El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado un pacto de Estado que sirva en España para blindar a futuro el gasto farmacéutico, tanto el hospitalario como el general. “El sistema no es infinito, la demanda sí”.

Lo ha reclamado durante el acto de firma de un acuerdo con los sindicatos que sienta las bases para recuperar la carrera profesional sanitaria en la comunidad autónoma, suspendida desde hace ya 14 años. Ha pedido ayuda a los sindicatos porque, aseguraba, “hay que garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Ha advertido que “los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud” y que el óptimo mantenimiento del sistema sanitario “no se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica. Al menos para el gasto sanitario”, ha incidido.

Ha afirmado que “hay gente en el PP que piensa lo mismo”: “Muchos están en la misma tesis de que hay que llegar a un acuerdo”.

En su opinión, y ya en líneas generales, cuando se habla de Sanidad pública, “hay que girar a un modelo preventivo más que curativo”. Cree que en un futuro próximo “habrá tensiones en el sistema sanitario como las habrá en el conjunto”, razón por la cual, “o se llega a un acuerdo en la materia, o este país se estará engañando a sí mismo”.

La sanidad privada gestionó en 2022 el 48,2 por ciento del gasto sanitario total de España, que ascendió a 131.984 euros, lo que supuso que la actividad de titularidad privada de hospitales, establecimientos medicalizados y residenciales, proveedores de atención ambulatoria y de productos médicos, suministro de programas de salud pública, administración general de la salud y los seguros médicos y otras ramas afrontara un gasto de 63.617 millones de euros.

Así se desprende del 'II Informe de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): Análisis de la Sanidad Privada Española 2024', realizado a partir de los últimos datos disponibles desde 2022, que indica que La Rioja, junto a Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana, ocupan los primeros puestos en el sector privado, pero son las últimas en gasto público.

El documento puntualiza que el dato de gasto financiado únicamente por el sector privado, es decir pagado por hogares y seguros, supuso el 28 por ciento del gasto sanitario total, 37.289 millones de euros. En concreto, el gasto de los hogares representa el 73 por ciento y el de las aseguradoras el 24 por ciento.

En cuanto al sector de la provisión sanitaria, incluyendo hospitales, clínicas, laboratorios, residencias y atención ambulatoria, la cifra de actividad del sector suposo 33.433 millones de euros, lo que implica más de la mitad (52,5 por ciento) de la gestión privada del gasto sanitario total.

En referencia al gasto per cápita público y privado por comunidades autónomas, apunta que Madrid, Baleares, La Rioja o Comunidad Valenciana ocupan los primeros puestos en el sector privado, pero son las últimas en gasto público.

Respecto a la infraestructura hospitalaria, más de la mitad (56 por ciento) de los hospitales del país son privados, lo que supone un total de 431 centros. Estos disponen de un total de 49.837 camas hospitalarias (31 por ciento del total), 5.977 camas para UCI (20 por ciento del total) y 1.696 quirófanos (36 por ciento del total).

Canarias y Cataluña son las comunidades en donde los hospitales privados representan un mayor porcentaje sobre el total de hospitales, mientras que Castilla-La Mancha y Aragón son las comunidades en donde este porcentaje es menor. En números absolutos, Cataluña, Madrid y Andalucía son las que cuentan con un mayor número de hospitales y de camas privadas.

MENORES TIEMPOS DE ESPERA

Los pacientes que acuden a la sanidad privada esperan menos tiempo que los que acuden a la pública para poder acceder a una intervención quirúrgica o a una prueba diagnóstica. Para el presidente de ASPE, Carlos Rus, esto demuestra la “agilidad” y “eficacia” del sector privado, que supone un “aliado fundamental”.

En este sentido, el informe recoge que el tiempo medcio que trascurre entre la prescripción de la operación quirúrgica y la intervención es de 15 días para el 70 por ciento de personas que acude a la sanidad privada. Mientras, el Ministerio de Sanidad recoge un tiempo de espera de 121 días en estos casos.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, el 81 por ciento de los pacientes de la privada espera menos de dos semanas y casi la mitad de ellos tiene los resultados en menos de cinco días. En cuanto a la pública, el tiempo de espera medio es de 94 días para realizarse una prueba diagnóstica.

Por otra parte, el informe revela un aumento significativo de las actividades de alta complejidad que se realizan en centros privados, lo que para Rus debe significar la eliminación del “estigma” que señala que el sector privado “solo atiende lo fácil”.

Así, el documento recoge que los centros privados realizaron un 7,7 por ciento más de pruebas complejas en 2022 (4.742.770 pruebas) que en 2021 (4.403.571). Esta alza se produce en cada una de las pruebas diagnósticas con equipos de alta tecnología (resonancia magnética, PET, TAC, SPECT, gammagrafía, mamografía y angiografía digital), realizándose, entre otras, el 49 por ciento de las resonancias magnéticas, el 39 por ciento de las mamografías y el 24 por ciento de los TAC del total de la sanidad española.

En cuanto a otras áreas asistenciales, el sector hospitalario lleva a cabo el 42 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, el 34 por ciento de las urgencias y el 30 por ciento de las consultas, estancias y altas en España. Además, desarrolla el 100 por cien de las sesiones de protonterapia, el 25 por ciento de las del acelerador lineal, el 23 por ciento de radiología intervencionista, el 22 por ciento de estudios de hemodinámica y el 9 por ciento de la hospitalización a domicilio.

El importe de la partida de conciertos de la sanidad privada con la administración pública, lo que significa prestación privada y servicio público, alcanzó en 2022 los 9.521 millones de euros, lo que representa el 10,1 por ciento del gasto sanitario. El porcentaje destinado por la administración pública sanitaria a esta partida respecto al gasto sanitario público total se ha reducido en los últimos años, puesto que en 2013 suponía el 11,6 por ciento.

Esta partida se destina principalmente a los servicios hospitalarios (61 por ciento), seguidos de los servicios especializados (17 por ciento), el traslado de enfermos (13 por ciento), los servicios primarios de salud (cinco por ciento) y las prótesis y aparatos terapéuticos (tres por ciento).

“Los conciertos sanitarios son clave en la reducción de la presión sobre el sistema público de salud, facilitando mayor disponibilidad de recursos, acortando tiempos de espera a los pacientes y aliviando la sobrecarga en hospitales y centros públicos”, ha destacado Carlos Rus.

Si se atiende a la cantidad destinada por cada comunidad autónoma a conciertos, se observa que la mayoría han incrementado este importe en los últimos años, especialmente Madrid y Andalucía. Sin embargo, otras comunidades como La Rioja e Islas Baleares lo han reducido de forma significativa.

Mientras, por habitante, Cataluña (423 euros per cápita), Madrid (204 euro) y Canarias (136 euros) son las que más destinan a conciertos. Por su parte, Cantabria (63 euros), La Rioja (59 euros) y Castilla y León (57 euros), las que menos.

El informe incluye a su vez una comparación entre los precios públicos y los precios concertados, basado en los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos que se conciertan con más frecuencia entre la sanidad pública y la privada, así como algunos de los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, aunque no se concierten de forma habitual.

Según los datos recabados, los precios concertados son un 44 por ciento más bajos que los precios públicos. En promedio, los precios de los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y especiales son un 31 por ciento, un 50 por ciento y un 52 por ciento menores, respectivamente. Por ejemplo, una sustitución de cadera es un 46 por ciento más barata; realizar un PET un 69 por ciento y una laparoscopia gástrica restrictiva un 69 por ciento.

Empleo en la sanidad privada

En cuanto a los trabajadores empleados en la sanidad privada en 2024, el informe indica una cifra de 462.400 profesionales, lo que supone un incremento del 53 por ciento respecto a 2015 y el mayor número de ocupados desde que existen registros.

Del conjunto de profesionales, 159.042 (34 por ciento) trabajan en hospitales (33 por ciento médicos, 19 por ciento enfermeros, 29 por ciento otros sanitarios y 19 por ciento no sanitarios).

Respecto a la formación, los hospitales con acreditación docente han aumentado un 46 por ciento (de 60 a 88), destacando Cataluña y Madrid, y las plazas MIR acreditadas un 57 por ciento (de 339 a 533), constituyendo el 5 por ciento de las plazas MIR ofertadas.

Altos cargos sanitarios de hospitales canarios cobraron 1,7 millones de euros entre 2019 y 2022 por la realización de guardias sin acreditar, de forma generalizada, las “necesidades asistenciales” que las justificaban. Así lo pone de manifiesto un informe provisional de la exinterventora general del Gobierno de Canarias, Natalia Elisa de Luis, que evidencia la falta de “control exhaustivo” del Servicio Canario de Salud (SCS) para motivar la “excepcionalidad” que concurre a la hora de autorizar dichas actuaciones por parte del personal directivo de los centros gestores de la sanidad pública de las Islas.

El documento, adelantado por Mírame Televisión y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, detalla que hasta 28 directivos sanitarios de un total de 69 realizaron guardias o módulos en 2022, cobrando por ellas cerca de 480.000 euros. Es el segundo importe más alto de los últimos cuatro años. En 2021, 33 dirigentes cobraron 554.000 euros; en 2020, 31 directivos percibieron 313.000 y, en 2019, 39 directores ingresaron 385.000. El SCS avala la realización de estas guardias “cuando las necesidades asistenciales lo aconsejen”, según una instrucción firmada en 2017, sin embargo, la exinterventora del Ejecutivo autonómico considera que se trata de una “expresión genérica e indeterminada” de la que se hace un aprovechamiento “indiscriminado, sin límites y ningún control, ni previo ni posterior”.

Del informe sobresale el caso del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, de referencia en la zona norte de la isla, cuya totalidad del personal directivo, ocho de ocho, acumuló 232.500 euros en concepto de guardias en 2022, el valor más alto registrado en todos los complejos hospitalarios del Archipiélago. El hecho de que todos los dirigentes del citado hospital cobren por guardias ocurre los cuatro años analizados por la exinterventora. Es el único centro gestor del SCS con esta característica. El sueldo mensual de un dirigente del Servicio Canario de Salud va desde los 2.700 euros que puede percibir un director de enfermería de un centro de Atención Primaria a los 4.900 euros de un gerente de hospital.

