector. La economía española ha soportado un extracoste de 8.800 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles por este conflicto, según el think tank CREA, que sitúa a nuestro país (sin producción de petróleo ni gas) entre los diez del mundo que han pagado una factura más elevada en sus importaciones de hidrocarburos por la guerra iniciada el 28 de febrero por Trump.

Tras expirar el 17 de agosto el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán en junio para negociar un acuerdo de paz, la cotización del petróleo Brent, de referencia para Europa, ha llegado a rondar los 95 dólares por barril, aunque en los últimos días ha dado un ligero respiro hasta el entorno de los 85 dólares. Lejos, en cualquier caso, de los 118 dólares que llegó a alcanzar en abril.

Más compleja es la situación en el mercado del gas. El precio de referencia para Europa (conocido como TTF) ha coqueteado en la última semana con los 70 euros por megavatio/hora (MWh), un nivel que ya alcanzaron en marzo aunque al cierre no cotizan en ese nivel desde enero de 2023. Los futuros para los próximos meses se mantienen en niveles parecidos hasta primavera. Los almacenamientos en Europa no llegan al 64%, el nivel más bajo para estas fechas (cuando se recargan de cara al invierno) desde 2009, y muy por debajo del 80% de media de los últimos cinco años.

En España el llenado alcanza el 73%, frente a otros mucho más rezagados como Países Bajos (45%) y Alemania (51%), según datos de Gas Infrastructure Europe (GIE). En el trasfondo está el alargamiento del conflicto en Irán y esa “volatilidad de precios” esgrimida por el Gobierno para justificar la reciente prórroga hasta 2030 de la licencia de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), aprobada en pleno agosto.

Contagio a la luz

La escalada del precio del gas tiene un impacto directo en la factura eléctrica, que además soporta una mayor fiscalidad tras finalizar en junio la rebaja temporal del IVA al 10% (el impuesto volvió al tipo general del 21%) y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que pasó del 0,5% (el mínimo legal permitido por la Unión Europea) al habitual 5,11%.

En los primeros meses del conflicto, España estuvo mejor protegida que otros países europeos de las subidas del gas gracias a las renovables, que permitieron recortar unos 10 euros al mes el recibo de la luz, según estimó en junio el think tank Ember. CREA calcula que España es el segundo país que más ha ahorrado en su factura energética en este conflicto (más de 1.750 millones de dólares) gracias a la fotovoltaica y la eólica instaladas desde 2020.

Pero este verano el contagio del gas a la luz está siendo inevitable: hay menor aportación eólica (habitual en los meses estivales), una demanda al alza por las sucesivas olas de calor y más uso de un gas mucho más caro para generación eléctrica.

Ya en julio este combustible disparó su aportación hasta situarse como segunda fuente del mix eléctrico (20% del total) tras la fotovoltaica. En agosto su peso ha crecido hasta su nivel más alto del año. El mes va a cerrarse con los precios del mercado mayorista eléctrico en a 120 euros/MWh de media, con una fuerte subida respecto a los 68,45 euros/MWh de hace un año. Agosto de 2025 fue el más barato desde la pandemia de 2020.

Las estimaciones apuntan a una subida superior al 20% en la factura final de agosto para los consumidores con el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Este mes la tarifa semirregulada ha registrado precios superiores a 340 euros/MWh en las horas más caras (entre las 10 y las 11 de la noche), según datos de Red Eléctrica. Los contratos en el mercado libre (la mayoría) también irán subiendo conforme se vayan renovando (suelen tener una vigencia de un año).

Los precios del pool este agosto, con enormes diferencias entre las horas de más producción solar (las más baratas) y el resto (picos superiores a los 200 euros/MWh), llegan tras situarse en julio en unos 104 euros. Los futuros de Omie apuntan a que van a quedarse en torno a 120 euros/MWh lo que queda de año. Están en el nivel más caro desde octubre de 2022. Entonces Europa estaba en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania, que llevó la cotización del gas a niveles disparatados, catapultó la inflación española por encima del 10% y forzó la denominada solución ibérica para evitar ese contagio del gas a la luz.

Esa herramienta, que propició la reforma del PVPC para hacerlo menos sensible a las variaciones horarias del pool, ya no está disponible, y a los caros precios de estas semanas se suma el efecto en las facturas de la denominada operación reforzada (con más uso del gas) que Red Eléctrica aplica desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025. Este sobrecoste se paga aparte del precio mayorista. REE ha limitado su impacto a unos 666 millones en su primer año de aplicación.

Hipotecas más caras

La inflación también está presionando al alza sobre el Euríbor. El indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas ha llegado a superar en agosto la barrera del 3% en tasa diaria por primera vez desde septiembre de 2024. Cerrará el mes en torno 2,95%, su máximo desde entonces, aunque lejos del 4,14% que llegó a alcanzar en septiembre de 2023.

