En la tarde de este miércoles, hacia las 17.00 horas, se ha declarado un incendio en el vertedero de Gardelegi de Vitoria, al sur de la ciudad. Se trata de una planta de titularidad municipal y que acoge todo tipo de residuos. Fuentes municipales han confirmado el fuego, pero en una primera valoración han indicado que no disponen de más datos sobre la causa o su extensión. Una gran columna de humo era ya muy visible desde toda la ciudad a los pocos minutos. Inicialmente, se ha mencionado que cuatro personas habían tenido que ser atendidas por inhalación de humos, pero fuentes municipales desmienten ese dato.

A las 18.00 horas se ha informado de que el parque de Bomberos de Vitoria estaba movilizado en la zona y que se han solicitado refuerzos a los Bomberos forales, como también han confirmado a este periódico testigos presenciales. Son, en principio, dos camiones-cisterna. “No hay riesgo de que el incendio se extienda a zona forestal. Por el contrario, en una primera valoración, ya se puede prever que la extinción llevará bastante tiempo por el tipo de combustión que se está produciendo”, abundan estas fuentes. También se han desplazado ambulancias de Osakidetza.

Desde el 112 han recomendado a la ciudadanía “evitar la práctica de actividades al aire libre” en la zona de los montes de Vitoria, especialmente en el puerto de Vitoria. Se ha recomendado, asimismo, no circular por la A-2124, que conduce a la Rioja Alavesa. “Se ruega a la ciudadanía que seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales”, ha pedido el Departamento de Seguridad. A las 21.30 se mantenían idénticas recomendaciones.

Hacia las 18.30 horas, el Ayuntamiento ha señalado que el fuego está “controlado” en el sentido de que “no se va a extender”. pero la operativa de extinción es muy compleja. El fuego “ha consumido una capa superficial de material combustible” en la lengua de residuos y hay también “combustión interna”. Hay que sofocarla para que pueda acceder maquinaria pesada y dar por totalmente extinguidas las llamas. Las autoridades, en todo caso, se felicitan de que en poco tiempo “el viento ha rolado” a dirección norte, de modo que se ha evitado “afectación” a las casas cercanas.

En el vertedero de Gardelegi “se depositan diferentes tipos de residuos, en su mayoría rechazos, es decir, aquella fracción de los residuos que no puede reciclarse ni valorizarse”. En 2025 entraron enla planta unas 100.000 toneladas. Por otro lado, la ciudad vivió tres incendios relevantes en 2025. Por un lado, un colector en Salburua ha obligado a reformar un puente; por otro lado, se quemó una planta de Onaindia; finalmente, muy cerca de allí, ardió justamente en junio del pasado año la histórica fábrica de LEA. Igualmente, en una noche de abril hubo también un fuego en el propio vertedero.

El polideportivo de Mendizorroza de Vitoria se convertirá un año más en el epicentro de la gimnasia artística femenina con la celebración de la quinta edición del torneo internacional Txapelgym, que se celebrará entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo, con la participación de 700 gimnastas pertenecientes a 32 clubes. La participación internacional estará representada por gimnastas del club Jeunesse Sportive Angouleme, junto al portugués CD Foz Porto, y la local corresponderá a los clubes Arabatxo y Aritza. Además, estarán también el gimnasta alavés Unai Baigorri y el catalán Sergio Kovacs, que acometerán una demostración de sus especialidades ante el público que se acerque a Mendizorroza.

La cita de la capital alavesa, encuadrada a un mes de la celebración de los campeonatos de España, servirá de buen termómetro para que todas las participantes puedan ir ultimando su preparación y los ejercicios de cara a esos estatales que se disputarán en Pamplona y Guadalajara. En una nota, la concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha invitado a la ciudadanía a acudir este fin de semana al polideportivo de Mendizorroza y ha felicitado a la Federación Alavesa de Gimnasia “por la excelente organización de esta cita, que no solo impulsa el deporte femenino, sino que también promueve valores como el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo entre las jóvenes deportistas”, según recoge Europa Press.

Por su lado, la diputada de Cultura y deporte, Ana del Val, ha destacado que Txapelgym “se ha consolidado en muy poco tiempo como una cita de referencia en la gimnasia artística femenina, no solo por la calidad deportiva y la participación creciente, sino también por su capacidad de convertir nuestro territorio en un punto de encuentro internacional”. “Es un torneo que impulsa el deporte base, visibiliza el talento de nuestras gimnastas y refuerza valore esenciales en la formación deportiva y personal de las jóvenes participantes”, ha valorado.

La directora de Vital Fundazioa, Arantxa Ibáñez de Opacua, ha incidido en la “gran oportunidad para que los clubes locales tengan una experiencia única de contacto y aprendizaje con otros clubes referentes a nivel internacional”, dentro de “una ocasión excepcional para dar visibilidad al gran trabajo que se realiza con la gimnasia en nuestro Territorio durante todo el año”.

Desde la Federación Alavesa de Gimnasia el director técnico, Jaime Ruiz de Eguino, ha remarcado la consolidación de una cita como Txapelgym, “convirtiéndose en un torneo diferente dónde se mezcla la competición con el ocio”. Además, ha añadido que a los ejercicios en el pabellón de Mendizorroza “se organizan actividades paralelas como son las visitas guiadas en las que pueden conocer los rincones más singulares de Vitoria-Gasteiz”.

La competición, organizada por la Federación Alavesa de Gimnasia, comenzará el viernes a las 15:00 horas y finalizará el domingo al mediodía. Contará con la participación de 700 gimnastas nacionales e internacionales procedentes de la ciudad francesa de Angulema y de Euskadi, Navarra, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

La sociedad municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) sigue sin multar a aquellos usuarios que, más de cuatro años después de la puesta en funcionamiento de la línea de autobús eléctrico inteligente (el conocido como BEI), hacen uso de este medio de transporte público sin pagar el correspondiente billete. El título (por 1,40 euros) ha de comprarse en la marquesina, donde también se puede validar la tarjeta de transporte (36 céntimos en este caso por las tarifas con descuento), pero es muy infrecuente ver a revisores con capacidad de imponer multas en caso de incumplimiento, como sí sucede, por ejemplo, en el tranvía, que depende del Gobierno vasco. Según los datos brindados por Tuvisa, hay solamente cuatro personas asignadas a estas labores de control en el BEI.

La presidenta, la edil del PNV Izaskun Reyes, ha minimizado, en cualquier caso, los casos de fraude que puedan existir y, en una comisión municipal celebrada esta pasada semana, los ha rebajado aseverando que no tienen “números de relevancia”. En cualquier caso, ha dicho, Tuvisa no tiene “competencias sancionadoras”.

El asunto lo ha planteado en la comisión de Espacio Público, Barrios, Movilidad y Tráfico el concejal del PP Alfredo Iturricha. Ha aludido a dos testimonios recogidos en el Buzón Ciudadano de la ciudad, un portal al que se pueden remitir quejas y testimonios. “Nunca cojo el BEI, pero hoy me he dado cuenta de que el más tonto he sido yo porque he pagado el billete. Ver con toda la impotencia del mundo que la inmensa mayoría de la gente se monta sin pagar el billete da mucha tristeza. Por favor, más controladores, porque si no, yo no vuelvo a pagar”, rezaba uno de ellos, según ha leído. “Me parece una vergüenza que casi nadie pague antes de subir al BEI. Estábamos más de quince personas en la parada y hemos pagado dos. No sé cómo se puede solucionar el problema, pero, a primera hora de la mañana, en la parada que está cerca de Txagorritxu, la mayoría de los estudiantes no pagan. De ahí mi más absoluto enfado”, decía el otro.

Algunos conductores transmiten una percepción similar a la recogida con esas palabras en el buzón ciudadano. Secundan la idea de que no hay suficientes revisores. Consideran, además, que los que hay no cuentan con las herramientas necesarias y por tanto no pueden desempeñar su trabajo. “Es como si no hubiera ninguno”, lamentan.

