El Gobierno asume ya que es imposible cumplir en tiempo y forma el mandato del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos. La decisión de los jueces supone revisar los expedientes de más de 160.000 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Fuentes del Ministerio de Justicia cifran en alrededor de 76.000 los expedientes que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado, lo que facilita su revisión para determinar si aportaron documentos del exilio de sus antepasados y, por tanto, sí tendrían derecho al voto. Se trata de quienes accedieron a la nacionalidad a partir de mediados de 2024. 

Sin embargo, hay otros 80.000 expedientes físicos que se encuentran en los archivos de los diferentes consulados y que, además, pueden estar mezclados con otros tipos de expedientes de Registro Civil. En este caso, la criba debe hacerse a mano, lo que hace prácticamente “imposible” que se pueda realizar en un espacio de tiempo tan breve, afirman estas mismas fuentes. 

En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación para poder votar. Para no quedarse fuera de esos envíos, los consulados tendrían que localizar y certificar en apenas diez días esos miles de expedientes.

Este martes, un portavoz del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó al elDiario.es que, hasta el momento, ningún consulado ha remitido a la Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular.

De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar unos expedientes que, en más de la mitad de los casos, no están digitalizados. 

La confirmación por parte del Tribunal Supremo de que suspende el derecho al voto para las próximas generales a más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos plantea la incógnita de cómo aplicar en tiempo récord una medida inédita. El auto conocido este lunes ratifica las medidas cautelares dictadas en septiembre, antes del adelanto electoral. Y determina que de este colectivo sólo podrán votar el próximo 29N quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. 

Quedan fuera, por tanto, quienes recurrieron a la instrucción que presume la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 y sobre la que ha puesto el foco el Supremo. La resolución abre un choque institucional de consecuencias imprevisibles porque su ejecución exige realizar un complejo trabajo burocrático sin apenas margen de tiempo. El Gobierno lleva semanas advirtiendo de las “dificultades” existentes e incluso de la “imposibilidad material” de ejecutar una orden que supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. Pero la única respuesta que ha encontrado por parte del Alto Tribunal es la exigencia de que cumpla su mandato para blindar la “pureza del proceso electoral”.  

En el centro de la controversia se sitúan 163.020 electores que ya figuran inscritos en el CERA [el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior] y que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos, la norma que abrió la puerta de la nacionalidad a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista.

Los jueces establecen que estos ciudadanos solo podrán votar si los cónsules expiden una “certificación acreditativa” que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. Quienes no dispongan de ese documento emitido “bajo responsabilidad” del funcionario consular, no podrán hacerlo. Pero la cuestión es que la mera inclusión en el CERA no permite, por sí sola, establecer si un elector se encuentra afectado por la suspensión decretada por los jueces del Supremo.

Durante el procedimiento, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares ha emitido informes en los que detalla la complejidad de hacer esa distinción. Así, sostiene que el Registro de Matrícula Consular no contiene ningún campo informático que identifique por qué vía concreta se adquirió la nacionalidad. Por tanto, para ejecutar la orden del Supremo es imprescindible revisar manualmente uno por uno los 163.020 expedientes. 

Es una tarea que exige comprobar tanto los libros físicos del Registro Civil como las aplicaciones informáticas que empezaron a utilizarse entre mediados de 2024 y de 2025. “La ejecución del auto del TS requiere una adaptación informática que se está desarrollando”, han mantenido la Abogacía del Estado en uno de sus escritos que constan en el expediente. 

Además, en muchos casos el consulado del lugar de nacimiento del elector (donde custodiaron el expediente de nacionalidad) no coincide con el consulado de su residencia actual (donde está dado de alta en el CERA). Esto obliga, por tanto, a un intercambio de solicitudes y un cotejo entre embajadas y consulados de distintos países. Hay, asimismo, algunos casos de alta concentración de expedientes. Por ejemplo, Rosario y Buenos Aires superan los 20.000 expedientes cada una y La Habana se aproxima a 30.000, según uno de los informes aportados por la Dirección General de Asuntos Consulares. 

Una vez realizada esa comprobación, el resultado ha de ponerse en conocimiento de la Oficina del Censo Electoral y de los órganos encargados de la recepción y escrutinio de los votos, a fin de que todos dispongan de una información coincidente y actualizada. Y todo ello debe hacerse, además, en un plazo brevísimo. En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación electoral, entre la que figuran los certificados de inscripción censal. Después, los electores pueden emitir su voto por correo en el consulado hasta el 24 de noviembre o votar personalmente entre el 21 y el 26 de noviembre. 

La resolución cuenta con el voto particular discrepante de la magistrada María Alicia Millán, que expone en su escrito la existencia de estas “dificultades”. Y que, a su juicio, “introducen incertidumbre acerca de la determinación de los electores que pueden ejercer el derecho de voto y de los sufragios que deben ser admitidos y computados”. 

“Cuando la ejecución de una medida cautelar suscita dudas sobre aspectos tan esenciales como la delimitación del cuerpo electoral o la regularidad del escrutinio resulta difícil sostener que contribuya a reforzar la seguridad jurídica del proceso electoral; antes bien, corre el riesgo de comprometerla”, añade esta magistrada.  

Pese a estas advertencias, la mayoría de los magistrados defiende que “el interés general de preservar la pureza del proceso electoral” debe “prevalecer” sobre el derecho al voto de quienes figuran en el censo pero la Administración “no ha aclarado las condiciones en que se realizó” su inscripción ni la trazabilidad de su acceso al Registro Consular correspondiente. 

En su auto, el Supremo reprocha al Gobierno que alegue una “imposibilidad material” cuando en el mes transcurrido desde su primera resolución no ha aportado datos de un solo expediente desglosado ni ha puesto de manifiesto qué gestiones ha puesto en marcha para dar cumplimiento al fallo. El ponente de esa decisión es el magistrado Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País.

La Abogacía del Estado vuelve a pedir al Tribunal Supremo que levante las medidas cautelares que podrían dejar sin derecho a voto en las próximas elecciones generales a más de 160.000 descendientes de represaliados. En un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado argumentan que el adelanto electoral hace “materialmente imposible” revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos puestos en duda por el Alto Tribunal. 

“O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”, recoge el escrito.

La Abogacía del Estado recuerda que la ley electoral establece que el censo del 29N es el que se cerró a 1 de agosto —antes de la decisión judicial— y debe exponerse para consulta el próximo lunes 12 de octubre. Los servicios jurídicos del Estado ya alegaron en otro escrito previo al adelanto electoral que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año. 

Ahora, reducir ese plazo a escasos días “confirma” esa imposibilidad material, dice el escrito. E insiste en que “en la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar”. 

El escrito carga contra las nuevas pretensiones de Vox, que pidió la suspensión del derecho al voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos, puedan o no acreditar su condición de descendientes de exiliados. Y que, en todo caso, que se les ofrezca ejercer individualmente su derecho de rectificación del censo. 

La Abogacía del Estado remarca que esa petición revela que “el verdadero propósito [de Vox] es que el Tribunal Supremo le autorice para que se elimine el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad” del Congreso de los Diputados desde 2007, cuando se aprobó la primera ley de memoria histórica. 

El adelanto electoral complica la aplicación de la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. A la dificultad existente para que los consulados cumplieran el mandato de desglosar los 168.896 expedientes puestos en duda por el Alto Tribunal, se suma ahora otro hecho clave: la ley electoral prevé que el censo del 29N sea el que se cerró el 1 de agosto, antes del fallo que privaba del ejercicio de ese derecho a estos ciudadanos salvo que pudieran acreditar la condición de exiliados de sus antepasados. Todo ello, mientras algunos dirigentes políticos como Isabel Díaz Ayuso (PP) o Santiago Abascal (Vox) han empezado a lanzar acusaciones sin base de pucherazo electoral. 

Fuentes consultadas por elDiario.es tanto en la Junta Electoral Central como en el Supremo apuntan a que el adelanto electoral, en la práctica, puede acabar dejando en papel mojado la exclusión de los nacionalizados a través de la ley de nietos. Sostienen que el proceso electoral debe regirse por el censo cerrado el primer día del segundo mes anterior al mes en que se decreta la convocatoria. Esto es, cuando no existían las medidas cautelares dictadas en septiembre. Y que tratar de aplicar la suspensión de forma retroactiva supone colisionar con la ley electoral, que es la que fija el censo aplicable.

En esa lista de electores que se utilizará en los comicios del 29N figuran, por tanto, descendientes de exiliados que accedieron a la nacionalidad —y al derecho al voto— a través de la instrucción que presume esa condición para “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” sobre la que ha puesto el foco el Supremo. Algunas fuentes sostienen que forzar una aplicación retroactiva de la suspensión cautelar supondría “alterar el censo legalmente previsto” e ignorar la jerarquía de la ley electoral y la ponderación de los derechos en juego. 

La última palabra, no obstante, pueden tenerla los magistrados del Supremo, a quienes se dirigieron este lunes Iustitia Europa y Vox, las formaciones que llevaron en su día el asunto a los tribunales. Ambos presentaron sendos escritos en los que reclamaban al Alto Tribunal que tome medidas para “garantizar” que la suspensión cautelar del voto de estas personas sea aplicada el 29S. En concreto, pidieron “determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el auto” que frenó el derecho al voto de los descendientes de represaliados del franquismo. 

También es posible que en los próximos días haya algún pronunciamiento de la Junta Electoral Central, a donde también se dirigió Vox. La formación de extrema derecha solicitó al organismo electoral que recabe un listado anonimizado de todas las personas inscritas en el censo exterior cuyo derecho a voto está suspendido.

De hecho, el partido de Santiago Abascal llegó a pedir que se suspenda el derecho al voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos, puedan o no acreditar su condición de descendientes de exiliados. Y que se les ofrezca, en todo caso, ejercer individualmente su derecho de rectificación del censo en los términos previstos en la ley electoral. 

Estas reclamaciones chocan con las “dificultades” detectadas por la Dirección General de Asuntos Consulares para cumplir con el mandato del Supremo de revisar las concesiones de nacionalidad por la ley de nietos para expedir certificados a quienes acreditaron el exilio sin la presunción recogida en la citada instrucción. 

En un escrito del 18 de septiembre, este ente dependiente del Ministerio de Exteriores explicaba que ni el censo exterior ni el Registro de Matrícula Consular recogen a través de sus herramientas informáticas la vía de adquisición de la nacionalidad. Así que para cumplir el requerimiento del Supremo es imprescindible identificar y examinar manualmente 168.896 expedientes, una tarea que exige revisar tanto los libros físicos del Registro Civil como las aplicaciones informáticas que empezaron a utilizarse entre mediados de 2024 y de 2025. 

