El urbanismo de las ciudades es también una forma de memoria. Edificios y calles cuentan los relatos que conforman su historia, desde los pueblos que las habitaron hasta los grandes sucesos que las sacudieron. En Madrid, algunos ejemplos dispares son los restos de su muralla árabe, el legado del estilo arquitectónico neomudéjar o los icónicos grafitis de Muelle. Algunos vestigios, sin embargo, no retrotraen a épocas de esplendor. Tampoco a grandes logros artísticos. Son recuerdos accidentales del fracaso, la quiebra, la incompetencia o incluso la delincuencia. Reflejos de los aspectos más vergonzantes de un país.

Es lo que sucede en la capital con los estertores que resisten de la empresa Gowex, de cuya caída en desgracia se cumplen ya más de once años. La compañía que prometió wifi gratuito por toda la ciudad (y en muchas otras) aún está presente en muchos de los espacios públicos que su proyecto pensaba utilizar como parte de la infraestructura. Algunas marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y muchos quioscos todavía conservan carteles o láminas con el característico logo de Gowex: una mano blanca y curvilínea haciendo la señal de ok sobre un fondo azul, con el nombre de la compañía escrito al lado en el mismo color. Para muchos transeúntes pasará como una publicidad más, una que quizá se ha quedado antigua a tenor del desfasado diseño y del desgaste que acumulan estas cartelas. En realidad, es todo lo que queda de la gran mentira empresarial de la década pasada.

Creada y presidida por Jenaro García desde 1999, Gowex ofrecía algo tan futurista para la época como wifi gratis de forma masiva, declarando más de 100 millones de ingresos anuales y anunciando una red de puntos de conexión que superaba los 100.000 terminales. Hasta que el caso Gowex estalló el 1 de julio de 2014 con un informe de Gotham City Research. Este fondo bajista, que gana dinero apostando por la caída de empresas cuyas cuentas cuestiona, emitió un análisis que pinchaba la burbuja de la compañía. Gowex cotizaba por aquel entonces en el denominado Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde las empresas no están obligadas a detallar sus cuentas, pero sí a que existan unos asesores a modo de intermediarios.

El informe de Gotham City Research desveló que ni una sola de las cifras de ese supuesto éxito financiero y técnico era verdadera. Sus ingresos reales eran, como mucho, un 10% de lo que estaban declarando. La red de puntos wifi, según las estimaciones más optimistas, era tres veces menor de lo que afirmaba. Los créditos millonarios que afirmaban haber obtenido en Estados Unidos no existían. Y todo ese falso volumen de negocio, que un auditor había dado por bueno sin hacer comprobaciones, venía de un sistema de facturas falsas y compraventa de mercancías que no existían. Gowex, supuestamente, había recurrido al proveedor de sociedades fantasma que suministró a la Gürtel, a la operación Marsans y a la trama del caso Nóos.

Gowex, la promesa con pies de barro

Mientras tanto, los directivos se habían repartido tres millones en dividendos y habían engañado a los grandes bancos del país: Santander, Bankinter, la Banca March, Deutsche y Caixabank le dieron más de 22 millones en créditos y avales. Llegó a conseguir un préstamo subvencionado del Gobierno para un proyecto sobre la brecha digital en Cádiz con fondos europeos, según publicó El Confidencial.

En Madrid, Gowex había establecido un modelo de consorcio público-privado para impulsar a la capital española como ejemplo de Wireless Smart City junto con el Ayuntamiento de Madrid, que por entonces lideraba Ana Botella. Autobuses de EMT, quioscos de prensa, espacios abiertos... La ciudad había logrado, según aseguraba la compañía pocos días antes de que se revelaran sus cuentas reales, dotar de wifi gratis a más del 40% de Madrid, “convirtiendo la capital en una de las ciudades mejor conectadas del mundo”. Desde el consistorio precisaron luego que “la infraestructura técnica y la tecnológica pertenecen a la propia EMT” y que Gowex era “solo un patrocinador”, según recogía ABC. Botella dijo estar “sorprendida” por la noticia del fraude y anunció que rescindiría “inmediatamente” los contratos municipales si se demostraba que las cuentas eran falsas.

La Comunidad de Madrid también se sumó a esta fiebre tecnológica (y finalmente fraudulenta). El Gobierno autonómico que presidía Ignacio González firmó un contrato con Gowex para instalar wifi en toda la red de Metro. El proyecto estaba a punto de iniciarse en Nuevos Ministerios cuando trascendió mediáticamente la verdadera situación financiera de la compañía. El plan era ir ampliando progresivamente el servicio a las principales estaciones del suburbano, pero nunca llegó a completarse. Posteriormente, el suburbano modificó su apuesta y trabajó en mejorar la cobertura de datos móviles mediante un convenio de 16 millones de euros con los principales operadores móviles. Alcanzó la red completa en 2021, terminando de apuntalar el verdadero futuro de las conexiones digitales con el 4G.

No solo Gowex está en la calle, también su fundador: “Quiero entrar ya en la cárcel”

Jenaro García negó durante una semana que el informe que expuso la coyuntura real de su empresa fuera cierto, hasta que compareció en la Audiencia Nacional con un escrito titulado “manifiesto y confieso”. En él, reconocía que “las cuentas desde la salida a Bolsa no respondían a la realidad” y que toda la responsabilidad era suya. Se iniciaba entonces un periplo judicial que, más de una década después, todavía está pendiente de juicio.

El magistrado que investigó el caso en la Audiencia Nacional decidió enviar al fundador de Gowex y varios colaboradores al banquillo al entender que “las cuentas no respondían a la realidad, ni reflejaban la imagen fiel, lo que no impidió la captación de nuevos inversores”. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación presentado en 2019, pidió hasta 18 años de cárcel para Jenaro García y multas que superan los 10,2 millones de euros.

El propio García aseguró, en una entrevista a El Mundo publicada en 2024, que deseaba una resolución cuanto antes: “Quiero entrar ya en la cárcel”, declaró. Pero de momento este histórico fraude no termina de cerrarse en los tribunales. Los juzgados, al igual que las calles de Madrid, se resisten a dar carpetazo definitivo a un caso que dice mucho sobre la España de la colaboración público-privada desatada. Sobre ese mundo que todavía veía en las empresas tecnológicas un halo de esperanza hacia el futuro. Así, puede que no esté mal conservar esas señales de Gowex, a modo de recuerdo permanente de los errores cometidos en el pasado que siempre pueden repetirse en el futuro.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham City, la firma especializada en apostar a la baja contra empresas, por supuestamente lanzar al mercado financiero “información sesgada y engañosa” sobre la credibilidad de Grifols para inducir a sus inversores a vender las acciones  de esta farmacéutica. Y, en consecuencia, provocar una caída del precio que le generaría un beneficio tanto a Gotham como a General Industrial Partners LLP (GIP), la otra mercantil denunciada. 

Los hechos se recogen en una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito contra el mercado y los consumidores. El auto recoge los mensajes publicados por Gotham entre el 8 y el 9 de enero pasados en la red social Twitter, actualmente X, en donde incluía un informe sobre Grifols que concluía drásticamente que las acciones de la farmacéutica valían 0 euros. Como consecuencia de ese informe, el mismo día 9 de enero las acciones de Grifols alcanzaron antes del cierre de la sesión unas pérdidas de 3.814 millones de euros.

En ese mismo documento, añade el juez, Gotham informó de que es una filial de General Industrial Partners LP y que esta mantenía una posición “corta” en Grifols, superior al 0,5% del capital social. Tras la publicación del informe de Gotham la posición corta de aquella se redujo drásticamente al 0,06%.

Operar en “posiciones cortas”, explica Calama, implica vender acciones de las que no se es propietario y que se han tomado en préstamo, para venderlas ventajosamente, debiendo posteriormente comprar a fin de devolver las acciones prestadas. La ganancia radica en la diferencia entre el precio de venta de las acciones y el de compra de las acciones (o recompra de lo vendido). Esta operativa, indica el auto, supuso para GIP una plusvalía superior a 9,4 millones de euros.

El magistrado considera que concurren los requisitos para investigar el delito relativa al mercado y los consumidores al tratarse “de una difusión de noticias o rumores sobre una sociedad mercantil —en este caso sobre Grifols— que contendría datos económicos total o parcialmente falsos con una potencialidad para alterar o preservar el precio de cotización de dicha mercantil, y, además, las pérdidas y beneficios se produjeron en el ámbito de operatividad de los datos falsos difundidos”.

Las primeras diligencias que acuerda el juez consisten en requerir a la CNMV para que presente en lengua castellana todos los documentos que remitió a la Fiscalía Anticorrupción. Además, el magistrado ordena a la Policía Judicial de la Audiencia Nacional que localice los domicilios de los cinco denunciados responsables de Gotham, entre ellos Daniel Yu y Cyrus de Weck, y de GIP, así como de las dos mercantiles denunciadas.

Calama ofrece a Grifols la posibilidad de personarse como perjudicada y le requiere para que presente una copia de la demanda que interpuso por estos hechos ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, así como la ampliación de esta misma, que el magistrado ha conocido por los medios de comunicación. Además, pregunta a Grifols si ha interpuesto denuncia por estos hechos ante los organismos estadounidenses y británicos que se encargan de supervisar los mercados de valores y financieros en estos países.  