Tuvisa explica que, “en el ámbito municipal, la multa es un ejercicio de potestad sancionadora muy condicionado”. Ese es el motivo por el que se recurre a la figura del conocido como billete extraordinario. Ante su ausencia de capacidad sancionadora, el reglamento de transporte urbano de Vitoria prevé, para aquellas personas que viajen sin título válido, la emisión de “un billete extraordinario de 50 euros, para que lo abone en las máquinas de autoventa o dispositivos de Tuvisa en el plazo de 7 días naturales desde su requerimiento”. De no hacerlo en un plazo de siete días naturales, se interpondrá una denuncia para la instrucción de un expediente sancionador por infracción administrativa, pudiendo llegar a recurrirse a la Policía local si es necesaria para la identificación. “El personal de Tuvisa estará facultado a requerir a la persona viajera sin título de viaje válido a que abandone el vehículo en la primera parada que se produzca”, añade el texto.

“Dos frente a 19 millones”

La presidenta le ha afeado al concejal 'popular' que no haya planteado la cuestión previamente en el consejo de administración de Tuvisa, para el que los partidos designan representantes. “Si lo que usted pretende es empañar la imagen de la gestión del transporte público de nuestra ciudad, le diré que, como consejero de Tuvisa [que Iturricha es], debería también asumir sus responsabilidades”, le ha espetado. Le ha acusado, además, de cuestionar el BEI, una línea que ha implicado en algunos tramos la reducción de carriles para el transporte privado y que por ello ha suscitado algunas críticas de la ciudadanía. Y le ha lanzado un dato: 5.827.927 usos del BEI durante 2025. “Dos testimonios frente a más de 19 millones de usos ponen de relieve que el fraude que pueda existir no [tiene] números de relevancia”, ha colegido. “A usted no le preocupa Tuvisa, a usted no le preocupa la ciudadanía, a usted lo que le preocupa es hacer demagogia política muy fea”, le ha reprendido.

Iturricha, en su respuesta, ha hablado de “descontrol”, ha tildado a la presidenta de “colmo de la incompetencia” y la ha acusado de actuar con “desidia”. Ha llegado a pedir incluso su relevo al frente de la sociedad municipal. “Llevamos cuatro años enteros con las puertas abiertas al fraude en el BEI. Cuatro años en los que las personas honradas, como las que han escrito, ven con impotencia, con frustración cómo otros suben gratis ante la pasividad de usted y de su Gobierno”, le ha reprochado. Junto a Reyes se encontraba Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa y concejala delegada de Espacio Público y Barrios. “No se trata de un fallo técnico o en la puesta en marcha de este servicio, porque han pasado cuatro años que no han sido suficientes para poner algo tan básico o elemental como un sistema de control. [Tendría] que haber nacido ya con él”, ha abundado el concejal del PP.

El PNV ha trasladado a la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, una propuesta para que la ciudad conceda un espacio en el callejero a los lehendakaris José Antonio Ardanza (jefe del Ejecutivo vasco entre 1985 y 1999) y Carlos Garaikoetxea (entre 1980 y 1985, recientemente fallecido). La iniciativa, trasladada por Beatriz Artolazabal, portavoz del grupo municipal 'jeltzale' y teniente de alcaldesa, busca “abrir un reconocimiento institucional” a ambas figuras que sirva para honrar “su trayectoria” y “su aportación política e histórica a Euskadi”.

Como ha contado este periódico, entre el 18 de junio y el 19 noviembre de 1999, Ardanza tuvo dedicada una plaza y Garaikoetxea, una calle. La de Garaikoetxea —oficialmente 'calle del Lehendakari Carlos Garaikoetxea'— fue la que actualmente lleva el título de calle del Estatuto de Gernika. Se encuentra en uno de los laterales de la oficina principal de Correos y Telégrafos y antes había sido del Marqués de Estella, por Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930 y padre de José Antonio. El espacio que llevó brevemente el nombre de Ardanza —oficialmente 'plaza del Lehendakari José Antonio Ardanza'— fue la actual plaza del General Loma, que después recuperó el título que recuerda a José María de Loma, militar natural de la localidad alavesa de Salinas de Añana que ejerció de teniente general del bando liberal en las guerras carlistas.

La medida que honraba a Ardanza y Garaikoetxea la adoptó el alcalde José Ángel Cuerda al término de su mandato y tuvo un recorrido tan breve porque apenas cinco meses y un día después, al llegar el PP a la alcaldía de la mano de Alfonso Alonso, la revirtió.

Artolazabal, que ha destacado que el callejero vitoriano ya cuenta con vías dedicadas a los también lehendakaris José Antonio de Aguirre y Jesús María de Leizaola, ha exigido “altura política” a la hora de sopesar la propuesta. “Fueron dos figuras fundamentales en la construcción del autogobierno vasco, en la consolidación de nuestras instituciones y en una etapa decisiva para Euskadi. Creemos sinceramente que merecen tener un espacio permanente en callejero de la capital”, ha abundado en Radio Vitoria.

La propuesta del PNV ha llegado apenas dos semanas después del fallecimiento a los 87 años de Garaikoetxea, que fue presidente del Gobierno vasco con el PNV y luego rompió con la formación para fundar Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata ahora integrado en la coalición EH Bildu. En cualquier caso, Artolazabal no ha entrado a definir “espacios concretos” y se ha limitado a señalar que esa prerrogativa corresponde a Alcaldía. “Creemos que Vitoria-Gasteiz tiene hoy la oportunidad de recuperar aquel reconocimiento institucional y hacerlo además desde el consenso y el respeto a dos figuras clave de la historia reciente de Euskadi”, ha animado.

En el año 2021, la por aquel entonces consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunció un programa piloto para la gestión de una Barnahus, un centro de atención integral en el que distintos departamentos se coordinan para tratar casos de violencia sexual en la infancia o adolescencia y en el que se atiende a las víctimas. El proyecto piloto comenzaría en el año 2022 y el centro se ubicaría en Vitoria. Los integrantes o el “grupo motor” del proyecto piloto comenzaron a reunirse en 2021 y, dos años después, anunciaron la apertura del centro en 2023. Sin embargo, no ha sido hasta el 13 de mayo de 2026 cuando el centro Barnahus ha comenzado a atender a los primeros menores en su centro en Euskadi.

En 2022 se realizó la primera presentación del local de Vitoria en el que se aplicaría el proyecto y desde el Gobierno vasco anunciaron que estaban trabajando en el acondicionamiento de un “espacio acogedor, armónico, seguro y amigable; ubicado en una zona residencial, alejado de comisarías, hospitales o juzgados; bien conectado mediante transporte público y accesible para personas con discapacidad o necesidades especiales. Un espacio que permita acoger, bajo un mismo techo, la labor coordinada de todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil”.

En 2023, se llevó a cabo un encuentro en el Palacio Europa en el que el equipo motor mostró las imágenes de cómo será el espacio Barnahus vasco. En aquel momento se indicó que se estaba trabajando en la ejecución de las obras que llevaban “cierto retraso”. “Hemos tenido un año intenso de trabajo en el que nos hemos reunido una vez al mes y estamos trabajando intensamente en coordinarnos. Dicho esto, es cierto que llevamos un retraso con las obras, pero nos parecía importante centrar nuestros esfuerzos primero en el contenido”, declaró la por aquel entonces viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia.

Tres años más tarde de aquel encuentro y cinco desde que se anunció por primera vez el proyecto piloto, este miércoles el equipo de trabajadores, que lleva meses recibiendo formación específica en violencia de género, como confirman a este periódico desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, comenzarán a atender a los primeros menores víctimas de violencia sexual.