Además, en muchos casos el consulado del lugar de nacimiento del elector (donde custodiaron el expediente de nacionalidad) no coincide con el consulado de su residencia actual (donde está dado de alta en el CERA). Esto obliga, por tanto, a un intercambio de solicitudes y un cotejo entre embajadas y consulados de distintos países. 

De hecho, el organismo consideró que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones —La Habana (casi 30.000 expedientes), Buenos Aires y Rosario (más de 20.000 cada una), además de Ciudad de México, Caracas y Mendoza— las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año.

Entre tanto, el adelanto electoral fue aprovechado este lunes por algunos dirigentes de la derecha y la extrema derecha para lanzar acusaciones sin base sobre un hipotético pucherazo electoral. “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, dijo este lunes Ayuso después de varias preguntas sobre si cree que habrá fraude de cara al 29N. Por su parte, Santiago Abascal acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser capaz de “manipular” las elecciones y pidió que sean “libres, limpias y sin violencia”. 

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, han participado este jueves en un encuentro de trabajo con representantes consulares en las islas para reforzar la coordinación ante situaciones de emergencia.

Durante la reunión, se puso especial atención a aquellos incidentes en los que pueden verse implicadas personas de nacionalidad extranjera que dispongan de representación consular, tanto en situaciones individuales como en sucesos de mayor alcance que puedan requerir mecanismos específicos de información, comunicación y coordinación con los respectivos consulados.

El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, destacó la importancia de mantener una comunicación fluida con las representaciones consulares para mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones, al recibir Canarias “cada año a millones de visitantes”, además “de contar también con una importante población residente de otras nacionalidades”. 

Asimismo, la reunión permitió abordar los procedimientos de comunicación en el ámbito de la Protección Civil, especialmente los relacionados con la activación, actualización y evolución de los distintos planes de emergencia y protección civil del Gobierno de Canarias, así como con aquellas situaciones de riesgo que puedan afectar a ciudadanos extranjeros presentes en las islas.

En la reunión, en la que también han participado la jefa del servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Montse Román, y el director del CECOES 1-1-2 Canarias, Moisés Sánchez, les han dado a conocer la labor y el funcionamiento de la sala operativa ubicada en Santa Cruz de Tenerife.

Han asistido la decana del cuerpo consular en Santa Cruz de Tenerife y cónsul honoraria de Uruguay, Celia Ondoño Sánchez, junto al miembro de honor, José Arturo Navarro, y representantes de los consulados de Alemania, Hungría, Austria, Noruega, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, República Checa e Italia.

Con carácter previo a la reunión de trabajo, se realizó una visita a las instalaciones de la sala operativa con el objetivo de que los representantes consulares conociesen de primera mano la organización, el funcionamiento y las dinámicas operativas que se desarrollan en el CECOES 1-1-2, así como el papel que desempeña como centro de coordinación ante las distintas situaciones de emergencia que puedan producirse en Canarias.

Fernando Figuereo puso el acento en la capacidad del CECOES 1-1-2 para atender a personas que no se expresan en español y en la importancia de que los representantes consulares conozcan directamente cómo funciona el sistema. 

“En una emergencia, poder comunicarse con rapidez y precisión puede ser determinante. Por eso, desde el CECOES 1-1-2 se ha trabajado desde su puesta en marcha para que el idioma no sea una barrera a la hora de solicitar ayuda o facilitar información esencial a los servicios de emergencia”, explicó.

Funcionamiento del CECOES 1-1-2

Durante el transcurso de la reunión, también se explicó el funcionamiento del CECOES 112, destacando que, desde su puesta en marcha, en mayo de 1998, se apuesta por reforzar la atención a personas llegadas de otros países, que residen o pasan sus vacaciones en nuestras islas y que se expresan en idiomas distintos al español.

De esta manera, atiende las peticiones de ayuda en cinco idiomas de forma presencial español, inglés, alemán, italiano y francés, diferenciándose con ello de otros servicios de emergencias de España y Europa, y en otras 50 lenguas más, como pueden ser danés, ruso o chino, a través de una multiplataforma.

Según datos de la Dirección General de Emergencias, hasta el 31 de agosto se han recibido 13.867 llamadas en otros idiomas. El inglés copa más de la mitad de las demandas gestionadas por las dos salas operativas, con 9.728 (70%), seguido del alemán, con 1.820 (13%); el italiano, con 1.256 (9%), y el francés, con 938 (7%).

Emergencias explica que la atención en otros idiomas surge como una decisión de diseño del servicio desde su puesta en marcha, al ser las Islas un territorio con un peso muy alto de turismo y de población residente extranjera, y en una emergencia la barrera idiomática puede afectar directamente a la rapidez y a la calidad de la información crítica. Por eso, el enfoque se centra en garantizar que cualquier persona, residente o visitante, pueda acceder al sistema de emergencias independientemente de su lengua.

La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. 

El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. 

En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.

Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. 

Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. 

Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.  

Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. 

De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. 

“Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo.

“Cumplirse en sus términos”

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. 

La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes cómo hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. 

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.

La Embajada de Venezuela en España, así como los cinco consulados con que cuenta el país en España, uno de ellos en Canarias, están plenamente movilizados y tienen sus “puertas abiertas” para atender a los ciudadanos que requieran información tras los devastadores terremotos que han afectado al país y ayudarles en la “ubicación” de familiares. Por otro lado, la embajada de España en Venezuela también ha facilitado teléfonos de contacto para los nacionales en las zonas afectadas.

En un comunicado, la Embajada venezolana ha expresado “sus más profundas condolencias a familiares y allegados de quienes perdieron la vida durante esta tragedia”, asícomo su solidaridad, en particular a los venezolanos que viven en España y que “atraviesan momentos de angustia por la situación de sus familiares en el territorio nacional”.

En estas circunstancias, y por instrucciones del canciller, Yvan Gil, el nuevo embajador en España, Timoteo Zambrano, que llegó a Madrid el pasado 12 de junio, “ha ordenado la activación inmediata” tanto de la Embajada como de los cinco consulados que hay repartidos por todo el país.

El objetivo, según el comunicado, es “brindar la información oficial y necesaria a los ciudadanos que la requieran” así como “articular con las autoridades en Venezuela para la ubicación de aquellos familiares con los que algún connacional no logre establecer comunicación”.

Asimismo, desde la legación diplomática se ha instado a los venezolanos en España “a mantener la calma y a seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales del Estado venezolano para evitar la difusión de informaciones falsas o alarmistas”.

“Esta Embajada, así como nuestros consulados permanecen de puertas abiertas, reafirmando el compromiso indeclinable de proteger y asistir a nuestro pueblo dondequiera que se encuentre”, concluye el comunicado.

Los venezolanos residentes en territorio español podrán comunicarse a través de los siguientes números de teléfono:

- Embajada en Madrid: +34 915 981 200

- Consulado en Madrid: +34 650 817 137

- Consulado en Barcelona: +34 650 285 759

- Consulado en Bilbao: +34 639 154 752

- Consulado en Vigo: +34 672 353 744

- Consulado en Islas Canarias: +34 608 670 628

Embajada de España en Venezuela

La Embajada de España en Venezuela y el Consulado en Caracas han informado, a través del Ministerio de Exteriores, de que están operativos y actualizando información a través de sus canales y redes oficiales.

El teléfono de emergencia consular del Ministerio en Madrid es el +34 91 00 12 49, mientras que el del Consulado de España en Caracas es el +58 424 20 90 264.

La embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, está convencida este de que el canario Rubén Fontes será un buen cónsul general de esa república en Canarias una vez prospere su candidatura, que este lunes quedó avalada tras la visita de la diplomática a Canarias. 

De la mano de Fontes, la embajadora visitó al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo; del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, a diversos dirigentes empresariales, como el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega y, por la tarde, presidió un multitudinario acto en el que se dieron cita numerosas personas representantes de la sociedad isleña, altos mandos militares, responsables académicos y judiciales, así como empresarios y miembros de la comunidad turca en Canarias.

En su intervención ante estos invitados, Nüket Küçükel Ezberci reconoció que se trataba de su primer viaje a Canarias y agradeció a Rubén Fontes el despliegue diplomático hecho para que la visita resultara un éxito.

“Existe un enorme potencial entre Turquía y las Islas Canarias, no solo en el ámbito económico, sino también en el intelectual y el cultural. Durante mi estancia en España, he tratado de promover una idea sencilla: las relaciones entre nuestros países no deben limitarse a las capitales, porque la verdadera riqueza de España reside en sus regiones, ciudades y comunidades autónomas. Allá adonde viajo, descubro nuevas posibilidades de cooperación con Turquía, y las Islas Canarias son claramente uno de esos lugares”, dijo la diplomática en su discurso. 

A su entender, hay “una gran complementariedad en sectores como las industrias marítimas, la logística, las energías renovables, el turismo sostenible y la innovación tecnológica”.  

Rubén Fontes (Gran Canaria, 1975) es una persona muy conocida en los ámbitos deportivos, empresariales y mediáticos de Canarias gracias a su dilatada trayectoria profesional y personal. Una de las colaboradoras que este lunes acompañaba a la embajadora describió su popularidad contando a los invitados al acto que “ha sido imposible caminar más de dos pasos sin que alguien le saludara por la calle”.

Desde hace años mantiene un estrecho vínculo con Turquía, lo que le ha acreditado para ser un buen candidato para asumir el consulado general de ese país en Canarias.

En su discurso ante los invitados a la recepción diplomática, Fontes resaltó precisamente que “en lo personal, este camino con Turquía no ha sido solo institucional. Ha sido también un camino de aprendizaje, de experiencias y, sobre todo, de relaciones humanas que me han enriquecido profundamente. Turquía es un país con una enorme capacidad, con una industria dinámica, con talento y con una clara vocación internacional. Y Canarias, por su parte, representa un punto estratégico único: una Tierra abierta, conectada y con una posición privilegiada como puente entre Europa, África y América”.

La colonia turca presente en el acto acogió con emoción la cita que hizo Fontes de unas palabras de Atatürk, el padre de la patria turca: “Paz en casa, paz en el mundo.”

Rubén Fontes es actualmente responsable de Instalaciones y delegado de la Unión Deportiva Las Palmas, faceta esta última por la que ha sido reconocido como el mejor a escala nacional. Antes fue director de Producción de Televisión Canaria.

María de los Ángeles se jubiló -forzada por circunstancias personales- en diciembre de 2022, después de más de treinta años de servicio en el Consulado de Marruecos en Canarias. Los dos meses previos a su retiro ejerció como secretaria de la entonces recién llegada cónsul, Fatiha El Kamouri, que le encomendó una única tarea: llevar su agenda. Ya había ocupado ese cargo, en alternancia con otra experimentada agente local (trabajadora consular que se rige por la normativa laboral española), con otros representantes diplomáticos, aunque con facultades más amplias. 

