Llega el final de agosto y, de pronto, me descubro haciendo algo completamente absurdo: estoy en una papelería, tocando el papel de un cuaderno grande precioso con la tentación infantil de comprármelo. Tengo ya tres en casa sin estrenar y la vista se me va a una agenda con una especie de prisa; como si me urgiese reorganizar la casa, ordenar los armarios y poner más disciplina en las mañanas. Y entonces me entra la risa, porque estoy jubilada. Y no sé por qué todos los años me sucede lo mismo.

Ya no tengo un colegio al que regresar, ni correos esperándome, ni documentación que preparar o revisar , ni alarmas a las siete de la mañana. No le debo explicaciones a ningún calendario. Teóricamente, mi vida ya no tiene 'vuelta al cole'. Y, sin embargo, aquí estoy, picando en la misma trampa de siempre. Es curioso cómo se nos queda el tiempo pegado al cuerpo. Durante cincuenta años, sumando la infancia, la maternidad y la docencia, septiembre no ha sido solo un mes; ha sido una frontera física y emocional: el olor a libros nuevos, la logística de los niños cuando eran pequeños, el estrés de los primeros días después de las vacaciones. Septiembre es, sobre todo, una memoria.

Cuando llegó la jubilación, pensé que el tiempo se convertiría en una balsa tranquila. Había soñado tantas veces con tener todo el tiempo del mundo que estaba segura de que disfrutarlo sería fácil. Lo que nadie te cuenta es que el tiempo completamente libre también da un poquito de vértigo. Aquel primer lunes tras mi jubilación ,el despertador sonó como todas las mañanas. No lo había apagado la noche anterior porque, en el fondo, no me atreví a borrar la alarma, como si al hacerlo también borrara el lugar que había ocupado durante cuarenta años. Me estiré para silenciarla en la penumbra y, por pura inercia, busqué con la mirada el bolso que seguía colgado de la percha del dormitorio. El mismo que durante décadas llené de tizas, cuadernos, exámenes metidos en carpetas elásticas y bolígrafos. Allí seguía. Vacío.

Entonces me golpeó un silencio tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Me senté en el borde de la cama y contemplé mis manos sobre las sábanas. Aquel día comprendí algo que no había aprendido en cuatro décadas de docencia: tener tiempo no significa saber habitarlo. Durante décadas, mi vida había estado organizada alrededor de horarios y urgencias. Siempre había algo que hacer y, casi siempre, alguien que necesitaba algo de mí. Sin darme cuenta, acabé asociando mi valor personal a mi capacidad para ser útil. Como les ocurre a muchas personas, y especialmente a muchas mujeres, había aprendido a responder antes a las necesidades ajenas que a las propias. Cuando desaparecen las obligaciones profesionales, es fácil seguir buscando incendios que apagar: un favor para un vecino, una gestión para un familiar, colaborar en una asociación... cualquier cosa que nos devuelva la sensación de que seguimos siendo necesarias. Pero un día comprendí que la pregunta importante no era quién me necesitaba, sino qué necesitaba yo.

Y entonces empecé a escuchar una frase que muchas amigas me repiten con cariño: “Desde que te jubilaste, no paras de escribir”. Siempre sonrío porque encierra un pequeño malentendido. No empecé a escribir cuando me jubilé. Escribo desde que era una niña. Mientras otras personas coleccionaban cromos o muñecas, yo coleccionaba historias. Siempre fui una lectora voraz y muy pronto descubrí que leer y escribir eran dos maneras de comprender el mundo y también de comprenderme a mí misma. A lo largo de mi vida fui llenando algunos cuadernos, escribiendo durante las vacaciones o robándole horas al descanso. Nunca dejé de escribir. Simplemente, lo hacía en los márgenes de una vida llena de responsabilidades.

Nos incomoda el silencio. Sin embargo, cuando dejamos de llenar cada hueco con prisas o distracciones, aparece un espacio donde pueden aflorar ideas e intereses que llevaban años esperando. El aburrimiento no crea una vocación: la desentierra

La jubilación me regaló continuidad de poder escribir. Ahora puedo sentarme cada mañana frente al teclado sin la sensación de estar robándole tiempo al colegio, a la familia o a cualquier otra obligación. No escribo para combatir el aburrimiento, sino porque la escritura siempre ha sido mi manera de pensar, de ordenar la memoria y de reconciliarme con la vida. Y quizá el aburrimiento sí tenga algo que ver con todo esto. Vivimos empeñados en llenar cada minuto del día. Si esperamos en una cola, sacamos el teléfono; si caminamos, escuchamos un pódcast; si tenemos una tarde libre, buscamos enseguida algo que hacer. Nos incomoda el silencio. Sin embargo, cuando dejamos de llenar cada hueco con prisas o distracciones, aparece un espacio donde pueden aflorar ideas e intereses que llevaban años esperando. El aburrimiento no crea una vocación: la desentierra.

La escritura y la enseñanza tienen algo en común: ambas son formas de sembrar. Cuando enseñamos, nunca sabemos exactamente cuándo germinará aquello que intentamos transmitir. Todavía recuerdo a una alumna que llegó al colegio de Cabañas de la Sagra a comienzos de los años ochenta, en sexto de Primaria. Apenas levantaba la cabeza y parecía pedir perdón casi por respirar. Muchísimos años después me la encontré encabezando una manifestación del 8 de marzo. Llevaba un megáfono en la mano y una fuerza que le iluminaba la cara. Al abrazarme, me susurró al oído: “Profe, usted me enseñó a tener iniciativas y a responsabilizarme de ellas. Y... aquí estoy”. Aquel encuentro me recordó que las maestras sembramos a largo plazo. A veces pasan décadas y, cuando menos lo esperamos, una antigua alumna aparece convertida en la mujer que un día solo se atrevió a imaginar. Durante tanto tiempo me esforcé en enseñar a otras personas a confiar en su propia voz que ahora me corresponde aplicar conmigo misma aquella vieja lección. También he tenido que aprender a tratarme con amabilidad. Durante muchos años me exigí cosas que jamás habría exigido a mis alumnos. Si un día no escribía, me reprochaba la falta de disciplina. Si una página no salía bien, pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Ahora procuro hablarme de otra manera. He descubierto que la amabilidad mueve más que la culpa y que las grandes obras también se construyen línea a línea.

Ya no necesito demostrarle a la sociedad que soy una mujer útil, ni convencer a mi familia de que puedo sostenerlo todo. Esas batallas ya las tengo muy superadas. Ahora la tarea es otra: permitirme vivir este tiempo sin culpa, dedicar horas a leer, a escribir, a pensar o, sencillamente, a no hacer nada. Bastantes años pensé que descansar era algo que había que ganarse después de cumplir con todo lo demás. Ahora entiendo que el tiempo que no está dedicado a una obligación no tiene por qué ser un tiempo perdido.

Durante toda mi vida, septiembre significó volver: volver al colegio, a los horarios, a las prisas. Ahora ya no tengo que regresar a ninguna parte, pero sigo necesitando ese pequeño ritual para inaugurar algo. Quizá eso sea lo que hay detrás de nuestra relación con septiembre: no tanto la necesidad de cambiar de vida como el deseo de sentir que todavía podemos empezar algo. Para mí, este mes ya no es el juez que me exige rendir cuentas. Es una excusa amable para detenerme un momento y decidir qué quiero hacer con los próximos meses.

Y sí, al final, me he comprado el cuaderno; pero no para llenarlo de tareas pendientes ni de compromisos con los demás. Lo he comprado para escribir en él todo lo que se me ocurra sin ninguna prisa y sin ninguna obligación.

Creo que los grandes cambios de la vida nos obligan a recuperar la vida que ya estaba dentro de nosotros, esperando un poco de espacio. Yo no me reinventé nada; simplemente regresé a una parte de mí que siempre había estado ahí: la niña a la que le encantaba leer y que descubrió muy pronto que escribir era otra forma de estar en el mundo.

Ya no necesito justificar mi tiempo. Ahora puedo preguntarme qué quiero hacer con él. El mayor regalo de esta etapa no ha sido disponer de más horas en el reloj: ha sido, por fin, tener el tiempo de ser yo. Y quizá por eso septiembre siga teniendo algo de comienzo. Ya no es el regreso a las obligaciones ni la promesa de convertirme en una versión mejor de mí misma. Es, sencillamente, el mes en el que vuelvo a mí.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una nueva medida de apoyo con motivo del inicio del curso escolar destinada a ayudar a las familias con mayores dificultades económicas a afrontar los gastos de la vuelta a las aulas. El Consistorio distribuirá tarjetas de ayuda de 50 euros para la adquisición de material escolar, una iniciativa posible gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol.

La planificación prevista permitirá distribuir estas tarjetas entre familias en situación de vulnerabilidad a través de la red de entidades colaboradoras que trabajan con el Ayuntamiento y, en concreto, mediante la entidad Bancoteide, encargada de canalizar su reparto.

Estas ayudas se financian a través de las tarjetas adicionales contempladas en el convenio firmado el pasado mes de julio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol. El acuerdo establece una aportación equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Consistorio para las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), que podrá destinarse, entre otros fines, a la adquisición de material escolar.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol refuerza los recursos municipales destinados a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta colaboración, la Fundación aporta tarjetas adicionales financiadas íntegramente por la entidad, que pueden destinarse a diferentes necesidades sociales, entre ellas la adquisición de material escolar.

Acogida temprana desde el primer día de clase

El Ayuntamiento de Santa Cruz activará también el servicio de acogida temprana desde el primer día de clase, el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del municipio.

Para garantizar la prestación de este servicio, el Consistorio realiza una inversión de 420.000 euros, reforzando así una medida especialmente importante para muchas familias en el inicio del curso escolar.

Más de un millón de euros en mejoras en los colegios

La vuelta a las aulas llega también después de un verano en el que el Ayuntamiento ha realizado diferentes las actuaciones de mejora en los colegios públicos del municipio. En lo que va de año, el Consistorio, a través del área de Obras e Infraestructuras, ha destinado más de un millón de euros a obras dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort de los centros educativos.

Durante los meses de verano se han ejecutado actuaciones en diferentes colegios de Santa Cruz, aprovechando el periodo de menor actividad lectiva. Los trabajos han incluido la renovación de ventanas, la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas, la reforma de baños, la instalación y renovación de pérgolas, trabajos de pintura, la mejora de vallados y otras actuaciones de conservación.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran el cambio de ventanas en el CEIP Julián Rojas de Vera y en las aulas de Infantil del CEIP Miguel Pintor; la impermeabilización de la cubierta y la renovación de bajantes del CEIP Salamanca; la instalación de una nueva pérgola en el CEIP Ágora y la reforma de los baños en los CEIP Chapatal y Los Verodes.

También se han desarrollado trabajos de pintura, impermeabilización y rehabilitación en otros centros del municipio, así como actuaciones para mejorar los espacios exteriores y las zonas comunes.

A esta inversión en obras se suma el esfuerzo económico que el Ayuntamiento realiza anualmente para garantizar el correcto funcionamiento de los colegios públicos de Santa Cruz. El Consistorio destina cerca de cuatro millones de euros cada año a servicios vinculados a los centros educativos, entre los que se encuentran el mantenimiento, la limpieza, el suministro eléctrico, los sistemas de alarma y contraincendios y el mantenimiento de los ascensores.