Las empresas que cotizan en el mercado bursátil dependen, en buena medida, de la imagen de solvencia que proyectan al exterior. Una de sus peores pesadillas es, por tanto, que una mañana aparezca un informe que tire por tierra su contabilidad y desvele deudas ocultas, beneficios maquillados y cuentas que no reflejan su verdadero estado financiero. Esto es lo que ha sucedido este martes con la española Grifols, cuyas acciones se han hundido más de un 40% en bolsa después de que Gotham City Research haya afirmado en un informe que está manipulando sus cuentas y que sus acciones, en realidad, valen “cero”. Lo ocurrido se asemeja a lo que pasó hace casi una década con Gowex, cuyo presidente se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel.

El 'caso Gowex' arrancó el primer día de julio de 2014 con otro informe de Gotham City Research. Este fondo bajista, que gana dinero apostando por la caída de empresas cuyas cuentas cuestiona, emitió un análisis que pinchaba la burbuja de Gowex que pilotaba Jenaro García desde 1999. Una empresa que cotizaba en el entonces denominado Mercado Alternativo Bursátil, que ofrecía algo tan futurista como wifi gratis de forma masiva, con más de 100 millones de ingresos anuales y con una red de puntos wifi con más de 100.000 terminales.

El informe de Gotham City Research desveló que ni una sola de esas cifras era real. Sus ingresos reales eran, como mucho, un 10% de lo que estaban declarando. La red de puntos wifi, según las estimaciones más optimistas, era tres veces menor de lo que afirmaba. Los créditos millonarios que afirmaban haber obtenido en Estados Unidos no existían. Y todo ese falso volumen de negocio, que un auditor había dado por bueno sin hacer comprobaciones, venía de un sistema de facturas falsas y compraventa de mercancías que no existían. Gowex, supuestamente, había recurrido al proveedor de sociedades fantasma que suministró a la Gürtel, al Grupo Marsans y a la trama del caso Nóos.

Mientras tanto, los directivos se habían repartido tres millones en dividendos y habían engañado a los grandes bancos del país: Santander, Bankinter, la Banca March, Deutsche y Caixabank le dieron más de 22 millones en créditos y avales. Consiguió un préstamo subvencionado del Gobierno para un proyecto sobre la brecha digital en Cádiz con fondos europeos.

El presidente estuvo una semana negando que este informe fuera cierto hasta que compareció en la Audiencia Nacional con un escrito titulado “manifiesto y confieso” en el que reconocía que “las cuentas desde la salida a Bolsa no respondían a la realidad” y que toda la responsabilidad era suya. Arrancaba entonces un proceso penal que, una década después, todavía está pendiente de juicio.

El magistrado que investigó el caso en la Audiencia Nacional decidió enviar al fundador de Gowex y varios colaboradores al banquillo al entender que “las cuentas no respondían a la realidad, ni reflejaban la imagen fiel, lo que no impidió la captación de nuevos inversores”. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación presentado en 2019, pide hasta 18 años de cárcel para Jenaro García y multas que superan los 10,2 millones de euros.

La vía civil para recuperar el dinero

Varios afectados del caso, que compraron unas acciones que se desplomaron en unas pocas horas, tomaron otro camino, el de la vía civil, y salieron victoriosos el año pasado. El Tribunal Supremo estableció en una sentencia que cuatro personas, que invirtieron cantidades de hasta 60.000 euros en Gowex, tenían derecho a ser indemnizados. Pero no por la empresa, sino por Ernst & Young, el asesor registrado en el MAB.

El abogado José Antonio Ballesteros defendió a estos cuatro inversores que han conseguido que el Supremo les de la razón. Acudieron a esta vía al comprobar que era poco probable que el proceso penal les fuera a permitir recuperar el dinero. “Vimos que hay, al menos, otro responsable de que esta sociedad estuviera cotizando con unos datos que no parecían reales: el asesor registrado”, explica en declaraciones a elDiario.es.

Es la principal diferencia entre el caso de Grifols y el de Gowex. La farmacéutica española cotiza en bolsa y la empresa de Jenaro García lo hacía en el entonces denominado Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde las empresas no están obligadas a detallar sus cuentas pero sí a que existan unos asesores a modo de intermediarios. “Tienen una trayectoria mas corta, no tienen las mismas obligaciones tan rigurosas de publicación de resultados y para garantía de los inversores se establece que tengan que contratar un asesor registrado que revise la documentación que presentan, que vean que se corresponde con la realidad”, relata el letrado.

En el caso de Gowex, los afectados comprobaron que el asesor “no había cumplido” y que el verdadero estado de las cuentas de la empresa había permanecido oculto a los inversores, convirtiéndoles en afectados. Los juzgados y tribunales territoriales intentaron cerrar esta vía pero la sala primera del Supremo estableció que Ernst & Young, una de las firmas más relevantes del sector a nivel mundial, tenía que hacerse cargo de las indemnizaciones.

“Se habían perdido todas las reclamaciones y el Supremo establece que la obligación del asesor registrado es comprobar la autenticidad de la información que publica la sociedad”, explica Ballesteros. Algo que EY no hizo con Gowex, cuyas cuentas falseadas permanecieron ocultas hasta 2014.

La función del asesor registrado es la de un 'gatekeeper', un verdadero controlador del contenido de esa documentación que tiene que revisar e ir mucho más allá del auditor, ver que el negocio es viable, que tiene una buena proyección“, algo que no se dio en el caso de Gowex. ”Eso es lo que determina la responsabilidad del asesor registrado“.

Diez años después, el caso de la empresa que prometía wifi gratis para todo el mundo sigue atascado en la Audiencia Nacional. Un caso de fracaso en el ahora conocido como BME Growth que se suma a otros nombres como EiDF o incluso la empresa dueña del personaje Pocoyó, entre críticas a una falta de controles, entre otros, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Jenaro García sigue a la espera de juicio con la Fiscalía Anticorrupción atribuyéndole cinco delitos de falsedad documental, fraude a los inversores, apropiación indebida, uso de información relevante y fraude a los presupuestos de la Unión Europea. Teniendo en cuenta como atenuantes su confesión y también la reparación parcial del daño.

La historia no se repite, pero a veces rima: empresa con una trayectoria ascendente en el mercado español de pymes cotizadas, actualmente conocido como BME Growth, pasa de la noche a la mañana de estrella a estrellada. Pasó con Gowex, en menor medida con otras como Zinkia (dueña de Pocoyó), y ahora, con la empresa de autoconsumo EiDF, en un listado creciente de más de una decena de fiascos.

BME Growth, que hasta 2020 se denominaba Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se lanzó en julio de 2009. Desde entonces han debutado en él más de 160 pequeñas y medianas empresas, como explica en su web la compañía que lo gestiona, Bolsas y Mercados Españoles (BME), que destaca las “historias de éxito” de valores como Alquiber (dedicada al renting), Greenalia (que dejó de cotizar en 2022) o Grenergy, que saltó al Mercado Continuo a finales de 2019.

Un camino que luego siguió la compañía de diagnósticos Atrys Health, otro ejemplo positivo junto a la biotecnológica Ab-Biotics, que tras saltar al MAB fue adquirida en una oferta pública de adquisición (opa) por la japonesa Kaneka en 2019. Quizá el mayor exponente es la operadora de telecomunicaciones Másmóvil: debutó en el MAB en marzo de 2012, saltó al Continuo en 2017 y acabó en el Ibex 35, del que fue excluida tras una opa de 3.000 millones de euros de los fondos de inversión KKR, Cinven y Providence.

Desde su creación hasta 2022, el MAB, o BME Growth, ha permitido realizar 532 operaciones de financiación de pymes. El pasado ejercicio, sus integrantes captaron en él 878 millones mediante salidas a bolsa o ampliaciones de capital. En diciembre cotizaban en él 135 empresas con una capitalización de 20.686 millones, que elevaron en 2022 un 34% su facturación, hasta unos 4.700 millones, incrementaron su plantilla un 24%, hasta 28.712 personas, y registraron un beneficio operativo (Ebitda) de 992 millones.

Concebido como una plataforma alternativa a la financiación bancaria para pymes, con menos gastos y trámites que la bolsa tradicional, la gestión de BME Growth corresponde a BME, propiedad de la suiza Six desde 2020. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solo supervisa lo relativo a conductas de posibles abusos de mercado. No la supervisión de la información financiera periódica ni la revisión de las cuentas.

Para eso están BME y los denominados “asesores registrados”: una veintena de empresas privadas (bancos, consultoras…) que valoran la idoneidad de las empresas para salir a este mercado, les ayudan a cumplir los requisitos de incorporación y después les asesoran para ceñirse a las exigencias de información de presentación de cuentas y hechos relevantes.

Las suspicacias llegan cuando episodios como los de Gowex o, ahora, EiDF, ponen de relieve, según sus críticos, el descontrol de este mercado. Un dato inquietante es que de las 22 empresas que saltaron al MAB entre 2009 y 2013, más de la mitad, 13 compañías, acabaron liquidadas, en situación concursal o con graves problemas financieros.