En tres décadas de trayectoria, María de los Ángeles se había especializado en la tramitación de expedientes (por ejemplo, para la repatriación de los restos mortales de ciudadanos marroquíes fallecidos en las Islas) y su dedicación y profesionalidad, al igual que la de sus compañeros y compañeras de trabajo en la sede ubicada en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, había sido reconocida por diferentes cónsules.

Por eso, se siente dolida con el trato que le está dispensando ahora el Consulado de Marruecos, casi tres años después de su jubilación. Y es que la institución sigue sin pagarle los 7.039,63 euros (más el 10% de interés por mora) que le debe desde que, en septiembre del año pasado, una sentencia estimara la demanda que presentó en 2023 en reclamación de cantidades (por antigüedad y por bolsa de vacaciones). 

Después de la llegada de El Kamouri, se disparó la conflictividad laboral en la sede consular. Hasta seis agentes locales, entre ellos María de los Ángeles, llevaron al Consulado marroquí a los tribunales por diferentes motivos: una por despido y el resto por reclamación de cantidades, vulneración de derechos fundamentales por modificación sustancial de las condiciones de trabajo e, incluso, por acoso laboral. 

Hasta la fecha, la justicia ha dado la razón en todos los procedimientos a los empleados, representados por la abogada Ana Sagaseta. Sin embargo, en al menos tres de esos litigios el Consulado de Marruecos no ha ejecutado las resoluciones firmes de los juzgados pese al tiempo transcurrido. En el caso de María de los Ángeles, catorce meses después de la sentencia sigue sin cobrar un solo euro. En junio, su abogada presentó la demanda de ejecución, instando a la institución a cumplir la sentencia y pagar la deuda, “habiendo transcurrido con creces los plazos establecidos”. No hubo respuesta. La trabajadora ha vuelto a insistir esta pasada semana con un nuevo escrito en los juzgados. 

Los agentes locales denuncian que el Consulado, con El Kamouri al frente, está “haciendo caso omiso” a las directivas del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, que estipula que, “en caso de litigio, se seguirá la legislación del país de acreditación”. En este caso, España.

Otras dos sentencias que no acata

El Consulado de Marruecos tampoco ha acatado hasta la fecha dos resoluciones que le obligan a restituir en sus anteriores condiciones de trabajo a otros dos empleados.

Una de ellas se había incorporado en 2020 para ejercer funciones administrativas, primero en el registro civil y, con posterioridad, en la recepción del edificio consular. En septiembre de 2022, cuando El Kamouri aterrizó en las Islas procedente de Euskadi, su anterior destino, acometió multitud de cambios en la organización y esta trabajadora había sido una de las afectadas, al ser trasladada a la tercera planta, al despacho del notario, para hacer labores de inventario de material. Sin embargo, según recoge el relato de hechos probados de una sentencia dictada en diciembre del año pasado, desde ese momento la empleada quedó ubicada “en una mesa vacía, sin ordenador, con un teléfono desenchufado, sin ningún tipo de material de oficina, despojada de funciones”. 

La resolución judicial anuló ese cambio de puesto al considerar que la cónsul había vulnerado los derechos de la trabajadora. No había causa económica, técnica, organizativa o de producción que justificara ese traslado. Por tanto, la empresa (el Consulado de Marruecos) tenía que devolver a la administrativa sus antiguas funciones de atención al público, registro consular y pasaporte. En el transcurso de ese proceso, la empleada desistió de la acción indemnizatoria que había solicitado en un principio por daños morales.

Lo cierto es que un año después nada ha cambiado en el escenario laboral de esta trabajadora. En marzo, el juzgado dio un plazo de diez días al Consulado de Marruecos para que cumpliera la sentencia, bajo apercibimiento de multa. A finales de septiembre, los representantes de la entidad fueron citados en sede judicial en el proceso de ejecución de esa resolución, pero tampoco comparecieron. Las fuentes consultadas señalan que la empleada sigue aislada, sin poder comunicarse con sus compañeros y sin trabajo efectivo.  

Tampoco ha sido repuesto en sus anteriores condiciones laborales Amir (nombre ficticio para preservar su identidad), un oficial de primera de mantenimiento que desde 2008 y hasta la llegada de la actual cónsul ejercía como responsable de caja, de la actualización de los archivos, de la recepción de la ciudadanía marroquí en el edificio consular y también como enlace con los centros de acogida de menores migrantes. 

En septiembre de 2022 El Kamouri convirtió a Amir en su conductor particular con disponibilidad plena. Al principio, le obligaba a quedarse dentro del coche hasta que ella lo requiriese, sin posibilidad de contacto con sus compañeros. Tras sus quejas, lo ubicó en la quinta planta del edificio, donde tampoco podía comunicarse con el resto de trabajadores. La cónsul lo llamaba a deshoras para que le llevase a su domicilio la compra o la comida de algún restaurante o para que fuera a recoger a sus hijas a la escuela y a las actividades extraescolares. Amir tenía que pagar de su bolsillo todos esos gastos y no se les devolvía. Incluso le obligaba a conducir cuando estaba medicado, sin atender su estado de salud. 

Todos esos hechos han sido declarados probados en dos sentencias. La primera también fue dictada en diciembre del año pasado y anuló la modificación sustancial de condiciones de trabajo. El Consulado de Marruecos tenía que reponer a Amir en las funciones que venía realizando, en caja, mantenimiento y en el servicio social. No fue así. En febrero de este mismo año, cuando se reincorporó tras una baja médica de larga duración, tuvo que volver a la quinta planta, donde permaneció aislado y sin trabajo efectivo. Así lo corroboran los siete vídeos que el empleado consular aportó a los juzgados para tratar de demostrar el hostigamiento de la cónsul de Marruecos en Canarias hacia su persona. 

Un hostigamiento que quedó acreditado en la segunda sentencia, dictada este mismo mes de noviembre y que obliga al Consulado de Marruecos a “cesar el acoso laboral” sobre Amir y a indemnizarlo con 20.000 euros por los daños morales que ha sufrido como consecuencia del “trato denigrante” de la cónsul. La resolución judicial habla de “gritos constantes”, de “amenazas de despido”, de un clima de “miedo y angustia” y de un “claro e indiscutible propósito de amedrentar” al trabajador, que como consecuencia de todas esas vivencias padece un trastorno de estrés postraumático complejo por el que tiene que recibir tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, según detalla un informe pericial. 

Al margen de los procedimientos judiciales por los cambios de puestos de trabajo, estos dos empleados consulares también presentaron sendas demandas de reclamación de cantidades. En uno de los casos ya se ha celebrado el juicio y está pendiente de sentencia, mientras que en el segundo (el de Amir), el juicio está señalado para el mes de marzo.  

De las demandas de cantidades presentadas por los agentes locales, el Consulado de Marruecos solo ha pagado una, la primera, presentada por la trabajadora que se alternaba con María de los Ángeles en la secretaría de la institución en las Islas. Según las fuentes consultadas, entre las vistas ya celebradas y las pendientes suman una docena. 

El Consulado de Marruecos no ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico a través de los cauces oficiales.

Hace años que el servicio exterior denuncia una carencia de financiación de la red consular de España, pero los diplomáticos temen ahora no dar abasto, entre el aumento del número de españoles en el exterior —900.000 a principios de siglo, más de tres millones en la actualidad— y la avalancha prevista de solicitudes de nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permitirá el acceso a descendientes de exiliados republicanos.

Hace falta tanto personal como simple espacio físico en las oficinas para dar servicio. Pero como la asignación en los presupuestos generales no aumenta, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) propone una solución creativa: subir el precio de las tasas por los trámites consulares y quedarse con una parte. De aplicarse la iniciativa, el coste de un pasaporte, que está fijado en 30 euros, podría multiplicarse casi por cuatro.

“Solo es una de las alternativas”, defiende el presidente de ADE, Alberto Virella, que remite al documento de propuesta de financiación de la red consular, en el cual se define el estado de esta como “lamentable”. Pero es el propio texto el que señala como “solución más realista y de más fácil ejecución” que la financiación se nutra de las las tasas, y para ello propone un aumento de estas, poniendo ejemplos comparados: si en Portugal un pasaporte cuesta 75 euros (un 150% más) y en Italia 116 (un 286% sobre el precio actual), equiparar la tasa que cobra España con la de uno de estos dos países reportaría anualmente 17,4 millones de euros o 33,2 millones, respectivamente.

La ADE cuenta entre sus afiliados a seis de cada 10 diplomáticos de carrera, según Virella. De naturaleza sindical, está presente en la junta de personal del servicio exterior (como parte de Fedeca) junto a CSIF y CCOO. En la central obrerista se han llevado las manos a la cabeza con la propuesta. “El servicio exterior no puede sostenerse cobrando a quienes menos tienen”, opone Osmany Llanes, secretario general de la sección sindical de CCOO en el departamento. “Y menos aún en un contexto de precariedad creciente, de inflación global, de deterioro de los servicios públicos. Es extremadamente injusto que se quiera trasladar esto a la ciudadanía española en el exterior”, insiste.

Llanes coincide con Virella, no obstante, en que existe una “dejación de funciones” de la Administración por “ignorar” durante décadas la infrafinanciación de la red, pero afea que ADE pretenda “mercantilizar los servicios consulares”, lo que denota una visión “elitista”.

“Hemos visto que otros actores protestan, y yo lo entiendo perfectamente, [porque] se haga cargar a ciudadanos españoles con un aumento del coste de los servicios, pero las tasas se aplican a españoles y no españoles”, matiza Virella. También insiste en que el informe presenta otras alternativas para incrementar los ingresos; por ejemplo, abrir consulados en países con amplia demanda turística, o bien cobrar un extra por los visados nacionales (de trabajo y de estudios) a extracomunitarios. Subiendo tasas en este capítulo y el de las legalizaciones de documentos se podrían lograr unos 11 millones anuales. Pero esta cantidad está lejos de los montantes que reportarían las subidas de los pasaportes, según los propios cálculos de la ADE.

Aumento de servicios sin aumento de recursos

“La primera alternativa que damos en el informe [es] destinar recursos de los presupuestos generales del Estado [... Pero] todos sabemos que los recursos son limitados y hay muchas otras necesidades”, reflexiona Virella, que insiste en que las carencias son muchas y lo serán aún más cuando la red asuma otras funciones. “Los servicios que deben prestar embajadas y consulados no paran de aumentar y es lógico que así sea. Por ejemplo, desde hace unos años también la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y, hace aproximadamente un mes, el Gobierno también acordó que se expedirá el DNI a españoles en el exterior. Aumentan los servicios, que me parece muy bien, pero no aumentan los recursos humanos para prestarlos. Y yo creo que para todo el mundo esto es un problema”, defiende.