El comparador financiero Helpmycash estima que la cuota de una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés del 1% que revise anualmente subirá de 720 a 788 euros; un incremento mensual de unos 68 euros (más de 800 euros al año). Y si la revisión es cada seis meses, las mensualidades aumentarán de 727 a 788 euros; unos 59 euros más al mes y más de 350 euros más al semestre.

Durante buena parte de 2025 y comienzos de 2026 la expectativa era de descenso de los tipos y abaratamiento progresivo de las hipotecas. Pero el Euríbor se aleja cada vez más de los niveles de comienzos de año, cuando estaba en torno al 2,2% y los mercados todavía contemplaban un escenario de estabilidad o incluso bajadas de tipos.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene ahora el tipo de referencia en 2,25%, pero el mercado descuenta una probabilidad muy elevada de una subida de 25 puntos básicos en septiembre. El precio del dinero quedaría fijado en el 2,5%, nivel que no alcanzaba desde marzo de 2025, y se traducirá en hipotecas más caras en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha puesto imposible para muchas familias españolas.

La alemana Isabel Schnabel, principal exponente del ala dura del BCE (los denominados halcones), ya ha advertido esta semana de que considera necesario continuar con las subidas porque la inflación sigue demasiado elevada. En julio, los precios energéticos de la eurozona ya subieron un 10,3% interanual. España registró una inflación del 3,9% en términos armonizados, una de las más altas de la zona euro. En agosto, según los datos avanzados este viernes por Estadística, esta cifra se aceleró al 4,5%.

Aldeas Infantiles SOS ha informado este jueves de que proporciona material escolar, libros de texto, ropa, calzado y artículos de higiene en siete de sus centros en Canarias para la vuelta al cole.

Según la organización, la compra de material escolar supone un desembolso medio por estudiante que supera ya los 400 euros, cifra que califica como “un nuevo récord de gasto”, subraya la ONG en una nota.

De esta manera, ha indicado que en toda España acompaña a 4.452 niños, niñas y adolescentes en el inicio del curso escolar y proporciona apoyo a 1.605 familias desde sus 30 centros de día, ubicados en Cataluña (4), Galicia (4), Comunidad de Madrid (3), Andalucía (6), Castilla-La Mancha (1), Aragón (2), Canarias (7), Comunidad Valenciana (1), Principado de Asturias (1) y Baleares (1).

La organización de atención directa a la infancia les facilita material escolar, libros de texto, ropa, calzado y artículos de higiene, al igual que alimentos a las familias que se encuentran en una situación más difícil, ya sea de forma directa, mediante ayudas económicas o a través de comedores disponibles en varios de sus centros, así como artículos de primera necesidad, priorizando también la atención a la salud mental.

Según datos de Aldeas Infantiles SOS, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes en nuestro país (el 33,2%) crece en un entorno familiar en el que existen “enormes dificultades” para hacer frente no solo al desembolso de la vuelta al cole, sino también a otros gastos esenciales como los suministros, el alquiler o incluso la alimentación.

Educación Infantil

Por otro lado, la organización facilita el acceso a la educación de 0 a 3 años a 233 niños en situación de vulnerabilidad o necesidad de conciliación, apoyando a 202 familias en sus cinco Centros de Educación Infantil situados en Cuenca, Granada, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.

En estos centros, la ONG fortalece las habilidades parentales mediante pautas de crianza positiva y promueve la adquisición de hábitos saludables desde la primera infancia, en aspectos como la alimentación, el descanso, la corresponsabilidad en los cuidados y el ocio saludable.

En particular, en el ciclo de 0 a 3 años se establecen fundamentos esenciales para el correcto crecimiento en las áreas intelectual, física, psicomotriz, emocional y social, que serán reforzadas y consolidadas en el segundo ciclo. Por ello, Aldeas proporciona atención personalizada e integral con un proyecto educativo que incorpora metodologías basadas en las inteligencias múltiples, la disciplina positiva y la estimulación multisensorial.

Estudiar en la escuela cada vez es más caro. Libros, ropa o uniforme y material escolar obligarán este año a las familias a desembolsar una media de 505 euros por hijo antes incluso de que comiencen las clases, una primera factura que será solo el comienzo de un curso cuyo coste medio alcanzará los 2.484 euros por alumno, cifra que incluye a quienes acuden a la escuela privada.

La estimación procede de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha encuestado a 773 padres y madres con 1.096 hijos de entre 3 y 18 años, y cuyo resultado se ha ponderado, para ajustarlo a la distribución real de los estudiantes, por tipo de centro: un 67% estudia en la enseñanza pública, un 24% en la concertada y un 9% en la privada.

El portavoz de OCU, Enrique García, sostiene que, un año más, esta será “la vuelta al cole más cara”, sin que haya una partida concreta que explique el incremento, pero con un culpable claro, la inflación sobre los distintos productos y servicios.