La semana del 7 y 8 de septiembre arrancará en Madrid con bicicletas y autobuses gratuitos, con idea de fomentar el uso del transporte público en los primeros días de vuelta a las aulas. Ese mismo lunes es cuando comienza un nuevo curso escolar, y muchos jóvenes o sus familias deberán desplazarse hasta sus escuelas después de las vacaciones. Por eso mismo, el Ayuntamiento vuelve a anunciar un servicio gratuito en la EMT y Bicimad hasta el martes (inclusive): los madrileños y viajeros podrán utilizar en esos días la red de buses urbanos sin coste y, para las bicicletas municipales, no se cobrarán los desplazamientos de hasta 30 minutos.

Como es habitual, los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no dispongan de uno, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción. La gratuidad suele aplicarse a todos los autobuses de la EMT, excepto en la línea Exprés del Aeropuerto. De todo ello ha informado el consistorio este mismo viernes en un comunicado, donde también ha dado cuenta de las afecciones al tráfico u otras limitaciones por obras y remodelaciones que afectarán a la ciudadanía en los primeros días de septiembre.

Hasta finales de año no concluirán las obras para abrir túneles en el Paseo Verde del Suroeste de la A-5 y el Parque Castellana, mientras que en Parque Ventas se ha cerrado el grueso de los trabajados que ocupaban parte de la vía afectando a la movilidad. Por otro lado, la construcción del bulevar peatonal de Alcalá con Cibeles reabrirá el último día de agosto uno de los dos carriles cortados al tráfico desde este verano. “Coincidiendo con el inicio de curso laboral y escolar y hasta final de año, se mantendrán diferentes ocupaciones en distintos viales de la ciudad para rematar los trabajos de estos proyectos, lo que provocará afecciones a la circulación superiores a las del mes de agosto debido a la recuperación del tráfico habitual.

Sin embargo, el impacto en los viajes motorizados se irá minimizando progresivamente desde comienzos de la semana que viene gracias al avance de las obras“, ha destacado, a este respecto, el Gobierno municipal. El nuevo subterráneo en la Castellana estará operativo el próximo mes de diciembre, si todo va según lo previsto; pero hasta entonces seguirá cortado el tronco central del paseo en dicho tramo.

¿Y si hay que ir en coche?

La circulación en sentido sur (margen de fincas impares) se mantiene con dos carriles habilitados, mientras que en sentido norte (fincas pares) dispone de tres carriles más uno reservado a autobuses con salida directa al Nudo Norte. De forma paralela, continúa activado un plan específico de movilidad con itinerarios alternativos y medidas para reducir al mínimo las afectaciones al tráfico: para ir hacia la M-607 desde Cuzco, se recomienza cruzar por las calles de Sor Ángela de la Cruz y del Valle de Mena hasta la avenida de la Ilustración; si se hace desde Plaza de Castilla, por avenida de Asturias y Ginzo de Limia y, desde Castellana con Monforte de Lemos, siguiendo por esa misma avenida hasta Ginzo de Limia.

Para quienes tomen la M-607 hasta Castellana se indica el acceso por la avenida de la Ilustración o bien desde Ginzo de Limia, avenida de Asturias y plaza de Castilla. Si es para ir hacia la A-1 o la M-11, mejor coger el desvío desde Cuzco por la avenida de Alberto Alcocer y Costa Rica, o bien desde plaza de Castilla atravesando las calles de Mateo Inurria, Caídos de la División Azul, Cuesta del Sagrado Corazón o Pío XII. Desde la M-30 sur, la recomendación es utilizar la salida del túnel de Pío XII o los desvíos por Pío XII y la avenida de Alberto Alcocer hasta Cuzco.

El enquistamiento de la situación en Irán, cumplidos seis meses desde el inicio del conflicto que según Donald Trump apenas duraría unas semanas, va a propiciar la cuesta de septiembre más dura en España desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022. Millones de hogares afrontan la vuelta al trabajo y al colegio tras las vacaciones de verano con la inflación en máximos de más de tres años por el encarecimiento de la energía y el Euríbor en el nivel más alto desde septiembre de 2024.

El índice de precios al consumo (IPC) se disparó en agosto al 4,3%, en máximos para este mes del año desde 2022, tras la invasión de Ucrania. La inflación en España está ya en el nivel más elevado desde febrero de 2023, impulsada por el encarecimiento de los carburantes.

Es una de las consecuencias más evidentes de la guerra iniciada por Trump, cuya onda expansiva está afectando también a las cadenas de suministro globales o al precio de los fertilizantes, lo que unido a los efectos de la guerra en Ucrania y el calor extremo, está generando el caldo de cultivo para una crisis alimentaria global.

Ya en julio la inflación en España fue del 3,6%, la más alta desde mayo de 2024, y el IPC del diésel se disparó más de un 15%, obligando al Gobierno a volver a elevar la rebaja fiscal a este combustible hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos, al activarse la cláusula de salvaguardia del último decreto de ayudas por el conflicto en Irán aprobado en junio.

En vísperas de que esa rebaja fiscal entre en vigor en septiembre, esta operación retorno de las vacaciones de verano es la más cara desde 2022. Los carburantes acumulan ocho semanas consecutivas de subidas. Desde junio, el gasóleo ha subido casi un 24%, y la gasolina, un 19,8%, según los datos del Boletín Petrolero de la UE publicados el jueves.

Los combustibles están en el nivel más caro desde marzo, en un fin de semana para el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 6,9 millones de desplazamientos. Aquí puedes buscar las gasolineras más baratas de España con datos que se actualizan cada media hora.

Mientras en Estados Unidos la gasolina ha vuelto a superar en agosto la barrera de los 4 dólares por galón, en la última semana el gobierno de Trump ha anunciado represalias económicas “sin precedentes” para quien comercie con Teherán. Estas pueden complicar aún más el suministro de energía tras meses de bloqueo del tránsito naval en el estrecho de Ormuz, el estratégico enclave por el que circulaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que consume el planeta antes de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A mediados de agosto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) volvió a empeorar sus previsiones de oferta y demanda de petróleo, al frenarse la recuperación de los mercados ante las nuevas interrupciones en Ormuz. El conflicto ha permitido a seis de las mayores petroleras europeas —BP, Shell, Eni, Orlen, Repsol y OMV— más que duplicar sus beneficios en el segundo trimestre, según cálculos de la ONG Transport & Environment (T&E). Ocho de las mayores firmas globales del sector han acumulado beneficios de más de 80.000 millones de euros en solo tres meses.

España es uno de los seis países europeos que presiona a Bruselas para fijar un impuesto extraordinario a los beneficios del sector. La economía española ha soportado un extracoste de 8.800 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles por este conflicto, según el think tank CREA, que sitúa a nuestro país (sin producción de petróleo ni gas) entre los diez del mundo que han pagado una factura más elevada en sus importaciones de hidrocarburos por la guerra iniciada el 28 de febrero por Trump.

Tras expirar el 17 de agosto el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán en junio para negociar un acuerdo de paz, la cotización del petróleo Brent, de referencia para Europa, ha llegado a rondar los 95 dólares por barril, aunque en los últimos días ha dado un ligero respiro hasta el entorno de los 85 dólares. Lejos, en cualquier caso, de los 118 dólares que llegó a alcanzar en abril.

Más compleja es la situación en el mercado del gas. El precio de referencia para Europa (conocido como TTF) ha coqueteado en la última semana con los 70 euros por megavatio/hora (MWh), un nivel que ya alcanzaron en marzo aunque al cierre no cotizan en ese nivel desde enero de 2023. Los futuros para los próximos meses se mantienen en niveles parecidos hasta primavera. Los almacenamientos en Europa no llegan al 64%, el nivel más bajo para estas fechas (cuando se recargan de cara al invierno) desde 2009, y muy por debajo del 80% de media de los últimos cinco años.

En España el llenado alcanza el 73%, frente a otros mucho más rezagados como Países Bajos (45%) y Alemania (51%), según datos de Gas Infrastructure Europe (GIE). En el trasfondo está el alargamiento del conflicto en Irán y esa “volatilidad de precios” esgrimida por el Gobierno para justificar la reciente prórroga hasta 2030 de la licencia de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), aprobada en pleno agosto.

Contagio a la luz

La escalada del precio del gas tiene un impacto directo en la factura eléctrica, que además soporta una mayor fiscalidad tras finalizar en junio la rebaja temporal del IVA al 10% (el impuesto volvió al tipo general del 21%) y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que pasó del 0,5% (el mínimo legal permitido por la Unión Europea) al habitual 5,11%.

En los primeros meses del conflicto, España estuvo mejor protegida que otros países europeos de las subidas del gas gracias a las renovables, que permitieron recortar unos 10 euros al mes el recibo de la luz, según estimó en junio el think tank Ember. CREA calcula que España es el segundo país que más ha ahorrado en su factura energética en este conflicto (más de 1.750 millones de dólares) gracias a la fotovoltaica y la eólica instaladas desde 2020.

Pero este verano el contagio del gas a la luz está siendo inevitable: hay menor aportación eólica (habitual en los meses estivales), una demanda al alza por las sucesivas olas de calor y más uso de un gas mucho más caro para generación eléctrica.

Ya en julio este combustible disparó su aportación hasta situarse como segunda fuente del mix eléctrico (20% del total) tras la fotovoltaica. En agosto su peso ha crecido hasta su nivel más alto del año. El mes va a cerrarse con los precios del mercado mayorista eléctrico en a 120 euros/MWh de media, con una fuerte subida respecto a los 68,45 euros/MWh de hace un año. Agosto de 2025 fue el más barato desde la pandemia de 2020.

Las estimaciones apuntan a una subida superior al 20% en la factura final de agosto para los consumidores con el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Este mes la tarifa semirregulada ha registrado precios superiores a 340 euros/MWh en las horas más caras (entre las 10 y las 11 de la noche), según datos de Red Eléctrica. Los contratos en el mercado libre (la mayoría) también irán subiendo conforme se vayan renovando (suelen tener una vigencia de un año).

Los precios del pool este agosto, con enormes diferencias entre las horas de más producción solar (las más baratas) y el resto (picos superiores a los 200 euros/MWh), llegan tras situarse en julio en unos 104 euros. Los futuros de Omie apuntan a que van a quedarse en torno a 120 euros/MWh lo que queda de año. Están en el nivel más caro desde octubre de 2022. Entonces Europa estaba en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania, que llevó la cotización del gas a niveles disparatados, catapultó la inflación española por encima del 10% y forzó la denominada solución ibérica para evitar ese contagio del gas a la luz.

Esa herramienta, que propició la reforma del PVPC para hacerlo menos sensible a las variaciones horarias del pool, ya no está disponible, y a los caros precios de estas semanas se suma el efecto en las facturas de la denominada operación reforzada (con más uso del gas) que Red Eléctrica aplica desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025. Este sobrecoste se paga aparte del precio mayorista. REE ha limitado su impacto a unos 666 millones en su primer año de aplicación.

Hipotecas más caras

La inflación también está presionando al alza sobre el Euríbor. El indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas ha llegado a superar en agosto la barrera del 3% en tasa diaria por primera vez desde septiembre de 2024. Cerrará el mes en torno 2,95%, su máximo desde entonces, aunque lejos del 4,14% que llegó a alcanzar en septiembre de 2023.

El comparador financiero Helpmycash estima que la cuota de una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés del 1% que revise anualmente subirá de 720 a 788 euros; un incremento mensual de unos 68 euros (más de 800 euros al año). Y si la revisión es cada seis meses, las mensualidades aumentarán de 727 a 788 euros; unos 59 euros más al mes y más de 350 euros más al semestre.