“Barnahus (‘Casa de la Infancia’, en islandés) representa una nueva forma de entender la atención a la infancia víctima de violencia sexual: un modelo centrado en el interés superior del menor, que evita la revictimización y prioriza su bienestar. Por primera vez, todos los servicios —sociales, judiciales, sanitarios, policiales y educativos— trabajan bajo un mismo techo, en un entorno amable y seguro adaptado a la infancia. Euskadi adopta así un estándar europeo reconocido por el Consejo de Europa como buena práctica en la protección de los derechos de la infancia. El Barnahus de Vitoria será el primer centro de este tipo en Euskadi, atenderá a menores del territorio de Álava y servirá como referencia para futuras implantaciones en otros territorios. Con su puesta en marcha, se inicia una nueva etapa de protección y acompañamiento integral a las víctimas infantiles de violencia sexual, aseguran desde el Gobierno vasco.

El equipo y el procedimiento a seguir

El equipo que atiende a los menores está formado por un equipo fijo y un equipo móvil. Por un lado, el equipo fijo lo forman cuatro personas: un coordinador, una administrativa, una psicóloga y una trabajadora social. Por otro lado, el equipo móvil se constituye por dos binomios de los servicios sociales de trabajador social y psicólogo. El equipo móvil está formado por un pediatra, un médico forense, una ginecóloga, Ertzaintza, fiscalía y judicatura.

Los menores serán derivados a Barnahus a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación Foral de Álava y a su llegada al centro al niño o a la niña se le realizará una acogida y una evaluación inicial multigrupo. A su vez, dispondrá del tiempo necesario para realizar una terapia adecuada a sus necesidades con la psicóloga del centro. De la misma manera, en el Barnahus, se le podrá hacer un examen médico para cuidar su salud. Una vez que la persona menor esté preparada (y nunca antes) el niño o la niña narrará el relato de lo que le ha ocurrido acompañado en todo momento por la psicóloga. “Podrá comunicar los hechos en un entorno profesional, seguro y sin necesidad de profundizar en el relato”, aseguran.

Conectados a la sala de la declaración, desde una sala contigua, el coordinador de Barnahus, la Ertzaintza, la Fiscalía y el equipo médico seguirán en directo el relato del menor. La jueza lo seguirá online y el relato de ese niño o niña tendrá el mismo valor judicial que una declaración en un juzgado. Asimismo, el menor recibirá apoyo psicológico y jurídico a lo largo de todo el proceso. “Los profesionales de servicios sociales, el equipo de trabajadores de Barnahus y los miembros de la dirección de Infancia, Adolescencia y Familias del Gobierno vasco que se ocuparán de Barnahus ya han recibido una formación general y una formación especializada impartida por la EHU en colaboración con Save the Children. También han conocido la experiencia catalana de Barnahus donde ya cuentan con varios centros”, reconocen.

En cuanto el lugar en el que está ubicada la casa Barnahus, cuya localización es secreta para la protección de los menores, se trata de “un espacio acogedor y accesible, alejado de comisarías y juzgados”. “Se mantiene el anonimato y no se difundirá su ubicación para proteger a los menores que hayan sufrido una agresión”, informan desde el Gobierno vasco, quienes aclaran que Barnahus Vitoria consta de los siguientes espacios: recepción y sala de espera diáfana, sala para exploraciones médicas, tres espacios de terapia adecuados al bienestar de la persona menor, sala de declaración, sala contigua a la sala de declaración, una cocina-comedor, dos baños, sala de trabajo para el equipo fijo, sala de trabajo para el equipo móvil y una sala para la coordinación interinstitucional. Se trata de un espacio que estará abierto de lunes a viernes y el acceso será voluntario, gratuito, confidencial y respetuoso con la dignidad de las víctimas y sus familias.

El meandro del río Zadorra en Astegieta, un pueblo del municipio de Vitoria, sigue esperando la confección de un proyecto que permita recuperarlo. Hace cuatro décadas y media, en 1981, se modificó su curso para abrir un establecimiento de Eroski, el que fue el primer gran centro comercial de la capital alavesa. Ahora se quiere recuperar el trazado original. Si bien la Agencia Vasca del Agua (URA) ya aprobó en verano del año pasado un plan, no se cuenta por el momento con ningún proyecto constructivo. Dado que hay acuerdos pendientes, no se prevé ninguna actuación ya para este 2026. Y, en cualquier caso, a partir del momento en que se concreten, se requerirá un mínimo de dos años y medio, lo que acercaría la conclusión de la obra a 2030. Se estima que los trabajos supondrán alrededor de cuatro millones de euros.

Los datos proceden de una respuesta de Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, a una pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba. Se advierte de que “cualquier cronograma estimativo [...] es dependiente por completo de los acuerdos que alcancen el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la entidad comercial que se ubica sobre el antiguo meandro”. “Hay cuestiones administrativas que deben ser resueltas previamente”, se subraya.

¿Cuál es el calendario? Aunque los tiempos son siempre, según se recalca, “estimados”, los plazos mínimos una vez cerrado el papeleo serían los siguientes: medio año para “el conjunto de tareas preliminares previas a la licitación de la redacción del proyecto”, “al menos un año” para “la redacción del proyecto, incluida su licitación y la obtención de las diversas autorizaciones sectoriales” y una “ejecución de las obras” que “no debería superar el año de duración”.

El objetivo del proyecto, en cualquier caso, es “la recuperación del trazado original del meandro del río Zadorra, junto con sus dinámicas naturales y ecosistemas asociados”. “Con la demolición de la edificación existente —recoge la respuesta del consejero— se eliminará una obstrucción al flujo en avenidas”. Se da la circunstancia de que el viejo centro comercial está construido en una de las zonas más críticas cuando hay crecidas por lluvias intensas o aperturas de la presa del embalse de Ullibarri-Gamboa para desaguar los remanentes. En diciembre de 2021, por ejemplo, el entorno del Eroski apareció completamente anegado por la crecida del río tras unas fuertes lluvias. Una vez derruido el centro comercial, se seguirá con “una revegetación del río y de sus márgenes”.

En línea con estrategias europeas, se persigue reducir el riesgo de inundación e impulsar “los servicios ecosistémicos de los tramos de río”, explica Jauregi. “Esta actuación no sólo permitirá recuperar la dinámica fluvial natural del tramo e incrementar el espacio para la expansión natural del río Zadorra, también aumenta su potencial como hábitat para la fauna y la flora y fortalece su conectividad ecológica, lo que repercutirá directamente en una mejoría del estado global (químico y ecológico) de la masa de agua (tramo del río Zadorra desde Alegría hasta Zayas [sic, por 'Bayas']), de manera que posibilitará que este entorno reduzca su vulnerabilidad al cambio climático y mejore su resiliencia a largo plazo”, añade.

Facua, una organización que defiende los derechos de los consumidores, le ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria que retire diez unidades de autobuses urbanos que adolecen de “graves problemas” y suponen un “peligro para la seguridad”. Conductores de la sociedad municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) venían quejándose de que la flota cuenta con un modelo fabricado por la empresa Vectia que “se apaga” cuando hay algún problema electrónico, lo que les deja sin asistencia de frenado ni dirección. La compañía, que ya ha confirmado a este periódico la existencia de estas incidencias en otras ocasiones, subraya, sin embargo, que los vehículos están “debidamente homologados”.

Las unidades, con matrículas de la K, datan de 2018 y 2019. “En ciertas circunstancias, de estar en curvas o entrando en marquesinas, sí es peligroso. Al estar entrando a una parada, te apoyas en esos sistemas de frenada y dirección parra hacer una aproximación correcta. Si de repente, y de repente es de repente, sin ningún tipo de aviso, se apaga, ese frenado con el que contabas desaparece de golpe y se convierte en un problemón”, explicaba a este periódico Asier López de Sabando, conductor y miembro del comité de empresa. Los trabajadores han dado repetidos partes de estas incidencias y aseguran que, en la práctica, se está evitando sacar estas unidades durante los fines de semana. En recientes fechas festivas, con menos frecuencia en las líneas, se han podido ver también otros modelos más antiguos cubriendo los trayectos que habitualmente hacen los Vectia.