“No creemos en el MAB. Si nos planteamos una salida será al Mercado Continuo”, decía hace unos días Pablo Abejas, consejero delegado del grupo Visalia, una de las energéticas españolas de más crecimiento, que se plantea salir a Bolsa a medio plazo.

Según este ejecutivo, a este mercado “le faltan controles, le faltan mecanismos de seguridad para los inversores. Está muy manejado por cuatro inversores que mueven la acción a base de comprar y vender y no creemos que eso sea positivo”. En su opinión, “la CNMV debería incrementar los controles y tratar al MAB de la misma manera que al Continuo en cuanto a su supervisión. Sobre todo, en cuanto a las compras y a las ventas”.

Actualmente cotizan en BME Growth 139 compañías cuyo valor es de unos 19.200 millones. En breve se incorporarán otras dos, Iflex y Revenga. En él han ganado un peso creciente las socimis, que copan más de la mitad de las empresas y de la capitalización. Otros sectores con cierto peso son la electrónica, la salud, las energías renovables, la ingeniería o las telecomunicaciones.

A las renovables pertenece la empresa gallega de autoconsumo industrial EiDF, a la que la web de BME Growth todavía dedica un espacio destacado en su portada al enlazar un artículo de diciembre de 2022 que recogía un premio a la “estrella emergente” de las pymes europeas. Eran otros tiempos.

EiDF ha pasado de preparar su asalto al Continuo, con su fundador, primer ejecutivo y máximo accionista, Fernando Romero, en las listas de grandes millonarios españoles, a pasarse cuatro meses suspendida de cotización tras tener que reformular sus cuentas a raíz de las discrepancias con su auditora, PwC. Volvió al parqué a finales de agosto, después de la publicación de un informe forense de Deloitte que llevó a la CNMV a advertir de que la compañía había omitido datos “muy relevantes” para sus accionistas, incluyendo un posible falseamiento de facturas.

Tras volver a cotizar, la empresa, que llegó a valer más que Sacyr o que lo que hoy capitaliza Solaria (única fotovoltaica del Ibex), pasó de una valoración de 1.721 millones a 200 millones. Ha perdido más de un 80% de su capitalización respecto a enero.

Su situación trajo a colación el fantasma de Gowex, el mayor fiasco de la historia del MAB. Dedicada a instalar wifi gratis en grandes ciudades y medios de transporte, su fundador, Jenaro García, está a la espera de juicio tras admitir el fraude contable que destapó la firma estadounidense Gotham City Research en un informe que denunció que más del 90% de los beneficios que publicaba eran “sospechosos” y que sus acciones valían “0 euros”, en lugar de los casi 20 a los que cotizaba la sesión anterior.

Gowex debutó en el MAB en marzo de 2010 y fue suspendida de cotización en julio de 2014. El pasado abril, el Tribunal Supremo estimó la demanda de cuatro inversores contra EY, su asesor registrado, por falta de control en la información que la compañía remitía al mercado. La resolución abre la puerta a la indemnización a cientos de afectados por el fraude.

Retahíla de quiebras

Entre la retahíla de miembros del mercado bursátil para pymes que acabaron en concurso de acreedores destaca también la juguetera Imaginarium, que ha entrado en liquidación este año con 37 millones de deuda. La empresa llegó a tener más de 400 tiendas en todo el mundo y fue de las primeras en salir a cotizar al MAB. Abandonó BME Growth poco antes de declararse en concurso en 2022.

La primera en debutar fue la productora audiovisual Zinkia, creadora de Pocoyó, que se acogió al concurso en febrero de 2014, logró levantarlo en 2015 y, tras una reestructuración accionarial, fue excluida de cotización en 2019, poniendo fin a casi una década de andadura en este mercado.

Peor le fue a Bodaclick. Salió al MAB en 2010, poco después de Gowex, y acabó liquidada tras presentar concurso de acreedores el día de San Valentín de 2014. También en 2010 debutó en el MAB el grupo de marketing y publicidad Nostrum, que pasó de anunciar en septiembre de 2012 beneficios de más de 3 millones y unas ambiciosas perspectivas de crecimiento a presentar concurso dos meses más tarde. El MAB suspendió su cotización en febrero de 2013 por “incumplimiento de su deber de contestar los requerimientos de información realizados por parte del Mercado” y acabó acordando su exclusión en marzo de 2014.

La expulsión de Nostrum fue simultánea a la del Grupo Negocio & Estilo de Vida, que se declaró en concurso en febrero de 2013 y había salido al MAB en 2010. Unos meses después lo hizo la coruñesa Lumar Natural Seafood, que se despidió de ese mercado en 2015, tras meses suspendida por no presentar a tiempo sus cuentas.

También acabaron expulsadas del MAB en 2019 la biotecnológica Neuron y su filial bioindustrial Neol Bio, tras presentar concurso en 2017. Ese año suspendió pagos el grupo valenciano de clínicas de estética Vousse, antigua Suávitas, que se había estrenado en el MAB en 2012 y fue disuelta en 2018. Otro caso es la empresa de telecomunicaciones Eurona: debutó en el MAB a finales de 2010, se declaró en concurso en enero de 2020 y anunció su disolución y liquidación en mayo de 2021.

En preconcurso están la biomédica gallega Euroespes, desde abril de este año (y que debutó en el MAB en febrero de 2011); y, desde marzo de 2019, la tecnológica 1nKemia, que salió al MAB a finales de 2012.

En abril esta última comunicó que “antes del 31 de octubre” espera publicar sus cuentas de 2020, 2021 y 2022, que no ha presentado “debido a la situación de reorganización societaria en la que se halla inmersa”.

En junio, Akiles, empresa búlgara dedicada al tratamiento de residuos en zonas urbanas que salió a cotizar al MAB en 2013, y que lleva en concurso desde 2020, anunciaba un “contrato vinculante” para integrarse de forma “inminente” con la checa Tesla, fabricante de baterías industriales (no confundir con el grupo de Elon Musk).

Akiles, antes denominada Ebioss Energy, tiene como único activo una planta de biomasa en Bulgaria y está pilotada por el español Óscar Leiva, que fue representante de Marina D´Or en ese país. Cuando fue suspendida de cotización en noviembre de 2020, capitalizaba poco más de 3 millones, siete veces menos que cuando debutó en el MAB en 2013.

Entre las firmas de este mercado que han logrado superar el concurso, además de Zinkia, está la ingeniería Euroconsult, que lo presentó en 2018 y lo abandonó tras la entrada de un nuevo accionista, Tertius Capital. En julio, tras presentar de golpe sus cuentas de 2018 a 2022, y al explicar las reiteradas salvedades de sus auditores, aseguró que “está en proceso de normalizar su actividad y espera presentar al Mercado en los próximos meses un plan de viabilidad”.

La que sí esquivó el concurso en su momento es Airtificial, hoy en el continuo, tras su fusión con la ingeniería Inypsa, y que saltó al MAB en su día (marzo de 2012) como Carbures. En este caso, con ayuda del Estado: en 2021 Airtificial fue rescatada por el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 34 millones. Los máximos accionistas de esta empresa son el ex periodista y lobbista Ladislao Azcona y el empresario inmobiliario Leonardo Sánchez-Heredero, ex propietario de Bosques Naturales, a la que se ha comparado con Fórum o Afinsa.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 18 años de prisión y una multa de 10,2 millones de euros para el que fuera presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de 'Let's Gowex' y 'Gowex Wireless', Jénaro García Martín. Se le acusa de falsedad en documento mercantil, fraude de inversores, apropiación indebida, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores, según EuropaPress.

El Ministerio Público también acusa a los consejeros de la empresa de WiFi María Florencia Maté y Francisco Manuel Martínez Marugán, para los que solicita 18 y 17 años de cárcel, respectivamente, al titular de sociedades utilizadas para prácticas presuntamente fraudulentas Ignacio Navarro Alventosa, para quien pide un año y 10 meses de prisión; y a las dos empresas matrices, Gowex Rireless y Let's Gowex.

Con todo, Anticorrupción ha aplicado atenuantes en los tres casos. A García Martín le ha rebajado la solicitud de pena por confesión y reparación del daño, igual que a Maté; que ha visto mermada la petición de condena por reparación parcial o disminución del daño causado. En el caso de Alventosa, solicita la pena inferior en grado para el delito de falsedad en documento mercantil con el concurso de un delito societario continuado.

Según explica el escrito de acusación, que cita EuropaPress, los tres acusados “idearon y llevaron a efecto la creación de una estructura de negocio”. Este mecanismo consistía en “aparentar la bondad y credibilidad del proyecto empresarial, sustentado en una cifra de negocio que no respondía a la realidad”. Para ello, simularon la existencia de un flujo de operaciones comerciales inexistentes a través de la elaboración de contratos y la contabilización de facturas ficticias que no obedecían a prestaciones de servicio o recepción y entrega de mercancías, ni a finalidad comercial alguna, añade la Fiscalía.