La Intervención General ha pedido el reintegro de la totalidad de los fondos cuando la guardia no fuera autorizada por la dirección del SCS (en el caso del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, no consta autorización para ninguno de los seis dirigentes que efectuaron guardias en 2022 y que ganaron cerca de 29.000 euros, recoge el texto) o contraviniera la Ley 11/1994, de ordenación sanitaria de Canarias. Este periódico solicitó su versión a la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

No es la primera vez que la Intervención General de la Comunidad Autónoma alerta sobre este asunto. El informe de este año hace un análisis de las recomendaciones esbozadas en ejercicios anteriores. En 2019, el órgano que tiene encomendadas funciones de dirección y gestión de la contabilidad pública de las Islas aconsejó, entre otras cosas, un “control exhaustivo de la excepcionalidad que concurre a la hora de autorizar la realización de guardias por parte del personal directivo”, pues ya había detectado el curso anterior un “uso no conforme” de la excepcionalidad prevista para ello.

El empleo “desvirtuado” que se ha hecho de la realización de guardias por parte del personal directivo de los centros gestores de la sanidad canaria radica, recalca la exinterventora, en dos cuestiones: un “evidente solapamiento” de la actividad declarada como funciones directivas, las que tienen que ver con reuniones o encuentros con sindicatos, por ejemplo, explican fuentes oficiosas, y que es retribuida aparte, con cuantías máximas anuales que pueden alcanzar los 16.000 euros, y la certificada como jornada complementaria, las guardias propiamente dichas, lo que “en determinados supuestos” permite al personal directivo cobrar por “dos conceptos incompatibles”.

El segundo elemento que ha provocado esta distorsión es la transformación en “una situación ordinaria, cotidiana y prácticamente diaria en algún supuesto específico” lo que, en principio, debería ser excepcional, “de tal manera que la jornada laboral ordinaria es seguida del ejercicio efectivo de actividad y funciones directivas fuera de la misma, y, a continuación, se prestan servicios de carácter asistencial en régimen de jornada complementaria (guardia)”, concluye el documento. Esta exposición de hechos, descrita en el informe de control financiero de 2018, es recogida de nuevo por la Intervención General, que ya entonces pidió regular dicho asunto. No obstante, el texto añade que la dirección del SCS no ha proporcionado los datos ni la información requerida sobre si ha habido avances en la materia, una constante a lo largo de todo el documento, de más de 120 páginas, en el que se critica la “ausencia de apoyo, auxilio y colaboración” por parte del Servicio Canario de Salud para su elaboración.

Así, el escrito de este año viene a “confirmar” la “omisión genérica” de controles en este sentido, salvo en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma. En líneas generales “no queda acreditado (…) qué necesidades asistenciales concurren a priori para que se autorice con carácter anual la realización de guardias [por parte de directivos del SCS]”. De hecho, el informe señala que tan solo cuatro de los 28 dirigentes que realizaron dichas jornadas complementarias en 2022 contaron con autorización antes de la ejecución de las mismas. Para la exinterventora está “perpetuándose el uso de la excepcionalidad prevista en una actividad ordinaria y, en determinados centros gestores, afectando, o beneficiando, a la totalidad del personal directivo”.

Conviene recordar que al menos dos de los cuatro años que componen el informe de la Intervención General, 2020 y 2021, estuvieron marcados por la crisis sanitaria de la COVID-19, que colapsó durante la mayor parte del tiempo de ambos cursos los servicios asistenciales de Canarias, mermados históricamente por una escasez de personal. Los residentes de las Islas son quienes más esperan por una operación en la sanidad pública, con 153 días de media, según datos del Ministerio de Sanidad. Y el Archipiélago, también, protagoniza el valor más alto en España de tiempo medio de espera para ser atendido por un especialista, 123 días.

Por otro lado, el informe de la Intervención General detecta más pagos en 2022 a personal directivo de los complejos sanitarios de las Islas que, en este caso, remarca que sí son “contrarios a Derecho”. Se trata de la participación de algunos de ellos en los denominados “programas especiales” de la sanidad canaria, esto es, planes de reducción de listas de espera de consultas (PERLE), de programa quirúrgico (PQ) y de carácter excepcional (PECE). Cinco dirigentes participaron en el primero de los programas mencionados, tres en el segundo y cuatro en el tercero. Por ello se embolsaron en torno a 95.000 euros. La exinterventora alude a una instrucción del SCS del año 2022 para recordar que altos cargos de los hospitales canarios no pueden participar en este tipo de proyectos. Ha pedido de nuevo el reintegro de lo abonado.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias lleva muchos años exigiendo la redacción de una norma que regule las retribuciones del personal del Servicio Canario de Salud, pues hasta el momento esta se fija a partir de instrucciones dictadas anualmente. De acuerdo con el informe, esto causa “inseguridad jurídica” porque, según ha constatado el órgano, una “consecuencia de la aplicación de las propias instrucciones” es “el incumplimiento en términos estrictos de las mismas (…)”, ya que “son múltiples y generalizadas las deficiencias que se observan en los expedientes”.

El incremento del gasto sanitario público por habitante en Andalucía ha perdido el ritmo de crecimiento que llevaba y, entre 2020 y 2021 -última actualización- ha subido 88 euros frente a los 136 que se incrementó entre 2019 y 2020, lo que revela cómo -igual que en el resto de comunidades autónomas- fue más importante el factor pandemia que el de compromiso con el servicio en sí y, mucho menos, el de “apuesta sin precedentes” de la que saca pecho Juan Manuel Moreno, quien sostenía hace unos días que, desde 2018 que es presidente, estas partidas han crecido un 45%. En 2024, de hecho, se prevén 14.246 millones de euros (un 3% más que este año).

Esto la hace permanecer, dos décadas después, en la última posición. Solo ha cedido una vez ese puesto y fue en 2002 (primer año de elaboración de esta estadística) cuando lo ocupaba Islas Baleares. En cualquier caso, con un 6,6% más en 2021, está entre los tres territorios que más subieron en este concepto. Concretamente, por detrás de Región de Murcia (8,4%) y Canarias (7,2%). Son, en el caso de Andalucía, dos puntos por encima de la media (4,6%), pero prácticamente la mitad de lo que lo subió entre 2019 y 2020 (11,3%).

1.486 euros por habitante

De este modo, el último informe del Ministerio de Sanidad sitúa el gasto sanitario público en 1.486 euros por habitante en 2021 en Andalucía, frente a los 1.398 de 2020, es decir, 230 euros por debajo de la media (1.716). Se consolida, eso sí, como la mejor cifra desde que se ofrece esta estadística, seguida por los datos de 2020 (1.398) y 2009 (1.330).

En el informe destaca que en 2021, con respecto a 2020, este concepto se incrementó en todo el sector público, excepto en las corporaciones locales. El aumento más importante se produjo en la Administración General del Estado, un 46,1%, debido, principalmente, a la compra centralizada por el Ministerio de Sanidad de vacunas para hacer frente a la Covid-19. 

En relación con su población, en 2021, las autonomías con mayor gasto sanitario público son el País Vasco (2.073 euros por habitante y casi 600 más que Andalucía), el Principado de Asturias (1.965) y la Comunidad Foral de Navarra (1.941). Desde la óptica de la clasificación económica, el componente con mayor peso es la remuneración del personal, habitualmente más de la mitad del presupuesto.

El presupuesto de sanidad en Andalucía para este 2023 se ha situado en 13.823,67 millones de euros, lo que ha supuesto ya la mayor subida en la serie histórica, si se compara con los 12.464,38 de 2022. Precisamente, no será hasta el primer cuatrimestre del próximo año cuando se publiquen los datos del gasto sanitario por habitante pero de 2022, porque el Ministerio de Sanidad debe esperar a recibir las estadísticas de cada comunidad autónoma y las liquidaciones definitivas.

Desde la Consejería de Salud y Familias apuntan que desde que Gobierno el PP no han dejado de crecer las partidas en este terreno, pero matizan que no se puede corregir en pocos años la situación de décadas. En este sentido, fuentes del departamento auguran que los dos últimos ejercicios, pendientes lógicamente de publicación, podrían por fin cambiar las cifras.

La voracidad del gasto farmacéutico

El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, destaca que Andalucía no solo está la última en este concepto, “sino que además es penúltima en presupuesto sanitario por habitante, y esto se mantiene también con datos de 2023”. Explica que el presupuesto per cápita siempre es menor porque lo normal es que “se termine gastando más porque hay imprevistos, y el mejor ejemplo lo tuvimos en 2020, y también por la desviación en el gasto farmacéutico”. En este sentido, apunta que en Andalucía “se tenía una política de control que permitía racionalizar el gasto farmacéutico, pero el PP la eliminó y eso se nota porque se tiene que quitar del gasto asistencial”. Es decir, “el deterioro que estamos viendo en la sanidad pública de Andalucía se explica también por esto”.

En su opinión, una mejora en Andalucía “solo depende de voluntad política. La realidad hoy es que está a la cola dentro de un país a la cola de la UE, y todo esto explica los problemas que vemos en la calle”.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España reduce todavía más el gasto sanitario público por habitante en Andalucía ese año, en concreto, a 1.372 euros, pero paradójicamente, esto la hace salir de la última posición, que ocuparían Catalunya (1.246) y la Comunidad de Madrid (1.171). De hecho, y poniéndolo de nuevo en el contexto de la pandemia, solo Catalunya, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han registrado un gasto sanitario más reducido en 2021 que en 2019, según esta entidad.

“Una inversión saludable”

Las investigadoras Elisenda Rentería y Pilar Zueras, autoras del estudio 'Gasto sanitario público y esperanza de vida: una inversión saludable', del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, constatan que “el gasto sanitario público per cápita es uno de los componentes que más explica las diferencias de salud entre regiones”. En su opinón, “un mayor gasto sanitario público implica más años vividos en buena salud y menos años vividos en mala salud”.