Facua ha instado al Consitorio, gobernado por una coalición de PSE-EE y PNV, que “tome de manera urgente las medidas que sean necesarias para retirar de la circulación los vehículos afectados hasta que sus problemas de funcionamiento sean solucionados y ya no supongan un peligro para los usuarios del transporte de autobús urbano de la ciudad y para la seguridad vial en general”.

Tuvisa ya había respondido al escrito de Facua antes de que la organización lo hiciera público este jueves. En su respuesta, Tuvisa subraya que los autobuses Vectia, como todos los demás, son “debidamente homologados y sometidos a todos los mantenimientos e inspecciones periódicas correspondientes, incluidas las Inspecciones Técnicas de Vehículos”. “En dichas inspecciones se realizan, entre otras pruebas, ensayos específicos del sistema de frenado que implican la retirada de aire y la ejecución de dos frenadas de emergencia, lo que permite verificar que, incluso en situaciones de desconexión, el vehículo mantiene en todo momento su capacidad de frenado”, abunda.

Explica Tuvisa en ese escrito también que, a lo largo de los años, ha tomado diversas medidas relacionadas con el funcionamiento de estas unidades concretas. Ha brindado a todos los conductores información sobre su comportamiento, los ha puesto en contacto con personal de Vectia, ha llevado a cabo auditorías de los vehículos y ha emitido recordatorios informativos, entre otras acciones que enumera.

Facua subraya que “el funcionamiento correcto y eficiente del transporte público tiene efectos positivos para cualquier población, como la menor contaminación, la disminución de atascos y la promoción de condiciones de igualdad entre los ciudadanos al otorgarles una posibilidad de desplazamiento con independencia de su edad, estado físico o situación financiera”.

Sobre el funcionamiento de estos autobuses, Tuvisa ha explicado en otras ocasiones que todo en estos autobuses está “conectado a través de una red de comunicación”. “Si alguno de los módulos deja de comunicarse o hay una señal incorrecta, la unidad electrónica puede deshabilitarse para proteger el sistema y evitar daños mayores o un comportamiento imprevisible”, ha señalado, preguntada por este periódico. Se debe, abunda la sociedad municipal, a que estos vehículos híbridos están equipados con baterías que funcionan a “tensiones elevadas”, por lo que una anomalía podría generar “daños en componentes o generar un riesgo en la seguridad operacional”. “En absoluto”, defienden, significa esto que el autobús pierda la dirección.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi ha estimado un recurso interpuesto por la empresa Servicios Globales Araba, S.L., después de que el Ayuntamiento de Vitoria declarase desierta la licitación de un contrato para brindar asistencia técnica en la realización del proyecto Zaramaga Mugituz, orientado a la dinamización de ese barrio de la ciudad. Ahora, la resolución ordena la retroacción de las actuaciones, de tal forma que la empresa tendrá la posibilidad de subsanar la documentación que presentó.

En la descripción del objeto del contrato, presupuestado sin IVA en 181.818,18 euros, se explica que el proyecto Zaramaga Mugituz “consta de una serie de actividades culturales, deportivas, mercados y actividades de encuentro y convivencia en el espacio público” con cuatro objetivos: “dinamizar la vida del barrio de Zaramaga”, “fomentar el encuentro en el espacio público”, “atraer a personas de otros barrios” y “poner en valor los espacios recién rehabilitados haciendo hábito de uso de los mismos como espacios de encuentro”.

La Junta de Gobierno Local acordó el 9 de enero declarar desierta la licitación del contrato. La única oferta era la de Servicios Globales Araba. El 2 de febrero, esta empresa interpuso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales un recurso especial en materia de contratación.

Según se recoge en la resolución, datada el 15 de abril, el Ayuntamiento alegó una “supuesta falta de acreditación de la solvencia técnica por el recurrente, único licitador presentado en el procedimiento”. “El acuerdo no concreta el requisito incumplido ni concede trámite de subsanación, causando indefensión a la recurrente”, subraya. Hace hincapié, más adelante, en que “la concesión de la oportunidad de subsanación, si se cumplen los requisitos, es obligatoria para el poder adjudicador”, en este caso para el Ayuntamiento. ¿Qué debería haber hecho? “Este Órgano [Administrativo de Recursos Contractuales] entiende que el poder adjudicador debió conceder un plazo de subsanación para que el recurrente aportara la documentación acreditativa de la solvencia técnica exigida en los pliegos”, responde.

Ahora, con la resolución del OARC, el expediente se retrotrae al estado anterior, antes de que fuera declarada desierta la licitación. “Se le va a dar la opción de subsanar la documentación. No quiere decir que se le vaya a validar”, aclaran desde el Ayuntamiento. En cualquier caso, la empresa podrá presentar nueva documentación y el Ayuntamiento tendrá que analizarla. Este periódico también ha tratado, en este caso sin éxito, de ponerse en contacto con la empresa. En cualquier caso, contra la resolución cabría la interposición de un recurso contencioso-administrativo en un plazo de no más de dos meses.

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de Vitoria para la adopción de perros del Centro de Protección Animal con el objeto de su adscripción a la unidad canina de la Ertzaintza. Según ha informado el Gobierno vasco, el convenio tiene como objeto la cesión y posterior adopción de perros de propiedad municipal que por su edad y características etológicas puedan ser susceptibles de adiestramiento e integración en la Unidad Canina de la Ertzaintza.

Este acuerdo de colaboración nace como resultado de la unión del trabajo desarrollado con perros por parte de esta unidad de la Ertzaintza y del Centro de Protección Animal de Vitoria. La unidad canina da apoyo al resto de las que conforman la Ertzaintza, así como a las diferentes policías locales de Euskadi y a Protección Civil en las necesidades que pudieran surgir, en las cuales sea necesario el trabajo y colaboración de los recursos con los que cuenta, según recoge Europa Press.

Para el desarrollo de esta labor, adiestra y trabaja con perros de diferentes razas, los cuales reciben un entrenamiento específico de la especialidad a la que se les asigne. Mediante este acuerdo el Servicio de Salud Pública del Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria, responsable del Centro de Protección Animal de Armentia cederá los animales a la unidad canina de la Ertzaintza, durante el periodo de pruebas necesario, como máximo de tres meses de duración, para verificar la adecuación de los mismos a las tareas de la Unidad.

Tras finalizar ese plazo y si el animal se considera adecuado para su integración en la unidad canina, será identificado y registrado a nombre del Gobierno vasco, pero si el perro no se adapta a las necesidades de la unidad canina será devuelto al Centro de Protección Animal de Armentia para que terceras personas puedan adoptarlo.

Si el animal cumple con los posibles requisitos para realizar el período de prueba, pero no cuente con edad suficiente para el inicio del adiestramiento de forma inmediata, ambas partes, Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria y la unidad canina de la Ertzaintza, tratarán de localizar una casa de acogida para el animal que se responsabilice del mismo, en el régimen habitual de cesión temporal de animales, hasta que el perro tenga la edad adecuada para iniciar las pruebas. El convenio de colaboración aprobado este martes por el Consejo de Gobierno tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y no conlleva ningún compromiso financiero entre las partes.

El barrio de Zabalgana de Vitoria celebrará la quinta edición de Zabaliburu entre el 13 y el 23 de abril, mediante charlas, mesas redondas, teatro y talleres, todo ello en el marco de un festival que este año gira en torno al lema 'Amores libros-Irakurmindu zaitez'. En la programación del festival también destaca la feria del libro que tendrá lugar el sábado 18. Además, el certamen otorgará el Premio Zabaliburu a la ilustradora Elena Odriozola en reconocimiento a su trayectoria profesional.