De este modo, 'inflaron' las magnitudes económicas de la empresa para arrojar un incremento progresivo en cada ejercicio de la cifra de negocio y con esa “ficción creada sobre la realidad económica y solvencia” que se mostraba principalmente a través de sus cuentas, consiguió la confianza de hasta cinco entidades financieras de las que consiguieron crédito.

De hecho, recabaron también la confianza de la Administración Pública. Por resolución de 18 de noviembre de 2011, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de Ministerio de Industria Turismo y Comercio, concedió a Gowex Wireless la financiación de un préstamo de 1,2 millones de euros para un proyecto que habría de reducir la brecha digital en la provincia de Cádiz, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para lograr la ayuda, unos 132.836 euros de intereses que se ahorraban, presentaron un informe positivo de calificación basado, según el escrito de acusación, “en el análisis de una información contable cuyos datos no se correspondían con la realidad económico y financiera de la sociedad” así como certificaciones de entidades bancarias. En febrero de 2015, la Secretaría de Estado acordó el reintegro total del préstamo e intereses y ante el impago, en octubre procedió a la incautación de las garantías, cinco avales del Banco Español de Crédito.

Ya en 2014 y poco antes de que la analista Gotham City Research destapase que el valor real de los títulos de la empresa era cero euros y que el 90% de sus ventas no existían, los cuatro acusados vendieron acciones obteniendo “cuantiosos beneficios” a sabiendas de que “el precio de la acción estaba sobrevalorado fruto de la información falaz que sus cuentas trasmitían al mercado”.

En cuanto a las mercantiles, Anticorrupción acusa a Let's Gowex de un delito continuado de fraude de inversores por el que pide una multa de 730.000 euros, mientras para Gowex Wireless pide que la sanción sea de 150.000 euros por un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea dada la obtención indebida de subvenciones.

Además, los tres principales acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente con más de 22,5 millones de euros a sus damnificados: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a quien deberán abonar 132.836 euros más intereses de demora; y las entidades Banco de Santander (9,4 millones), Bankinter (3,8 millones), Banca March (7 millones), TTI Finance Sarl y (2 millones) declarándose responsabilidad subsidiaria de las dos mercantiles de Gowex. A Let's Gowez, además, deberán indeminizarla con 3 millones de euros.

En la misma línea, el Ministerio Público pide que García Martín, Martínez Marugán, Maté Garabito y Let's Gowex indemnicen conjunta y solidariamente a los titulares de las acciones procedentes de las ampliaciones de capital y a todos aquellos inversores que hayan adquirido acciones en cualquier mercado secundario, en el importe equivalente a la diferencia entre el valor nominal de los títulos y el de adquisición, incluidos los gastos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita asimismo que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de: Iber Wifi Vizcaya S.L. hasta 44.995 euros y de Gowex La Coruña S.L. hasta 57.799,78 euros a favor de Banco de Santander; de Ideup Desarrollos Tecnológicos S.L hasta 95.198,49 euros a favor de Bankinter; de Iber Wifi Córdoba SL hasta 43.225,72 euros, Iber Wifi Granada SL hasta 25.306,17 euros, y de Iber Wifi Exchange SL e Iber Wifi Meres SL ambas hasta 60.000 euros a favor de Caixabank.

Jenaro García tenía otro proyecto, según la CNMV

El mismo día que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 18 años de prisión para García, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incluido una nueva advertencia sobre entidades no autorizadas para prestar servicios financieros en la que incluye el nuevo proyecto del que fuera presidente y consejero delegado de 'Let's Gowex' y 'Gowex Wireless', según EuropaPress.

Se trata de Gow2x, una organización autónoma descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés) con la que el creador de Gowex pretende valerse de la tecnología blockchain para distribuir unos tokens, llamados 'G2X', para “compensar el daño a accionistas de Gowex, así como al resto de perjudicados”, según explica el propio Jenaro García en su perfil de Twitter.

Por ello, la CNMV ha incluido al portal Gow2x --que actúa bajo la denominación social de Global Operation World 2-- dentro de sus advertencias, al no contar con ningún tipo de autorización ni estar registrada a ningún efecto y que “podría estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera”.

De hecho, la propia página web de Gow2x permite realizar donaciones a través del pago en efectivo mediante Bitcoin, por correo electrónico o incluso con Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por valor de mercado.

El supervisor avisa de que la inclusión en esta lista de entidades no financieras “no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades”.

Por otro lado, la CNMV informa de que esta lista “no es exhaustiva” y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en Internet y redes sociales.

Según refleja el portal web de Gow2x, Jenaro García se compromete a “compensar a los perjudicados de Gowex”. “Yo tengo la culpa de lo que han perdido y quiero ayudar a que recuperen el máximo posible. No sé si podré llegar a cubrir la pérdida económica, pero lo voy a intentar hasta el último minuto de mi vida”, afirma.

Entre las medidas tomadas, indica haber devuelto cinco millones de euros que tenía en Luxemburgo para compensar ese daño, depositar una fianza de 600.000 euros, “ayudar a quienes no tenían medios para poder reclamar las pérdidas” o “colaborar” con la Audiencia Nacional.

Además, defiende haber creado Gow2x para que la mitad de las participaciones de la nueva compañía vayan a parar a manos de los accionistas de Gowex, con el fin de que “los accionistas no se vean desamparados por el sistema”, explica.

El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concluido la instrucción del denominado caso Gowex y propone juzgar a quien fue presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Let's Gowex y Gowex Wireless, Jenaro García Martín, y otras cuatro personas, por su presunta participación en delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores (en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera) y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.

El escándalo de Gowex estalló en el verano de 2014 tras un informe de la firma de análisis Gotham City Research que advertía de que el valor de los títulos de la compañía era de 0,00 euros y de que el 90% de sus ventas no existían.

La resolución dada a conocer este lunes por el juez central de Instrucción número uno supone dar un impulso al procedimiento penal mediante la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado y afecta, además de a García a sus colaboradores Florencia Maté Garabito, consejera de 'Let's Gowex' y 'Gowex Wireless', y firmante de las cuentas anuales del grupo en los ejercicios 2009-2012; Francisco Manuel Martínez Marugán, secretario del Consejo de Administración; y Guadalupe-Esmeralda Almeida Figueroa y Javier Martín Vaquero, a quienes Jénaro García otorgó el cargo de apoderados/administradores de algunas de las sociedades vinculadas a 'Let's Gowex' “para mantener el estatus fraudulento del negocio”.

La causa también se dirige contra las mercantiles 'Let's Gowex, S.A.', 'Gowex Wireless SLU', 'Eco Energy 1y3' y 'Biotelgy VC S.A.' como accionistas mayoritarios de 'Let's Gowex' y receptoras de cuantiosos dividendos repartidos indebidamente, por lo que deberán responder civilmente por la acción de sus administradores. El auto afecta además a Tania Roel Mosquera como partícipe a título lucrativo.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elevado a 7,1 millones de euros el dinero público que ha enterrado en los últimos años en la empresa tecnológica Gowex, en concurso de acreedores desde julio tras admitir que falseó sus cuentas de forma continuada durante más de una década.

En una respuesta parlamentaria al diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, que preguntaba “sobre el coste público que puede suponer la quiebra de Gowex y sobre la falta de controles respecto de su verdadera situación financiera”, el Ejecutivo obvia estas cuestiones y se limita a informar de que “la empresa Gowex ha recibido de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”, dependiente de Industria, “1,7 millones de euros en subvención y 5,4 millones de euros en préstamos desde el año 2004”.

Esos 7,1 millones concedidos por Industria están ligeramente por encima de los 6,8 millones en los que el ministro José Manuel Soria cifró el apoyo público de su departamento a la empresa en julio. En una entrevista con Expansión, Soria dijo que, al margen de los créditos o ayudas que dio Economía a Gowex a través del CDTI, Industria también concedió a la empresa Gowex diversas partidas: “Antes de 2012, en subvenciones, se le concedió 1,1 millones, y otros 4,2 millones en préstamos”; “desde 2012, fueron 330.000 euros de subvención, y 1,2 millones de préstamos”. En total, Industria subvenciones de 1,4 millones, y préstamos por 5,4 millones. “Todo para proyectos de I+D+i y de banda ancha, entre otros”, explicó el canario.

El Gobierno no ofrece datos sobre los créditos concedidos por otros organismos públicos por los que también preguntaba Anchuelo como el Instituto Crédito Oficial (ICO), que el propio diputado cifraba en 8,92 millones hasta finales de 2013, ni las ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (3 millones cada uno) o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), actualmente adscrito a Economía.

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno explica ahora que, de esos 7,1 millones, “1,37 millones de euros de subvención y 4,2 millones de euros de préstamos son anteriores al año 2012 y 330.000 euros de subvención y 1,2 millones de euros préstamo corresponden a las convocatorias de ayudas del año 2012”.

“De estas cuantías se encuentran avaladas un 28% (2 millones de euros) de las cuales 1.570.000 euros pertenecen al periodo anterior al 2012 y 430.000 euros pertenecen a la convocatoria de 2012”, añade.