Por ello, concluyen: “La gestión sanitaria a nivel regional tiene un impacto en la prevalencia y prevención de enfermedades de las personas de edad madura y avanzada nada desdeñable, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas que busquen reducir la carga de enfermedades en la población. Gastar en salud, por si alguien lo dudaba, resulta una inversión saludable”.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes las nuevas cuentas regionales que, según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, suponen una inversión para 2024 de 27.558 millones de euros, es decir, un incremento de un 19,6% respecto a los presupuestos anteriores, que tuvieron que ser prorrogados ante la negativa de Vox a apoyar los de 2023.

La consejera ha destacado que este año el gasto social asciende a más de 3.100 millones, es decir un 17% más en relación con las anteriores cuentas: “Nueve de cada 10 euros serán para reforzar los servicios públicos el próximo año”, ha explicado. Además, “hay un récord histórico para la Sanidad” al superar los 10.000 millones de euros de inversión para esta partida.

En esta ocasión, gracias a la mayoría absoluta de la que goza ahora el PP, Isabel Díaz Ayuso no tendrá ningún problema para aprobar el proyecto una vez que se debatan y se envíen a la Asamblea de Madrid. Según presume el Gobierno regional, estas nuevas cuentas, pese al aumento del gasto social y las rebajas fiscales, cumplen con la “estabilidad presupuestaria” que exige Hacienda, y conseguirán mantener “un déficit cero”, “lo cual quiere decir que nos van a permitir seguir teniendo en Madrid la deuda más baja de toda España”, ha señalado la consejera. A su juicio estas cuentas, que ha calificado como “responsables” y “prudentes”, “permitirán a la región avanzar en las políticas de apoyo a las familias”, dando “prioridad” a la Sanidad, a la Educación, y comprometiéndose también con la promoción de la vivienda, la mejora de infraestructuras públicas y el transportes y las políticas activas de empleo.

No obstante, Albert ha reconocido que las estimaciones presupuestarias que han presentado este martes se han hecho sin saber aún a ciencia cierta qué cantidades va a recibir la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de la nación sobre las entregas a cuenta y la liquidación de 2022. Pero, según han calculado, a la CAM le correspondería en 2024 casi 26.000 millones derivados de los tributos cedidos, es decir, IRPF, IVA e Impuestos Especiales, que se incrementan un 21,1% respecto a 2022. Por otro lado, afirman que “se transferirán 970 millones al Fondo de Suficiencia Global y otros 6.176 al Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales”. “En conjunto -resumen- se percibirán 18.612,2 millones en concepto de entregas a cuenta, un 18,1% más que lo consignado en el presupuesto de 2022”, afirman en uno de los documentos entregado a los medios de comunicación.

Por otro lado, también explican que “al margen de los tributos compartidos con el Estado, la Comunidad de Madrid prevé una serie de ingresos por los tributos cuya gestión le corresponde directamente”. De manera que por estos impuesto propios, la previsión que hacen es de unos ingresos de 2.078 millones de euros, lo que supone para sus arcas “un importe consignado de 133 millones menos que en 2022”.

La consejera de Economía y Hacienda ha hecho mucho hincapié en el gasto sanitario, uno de los principales caballos de batalla con el que ha tenido que lidiar Ayuso desde la pandemia, resaltando que la Atención Primaria será una de las prioridades para el Ejecutivo y para ello, contarán con 2.572 millones, un 25% más que la partida del año anterior, con el “compromiso de reducir las listas de espera”, uno de los problemas que sufren los usuarios de la sanidad pública madrileña. Además, la Comunidad de Madrid se compromete a la construcción el próximo año 19 nuevos centros de salud en los que el Gobierno regional invertirá 76 millones de euros, y se reforzarán las plantillas de estos centros al planear la incorporación de 14.000 personas con contratos temporales como “personal estatutario fijo”. Habrá, por otro lado, un Plan de Prevención del Suicidio y una mayor atención a las enfermos de ELA.

“Son unos presupuestos comprometidos, enfocados a consolidar el crecimiento, la creación de riqueza de Madrid y centrados en las personas”, han resumido tanto Albert como el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del gobierno, Miguel Ángel García Martín, que le ha acompañado en la rueda de prensa. Ambos han querido resaltar que el Gobierno regional continúa rebajando impuestos para “hacer a Madrid fiscalmente más atractiva” y atraer “a los inversores”. Las rebajas fiscales irán acompañadas de otras medidas como la deflactación del tramo autonómico del IRPF por segundo año consecutivo.

El Gobierno de Ayuso asegura que quiere volcarse igualmente con la Educación con un incremento de becas y ayudas al estudio, con una inversión 248,5 millones para que aumenten en 200.000 sus beneficiarios. Las de comedor son las que registran una mayor subida hasta llegar a 62 millones. Además, se pondrá en marcha en el curso 2024/25 un nuevo programa de ayudas dotado con cerca de cinco millones de euros para actividades extraescolares en centros sostenidos con fondos públicos. Entre los compromisos para este área figura también la construcción de cinco escuelas infantiles y la creación de 3.200 nuevas plazas públicas en la región.

Las familias serán otra de las “prioridades” para Ayuso con un Plan de Natalidad madrileño que ya ha explicado anteriormente la presidenta regional, dotado con más de 114,6 millones de euros y que contará con una nueva ayuda de 1.800 euros “para partos o adopciones múltiples”.

Otras de las partidas que aumenta es la de Vivienda, con un presupuesto que suma un total de 472 millones de euros, es decir, un 21,5% más con respecto al anterior. Como ya adelantó el otro día Ayuso por segunda vez casi consecutiva durante la entrega de llaves de pisos de protección oficial a un grupo de personas en Vallecas, la “previsión” de su Gobierno es la de construir más de 4.000 nuevos inmuebles en 12 municipios de la capital “en régimen de alquiler accesible” a través del Plan Vive, que aún no ha ejecutado pese a ser un compromiso de la anterior legislatura . Según adelantan ahora, el año que viene “estarán en construcción otras 2.472 viviendas”, ampliándose además “las ayudas al alquiler, a la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética”.

En Transportes e Infraestructuras el anteproyecto de ley contempla invertir 3.089 millones de euros para ampliar la red de Metro de Madrid con la intención de finalizar las obras de prolongación de la línea 3 en el tramo Villaverde Alto-El Casar. Además -añaden- “se avanzará en la remodelación de la línea 5, que llegará desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y de la línea 11 desde Plaza Elíptica a Conde de Casal. Por otra parte, el Gobierno regional dice que ”se seguirá trabajando en el apoyo a los afectados por las obras de la línea 7B“.

Se descongelarán los sueldos de los altos cargos, menos el de Ayuso

Durante la rueda de prensa Rocío Albert también ha explicado que para 2024 se descongelará el sueldo de los altos cargos, que llevaban 13 años sin subidas. A todos excepto para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por voluntad propia.

“Se elimina la congelación retributiva, salvo en el caso de la presidenta que mantiene su congelación salarial y que no se incrementa un solo euro con respecto al Presupuesto que tenía establecido en el 2023 y que lleva congelado desde el 2010”, ha señalado la consejera de su gobierno. No obstante, ha matizado que esta descongelación salarial se hará efectiva solo cuando el Gobierno central establezca “alguna subida para los funcionarios de cara al año 2024, pero no se aplicará la diferencia de 16% que se ha alcanzado en estos 13 años congelado”.

El sueldo de Ayuso está establecido en 103.090,32 euros anuales, y según Albert, ha sido la propia presidenta regional la que ha pedido “expresamente” que no se le descongelara. “Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y se la respalda”, ha remarcado.

El número de ciudadanos que recurren a seguros privados ha subido a un ritmo del 4% anual desde 2017. Aquel año, había 9,9 millones de asegurados, incluidos los mutualistas, frente a los 12 millones del pasado ejercicio, según el último informe de la Fundación IDIS, que aglutina al sector.

“Estos datos ponen en valor nuestra contribución al sistema nacional de salud”, señalaba la directora general de la entidad, Marta Villanueva, durante la presentación del trabajo, Sanidad privada, aportando valor 2023. Las cifras muestran que uno de cada cuatro residentes en España contaba en 2022 con un seguro privado, con la Comunidad de Madrid (936 euros), Catalunya (816) y La Rioja (813) a la cabeza en gasto sanitario privado per cápita. Murcia (501 euros), Canarias (520 euros) y Castilla-La Mancha (535) se encuentran a la cola.

El informe también arroja luz sobre la actividad del sector sanitario privada. Es en él donde se realizaron el 32,9% de las intervenciones quirúrgicas, donde se atendieron el 24,5% de las urgencias y el 17,5% de las estancias hospitalarias y donde se efectuaron el 21,6% de las consultas. No obstante, el deterioro de la pública, con agendas imposibles y largas listas de espera, también está repercutiendo en la privada, que ya ha empezado a notar tiempos de espera más prolongados en algunas especialidades.

“Somos el mejor termómetro del funcionamiento de la sanidad pública”, indicaba el presidente de la fundación, Juan Abarca, durante la presentación del informe. “Hasta hace algún tiempo, notábamos que los pacientes que recurrían a la privada lo hacían, normalmente, buscando una experiencia de usuario diferente, pero en los últimos meses y años el crecimiento ha sido especialmente alto”, explicó, a la vez que defendía que el sector privado “debe ser entendido como un complemento necesario que puede aliviar los problemas de la sanidad pública en términos de accesibilidad y atención, además de un impulso a la inversión en innovación farmacéutica y digitalización”.

Si la misma entidad publicaba hace unas semanas otro informe en el que indicaba que solo el 30% de los hospitales con unidades de salud mental o tratamiento de toxicomanías son públicos, pese a que atienden el 87% de las consultas, en esta ocasión hace una radiografía de la titularidad de los recursos del sistema. Y hay datos relevantes, como que la mayoría de hospitales, el 56%, son privados, con el 31% de las camas. Los 345 centros públicos suman más de 108.000 camas. Por comunidades, solo Andalucía, Catalunya y Madrid aglutinan el 55% del total de hospitales privados y el 47% de las camas.