Llanes, de CCOO, cree que corresponde al Gobierno implicarse y rechaza de plano el incremento de precios: “Esto es precarizar completamente el servicio exterior. Aquí la Administración tiene que mojarse y asumir la responsabilidad que le corresponde. Invertir en toda la red de edificios que tiene en el exterior, que es bastante extensa. Se están haciendo esfuerzos, no quiero decir que el Ministerio no sea consciente del problema, lo que pasa es que no tiene recursos suficientes. Función Pública y Hacienda fundamentalmente no son conscientes de esta necesidad”, denuncia.

Tampoco es que haya una fotografía clara de las necesidades. “La ley de acción exterior y servicio exterior de 2014 establece que deben elaborarse a los seis meses de su entrada en vigor y después cada dos años informes sobre el estado de los recursos y medios que tiene [...]. No se ha hecho ninguno”, critica Virella.

Un portavoz señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza la propuesta de ADE, en línea con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) —organismo de representación de las comunidades en el extranjero cuyo presidente elige el Ministerio de Migraciones—, que “se ha opuesto con firmeza” a la iniciativa.

El CGCEE plantea, entre otros motivos, que subir tasas podría reducir los registros consulares y fomentar la inequidad. “Medidas como la propuesta podrían tener un efecto disuasorio sobre la inscripción consular y la realización de trámites consulares. Esto podría llevar a que parte de la ciudadanía opte por evitar gestiones en los consulados generales, bien postergándolas, bien realizándolas en España si tienen la posibilidad de viajar, lo que introduce una desigualdad basada en la capacidad económica y la movilidad”, alega en un comunicado.

Virella indica, por su parte, que nadie del Gobierno ha acusado recibo del planteamiento, que sí ha tenido cierta acogida en las Cortes: “Entregamos este informe a la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados [...] el pasado 27 de mayo y les interesó porque la situación es realmente muy difícil, muy grave. Estamos hablando de listas de espera enormes. Por ejemplo, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, hay 600.000 ciudadanos en Buenos Aires que quieren presentar su solicitud de adquisición de la nacional española. El consulado va a tardar décadas en tramitarlas”.

De las casi 2.700.000 personas llamadas a las urnas el 18F, prácticamente medio millón reside en el extranjero. Son los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), los gallegos del exterior, que alcanzan una cifra nunca vista en unas elecciones autonómicas, donde suman más votantes que las provincias de Lugo o Ourense. De esos 476.514, apenas 140.000 nacieron en Galicia. La gran mayoría son ya hijos o nietos de padres o abuelos que en la diáspora -o el exilio- mantuvieron la nacionalidad española y la transmitieron a sus descendientes, que ahora podrán decidir el gobierno de la Xunta sin necesidad de haber puesto nunca un pie en la comunidad.

El carácter emigrante del pueblo gallego hace que el número de residentes ausentes sea, de largo, el más elevado de las autonomías españolas. Si Galicia supone casi el 6% de la población del Estado, su peso en el CERA alcanza el 20%. Y en unas elecciones que se prevén ajustadas, su impacto puede ser decisivo. Sobre todo, ahora que se han eliminado los trámites burocráticos para participar.

La lejanía y la falta de controles habían convertido la diáspora en terreno abonado para la picaresca electoral, especialmente en países como Argentina, el de mayor número de inscritos en el CERA. La suplantación de identidades, los muertos que seguían votando o las denuncias de voluntades que se compraban -al cambio- por unos pocos euros, acompañaban cada proceso. Para evitar que una única persona pudiese encargarse de remitir todos los votos que fuese capaz de recolectar, se fueron introduciendo requisitos.

El primero fue acompañar cada papeleta con la fotocopia del DNI. Esa simple identificación provocó la primera caída en una participación que había ido subiendo hasta el 30% del censo. Sin embargo, como no se consideraba suficientemente garantista, en 2011 se introdujo una nueva modificación: el llamado voto rogado, hacer que fuese el elector el que solicitase su derecho a participar, es decir, que rogase el voto. La abstención se disparó por encima del 90% y las sacas de papeletas de la diáspora cayeron al mínimo. Ese requisito se eliminó en octubre de 2022 y el repunte se pudo apreciar ya en las elecciones generales del 23J, donde el PP ganó su último escaño en Madrid gracias al voto exterior. Era el que obligaba al PSOE a conseguir el sí de Junts a la investidura. Pero antes, en 2020, el voto emigrante ya había dado a Feijóo su mejor resultado en Galicia. Las sacas llegadas del extranjero le permitieron remontar los 45 votos que habían concedido al PSOE el último diputado por Pontevedra. Finalmente, sería el número 42 para el PP.

Las del 18F serán, por tanto, las primeras autonómicas en doce años sin voto rogado. Con un censo más alto que nunca y una participación que podría recuperar sus niveles anteriores al 2011, el voto emigrante reclama de nuevo protagonismo. No será la primera vez. Dos comicios tan claves en la historia de la comunidad como los de 1989 y 2005, la primera victoria de Manuel Fraga y su posterior derrota, dependieron de las sacas de correos. No sería sorprendente que, el 18F, la continuidad del PP o un eventual cambio de gobierno tuviesen que esperar al recuento de la última papeleta procedente de la emigración. Especialmente en las dos provincias sobrerrepresentadas en la cámara gallega: la de Lugo, con un 20% de voto CERA y, especialmente, la de Ourense. En el tradicional granero de votos de los populares -y donde la posible llegada al Parlamento de Democracia Ourensana añade aún más incógnitas a cualquier pronóstico-, tres de cada diez electores están censados en el extranjero. En las circunscripciones más pobladas, A Coruña y Pontevedra, el porcentaje se queda en un nada despreciable 15%.

El aumento del censo

476.514 es la cifra más alta de inscritos en el CERA en un proceso electoral. Según el PERE, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, son 527.449 los gallegos que viven fuera de España -en 2022 eran más de 529.000-, pero apenas 140.726 los nacidos en Galicia. El resto son descendientes de emigrantes que mantienen la nacionalidad y pueden depositar su sufragio sin necesidad de haber puesto nunca un pie en la comunidad autónoma.

Dos de cada tres votos cruzarán el Atlántico

A Buenos Aires se la conoce tradicionalmente como la quinta provincia gallega y los datos del CERA refrendan el tópico. Argentina es el país extranjero con más inscritos en el CERA: casi 166.300, un tercio del total. Otro tercio está repartido por el resto de América Latina, con Cuba y Brasil a la cabeza. Ambos países superan los 45.000 censados. El primer estado europeo de la clasificación es Suiza, destino de numerosas oleadas de emigración a mediados del siglo pasado. Hoy acoge un censo de 34.114 gallegos de la diáspora.

El fin del voto rogado puede disparar la participación

Los del 18F no sólo serán los comicios donde más voto exterior pueda emitirse en número total. La supresión del trámite que imponía el voto rogado -creado para depurar el censo como respuesta a las constantes irregularidades- puede hacer que también se dispare el porcentaje, al menos, hasta los niveles anteriores a ese requisito. El gráfico permite ver cómo la participación comienza a caer en 2009, cuando se obliga a adjuntar una fotocopia del DNI junto a la papeleta y cómo directamente se desploma a partir de 2012, primeras autonómicas en las que el elector tenía que solicitar el voto -voto rogado- a la oficina censal. Estas serán, por tanto, las primeras elecciones autonómicas en las que volverá a ser suficiente con estar inscrito en el CERA. La última vez que sucedió esto, en 2005, la participación del CERA rondó la tercera parte del censo.

Del imperfecto bipartidismo tradicional...

Los cambios normativos no sólo influyeron en el número de votos, también en su distribución. Antes del voto rogado y de la obligatoriedad del DNI, PSOE y PP recibían la gran mayoría de los votos, decenas de miles a una enorme distancia de un BNG que no parecía ser capaz de hacerse un hueco en el exterior. Coincidiendo con quién gobernaba en Madrid, socialistas y populares se alternaban como fuerza más votada. Con la restricción del voto, continuaron manteniendo su posición -sobre todo, el PP- pero cayeron en números totales en varias decenas de miles de papeletas.

...a un arco cada vez más multicolor

Desde 2012, con la irrupción de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), la coalición formada por la izquierda rupturista y el nacionalismo escindido del BNG, y que fue antecesora de Podemos y las mareas en sus diversas formas (En Marea, Galicia en Común), el bipartidismo imperante comienza poco a poco a ceder espacios. Los gráficos permiten ver cómo, a partir de ahí, las opciones del CERA comienzan a acercarse a las de los votantes de Galicia, manteniendo tendencias como apostar más por el partido que ejerza el gobierno, no de la comunidad autónoma, sino del Estado. Una de las incógnitas es saber cómo se reflejará en la diáspora el previsible segundo puesto del BNG. Como curiosidad, Vox, ausente del Parlamento de Galicia porque nunca ha conseguido superar la barrera del 5% de los votos, sí logró hacerlo, por apenas unas décimas, en el voto exterior de 2020.

Por correo o en la urna del consulado

La Oficina del Censo Electoral envía en estas fechas a todos los electores inscritos en el CERA la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, una documentación que también podrá obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores. El plazo para votar por correo finaliza el 13 de febrero. Entre el 10 y el 15 del mismo mes se podrá votar presencialmente en las urnas habilitadas en los consulados.

Los resultados de las elecciones generales del 23 de julio no dan mayoría parlamentaria a ningún partido político. Ninguno de los dos bloques tiene ahora asegurada una mayoría para investir a un presidente y formar un Gobierno. Sin embargo, los 350 escaños del Congreso de los Diputados no están repartidos de forma definitiva. Aún quedan por contar las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España y han ejercido su derecho de voto: su participación podría alterar el último escaño de hasta nueve provincias donde hay puestos disputados.

Se trata del voto CERA, es decir, de los españoles registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en el extranjero.

¿Cuántos votantes residen en el extranjero?

En el momento de las elecciones generales del 23 de julio, había 2.328.261 españoles residentes en el extranjero inscritos en este censo. Las comunidades con más electores CERA son Galicia (472.140 personas), Madrid (376.495), Catalunya (281.551) y Andalucía (269.380).

Los países con mayor concentración de españoles residentes en el extranjero y registrados en este censo son Argentina (434.604), Francia (237.984), Estados Unidos (158.162), Cuba (152.796), Alemania (142.945), México (135.803) y Reino Unido (134.201).

¿Cuál es la participación?

Habitualmente mucho más baja que dentro de España. En los últimos años, las complicaciones burocráticas del llamado voto rogado vigente entre 2011 y 2022 hicieron que la participación fuera especialmente baja. No sólo había que hacer un papeleo extra, sino que no se garantizaba que el voto llegara a tiempo.