De 'runner' en Alicante

Aparentemente ajeno a la investigación que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el falseamiento de cuentas de la empresa, que ha dejado atrapados a unos 5.000 inversores, su fundador y exconsejero delegado, Jenaro García, sigue haciendo vida normal y entregado a una de sus pasiones, el atletismo.

El pasado domingo, García, imputado por Pedraz por falsear las cuentas del grupo durante una década, con su auditor en prisión y puesto en libertad el pasado 14 de julio tras abonar una fianza de 600.000 euros, participó en una prueba de triatlón en Alicante organizada por la Cadena Ser con el dorsal número 693. El antiguo gurú empresarial quedó en el puesto número 30 de su categoría, la de “Veterano 1”.

Florencia Maté, esposa del expresidente de Gowex, ha dicho esta mañana al juez Santiago Pedraz que desconocía las cuentas falsas de la empresa, a pesar de ser consejera de la misma. Maté alegó ignorancia en todos los aspectos relevantes de la investigación, hasta el punto de asegurar que desconocía ser la administradora única de una empresa que tenía una cuenta en Luxemburgo con 5 millones de euros.

En su declaración, García había intentado exculpar a todo su entorno. Sin embargo, la empleada del hogar reconoció ante el juez que recibió 300 euros por firmar las escrituras de varias sociedades pantalla, y añadió que fue Maté quien le ofreció el acuerdo. Hoy, la mujer de Jenaro García aseguró que no hizo más que trasladar a la asistenta lo que su marido le había indicado previamente.

En cuanto a la sociedad Arcole Ventura, Maté dijo que solo supo que estaba al frente de la misma cuando saltó el escándalo. Antes, se limitaba a firmar documentos que su marido le ponía delante. Ha sido con las noticias sobre la quiebra de Gowex, según su testimonio ante el juez, cuando se ha enterado de que la sociedad tenía una cuenta en el Banco Popular de Luxemburgo de 5 millones de euros. Es la misma cuenta que García confesó a Pedraz que tenía con más de 3 millones de euros. Maté, además de consejera, era directora de relaciones con los inversores de la compañía.

Una vez supo de la existencia de la sociedad y la cuenta, Florencia Maté ordenó una transferencia de 600.000 euros a la Audiencia Nacional para pagar la fianza de su marido, según explicó el lunes. Por indicación de sus abogados, dejó una pequeña cantidad para comisiones y puso el resto a disposición del juzgado -Pedraz ya ha ordenado bloquear la cuenta-. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la transferencia aún no ha llegado al juzgado.

También declaró Ricardo Moreno, exconsejero de Gowex. Aseguró que es analista financiero y que entró en Gowex en 2010 como consejero “independiente”. Tras ver las cuentas, no detectó ninguna irregularidad, contó en el juzgado. A los dos años dejó la empresa porque ésta había optado por el mercado tecnológico y esa no es su especialidad. Aseguró que cobraba 1.100 euros al mes como consejero y que recibió 50.000 stock options sobre las que nunca ejerció su derecho.

El exconsejero y Maté siguen imputados aunque abandonaron la Audiencia Nacional sin medidas cautelares.

El equipo del que se rodeó Jenaro García para establecer presuntamente toda una estructura fraudulenta de facturación en Gowex contaba con una antigua cajera de Carrefour como jefa de admistración. Antonia Antúnez ha declarado esta mañana como imputada en la Audiencia Nacional y ha dicho al juez Santiago Pedraz que el número dos de Jenaro García, Francisco Martínez Marugán, la captó a través de un anunció que ella había puesto en la web de búsqueda de trabajo Infojobs.

Antúnez tenía una titulación de FP como administrativa, pero trabajaba en el supermercado cuando recibió la oferta de Gowex. Martínez Marugán, director financiero de la compañía, la contrató como jefa de administración de la compañía de wifi gratuito. Hoy le dijo a Pedraz que Martínez Marugán puso a su disposición un despacho y un ordenador. Su trabajo consistía en introducir a través de un programa informático las facturas que Martínez Marugán le facilitaba y que, según la hipótesis de la investigación, eran parte de la facturación falsa que presentaba Jenaro García.

Además del peculiar desempeño como jefa de administración, Martínez Marugán habría utilizado a Antúnez como testaferro. Según fuentes jurídicas, la imputada explicó que un día la llevó ante un notario y le hizo firmar las escrituras en las que aparecía como representante de una sociedad. A su vez, esa sociedad es administradora de otras 21 sociedades fantasmas.

Durante su declaración, Antúnez explicó que Martínez Marugán le facilitó una dirección de correo electrónico de un supuesto asesor financiero y que ella cree que era del propio Martínez Marugán, aunque él nunca lo confesó.

El día que fue citada como imputada, el pasado martes, Antonia Antúnez se presentó en la Audiencia Nacional con varias carpetas de dos socidedades de Gowex y un ordenador. Pedraz ha ordenado que se proceda al volcado del ordenador. Antúnez fue citada porque otro de los presuntos testaferros, Javier Martín Vaquero, la señaló durante su declaración ante el juez.

La imputación de Antúnez Ginés eleva a once el número de investigados en el procedimiento. Además de Jenaro García, están imputados los consejeros Martínez Marugán y Javier Solsona, la mujer del fundador de Gowex, Florencia Maté, y el auditor Díaz Villanueva.

El expresidente de Gowex Jenaro García reclutó a su empleada doméstica para que figurara como administradora de al menos tres empresas con las que simulaba contrataciones a la firma de Wifi gratis. Así lo declaró Guadalupe Esmeralda Figueroa este lunes ante el juez Santiago Pedraz, asegurando haber recibido 300 euros a cambio de estampar su firma en los documentos de creación de las empresas.

El testimonio de la empleada del hogar señala a la mujer de García, María Florencia Maté, y al director contable, Francisco Martínez Marugán. De la primera dijo que fue la persona que le hizo el ofrecimiento, y a Martínez Marugán lo señaló cómo quien le acompañó a los bancos a firmar las citadas escrituras.

Jenaro García reconoció en sede judicial el sistema de facturación falsa de la compañía a través de sociedades pantalla que contrataban con Gowex pero que, en realidad, le pertenecían a él. La estrategia de García pasa por exculpar a su esposa y colaboradores y atribuirse en exclusiva el fraude.

La esposa de García está imputada, pero aún no ha declarado al alegar que estaba en Costa Rica, su país de origen, desde antes de que intentaran entregarle la citación. Comparecerá ante el juez el próximo lunes.

La asistenta declaró esta mañana junto a otros tres presuntos testaferros. Estaba citado uno más, Juan Cañamero González, quien no acudió por encontrarse desde hace más de un año fuera de España. Antonio Salmerón declaró que conocía a Martínez Marugán y que en el pasado habían montado empresas juntos. Sin embargo, estas quedaron sin actividad, explicó, y cuando ha estallado el escándalo de Gowex ha conocido que estaban siendo dedicadas a otros fines.

Como los otros dos presuntos testaferros, Javier Martín Vaquero señaló a Martínez Marugán. Al director financiero de Gowex lo conocía de la facultad. Llevaban años sin verse y coincidieron un día en El Corte Inglés, según dijo en su declaración de hoy. Al tiempo, Martínez Marugán le telefoneó y le contó que estaba poniendo en marcha Gowex junto a García Martín, y le ofreció trabajo.

Según el relato de Martín Vaquero, García y Marugán le montaron un despacho y le hicieron firmar diez escrituras de empresas, aunque él solo trabajaba para una de ellas. Después de estar dedicado a hacer fotocopias durante tres meses, Martín Vaquero decidió dejar el trabajo porque no cobraba.

Martínez Marugán quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros. Ante Pedraz reconoció la contabilidad b de Gowex y explicó su participación se explica en el fuerte carácter de Jenaro García, que le obligó a ello, según declaró.

Nuevamente y van… los ciudadanos españoles hemos sido engañados y estafados. Increíblemente la información sobre las cuentas falsas de la empresa Gowex no vino de quienes debían ser los garantes de la ética y la legalidad normativa de los negocios. La advertencia surgió de una oscura empresa con nombre para la ocasión: Gotham City Research, LLC y fue para provocar el hundimiento del valor de las acciones prestadas que Gotham tenía de Gowex y que previamente vendió para recomprarlas devaluadas y así embolsarse una ganancias del 150%. Tres días más tarde Gowex dejaba de cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil de Madrid, entrababa en proceso de concurso de acreedores y los pequeños inversionistas, unos 5000, lo perdían todo. También, indirectamente saldrán afectados el conjunto de los ciudadanos españoles y europeos por la financiación que Gowex no devolverá proveniente de la banca estatal española, el Instituto de Crédito Oficial, la banca multilateral europea, el Banco Europeo de Inversiones y de subvenciones del CDTI del Ministerio de Economía español.