Durante buena parte de 2025 y comienzos de 2026 la expectativa era de descenso de los tipos y abaratamiento progresivo de las hipotecas. Pero el Euríbor se aleja cada vez más de los niveles de comienzos de año, cuando estaba en torno al 2,2% y los mercados todavía contemplaban un escenario de estabilidad o incluso bajadas de tipos.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene ahora el tipo de referencia en 2,25%, pero el mercado descuenta una probabilidad muy elevada de una subida de 25 puntos básicos en septiembre. El precio del dinero quedaría fijado en el 2,5%, nivel que no alcanzaba desde marzo de 2025, y se traducirá en hipotecas más caras en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha puesto imposible para muchas familias españolas.

La alemana Isabel Schnabel, principal exponente del ala dura del BCE (los denominados halcones), ya ha advertido esta semana de que considera necesario continuar con las subidas porque la inflación sigue demasiado elevada. En julio, los precios energéticos de la eurozona ya subieron un 10,3% interanual. España registró una inflación del 3,9% en términos armonizados, una de las más altas de la zona euro. En agosto, según los datos avanzados este viernes por Estadística, esta cifra se aceleró al 4,5%.

Aldeas Infantiles SOS ha informado este jueves de que proporciona material escolar, libros de texto, ropa, calzado y artículos de higiene en siete de sus centros en Canarias para la vuelta al cole.

Según la organización, la compra de material escolar supone un desembolso medio por estudiante que supera ya los 400 euros, cifra que califica como “un nuevo récord de gasto”, subraya la ONG en una nota.

De esta manera, ha indicado que en toda España acompaña a 4.452 niños, niñas y adolescentes en el inicio del curso escolar y proporciona apoyo a 1.605 familias desde sus 30 centros de día, ubicados en Cataluña (4), Galicia (4), Comunidad de Madrid (3), Andalucía (6), Castilla-La Mancha (1), Aragón (2), Canarias (7), Comunidad Valenciana (1), Principado de Asturias (1) y Baleares (1).

La organización de atención directa a la infancia les facilita material escolar, libros de texto, ropa, calzado y artículos de higiene, al igual que alimentos a las familias que se encuentran en una situación más difícil, ya sea de forma directa, mediante ayudas económicas o a través de comedores disponibles en varios de sus centros, así como artículos de primera necesidad, priorizando también la atención a la salud mental.

Según datos de Aldeas Infantiles SOS, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes en nuestro país (el 33,2%) crece en un entorno familiar en el que existen “enormes dificultades” para hacer frente no solo al desembolso de la vuelta al cole, sino también a otros gastos esenciales como los suministros, el alquiler o incluso la alimentación.

Educación Infantil

Por otro lado, la organización facilita el acceso a la educación de 0 a 3 años a 233 niños en situación de vulnerabilidad o necesidad de conciliación, apoyando a 202 familias en sus cinco Centros de Educación Infantil situados en Cuenca, Granada, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.

En estos centros, la ONG fortalece las habilidades parentales mediante pautas de crianza positiva y promueve la adquisición de hábitos saludables desde la primera infancia, en aspectos como la alimentación, el descanso, la corresponsabilidad en los cuidados y el ocio saludable.

En particular, en el ciclo de 0 a 3 años se establecen fundamentos esenciales para el correcto crecimiento en las áreas intelectual, física, psicomotriz, emocional y social, que serán reforzadas y consolidadas en el segundo ciclo. Por ello, Aldeas proporciona atención personalizada e integral con un proyecto educativo que incorpora metodologías basadas en las inteligencias múltiples, la disciplina positiva y la estimulación multisensorial.

Estudiar en la escuela cada vez es más caro. Libros, ropa o uniforme y material escolar obligarán este año a las familias a desembolsar una media de 505 euros por hijo antes incluso de que comiencen las clases, una primera factura que será solo el comienzo de un curso cuyo coste medio alcanzará los 2.484 euros por alumno, cifra que incluye a quienes acuden a la escuela privada.

La estimación procede de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha encuestado a 773 padres y madres con 1.096 hijos de entre 3 y 18 años, y cuyo resultado se ha ponderado, para ajustarlo a la distribución real de los estudiantes, por tipo de centro: un 67% estudia en la enseñanza pública, un 24% en la concertada y un 9% en la privada.

El portavoz de OCU, Enrique García, sostiene que, un año más, esta será “la vuelta al cole más cara”, sin que haya una partida concreta que explique el incremento, pero con un culpable claro, la inflación sobre los distintos productos y servicios.

El gasto escolar sube de media un 3,9%, con aumentos del 6% en los centros públicos y privados y apenas unas décimas en los concertados.

La diferencia entre centros sigue siendo enorme porque las familias con hijos en la enseñanza pública prevén gastar una media de 1.294 euros en el curso, 3.450 en la concertada y 8.761 en la privada.

Madrid, a la cabeza

También, entre las comunidades ya que la media en Madrid, a la cabeza de nuevo del gasto escolar, es de 3.512 euros anuales por hijo, sobre todo porque la enseñanza privada tiene más peso, seguida de Cataluña (2.994), Comunidad Valenciana (2.190) y Andalucía (2.007).

Pero antes de llegar a ese total del año está el del arranque del curso, los cerca de 505 euros, que se encabezan con el uniforme (una media de 224 euros), y ahí OCU denuncia que algunos colegios obliguen a adquirirlo en determinados establecimientos, una medida que limita la búsqueda de precios más competitivos.

Los libros suponen unos 161 euros anuales en los centros públicos y 302 en los privados, aunque todas las comunidades autónomas disponen de programas de acceso gratuito, y el material escolar, 89 de media, aunque si se necesita tableta u ordenador el material supone otros 236 euros.

No obstante, matrícula y cuotas son las partidas más cuantiosas en los centros concertados y privados: representan el 49 % del gasto anual en los primeros (1.681 euros de media) y el 67 % en los segundos (5.898). En la enseñanza pública estos pagos solo existen en Formación Profesional en algunas comunidades autónomas.

El comedor es la siguiente carga (97 euros al mes para los que lo utilicen en centros públicos, 133 en concertados y 156 en privados), y luego las extraescolares (otros 70, 86 y 113 euros mensuales, respectivamente).

Las excursiones, un gasto que crece sin hacer ruido

La factura aún no ha terminado porque entre los gastos que ganan espacio están las excursiones, los viajes y actividades vinculadas al colegio, con una media de 176 euros por alumno, y ello no se debe necesariamente a que los centros organicen más salidas, sino a que esas actividades pueden ser más caras, según García, “por el efecto de la inflación sobre todo lo que implica, es decir desde el autobús hasta las entradas y las actividades”.

A pocos días del inicio del curso, hay que tener en cuenta todas las partidas porque aún hay tiempo suficiente para poder ahorrar algo y revisar las ayudas, recuerda la OCU.

Hagan inventario de lo que quedó del curso anterior, preparen lista y presupuesto y desconfíen de las ofertas que obligan a comprar de más. Y un último consejo: si van de compras, mejor sin niños pequeños porque el estuche del superhéroe o del personaje de moda casi siempre saldrá más caro que otro.

La vuelta al cole en Canarias supondrá de media un desembolso para las familias de 680 euros por hijo e hija en la educación pública, a los 720 en la concertada y los 1.720 en la privada, según la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

El precio medio que calcula la asociación para el conjunto de España es de 635 euros por hijo si estudia en un colegio público, 733 si lo hace en uno concertado y 1.849 si acude a uno privado.

Pero esas cantidades cambian, y mucho, dependiendo del lugar de residencia. La mayor diferencia se da en los colegios privados, ya que por ejemplo, según sus cálculos, una familia de Extremadura gastará un mínimo de 1.578 euros, mientras una de Madrid necesitará 1.923, es decir, 345 euros más.

Madrid, entre las más caras

En la pública, Madrid vuelve a encabezar la lista, con 756 euros por alumno, frente a los 556 de Asturias, 200 euros menos.

Y en la concertada la distancia llega a los 205 euros entre los 825 euros que calcula la asociación para Madrid y los 620 de Galicia.

Después de Madrid, las familias que opten por la enseñanza pública tendrán los mayores gastos en Cataluña (735 euros), País Vasco (720), Cantabria y Navarra (710), mientras que, además de Asturias, las facturas más bajas serán las de Galicia (566), Extremadura (598) y Castilla-La Mancha (605).

En la privada, tras los 1.923 euros de Madrid aparecen los 1.915 de Cantabria, los 1.882 de Cataluña y los 1.880 del País Vasco.

En el otro extremo están Extremadura (1.578 euros), Asturias (1.602) y Castilla-La Mancha y Galicia (1.635).

Este estudio, según Asescon, se ha calculado tomando como referencia los costes mínimos, por lo que la vuelta al cole, a su juicio, puede resultar muchísimo más costosa dependiendo de las decisiones de cada familia.

De los 635 a los 1.849 euros

El tipo de colegio marca una importante diferencia en el desglose de gastos, según las estimaciones en cuanto a material, uniforme, transporte y otras necesidades.

En un colegio público, Asescon calcula 210 euros para uniforme, 130 para material escolar, 100 para transporte, 95 para comedor y otros 100 para distintos gastos.

En los concertados, el uniforme sube a 228 euros, el comedor a 160, el material escolar a 140 y el transporte a 105.

La factura es bastante mayor en la privada, donde solo la matrícula supone 556 euros y los libros otros 358, a los que hay que añadir 295 euros de uniforme, 210 de material escolar, 190 de comedor y 140 de transporte.

Ante estos gastos, la asociación pide a los centros educativos “contención” a la hora de solicitar materiales o libros de texto que, según las quejas que recibe de algunos padres, luego apenas se utilizan durante el curso.

A las familias les aconseja planificar las compras, comparar precios y no adquirir todo en el mismo establecimiento, además de recuperar siempre que sea posible el material de años anteriores y al mismo tiempo enseñar a los menores un consumo responsable.

El verano todavía no ha terminado, quedan semanas para despedir el calor y con él las vacaciones. La vuelta al colegio ya ha comenzado a ser, de nuevo, un tema recurrente en las conversaciones. De hecho, los preparativos del curso que viene empezaron prácticamente el mismo día que terminaron las clases. Los libros de texto y el material escolar se encargaron hace semanas, y esperan almacenados en estanterías hasta que llegue el momento de estrenarlos.

A pesar de que miles de personas todavía no han podido disfrutar de todos sus días de vacaciones, la cuenta atrás para el regreso a las aulas avanza sin descanso. El inicio del curso 2026/2027 está cada vez más cerca. Agosto es un mes para planificar las últimas escapadas de verano, pero también para terminar con gestiones burocráticas, cerrar la matriculación en los centros educativos o preparar las compras pendientes antes de septiembre. Asimismo, los estudiantes que cambian de etapa educativa empiezan a investigar con curiosidad qué les deparará el próximo curso.

Tras varias semanas con jornadas de altas temperaturas, horarios flexibles, visitas a la playa o viajes en familia, la falta de una rutina fija se empieza a hacer notoria. Recuperar los hábitos de sueño, la convivencia con compañeros y profesores y las jornadas de estudio conlleva un proceso de adaptación, por eso ya son muchos los padres, madres y estudiantes que consultan las fechas de inicio del curso.

A continuación, repasamos el calendario escolar del curso 2026/2027 en cada comunidad autónoma, con las principales fechas que conviene tener en cuenta antes de que llegue la esperada vuelta al cole.

Inicio y final del curso

El inicio del curso escolar 2026/2027 se producirá, en la mayoría de comunidades, durante la segunda semana de septiembre, con diferencias de apenas unos días. Madrid abrirá las aulas el 7 de septiembre para Infantil, Primaria y Educación Especial (un día después para Secundaria y Bachillerato). Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Cantabria y Ceuta arrancarán el 8 de septiembre (en Ceuta, solo Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial; Formación Profesional y la Escuela Oficial de Idiomas empiezan el 10).