El gasto escolar sube de media un 3,9%, con aumentos del 6% en los centros públicos y privados y apenas unas décimas en los concertados.

La diferencia entre centros sigue siendo enorme porque las familias con hijos en la enseñanza pública prevén gastar una media de 1.294 euros en el curso, 3.450 en la concertada y 8.761 en la privada.

Madrid, a la cabeza

También, entre las comunidades ya que la media en Madrid, a la cabeza de nuevo del gasto escolar, es de 3.512 euros anuales por hijo, sobre todo porque la enseñanza privada tiene más peso, seguida de Cataluña (2.994), Comunidad Valenciana (2.190) y Andalucía (2.007).

Pero antes de llegar a ese total del año está el del arranque del curso, los cerca de 505 euros, que se encabezan con el uniforme (una media de 224 euros), y ahí OCU denuncia que algunos colegios obliguen a adquirirlo en determinados establecimientos, una medida que limita la búsqueda de precios más competitivos.

Los libros suponen unos 161 euros anuales en los centros públicos y 302 en los privados, aunque todas las comunidades autónomas disponen de programas de acceso gratuito, y el material escolar, 89 de media, aunque si se necesita tableta u ordenador el material supone otros 236 euros.

No obstante, matrícula y cuotas son las partidas más cuantiosas en los centros concertados y privados: representan el 49 % del gasto anual en los primeros (1.681 euros de media) y el 67 % en los segundos (5.898). En la enseñanza pública estos pagos solo existen en Formación Profesional en algunas comunidades autónomas.

El comedor es la siguiente carga (97 euros al mes para los que lo utilicen en centros públicos, 133 en concertados y 156 en privados), y luego las extraescolares (otros 70, 86 y 113 euros mensuales, respectivamente).

Las excursiones, un gasto que crece sin hacer ruido

La factura aún no ha terminado porque entre los gastos que ganan espacio están las excursiones, los viajes y actividades vinculadas al colegio, con una media de 176 euros por alumno, y ello no se debe necesariamente a que los centros organicen más salidas, sino a que esas actividades pueden ser más caras, según García, “por el efecto de la inflación sobre todo lo que implica, es decir desde el autobús hasta las entradas y las actividades”.

A pocos días del inicio del curso, hay que tener en cuenta todas las partidas porque aún hay tiempo suficiente para poder ahorrar algo y revisar las ayudas, recuerda la OCU.

Hagan inventario de lo que quedó del curso anterior, preparen lista y presupuesto y desconfíen de las ofertas que obligan a comprar de más. Y un último consejo: si van de compras, mejor sin niños pequeños porque el estuche del superhéroe o del personaje de moda casi siempre saldrá más caro que otro.

La vuelta al cole en Canarias supondrá de media un desembolso para las familias de 680 euros por hijo e hija en la educación pública, a los 720 en la concertada y los 1.720 en la privada, según la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

El precio medio que calcula la asociación para el conjunto de España es de 635 euros por hijo si estudia en un colegio público, 733 si lo hace en uno concertado y 1.849 si acude a uno privado.

Pero esas cantidades cambian, y mucho, dependiendo del lugar de residencia. La mayor diferencia se da en los colegios privados, ya que por ejemplo, según sus cálculos, una familia de Extremadura gastará un mínimo de 1.578 euros, mientras una de Madrid necesitará 1.923, es decir, 345 euros más.

Madrid, entre las más caras

En la pública, Madrid vuelve a encabezar la lista, con 756 euros por alumno, frente a los 556 de Asturias, 200 euros menos.

Y en la concertada la distancia llega a los 205 euros entre los 825 euros que calcula la asociación para Madrid y los 620 de Galicia.

Después de Madrid, las familias que opten por la enseñanza pública tendrán los mayores gastos en Cataluña (735 euros), País Vasco (720), Cantabria y Navarra (710), mientras que, además de Asturias, las facturas más bajas serán las de Galicia (566), Extremadura (598) y Castilla-La Mancha (605).

En la privada, tras los 1.923 euros de Madrid aparecen los 1.915 de Cantabria, los 1.882 de Cataluña y los 1.880 del País Vasco.

En el otro extremo están Extremadura (1.578 euros), Asturias (1.602) y Castilla-La Mancha y Galicia (1.635).

Este estudio, según Asescon, se ha calculado tomando como referencia los costes mínimos, por lo que la vuelta al cole, a su juicio, puede resultar muchísimo más costosa dependiendo de las decisiones de cada familia.

De los 635 a los 1.849 euros

El tipo de colegio marca una importante diferencia en el desglose de gastos, según las estimaciones en cuanto a material, uniforme, transporte y otras necesidades.

En un colegio público, Asescon calcula 210 euros para uniforme, 130 para material escolar, 100 para transporte, 95 para comedor y otros 100 para distintos gastos.