Gowex llegó a valer, en términos de capitalización bursátil, 1800 millones de euros en marzo de este año. Había recibido el Premio Nacional de Innovación de España, era miembro del organismo internacional de las Naciones Unidas que vela por el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo y del Tercer Mundo. Recientemente había sido premiada como una PYME modelo en foros empresariales por el Presidente Rajoy y la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

¿Es posible que nadie se haya dado cuenta de que esta empresa era un bluff, una extraordinaria mentira y un engaño? ¿Cómo es posible que la fuente informativa haya sido una empresa especuladora, y no los sesudos, y bien pagados, reguladores mercantiles, analistas financieros y altos cargos de nuestros bancos públicos y ministerios?

Los escándalos de burbujas financieras en los negocios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, no son nuevos. Terra, en pleno auge de la euforia financiera de las “puntocom”, a fines de siglo llegó a valer en bolsa más que la eléctrica Endesa: 40 mil millones de euros. Hoy Terra no existe empresarialmente, ni las cuentas de correo sobrevivieron. Es difícil enterarse a qué se dedicaba Gowex más allá de ofertar una conexión gratuita wifi en medios urbanos. La pregunta es: ¿cómo pudo llegar valer tanto una empresa de estas características y que a diferencia de otras existentes en el mismo ámbito de las telecomunicaciones no tenía ni infraestructura física, activos, como pueden ser Movistar, Vodafone, Orange, etc?

Gowex firmaba concesiones de wifi, no muy transparentes, con organismos o empresas de carácter municipal bajo el slogan “The Wirless Smart City”, algo así como “ciudad inalámbrica inteligente”. El negocio estaba en las posibles visitas al portal y el efecto de publicidad de pago y derivado que podía llegar tener en anunciantes atraídos por ese tráfico de visitantes. En las nuevas tecnologías de la información nacen y mueren casi a diario vistosas aplicaciones prácticas a través de internet y no todas son éxitos empresariales. Es cierto que fenómenos cómo Google y Facebook se han convertido en fantásticos emporios comerciales. Aun así, por la virtualidad e inmediatez del negocio en el cual operan no están exentos de volatilidad; esto es, de usuarios que abandonan y migran de la aplicación en relativo poco tiempo a diferentes alternativas, dejando de ser clientes potenciales de ingresos. Se proponen escenarios de fantasía en términos de crecimiento comercial con el único argumento de visitas al portal. Incluso Facebook y Twitter cuando comenzaron a cotizar en bolsa tuvieron problemas de sobrevaloración y quienes se adjudicaron acciones antes de la salida al mercado perdieron dinero.

La burbuja informativa de las tecnologías de la información

En las tecnologías de la información (TIC) la tentación al engaño comercial es enorme. Se confunde tráfico en línea con consumo y/o impacto publicitario y se dan por ciertos los ingresos de futuro no confirmados por realidad alguna.

Además los planes de negocios, como en el resto de la economía capitalista, se proyectan en el tiempo y con factores de crecimiento sostenido. Como si los ciclos críticos no existieran en unas tecnologías tan cambiantes como las de las TIC. Gowex anunciaba con el aval de cuentas auditadas e informes de firmas consultoras de reconocido prestigio incrementos de ventas y beneficios de más del 60%. Los contratos “descuidadamente” firmados con los ayuntamientos de las ciudades prestaban adicional credibilidad a un negocio incierto, aun cuando alguno de ellos eran falsos.

Por otro lado, las empresas valoran financieramente el capital, a diferencia del otro factor productivo de la economía, el trabajo, por los beneficios proyectados de largo plazo y calculan qué capital es capaz de obtener esa rentabilidad para un prolongado período de tiempo. Así se pone precio a las acciones y por ello éste no coincide con el valor nominal. Los analistas financieros nos contarán que ese valor surge del mercado y es lo que éste está dispuesto a pagar, cómo si aquél tuviese voz propia, independiente de la opinión de los “expertos”. Si el plan de ventas de una empresa para los futuros años está hinchado el precio de la acción lo recoge. Gowex, maquillaba las cuentas y daba informaciones falsas por dos motivos principales: para captar financiación barata de incautos pequeños inversores y para subir las retribuciones de la alta dirección. Altos directivos de empresa tienen vinculados los ingresos al incremento de valor de las acciones y no a la marcha real de los negocios. Los capitalistas y ciertos ejecutivos de alta dirección adelantan ingresos a cuenta del precio de las acciones, en cambio los salarios se pagan a en función de los ingresos reales y presupuestados por las empresas para el corto plazo, un año normalmente. La renta de un país, esto es las retribuciones en forma al capital y al trabajo deberían crecer, o incluso decrecer, en períodos cortos de tiempo de acuerdo a lo que el capital humano, productivo y la tecnología permiten. La práctica financiera de estimar el valor teórico de las acciones, tiene un efecto perverso si la economía adelanta ingresos a los propietarios de ese capital “recalculado”, sin que ello se corresponda ni con el crecimiento de la economía real ni con las rentas o ingresos realmente generados. El resultado final de esta operatoria es la creación de burbujas financieras por apropiación adelantada de beneficios que después no se producen y dejan a las empresas y a la economía con deudas que se socializan al conjunto de los ciudadanos. Lo más dramático de esta forma de actuar son los rescates financieros posteriores con dinero público compensados con ajustes y recortes en políticas sociales de todo tipo. Es decir, pagan justos por pecadores.

Más Gowex llegarán

Para que no haya más Gowex será necesario cortar estas prácticas financieras engañosas. No sólo regular mejor. Si nada cambia, lamentablemente, más Gowex llegarán.

En cualquier caso, no sólo Gotham conocía las proyecciones financieras de Gowex, también los analistas de Ernst & Young, los financieros de los bancos, los técnicos de los organismos reguladores y los auditores. No tiene secretos para un profesional financiero conocer en detalle y saber qué es verdad o mentira en una cuenta de resultados de una empresa que se dedica a captar clientes usuarios de la red informática de datos.

Ni duda cabe que los órganos reguladores y financieros involucrados deberían dar la voz de alarma advirtiendo a los ahorradores sin cultura financiera sobre los peligros potenciales que se ciernen a la hora de entregar su dinero a terceros. Es la función específica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que debe controlar a las sociedades cotizadas, aun cuando sean del llamado Mercado Alternativo Bursátil, el MAB. Los bancos públicos, que además manejan depósitos de terceros, deberían cumplir indirectamente una función similar al otorgar los préstamos analizando la veracidad de los balances contables presentados por las empresas. Los ministerios tienen personal técnico suficiente para conocer la idoneidad de los negocios antes de entregar subvenciones. Las firmas de auditoría están obligadas a indicar la calidad de los informes financieros certificando la veracidad de los datos de mediano plazo que sustentan los planes de negocio y estados financieros anuales. Los ciudadanos no tienen cómo protegerse de la codicia de capitalistas inescrupulosos si no es confiando en los órganos reguladores mercantiles de carácter público y en los que por ley están obligados a dictaminar sobre fiabilidad y viabilidad de las cuentas de las empresas.

Después de lo sucedido recientemente con las preferentes y la salida bolsa de Bankia, por no reiterarnos en casos como los de Gescartera y Afinsa, los controles se deberían haber exacerbado. Nada de eso, se ha vuelto a estafar los ciudadanos más vulnerables, en especial a los inversores que buscaban proteger sus ahorros de la prolongada crisis económica en curso. Otra economía es necesaria y posible para terminar con los escándalos financieros y la conducta cómplice de quienes deberían estar del lado de los más débiles.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.

Pedraz considera que dio la "cobertura necesaria" a Jenaro García para la facturación falsa y le deja libre bajo fianza de 300.000 euros

José Antonio Villanueva reconoce ante el juez que en su vida ha realizado una declaración de la renta

El juez levanta la orden de busca y captura tras tomarle declaración en la Audiencia Nacional

El auditor de Gowex, José Antonio Díaz Villanueva, ha quedado este viernes en libertad bajo fianza tras declarar en la Audiencia Nacional. Para evitar la cárcel, Villanueva deberá pagar 200.000 euros de fianza en el plazo de quince días.

Hasta esta misma mañana, Villanueva estaba en busca y captura porque el juzgado no había logrado localizarlo en las dos direcciones y otros tantos teléfonos que constaban de él. Hoy, ante el juez, Villanueva ha explicado que nada más estallar el escándalo de Gowex ingresó en una clínica de relajación por prescripción facultativa, debido al estrés que le produjo la situación, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. Allí no tenía teléfonos móviles. Solo su abogado pudo contactar con él una vez trascendió la citación y la orden de busca y captura en los medios.

Pedraz considera que el auditor ofreció la “cobertura necesaria” a la empresa de Jenaro García Martín para confeccionar una contabilidad falsa, al menos durante la última década. Sin embargo, Villanueva realizó una declaración exculpatoria, asegurando que realizó su trabajo “conforme a la normativa legal” y sin indicación alguna del expresidente de la compañía.

Hasta ahí llegó su defensa. El resto de relato se suma a la secuencia de confesiones que arroja hasta ahora el caso Gowex. La del auditor incluye una vida de delincuente fiscal. Ante Pedraz confesó que en su vida había hecho una declaración de la renta, por lo que nunca informó de las cantidades que ingresaba de la empresa de Jenaro García. Comenzó ingresando de Gowex 27.000 euros al año y el último ejercició cobró 300.000 euros en negro, según dijo. “Llama la atención la forma en que se le pagaba por su trabajo y en la medida que ni lo declaraba a la hacienda pública”, recoge el auto del juez.