Un día después, el 9, empezarán Castilla y León, La Rioja, Canarias, la Comunitat Valenciana, Galicia, Asturias y Melilla, mientras que Extremadura, Andalucía e Illes Balears lo harán el 10 de septiembre, con Secundaria y Bachillerato incorporándose unos días más tarde en varios de estos territorios. Navarra y Euskadi son un caso aparte: sus normativas no fijan una fecha única, sino un margen. En Navarra, ESO y Bachillerato empiezan el 4 de septiembre, e Infantil y Primaria entre el 4 y el 8, según decida cada centro. En Euskadi, la norma solo establece que las clases no pueden arrancar antes del 7 de septiembre, aunque la mayoría de centros elige el 8.

En cuanto al final del curso lectivo, Madrid, Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears serán de las primeras en concluir, el 18 de junio. Les seguirán Galicia y Catalunya, el 21 de junio, junto con la Región de Murcia (aunque en Murcia Secundaria y Bachillerato terminan el 21 y el segundo ciclo de Infantil y Primaria, el 22). Canarias, Castilla-La Mancha y La Rioja cerrarán el curso el 22 de junio; Andalucía, entre el 22 y el 23 según la etapa; Asturias, Ceuta y Melilla, el 23 de junio; y Castilla y León, el 24. Cantabria queda repartida entre las dos fechas: Infantil, Primaria y Educación Especial terminan el 23 de junio, mientras que el resto de enseñanzas llega hasta el 24, entre las comunidades con el calendario más extenso. Navarra y Euskadi vuelven a ser un caso aparte: en Navarra las clases terminan entre el 18 y el 22 de junio según el ciclo, mientras que en Euskadi la norma solo fija un límite máximo, el 18 de junio, sin una fecha única de cierre.

Vacaciones de Navidad

Las vacaciones de Navidad también presentan diferencias entre comunidades, aunque la mayoría de los alumnos dejará las aulas entre el 22 y el 24 de diciembre. Los primeros en comenzar el descanso serán los estudiantes de Galicia, Aragón, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Canarias, que iniciarán las navidades el 22 de diciembre. Un día después, el 23, se sumarán Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Illes Balears, Ceuta y Melilla, mientras que la Región de Murcia añade el 23 como día no lectivo antes de que el parón propiamente dicho arranque el 24, y Euskadi será la comunidad que más retrasará el inicio del descanso, también el 24 de diciembre.

El regreso tampoco será simultáneo, y aquí conviene tener presente que la vuelta real a clase es el día siguiente al último día de vacaciones que marca cada calendario oficial “ambos inclusive”. Con ese matiz, Aragón, la Comunitat Valenciana, La Rioja, la Región de Murcia, Andalucía, Illes Balears y Euskadi reanudarán las clases el 7 de enero. Catalunya, Galicia, Extremadura y Canarias lo harán el 8. Y Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla —que amplían el parón añadiendo el 8 de enero como día no lectivo— tendrán el regreso más tardío, el 11 de enero.

Vacaciones de Semana Santa

La Semana Santa será el segundo periodo más extenso de descanso del calendario escolar, aunque las fechas varían considerablemente entre comunidades autónomas. Los primeros en comenzar las vacaciones serán los alumnos de Madrid, Galicia y Castilla y León, que las iniciarán el 19 de marzo. Les seguirán Catalunya, Asturias y Cantabria, con inicio el 20, y la Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Ceuta y Melilla, que empezarán el 22. Navarra, Aragón, La Rioja, la Comunitat Valenciana e Illes Balears esperarán hasta el 25, mientras que Euskadi fija solo un mínimo desde ese mismo día.

Respecto al final de las vacaciones, Canarias y Melilla serán las primeras en volver a clase, el 27 de marzo. Andalucía, Asturias y Cantabria regresarán el 29; Madrid, Catalunya, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia lo harán el 30, el mismo día en que Castilla y León concluye su descanso, aunque su regreso real será el 31. Euskadi, que solo fija un mínimo de descanso hasta el 29 de marzo, no volverá antes del 30. Aragón regresará el 3 de abril. Navarra, La Rioja e Illes Balears lo harán el 5 de abril, y la Comunitat Valenciana cerrará el capítulo el 6 de abril, de las vueltas más tardías del calendario. Ceuta, que encadena la Semana Santa con la Semana Blanca, no retomará las clases hasta el 3 de abril.

Ceuta encadena su Semana Santa con la Semana Blanca inmediatamente posterior, lo que retrasa su regreso real a clase hasta primeros de abril; Melilla, en cambio, celebra su Semana Blanca en fechas distintas y su Semana Santa no se alarga del mismo modo.

Importante contratiempo para el transporte urbano de Madrid en una fecha tan señalada como este jueves 8 de enero, en la que regresa la actividad a los centros educativos de la capital y con ello aumentan sensiblemente los desplazamientos. La línea 7 de Metro de Madrid, en el tramo de seis estaciones que discurre entre García Noblejas y Avenida de América, permanece cortada desde primera hora de la mañana y no ha ofrecido servicio desde el inicio de la jornada. Así, los trenes no pasan por las paradas intermedias de este intervalo: Ascao, Pueblo Nuevo, Barrio de la Concepción y Parque de las Avenidas.

En un mensaje publicado en X, Metro atribuye a “causas técnicas” la interrupción en la circulación de trenes. En el post, compartido a las 8.17 de la mañana de este jueves después de una primera información similar a las 6.02, hablan de un “tiempo estimado de solución en más de dos horas”. La clausura ha afectado por tanto al conjunto de la hora punta y se alargará al menos durante parte de la mañana.

Posteriormente, fuentes de Metro han precisado que “el servicio se ha visto afectado por la incidencia de un vehículo auxiliar de mantenimiento nocturno de Metro cuando este se ha quedado parado en un túnel”. Según recoge Europa Press, “en estos momentos se está trabajando para retirarlo”, con la previsión de la reactivación de las prestaciones en torno a las 12.30.

Desde el suburbano precisan que “un servicio sustitutivo gratuito de la EMT [Empresa Municipal de Transportes de Madrid] recorre el tramo entre García Noblejas y Avenida de América” por medio de autobuses. Sin embargo, algunos viajeros han precisado en redes sociales que esta medida no se ha materializado, al menos en todas las estaciones afectadas. Según Metro, Pueblo Nuevo y Ascao son las únicas estaciónes afectadas en las que los buses sustituvos no hacen parada.

La situación ha despertado importantes quejas en redes sociales a la vista de los retrasos, las aglomeraciones generadas, el errático funcionamiento del servicio sustitutivo con frecuencias de hasta 20 minutos y la falta de información que critican muchos pasajeros. “Indescriptible”, define su mañana un usuario de X que acompaña su post con la imagen de un panel que alerta de la interrupción en el servicio de la línea 7 durante más de dos horas.

Otra afectada critica el servicio de Metro, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: “La vuelta al cole con Ayuso y Metro es lo mejor de España. Con un frío que te mueres la línea 7 sin funcionar, con supuestos servicios especiales de autobús en los que hay un autobús para cientos de personas”. La usuario adjunta además una imagen de la larga cola para tomar uno de estos buses sustitutivos en García Noblejas.

A los reproches se ha sumado también el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López. “Año nuevo, vida vieja”, ha expresado en X el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. “Mismos problemas para los madrileños que en 2025: la línea 7 de metro no funciona y los servicios especiales de autobús no dan de sí. La gente haciendo una cola infinita a 0 grados. Y la línea 10 con incidencias y saturada, para variar”, lamenta López.

Respecto a la línea 10, las demoras han sido algo más acusadas de lo habitual en diferentes estaciones (de Puerta del Sur a Chamartín) a primera hora de la mañana “por una incidencia en un tren que ya quedó solucionada”, según informó Metro a través de X.

La línea 7 de Metro es una de las más habituadas a este tipo de cortes, tanto por averías como a causa de acumulaciones de agua u otras incidencias. Su tramo este, entre Coslada y San Fernando de Henares (conocido como línea 7B), ha permanecido además fuera de servicio durante varios meses y en repetidas ocasiones. Las filtraciones de agua derivadas de la obra de construcción dificultaron su estabilidad y han provocado numerosas intervenciones posteriores. Además, causaron daños en viviendas de San Fernando y hasta la fecha se han derribado 73 casas

Seis meses antes de que las protestas contra el genocidio de Gaza cortasen etapas e incluso impidiesen el final de la Vuelta Ciclista a España, otra competición sobre dos ruedas vio su recorrido acompañado por las movilizaciones contra la presencia del equipo israelí. Se trataba de O Gran Camiño, la única carrera profesional por etapas en territorio gallego, en la que se coronó como ganador el canadiense Derek Gee, corredor del Israel-Premier Tech. Una situación que, casi con toda seguridad, no se repetirá el año que viene. “Si el reglamento lo permite”, la organización de la prueba no invitará al equipo propietario del millonario sionista Sylvan Adams. Si la UCI impone su participación, dos de los principales patrocinadores —las diputaciones de A Coruña y Lugo, gobernadas por un bipartito PSOE-BNG— retirarán su financiación.

“No están los tiempos para pensar en lo deportivo, sino para pensar, por encima de todo, en el escenario en el que estamos”. Ezequiel Mosquera, el director de O Gran Camiño, prueba que organiza a través de su empresa Emesports, atiende por teléfono a elDiario.es. El exciclista coruñés cree que el carácter de la carrera y su nivel, varias categorías por debajo del World Tour en el que se mueven La Vuelta, el Tour o el Giro, les da una libertad a la hora de elegir los participantes con la que no cuentan las tres grandes rondas.

“No contemplamos invitarlos para los años sucesivos”, asegura Mosquera, quien dice desconocer cuál será “el futuro” de ese equipo con organizaciones que, como ellos, no tengan la obligación de aceptarlos. “En World Tour gozan del beneplácito de contar con los mejores corredores del mundo, pero al mismo tiempos están más presos de esa normativa” que marca la Unión Ciclista Internacional (UCI), siguiendo los criterios del Comité Olímpico Internacional, el que decidió dejar fuera de las competeciones a equipos rusos como el Gazprom.

Israel Premier-Tech está en el World Tour “porque es uno de los mejores equipos del mundo y la normativa está escrita asi”. Una muestra es lo sucedido en La Vuelta. “Seguramente, lo más fácil hubiese sido que el equipo renunciase a seguir. No lo hicieron, entiendo que por órdenes de quien paga, y La Vuelta, con el reglamento en la mano, no tiene potestad para expulsarlos de la carrera”, explica.

La vuelta profesional a Galicia

O Gran Camiño nació en 2022 con el objetivo de recuperar una competición profesional para la comunidad, dos décadas después de que la Volta a Galicia perdiese esa categoría. Se presenta como La ruta histórica y cada una de sus ediciones está vinculada a distintas etapas del Camino de Santiago, lo que le ha permitido cruzar las fronteras autonómicas —e, incluso, estatales— para llegar a Portugal. Sus principales patrocinadores son la Xunta y las cuatro diputaciones provinciales. Portavoces de dos de ellas, las de A Coruña y Lugo —las únicas que no están en manos del PP—, han trasladado a elDiario.es que retirarán su apoyo si el equipo israelí compite, aunque confían en que esa situación no llegue a darse. “Entendemos que empresa organizadora lo solucionará”, aseguró un representante del ente provincial coruñés.

En números, la edición de este año de la ronda gallega alcanzó seis millones de espectadores a través de Eurosport y TVG —donde fue líder de audiencia—, generó 290.000 visitas a su web oficial y casi 24 millones de interacciones en redes. Participaron en ella 700 personas y 230 vehículos, además de un avión, un helicóptero y 50 camiones. Mosquera y su equipo destacan con orgullo las felicitaciones constantes por una organización que debe luchar con dos condicionantes a la hora de buscar equipos: las fechas y el escaso reparto de puntos para los participantes por encontrarse en categoría Punto 1. Por eso, las dos peticiones que han elevado a la UCI son trasladar las fechas a finales de abril, para huir del tempestuoso invierno gallego, y ascender una categoría, a la llamada Punto Pro.