En cuanto al gasto sanitario público derivado a empresas privadas, este supone un 10,2% del total, que se destina a servicios como el transporte sanitario, terapias respiratorias, hemodiálisis o laboratorios. De nuevo, Catalunya (24,1%) y Madrid (11,8%) son las comunidades que más destinan a esta partida. Precisamente, son estas dos de las comunidades donde los conflictos con la sanidad pública han estado más encendidos en los últimos meses.

En total, según los datos del sector, “el gasto sanitario total con relación al PIB en España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, mientras que el peso del gasto sanitario privado respecto al total (2,9%) es de los más altos, junto con Portugal (3,7%) y Suiza (3,6%)”. En su último informe, con datos de 2020, la organización internacional cifraba en 2.588 euros por habitante el gasto sanitario, frente a los 3.159 euros de media. En ese estudio, aseguraba, no obstante, que el sistema era más eficiente que otros gracias a la atención primaria, que se ha visto socavada tras la pandemia y es el principal foto de las últimas reivindicaciones.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha publicado este viernes su informe La privatización sanitaria de las comunidades autónomas 2023. Los datos señalan en la misma dirección: Madrid, Catalunya y Baleares son las regiones con un mayor grado de presencia del sector privado. El análisis, aunque en otro tono, es coincidente en algunos puntos. “Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado”, apunta el texto.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha realizado una “apuesta decisiva” por la prescripción de los medicamentos biosimilares con la firma de un convenio para promover su implantación, formar a los profesionales sanitarios e informar a la ciudadanía sobre su eficacia en la salud y su eficiencia en el gasto, ya que permiten un ahorro del 30 por ciento.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y la directora general de la Asociación Española de Biosimilares (BioSim), Encarnación Cruz, han firmado este lunes en Mérida un acuerdo con este fin. Los biosimilares son medicamentos que se fabrican cuando expiran las patentes de los biológicos (aquellos que se producen a partir de organismos vivos, a diferencia de los fármacos convencionales de síntesis química) y suponen un ahorro del 30 por ciento respecto a los originales, según ha apuntado Vergeles.

De ahí que este acuerdo se denomine “convenio para promover la eficiencia en el uso de medicamentos biológicos a través de programas de ganancias compartidas en centros sanitarios” porque “ganamos todos”, tanto el sistema sanitario como sus profesionales y ciudadanos, dado que el ahorro que se logra se reinvierte en el propio sistema sanitario “mejorando la vida de los pacientes”, ha indicado el consejero.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, también presente en el acto, ha valorado que se trata de una “política de eficiencia en el gasto, que no es ahorro” sino realizar un gasto “de calidad”.

En este sentido, Vergeles ha subrayado que los biosimilares son medicamentos como los biológicos originales, que tienen “tanta investigación detrás” como estos últimos, y están sujetos a también a autorización, dando una respuesta similar a los problemas de salud para los que están indicados. Son “muy esenciales” para el tratamiento de patologías como la diabetes, los trastornos del metabolismo, las afecciones dermatológicas y reumatológicas y en oncología, de ahí que “están en el núcleo de las enfermedades crónicas”, ha explicado. De hecho, ha resaltado, su uso está recomendado tanto en la Estrategia Europea de Farmacia como por el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según ha reconocido, “lo más difícil” en este proceso es el cambio del original al biosimilar, lo que requiere un “esfuerzo” de todas las partes implicadas, respetando la libertad de prescripción del profesional y de elección por parte del ciudadano.

El consejero ha recalcado además que “lo mejor está por venir” en este ámbito, dado la caducidad de otras patentes que se producirán en los próximos tiempos, con lo que aumentarán los 17 principios activos que en la actualidad cuentan con un biosimilar.

Acuerdo pionero

La directora general de BioSim, por su parte, ha destacado que es “la primera vez en España” que se firma un convenio que promueve la implantación de proyectos de ganancias compartidas en este campo, una línea de actuación que en Europa se lleva desarrollando desde 2015. “Se ahorra en sanidad para reinvertir en sanidad”, ha resumido Cruz, quien ha trasladado el compromiso de BioSim para trabajar “muy duro” con el SES y la Junta en labores de formación, información y evaluación de resultados.

Con el convenio firmado, una “iniciativa pionera en España” en palabras de Vergeles, se lanza también un mensaje a la industria farmacéutica de que Extremadura “está capacitada para poder realizar ensayos clínicos y disponer cuanto antes de los medicamentos biosimilares para poder conocer su uso y sus resultados en la vida real”. Según ha apuntado, unos 12.000 pacientes consumen en la actualidad biosimilares en Extremadura.

Los estudios realizados, ha añadido, han apuntado un ahorro de 5.162 millones de euros en España entre 2000 y 2022 por el uso de los biosimilares en lugar de los originales y, en el caso de Extremadura, estima que se está “en disposición de ahorrar casi el doble que en el Sistema Nacional de Salud en porcentaje”.

En el ámbito hospitalario, ha apuntado, su penetración en dosis diarias definidas es de un 69 % en el SNS y del 77,5 % en el SES, unos porcentajes que se cifran en menos del 30 y el 42 % en atención primaria, respectivamente.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que el departamento enviará este viernes por escrito “las propuestas que se acordaron ayer en la reunión” con el Sindicato Médico y que este responderá “en 48 horas con su valoración”. “Hoy, aquellos acuerdos, aquellas concreciones a las que se llegó en la reunión de ayer se les va a pasar por escrito al Sindicato Médico y ellos nos van a contestar en 48 horas con su valoración. Esto realmente es proponer, acercar posturas e intentar llegar a un acuerdo, que es lo que estamos diciendo desde el principio”, ha indicado este viernes, en respuesta a los medios de comunicación antes de una comparecencia parlamentaria, según informa Europa Press.

Induráin ha incidido en que “hay unas propuestas con el Sindicato Médico pero luego hay una batería de propuestas que tienen que ver con el sistema sanitario, sobre todo con el marco de la Atención Primaria”. A su juicio, estas son “ambiciosas, abarcan a todos los colectivos, y tienen que ver con un aumento de profesionales, autonomía organizativa, gestión del trabajo”. Tras añadir que “también está en trámite una Mesa General”, ha subrayado que “ha habido reuniones con los distintos foros sindicales y profesionales”.

Preguntada sobre si tras la reunión de este jueves ven más cerca la desconvocatoria de huelga, prevista para el 1 de febrero, la consejera ha señalado que en dicho encuentro “hubo un clima positivo, de acercamiento, y creo que eso va a favorecer”.

“Avances” en las negociaciones

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha destacado los “avances” producidos este jueves en las negociaciones con el Sindicato Médico y ha afirmado que espera “que se vayan concretando esos acuerdos” para evitar la huelga, convocada para el 1 de febrero. “Continuamos con las conversaciones y con las negociaciones, ayer hubo un nuevo avance, como el propio Sindicato Médico ha reconocido, y esperamos seguir hablando, dialogando, poniendo puntos en común y buscando lugares de encuentro para evitar esta huelga”, ha señalado este viernes.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que se convocará la Mesa Sectorial de Salud y la Mesa General de Función Pública, y “esperemos ratificar estos acuerdos”. En respuesta a los periodistas sobre si esa ratificación tendrá lugar antes del 1 de febrero, la presidenta ha manifestado que “tiempo al tiempo, vamos a ir viendo, ayer se produjo un avance y espero que se vayan concretando esos acuerdos”. Además, ha señalado que por el momento no hay fechas para una nueva reunión, pero “me consta que siguen trabajando”.

Por otro lado, ha explicado que la supresión de la exclusividad “es una reivindicación que tiene el Sindicato Médico” y que “es un elemento más que hay encima de la mesa para la negociación”. “Hay que entender el concepto de la exclusividad en un contexto muy concreto, que es el de escasez de profesionales, y que perdemos ventaja competitiva con otras comunidades que no lo tienen, ninguna de nuestras comunidades vecinas lo tienen, pero, como digo, es un elemento más de la negociación”, ha remarcado.

El Hospital Universitario de Navarra, previamente conocido como el Complejo Hospitalario de Navarra, contará con una nueva UCI pediátrica en el ámbito de neonatos. Esta nueva planta medirá más del doble que la actual, ya que se prevé aumentar el espacio destinado a esta especialidad en hasta 800 metros cuadrados. Lo ha anunciado la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, en el pleno del Parlamento de Navarra celebrado este jueves, quien ha especificado, además, que la UCI pediátrica sumará entre seis y siete puestos de cuidados críticos o intermedios, en un intento de conseguir una renovación de infraestructuras e inversiones.

Induráin ha asegurado tener un plan funcional de una obra de envergadura “importante” y en el marco de todo el hospital. En esta línea ha asegurado que el Hospital Universitario de Navarra ha realzado un “importante” esfuerzo para reforzar las plantillas en los últimos años. Concretamente, ha indicado que en 2020 la plantilla se aumentó en tres pediatras, con contrataciones estructurales, con perfil de atención a niños críticos para atender las necesidades de la UCI pediátrica y neonatal.

En paralelo, en febrero de 2020, se aumentó la contratación de Enfermería en seis plazas estructurales en la UCI neonatal, y de seis auxiliares de enfermería para la UCI pediátrica. Ahora, se han contratado seis enfermeras más. El edificio, que está pendiente de ubicación definitiva, fue trasladado durante la pandemia a su actual ubicación para poder ampliar la UCI de adultos.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Txomin González, ha considerado que la crisis de la COVID-19 mostró las “limitaciones” de la UCI pediátrica. En palabras del propio González, se decidió alejar la UCI de la zona COVID-19 y se eligió una zona que podría reunir condiciones “más óptimas”, “pero nos encontramos esta semana que usuarios, madres de pacientes y trabajadores han vuelto a mostrar los déficits y limitaciones que tiene esta unidad”, ha sentenciado.