El evento organizado por el centro cívico Zabalgana y la asociación vecinal homónima, busca fomentar la lectura y apoyar al sector editorial local mediante la participación activa de centros escolares y colectivos del barrio. Según ha explicado la concejala de Gobierno Abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, en la presentación del evento celebrado este martes en el centro cívico Zabalgana, 'Amores libros-Irakurmindu zaitez' “trata de resaltar en amor por los libros y lo importantes que son en la vida de muchas personas”.

Por su parte, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha señalado que “los objetivos de Zabaliburu pasan por fomentar la lectura, promover la participación cultural activa del alumnado de los centros escolares de Zabalgana, dar a conocer a los escritores y escritoras de la ciudad y apoyar al sector del libro”, según recoge Europa Press.

Programación

La programación, que comienza el día 13, se compone de charlas, presentaciones de libros, mesas redondas, teatro, taller de lectura, maratón de lectura e incluso una sesión musical. En el marco de la programación destaca la aportación del festival a la conmemoración de los 50 años de la masacre del 3 de Marzo con la presentación el día 17 del libro 'Flamenco. Arqueología de lo jondo' de Antonio Manuel, y la nueva versión de una copla de Pepe Taranto, a cargo de la cantante Irene Villa y el guitarrista Javi Sarmiento. La sesión estará dinamizada por Juan Ibarrondo, de 'Memoria gara'.

Además la escritora Karmele Jaio presentará su último libro, 'Harrizko bihotza - Corazón de piedra', protagonizando así la sesión del día 16. La imagen de esta edición ha sido elaborada por la artista Helena Azkarraugarizar que, además, protagonizará un taller de ilustración el día 15.

La feria del libro tendrá lugar el 18 de abril, de 10.30 a 14.00 horas, en el exterior del centro cívico, donde cinco librerías y otras tantas editoriales ofrecerán sus productos. También habrá, por primera vez, una mesa para autopublicaciones. La feria estará jalonada de actos como un reparto de rosas por parte del Casal Català d 'Araba, una entrega de premios de los concursos de cuentos y marcapáginas, un cuentacuentos en inglés, un trueque de libros, susurradores de poemas, y un photocall, entre otros.

En días posteriores a la feria, proseguirán las actividades con teatro, presentación de libros, maratón de lectura y la entrega del premio Zabaliburu, que este año corresponde a la ilustradora Elena Odriozola por su trayectoria. El galardón se plasma en una escultura realizada por Leire García-Fanguito, ceramista ganadora de la última edición del certamen de artesanía Blas Arratibel.

La pasarela de Vitoria que sortea las vías del tren en los Astrónomos está precintada y seguirá cerrada al paso de los peatones hasta que se sustituya por otra “con todas las garantías” en la segunda mitad de 2027. El Ayuntamiento, después de una llamada ciudadana que llevó a la Policía Local a intervenir y precintarla de manera provisional, ha decidido reforzar el vallado para impedir el paso. Se ha escudado en un criterio de “prudencia” y ha admitido, por boca de su teniente de alcaldesa, que el accidente que recientemente se cobró la vida de seis jóvenes en Santander, varios de ellos vascos, “ha tenido mucho que ver” en esta decisión. “La prioridad absoluta es la seguridad de las personas. Hemos reforzado el cierre, porque no podemos permitir que nadie acceda a una infraestructura sobre la que existen dudas”, ha señalado recientemente la concejala de Espacio Público y Barrios y teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, de la parte del PNV.

Según ha apuntado la teniente de alcaldesa, se ha tenido constancia de que algunas personas han sorteado el cierre inicial, más laxo, y han seguido utilizando la pasarela. Conocida también como pasarela de Las Neveras, conecta la zona de los Astrónomos con el extremo sur de Salburua. Uno de los lados de la estructura da al punto en el que la calle de la Florida se convierte en paseo de la Ilíada. Las medidas adicionales, con vallas ancladas a la estructura con candados, tienen como objetivo evitar cualquier riesgo. “Si hay una duda razonable, se cierra. Y si vemos que ese cierre no se está respetando, lo reforzamos. Vamos a ser extremadamente prudentes”, ha señalado Artolazabal, según recoge Europa Press.

Los problemas con la estructura —que acarrearon los primeros cierres— están detectados desde 2021, cuando se apreciaron “problemas” que fueron solucionados ya en 2022, según ha indicado Artolazabal en una entrevista concedida la pasada semana a Radio Vitoria. Lo que ha sucedido ahora, ha explicado la concejala, es que hubo una llamada al 112 y la Policía Local clausuró la pasarela. “Como no podía ser de otra forma, para actuar con máxima prudencia”, ha abundado.

“Los técnicos ya venían monitorizando y viendo cómo iba evolucionando la pasarela. No había ningún informe técnico que dijera que existía peligro, pero los hechos de Santander han tenido mucho que ver en esta llamada de un ciudadano”, ha aventurado. Seis jóvenes fallecieron en la capital cántabra a causa del hundimiento de una pasarela. No es que la pasarela de Salburua, ha matizado Artolazabal, “no sea segura”, pero se ha clausurado siguiendo un criterio de “prudencia”.

Unos días después, los técnicos de su departamento se acercaron hasta el lugar “con el objetivo de comprobar la seguridad de la pasarela”. “Está clausurada y va a seguir así mientras no haya otro informe que nos dé la luz verde para que se pueda abrir”, ha subrayado. El Ayuntamiento sabía que la pasarela iba a tener que sustituirse, por lo que ya ha adjudicado el proyecto de construcción de la estructura que la sustituirá. A partir de la firma del contrato, la redacción del proyecto constructivo no se prolongará durante más de cinco meses. “Luego licitaremos la obra y esperamos que en año y medio esa pasarela sea sustituida por una pasarela que tenga todas las garantías”, ha adelantado.

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria, en manos de Sonia Díaz de Corcuera, del PNV, ha interpuesto ante la Policía Local una denuncia por varias pintadas efectuadas sobre el monumento de la plaza de la Virgen Blanca con alusiones a las reivindicaciones de la huelga general del pasado martes. “Soldata duinak”, se puede leer en letras rojas en la más grande, que en euskera significa 'Salarios dignos'. Las manifestaciones de la semana pasada tenían como principal exigencia el establecimiento de un salario mínimo propio vasco más alto.

Esa pintada se encuentra justo encima de la leyenda que reza “21 de junio de 1813”, fecha en la que se libró en la capital alavesa la batalla en la que un conglomerado de tropas españolas, británicas y portuguesas —dirigidas por Arthur Wellesley, quien más adelante sería nombrado duque de Wellington— derrotó a las fuerzas napoleónicas de José Bonaparte.

Interpuesta ya la denuncia, el Departamento de Cultura ha contactado con una empresa de limpieza especializada. Todavía no se ha concretado un presupuesto y el Departamento, que habrá de sufragar el arreglo de los desperfectos, queda también a la espera de conocer la disponibilidad de la empresa y de que se solvente la investigación. Se ha pedido la identificación de los autores.

La 'número dos' del Ayuntamiento, Beatriz Artolazabal, ya se pronunció la semana pasada sobre los efectos de la huelga, que habían dejado una Vitoria “totalmente sucia”. La primera teniente de alcaldesa y también concejala de Espacio Público, sostuvo que, si bien la reivindicación era “legítima”, convenía “analizar en qué situación” había quedado la ciudad. “Una cosa es que el piquete vaya a cerrar la tienda dentro de su labor de información, lo puedo respetar. Lo que me parece vandalismo puro y duro es entrar en una tienda, tirar ropa o echar pintura”, añadió.

La obra escultórica, erigida según los planos esbozados por Gabriel Borrás e inaugurada en 1917, recuerda la victoria aliada de 1913, con leyendas que rezan “A la batalla de Vitoria” y “A la independencia de España”. Aunque ha recibido algunos lavados de cara a lo largo del tiempo, requiere de una rehabilitación integral cuyo importe, según se estimó el año pasado, no bajará de los 360.000 euros. En palabras de Díaz de Corcuera, el Ayuntamiento “ha identificado el problema, sabe qué patología tiene el enfermo y a cuánto asciende el coste y ahora toca intervenir”. Pese a ello, y transcurrido más de un año desde aquellas declaraciones, no hay aún fecha fijada en el calendario para el comienzo de las obras.