Pese a esos inconvenientes, el nivel de los participantes —entre los que Israel-Premier Tech había sido siempre un fijo—, se entiende simplemente echando un vistazo a los sucesivos podios. La primera edición se la llevó un campeón del mundo como Alejandro Valverde. Las dos siguientes —2023 y 2024—, el flamante ganador de la Vuelta a España, Jonas Vingegaard. La última, celebrada entre finales de febrero y principios de marzo, fue para la estrella del Premier Tech Derek Gee, quien dos meses después se proclamaba cuarto en el Giro de Italia. 

Gee sí podría estar el próximo año en O Gran Camiño. El pasado 25 de agosto, el tercer día de carrera en La Vuelta, el canadiense emitía un comunicado para explicar su ausencia de la ronda española: había roto su contrato con Israel-Premier Tech. Una decisión que, según publicó en la red social X, tomó “después de cuidadosas consideraciones y por razones legítimas. Ciertos asuntos simplemente hicieron insostenible mi continuidad en el equipo”. No hubo una mención explícita, pero en el pelotón se entendió como un portazo al sportwashing del genocidio. El conjunto israelí no se lo tomó bien y ha dejado la ruptura en manos de sus abogados.

Mosquera, que no puede evitar pensar cómo se habría sentido él compitiendo en esta Vuelta a España, asegura que su negativa a contar con Premier Tech no es “ni por los corredores ni por los directores, que son gente del ciclismo de toda la vida, sino por el contexto actual, que no ayuda en nada, si no más bien al contrario”.

“Con el reglamento en la mano, pienso que nos podemos librar”, considera el antiguo escalador, que ya vivió en la última edición de O Gran Camiño un adelanto de lo que pasaría en La Vuelta. “Hubo manifestaciones, pero no podemos decir que no se respetase la carrera: las protestas eran contra el equipo pero no contra la prueba, así que no tenemos nada que reprocharles”. Y como si llegase a la meta, añade una última reflexión: “Es cierto que era un escenario diferente, nunca llegaron hasta ese punto [el de interrumpir las etapas], pero es que la situación de la guerra tampoco había llegado nunca hasta el punto en el que estamos”.

Cientos de familias esperan en Logroño la ayudas económicas al estudio para libros y material didáctico en la segunda etapa de Educación Infantil. Son familias con niños y niñas de primero, segundo y tercero de Infantil, con rentas familiares que no superan los 10.000 euros per cápita. Otros años, a estas alturas, ya han recibido la ayuda y han podido afrontar con ella los gastos que conlleva el inicio del curso escolar. En esta ocasión, el curso ha empezado sin que se hayan concedido las ayudas.

Al Ayuntamiento reconoce en sus bases que estas ayudas tienen la finalidad de “financiar los gastos corrientes de libros y material didáctico a aquellas familias con menos recursos ecoonómicos”. Para ellas, el inicio del curso escolar supone un importante desembolso difícil de asumir en ocasiones.

Estas ayudas van de los 70 a los 100 euros por niño, en función de la renta familiar, con una partida total de 91.500 euros. Se otorgan en forma de vale canjeable directamente en las librerías por el material o los libros necesarios en cada caso, para que las familias no tengan que pagar. Luego son los propios establecimientos quienes remiten un recibo al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Logroño asegura que la tramitación está dentro de los plazos normales y asegura que se encuentra en su junta final por lo que llegará próximamente a la Junta de Gobierno para la adjudicación definitiva. Recuerda además que ha habido algunos años, como 2022, en que estos vales se entregaron en el mes de noviembre.

Los adjudicatarios, sin embargo, se quejan del retraso. “Tengo 3 hijos y en todo estos años, es la primera vez que pasa. He tenido que comprar el material porque no ha llegado la ayuda a tiempo y el ayuntamiento no nos da respuesta a esto. Siempre he recibido la ayuda antes del 1 de septiembre”, asegura una madre de familia de Logroño, “todos los años llega antes de finalizar agosto, la segunda o tercera semana del mes”.

Los beneficiarios deberán recibir una carta en su buzón notificándoles la concesión de la ayuda, deberán acudir con ella al 010 y allí se extiende el vale con el que acuden a la librería. Esto sucederá en las próximas semanas. El problema es que el mayor desembolso ya está hecho y que los vales caducan el 31 de diciembre. “Esas ayudas para muchas familias son imprescindibles”, aseguran los solicitantes.

Es el ruido. Con la vuelta al colegio vuelve también la preocupación entre las familias por la contaminación atmosférica alrededor de las escuelas, pero realmente el ruido que provocan los vehículos de las familias que llevan a sus hijos en coche tiene más impacto en la salud de los pequeños, según han recordado este viernes Julio Díaz, profesor de Investigación del Instituto de Salud Carlos III y Cristina Linares, Investigadora Científica del Instituto de Salud Carlos III, en un briefing sobre los efectos que tiene la contaminación en la salud de los menores, organizado por el Science Media Centre (SMC) español.

“La contaminación atmosférica, sobre todo el NO2 y las PM (partículas en suspensión) tienen una afectación importante en niños”, ha explicado Díaz, pero “en un estudio hecho para Madrid –es quizá la única ciudad del mundo que mide esta variable que es el ruido del tráfico desde hace años– se observa que a los menores de 14 años les afecta el NO2, pero el ruido, lo que más”, argumenta el físico citando un estudio específico que toma como indicador los ingresos hospitalarios.

Y no es un elemento inocuo, ha añadido el experto. “El ruido produce mortalidad, mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes... Se relaciona con partos prematuros, bajo peso al nacer, influye en el desarrollo cognitivo, en ansiedad, en depresión, en suicidios”. “Si queremos bajar el impacto de las variables ambientales en la salud de los niños hay que fijarse en estos dos elementos, que curiosamente tienen el mismo origen, el tráfico rodado”, ha rematado.

Los expertos, coordinadores científicos del Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC) y codirectores de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), han insistido en que hay estudios que identifican picos de contaminación en las horas de salida y entrada en los colegios, coincidiendo con esa tendencia de las familias de llevar a sus hijos en coche a la escuela.

Linares opina que debería haber una legislación específica para los entornos escolares, una reivindicación que ondean las familias que participan en la llamada Revuelta Escolar, un movimiento ciudadano que aboga por pacificar los colegios limitando el tráfico rodado a su alrededor y que lleva años protestando, especialmente en Barcelona y Madrid. “Soy muy partidaria de establecer zonas bajas de emisión alrededor de los colegios, de las escuelas infantiles o de las residencias de ancianos dentro de la ciudad”, ha valorado. Díaz ha añadido que, en el caso del ruido, a solo 50 metros se reduce a la mitad.

Los problemas que genera la contaminación atmosférica a nivel local (que no hay que confundir con los efectos del cambio climático, aunque estos exacerben todo lo demás) son más conocidos y también afectan a los menores. En algunos casos, les afectan especialmente por serlo. Por si hacía falta, Linares ha recordado que los pequeños son más vulnerables a todo tipo de contaminación por cuestiones naturales (están en desarrollo y sus vías de detoxificación no son completamente maduras, tampoco tienen el sistema inmunológico desarrollado del todo), pero también porque hacen más vida al aire libre (están más expuestos a la contaminación y el ruido) o incluso por su altura (al ser más bajos están más en contacto con los contaminantes más pesados del aire, que se acumulan en zonas más bajas).

Un papel activo de la ciudadanía

La preventivista ha recordado que en 2021 la Organización Mundial de la Salud (MOS) publicó sus nuevas directrices, en las que “ha dado un golpe encima de la mesa en pos de la protección de la calidad del aire” y ha bajado “drásticamente” los valores a los cuales se considera segura la exposición al riesgo ambiental. Unas directrices que aún deben incorporarse a las directivas europeas y de ahí a las nacionales y autonómicas y locales, pero que también permitirán a la ciudadanía ejercer un papel más activo en la denuncia. “Las familias pueden informarse, organizarse y reclamar por ley aire limpio para sus hijos”, sostiene esta experta. “Tenemos que pedir a los políticos que limiten el tráfico cerca de los colegios”.

Porque esta directiva, ha explicado, otorga herramientas. “Hasta ahora, se podían establecer demandas frente a una mala calidad del aire, pero no estaban amparadas por el incumplimiento de unos niveles límite que hay en la legislación”, ha explicado Linares. Pero a futuro, aunque habrá que ver cómo se traspone la directiva europea a la legislación española, habrá un respaldo.

La directiva dice: “Cuando se hayan producido daños a la salud humana como consecuencia de una infracción de las normas nacionales de transposición del artículo 19 y el artículo 20 de la presente Directiva y dicha infracción se haya cometido con intencionalidad o por negligencia, los Estados miembros deben garantizar que las personas afectadas por tales infracciones tengan derecho a reclamar y obtener una indemnización por dichos daños de la autoridad competente pertinente”.

Blanco y en botella, dice la experta. “Hay que denunciar y reclamar”, insta. “Al final es la única forma que tenemos. También, por supuesto, estar informados. Y luego organizarse para hacer uso de este derecho que se otorga al ciudadano”, anima.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado este miércoles una nueva inversión del Plan Mejora tu Centro para “mejorar el confot climático” en los centros educativos andaluces, que estará dotado, inicialmente, con 55 millones de euros. El objetivo es “que los colegios e institutos públicos puedan mejorar climatización en instalaciones”, de forma que “se dé un paso más por adecuar los centros a las necesidades y prepararlos tanto para el frío como para el calor”.

Así lo ha manifestado Moreno durante la inauguración del curso 2025-2026 en la Educación Primaria en el CEIP Los Llanos de Almonte (Huelva), donde ha destacado que, desde 2019, se han acometido 452 actuaciones de bioclimatización en casi 500 centros. “Un esfuerzo presupuestario que supera ya los 170 millones de euros y a lo que se suma otro esfuerzo para ampliar el plan de bioclimatización a otros 80 centros más, con una dotación de 30 millones”, ha avanzado el presidente andaluz.

Moreno ha reconocido que la mejora de la climatización de las aulas es una de las demandas que le traslada el alumnado cuando tiene la oportunidad de reunirse con él. Es también una de las reivindicaciones históricas de familias y sindicatos, que este curso vuelven a inisistir en el cumplimiento de la ley de bioclimatización desde su entrada en vigor en 2020.

El presidente ha incidido en el “compromiso” de la Junta de Andalucía “con una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la renta o de las capacidades”. A este respecto, ha matizado que, “desde 2018 a 2025, el presupuesto destinado a educación pública ha aumentado un 50% hasta superar este año los 9.000 millones de euros, casi 3.000 millones más que en 2018”.

Las cifras del inicio del curso

En este punto, ha subrayado que en Andalucía “se ha reducido 6,5 puntos la tasa de abandono escolar y ha aumentado en 10 puntos la titulación entre los jóvenes de 20 a 24 años”. “La mayoría de las medidas adoptadas han sido fruto del diálogo social, algo que agradezco a las organizaciones sindicales y las patronales”, ha apuntado el presidente andaluz.

Al respecto, ha señalado algunos de los “avances” como “la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, que los docentes andaluces hayan pasado de ser los peor remunerados de España a estar retribuidos por encima de la media” y ha hecho alusión al acuerdo del pasado mes de julio para sumar a la educación pública andaluza 6.500 profesores, 3.000 este mismo curso, y “restar carga burocrática a los docentes”.