A su juicio, las condiciones actuales no son las que debería tener una UCI pediátrica “de referencia” y se ha mostrado “decepcionado” por que el tema no ha sido tratado con la “urgencia que merece”. Según ha apuntado, han transcurrido dos años desde que se aprobó una moción al respecto en el Parlamento: “Creemos que habría dado tiempo suficiente para haber elaborado y licitado un proyecto, y para haber utilizado en la medida de lo posible esos fondos europeos”. Ha concluido manifestando que el departamento tiene que hacer lo “imposible” para conseguir que la UCI pediátrica encuentre su espacio definitivo.

“Nunca se había invertido tanto en sanidad pública en Andalucía en tan poco tiempo”. Es una frase recurrente del presidente Juan Manuel Moreno, convertida en mantra durante la campaña y, si bien es cierto, se ha producido en un contexto de pandemia en el que Andalucía no ha sido una excepción: todas las comunidades autónomas incrementaron en 2020 el gasto sanitario público, y varias, bastante más que el Gobierno PP-Ciudadanos.

Esto ha provocado, pues, que Andalucía no haya logrado reducir su desventaja y siga estando a la cola en gasto sanitario público por habitante. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2020 ascendió a 1.398 euros, es decir, 136 más que en 2019, cuando también estaba la última. Son 240 euros menos que la media. Y casi 100 euros menos que la siguiente que menos destina a este concepto, la Comunidad de Madrid, con 1.491 euros por habitante.

El Ministerio de Sanidad fija así en un 11,3% el incremento del gasto sanitario público en Andalucía, ligeramente por encima de la media (10,8%). Sin embargo, pese al esfuerzo hecho por Andalucía, debido como en el resto de territorios a los fondos extra desde el Gobierno de España, ha incrementado su distancia con la media (en 2019 invertía 218 euros menos sobre el promedio de 1.486).

Esto se debe a que en algunas comunidades autónomas se disparó este concepto. En concreto, las que más lo incrementaron el año de la pandemia fueron Cataluña, un 16,8%, Castilla-La Mancha (12,8%) y la Comunidad de Madrid (12,4%). Las que menos, fueron el País Vasco, Extremadura y La Rioja. En cualquier caso, País Vasco lidera el gasto sanitario público por habitante, y Extremadura está por encima de la media.

Comparado con el PIB

Visto en comparación con el PIB, en el caso de Andalucía este concepto supone un 7,9% del mismo, es decir, un punto por encima de la media y en octava posición en relación con el resto de territorios. Se da también en un contexto de récord en derivaciones a la sanidad privada y de conciertos con la misma.

En cualquier caso, Andalucía sigue liderando el gasto en atención primaria. En el año 2020, en todas las comunidades autónomas se cifró en 10.762 millones de euros, lo que representa el 13,9% del gasto consolidado del sector, y experimentó un incremento de un 8,8% respecto a 2019. Con un 17,7% de incremento, Andalucía fue la que más apostó por esta subida.

En este sentido, José Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucía, considera que “el Gobierno del PP ha estado viviendo ya demasiado tiempo de la herencia recibida, hasta hace muy poco la ha estado utilizando, pero ahora ya no hay excusas”. Por ello, apunta: “Cuando ha recibido el mayor presupuesto sanitario debido a la pandemia, no ha sabido plasmarlo ni en inversiones ni en resultados. Y esto es debido a la mala gestión desarrollada”.

En su opinión, esa gestión “se refleja en el déficit de estructuras, listas de espera disparatadas y salarios que son los más bajos en España, excepto en algunas categorías específicas”. Es más, entiende que “se ha incrementado la brecha salarial entre las diferentes categorías dentro de la sanidad pública andaluza”.

“Un mal histórico”

Por otra parte, indica que “aunque la maquinaria publicitaria del PP ha estado vendiendo excelencias, cuando nos vamos a los datos concretos y a la percepción que tiene el ciudadano, vemos que evidentemente Andalucía tiene que invertir más en sanidad, más y mejor, y desarrollar políticas de gestión donde se defienda lo público y no invertir en la privada”.

Desde UGT en Andalucía, Antonio Macías, secunda: “Estar a la cola del gasto sanitario por habitantes es un mal histórico y que desgraciadamente seguirá siéndolo, si no se ponen remedios contundentes. Por un lado, tenemos unos servicios sanitarios más que mejorables. Ni hacemos nuevos ni se mantienen correctamente los que tenemos. Y por otro lado, tenemos un déficit de profesionales, que si bien han crecido en unos 10.000 -éramos unos 100.000 en 2019 y podemos estar en 110.000 hoy- no ha sido suficiente para amortiguar el espectacular aumento asistencial provocado por la covid y mucho menos para resolver el tapón” asistencial que ha provocado aumento de las listas de espera“.

Por otro lado, critica que se esté “formando a profesionales para que después se los lleven otros”. Demanda un plan a varios años que contemple mejoras en infraestructuras: “Parece que por abrir el Hospital Militar de Sevilla ya lo tienen todo hecho”, ironiza sobre una de las actuaciones más promocionadas por el Gobierno del PP.

Finalmente, incide en la eventualidad: “Es increíble que a estas alturas tengamos a 12.000 profesionales eventuales -a inmensa mayoría médicos y enfermeros- con contrato temporal hasta el mes de diciembre. Tras tres años de contratos eventuales, mantienen que estos profesionales no son necesarios en nuestro SAS y que pueden prescindir de ellos”.

Muchas cosas ha dejado patentes la pandemia de coronavirus que ya afronta España desde otro prisma, pero si hay una que se ha impuesto sobre las demás es la importancia de contar con una sanidad robusta. Sin embargo, no todas las comunidades han trasladado la lección en forma de inversión a las cuentas públicas para este 2022. Aunque el presupuesto general se ha incrementado en un 4,5% respecto a un año antes, hasta en cuatro comunidades la subida no alcanza ni siquiera el 1%, otra prácticamente mantiene el mismo gasto e incluso dos han decidido dedicar este año menos recursos a la sanidad.

Son algunos de los datos contenidos en un análisis hecho público este miércoles por Amnistía Internacional, que califica de “ligera e insuficiente” la escalada del presupuesto global: el 4,5% supone menos de la mitad de lo que creció el gasto sanitario en 2020, el año en el que la sanidad tuvo que hacer un insólito esfuerzo para atajar los efectos del virus. Nunca los hospitales y centros de salud habían tenido que afrontar una situación semejante y lo hicieron tras una “década perdida” plagada de recortes, pero ahora, dos años después, “la sanidad pública sigue al límite”, diagnostica la ONG.

No todas las comunidades han reaccionado de la misma forma y se dan grandes diferencias territoriales: la subida ha sido apenas perceptible, por debajo del 1%, en Baleares, Murcia, Navarra y Galicia, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha contemplan en sus presupuestos un gasto en sanidad menor que en 2021 y acumulan un descenso del 4,9% y el 1,2% respectivamente. La Rioja, por su parte, se mantiene prácticamente igual y Castilla y León no ha sido analizada por contar con el presupuesto de 2021 prorrogado.

En el otro lado de la tabla están Catalunya y Madrid, las dos comunidades que más incrementaron este 2022 su inversión con cifras cercanas al 10%: 9,9% y 8,36% de subida respectivamente. Les siguen Extremadura (7,03%) y Andalucía (6,23%). Y todas ellas conforman un grupo de comunidades a las que Amnistía Internacional reclama “que mantengan esta tendencia alcista” y que eleven aún más su inversión, pero la evaluación global que hace la organización es que, en general, las comunidades “no están cumpliendo con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud”.

Los datos recopilados por la ONG desglosan qué parte del presupuesto es destinado específicamente a personal: el conjunto de las comunidades dedica un 7,1% más a este gasto que en 2021, pero solo dos han subido la inversión más de un 10%. Son Catalunya (20,65%) y la Comunidad de Madrid (12,46%), donde los médicos han mantenido una huelga por la alta temporalidad de las plantillas, que alcanza el 52% en los hospitales y el 35% en la Atención Primaria con miles de profesionales que encadenan contratos precarios.

La Comunitat Valenciana (7,87%) y Canarias (6,22%) rebasan el 5% de aumento. Por debajo se encuentran Extremadura (3,98%), Baleares (3,22%), Euskadi (2,13%), Asturias (2%), Aragón (1,81%) y Castilla-La Mancha (0,5%). Por último, Navarra, Galicia y La Rioja invierten prácticamente lo mismo, mientras que Cantabria y Murcia han presupuestado menos (-1,87% y -1,28% respectivamente).

Sin “apuesta decidida” por la Atención Primaria

El análisis sirve de base a la nueva campaña de Amnistía Internacional, con la que reclama específicamente a las administraciones públicas un mayor esfuerzo en reforzar la Atención Primaria, la gran damnificada por la crisis. La organización lamenta que esta pata de la sanidad haya “protagonizado las declaraciones de las autoridades” desde que estalló la COVID, pero al mismo tiempo esto cristalice en presupuestos con una inversión que considera escasa. Por eso pide a los gobiernos que en los próximos años dupliquen el gasto “para recuperar el peso perdido en este nivel asistencial”.

Aunque seis comunidades no han aportado cifras desglosadas, el conjunto de la inversión relativa a las diez que sí lo han hecho crece en los presupuestos de 2022 un 8,47%. Un incremento que para la organización “es positivo”, pero considera que “no corresponde a una apuesta decidida para reforzar la Atención Primaria” y que “apenas tiene impacto en términos de recuperación de la inversión en el nivel asistencial más marginado” del sistema. De hecho, su peso en el gasto sanitario total no alcanza el 15%, lejos del horizonte presupuestario del 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De las comunidades sobre las que hay información, las que más han incrementado su inversión en Atención Primaria respecto a 2021 son cuatro: destaca el caso de La Rioja, que casi alcanza una subida del 20%, aunque en términos generales no ha aumentado su presupuesto, sino que dedica una mayor proporción del mismo a este nivel asistencial. Le siguen Catalunya, Murcia y Baleares, en las que el presupuesto crece por encima del 10%.

Por debajo están Madrid, Cantabria, Extremadura, Islas Canarias y Navarra, mientras que solo una, Galicia, dedica menos recursos a este nivel asistencial que un año antes y registra en concreto una caída del 1,9%. “Dos años después de los aplausos y los homenajes que la población dedicaba al personal sanitario desde los balcones de todo el país durante la pandemia, el personal de Atención Primaria está agotado y desbordado”, lamenta la organización.