En los concertados, el uniforme sube a 228 euros, el comedor a 160, el material escolar a 140 y el transporte a 105.

La factura es bastante mayor en la privada, donde solo la matrícula supone 556 euros y los libros otros 358, a los que hay que añadir 295 euros de uniforme, 210 de material escolar, 190 de comedor y 140 de transporte.

Ante estos gastos, la asociación pide a los centros educativos “contención” a la hora de solicitar materiales o libros de texto que, según las quejas que recibe de algunos padres, luego apenas se utilizan durante el curso.

A las familias les aconseja planificar las compras, comparar precios y no adquirir todo en el mismo establecimiento, además de recuperar siempre que sea posible el material de años anteriores y al mismo tiempo enseñar a los menores un consumo responsable.

El verano todavía no ha terminado, quedan semanas para despedir el calor y con él las vacaciones. La vuelta al colegio ya ha comenzado a ser, de nuevo, un tema recurrente en las conversaciones. De hecho, los preparativos del curso que viene empezaron prácticamente el mismo día que terminaron las clases. Los libros de texto y el material escolar se encargaron hace semanas, y esperan almacenados en estanterías hasta que llegue el momento de estrenarlos.

A pesar de que miles de personas todavía no han podido disfrutar de todos sus días de vacaciones, la cuenta atrás para el regreso a las aulas avanza sin descanso. El inicio del curso 2026/2027 está cada vez más cerca. Agosto es un mes para planificar las últimas escapadas de verano, pero también para terminar con gestiones burocráticas, cerrar la matriculación en los centros educativos o preparar las compras pendientes antes de septiembre. Asimismo, los estudiantes que cambian de etapa educativa empiezan a investigar con curiosidad qué les deparará el próximo curso.

Tras varias semanas con jornadas de altas temperaturas, horarios flexibles, visitas a la playa o viajes en familia, la falta de una rutina fija se empieza a hacer notoria. Recuperar los hábitos de sueño, la convivencia con compañeros y profesores y las jornadas de estudio conlleva un proceso de adaptación, por eso ya son muchos los padres, madres y estudiantes que consultan las fechas de inicio del curso.

A continuación, repasamos el calendario escolar del curso 2026/2027 en cada comunidad autónoma, con las principales fechas que conviene tener en cuenta antes de que llegue la esperada vuelta al cole.

Inicio y final del curso

El inicio del curso escolar 2026/2027 se producirá, en la mayoría de comunidades, durante la segunda semana de septiembre, con diferencias de apenas unos días. Madrid abrirá las aulas el 7 de septiembre para Infantil, Primaria y Educación Especial (un día después para Secundaria y Bachillerato). Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Cantabria y Ceuta arrancarán el 8 de septiembre (en Ceuta, solo Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial; Formación Profesional y la Escuela Oficial de Idiomas empiezan el 10).

Un día después, el 9, empezarán Castilla y León, La Rioja, Canarias, la Comunitat Valenciana, Galicia, Asturias y Melilla, mientras que Extremadura, Andalucía e Illes Balears lo harán el 10 de septiembre, con Secundaria y Bachillerato incorporándose unos días más tarde en varios de estos territorios. Navarra y Euskadi son un caso aparte: sus normativas no fijan una fecha única, sino un margen. En Navarra, ESO y Bachillerato empiezan el 4 de septiembre, e Infantil y Primaria entre el 4 y el 8, según decida cada centro. En Euskadi, la norma solo establece que las clases no pueden arrancar antes del 7 de septiembre, aunque la mayoría de centros elige el 8.

En cuanto al final del curso lectivo, Madrid, Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears serán de las primeras en concluir, el 18 de junio. Les seguirán Galicia y Catalunya, el 21 de junio, junto con la Región de Murcia (aunque en Murcia Secundaria y Bachillerato terminan el 21 y el segundo ciclo de Infantil y Primaria, el 22). Canarias, Castilla-La Mancha y La Rioja cerrarán el curso el 22 de junio; Andalucía, entre el 22 y el 23 según la etapa; Asturias, Ceuta y Melilla, el 23 de junio; y Castilla y León, el 24. Cantabria queda repartida entre las dos fechas: Infantil, Primaria y Educación Especial terminan el 23 de junio, mientras que el resto de enseñanzas llega hasta el 24, entre las comunidades con el calendario más extenso. Navarra y Euskadi vuelven a ser un caso aparte: en Navarra las clases terminan entre el 18 y el 22 de junio según el ciclo, mientras que en Euskadi la norma solo fija un límite máximo, el 18 de junio, sin una fecha única de cierre.

Vacaciones de Navidad

Las vacaciones de Navidad también presentan diferencias entre comunidades, aunque la mayoría de los alumnos dejará las aulas entre el 22 y el 24 de diciembre. Los primeros en comenzar el descanso serán los estudiantes de Galicia, Aragón, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Canarias, que iniciarán las navidades el 22 de diciembre. Un día después, el 23, se sumarán Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Illes Balears, Ceuta y Melilla, mientras que la Región de Murcia añade el 23 como día no lectivo antes de que el parón propiamente dicho arranque el 24, y Euskadi será la comunidad que más retrasará el inicio del descanso, también el 24 de diciembre.