En relación con la educación especial, el presidente andaluz ha asegurado que esta cuenta con la plantilla de especialistas “más amplia” con hasta un total de “14.000 este curso, un 37% de crecimiento en los últimos siete años”. “Cada alumno y cada alumna son únicos y distintos y todos merecen desarrollar su potencial hasta el límite de sus capacidades, tenemos la obligación y la determinación de ayudarles a que así sea”, ha manifestado Moreno.

En este sentido, ha remarcado que “con menos alumnado que nunca, hay más profesores que nunca, con un aumento del número de orientadores, de los maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y del personal técnico de Integración Social, los PTIS”.

En cuanto al plan de ayudas a las familias de España, ha añadido que se mantiene con “casi 900 millones de inversión y una media de 820 euros de ahorro por familia, donde se incluye la gratuidad de libros de texto, que beneficia a unos 885.000 estudiantes con una inversión de 57 millones, y se mantienen los precios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares”.

La comunidad educativa “más importante”

En este inicio del curso escolar, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que “estamos ante la comunidad educativa más importante que hay en España y una de las más importantes también de Europa” con “unos 131.000 docentes en los más de 7.200 centros, tanto públicos como concertados y privados que tenemos en toda Andalucía”, lo que supone una “complejidad” en “la logística, la organización y la planificación” del sistema educativo andaluz, según ha remarcado Moreno.

Al respecto, ha subrayado que la pasada semana arrancó el primer ciclo de Infantil “con la gran novedad de la gratuidad para el alumnado de dos años y que se irá extendiendo al conjunto del ciclo” y que este miércoles “acaban de abrir sus puertas 2.744 colegios que tenemos en la comunidad”. “A más de 708.000 niños y niñas del primer ciclo de Infantil les estaban esperan más de 55.000 docentes de infantil primaria y educación especial”, ha dicho el presidente de la Junta.

Ya el 15 de septiembre será el turno para Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, “que suman algo más de 886.000 estudiantes”, mientras que el día 22 se incorporarán los de enseñanza de régimen especial (Música, Danza, etc.), “otros 88.000 alumnas y alumnos”. “De modo que este mes inician las clases cerca de 1,8 millones de estudiantes y también unos 131.000 docentes en los más de 7.200 centros, tanto públicos como concertados y privados que tenemos en toda Andalucía”, ha resumido.

Con respecto a la Formación Profesional, el presidente ha destacado la “apuesta firme” del gobierno de Andalucía con la oferta de “168.000 plazas de nuevo ingreso, sostenidas con fondos públicos, y unas 1.500 de nueva creación en este curso, entre ellas seis de enseñanza vinculada directamente a los sectores productivos”.

CEIP Los Llanos, ejemplo de integración

Finalmente, Moreno ha destacado al CEIP Los Llanos de Almonte como “una referencia educativa y social” porque, “por su enclave, por la influencia directa que tiene el cultivo de los frutos rojos en la comarca, este centro escolariza a cada curso a más de un centenar de alumnos de ocho nacionalidades, incluso de diez nacionalidades distintas”, lo que supone “una quinta parte de los 500 niños y niñas matriculados”.

“Todos perfectamente integrados, tanto en el centro, que es muy importante, como en el propio barrio, y eso creo que es un gran ejemplo de esa fusión social relevante que cumple la escuela en el ámbito académico, pero también en el ámbito social”, ha concluido el presidente andaluz, acompañado por la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo; el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.

Los pasillos de los colegios andaluces recuperan el bullicio este miércoles en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un total de 708.604 alumnos —8.420 menos que el año pasado— regresan a las aulas en un inicio del curso marcado por la caída de la natalidad y por un escenario educativo que arrastra asignaturas pendientes, como la bajada de la ratio, la falta de recursos para la atención a la diversidad o las deficiencias en infraestructuras.

El sistema educativo andaluz ha perdido en su conjunto más de 120.000 estudiantes desde el curso 2018/19. Para los sindicatos, esta tendencia de pérdida progresiva de alumnado ofrece una oportunidad para reducir la ratio que llevan años demandando las familias y el profesorado. Sin embargo, habrá que esperar al curso que viene para que se empiecen a aplicar medidas en este sentido, en virtud del último acuerdo firmado por la Consejería de Desarrollo Educativo en la mesa sectorial de julio.

Por el momento, desde el Gobierno andaluz se asegura que, a pesar de contar con menos alumnos, la plantilla docente se ha reforzado: 3.100 profesores se han incorporado a la red pública (que suma un total de 108.657 docentes) y 331 maestros lo han hecho en la concertada, compuesta por 16.446 profesionales de la enseñanza. En suma, más de 125.000 maestros y profesores en centros sostenidos con fondos públicos. A todos ellos hay que sumar 284 nuevos especialistas de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), hasta un total de 13.959 (lo que supone un 37,5% más que en 2018, según los datos aportados por la Consejería).

Mientras el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno pone el foco en el incremento de los números (sin concretar cuántos docentes se han incorporado en cada nivel educativo, pese a haberlo consultado este periódico), los sindicatos que representan al profesorado, las asociaciones de familias y los grupos de la oposición comienzan el curso con la mirada puesta en los “grandes retos” que tiene por delante la educación en Andalucía, convencidos de que esas cifras no bastan para corregir las carencias estructurales que acumula el sistema educativo andaluz.

Avances “insuficientes”

El curso 2025-2026 arranca así con un contexto de críticas generalizadas a la gestión de la Junta por parte de la comunidad educativa. “El Gobierno del PP empieza la vuelta al cole con muchas asignaturas pendientes y muy malas notas”, resume la portavoz de Educación de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Alejandra Durán. “Son tantísimos los frentes abiertos y las necesidades que tiene nuestro sistema educativo que podemos hablar de un ataque integral que atañe a toda la comunidad”, lamenta la diputada de Por Andalucía, poniendo el acento en “la drástica reducción de la plantilla docente” o “el recorte de las becas comedor”.

Sus palabras sirven como termómetro del arranque del nuevo curso. Sindicatos como USTEA coinciden en que la vuelta al cole llega marcada por “reivindicaciones históricas” y la preocupación por “el daño que se le está haciendo a la educación pública andaluza”. Al hilo, alertan de la “privatización” progresiva que sufre la enseñanza en Andalucía: “desde la llegada del PP al Gobierno andaluz, se han cerrado más de 2.400 unidades en la pública, sin que los recortes hayan afectado a la concertada”, recuerda Francisco Fernández, portavoz de Educación de USTEA.

No obstante, entre las organizaciones sindicales, hay voces que se muestran más optimistas este año. “Empezamos un curso escolar en el que existen problemas que son crónicos, pero que afrontamos con mayor solvencia que otros cursos escolares”, resume Elena García, la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía. Se refiere al acuerdo firmado en julio con la Consejería del ramo para “mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado andaluz”.

Ese acuerdo contempla medidas que se van a aplicar a lo largo de los próximos cuatro cursos, dibujando “un horizonte mejor” para el sistema educativo, según la representante de la primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza. Entre las novedades que empiezan a implantarse en el presente curso académico, Elena García remarca que el profesorado cuente desde ya con la posibilidad de realizar telemáticamente las tareas que no requieren atención directa al alumnado (como reuniones de claustros, de equipos docentes o la elaboración de materiales curriculares, a excepción de las evaluaciones oficiales).

Las familias, por su parte, consideran que el pacto alcanzado sigue siendo “insuficiente”. Rocío Begínez, presidenta de FAMPA Sevilla, lamenta que la bajada de la ratio en Infantil se retrase un curso más (se espera ver materializada el próximo curso 2026-2027) y que solo contemple una reducción en el segundo ciclo de Infantil de 22 alumnos por aula. Además, la representante de las madres y padres del alumnado recuerda que “otro de los grandes problemas y preocupaciones” a los que se enfrentan las familias este año es “la falta de recursos y medios del alumnado con necesidades especiales (NEE) y de apoyo educativo (NEAE)”.

La atención a la diversidad, de nuevo en el centro de las demandas

Precisamente, la demanda de recursos para garantizar “una atención a la diversidad real” fue la punta de lanza de las movilizaciones convocadas el curso pasado por la comunidad educativa en Andalucía. Pese a la magnitud de lo que se denunciaba ya entonces –“el desmantelamiento de la educación pública”–, los colectivos que defienden la educación en la comunidad aún no han logrado movilizar a la población lo suficiente como para alcanzar el mismo grado de contestación social que las protestas sanitarias, las más multitudinarias en la sociedad andaluza.

Ese será, por tanto, otro de los retos del próximo curso: conseguir que el sentimiento de hartazgo compartido entre familias y docentes de las escuelas públicas de Andalucía se vea reflejado en las calles. Las mismas preocupaciones que trasladan las familias son las que los grupos de la oposición han recogido en su plan de acción para el próximo curso.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, asegura que su grupo va a permanecer “vigilante”, centrando su atención en cuatro ejes principales: la atención a la diversidad, la estabilización del profesorado interino, el deterioro de los centros educativos y la expansión de la FP privada, que, según denuncian, crece a costa de una oferta pública que no cubre la demanda creciente.

En esa misma línea, el PSOE andaluz percibe que el nuevo curso escolar echa a andar marcado “por el caos, la falta de planificación y la ausencia de diálogo con la comunidad educativa”. Los socialistas detectan los mismos problemas que vienen denunciando familias y sindicatos —especialmente la falta de recursos para atender a la diversidad— y añaden otros frentes como la supresión de “una figura tan importante como son los auxiliares de conversación”.

Otras reivindicaciones

Este curso, los esfuerzos de las familias irán también dirigidos a que se cambie el modelo de gestión de los comedores escolares y se garantice el cumplimiento de la ley de bioclimatización, que lleva “cinco años guardada en un cajón”. “Estamos rezando por que las temperaturas del inicio del curso no sean tan elevadas como las de final del curso pasado”, expresa la presidenta de FAMPA Sevilla, en nombre de las familias que en junio reactivaron los actos de protesta al registrarse aulas a 40 grados.

Sindicatos como USTEA comparten esta reivindicación, recordando que “solo un 6% de los centros haya aplicado la ley de bioclimatización desde su entrada en vigor en 2020”. Entre los principales retos para el curso 2025-2026, esta organización sindical incide de nuevo en la necesidad de reducir las ratios de alumnado, especialmente en áreas metropolitanas como Sevilla, Málaga y la Costa del Sol, lo que exige también un incremento de las plantillas docentes. Y reclama asimismo menos carga burocrática para el profesorado y mejoras en salud laboral, con medidas como la desconexión digital y la mejora de derechos e infraestructuras.

En lo que se refiere a las infraestructuras, la Consejería de Desarrollo Educativo ha avanzado que con vistas al curso 2025/26 se finalizarán un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. “De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones”, indican desde el departamento dirigido por María del Carmen Castillo.

La semana que viene será el turno de Secundaria y Bachillerato

Tras la vuelta al cole del alumnado de Infantil y Primaria, el próximo lunes día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (886.255 estudiantes, 19.000 menos en cómputo global respecto al curso anterior), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 87.707 estudiantes.

Así, el nuevo curso arranca con casi 1,8 millones de estudiantes y más de 130.000 docentes en las aulas de los 7.243 centros educativos andaluces (tanto públicos como concertados y privados). Pero también con el desafío de que estos números no queden atrapados en las estadísticas y se traduzcan en mejoras palpables en el día a día de la comunidad educativa andaluza.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha subryado la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado en un curso escolar 2025-2026 donde más de 33.500 docentes se enfrentan a “múltiples desafíos que amenazan la calidad educativa que se ofrece en las aulas”.