El Gobierno ha abonado, entre los años 2013 y 2020, un total de 81,91 millones de euros a la Generalitat en concepto de compensación por la atención prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes residentes en otros territorios durante sus desplazamientos de corta duración por la asistencia sanitaria de Atención Primaria y de farmacia recibida. Sin embargo, todavía se adeuda la cantidad 55,68 millones de euros por este mismo concepto correspondiente a estos mismo años.

Así se desprende de la respuesta del Gobierno a una pregunta realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, en la que se interesaba por el estado en el que se encuentran los fondos de garantía asistencial y el fondo de cohesión sanitaria en lo referente a la Comunitat Valenciana.

De este modo, el total distribuido con cargo al fondo extrapresupuestario por liquidación del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y del Fondo de Garantía Asistencial (Foga, creado por el real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones) a la Comunitat Valenciana por años es: 1.143.540,51 euros en 2013; 1.727.732,75 en 2014; 12.729.066,57 en 2015; 15.979.869,48 en 2016; 12.286.834,55 en 2017; 9.438.506,53 en 2018; 16.281.082,25 en 2019; y 15.326.135,45 en 2020. De modo que se ha abonado un total de 84.912.768,09 euros en estos ocho años.

Sin embargo, quedan pendientes de regularizar todavía un total de 55.679.143,84 euros, que se distribuyen de la siguiente forma: 930.989,49 euros corresponden a 2013; 1.064.198,25 de 2014; 11.388.432,60 de 2015; 4.314.291,32 de 2016; 7.816.745,11 de 2017; 11.125.701,60 de 2018; 6.537.697,35 de 2019; y, la mayor cantidad, 12.501.088,12 euros, queda pendiente de 2020.

Según lo establecido en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, los importes que restan por descontar a las comunidades autónomas con saldos negativos, “deben ser deducidos de los pagos a realizar por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de los recursos del sistema de financiación cuando se cumplan las condiciones previstas para ello”, tal y como se recoge en el escrito del Gobierno.

No obstante, aclara el Ejecutivo que hasta el momento no se ha realizado ninguna transferencia en concepto de “saldos positivos dejados de percibir”. Así mismo, apuntan que la dirección general de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad mantienen contactos interdepartamentales y ha elevado consulta para habilitar un procedimiento que permita descontar a las autonomías con saldos negativos los importes que no han podido ser deducidos e ingresados en la cuenta extrapresupuestaria gestionada por Sanidad “para así poder compensar a aquellas los importes de los saldos positivos dejados de percibir desde el año 2013”.

En agosto de 2019, el president de la Generalitat, Ximo Puig, cuantificaba en 300 millones de euros la cantidad que el Gobierno adeudaba a la Comunitat Valenciana por la prestación sanitaria prestada a los ciudadanos desplazados desde otros territorios del Estado.

De todas formas, 2019 se ha cerrado con el segundo mejor dato desde 2010, según un informe del Ministerio de Sanidad

El primer año completo de gobierno de PP y Ciudadanos se cerró sin que hayan conseguido su compromiso de que Andalucía deje de estar a la cola en gasto sanitario por habitante, una situación que se repite ejercicio tras ejercicio y que reiteradamente han usado para atacar a los socialistas cuando estaban en el poder. Con 1.262 euros por habitante en 2019, el año previo a la pandemia, ha sido nuevamente la última comunidad autónoma en este ranking, básicamente porque pese a que han crecido las partidas para sanidad pública en Andalucía, lo han hecho más en buena parte de los territorios.

En cualquier caso, la importante inyección económica en el presupuesto de 2019 para la Consejería de Salud y Familias ha permitido que sea la segunda mejor cifra desde el informe de 2010, cuando se situó en 1.264 euros por habitante, según también este estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad. Entonces, Andalucía también estaba la última, como ha ocurrido desde que en 2002 se completaron las competencias sanitarias y se ofrece esta estadística. Se da la circunstancia de que a partir de 2009 comenzó un descenso paulatino en este concepto a raíz de la crisis de 2008, cuando se situaba en 1.330 euros, cifra nunca más lograda, pese a los incrementos en el último lustro.

Esto ha servido de artillería contra los socialistas, y de hecho, fue uno de los temas que en el debate electoral de 2018 el actual presidente, Juan Manuel Moreno, usó reiteradamente contra su predecesora Susana Díaz, cuando ella se jugaba la reelección.

Pese a ese esfuerzo en el primer presupuesto de las derechas en Andalucía, que con 11.056 millones de euros (una subida de más de 4%) marcó un hito en la inversión en esta materia, el informe de 2019 que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad sitúa a la comunidad autónoma 218 euros por debajo de la media nacional (1.486 euros por habitante). La segunda peor es la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, con 1.340. Estas dos, junto con Baleares (1.475), Canarias (1.477) y Comunidad Valenciana (1.477), son las únicas por debajo de la media nacional, si bien se observa como ninguna está a tanta distancia todavía como Andalucía, que sufre también una deficiencia de financiación que le complica la convergencia.

El incremento ha rozado la media nacional

De este modo, la media nacional en 2019 con respecto al informe de 2018, que era de 1.332 euros, se incrementó en 154 euros, y aunque Andalucía rozó ese aumento (pasando de 1.110 a los citados 1.262) no fue suficiente para adelantar puestos. Y es que ese año el gasto sanitario subió en todas las autonomías, destacando el País Vasco, con 204 euros por habitante más que en 2018, mientras que la Comunidad de Madrid fue la que menos amplió la inversión en la materia, con una subida de 116.

Igualmente, en relación con su población, los territorios con mayor gasto sanitario siguen siendo el País Vasco (1.873 euros por habitante), el Principado de Asturias (1.763) y la Comunidad Foral de Navarra (1.694 ). Sí creció ligeramente en el caso de Andalucía el gasto sanitario en relación con su PIB, pasando de 6,2% a un 6,4%. Pero también en este valor tiene por delante a Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Región de Murcia.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) insisten en la necesidad de incrementar este gasto público, “como se ha puesto de manifiesto con el coronavirus”, que ha dejado en evidencia las carencias de un sistema “debilitado con las políticas de la última década”, con caída de la financiación pública y avance de las privatizaciones.

También el Tribunal de Cuentas elabora su propio informe, si bien el último es de 2018 y se conoció hace solo unas semanas. Sus datos difieren ligeramente de las estadísticas del Ministerio de Sanidad porque pasan un nuevo filtro tras la rendición de cuentas, pero volvieron a situar a Andalucía y la Comunidad de Madrid como las de menor gasto sanitario per cápita, con 1.212 y 1.274 euros, respectivamente.

Extremadura ya ha elaborado las cuentas para el ejercicio de 2021 con las que quiere afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El proyecto de Presupuestos Generales de la región (PGEx) han sido aprobados este miércoles por el Consejo de Gobierno y, de esta forma, comienza su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha presentado el presupuesto, que asciende a 6.423,8 millones, es decir, 417 millones más que el actual, lo que supone un incremento del 6,9%.

Se trata de unas cuentas en las que se cifra la caída de la recaudación en 182 millones de euros. Pero la supresión de las reglas fiscales (déficit, deuda y techo de gasto) y las transferencias adicionales del Gobierno a las comunidades autónomas permiten el crecimiento de los PGEx para 2021.

La vicepresidenta también ha destacado que desde 2018 los Presupuestos regionales han crecido 990 millones de euros.

Pese a ello, la comunidad mantendrá su “prudencia”, lo que la ha llevado a ser “la quinta región con menor nivel de deuda”, con la amortización de 585 millones de euros en 2020, 69 más que en 2019. El gasto corriente aumenta en 90 millones.

Previsión de escenarios

Blanco-Morales ha explicado que para la elaboración de las cuentas se han barajado tres escenarios. Una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), que va del 4,32 por ciento y el 3,78 por ciento en el empleo, en el peor de los escenarios posibles por la pandemia, al 8,71 y 8,85 por ciento respectivamente, en el mejor escenario.

En el primero de ello, más benévolo, con un control de la segunda ola, un aumento de la confianza de los empresarios y consumidores y sin nuevas restricciones, o muy leves, se estima un crecimiento del PIB del 8,71 % y de la tasa de empleo del 8,85 %, según ha detallado en la rueda de prensa de presentación de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio.

En el segundo escenario, de riesgo moderado y marcado por una mayor duración de la segunda ola y restricciones moderadas, estos dos porcentajes se reducirían al 5,85 y 5,54%, respectivamente.

Y en el tercer escenario, más adverso, con un “riesgo severo” de alargamiento de la segunda ola y restricciones también “severas”, la previsión de crecimiento del PIB se cifraría en el 4,32 % y de la tasa de empleo del 3,78 %.

Estas estimaciones, ha aclarado Blanco-Morales, se han realizado sin considerar el impacto del Plan de Recuperación y Resiliencia, que se cifra en un 2,6%.

Blanco-Morales también ha precisado que el proyecto de las cuentas del próximo año no incluye ninguno de los recursos adicionales que puedan llegar a la CCAA del plan de reactivación y recuperación de la UE, actualmente en negociación y a la espera de superar el veto de Polonia y Hungría.

Casi el 70% para gasto social

Según el proyecto de presupuestos, las partidas destinadas a políticas sociales ascienden a 4.063,6 millones de euros, casi 267 millones de euros más (7 %) sobre lo presupuestado este año, lo que significa que 7 de cada 10 euros van dirigidos a estos fines.

Dentro de este apartado, las políticas sanitarias cuentan con 1.876,5 millones de euros, 133 millones más que en 2020 (+7,7 %); las educativas se respaldan con 1.187,8 millones, con un crecimiento del 8,3 %; los recursos a la Dependencia se dotan con 360,6 millones de euros, 13,5 millones más (+3,9%) que en 2020, y casi 336 millones son para Empleo, cantidad que sube un 4,9%.