El regreso tampoco será simultáneo, y aquí conviene tener presente que la vuelta real a clase es el día siguiente al último día de vacaciones que marca cada calendario oficial “ambos inclusive”. Con ese matiz, Aragón, la Comunitat Valenciana, La Rioja, la Región de Murcia, Andalucía, Illes Balears y Euskadi reanudarán las clases el 7 de enero. Catalunya, Galicia, Extremadura y Canarias lo harán el 8. Y Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla —que amplían el parón añadiendo el 8 de enero como día no lectivo— tendrán el regreso más tardío, el 11 de enero.

Vacaciones de Semana Santa

La Semana Santa será el segundo periodo más extenso de descanso del calendario escolar, aunque las fechas varían considerablemente entre comunidades autónomas. Los primeros en comenzar las vacaciones serán los alumnos de Madrid, Galicia y Castilla y León, que las iniciarán el 19 de marzo. Les seguirán Catalunya, Asturias y Cantabria, con inicio el 20, y la Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Ceuta y Melilla, que empezarán el 22. Navarra, Aragón, La Rioja, la Comunitat Valenciana e Illes Balears esperarán hasta el 25, mientras que Euskadi fija solo un mínimo desde ese mismo día.

Respecto al final de las vacaciones, Canarias y Melilla serán las primeras en volver a clase, el 27 de marzo. Andalucía, Asturias y Cantabria regresarán el 29; Madrid, Catalunya, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia lo harán el 30, el mismo día en que Castilla y León concluye su descanso, aunque su regreso real será el 31. Euskadi, que solo fija un mínimo de descanso hasta el 29 de marzo, no volverá antes del 30. Aragón regresará el 3 de abril. Navarra, La Rioja e Illes Balears lo harán el 5 de abril, y la Comunitat Valenciana cerrará el capítulo el 6 de abril, de las vueltas más tardías del calendario. Ceuta, que encadena la Semana Santa con la Semana Blanca, no retomará las clases hasta el 3 de abril.

Ceuta encadena su Semana Santa con la Semana Blanca inmediatamente posterior, lo que retrasa su regreso real a clase hasta primeros de abril; Melilla, en cambio, celebra su Semana Blanca en fechas distintas y su Semana Santa no se alarga del mismo modo.

Importante contratiempo para el transporte urbano de Madrid en una fecha tan señalada como este jueves 8 de enero, en la que regresa la actividad a los centros educativos de la capital y con ello aumentan sensiblemente los desplazamientos. La línea 7 de Metro de Madrid, en el tramo de seis estaciones que discurre entre García Noblejas y Avenida de América, permanece cortada desde primera hora de la mañana y no ha ofrecido servicio desde el inicio de la jornada. Así, los trenes no pasan por las paradas intermedias de este intervalo: Ascao, Pueblo Nuevo, Barrio de la Concepción y Parque de las Avenidas.

En un mensaje publicado en X, Metro atribuye a “causas técnicas” la interrupción en la circulación de trenes. En el post, compartido a las 8.17 de la mañana de este jueves después de una primera información similar a las 6.02, hablan de un “tiempo estimado de solución en más de dos horas”. La clausura ha afectado por tanto al conjunto de la hora punta y se alargará al menos durante parte de la mañana.

Posteriormente, fuentes de Metro han precisado que “el servicio se ha visto afectado por la incidencia de un vehículo auxiliar de mantenimiento nocturno de Metro cuando este se ha quedado parado en un túnel”. Según recoge Europa Press, “en estos momentos se está trabajando para retirarlo”, con la previsión de la reactivación de las prestaciones en torno a las 12.30.

Desde el suburbano precisan que “un servicio sustitutivo gratuito de la EMT [Empresa Municipal de Transportes de Madrid] recorre el tramo entre García Noblejas y Avenida de América” por medio de autobuses. Sin embargo, algunos viajeros han precisado en redes sociales que esta medida no se ha materializado, al menos en todas las estaciones afectadas. Según Metro, Pueblo Nuevo y Ascao son las únicas estaciónes afectadas en las que los buses sustituvos no hacen parada.

La situación ha despertado importantes quejas en redes sociales a la vista de los retrasos, las aglomeraciones generadas, el errático funcionamiento del servicio sustitutivo con frecuencias de hasta 20 minutos y la falta de información que critican muchos pasajeros. “Indescriptible”, define su mañana un usuario de X que acompaña su post con la imagen de un panel que alerta de la interrupción en el servicio de la línea 7 durante más de dos horas.