En concreto, apunta a “la burocracia, los recortes que permanecen desde 2012 y que no se han revertido en su totalidad, algunos de ellos muy graves como la precariedad del profesorado interino, aulas más conflictivas, falta de medios para atención del alumnado con necesidades educativas especiales o la pérdida salarial” como “los grandes problemas de la educación pública de Castilla-La Mancha”.

En primer lugar, reprocha que el profesorado se enfrenta a “una ingente burocracia”. “No es un tema menor, ya que habrá menos tiempo para preparar clases, planificar actividades, innovar o adaptar materiales a las necesidades de los alumnos. Provoca además sobrecarga y estrés laboral, generando jornadas más largas y sensación de agotamiento, además de que provoca desmotivación”, indica.

En este sentido, señala que la burocracia “desplaza del foco lo que es verdaderamente importante: atender al alumnado y reforzar la intervención pedagógica”. Además, advierte de que “provoca tensión entre el profesorado, ya que también existe un reparto desigual con equipos directivos, tutores y departamentos de orientación con una sobrecarga aún mayor”.

Entre “los principales recortes que permanecen” en el sistema educativa, señala CSIF, se encuentra “la inestabilidad y precariedad que genera el despido del personal interino durante los meses de verano (durante los meses de julio y agosto se han destruido 4.698 afiliados a la Seguridad Social en el ámbito educativo), que además no cobran salvo en casos muy concretos: contratación previa al 31 de octubre y permanencia ininterrumpida hasta final de curso”.

Baile de cifras sobre la interinidad

“Frente a lo manifestado la semana pasada por el consejero de Educación, que afirmó que Castilla-La Mancha mantiene una de las tasas de interinidad más bajas de España (8,8%), la región contaba en el curso 2024-2025, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con 9.580 docentes interinos, lo que supone una interinidad del 30,5%”, asegura CSIF.

Además, lamenta que el profesorado de Enseñanzas Medias sigue sin recuperar las 18 horas anteriores a la reforma de 2012 y “las ratios siguen por encima de lo aconsejable: 25 alumnos en Primaria (cursos 2º al 6ª), 30 en ESO y 32 en Bachillerato. La reducción a 22 alumnos en 1º de Primaria responde únicamente al descenso de la natalidad y no a una planificación educativa”.

“A estos recortes crónicos se suman otros 'quirúrgicos' que la Consejería acomete debido a que no cuenta con financiación suficiente: aumento del número de alumnos para formar tutorías en la educación para adultos, subida de ratios y fusión de niveles en las escuelas oficiales de idiomas, las malas condiciones laborales de los docentes itinerantes o la pérdida de periodos lectivos en Formación Profesional para la gestión de las prácticas en empresas”, añade.

La convivencia escolar es otro de los grandes retos. Según una encuesta realizada por CSIF, “uno de cada dos docentes ha sufrido insultos, agresiones o acoso a través de redes sociales”. “A pesar de esta situación, siguen faltando recursos para hacer frente a este desafío, ya que además también hay muchas situaciones de conflictividad hacia el alumnado con necesidades educativas especiales: faltan orientadores, personal de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y auxiliares técnicos educativos, además de la enfermería escolar”, recalca.

Asimismo, señala que el colectivo docente arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010. CSIF reprocha igualmente el acuerdo de mejoras firmado por el Gobierno regional, Anpe, UGT y CCOO puesto que a su juicio “no aborda los problemas reales, sino que 'blanquea los recortes'”.

Este lunes se inicia la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid y algunas aulas abrirán sus puertas a los alumnos sin profesores. Quince días de retraso en la publicación de las listas provisionales y los incontables errores del sistema informático que adjudica las plazas a funcionarios e interinos han provocado un clima de fuerte descontento entre el profesorado por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en este inicio de curso. Además de la falta de profesores, la caótica situación, que tratan de solventar apenas unos días antes de la vuelta a clase de los alumnos, también derivará en la incorporación tardía de muchos docentes que no han estado presentes la semana previa en los claustros y la preparación de la metodología. En total, 223 profesores de educación infantil se incorporarán este lunes.

Cientos de docentes se han encontrado durante la semana pasada con que la plaza que se les había asignado en las listas definitivas no existe o es de una naturaleza diferente. “Han cometido un error y yo ahora no tengo curro y entro más tarde a las listas extraordinarias”, denuncia Ana en conversación con elDiario.es. Ella es una interina que ha visto cómo se le asignaba una jornada parcial que no se correspondía con su posición en las listas y que ni siquiera le proporciona un salario suficiente para vivir.

A su vez, Laura escribió el pasado martes en el foro de dudas del Cesif en Telegram que el lunes se encontró con que su plaza ni siquiera existía. “Te mandan para casa y te dicen que no tiene solución”, relata otra compañera que prefiere no revelar su nombre, a lo que Laura añade que le dijeron que volvería a aparecer en la lista extraordinaria, es decir, en la asignación que se produce cuando se agota el procedimiento ordinario, compitiendo con aspirantes con menos méritos. Con el paso a la lista extraordinaria, además, pierde su derecho a la renuncia al que podría haberse acogido tras la publicación de las provisionales, ya que tanto las asignaciones en la lista definitiva como en la extraordinaria son irrenunciables.

El portavoz del sindicato minoritario Stem, Ramón Carrillo, asegura a este periódico que “continuamente están anulando asignaciones que ya estaban hechas”, algo que ha generado en esta primera semana de trabajo de los profesores un clima de tensión e incertidumbre y que vulnera el derecho a la igualdad entre aspirantes.

“La sensación de desamparo es tremenda”, lamenta María, una profesora en la Comunidad de Madrid que a una semana del inicio de clases ha descubierto que su asignación de centros fue errónea y tendrá que desplazarse entre los diferentes colegios donde imparte clase en coche debido a la gran distancia entre ellos, a diferencia de lo que le correspondía. Además de estos fallos, el retraso con el que se publicaron las listas provisionales dejó a los docentes únicamente dos semanas de margen para conocer su destino, organizar su vida personal y buscar, en muchos casos, una vivienda cercana. En el mismo foro, que cuenta con más de 7.000 participantes, numerosos afectados repiten las palabras de María: “No he visto mayor desastre organizativo”.

Los sindicatos piden un cambio en el proceso

Según Carrillo, esta situación se debe en gran parte al reducido número de administrativos que se encargan de gestionar los recursos humanos en la enseñanza pública madrileña y a un software obsoleto. Desde esta organización reclaman a la Consejería una solución para que no se vuelva a repetir esta situación en los próximos años, porque “demuestra un desprecio absoluto hacia el profesorado madrileño”.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación niegan que haya errores sistemáticos en las asignaciones, lo califican como “algo normal en este tipo de procesos” y evitan las preguntas de elDiario.es acerca de una posible modernización del sistema informático y un aumento del número de administrativos encargados de esta gestión, a pesar de que estos errores han generado a muchos docentes graves problemas en su estabilidad laboral. “Es un cúmulo de errores tal que merece una explicación”, responde Carrillo.

Esta actuación de la Consejería demuestra un desprecio absoluto hacia el profesorado madrileño

El Gobierno de Ayuso se jactó el pasado miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, de haber conseguido iniciar el curso con un récord de alumnos y un récord de profesores. Incluso subrayaron que habían aumentado la contratación de docentes un 50% respecto al curso 2024/2025. Sin embargo, la progresiva privatización y los beneficios a los centros concertados de Ayuso han hecho crecer el número de profesores en estos colegios y ha impactado negativamente en los centros de titularidad pública exclusiva.

En las mismas declaraciones, el consejero Emilio Viciana insistió en el argumento de la “libertad de elección” de las familias para justificar este favorecimiento a los centros privados y concertados, y aireó los datos: el 53,7% de los alumnos madrileños estudian en centros de titularidad pública, mientras que los que van a privados suponen el 18,6% y a los concertados el 27,7%. Estas cifras están muy alejadas de la media europea de estudiantes en la enseñanza pública (83,8% en 2023) y la proporción española (68%), según las estadísticas de la Comisión Europea.

Plazas desiertas

Los equipos directivos se han encontrado la última semana con que varias plazas solicitadas a la Consejería no se habían cubierto ni en la asignación definitiva ni en la extraordinaria. Una directora de un colegio público que no quiere revelar su identidad ha detallado que en su centro de educación primaria faltan aún seis profesores, dos de los cuales deberían estar como titulares. Asegura que no han recibido ninguna información acerca del desequilibrio entre las necesidades de plantilla que comunicaron en junio, agosto y septiembre y, finalmente, los profesionales con los que contarán el primer día de clases.

Según esta fuente, hasta que las vacantes se cubran, ya con interinos del sistema PADI, todos los docentes disponibles en el horario de esa asignatura huérfana se ocuparán de atender a los alumnos, desde miembros del equipo directivo y orientadores hasta profesores de religión. “No podemos normalizar algo que se venía haciendo bien y que no funciona” porque “se acaba instaurando el desastre”, asegura.

El portavoz de la plataforma Menos Lectivas, Guillermo Sevilla, asegura que “el ambiente se está caldeando muy rápido”, en relación a las huelgas de profesores convocadas en otras comunidades autónomas como Cantabria y Comunitat Valenciana, por los recortes de plantilla en FP. Para Menos Lectivas, el caos administrativo es solo una materialización más de las malas condiciones laborales de los profesores de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid.

En medio de este clima de frustración, el movimiento en defensa de la enseñanza pública celebró el pasado jueves la primera asamblea del curso para continuar con sus reivindicaciones y valorar la situación de cara a una posible nueva movilización en octubre “por un acuerdo digno”. Durante este encuentro, muchas profesoras coinciden en que la reducción de horas lectivas planteada por el acuerdo de mayo está siendo una asignatura pendiente en muchos centros de la comunidad, ya que estas horas se están cubriendo con las excepciones aceptadas por la mesa de negociación, principalmente miembros del equipo directivo y empleados a jornada parcial, que acaban trabajando más por menos. En otros centros aseguran que directamente no se está aplicando.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha dado cuenta en rueda de prensa de los detalles del inicio de curso escolar en la Comunidad Autónoma, poniendo el acento en que se trata de uno de los “más asequibles” para las familias, con aspectos como el avance en la universalización de la educación en la etapa de 2 y 3 años, el banco de libros o más ayudas de comedor escolar.

La gratuidad de la primera matrícula universitaria ha sido otro de los hitos por los que ha sacado pecho; a lo que ha sumado las “garantías de transporte escolar” de las que disfrutan los alumnos. Un curso en el que también quieren “fortalecer la Formación Profesional y la educación inclusiva”.

Radiografía de la comunidad autónoma

Como foto fija en cuanto a los datos, Pastor ha apuntado que serán 384.667 alumnos en educación no universitaria, en 1.080 centros educativos. Otros 360 centros municipales, 125 centros de enseñanzas concertadas y 219 centros privados se suman a la lista de la red de centros de todo el territorio.

Se ha experimentado un crecimiento en matriculación de educación infantil, con mil alumnos más, “gracias al programa de impulso a la escolarización entre 0 a 3 años que ha permitido crear escuelas en toda la región” de forma gratuita.

MÁS PROFESORES

En cuanto a profesionales al frente de este alumnado, serán 33.663 docentes en plantilla, lo que supone 530 nuevos contratados para mejorar la bajada de ratios en distintas etapas y “para dar respuesta a necesidades de inclusión educativa”.

Una ampliación de plantilla que viene a dar respuesta a necesidades educativas como el hecho de completar la formación en la Escuela de Arte Dramático en Cuenca, que estrena su último curso; o nutrir los nuevos institutos en zonas como Olías, Yeles u Ocaña.