En el caso de las elecciones generales celebradas en 2011, 2015, 2016 y 2019, menos del 10% de los electores solicitaron el voto como consecuencia de la complejidad del procedimiento, según reconocía el Ministerio de Exteriores al anunciar el cambio de la ley en 2022. La participación real de los que completaban el procedimiento era todavía más baja, entre el 4,7 y 6,8%. La participación de los residentes en el extranjero en las elecciones de 2008, antes de la reforma, superó el 30%.

¿En qué ha cambiado el voto exterior?

Las elecciones autonómicas del 28 de mayo han sido las primeras en las que los ciudadanos en el exterior han podido votar sin tener que rogar su voto desde que se impusiera por ley en 2011. Esto ha facilitado la participación exterior, duplicando el número de votantes en las autonómicas en comparación con las anteriores elecciones en las mismas comunidades y alcanzando cifras similares a años anteriores a la ley.

Por ello, y teniendo en cuenta que las elecciones generales tienen más poder de convocatoria, cabe esperar que la participación exterior aumente también en estas elecciones generales del 23 de julio.

¿Cuándo se hace el recuento?

El recuento de los votos de los españoles residentes en el extranjero se hace durante el escrutinio general que se celebra cinco días después de las elecciones, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En este caso, el recuento del voto exterior, de carácter único y público, empezará el viernes 28 de julio a las ocho de la mañana, según dice a elDiario.es la Junta Electoral.

A las 10 de la mañana se espera que empiece el escrutinio general con los resultados del CERA y del voto el 23 de julio (presidencial y por correo) para oficializar los resultados completos. Todo el proceso terminará, como tarde, el lunes, y el martes 1 de agosto estarán publicados los resultados definitivos de las elecciones generales. El dato de participación se actualizará teniendo en cuenta también el censo exterior (lo que habitualmente baja el porcentaje).

¿Puede alterar el reparto de escaños?

El voto CERA podría alterar el reparto de un último escaño en las provincias donde los resultados han sido muy ajustados y aún se considera que puede haber escaños en disputa. Esto afecta hasta a nueve provincias.

La batalla por el último escaño: quiénes están a punto de perder y ganar un escaño

Se muestran los escaños en disputa con el escrutinio actual. Destacadas en gris, las provincias donde están más cerca de arrebatar el escaño

Tiene el últ. escaño

Se lo puede arrebatar

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Mirando la cercanía entre partidos en el resultado del escrutinio el domingo, el Partido Popular podría ganar hasta tres escaños y perder otros dos. En Cantabria, que cuenta con 41.229 electores residentes en el extranjero, está a 428 votos de arrebatarle un escaño a Vox. En Girona, con 24.016 votantes CERA, disputa por 363 votos un escaño a Junts y en Madrid (que tiene 376.495 electores censados fuera de España) necesitaría 1.749 votos para quitarle un puesto al PSOE.

El PSOE podría ganar tres escaños y perder otros tres. En Tarragona, con 21.576 votantes que podrían haber votado desde el extranjero, necesita 1.298 votos para alcanzar a Junts y en Salamanca (31.638 electores) está a 1.896 votos de arrebatarle un escaño al PP. Sin embargo, en Santa Cruz de Tenerife, con 107.213 votantes en el extranjero, Sumar disputa por 1.515 votos el último escaño al PSOE.

Aunque parece improbable por el número de potenciales electores en el extranjero, en Teruel (5.103 personas) el PP podría perder un escaño si Teruel Existe consiguiera 1.956 votos, en Albacete (8.064 personas) el PSOE podría perder un escaño ante Vox si consiguiera 1.287 votos y en Ceuta (2.975 personas) el PSOE podría arrebatar un escaño al PP si consiguiera 1.587 votos.

A cuántos votos está cada partido de ganar o perder un escaño

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lon consiguió

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No se trata sólo de cubrir la diferencia de votos, ya que también se debe considerar cómo afectan los votos del exterior al porcentaje de los partidos en total para el reparto de escaños. Aquí lo calcula El Confidencial.según el número posible de votos a cada partido.

Considerando el número de electores por provincia y el número de votos necesarios para que un partido arrebate a otro ese último escaño más disputado, los cambios más probables serían en Cantabria y Girona.

¿A quién suele favorecer?

Según los datos disponibles de otras elecciones, el voto CERA suele beneficiar a las formaciones de izquierda. En las últimas elecciones generales al Congreso de los Diputados de 2019, tanto las de abril como las de noviembre, en la mayoría de comunidades y provincias españolas los residentes en el extranjero votaron como primera fuerza al PSOE (26,9% en abril y 27,5% en noviembre). En el caso de abril, la segunda fuerza más votada fue Ciudadanos y en noviembre fue el PP, a excepción de Catalunya y Galicia.

En las elecciones de 2016, Podemos y sus confluencias obtuvieron un 30% del voto exterior, seguido por el PP con un 19%.

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“Voté sin ningún problema, me llegó todo con tiempo y mucha antelación y envié mi voto por correo”, afirma a elDiario.es María Almena, toledana que lleva viviendo en Francia 10 años. Almena explica que ha votado otros años en muchas elecciones con bastantes más dificultades en comparación con las elecciones autonómicas del 28M.

Las elecciones autonómicas del pasado mayo fueron las primeras en las que los españoles residentes en el extranjero votaron tras la derogación del voto rogado el año pasado, que venía lastrando el voto exterior desde que el PP y el PSOE implantaron la norma en 2011.

Almena recuerda especialmente los comicios generales de 2019, cuando votó en persona en el consulado español y luego viajó a España y pudo asistir en persona al recuento de la Junta Electoral Provincial: “Me di cuenta de que mi voto no llegó, no aparecí en la lista de electores. Era un voto perdido por una valija diplomática que no llegó a tiempo por los plazos tan estrictos y poco flexibles que había”. 

Desde el colectivo Marea Granate, red transnacional de migrantes españoles, Berta Burguete explica a elDiario.es que el voto rogado generaba un “cuello de botella” que retrasaba mucho el proceso hasta que llegaban las papeletas, “muchas veces tarde o después de las elecciones”, como en el caso de Almena.

“Las personas que vivimos en el exterior teníamos que rogar el derecho fundamental al voto. En los últimos tiempos había una plataforma telemática para rogar el voto, pero antes teníamos que hacerlo por fax, que era complicado de encontrar, o por carta ordinaria. Esta solicitud iba al INE, que autorizaba o no el voto y, cuando las papeletas estaban disponibles, se enviaban a las personas autorizadas a votar”, detalla.

La primera vez sin rogar el voto

En las elecciones del 28M, “algunas voces dijeron que no había servido de nada (eliminar el voto rogado) porque la participación había sido muy baja. Lo que ocurre es que las elecciones autonómicas no tienen el mismo poder de convocatoria que las generales”, dice la portavoz de Marea Granate. Un informe realizado por la organización muestra que la participación alcanzó niveles superiores a los comicios de 2019 y “muy parecidos” a los niveles anteriores a la reforma de 2011, cuando se introdujo el voto rogado.

El número de españoles residentes en el extranjero que votaron en las elecciones autonómicas se duplicó en comparación con los anteriores comicios en las mismas comunidades. El pasado 28 de mayo, más de 71.609 papeletas llegaban desde el extranjero, correspondientes a un 6,7% de los 1.055.653 electores registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en las comunidades donde se celebraron los comicios y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Esa cifra dobló la registrada en las anteriores elecciones autonómicas (en 2019, aunque en Madrid se celebraron en 2021), en las que votaron en el extranjero 35.843 personas de un total de 951.558 (el 3,7% de los electores). La mayoría de los territorios ha visto duplicado el número de votantes en el exterior, pero en las que más aumentó la participación son Asturias (de 2.623 a 7.329), Madrid (de 20.103 a 28.833), la Comunidad Valenciana (de 2.370 a 10.87) y Canarias (de 1.665 a 6.658), según los datos de la Junta Electoral Central.

Anteriormente, “nos llegaba una gran cantidad de consultas sobre cómo realizar el procedimiento”, afirma la portavoz de Marea Granate. “Esto se ha terminado porque es el Estado el que te escribe primero y te cuenta lo que tienes que hacer”.

Con la eliminación del ruego se tarda menos en recibir el primer envío con los sobres de votación, según el colectivo. Una vez están las listas resueltas, se envían las papeletas, que también se pueden descargar por si no llegan o llegan tarde (una de las novedades introducida por la reforma). Además, en caso de que llegue el primer envío, existe la posibilidad de acudir al consulado para descargar los certificados y recoger las papeletas.

“Hay una mejora y una voluntad”

La experiencia de Almena indica que, en los consulados de España, “hay una mejora y una voluntad de ayudar a los electores, de proporcionar la documentación”. “En las anteriores elecciones (del 28M) fue la primera vez que no tuve la sensación de estar persiguiendo al cartero, de estar pendiente de las papeletas, del seguimiento de los envíos en el INE...”.

Aun así, la mujer echa en falta un ejercicio de transparencia, que los electores puedan hacer un seguimiento de su voto y saber si ha llegado y ha sido incluido en el escrutinio. En definitiva, estar seguros de que su voto cuenta. “Hay muchas más facilidades ahora, aunque sigue habiendo limitaciones y gente que se queda sin votar”, lamenta Almena.

Guillermo Díaz no ha querido votar en las dos citas de este año: “No he votado por decisión propia, pero las papeletas me llegaron al límite de tiempo”, dice este cántabro residente en Reino Unido. Asegura a elDiario.es que no ha notado “ninguna diferencia” con las elecciones generales y autonómicas de 2019 y que este año sabía que el consulado ofrecía la posibilidad de imprimir las papeletas, por el “boca a boca” y no porque esa información se publicitara.

Por su parte, Ana Zieleman, que lleva viviendo toda la vida en Holanda junto a su familia, afirma e este periódico haber podido votar en esta ocasión con normalidad, al igual que en las anteriores elecciones generales, cuando aún estaba en vigor el voto rogado: “Siempre nos han llegado los sobres a casa y ahí pone las instrucciones de cómo votar”.

Depender del servicio postal

El proceso ha mejorado con la derogación del voto rogado, pero los españoles residentes fuera siguen enfrentándose a dificultades a la hora de ejercer su derecho. La dependencia del servicio postal, en países donde es más deficiente, hace que las papeletas lleguen tarde o no lleguen.

Silvia Aijón, que actualmente está haciendo un voluntariado de la Unión Europea en Rumanía, cuenta que no se informó bien y expiró el plazo para votar en las elecciones de mayo. De cara a las generales de este domingo, llamó a la Embajada de España en Bucarest y “todo fue más sencillo”. Tras casi cuatro semanas de espera, las papeletas llegaron el jueves 13 de julio y este lunes, 17 de julio, las mandó por correo desde una oficina postal en Sighișoara.