Además, cerca de 166 millones de euros son para Promoción Social, unas políticas que suben un 3 %; las de vivienda rozan los 71 millones de euros, casi 7 millones más que este año, y Cultura contará con 66,2 millones, un 0,7% más.

Por lo que respecta a las políticas económicas, el proyecto presupuestario recoge 1.551 millones de euros, que suben un 5,4 %, con 79,5 millones de euros más.

Casi el 50% de este importe es para Agricultura, con 751,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi 18 millones de euros (+2,4 %) con respecto a 2020; las infraestructuras se respaldan con 518,3 millones, más de 40,4 millones sobre las cuentas de este año, y las políticas de innovación y tecnología contarán con 138,8 millones de euros, un 8 % más que en 2020.

Asimismo, las políticas de empresa se dotan con 95,4 millones de euros, que suben un 10,3 %, y las propuestas de comercio y turismo dispondrán de 46,8 millones de euros, más de dos millones en relación a este año.

A ambos importes -políticas sociales y económicas- hay que sumar 223,7 millones de euros para las denominadas “políticas generales”.

Extremadura ha recibido ya 139 millones de euros del Fondo Covid-19, aprobado por el Gobierno para las comunidades autónomas y dotado con un total de 16.000 millones, y estima que percibirá 140 millones más de este dinero en el mes de noviembre.

El secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, ha indicado que, a pesar de “estar siendo un año muy difícil”, desde el Gobierno extremeño “nunca hemos tenido la sensación de falta de recursos” para poder afrontar la pandemia de coronavirus, debido a la rápida respuesta, a su juicio, del Ejecutivo de Pedro Sánchez para dotar de fondos a las comunidades autónomas.

Del Fondo Covid-2019, el secretario general ha recordado que Extremadura ya recibió con cargo al bloque 1, de gasto sanitario, 96 millones de euros en julio; y al tramo 3, de gasto educativo, 43,3 millones de euros en septiembre.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha dedicado esos 96 millones, según Novas, fundamentalmente para la contratación de personal, a lo que ha destinado 26,2 millones de euros; y a la adquisición de material sanitario y productos farmacéuticos, con 58,1 millones de euros.

Para productos de limpieza, desinfección y seguridad de instalaciones, ha empleado 1,4 millones; para asistencia sanitaria con medios ajenos (para reforzar la atención a las listas de espera), 3,5 millones de euros; para otros gastos corrientes, 2,8 millones; y para inversiones en equipamientos e instalaciones, 3 millones de euros.

Además, para el mantenimiento e instalación de infraestructuras sanitarias, se han empleado 0,7 millones de euros; y para vestuario, lencería y alimentación, 0,4 millones.

Gasto en educación

Por otra parte, en lo referente al tramo de gasto educativo, Isidoro Novas ha explicado que de los 43, 3 millones recibidos en septiembre, 39,2 millones de euros se han dedicado a contratación de personal docente y no docente por parte de la Consejería de Educación y Empleo y también por parte de la educación concertada.

Asimismo, se han destinado 2 millones de euros para mejorar la atención de los comedores escolares y las líneas de transporte escolar y aún falta por concretar el destino de otros 2 millones de euros que se han asignado a la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital para transferir a la Universidad de Extremadura.

De esta forma, del total de los 139 millones de euros que hasta ahora ha recibido Extremadura con cargo al Fondo Covid-19, 64,5 millones se han destinado a contratación de personal.

Así, el responsable de Presupuestos de la Junta de Extremadura, que no ha facilitado los datos referidos al SES, ha especificado que en educación se han contratado 747 docentes y 249 efectivos en personal no docente para los centros educativos, fundamentalmente técnicos de Educación Infantil, camareros-limpiadores y programadores, mientras que en la educación concertada se han ampliado las plantillas este curso 2020/2021 en unos 150 docentes, lo que en conjunto supone la contratación de 1.146 personas.

Sanidad, minoración de ingresos y transportes

Con respecto al dinero que falta por llegar y que se librará en noviembre, Novas ha precisado que se trata del tramo 2 del bloque sanitario en el que la Junta prevé recibir unos 51 ó 52 millones de euros, aunque hay que conocer una serie de parámetros y la evolución de la pandemia a fecha de 31 de octubre; y del bloque 4, referido a minoración de ingresos y transportes, con unas previsiones que se sitúan en alrededor de 88 millones de euros.

Isidoro Novas ha puesto en valor que el Fondo Covid-19 para las comunidades autónomas “va a tener un traslado de cara al año 2021” , ya que el Ministerio va a asumir una parte del déficit de estas, una medida que supone en dinero unos 13.500 millones de euros y cuyo criterios de reparto “seguramente serán distintos”.

También ha destacado la importancia del fondo europeo de 12.436 millones de euros, de los que 10.000 irán directamente a las comunidades autónomas para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus y el resto también les beneficiará pues se van a emplear, según el secretario general, a la adquisición de vacunas de manera centralizada, para hacer un plan de reforzamiento de la Atención Primaria y también para un plan de renovación de la tecnología sanitaria.

La sanidad regional ni mejora ni empeora según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Se trata del XVI informe que trata la calidad de los servicios sanitarios de cada una de las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha lleva desde 2016 situándose en la sexta posición, por debajo de Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra y Aragón. La región llegó a situarse entre las cinco peores en 2015.

El informe puntúa los servicios ofrecidos en cada región con un puntaje que va desde los 31 a los 126 puntos. Según estos criterios, la puntuación media obtenida por todas las regiones es de 76,88 puntos, siendo Navarra la mejor situada con un total de 102 puntos. Castilla-La Mancha no logra entrar en el grupo de comunidades con mejores servicios sanitarios, pero se queda en el segundo mejor grupo, el de los “regulares” junto a Castilla y León, La Rioja y Extremadura.

Según los datos del informe, el presupuesto sanitario per cápita en 2019 para los castellanomanchegos fue de 1.375 euros, lo que supone cien euros menos que en regiones como Castilla y León, o 300 euros menos que en País Vasco. Sin embargo, también son casi 200 euros más que en Cataluña y unos 100 euros más que en la vecina Comunidad de Madrid. La región que más dinero dedica a sus habitantes es Asturias, con un total de 1.717,49 euros durante este año.

Menos de dos médicos especialistas por cada mil habitantes

En cuanto al número total de camas del que dispone la sanidad pública en territorio castellanomanchego, se calcula que hay 2,78 camas por cada mil habitantes, en contrastre con otras regiones como Cataluña en la que hay 4,16 o en Aragón, donde hay 4,02. Sin embargo, también está por delante de otras regiones como Andalucía o La Rioja que tienen 2,46 y 2,47 camas, respectivamente, por cada mil habitantes. En cuanto al número de quirófanos del que se dispone, Castilla-La Mancha sí que se queda atrás y comparte con la Rioja el número más bajo disponible: 0,07, por cada 100.000 habitantes.

Estos parámetros son los que hacen rerefencia a la financiación, recursos y funcionamiento de la sanidad, dentro de los criterios analizados por el documento. Se trata de parámetros similares a los utilizados por la Organización Mundial de la Salud o el servicio europeo Eurostat, tal como indican en el documento. En el documento también se valora la política farmacéutica que se lleva a cabo, así como la valoración de los ciudadanos y las listas de espera, o la privatización sanitaria en la región.

En el caso de los servicios privados, por ejemplo, Castilla-La Mancha está entre las que los ciudadanos menos gastan en este tipo de servicios, con una media de 321 euros al año, según el barómetro del CIS. Sólo la superan Canarias, con 317 euros y Extremadura, con 312 euros. De todos modos, el porcentaje del gasto sanitario está en la mediana de las regiones, con un 5% dedicado a la contratación con centros privados. Es mayor que el de Aragón, Cantabria o Castilla y León, entre otras, pero sustancialmente menor que el de Cataluña, que llega al 24,9%.

Los castellanomanchegos no disponen, eso sí, de dos médicos especialistas por cada mil habitantes, según los datos del documento, pero sí de más de tres enfermeras para este número de vecinos. El número es aún más bajo en el caso de médicos de Atención Primaria o de enfermeras: apenas hay 0,84 y 0,74 de cada uno cada mil vecinos, respectivamente.

En cuanto al gasto farmacéutico, los castellanomanchegos gastarán de media este 2019 un total de 251,13 euros en recetas, gasto que ha aumentado en un 3,3% entre 2017 y 2018. El gasto médico hospitalario es de 134,6 euros, que también ha subido pero en casi un 8%. Los castellanomanchegos otorgan a su sistema de salud un 6.65, del 0 al 10, en satisfacción y cerca de un 80% prefiere hospitalizarse en la sanidad pública. Además, más del 80% reconoce que la atención recibida fue buena o muy buena. El 73% de los ciudadanos opina que la Sanidad funciona bien o bastante bien.

A pesar del incremento histórico para Sanidad que reflejan los nuevos presupuestos andaluces para 2019 (7,9% con respecto al año anterior), CSIF-A advierte de que Andalucía ocupa la última posición en gasto por habitante. Si se compara dicha partida per cápita entre esta Comunidad y País Vasco, la diferencia es de casi 500 euros.

El sindicato reconoce que estos presupuestos contribuirán a mejorar la contratación en verano y a la atención en puestos de difícil cobertura, pero siguen siendo insuficientes con respecto a la demanda real que existe tanto en el terreno del personal como en el de las infraestructuras.

CSIF-A denuncia que Andalucía se encuentra entre las peores ratios en enfermeros, fisioterapeutas, médicos y resto de categorías. Según varios estudios realizados por el sindicato, sólo en el caso de la enfermería, harían falta 6.000 profesionales más.“La sanidad andaluza, más allá de los parches, necesita un gran pacto que preserve los derechos fundamentales y marque los tiempos de consecución del mismo”.

Igualmente ocurre con las infraestructuras. El sindicato reclama que se diseñe un plan de dotación de recursos para toda la Comunidad con arreglo a los estándares de calidad que la sanidad pública, los profesionales y la ciudadanía demandan.