El monumento se encuentra en la lista roja de Hispania Nostra. “En la actualidad presenta un alto estado de deterioro con múltiples fisuras y desprendimientos. De manera que todo lo que sobresale del relieve como gorros, sables, bayonetas, plumas, espuelas estandartes o símbolos está roto, doblado o desaparecido. En el 2001 se acometió la última intervención importante”, subraya esta asociación dedicada a la defensa y promoción del patrimonio cultural.

Vitoria, en la Transición, era una ciudad que bullía. Antes incluso de la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, las fuerzas de seguridad del régimen ya tenían detectada la existencia de movimientos opositores, tanto de izquierdas como nacionalistas. Igualmente, la ultraderecha estaba movilizada. Lo que se muestra a continuación son informes, publicaciones, pasquines o simplemente notas manuscritas decomisadas entre 1975 y 1978 por la Guardia Civil -que tuvo en parte de esa época como su responsable en Vitoria a Antonio Tejero- y por el Cuerpo General de Policía, que no es el mismo organismo que la Policía Armada protagonista del 3 de marzo de 1976. Es un material facilitado por el Archivo de Álava y, en algunos casos, forma parte de expedientes con el sello de “Confidencial”. Complementa un reportaje de reconstrucción de los hechos ocurrido hace ahora medio siglo, también basado en este material.

El primer contacto con la pornografía de algunos de los menores de entre 12 y 17 años procedentes de 14 centros educativos de Álava (ESO, Bachillerato y Formación Profesional) fue desde los seis años. Y en un 65% de esos casos ese primer contacto fue casual o accidental, lo que pone de manifiesto la facilidad de acceso a ese tipo de contenidos. Esta es una de las conclusiones del trabajo sobre el consumo de pornografía online de personas menores en Álava llevado a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria y Fundación Vital, junto al grupo de investigación PSIDES de la Universidad del País Vasco (EHU).

En el estudio han participado un total de 1.413 estudiantes con representación equilibrada por sexo, curso académico, tipo de centro y entorno urbano y rural, de los cuales el 47,3% ha consumido pornografía online alguna vez. A pesar de que la edad media de inicio del consumo habitual es de 13,38 años, el estudio refleja que hay casos registrados desde los 6 años. Se trata de un porcentaje significativamente mayor entre los chicos, de un 67,5% que entre las chicas, de un 32,5%. Además, un 44% del total afirma que continúa consumiendo pornografía en la actualidad, siendo nuevamente el consumo muy superior en chicos con un 80,3%.

El objetivo principal del estudio es comprender la prevalencia del consumo de pornografía online entre adolescentes, así como su relación con variables psicosociales relevantes, como el sexting, victimización sexual online, percepción de riesgos en Internet, autoestima, empatía, inteligencia emocional, apoyo social percibido y actitudes sexistas. En este sentido, el trabajo revela que el consumo de pornografía de estos alumnos aumenta progresivamente con la edad y el curso académico, alcanzando porcentajes especialmente elevados en Bachillerato y Formación Profesional.

“Nuestro objetivo es implementar estrategias de prevención e intervención frente al consumo de pornografía online en adolescentes, continuando y mejorando el plan de formación que ya venimos haciendo con alumnado de Educación Secundaria en centros educativos de Vitoria-Gasteiz, al que sumaremos también a las familias”, ha reconocido durante la presentación del trabajo este martes el concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, Lucho Royero.

El estudio constata, además, que existe una relación significativa entre el consumo de pornografía y la práctica del sexting. Según el informe, los adolescentes que han consumido pornografía participan en mayor medida en el envío de mensajes, imágenes o vídeos de contenido sexual, en comparación con quienes no lo han hecho. “Se observa una mayor prevalencia de experiencias de victimización sexual online entre quienes han consumido pornografía. Las chicas reportan haber sufrido este tipo de situaciones con mayor frecuencia que los chicos. Estas experiencias incluyen presiones, solicitudes sexuales no deseadas, envío de contenido sexual sin consentimiento o amenazas relacionadas con la difusión de imágenes íntimas”, recoge el trabajo realizado.

Los resultados de la investigación indican que “el consumo de pornografía se asocia a una menor percepción de los riesgos en Internet, lo que puede incrementar la vulnerabilidad ante conductas peligrosas en el entorno digital”. “Los adolescentes que consumen ese tipo de contenidos presentan niveles más bajos de empatía emocional y cognitiva, especialmente en la capacidad de reconocer y comprender las emociones de otras personas”, detalla.

Otra de las conclusiones a las que llega el trabajo es que en relación con el apoyo social percibido, quienes han consumido pornografía manifiestan sentir menor apoyo por parte de su familia, amistades y personas significativas. También se identifican niveles más elevados de sexismo hostil (actitudes abiertamente negativas y prejuiciosas hacia las mujeres ) y benévolo (actitudes condescendientes o paternalistas hacia las mujeres, donde se las idealiza, pero se las limita a roles tradicionales de género) entre el alumnado consumidor, lo que refuerza la preocupación sobre el impacto de estos contenidos en la construcción de actitudes y roles de género desiguales. Por último, los resultados evidencian la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual integral, tanto en el ámbito escolar como familiar, incorporando una perspectiva crítica sobre la pornografía, el consentimiento, las relaciones igualitarias y el uso seguro de Internet.

Las obras en la iglesia de San Francisco de Asís, en la que el 3 de marzo de 1976 se produjo la matanza de cinco trabajadores por parte de la Policía Armada en Vitoria, han comenzado ya con el fin de mejorar el estado del edificio. El Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) ha recordado este lunes, a través de un comunicado, que el patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo aprobó el pasado mes de diciembre la realización de una serie de actuaciones urgentes ante el estado de deterioro que presentaba el templo y ante el riesgo de aumento de daños en el caso de no intervenir de manera inmediata.

Los trabajos adjudicados cuentan con un presupuesto de 54.000 euros, según recoge Europa Press, y está previsto que estén finalizados en un plazo de seis semanas. La iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga de Vitoria, fue diseñada por el arquitecto Luis Peña Ganchegui y construida entre 1969 y 1970. Esta iglesia, de gran valor arquitectónico, cuenta también con una gran carga simbólica, ya que en su interior se produjeron una parte importante de los acontecimientos violentos protagonizados por la Policía Armada en represión de las protestas obreras del 3 de marzo de 1976.

Cuando se acerca la conmemoración del quincuagésimo aniversario de esta matanza, en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada, han comenzado unos trabajos que buscan actuar de forma “mínima y respetuosa” en el edificio, con el fin de evitar su degradación, hasta el momento en el que se pueda abordar una obra más completa de rehabilitación.

Actuaciones urgentes

El pasado mes de diciembre, en la sesión celebrada el día 15, el patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo aprobó por unanimidad las propuestas de adjudicación para la realización de estas actuaciones urgentes. En concreto, se dio luz verde a actuar en las cubiertas del edificio para eliminar las entradas de agua como consecuencia del desplazamiento de las piezas de pizarra del tejado, así como la estabilización o la retirada de aquellos elementos con riesgo de desprendimiento.

También se prevé la eliminación de la vegetación que a lo largo de los años ha ido creciendo de forma incontrolada en los parterres perimetrales del edificio y que lo estaban deteriorando.

El patronato recogió igualmente la solicitud de las asociaciones que lo integran y de la Diputación Foral de Álava para realizar sondeos en los jardines que rodean a la iglesia, con el fin de determinar su potencial arqueológico por si pudieran conservarse retos de interés relacionados con el suceso histórico. Completa el encargo el levantamiento topográfico del edificio para poder realizar toda la documentación geométrica detallada con el objetivo de identificar y documentar evidencias físicas de los sucesos violentos de 1976.