Sin embargo, en la oficina postal le dijeron que no le podían asegurar que llegue a tiempo: “Aun siendo certificado y prioritario, nadie nos asegura que vayan a llegar”.

Entre los principales problemas citados por los electores, aparecen las distancias hasta el consulado o el proceso para los residentes temporales. También la barrera de la inscripción consular, el primer paso para poder votar en el exterior, que requiere presentarse de manera física en el consulado de España.

Desde Marea Granate denuncian que no se ha modificado el decreto que regula el procedimiento de las personas que están de manera temporal en el extranjero: “Es algo urgente que hay que resolver”. Asimismo, hay personas que llevan un tiempo en el extranjero y no saben que deben registrarse en el consulado, y “se quedan en un limbo ya que no pueden votar ni como residentes temporales ni como permanentes”, según Burguete.

Distancias y costes adicionales

El caso de Antonio Guillén es singular, porque le fue denegado el voto el 28M. “Solicité a tiempo el voto, con un mes y medio de antelación, y me llegó una carta después de un mes, a falta de un par de semanas de las elecciones, diciéndome que no podía votar”, explica el español que se encontraba en Londres realizando una estancia del doctorado. En la carta no le indicaban qué procedimiento debía seguir, simplemente le informaban de que el voto le había sido denegado.

“No he votado, no porque yo no quisiera”, lamenta, aunque admite que si hubiera ido a la Embajada española en Londres, podría haber solucionado el problema y haber votado, pero no lo hizo por falta de tiempo y por lo lejos que se encuentra la legación diplomática en la capital de Reino Unido.

Inés Jiménez, que estudió en Ámsterdam y ahora trabaja en esa ciudad holandesa, dice a elDiario.es que la Embajada española está en La Haya, mientras que en Ámsterdam sólo hay un consulado “muy pequeño que abre de 09.00 a 14.00” hora local. “Coincide con mi jornada laboral, pero tengo el privilegio de tener flexibilidad horaria”, agrega. Explica que se ha habilitado una cabina para solicitar el voto para las elecciones generales, pero en las autonómicas, no.

Una vez que se registró en el Consulado, cuando le llegaron las papeletas, Jiménez tuvo que enviarlas por correo certificado: “Es cierto que hay un recibo de reembolso, pero cuando fui a solicitar el voto para el 23J pregunté a los funcionarios cómo se pedía el reembolso. Uno de ellos me dijo que llevaba votando varias veces desde el extranjero y nunca había recibido el dinero”.

“El coste son nueve euros, pero aunque fueran dos euros. El hecho de que tengas que pagar por votar...”, lamenta. A los gastos de envío se suma el transporte para aquellas personas que no vivan en Ámsterdam ni en La Haya y que asegura que es “muy alto”. “Por ejemplo, de Ámsterdam a La Haya pueden ser 16 euros ida y vuelta en tren”, lo cual puede desalentar a más de un elector.

El pasado mes de octubre entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, y una de las sus medidas más celebradas en los países receptores de la inmigración española de la Guerra Civil y posguerra fue la nueva triple puerta de acceso a la nacionalidad española que se abrió por un periodo de dos años, hasta octubre de 2024. Por un lado, para descendientes de exiliados hasta segundo grado, incluyendo a nietos, pero también para quienes hubieran salido de España por otros motivos (como puede ser la búsqueda de prosperidad económica), entre 1936 y 1955; en segundo lugar, para aquellas hijas e hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y, finalmente, para descendientes mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de acuerdo a la norma anterior, la derogada Ley de Memoria Histórica en 2007. 

Este triple acceso se frenaría en seco en el caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones generales el 23 de julio, ya que la norma de octubre sería derogada por el nuevo gobierno, tal y como ha reiterado el candidato Alberto Núñez Feijóo esta misma semana en una entrevista en Onda Cero.

Las primeras estimaciones del Ministerio de la Presidencia, proponente de la Ley, cifraban en 350.000 las potenciales personas beneficiarias de estas medidas. Seis meses después, hasta el 31 de marzo de 2023, se habían aprobado en las oficinas consulares en total 26.477 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la nueva Ley, mayoritariamente en Argentina, México y Cuba. 

La respuesta de los diferentes consulados al momento de recibir peticiones  de acuerdo a esta triple posibilidad no está siendo igual en todos los lugares. A la inicial esperanza de miles de descendientes de emigrantes, en algunos países se están dando casos de retraso en las tramitaciones, silencio administrativo o, incluso, denegaciones basadas en interpretaciones contrarias a la norma que comienzan a generar desconfianza y decepción en las familias.

elDiario.es ha podido hablar con varios solicitantes en distintos países. Remiten falta de recursos humanos, de organización y también de actitud contraria a la aplicación de la nueva normativa. Los nombres han sido cambiados o reducidos a iniciales a petición de las personas entrevistadas, siendo un pensamiento común el “miedo a que se retrase aún más mi petición de nacionalidad si se publica mi nombre”.

“A finales de mayo ya se habrán cumplido seis meses y no tengo información sobre mi trámite”, remite Antonio, hijo de un exiliado de la posguerra, desde México. Explica así la falta de respuesta desde la oficina consular de Monterrey a la solicitud que comenzó a cursar en noviembre, recién entrada en vigor la Ley. Fue de los primeros: “Me dijeron que posiblemente para marzo o abril estaría listo mi trámite por ser el más sencillo como hijo de español, no nieto, pero no me están respondiendo los mails”.

Opina que lejos de ser un tema de falta de personal, “acaba siendo un tema de pésima atención al ciudadano. Pareciera que te están haciendo un favor con algún trámite, cuando en realidad es un servicio al ciudadano”. Le angustia pensar que pasen los meses y se cumpla el plazo de dos años abierto por el Gobierno español para estas nacionalizaciones de hijos y nietos de emigrantes sin que consiga su pasaporte. 

En Sao Paolo, Brasil, sí están respondiendo, escudándose eso sí, en la falta de personal. En una respuesta fechada hace escasos días, con firma del consulado general de esta ciudad, se confirma que desde el 13 de diciembre no se están adjudicando credenciales para las nuevas solicitudes de nacionalidad que llegan. “Mientras se mantenga la actual fuerza laboral de este consulado general, (la espera) superará varios meses y quizás años” se puede leer en el correo electrónico.

A continuación se transmite al ciudadano una queja que parece destinada a instancias superiores. “Mientras algunos consulados han obtenido autorización para contratar con carácter temporal varias decenas de trabajadores, este consulado ha debido hacer frente al incremento de trabajo con cuatro bajas en su plantilla” y se añade que “dentro de menos de un mes, una nueva baja voluntaria volverá a dejar al consulado en una situación crítica”.

Descendientes de emigrantes brasileños están localizando estos días a autoridades españolas del Ministerio de Exteriores en sus redes sociales, solicitando su amparo. P.B, bisnieto de gallegos y andaluces y que está intentando tramitar la nacionalidad de su padre, ha conseguido que le respondan desde Twitter y tras varios intentos ha recibido un escueto “estamos en ello. Gracias por tu mensaje”.

En Mendoza, en la región de Cuyo en Argentina, la oficina consular española solo da seis citas al día para rectificar errores. En los papeles de Sagrario, al apellido de su abuelo paterno español le sobraba una letra o en los documentos argentinos que hace que no coincidieran con los documentos españoles, y tuvo que hacer hace poco noche en la puerta junto con otras cincuenta personas, para ser una de las seis personas agraciadas y solucionarlo. A su madre de 82 años le faltan también papeles, pero no quiso llevársela esa noche. Pasó miedo, tuvieron que llamar en la madrugada a la policía, hacían guardias para no dormirse. 

“Fue totalmente desmoralizante, pasar toda la noche, entregar los papeles, que vean que a la partida de nacimiento que había salido de España no le habían puesto la fecha. Volví a casa devastada, llorando del cansancio”, explica. Ha conseguido que vuelvan a enviar la partida directamente desde España al consulado y que no tenga que volver a pernoctar en la puerta.  “Realmente esto te tira abajo. Pienso, ¿cuánta gente dejará así de insistir, de pedir por su derecho? Es una pena.”

El Ministerio de Hacienda autorizó a finales de abril la contratación de hasta 460 efectivos en consulados y embajadas españolas que responderán a las necesidades de refuerzo para gestionar esta derivada de la Ley de Memoria Democrática, así como la tramitación del voto exterior para las elecciones autonómicas y generales de este año 2023. De ellos, de momento se han incorporado 150 funcionarios y funcionarias en varias embajadas del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. 

Esta situación no se da de forma generalizada. “Se está actuando muy bien, por ejemplo, en Buenos Aires y Rosario en Argentina; Montevideo en Uruguay, en Caracas (Venezuela) y en La Habana (Cuba)” explica al teléfono Juan Manuel de Hoz desde el Centro de Descendientes Españoles Unidos, Ce.DEU, asociación que negoció activamente en la elaboración del texto final que amplía las posibilidades de nacionalización en la norma aprobada en noviembre, que se conoce en Latinoamérica como la Ley de Nietos. Han detectado errores en Santiago de Chile, Mendoza y Monterrey en México, Salvador de Bahía y Río de Janeiro en Brasil y, fuera de Latinoamérica, en Montreal (Canadá) y Amsterdam (Países Bajos).  

Tres ministerios han sido consultados para recabar la valoración sobre qué puede estar pasando: Exteriores, Justicia y Presidencia, de donde cuelga la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ninguno ha emitido ningún tipo de juicio sobre la situación. De Hoz, por su parte, lo atribuye a posible falta de conocimiento de parte del cuerpo funcionarial que ocupan puestos jerárquicos,  falta de lectura de las instrucciones o incluso de coordinación interministerial entre Exteriores, de quien depende el personal diplomático, y Justicia, encargada de emitir la instrucción que explica los pasos a seguir en la tramitación de todos los supuestos. Caso aparte son las graves irregularidades de interpretación de la norma que han detectado en Montreal, en Canadá, y que atribuye a “una cuestión de índole ideológica contraria a la aplicación de la ley o instrucción”. 

¿Español? El que nace en España 

“Se entiende que tanto la Ley 20/2022 como la interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y del espíritu de la ley, es refundar los dos supuestos distintos de opción que se refieren en todo momento a situaciones de expatriación o de exilio, es decir, de personas originariamente españolas, entendiendo como tales las nacidas en España”. El párrafo anterior es un extracto de la resolución negativa de petición de nacionalidad española al amparo de la nueva ley firmada por el cónsul de Montreal Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena el pasado 18 de mayo. En él, se reduce la condición de “personas originariamente españolas” a las nacidas en España, lo que contraviene directamente el artículo 17 del  Código Civil, en el que se define claramente que españoles de origen son los nacidos de padre o madre española, sin necesidad de que el nacimiento sea en territorio nacional. De ser asumible la argumentación del diplomático, él mismo, nacido en Nueva York en 1961 no podría contar con pasaporte español, ni tampoco, por citar un ejemplo conocido, el rey emérito Juan Carlos, nacido en Roma en 1938.