El tamaño del delito fiscal de Villanueva está relacionado con su edad, 72 años. Por si no fuera bastante, el auditor ha reconocido que tiene todas las propiedades a nombre de sus cuatro hijos. Acaso es consciente de que a su edad contará con todos los beneficios penitenciarios correspondientes, por ejemplo, si no logra reunir la fianza. Así se lo adelantó el juez Pedraz. El magistrado levantó la orden de detención cuando Villanueva se presentó por la mañana en el juzgado.

En el auto dictado este viernes, Pedraz pone de manifiesto que García Martín reconoció ante el consejero de Gowex Javier Solsona que la auditoría era “falsa” y que tenía por fin “dar cobertura” a esa facturación. La conversación entre García Martín y Solsona se produjo, según asegura el juez, después de que se hiciera público el informe de Gotham City y el primero reconociera ante el segundo el fraude.

En cuanto al proceder del auditor, Pedraz llega a la conclusión de que no atendió a la normativa legal porque, en lugar de circulizar a los clientes, “hizo comprobaciones de facturas y pagos en cuentas corrientes”. Esto es, no contrastó la información, algo básico en la tarea del auditor.

El consejero de la compañía Javier Solsona, que también ha declarado esta mañana, ha quedado en libertad sin medidas cautelares, aunque sigue imputado. Fuentes del caso apuntan a que los indicios acumulados hasta ahora Solsona aparece como marginado de las decisiones de Jenaro García y que la acusación contra él podría decaer según avance la instrucción.

El auditor de Gowex, José Antonio Díaz Villanueva, se ha presentado en la Audiencia Nacional a la hora en que estaba citado para declarar como imputado. Lo ha hecho sin que se le notificara la citación, pues no fue localizado en ninguno de los dos domicilios y otros tantos teléfonos que constaban en el Juzgado. Esto motivo que el juez Santiago Pedraz dictara ayer orden de busca y captura en su contra.

José Antonio Díaz Villanueva ha comenzado a declarar pasadas las 10:30 horas. Tendrá que explicar cómo le pudo pasar desapercibida la doble contabilidad de Gowex, práctica realizada en el seno de la empresa durante la última década, según confesó su expresidente, Jenaro García Martín.

Tras Díaz Villanueva, que trabajaba para la firma M&A, declarará Javier Solsona, todavía consejero delegado de la compañía. Ayer, el director contable, Francisco Martínez Marugán reconoció el falseamiento de las cuentas y quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

El juez Santiago Pedraz ha ordenado este jueves la busca y captura internacional de Antonio Díaz Villanueva, auditor de M&A, la sociedad que fiscalizaba las cuentas de Gowex. Díaz Villanueva debía declarar mañana como imputado, pero no ha sido localizado en ninguno de los dos domicilios y otros tantos teléfonos que constan.

Esta mañana estaba también citada para declarar la mujer de Jenaro García, pero Florencia Maté no se ha presentado. La exconsejera de Gowex ha remitido un escrito al Juzgado de Pedraz alegando que antes de que se le notificara la citación ya estaba en Costa Rica, donde continúa. Ha sido citada para el 28 de julio.

Así las cosas, declaró durante casi hora y media ante el juez Francisco Martínez Marugán. El director contable de Gowex ha quedado en libertad con la obligación de depositar una fianza de 50.000 en el plazo de quince días. Durante su declaración, según fuentes jurídicas, ha reconocido que la empresa de Wifi gratis tenía una doble facturación impuesta por Jenaro García.

Martínez Marugán ha excusado su participación en esa doble facturación por el fuerte carácter de García Martín, quien le daba ya las facturas hechas. Primero, ha relatado al juez, se crearon tres sociedades pantalla para facturar a Gowex. Después de eso, él quiso abandonar, pero Jenaro García le dijo que ya no podía hacerlo una vez había participado en el engaño.

Por otra parte, Pedraz ha ordenado el embargo de la cuenta en el Banco Popular de Luxemburgo en la que Jenaro García dice guardar más de 3 millones de euros. El juez también ha dictado un oficio para el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que anunció la redacción de un informe sobre la compañía. En el oficio, Pedraz pide que le sea remitido dicho informe cuando esté realizado.

Más declaraciones

Para mañana está prevista la declaración de Javier Solsona, que todavía integra el consejo de administración de la compañía. El lunes están citados en el despacho de Pedraz cuatro administradores de nueve sociedades que facturaban a Gowex pero tras las que estaba el presidente de ésta, según admitió Jenaro García en su declaración en la Audiencia Nacional.

García confesó el pasado lunes en sede judicial que había falseado las cuentas de Gowex desde hacía una década. La empresa ingresó en el MAB en 2009, cinco años después de que comenzara el engaño. Por el momento, se desconoce la cifra del engaño, que podía afectar a unos 5.000 inversores.

El martes, agentes de la UDEF registraron por orden de Pedraz la sede de la compañía. Permaneceieron allí más de 12 horas requisando documentos y realizadon volcado de información contenida en los ordenadores. El juez busca desentrañar la mecánica y el monto del engaño urdido por García Martín y si lo hizo solo o ayudado por sus colaboradores. El defendió que había actuado solo.

En realidad creo que la capacidad de hacer aparecer y desaparecer las cosas ante las miradas más incrédulas, es tan intensa que nadie queda inmune a su hechizo. Incluso en sus versiones más toscas, sucias y canallas. Esto explica, por ejemplo, la inmutable pervivencia de los trileros. Porque, pese a los avances en la teoría del bosón de Higgs o las más increíbles propuestas surgidas de Silicon Valley, lo cierto es que nunca faltarán cándidos viandantes dispuestos a dejarse tentar por los cantos de sirena de un pícaro invitándoles a adivinar dónde está la bolita mientras sus manos ejecutan una vertiginosa coreografía de cubiletes sobre una mesa de cartón. Y siempre la bolita terminará desapareciendo ante sus ojos tan inevitablemente como el dinero de su ilusa apuesta.

La atracción por este juego que nos aguarda por las esquinas de Nueva York o Madrid, es tal que ha terminado dando sentido a nuestras sociedades postindustriales. Porque se equivocan quienes comparan las modernas economías con un casino ávido de colmar con ganancias a la banca. No. Hace tiempo que superamos esa fase superior del capitalismo para adentrarnos en este particular reino de trileros donde eso sí los timadores se nos presentan vistiendo las mejores galas de emprendedores.

Jenaro García, el ya expresidente de Gowex, ha sido uno de los últimos expertos surgidos en esto del arte de birlibirloque económico. Sus habilidades con el movimiento de cubiletes dejó extasiados a los apasionados por las serpientes bursátiles, hasta que estupefactos descubrieron que una vez más la bolita desaparecía y con ella se evaporaban cientos de millones de pequeños inversores. El resultado de las auditorías a la empresa de wifi acabarían así asemejándose a la vieja fórmula del prestidigitador: nada por aquí, nada por allá.

Tampoco sorprende su historia si pensamos que lo que ha caracterizado la Marca España es su capacidad para generar trileros. Vamos, que acumulamos escuela como vienen demostrando los directivos de Pescanova con su habilidad para volatilizar millones con la misma gracia con que la pequeña esfera parece pasar de un cubilete a otro hasta perderse en la ausencia. Por no hablar de la facilidad con que la banca española ha sabido pasar la factura de sus bolitas a las arcas pública. O la aportación de Enrique Bañuelos, ese gran maestro de la logia trilera que tras agotar su capacidad de encantamiento por los callejones de Astroc ahora vuelve a interpelar a los paseantes por la esquinas de Barcelona World con su seductor “¿dónde está la bolita?”.

Aunque para bolita esquiva la que en las últimas semanas le ha crecidoa la Generalitat Valenciana. Si Eduardo Zaplana con su bronceado irredento transmitía la imagen perfecta del embaucador de oro, al final fue Francisco Camps quien con su estética de monaguillo ataviado por Forever Young, acabó destapándose como un genio de la trapacería. Su empeño en aplicar las prácticas de la empresa privada a la gestión pública le llevaron a hacer desaparecer 2.600 millones de euros –hasta ahora- de las cuentas públicas con un sencillo y ágil movimiento de muñecas. Aunque su jugada maestra llegó sin siquiera proponérselo, al desaparecer del escenario antes de que Bruselas descubriera el engaño, para dejar al iluso Alberto Fabra con el rostro desencajado y los cubiletes acusadores en la mano. Ni Houldini lo hubiera hecho mejor.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación nueve personas en el marco del caso Gowex, que se suman al expresidente de la compañía Jenaro García Martín. Entre los nuevos imputados está la esposa de éste y exconsejera de la compañía, María Florencia Maté, y el director contable, Francisco Manuel Martínez Marugán, que sigue en activo y es el que está enviando correos al personal poniéndoles al día del concurso de acreedores.

Martínez Marugán es consejero de Gowex, como otros de los imputados, Javier Solsona que fue socio fundador. Ricardo Moreno, que ya no pertenece al consejo de administración, también ha sido citado a declarar en calidad de imputado.