País Vasco, Asturias y Navarra son las comunidades autónomas que más dinero público destina a la sanidad por cada habitante. En el otro extremo, las regiones que menos dinero dedican se sitúan Andalucía, Madrid y Canarias, según la Estadística de Gasto Sanitario Público de 2017.

Los datos de este trabajo, publicado en la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, muestran que el gasto sanitario total de las autonomías en ese año ascendió a 63.494 millones de euros, el 5,5% del PIB, con una media por habitante de 1.370 euros.

El 44,3% del gasto sanitario público del sector se originó en tres comunidades autónomas Cataluña (con 10.330 millones de euros), Andalucía (9.692 millones) y Madrid ( 8.121 millones), en tanto que La Rioja (444 millones), Cantabria (850 millones) y Navarra (1.030 millones) son las que contaron con el gasto más bajo en valores absolutos.

En cambio, en relación a su población, País Vasco se situó en primer lugar con 1.710 euros por habitante, seguida de Asturias, con 1.625 euros por habitante y Navarra, con 1.608 euros; mientras que las comunidades con menos fueron Andalucía (1.153 euros), Madrid (1.254) y Canarias (1.334 euros).

En términos generales, el gasto sanitario público en 2017 en España alcanzó los 68.483 millones de euros, lo que representa el 5,9% del PIB, y el gasto per cápita fue de 1.472 euros, una cifra algo superior a los últimos años, ya que en 2016 fue de 1.436; en 2015, de 1.415; en 2014, 1.332; y en 2013, 1.320 euros.

La retribución de personal, que en 2017 supuso 30.181 millones de euros, es el gasto que absorbe un mayor porcentaje del total (el 44,1%), según el informe, que también indica que la función que “mayor peso” tuvo en el ámbito de la asistencia sanitaria pública fue la de los servicios hospitalarios (representaron un 62,1% del gasto total consolidado).

El gasto en farmacia representó el 16,4% y los servicios primarios de salud, el 14,2%. El sector de las comunidades autónomas “fue el responsable” del 92,7% total del gasto, seguidas de las mutualidades de funcionarios (3,1%), la Seguridad Social (2,4%), la Administración Central (1%) y las Corporaciones Locales (0,9%).

La factura médica de la contaminación de los coches es milmillonaria: tratar las enfermedades relacionadas con la polución atmosférica causada por el tráfico le cuesta a España más de 3.600 millones de euros al año. Unas tres cuartas partes de este gasto las cubre la sanidad pública, según el informe elaborado por la Alianza Europea de Salud Pública publicado este martes.

La contaminación que sale de lo tubos de escape tiene consecuencias fatales: mueren al año 38.600 personas en España, según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). En la Unión Europea la cifra se va a los 400.000 fallecimientos. El daño lo produce un cóctel de gases y partículas producidos por la combustión de los motores. El principal agente dañino es el de las partículas microscópicas de 2,5 o 10 micras, según ha explicado la EEA, pero la Agencia también ha destacado las consecuencias lesivas de los óxidos de nitrógeno y el ozono troposférico.

La relación entre mayor contaminación atmosférica y peor salud ha ido documentándose de manera que puede afirmarse que, cuando crece la polución, incrementa la presión sobre la atención sanitaria.

De hecho, durante picos con altos niveles de contaminantes en el aire, está certificado un aumento en el número de ingresos hospitalarios. También dispara un 20% el riesgo de sufrir un ictus, como acreditó un estudio del Hospital del Mar de Barcelona. “Hay más infartos provocados por la contaminación que por la cocaína”, ha contado el cardiólogo de Vall d'Hebron, Jordi Bañeras. El investigador Jordi Sunyer alertaba hace unos meses de que “el cerebro de los escolares expuestos a mayor contaminación funciona más desorganizado y lento”. Y todo eso genera una serie de gastos que es lo que este estudio ha analizado.

Esta nueva revisión, llevada a cabo por la consultora ambiental DE Delfit para la federación de ONG's, pone el foco en los costes que impone la contaminación creada por el transporte (y en especial los motores diésel). Los cargos al sistema sanitario se comen el 90% de la cantidad global: 3.600 de 3.900 millones de euros solo en 2016. La mayor parte sostenida por los fondos públicos.

El estudio analiza el trayecto entre la fuente de emisiones y su dispersión hasta llegar a la afección sobre la salud humana por el incremento de concentración de contaminantes. Y ahí se evalúa el impacto monetario de las enfermedades relacionadas. En el caso de la polución se refieren a problemas cardiovasculares, asma, respiratorios o cáncer de pulmón. Los componentes tóxicos en el aire tienen efectos probados por la exposición tanto a corto como a largo plazo en estas patologías.

El documento estima por primera vez cuánto cuesta tratar el exceso de enfermedades relacionado con el aire contaminado por el tráfico. Y recuerda que los cálculos sobre emisiones están basados en sistemas que, finalmente, se revelaron falseados –como demostró el dieselgate–. Por eso incluye un apartado en el que aplica el cálculo de la iniciativa TRUE que mide las emisiones de gases de los coches in situ, en su circulación real. De esa manera el coste pasaría de esos 3.600 a 4.600 millones.

Con todo, recuerdan que “las políticas más ambiciosas en cuanto a la prohibición de los vehículos más contaminantes redundan en grandes ahorros económicos”. Sus modelos indican que, al reducir la cantidad de gases tóxicos lanzados, la factura sanitaria se reducirá correlativamente. Esperan que para 2030 los gases de los coches se hayan recortado en más de tres cuartas partes de lo actual.

Campo para la confrontación política

En este sentido, Madrid vive estos días la confrontación entre un plan de restricción generalizada de tráfico y la oposición política a su implementación. Un ejemplo del terreno en el que se mueven esas políticas a las que hace referencia el documento presentado por Alianza por la Salud Pública. El 30 de noviembre entra en funcionamiento una gran zona de bajas emisiones en la capital que se ha llamado Madrid Central. 472 hectáreas con restricciones al paso de vehículos privados a base de combustibles fósiles. El área hará que Madrid entre en la lista de urbes del mundo que cuentan con planes climáticos específicos acordes con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático en el que ya están Barcelona, Nueva York, París, Londres o Estocolmo.

El Ayuntamiento madrileño asegura que evitará más de un tercio de los kilómetros recorridos por automóviles y “un 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno” (el gas por el que España tiene abierto un expediente sancionador en Europa debido a los niveles ilegalmente altos de, entre otras ciudades, Madrid). Sin embargo, la administración regional gobernada por el Partido Popular quiere paralizar el proyecto. El presidente de Madrid, Ángel Garrido ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia para que los magistrados suspendan cautelarmente el proyecto. Nada más conocerse el plan de la alcaldesa Manuela Carmena, la entonces líder de la oposición municipal, Esperanza Aguirre, lo tildó de “cochofobia”. Más adelante han acusado a Madrid Central de atentado contra “la libertad, echándole la culpa al coche privado”.

El diésel se lleva la peor parte. La investigación señala diferencias obvias en cuanto a la afección a la población según se viva en “entornos urbanos o rurales”. También distingue el tipo de vehículo y el combustible utilizado. Los coches de pasajeros son los que salen peor parados en España con unos costes de 2.079 millones de euros en 2016. 1.700 de ellos atribuibles, aseguran, al diésel.

La patronal de los fabricantes ANFAC asegura que hay que diferencias entre unos motores de gasoil y otros. Anfac insiste en que los modelos modernos son ya de “bajas emisiones”. Y defienden que “el problema no es el diésel, son los coches viejos que circulan por nuestras carreteras”. La vida media del parque móvil español es de algo más de 12 años, según la patronal. Todo esto en el contexto del borrador de nueva ley de cambio climático presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica que prevé prohibir los nuevos modelos de esta tecnología en 2040.

La inversión en atención primaria es muy rentable para los sistemas sanitarios: permite economizar esfuerzos más costosos como los de atención especializada y dedicar esos recursos a otras áreas. También el uso de medicamentos genéricos tiene esa capacidad. Ambas medidas servirían para evitar gastos poco útiles que llegan hasta un 20% de la inversión sanitaria en la Unión Europea, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado este jueves. España gasta unos 95.000 millones de euros en sanidad.

La organización considera que muchos ingresos hospitalarios son “evitables”. Sobre todo los de las patologías más extendidas en Europa: diabetes, enfermedad obstructiva pulmonar, asma, fallo cardíaco e hipertensión. “Muchos pacientes se presentan en los hospitales simplemente porque la atención primaria no está disponible”. Así, se acude al servicio de urgencias. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias asegura que hasta la mitad de todos los ingresos proceden de este servicio.

Según el estudio Panorama de la Salud 2018, estas enfermedades generan 4,6 millones de admisiones, un 6,5% del total en la Unión Europea. La OCDE calcula que en España, los ingresos evitables podrían ser hasta el 6,3% del total. La media de la UE es de 5,5%. Y añade que muchos de estos ingresos podrían evitarse con una “mejor gestión tanto de patologías crónicas como agudas fuera del hospital”. La Organización Médica Colegial española calculó en 2016, que los recortes económicos en Primaria habían sido hasta un 4% superiores a la media del resto del sistema sanitario.

Otra de las partidas en la que la OCDE ve margen para un gasto racional es el de los medicamentos que suponen el 17% del presupuesto sanitario público y privado a nivel europeo. En España es un poco más, pero no llega al 20% (sin incluir los medicamentos hospitalarios). Supone un mercado de unos 18.000 millones de euros a lo que añadir los productos de hospital. Algo menos de dos tercios es a cuenta de presupuestos públicos y el resto del bolsillo privado o las aseguradoras, indica la OCDE.

El estudio concluye que los países pueden crear alianzas para ganar “fuerza negociadora” a la hora de adquirir fármacos de los laboratorios. También apuesta por “crear mercados competitivos y promover el uso de genéricos y biosimilares”. En España el mercado de genéricos anda en menos de la mitad del volumen total y un 25% del valor del negocio. La oganización insiste en que estas medidas de ahorrar “no significa necesariamente gastar menos sino que puede suponer obtener más valor con el gasto actual”.