Desde el Ministerio de Exteriores no han querido entrar a valorar este escrito, y se limitan a remitir al derecho de recurso ante el Ministerio de Justicia, responsable de la aplicación de la normativa del registro civil.

“La instrucción de Justicia sobre la aplicación de la Ley no obliga  a que se haya nacido en España para ser víctima de expatriación”, explica Juan de la Hoz. “Simplemente ser hijo o nieto de alguien originariamente español”. Este texto ha motivado una carta de queja enviada desde la asociación Ce.DEU al ministro de exteriores José Manuel Albares. “No es posible consentir ni tolerar semejantes excesos que cruzan y vulneran la delgada línea de la legalidad por parte de un funcionario jerárquico del servicio exterior de España”, reza la carta. Han recibido respuestas informales del entorno del ministro y del partido socialista asegurando que “estaban en ello”. 

No es el único caso del consulado de Montreal. Daniel acaba de recibir el mismo tipo de respuesta desde el consulado, reinterpretando los supuestos de la ley. “No quieren reconocer la nacionalidad española de mi abuela por haber nacido en Argelia, cuando sus dos padres eran españoles”, explica en conversación desde Canadá. Ha aportado el certificado de nacimiento español de sus bisabuelos siguiendo la normativa, pero no ha servido. “Entendemos que su abuela no nació en España, por lo que no respondería a los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática”, le contestaron en un email, añadiendo que, por tanto, “su abuela no habría perdido la nacionalidad española como consecuencia de haber padecido exilio”. De nuevo, ni la Ley ni su posterior instrucción de aplicación exigen primero, que los antepasados hayan nacido en España, sino que sean españoles, ni que hayan sufrido exilio o expatriación.  

En el caso de Daniel, se da la circunstancia de que su hermana desde París y con la misma documentación sí ha conseguido tramitar su solicitud de nacionalidad, y que haya sido aceptada con los mismos papeles que a él en Montreal le han rechazado. Ambos ya cuentan con pasaporte europeo, ya que poseen la  nacionalidad francesa por parte de madre, por lo que añade, “no es cuestión de que yo necesite nacionalidad española, pero tengo derecho de tenerla, es la historia de mi familia. Quiero mi derecho de ser español porque me siento así también”. Recuerda a su padre y abuelo que “no pudieron tener la nacionalidad nunca. Es un derecho, mi derecho”.

El Gobierno de Pakistán ha cesado este miércoles a Mirza Salman Baig, el cónsul del país en Barcelona, después de que una empleada de la oficina consular le denunciara ante los juzgados de la ciudad por presunto acoso sexual en el ámbito laboral.

Tal como ha relatado la mujer a El Periódico, el diplomático le enviaba y pedía imágenes eróticas a través de una aplicación de mensajería que permite borrar las convsersaciones pasadas 24 horas. La presunta víctima ha declarado que se vio obligada a hacerlo para conservar el trabajo y regularizar su situación en España.

También, según se relata en la denuncia, el diplomático habría exigido a la trabajadora que se quedara en el lugar de trabajo cuando ya no había nadie, le habría dirigido comentarios obscenos y habría cometido abuso contra ella en un hotel de la capital catalana.

Salman Baig ha negado los hechos y asegura ser inocente, así como que la trabajadora quiso “chantajearle” cuando tomó la decisión de despedirla tras conocer episodios de supuesto comportamiento inadecuado con personas de su país.

El diplómatico ya ha regresado a Pakistán, donde prepara su defensa. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores abrió una investigación interna del excónsul después de que la trabajadora comunicará los hechos a la embajada. Salman Baig ha declarado que quiere volver a Catalunya para defenderse en los juzgados.

“Es una vergüenza que una persona como Claudia Pavlovich, que ha sido acusada de corrupción y ha llevado a cabo prácticas de abuso de poder, haya sido nombrada cónsul de México en Barcelona”. Así se expresaba Arturo Landeros, miembro de la Taula per Mèxic, entidad catalana que capitanea una campaña para exigir la destitución de Pavlovich, nombrada cónsul en Barcelona el pasado enero.

El nombramiento de Pavlovich ha levantado revuelo entre la comunidad mexicana, debido a que la política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) carece de experiencia diplomática y, “por contra, cuenta con un pasado lleno de polémicas y acusaciones de corrupción”. Así lo afirma la entidad en un comunicado que ha sido apoyado por una decena de entidades catalanas, españolas y mexicanas, y por más de medio centenar de personas a título individual.

El nombramiento de Pavlovich se enmarca en el mayor movimiento de cargos diplomáticos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y empezó a levantar revuelo desde que el mismo presidente reconociera que fue nombrada por “motivos políticos”. Pavlovich, quien fue gobernadora de Sonora (2015-2021) habría facilitado la ascensión al poder del partido de López Obrador (MORENA) en el estado que ella gobernaba, motivo por el cual “se la premió con un consulado amable y lleno de oportunidades”, denuncian desde la entidad, que reclama que “Barcelona deje de ser un premio a las corruptelas políticas”.

Esta acusación se basa en una investigación realizada por la organización 'Mexicanos contra la Corrupción' que destapó la llamada Operación Safiro, una trama de desvío de 650 millones de pesos (más de 28 millones de euros) de fondos públicos para financiar campañas electorales del PRI. El estado de Sonora, bajo mandato de Pavlovich, habría sido uno de los que más fondos desvió: 140 millones de pesos (6 millones de euros), un 22% del total. Recientemente, la organización ha instado a la reapertura del caso, que fue archivado en 2019 por falta de pruebas.

Un incendio que acabó con la vida de 49 niños

La lista de malas prácticas que desde Taula per Mèxic atribuyen a Pavlovich es larga. Una de las más sonadas se remonta a 2009, cuando un incendio arrasó la guardería ABC, en Hermosillo (Sonora), causando la muerte de 49 niños y heridas graves y permanentes a otros 150 más.

La asociación de víctimas del incendio lleva años denunciando la corrupción y el tráfico de influencias desde que Pavlovich se dirigiera al juez instructor de la causa (aun siendo representante del gobierno local y parte de la lista de personas investigadas) para recomendar a dos de los propietarios de la guardería, todos ellos con cargos políticos en activo o con relaciones familiares estrechas con miembros del gobierno.

Gracias a las recomendaciones de Pavlovich, los propietarios del inmueble ascendieron en su carrera política. Y cuando esta ostentaba ya el cargo de gobernadora del estado, forzó que se alargara el secreto sobre el caso hasta el año 2026 para evitar, según declaraciones de su gobierno, que aquella información pusiera en riesgo “la vida, seguridad o salud de los implicados”.

Este movimiento, que supuso que hasta pasados 15 años, nadie podrá saber qué pasó en esa guardería, fue definido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN), Arturo Zaldívar, en 2021 como “una operación de Estado para proteger a los altos funcionarios públicos del gobierno”.

“Me avergüenza que una persona así represente a mi país”

Adriana Villegas es madre de Héctor, uno de los niños sobrevivientes del incendio en la guardería ABC. Su familia ha volado hasta Barcelona para participar, en representación de la asociación de víctimas, en la campaña que exige la destitución de Pavlovich. “Carece de autoridad moral y nos da vergüenza que una persona así represente a mi país en una ciudad que ha sido tan solidaria con México como es Barcelona”, ha asegurado Villegas.

Las familias, que han enviado diversas cartas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han reclamado la destitución de la cónsul y han denunciado que ésta jamás se llegó a reunir con las víctimas para atender sus reclamaciones. De hecho, tal es la desatención que lamentan por parte del estado, que tuvieron que ir hasta California para encontrar un hospital que accediera a tratar gratuitamente a sus hijos.

Y es que el tratamiento de los sobrevivientes es largo y caro. Héctor ha tenido más de 10 cirugías reconstructivas, que han reemplazado el 60% de la piel de su cuerpo y han acompañado al crecimiento de la piel del 40% restante. “Las secuelas son enormes y hemos tenido que trabajar mucho con nuestro hijo para conseguir que pueda hacer una vida normal”, dice Villegas, en referencia a Héctor, que también ha volado con ella a Barcelona.

“Consideramos que es una afrenta que una persona como Pavlovich, que jamás se ha reunido con las familias víctimas, esté al frente de un consulado que debería representar a 12.000 personas”, ha expresado Arturo Landeros, en referencia al Consulado de Barcelona, que tiene competencias sobre Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragón, Murcia y Baleares.

Una historia que se repite

El nombramiento de una figura polémica al frente del consulado es algo que Barcelona ya vivió en 2015, con la llegada de Fidel Herrera Beltrán. Quien fue gobernador de Veracruz, fue nombrado representante mexicano en la capital catalana por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto en un movimiento muy controvertido y discutido por asociaciones y sociedad civil. Y es que sobre Herrera pesaban acusaciones de ser un agente importante en las redes de crimen organizado en México, hasta el punto de que se le llegó a denominar el Zeta1 (en referencia al cartel de Los Zetas).

Además, para poder nombrar a Herrera cónsul, Peña Nieto tuvo que rebajar el estatus del consulado barcelonés de Consulado General a Consulado de Carrera. Esto significa que, siendo así, el Senado mexicano no tiene que ratificar los cónsules, hecho que da vía libre a “nombramientos a dedo sin ningún sentido más que premiar a personajes corruptos, para alargar una carrera política que en México ya habría llegado a su fin”, denuncian desde Taula per Mèxic.

“Barcelona no es un premio”, reiteran desde la entidad. Por ello, reclama que se revoque el nombramiento y que se eleve de nuevo el estatus del consulado. Para ello, ha remitido una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores español y pidiendo, además, explicaciones sobre “por qué la Oficina de Información Diplomática no encontró ningún impedimento para nombrar a la Sra. Pavlovich cónsul de México en Barcelona”. Además, también han dirigido una misiva a la alcaldesa Ada Colau, para pedirle que se posicione, como ya hizo con Fidel Herrera, contra el nombramiento de Pavlovich.  

Durante casi tres meses, españoles emigrados a Australia se han visto “deliberadamente desatendidos” por el Consulado de Sídney, según su testimonio. Las consecuencias son no poder renovar el pasaporte, registrar a los recién nacidos como españoles o renovar el visado que les permite residir en Australia.