EH Bildu ha denunciado que la Inspección de Trabajo ha sancionado al Ayuntamiento de Vitoria por una infracción grave por servirse de un trabajador que no estaba dado de alta en la Seguridad Social para alisar la hierba de las campas de Olárizu durante la huelga de los jardineros. Según ha desvelado el principal grupo de la oposición, agentes de la Policía Local y de la Inspección de Trabajo se personaron en el lugar y, después de hacer indagaciones, constataron que no tenía contrato, no estaba dado de alta en ninguna clase de régimen en la Seguridad Social. El segundo de los trabajadores dedicados a esas tareas aquel día de septiembre de 2025 estaba, además, de baja, por una incapacidad temporal.

Los hechos sucedieron en septiembre, cuando los trabajadores de Enviser, la empresa subcontratada por el Consistorio de la capital alavesa, acumulaban ya más de cinco meses de huelga a sus espaldas. La situación no se solventó hasta octubre. Faltaban entonces pocos días para las festividades de Olárizu, cuyo plato fuerte es la romería que se celebra en las campas. Ese día, los vitorianos colonizan las faldas del monte, rodeados de música, deporte rural y puestos de comida. La hierba, que llevaba semanas y semanas creciendo sin ningún cuidado, estaba ya alta. El Ayuntamiento sacó entonces un tractor para aplastarla. Y lo hizo con la escolta de la Policía Local, pues había constancia de la “presencia de un piquete”, según informó entonces.

Desde el primer momento, los sindicatos se quejaron de que, con el tractor, se buscaba “suplantar” a los empleados en huelga, en lo que era una maniobra “totalmente ilegal”. El Consistorio alegó que la siega del perímetro de las campas y el interior sí figuraban en el decreto de servicios mínimos, mientras que el alisado —la tarea de la que se encargó precisamente este tractor— era “una actuación no prevista dentro del contrato” con Enviser, por lo que sí era posible acometerla. En cualquier caso, la Inspección de Trabajo atendió las denuncias de los sindicatos y constató que el Ayuntamiento había vulnerado el derecho a la huelga.

Este martes, EH Bildu ha dado a conocer, a través de una nota de prensa, nuevas sanciones, en este caso por la situación irregular de los dos trabajadores a los que el Ayuntamiento encomendó las labores con el tractor. “Este Ayuntamiento no sólo vulneró el derecho a la huelga de los jardineros, sino que además contrató a a una persona que no estaba dada de alta en la Seguridad Social y a otra que estaba de baja para hacer los trabajos de aplanamiento de la hierba en Olarizu. Y ahora, Inspección de Trabajo ha pillado al Ayuntamiento y lo ha sancionado. ¿En qué estaban pensando? ¿No les basta con vulnerar el derecho de los trabajadores en huelga sino que encima se meten en contrataciones irregulares?”, ha protestado Jon Molina, concejal de EH Bildu. La coalición abertzale ha anunciado que requerirá “todo tipo de explicaciones” para “esclarecer los hechos”, así como “medidas para que esto no vuelva a suceder”.

El área de jardines depende de Beatriz Artolazabal, del PNV y, además de teniente de alcaldesa, concejala de Espacio Público y Barrios. Desde el Ayuntamiento, aseguran que brindarán toda la información durante la comisión de este miércoles.

El Ayuntamiento de Vitoria ha abierto un expediente a Vox por soltar el pasado jueves globos negros en recuerdo de los 379 asesinatos de ETA aún sin esclarecer. La formación presidida por Santiago Abascal solicitó permiso al Ayuntamiento para celebrar un acto en la plaza de los Fueros de la capital alavesa en el que participó el portavoz nacional de Vox de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez.

Fuentes del Consistorio vitoriano han informado a la Agencia Efe de que se ha abierto un expediente porque en la autorización que se les concedió estaba expresamente prohibida la suelta de globos, ya que se consideran residuos. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están redactando el informe y en función de lo que decida el instructor sobre la calificación del incumplimiento se decidirá la sanción.

Un mismo autobús diésel de comienzos de 2006, matrícula 9565 DVJ, ha sido visto este lunes cubriendo las dos líneas “electrificadas” de Vitoria. En torno a las 13:00, este periódico ha podido ver el vehículo, modelo Mercedes-Benz Citaro O 530, en la línea BEI, acrónimo de 'bus eléctrico inteligente', concretamente en el sentido B, el que sigue las agujas del reloj. Poco más de una hora después, alrededor de las 14:15, ese mismo autobús, de color gris, rotulado para brindar la línea 4, que une los barrios de Lakua y Mariturri. Este autobús, que entró en servicio en enero de 2006, hace más de veinte años, ostenta junto a otras tres unidades el título de más antiguo de todos los que componen la flota de Tuvisa, la sociedad municipal de autobuses de la capital alavesa.

De esta remesa, la más antigua de toda la flota de Tuvisa, quedan cuatro vehículos, todos ellos matriculados el 17 de enero de 2006 y todos de la serie de matrículas DVJ: el 9488, el 9514, el 9545 y el 9565, este último el que ha sido visto en las líneas BEI y 4 este lunes. Superan en antigüedad, por dos meses, a dos unidades en activo de otra marca, MAN, de matrícula DYG, de marzo de ese mismo 2006. Se da la circunstancia de que, con el tiempo, se han retirado unidades —algunas con placa DXR, por ejemplo— más jóvenes que este autobús al que se está recurriendo para líneas electrificadas.

El uso de unidades diésel con dos décadas de recorridos en el cuentakilómetros es práctica habitual en la línea BEI, la más concurrida de la ciudad, desde su estreno en 2022. Pero esta circunstancia se ha seguido registrando a pesar de que otras líneas ordinarias llevan ya un tiempo empleando autobuses eléctricos de reciente adquisición, algunos de ellos matriculados a finales de 2024 y otros ya en 2025. Son similares a los del BEI, del modelo ie Tram de la empresa Irizar, aunque con un diseño algo diferente. Además, existen también autocares híbridos Vectia, aunque los conductores han señalado que existe con ellos un problema electrónico que provoca que “se apaguen”, dejándoles sin dirección ni frenado asistidos. Tuvisa, por el contrario, defiende que se trata de una respuesta “correcta” en la que prima “la seguridad sobre el confort”.

Los nuevos autobuses 100% eléctricos de Irizar, que se incorporaron a la flota cuando en el BEI se seguían haciendo turnos con autobuses diésel, comenzaron entonces a prestar servicio en la línea 4, que atraviesa puntos céntricos de la ciudad. La alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, remarcó su objetivo de “ofrecer la mejor versión del transporte público” y aseguró entonces que estos diez vehículos —que describió como “eléctricos, accesibles, silenciosos”— seguían “la estela del BEI” y afianzaban “el proceso de modernización de la flota”. “Este es un ejemplo claro de la apuesta de este Gobierno por la sostenibilidad y la tecnología avanzada”, remachó.

En cualquier caso, hay conductores de Tuvisa que se quejan de que estos modelos eléctricos de Irizar no son los más apropiados para líneas que no sean la del BEI. Al tener que “callejear” y no disponer de un circuito segregado como el del bus eléctrico inteligente, que apenas tiene que sortear unas pocas rotondas en todo su recorrido, se complica la visibilidad, dicen. Dado que tienen los mástiles delanteros más anchos, aseveran los conductores, el ángulo muerto “se multiplica” y ha habido ya algún atropello.