Otra afectada critica el servicio de Metro, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: “La vuelta al cole con Ayuso y Metro es lo mejor de España. Con un frío que te mueres la línea 7 sin funcionar, con supuestos servicios especiales de autobús en los que hay un autobús para cientos de personas”. La usuario adjunta además una imagen de la larga cola para tomar uno de estos buses sustitutivos en García Noblejas.

A los reproches se ha sumado también el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López. “Año nuevo, vida vieja”, ha expresado en X el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. “Mismos problemas para los madrileños que en 2025: la línea 7 de metro no funciona y los servicios especiales de autobús no dan de sí. La gente haciendo una cola infinita a 0 grados. Y la línea 10 con incidencias y saturada, para variar”, lamenta López.

Respecto a la línea 10, las demoras han sido algo más acusadas de lo habitual en diferentes estaciones (de Puerta del Sur a Chamartín) a primera hora de la mañana “por una incidencia en un tren que ya quedó solucionada”, según informó Metro a través de X.

La línea 7 de Metro es una de las más habituadas a este tipo de cortes, tanto por averías como a causa de acumulaciones de agua u otras incidencias. Su tramo este, entre Coslada y San Fernando de Henares (conocido como línea 7B), ha permanecido además fuera de servicio durante varios meses y en repetidas ocasiones. Las filtraciones de agua derivadas de la obra de construcción dificultaron su estabilidad y han provocado numerosas intervenciones posteriores. Además, causaron daños en viviendas de San Fernando y hasta la fecha se han derribado 73 casas

Seis meses antes de que las protestas contra el genocidio de Gaza cortasen etapas e incluso impidiesen el final de la Vuelta Ciclista a España, otra competición sobre dos ruedas vio su recorrido acompañado por las movilizaciones contra la presencia del equipo israelí. Se trataba de O Gran Camiño, la única carrera profesional por etapas en territorio gallego, en la que se coronó como ganador el canadiense Derek Gee, corredor del Israel-Premier Tech. Una situación que, casi con toda seguridad, no se repetirá el año que viene. “Si el reglamento lo permite”, la organización de la prueba no invitará al equipo propietario del millonario sionista Sylvan Adams. Si la UCI impone su participación, dos de los principales patrocinadores —las diputaciones de A Coruña y Lugo, gobernadas por un bipartito PSOE-BNG— retirarán su financiación.

“No están los tiempos para pensar en lo deportivo, sino para pensar, por encima de todo, en el escenario en el que estamos”. Ezequiel Mosquera, el director de O Gran Camiño, prueba que organiza a través de su empresa Emesports, atiende por teléfono a elDiario.es. El exciclista coruñés cree que el carácter de la carrera y su nivel, varias categorías por debajo del World Tour en el que se mueven La Vuelta, el Tour o el Giro, les da una libertad a la hora de elegir los participantes con la que no cuentan las tres grandes rondas.

“No contemplamos invitarlos para los años sucesivos”, asegura Mosquera, quien dice desconocer cuál será “el futuro” de ese equipo con organizaciones que, como ellos, no tengan la obligación de aceptarlos. “En World Tour gozan del beneplácito de contar con los mejores corredores del mundo, pero al mismo tiempos están más presos de esa normativa” que marca la Unión Ciclista Internacional (UCI), siguiendo los criterios del Comité Olímpico Internacional, el que decidió dejar fuera de las competeciones a equipos rusos como el Gazprom.

Israel Premier-Tech está en el World Tour “porque es uno de los mejores equipos del mundo y la normativa está escrita asi”. Una muestra es lo sucedido en La Vuelta. “Seguramente, lo más fácil hubiese sido que el equipo renunciase a seguir. No lo hicieron, entiendo que por órdenes de quien paga, y La Vuelta, con el reglamento en la mano, no tiene potestad para expulsarlos de la carrera”, explica.

La vuelta profesional a Galicia

O Gran Camiño nació en 2022 con el objetivo de recuperar una competición profesional para la comunidad, dos décadas después de que la Volta a Galicia perdiese esa categoría. Se presenta como La ruta histórica y cada una de sus ediciones está vinculada a distintas etapas del Camino de Santiago, lo que le ha permitido cruzar las fronteras autonómicas —e, incluso, estatales— para llegar a Portugal. Sus principales patrocinadores son la Xunta y las cuatro diputaciones provinciales. Portavoces de dos de ellas, las de A Coruña y Lugo —las únicas que no están en manos del PP—, han trasladado a elDiario.es que retirarán su apoyo si el equipo israelí compite, aunque confían en que esa situación no llegue a darse. “Entendemos que empresa organizadora lo solucionará”, aseguró un representante del ente provincial coruñés.