Además, este año, y van siete, se necesitan mil profesores para el Plan de Éxito Educativo puesto en marcha por su Consejería.

Todo ello con un profesorado “muy estable” con una de las tasas de interinidad “más bajas del país”, cercana al 8,8% y siendo la segunda región con mejor retribución docente, sin contar con las autonomías insulares.

Hay 4.005 acciones formativas desplegadas por el profesorado de Castilla-La Mancha, tal y como ha dicho Amador Pastor, que ha querido poner el acento en los servicios complementarios más allá de los educativos.

BECAS COMEDOR, BANCO DE LIBROS Y TRANSPORTE

Sobre las becas comedor, ha reparado en que van 10 años desde que se recuperaron, y serán 16.546 ayudas las que se repartirán este año, por 10,7 millones de euros de inversión.

Más de la mitad de estos alumnos tendrán beca total al cien por cien, lo que supondrá un ahorro a las familias de unos 945 euros. Del resto, habrá becas del 50%, algo que se consigue “abriendo nuevos comedores escolares” hasta los 450.

Diez de los 450 comedores son de nueva apertura, con tres aulas matinales a estrenar dentro de esta estrategia.

El banco de libros, tras el éxito del pasado año, ha venido a incorporar enseñanzas básicas de Formación Profesional, una medida que ha supuesto que, según la OCU, “la vuelta al cole de Castilla-La Mancha sea de las más baratas de toda España”.

En este apartado, ha citado también los 26.109 alumnos en más de mil rutas que podrán disfrutar de este servicio gratuito.

CASI 80 ESCUELAS RURALES

En cuanto a las escuelas rurales, ha celebrado que se abrirán centros con hasta solo cuatro alumnos; además de que habrá casi una treintena de nuevas rutas de transporte escolar para dar cobertura a unos mil alumnos de zonas despobladas que necesitan ir a sus clases de Bachillerato.

La red de colegios rurales agrupados se va a 79 en este curso, “dando cobertura y posibilidad a 249 municipios”. En este punto, ha resaltado los dos nuevos centros agrupados, el de Abenójar y el de Arroba de los Montes, ambos en Ciudad Real.

2-3 AÑOS

El programa Más Escuela para avanzar en la gratuidad de la educación para niños de entre 0 y 3 años sigue avanzando y se van a financiar hasta 280 escuelas infantiles en municipios inferiores a 10.000 habitantes.

De este modo, más de 3.000 alumnos en esa edad van a poder disfrutar de educación gratuita en estas zonas, algo que puede suponer ahorros de hasta 1.750 euros de media por familia.

Se trata de un paso más en esta estrategia, que a partir del próximo curso llegará por último a los municipios de más de 10.000 habitantes.

INFRAESTRUCTURAS

Se estrenarán diez nuevas instalaciones tras 17 millones de euros invertidos en centros como los de Quintanar del Rey o el de educación especial de Hellín.

Este curso, además, se consolidará el Plan de Innovación, con 2 millones de euros más, iniciativa en la que los centros participantes desarrollarán proyectos centrados en actividades novedosas. Como ejemplo, ha citado la red de centros que trabaja radio escolar.

Se completará además la dotación de 147 aulas flexibles digitales para llevar la digitalización a zonas más despobladas, en un modelo de aula “mucho más versátil” y que completará a las 263 ya creadas el curso pasado, para sumar 410 en total.

Ha hecho el consejero una mención a la red de centros con Aula de Futuro, una tecnología “con nuevas herramientas” y que llegarán a 145 centros repartidos por todo el territorio.

De otro lado, 967 serán los ciclos totales que ofertará la Formación Profesional en toda la región, con 30 cursos de especialización adicionales.

Toda la oferta alcanzará las 56.000 plazas dentro de esta modalidad, algo que se complementa con 14 programas específicos impartidos en una red de centros para dar respuesta a alumnado con alguna discapacidad, tal y como ha detallado Amador Pastor.

Agosto ha acabado, septiembre comienza. Septiembre suele entenderse como una suerte de año nuevo, empieza el curso escolar y más allá del coste económico de la vuelta al cole, hay un coste oculto y agravado a esta vuelta: la disolución de la infancia.

La infancia y la adolescencia no son simplemente una etapa de la vida biológica, sino una etapa y espacio social que parece cada vez más acelerado y, por tanto, más breve, en un proceso de adultificación global que a las mujeres negras no se nos es ajeno, sino que se ve más encarnizado en la infancia migrante.

Si observamos atentamente, podríamos descubrir cómo el trato a las personas y cuestiones migratorias son un aviso de lo que se podría aplicar a toda la población. La naturalización del intercambio de menores como si de mercancía se tratase, pero claro como no iban a dejar de ser susceptibles de criminalización y abandono entonces.

La Convención de las Naciones Unidas relativa a los Derechos del Niño de 1989 indicaba que las infancias son un colectivo caracterizado por una especial vulnerabilidad y que en cuanto a sujetos en desarrollo necesitan de terceros que les cuiden, asistan, eduquen y representen. Debido a ello, las instituciones (tanto públicas como privadas) deben velar por su protección desde el principio del interés superior del menor sobre cualquier otro interés, como se recoge en el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor y, especialmente, en su primer apartado, cuando dice: “La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas”.

También hay que destacar el apartado d) de dicho artículo: “La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por estas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad”.

La falta de vigilancia en el trato a menores en los centros es un secreto a voces

Como podemos observar, el interés del menor está siendo vulnerado cuando, por su origen, nuestras instituciones callan ante la criminalización de la infancia migrante y se quejan de tener que cumplir con sus obligaciones, llegando incluso a recurrir en el caso de Andalucía ante el Constitucional el reparto de menores migrantes por “falta de recursos” para atenderlos.

Pero esta disolución de la infancia, focalizada ahora en la infancia en movimiento, no es algo de este año, sino que venimos asistiendo año tras años al desmantelamiento de esa infancia, que no son solo menas quienes migran y no están acompañados, sino que menas somos todas. Un término técnico que acogía múltiples realidades, vaciado y reconvertido en un arma de caza.

Desde el tercer sector, es importante cuando se pide promocionar buenas prácticas de intervención con estas menores en movimiento, se hace hincapié en que no todo menor migrante entra en el sistema de protección y acogida, dado que no se le reconoce como tal, ejemplo es la situación de muchos menores gambianos que se encuentran en la calle haciendo el recorrido administrativo y asistencial de una persona adulta, lo cual supone una violencia contra la infancia en sí mismo.

Es cuestión de voluntad política que a las personas en situación de vulnerabilidad no se les mermen sus derechos

Pero este no es el único problema negligente por parte de las instituciones. La falta de vigilancia en el trato a menores en los centros es un secreto a voces, casos como el de Quorum 77, la ONG que gestionaba centros para menores migrantes donde eran maltratados sistemáticamente mientras el Gobierno de Canarias y la Fiscalía no hacían nada contra los malos tratos que conocían desde 2021. Podría seguir también con todos los casos de Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña, o incluso con las críticas de las propias familias y técnicas que están involucradas en acogimiento sobre el proceso y cómo “se vende”.

O como señala Gentiumn en su informe de 'Los centros residenciales y los niños y niñas extranjeros no acompañados 29 de abril 2020', donde se indica que urgen para una atención respetuosa a esta infancia una no magnificación; es decir, centros pequeños para una atención individualizada, así como la formación de los profesionales a base de programas específicos dentro del recorrido para menores no acompañados y, especialmente, una directiva integral e interseccional en materia educativa para el correcto acogimiento de las infancias en movimiento dentro del sistema.

Como ocurre en materia de dependencia, al final es cuestión de voluntad política que a las personas en situación de vulnerabilidad no se les mermen sus derechos, siendo el exceso en la dilatación de los procesos administrativos una forma de violencia que se ejerce desde las instituciones. Y también la forma en que parecen escurrir el bulto, ya no sólo para bloquear el desarrollo de las buenas prácticas que pueda haber en intervención social, sino que implica el desmantelamiento de todo un sistema.

Volver de las vacaciones suele ser una mezcla de emociones, como la excitación de los días de verano, la ilusión por retomar proyectos y la incomodidad de enfrentarse al desorden que muchas veces nos espera en casa. Las maletas a medio deshacer, las neveras vacías o con restos caducados, los montones de ropa sucia y una sensación de que todo está descolocado pueden arruinar en pocas horas la calma que habías conseguido en tus días de descanso. Sin embargo, un método sencillo y práctico conocido como la regla del 5x5 puede convertirse en el aliado perfecto para recuperar el orden y, sobre todo, para mantenerlo sin caer en el agotamiento.

Este método no solo está pensado para quienes tienen poco tiempo, sino también para quienes sienten que la organización es un reto imposible. La clave está en dividir el trabajo en tareas pequeñas, concretas y rápidas, evitando el temido “mañana lo hago todo de golpe” que casi nunca se cumple. Además, más allá de la limpieza, este método enseña que los grandes cambios comienzan con pasos pequeños y que la clave está en no dejarse abrumar por la magnitud del desorden. Al final, organizar la casa es también una forma de organizar la mente y de afrontar con energía renovada el resto del año.

Qué es la regla del 5x5

La regla del 5x5 se basa en dedicar cinco minutos a cinco tareas básicas cada día tras regresar de las vacaciones para recuperar progresivamente el orden en el hogar. A diferencia de otros métodos de organización más estrictos, este no requiere horas de esfuerzo continuo ni una agenda detallada. Su secreto está en la constancia y en el poder de los pequeños hábitos.

La fórmula es cinco minutos por tarea, cinco tareas clave al día y 25 minutos en total. La idea no es tanto limpiar a fondo, sino reducir el caos inicial y generar un ambiente más habitable, evitando la frustración. Cada bloque de cinco minutos parece poco, pero al multiplicarse a lo largo de una semana consigue resultados visibles y, lo más importante, sostenibles.

Las cinco tareas recomendadas

Cada persona puede adaptar el método a sus necesidades, pero estas podrían ser las cinco áreas críticas para evitar el colapso doméstico tras unas vacaciones:

Cómo aplicar la regla del 5x5

Aunque parezca sencilla, la efectividad de la regla del 5x5 depende de la constancia. Aquí van algunos consejos para que funcione en tu regreso de las vacaciones:

Ejemplo de una semana con este método

Para visualizar cómo funciona la regla del 5x5, es recomendable que el primer día se empiece por vaciar la mitad de las maletas y clasificar su contenido, separar la ropa limpia de la que necesita lavado y poner en marcha una primera lavadora. Al mismo tiempo conviene revisar la nevera, retirar los productos caducados y despejar la mesa del salón para recuperar un espacio común. También es útil dedicar unos minutos a revisar los correos urgentes o cualquier comunicación pendiente.

Durante el segundo día se podría terminar de deshacer el equipaje restante y reorganizar un cajón de la nevera para optimizar la despensa. Es importante tender la ropa lavada el día anterior, recoger los objetos dispersos en los espacios comunes como juguetes o libros y elaborar una lista de la compra que permita abastecer la casa de manera eficiente. Como resultado, estas acciones mantendrían la funcionalidad de la cocina y del salón con poco esfuerzo.

El tercer día conviene centrarse en consolidar el orden. Para ello, se recomienda doblar y guardar la ropa seca, limpiar la encimera de la cocina, poner otra lavadora con la ropa restante, ordenar los zapatos acumulados en la entrada y programar cualquier cita médica o pendiente. Siguiendo este esquema, en tres días dedicando aproximadamente 25 minutos diarios, la casa recupera gran parte de su normalidad sin necesidad de jornadas de limpieza intensiva y con un progreso constante y controlado.