En 2024, Laura fue diagnosticada de un trastorno neuromuscular no especificado, miastenia gravis y tirotoxicosis, lo que equivale a una discapacidad reconocida del 38%, algo que desde entonces le ha impedido trabajar. Su marido, su cuidador principal, se encarga de cuidarla a ella y a sus dos hijos, de 11 y 16 años. Esto ha llevado a la familia a una situación de vulnerabilidad social, puesto que viven con una renta de garantía de ingresos (RGI) de 1.495,55 euros al mes, pero de la que cobrarán 1.090,24 euros durante los próximos tres años por haber cobrado antes ingresos indebidos que Lanbide obliga a devolver. Aunque estos ingresos indebidos a menudo provienen de desajustes en la actualización de rentas, conllevan la obligación de reintegro. Dada la situación y las dificultades que tienen para hacer frente al alquiler del piso de Vitoria en el que viven, han solicitado un aplazamiento del desahucio que está previsto para el próximo viernes, 13 de febrero. Sin embargo, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria ha denegado la suspensión del desahucio alegando que no existe forma de comprobar la vulnerabilidad económica de la familia.

“A pesar de que concurra vulnerabilidad social, no concurre vulnerabilidad económica conforme a la documentación presentada y que obra en el expediente. De hecho, se especifica en el informe remitido en fecha de 19 de enero de 2026 que no es posible valorar si existe vulnerabilidad económica, ya que, a pesar de habérselo requerido según procedimiento establecido, no han presentado documentación para la realización de dicha valoración económica. Asimismo, se reseña en el informe que no ha sido posible proporcionar una solución alternativa tendente a proporcionar una solución habitacional debido a que no existe un plan de intervención con la familia por la falta de colaboración de esta con los Servicios Sociales. Por ello, no procede acordar la prórroga de la suspensión, debiendo ser mantenido el lanzamiento señalado para el día 13 de febrero de 2026 a sus 10.30 horas”, señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Laura insiste en que en ningún momento se han negado a la realización de la valoración económica y que han colaborado con servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas de servicios sociales, pero la respuesta ha sido esa. Solo pedimos una vivienda digna y asequible”, reconoce la afectada, que ha elevado una queja ante la defensoría vasca del pueblo (Ararteko) que a su vez ha solicitado a través de un escrito al Ayuntamiento de Vitoria “la recomendación de que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia”, dado que se encuentran dados de alta como demandantes de vivienda pública en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.

“A la vista de la documentación que obraba en el expediente no aprecia argumentación o motivación alguna que justificara la negativa del Ayuntamiento de Vitoria a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en la normativa y en el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo del Poder Judicial, la Administración General de la CAE y la asociación de municipios vascos (EUDEL) en la atención a personas de especial vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social y de vivienda. La unidad convivencial afectada forma parte del colectivo de especial necesidad de vivienda al que se refiere la normativa y el Convenio mencionado”, detalla el escrito del Ararteko entregado al Ayuntamiento, que a día de hoy no ha recibido contestación del Consistorio.

“Nos sentimos abandonados por las instituciones, no nos han dado soluciones desde que empezamos. No queremos dinero, lo único que solicitamos es una vivienda digna y poder empezar de cero. No es cuestión de echarle la culpa a la propietaria de la casa, consideramos ella no ha hecho nada malo, pero las instituciones no nos han dado una respuesta, todo el mundo se lava las manos. Estamos intentando hacer bien las cosas y luchar por una vivienda digna, pero vemos que el viernes los cuatro nos vamos a tener que separar. Mi marido y yo tendremos que ir a un albergue, mientras mis hijos no sé dónde irán, quedarán en manos de servicios sociales que en lugar de ayudarnos nos han dificultado la situación”, reconoce Laura.

Este periódico ha solicitado información relativa a este caso al Ayuntamiento de Vitoria y concretamente al área de Servicios Sociales, que informan de que “para hacer el informe de vulnerabilidad económica las profesionales les solicitan a la persona/familia la documentación de la situación económica”. “Con esa documentación el economista del Departamento hace la valoración económica según los criterios que establece el Juzgado, no son criterios de Servicios Sociales”, explican a este periódico, alegando la falta de la documentación aportada por la familia, algo que Laura niega rotundamente.

“Desde el año 2024 tienen toda la información que han solicitado. Hemos acudido a todas las citas y tenemos justificantes de todos los documentos entregados. Se aferran a que falta información para no darnos el informe de vulnerabilidad económica, cuando saben de sobra que no somos solventes y así lo hemos demostrado con documentos”, lamenta la afectada, a la espera de que la Administración pública ofrezca a su familia una alternativa a la calle para el próximo viernes, 13 de febrero, cuando tengan que marcharse de su hogar.

Conductores de la sociedad municipal de autobuses de Vitoria, Tuvisa, se han quejado de que hay un modelo que, cuando hay algún problema electrónico, “se apaga”, dejándoles sin asistencia de frenado ni de dirección. Son concretamente diez unidades fabricadas por la empresa Vectia Mobility que se incorporaron a la flota municipal entre 2018 y 2019, con matrículas de la K. “Si pasa cuando estás entrando en una curva o en una parada, es muy muy peligroso”, advierten los trabajadores, que vienen denunciando la situación desde hace años, porque este modelo ha dado problemas, dicen, “desde el primer día”. Fuentes del consejo de administración de la compañía confirman la existencia de estas averías.

Explica Asier López de Sabando, miembro del comité de empresa, que, sin saber bien por qué, “para autoprotegerse, se apagan”. “En ciertas circunstancias, de estar en curvas o entrando en marquesinas, sí es peligroso. Al estar entrando a una parada, te apoyas en esos sistemas de frenada y dirección parra hacer una aproximación correcta. Si de repente, y de repente es de repente, sin ningún tipo de aviso, se apaga, ese frenado con el que conabas desaparece de golpe y se convierte en un problemón”, se queja. No ha habido ningún accidente relacionado con este problema, pero López de Sabando insiste en que es peligroso.

Desde Tuvisa, se explica que todo en estos autobuses está “conectado a través de una red de comunicación”. “Si alguno de los módulos deja de comunicarse o hay una señal incorrecta, la unidad electrónica puede deshabilitarse para proteger el sistema y evitar daños mayores o un comportamiento imprevisible”, se señala. Se debe, abunda la sociedad municipal, a que estos vehículos híbridos están equipados con baterías que funcionan a “tensiones elevadas”, por lo que una anomalía podría generar “daños en componentes o generar un riesgo en la seguridad operacional”.

Aun así, Tuvisa defiende que estas incidencias “en absoluto” implican que el autobús pierda la dirección. “El volante se vuelve más rígido en el manejo, pero la dirección sigue funcionando con normalidad”, agrega. “Este tipo de incidencias se deben a un mecanismo de autoprotección donde prima la seguridad sobre el confort de conducción. En vez de arriesgar un mal funcionamiento de la dirección asistida que podría provocar una pérdida de control, el sistema pasa a un modo donde el conductor dirige el vehículo aplicando un mayor esfuerzo”, zanja.

Vectia Mobility es una filial del grupo vasco CAF. La adjudicación, aprobada por el consejo de administación de la sociedad municipal en los últimos días de 2017, se hizo por 3.300.000 euros más IVA. “Además de suponer un nuevo paso en la renovación de la flota de Tuvisa, la adquisición de estos diez nuevos autobuses permitirá dar un importante salto tecnológico y medioambiental”, se vendió desde el Ayuntamiento en el momento de la adjudicación. Entre las bondades de los Vectia, se destacaban su “fiabilidad, durabilidad, facilidad de limpieza y mantenimiento”.

López de Sabando asegura que se han dado abundantes partes de estas incidencias y que las peticiones al respecto desde Seguridad Laboral son “recurrentes”. Asevera, además, que existe la “orden” de no utilizar estas diez unidades de Vectia durante el fin de semana, cuando el volumen de trayectos se reduce. Tuvisa, por su parte, sostiene que son unos autobuses que rejuvenecen la flota (tienen alrededor de siete años, cuando la media de los urbanos asciende a 11,7). La acción preventiva es “correcta y asumible desde la perspectiva de la seguridad laboral y la prevención de riesgos”, defiende.