En números, la edición de este año de la ronda gallega alcanzó seis millones de espectadores a través de Eurosport y TVG —donde fue líder de audiencia—, generó 290.000 visitas a su web oficial y casi 24 millones de interacciones en redes. Participaron en ella 700 personas y 230 vehículos, además de un avión, un helicóptero y 50 camiones. Mosquera y su equipo destacan con orgullo las felicitaciones constantes por una organización que debe luchar con dos condicionantes a la hora de buscar equipos: las fechas y el escaso reparto de puntos para los participantes por encontrarse en categoría Punto 1. Por eso, las dos peticiones que han elevado a la UCI son trasladar las fechas a finales de abril, para huir del tempestuoso invierno gallego, y ascender una categoría, a la llamada Punto Pro.

Pese a esos inconvenientes, el nivel de los participantes —entre los que Israel-Premier Tech había sido siempre un fijo—, se entiende simplemente echando un vistazo a los sucesivos podios. La primera edición se la llevó un campeón del mundo como Alejandro Valverde. Las dos siguientes —2023 y 2024—, el flamante ganador de la Vuelta a España, Jonas Vingegaard. La última, celebrada entre finales de febrero y principios de marzo, fue para la estrella del Premier Tech Derek Gee, quien dos meses después se proclamaba cuarto en el Giro de Italia. 

Gee sí podría estar el próximo año en O Gran Camiño. El pasado 25 de agosto, el tercer día de carrera en La Vuelta, el canadiense emitía un comunicado para explicar su ausencia de la ronda española: había roto su contrato con Israel-Premier Tech. Una decisión que, según publicó en la red social X, tomó “después de cuidadosas consideraciones y por razones legítimas. Ciertos asuntos simplemente hicieron insostenible mi continuidad en el equipo”. No hubo una mención explícita, pero en el pelotón se entendió como un portazo al sportwashing del genocidio. El conjunto israelí no se lo tomó bien y ha dejado la ruptura en manos de sus abogados.

Mosquera, que no puede evitar pensar cómo se habría sentido él compitiendo en esta Vuelta a España, asegura que su negativa a contar con Premier Tech no es “ni por los corredores ni por los directores, que son gente del ciclismo de toda la vida, sino por el contexto actual, que no ayuda en nada, si no más bien al contrario”.

“Con el reglamento en la mano, pienso que nos podemos librar”, considera el antiguo escalador, que ya vivió en la última edición de O Gran Camiño un adelanto de lo que pasaría en La Vuelta. “Hubo manifestaciones, pero no podemos decir que no se respetase la carrera: las protestas eran contra el equipo pero no contra la prueba, así que no tenemos nada que reprocharles”. Y como si llegase a la meta, añade una última reflexión: “Es cierto que era un escenario diferente, nunca llegaron hasta ese punto [el de interrumpir las etapas], pero es que la situación de la guerra tampoco había llegado nunca hasta el punto en el que estamos”.

Cientos de familias esperan en Logroño la ayudas económicas al estudio para libros y material didáctico en la segunda etapa de Educación Infantil. Son familias con niños y niñas de primero, segundo y tercero de Infantil, con rentas familiares que no superan los 10.000 euros per cápita. Otros años, a estas alturas, ya han recibido la ayuda y han podido afrontar con ella los gastos que conlleva el inicio del curso escolar. En esta ocasión, el curso ha empezado sin que se hayan concedido las ayudas.

Al Ayuntamiento reconoce en sus bases que estas ayudas tienen la finalidad de “financiar los gastos corrientes de libros y material didáctico a aquellas familias con menos recursos ecoonómicos”. Para ellas, el inicio del curso escolar supone un importante desembolso difícil de asumir en ocasiones.

Estas ayudas van de los 70 a los 100 euros por niño, en función de la renta familiar, con una partida total de 91.500 euros. Se otorgan en forma de vale canjeable directamente en las librerías por el material o los libros necesarios en cada caso, para que las familias no tengan que pagar. Luego son los propios establecimientos quienes remiten un recibo al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Logroño asegura que la tramitación está dentro de los plazos normales y asegura que se encuentra en su junta final por lo que llegará próximamente a la Junta de Gobierno para la adjudicación definitiva. Recuerda además que ha habido algunos años, como 2022, en que estos vales se entregaron en el mes de noviembre.

Los adjudicatarios, sin embargo, se quejan del retraso. “Tengo 3 hijos y en todo estos años, es la primera vez que pasa. He tenido que comprar el material porque no ha llegado la ayuda a tiempo y el ayuntamiento no nos da respuesta a esto. Siempre he recibido la ayuda antes del 1 de septiembre”, asegura una madre de familia de Logroño, “todos los años llega antes de finalizar agosto, la segunda o tercera semana del mes”.

Los beneficiarios deberán recibir una carta en su buzón notificándoles la concesión de la ayuda, deberán acudir con ella al 010 y allí se extiende el vale con el que acuden a la librería. Esto sucederá en las próximas semanas. El problema es que el mayor desembolso ya está hecho y que los vales caducan el 31 de diciembre. “Esas ayudas para muchas familias son imprescindibles”, aseguran los solicitantes.