Por el despacho del juez Pedraz también desfilará José Antonio Díaz Villanueva, de la consultora M&A que no detectó la falsificación de las cuentas de Gowex desde 2004, según la confesión realizada ayer ante el juez por Jenaro García.

Otros cuatro imputados figuran como administradores de varias empresas que, según García, actuaban como clientes de Gowex a pesar de ser él mismo quien estaba detrás. Los presuntos testaferros imputados por el juez son Javier Martín Vaquero, Guadalupe Esmeralda Almeia Figueroa, Juan Cañamero González y Antonio Salmerón Campos.

El juez Pedraz ha remitido también una comisión rogatoria a Luxemburgo en la que reclama al Banco Popular un informe de cuentas, fondos de inversión, préstamos, créditos, tarjetas y saldos de cuentas pertenecientes a Jenaro García, su esposa, Florencia Maté, y la sociedad Arcole Venture. García dijo al juez que tenía más de 3 millones de euros en una cuenta de ese banco.

Las declaraciones como imputados tendrán lugar entre el 17 y el 28 de julio. Mañana miércoles tendrá lugar el volcado de información del portátil y el móvil de García.

Estas decisiones se conocen poco después de saber que en la sede de Gowex se está haciendo un registro policial.

A este nivel llegaban los delirios de grandeza de Jenaro García. Madrid, París, Dubai y finalmente Nueva York. Nada podía detener a Wifiman, mascota de la compañía, el primer superhéroe tecnológico español al que Gotham desveló como un fraude. Al final, sus finanzas resultaron tan simples como esta ingenua animación.

El juez Santiago Pedraz ha dictado libertad con una fianza de 600.000 euros para Jenaro García, expresidente de Gowex, que deberá abonar en metálico en el plazo de 15 días. En el caso de que satisfaga la cantidad, Pedraz le impondrá la prohibición de salir del país, la retirada de pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado, según fuentes jurídicas.

Durante la declaración, Jenaro García ha admitido que falseó las cuentas de la compañía desde 2004 y que realizaba facturas falsas a través de empresas creadas por él, gestionadas por testaferros. En la comunicación que realizó el Consejo de Aministración al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el pasado 6 de julio, Gowex afirmaba que García les había confesado que las cuentas de la compañía “no reflejan su imagen fiel” en lo correspondiente a, “al menos, los últimos cuatro años”. La empresa había ingresado en el MAB en 2009, cuando ya llevaba un mínimo de cinco años ocultando su realidad.

Jenaro García llegó a la Audiencia Nacional a las 9:20, una hora y diez antes de la hora a la que estaba fijada su declaración. De esta forma, pudo evitar a la mayoría de los medios. La declaración se prolongó durante dos horas. Al terminar, García ha abanbdonado el tribunal en un Volvo gris. Antes de subir al vehículo ha mirado con gesto serio a las cámaras por unos instantes.

García ha entregado al juez su ordenador y teléfono móvil, como éste había requerido, y ha aportado nueva documentación. La autoinculpación del expresidente de Gowex puede acarrearle la rebaja de una posible condena entre uno y dos grados, según el Código Penal. Está imputado por falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera y uso de información relevante, delitos castigados en su conjunto con más de diez años de prisión.

La libertad con el pago de la fianza de 600.000 euros ha sido propuesta a Pedraz por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, el mismo designado por el Ministerio Público para ejercer la acusación en el caso de la financiación irregular del PP.

El empresario ha dicho al juez que falseó las cuentas con la esperanza de que la buena marcha del negocio pudiera reconducir su contabilidad y poder acabar así con el engaño, según fuentes jurídicas. Antes de confesar el delito, García aseguraba que la expansión de su compañía era posible gracias al espectacular crecimiento del consumo de Internet móvil.

Gowex mantenía varios proyectos con administraciones públicas. Sus mejores clientes eran las administraciones madrileñas, ya fuera la Comunidad, el Ayuntamiento o la empresa pública de transporte EMT. Gowex facilitaba Wi-Fi gratuito en los autobuses públicos y en los kioskos de la capital. Esos acuerdos eran su principal fuente de ingresos, junto al pago por servicios premium y la publicidad. Supuestamente, Gowex también recibía ingresos por sus acuerdos con operadoras de telefonía como soporte a las redes móviles.

Una cuenta en Luxemburgo

Pedraz considera “procedente” la fianza porque García ha declarado que tiene más de 3 millones de euros en una cuenta del Banco Popular de Luxemburgo a nombre de una sociedad controlada por el imputado.

Su defensa ha hecho constar que considera “desproporcionada” la fianza impuesta ya que García ha demostrado que no tiene ninguna intención de fugarse y que ha colaborado en todo momento. Sus abogados consideran que la atenuante que conlleva la confesión y la colaboración con la Justicia le acarrearán una condena tan pequeña que no hay riesgo de fuga.

El principio del fin de Gowex arrancó el pasado martes, cuando una desconocida consultora, cuyos anónimos gestores la bautizan como Gotham City Research LLC, valorara en cero las acciones de la compañía y asegurara que el 90% de los ingresos del grupo “no existen”.

Tres días después, una asociación de inversores, Asinver, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Gowex, su presidente, su auditor M&A, su asesor Ernest&Young, y BME, por falseamiento de información económica, de cuentas anuales y uso de información relevante.

Esa denuncia aún está en la Fiscalía Anticorrupción. En la Audiencia Nacional han presentado su solicitud de personación en la causa el Partido de los Perjudicados por las Preferentes, la plataorma de 'Estafados Gowex' y un particular afectado por la quiebra de la compañía. El juez Pedraz no ha admitido todavía estas personaciones, lo que podría ocurrir en los próximos días.

Mercado Alternativo Bursátil

Palacio de la Bolsa

Plaza de la Lealtad, 1

28014 Madrid

Madrid,

6

de

julio

de 201

4

HECHO RELEVANTE

LET ́S GOWEX

,

S.A.

Asunto:

Acuerdos de Cons

e

jo de

Administración

El Consejo de Administración de la Sociedad comunica que

el día 5 de julio

, a las 16’00,

y

en la sede social de la Sociedad,

el Sr.

García Martin, Consejero Delegado y Presidente, ha

manifestado ante distintos Consejeros que las cuentas de

la Sociedad de

,

al menos

,

los

últimos cuatro años no reflejan su imagen fiel, atribuyéndose la autoría de esta falsedad

La empresa de wifi gratuito Gowex ha iniciado el proceso de concurso de acreedores en los juzgados de lo mercantil de Madrid. El pasado jueves había pedido el paso previo pero ante la “situación de bloqueo financiero y el elevado número de resoluciones de contratos y cancelaciones de proyectos por parte de clientes” ha decidido dar el paso a pedir el concurso definitivo. En el escrito presentado ante los tribunales, la compañía alega, estado de “insolvencia inminente”.

En un correo del todavía consejero Francisco Martínez Marugán, se ha anunciado a los empleados el inicio de este proceso, el mismo día que el expresidente, Jenaro García, se ha presentado en la Audiencia Nacional a prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz.

Hasta el mismo día en el que Jenaro no se autoinculpó de falsear las cuentas de la empresa, hace apenas dos sábados, la empresa nunca había tenido problemas de pagos. “Éramos una empresa feliz”, recuerda uno de los trabajadores al explicar que ni siquiera tenían comité de empresa ante las buenas condiciones salariales y personales con las que estaba contratado el personal.

Sin embargo, al conocer el posible delito que ha cometido el presidente de la empresa, numerosos ayuntamientos han cancelado sus contratos, presentes y futuros, con la compañía. Aunque esta medida es profiláctica desde el punto de vista político, cabe recordar que la empresa nunca había tenido problemas en la prestación de los servicios. El engaño era para los accionistas en bolsa y no tanto para los clientes que han abocado a la empresa a esta insolvencia y a que no sea viable (en el caso de que hubiera podido reflotarse con otro equipo gestor).

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EN CONTRA - Las apuestas bajistas, un síntoma de normalidad de mercado, por Javier Flores

eldiario.es ha consultado a dos expertos sobre el caso Gowex y la estrategia de la empresa de análisis Gotham, la primera que desveló las irregularidades en las cuentas de la 'startup' española.

Javier Flores, Responsable del Servicio de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), la primera en poner una denuncia en Fiscalía antes de que el presidente de la compañía confesara los hechos, recuerda que Gotham no está regulada ni sometida a ninguna regulación financiera específica, sino que actúa desde la posición de independencia en el análisis o e invierte en su propio beneficio, algo que considera legítimo. Sin embargo, el analista se pregunta si es legítimo tener conocimiento de un fraude y hacer negocio de esa situación, en lugar de actuar poniéndolo en conocimiento de las autoridades.

Para Ignacio Cantos, Socio Director de atlCapital, las posiciones cortas son un síntoma de normalidad del mercado e incluso ayudan a prevenir burbujas en algunos valores: Gotham suele adquirir posiciones cortas de las empresa que analiza previamente a la publicación de sus informe y si, estos cala en el mercado, saca pingües beneficios de la caída.