Es el ruido. Con la vuelta al colegio vuelve también la preocupación entre las familias por la contaminación atmosférica alrededor de las escuelas, pero realmente el ruido que provocan los vehículos de las familias que llevan a sus hijos en coche tiene más impacto en la salud de los pequeños, según han recordado este viernes Julio Díaz, profesor de Investigación del Instituto de Salud Carlos III y Cristina Linares, Investigadora Científica del Instituto de Salud Carlos III, en un briefing sobre los efectos que tiene la contaminación en la salud de los menores, organizado por el Science Media Centre (SMC) español.

“La contaminación atmosférica, sobre todo el NO2 y las PM (partículas en suspensión) tienen una afectación importante en niños”, ha explicado Díaz, pero “en un estudio hecho para Madrid –es quizá la única ciudad del mundo que mide esta variable que es el ruido del tráfico desde hace años– se observa que a los menores de 14 años les afecta el NO2, pero el ruido, lo que más”, argumenta el físico citando un estudio específico que toma como indicador los ingresos hospitalarios.

Y no es un elemento inocuo, ha añadido el experto. “El ruido produce mortalidad, mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes... Se relaciona con partos prematuros, bajo peso al nacer, influye en el desarrollo cognitivo, en ansiedad, en depresión, en suicidios”. “Si queremos bajar el impacto de las variables ambientales en la salud de los niños hay que fijarse en estos dos elementos, que curiosamente tienen el mismo origen, el tráfico rodado”, ha rematado.

Los expertos, coordinadores científicos del Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC) y codirectores de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), han insistido en que hay estudios que identifican picos de contaminación en las horas de salida y entrada en los colegios, coincidiendo con esa tendencia de las familias de llevar a sus hijos en coche a la escuela.

Linares opina que debería haber una legislación específica para los entornos escolares, una reivindicación que ondean las familias que participan en la llamada Revuelta Escolar, un movimiento ciudadano que aboga por pacificar los colegios limitando el tráfico rodado a su alrededor y que lleva años protestando, especialmente en Barcelona y Madrid. “Soy muy partidaria de establecer zonas bajas de emisión alrededor de los colegios, de las escuelas infantiles o de las residencias de ancianos dentro de la ciudad”, ha valorado. Díaz ha añadido que, en el caso del ruido, a solo 50 metros se reduce a la mitad.

Los problemas que genera la contaminación atmosférica a nivel local (que no hay que confundir con los efectos del cambio climático, aunque estos exacerben todo lo demás) son más conocidos y también afectan a los menores. En algunos casos, les afectan especialmente por serlo. Por si hacía falta, Linares ha recordado que los pequeños son más vulnerables a todo tipo de contaminación por cuestiones naturales (están en desarrollo y sus vías de detoxificación no son completamente maduras, tampoco tienen el sistema inmunológico desarrollado del todo), pero también porque hacen más vida al aire libre (están más expuestos a la contaminación y el ruido) o incluso por su altura (al ser más bajos están más en contacto con los contaminantes más pesados del aire, que se acumulan en zonas más bajas).

Un papel activo de la ciudadanía

La preventivista ha recordado que en 2021 la Organización Mundial de la Salud (MOS) publicó sus nuevas directrices, en las que “ha dado un golpe encima de la mesa en pos de la protección de la calidad del aire” y ha bajado “drásticamente” los valores a los cuales se considera segura la exposición al riesgo ambiental. Unas directrices que aún deben incorporarse a las directivas europeas y de ahí a las nacionales y autonómicas y locales, pero que también permitirán a la ciudadanía ejercer un papel más activo en la denuncia. “Las familias pueden informarse, organizarse y reclamar por ley aire limpio para sus hijos”, sostiene esta experta. “Tenemos que pedir a los políticos que limiten el tráfico cerca de los colegios”.

Porque esta directiva, ha explicado, otorga herramientas. “Hasta ahora, se podían establecer demandas frente a una mala calidad del aire, pero no estaban amparadas por el incumplimiento de unos niveles límite que hay en la legislación”, ha explicado Linares. Pero a futuro, aunque habrá que ver cómo se traspone la directiva europea a la legislación española, habrá un respaldo.

La directiva dice: “Cuando se hayan producido daños a la salud humana como consecuencia de una infracción de las normas nacionales de transposición del artículo 19 y el artículo 20 de la presente Directiva y dicha infracción se haya cometido con intencionalidad o por negligencia, los Estados miembros deben garantizar que las personas afectadas por tales infracciones tengan derecho a reclamar y obtener una indemnización por dichos daños de la autoridad competente pertinente”.

Blanco y en botella, dice la experta. “Hay que denunciar y reclamar”, insta. “Al final es la única forma que tenemos. También, por supuesto, estar informados. Y luego organizarse para hacer uso de este derecho que se otorga al ciudadano”, anima.