Desde el 25 de junio, el consulado español ha cancelado toda la atención presencial debido, según ellos, a las medidas impuestas por las autoridades para combatir la COVID-19. Australia cerró fronteras en marzo de 2020 y en junio de este año, tras registrar un aumento de casos, impuso una orden de confinamiento a la ciudad de Sídney.

Según las normas establecidas por las autoridades australianas, los servicios consulares están dentro de los que prestan trabajadores autorizados.

“Siempre han podido abrir”, dice Araceli Domínguez-Adame, portavoz del grupo de españoles afectados. La española llegó a ponerse en contacto con Alex Greenwich, diputado que representa a Sídney en la Asamblea legislativa de Nueva Gales del Sur, para comprobar si el consulado podía abrir, en una correspondencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Entendemos que las actuales medidas de salud pública no impiden que los consulados abran o presten servicios”, respondió la oficina de Greenwich.

“Han vulnerado nuestros derechos”, dice Araceli, que se pregunta por qué no se hizo un plan anti-COVID para poder atender presencialmente, ya que es “indispensable para realizar trámites”. La portavoz asegura que tienen constancia de que otros consulados, como el de Francia, localizado en el mismo edificio que el español, sí han estado abiertos durante estos meses.

Sin respuestas

Ante la imposibilidad de ser atendidos, este grupo de españoles afectados se pusieron en contacto con el Consejo de Residentes Españoles en Sídney, formado por un grupo de españoles voluntarios que sirve de nexo entre los residentes y el Consulado. “No han actuado con firmeza”, dice Araceli, que asegura que el Consejo se posicionó de parte del Consulado.

Al no encontrar una solución, decidieron escribir directamente al Consulado en una carta firmada por 80 españoles residentes en Australia, sin éxito. La respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue la siguiente: “La calificación de 'esencial' de los servicios consulares a la que se refieren estas autoridades afecta exclusivamente al personal que trabaja en este Consulado General y no a los eventuales usuarios de estos servicios”.

También contactaron con la Embajada española en Australia, que no contestó, y finalmente pusieron una reclamación al Ministerio de Asuntos Exteriores. “Contestaron de una manera vaga”, explica Araceli, que señala como, ante esto, respondieron con otra reclamación donde incluyen testimonios de los afectados y piden una investigación.

“El Ministerio se ha lavado las manos”, dice Araceli. Según ella, le han debido pasar la queja al Consulado ya que el que les ha contestado ha sido el cónsul, Javier María Carbajosa Sánchez. “La queja era para que el Ministerio investigara la situación, no para que se lavara las manos y se la pasaran al Consulado”.

Araceli explica que la respuesta del cónsul fue decir que sí habían atendido casos urgentes, como repatriación de cadáveres o salvoconductos. “No han definido qué es urgente y qué no, no hay un criterio”, dice. Además, tampoco les han explicado cómo funciona el salvoconducto que, supuestamente, les dejaría volar a España una vez se abran las fronteras. “Me da miedo que lleguemos a Dubái, donde hacemos escala, y yo tengo un salvoconducto que no sé si funciona. No me da ninguna seguridad”, dice la española.

El Consulado también había asegurado que para que los españoles pudieran renovar el visado, ante la imposibilidad de una cita presencial en la que renovar el pasaporte, emitían un certificado con el que podrían hacer los trámites. Sin embargo, cuando una española intentó renovar el visado usando este certificado, desde la oficina de inmigración de Australia se le hizo saber que no era posible, ya que solo aceptaban pasaporte vigentes.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han asegurado que, tras el anuncio de desescalada del Gobierno de Nueva Gales del Sur, desde el 20 septiembre se está volviendo a atender de forma presencial con cita previa. Este jueves también han anunciado que se ha vuelto a habilitar el sistema de petición de citas online. Exteriores dice que estaba cumpliendo con las restricciones y ha asegurado no tener más información sobre la situación que denuncian este grupo de españoles.

Problemas recurrentes

Para estos españoles, esto ha sido “la gota que colma el vaso”. “Es un problema estructural”, explica Araceli, que relata como ya antes de la pandemia había problemas con el Consulado por “no cumplir plazos” de los trámites y un “trato poco profesional”.

Araceli cuenta como para registrar a su hijo recién nacido como español estuvo “casi un año”. “Para ellos cuenta desde que pides la cita hasta que vas al consulado, pero antes tienes que organizar una documentación de película”, explica. Desde el Consulado le aseguran en las respuestas a sus quejas que los trámites se resuelven en cuestión de “semanas”, pero ella señala que eso solo tiene en cuenta el tiempo desde que te dan la cita hasta que te atienden, no todos los trámites anteriores y posteriores, que pueden llevar cada uno “semanas o meses”.

Estas no son las primeras quejas sobre la lentitud de los trámites en embajadas o consulados españoles. Tras el Brexit, españoles residentes en Reino Unido denunciaron meses de espera para la documentación indispensable que les permitiera obtener el permiso de residencia necesario para poder permanecer en el país de manera legal.

Nos puede pasar a todos. Lo tenemos todo listo para nuestro próximo viaje, con los billetes comprados, los hoteles reservados y hasta las visitas programadas, y de pronto, en el último momento, descubrimos que nuestro pasaporte tiene algún problema, o peor aún, lo perdemos o nos lo roban justo antes del viaje. ¿Qué hacer?

Una vez que hemos controlado el ataque de nervios y hemos calmado la ansiedad, hemos de recordar que no tener el pasaporte en regla no es el fin del mundo, y muchas veces hay maneras de solucionarlo. Eso sí, dependiendo de las circunstancias y los plazos el proceso será más fácil o sencillo, más rápido o lento, y conllevar más o menos dolores de cabeza. Tanto si estás en España y aún no has comenzado tu viaje, como si el problema surge una vez en tu destino, hay servicios para conseguir un pasaporte de urgencia con el que salvar la papeleta.

¿Qué problemas pueden hacer que mi pasaporte no sea válido?

Evidentemente, el principal motivo que invalida tu pasaporte es no tener pasaporte. Es decir, haberlo perdido o que te lo hayan robado, ya sea antes de salir o una vez en tu destino. Es el motivo más obvio y el que antes nos hace reaccionar, ya que has de interponer una denuncia en la Policía avisando de su pérdida o robo. Pero la validez de un pasaporte se puede ver comprometida de otras maneras, y nos podemos confiar y no darnos cuenta hasta el último momento.

La mayoría de los destinos piden entre 3 y 6 meses de validez en tu pasaporte, y eso, aunque tú solo vayas a estar allí 15 días, es motivo para que no te dejen volar. Es algo de lo que te debes informar antes de comprar tu vuelo, porque puedes llevarte la sorpresa en el momento de facturar en el aeropuerto o al intentar cruzar una frontera.

Otros motivos que pueden invalidar tu pasaporte es no contar con un mínimo de hojas en blanco, al menos se exigen dos hojas en blanco por delante y por detrás, o que esté deteriorado, ya sea porque se ha mojado o porque tiene alguna parte rota. En ambos casos te pueden echar para atrás, así que revísalo bien antes de emprender tu próximo viaje.

Obtener un pasaporte de urgencia en España

Estás en España, aún no has emprendido tu viaje, y descubres que tienes un problema con el pasaporte que no te va a permitir viajar. Aquí el primer factor que influye es el tiempo que queda hasta que salga el avión o el barco con el que comienza tu viaje. Dependiendo de los días que tengas de margen, o las horas, podrás hacer una cosa u otra.

Para renovar tu pasaporte has de solicitar cita previa en una oficina de expedición, y así poder pedir uno nuevo. ¿Qué puede pasar? Que el margen previo a tu viaje no sea suficiente y la cita te la den para una fecha posterior a la salida de tu viaje. Si eso sucede, prueba a pedir cita en otras oficinas y comprobar las diferentes fechas, a veces en una localidad o provincia cercana la lista de espera es menor.

Si incluso así no es posible, lo más recomendable es que te presentes en una oficina de expedición a primera hora para comentar tu problema, justificando debidamente tu urgencia (con billete de avión, pasaporte defectuoso o denuncia policial en caso de pérdida o robo) y esperar a que haya un hueco libre para ti. No se suele atender sin cita previa, pero tienes que intentarlo. Es posible que tengas que esperar varias horas hasta el último momento para que te atiendan, pero si lo consigues lo habrás solucionado.

Además del billete de avión recuerda llevar contigo todo lo necesario para renovar un pasaporte: el DNI, el pasaporte antiguo si lo tienes (y si no la denuncia), una fotografía de tamaño carnet y dinero en efectivo para el pago de los 30€ de tasas, aunque también puedas pagar de manera telemática.

También puede pasar que te des cuenta de que tu pasaporte no es válido, o que no aparece, el mismo día de tu viaje. Un momento en el que nos atrapa el pánico, y con razón, pues puede tener solución, o no. Dependerá del aeropuerto del que salgas.

Los aeropuertos de Madrid y Barcelona cuentan con una oficina de expedición de pasaportes de emergencia, pero solo podrás obtenerlo si tu vuelo sale ese mismo día o antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Deberás justificarlo presentando tu billete de avión. Encontrarás estas oficinas en la planta 2 de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en la planta 3 de la T1 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Si pasas por Madrid o Barcelona el día de tu vuelo y tienes margen puedes solucionarlo obteniendo un nuevo pasaporte de emergencia, que será válido durante solo un año y que tendrás que renovar en ese plazo. Pero si no sales de ninguno de estos dos aeropuertos, entonces sí tendrás un problema, ya que no te quedará otra que perder tu vuelo y tener que posponer tu viaje.

Obtener un pasaporte de urgencia en el extranjero

También podemos tener problemas con el pasaporte cuando ya nos encontramos viajando, y tanto si se deteriora, lo perdemos o nos lo roban, entonces el inconveniente será a la hora de salir de ese país, tanto si lo que queremos es volver a España como si deseamos cambiar de país.

En este caso es cuando entra en función lo que una embajada y un consulado pueden hacer por ti, pero no olvides que si el motivo es la pérdida o el robo del pasaporte primero habrás de acudir a una comisaría de policía local a interponer la correspondiente denuncia. Una vez que la tienes es el momento de recurrir a la embajada o consulado que España tenga en tu destino.

Desde una embajada o un consulado podrán expedir un nuevo pasaporte de validez limitada o en su caso un salvoconducto que te permitirá volver a España, y una vez de vuelta deberás pedir cita previa para expedir un nuevo pasaporte definitivo.

Si todo va bien, lo raro es que nos acordemos de la existencia de las embajadas y los consulados de nuestro país en el extranjero, pero cuando algo importante falla, y necesitamos ayuda oficial, entonces es cuando estas delegaciones del país de origen aparecen en la mente del viajero.

Sí, las embajadas y los consulados están ahí como una pequeña representación de nuestro país para prestarnos ayuda en caso de necesidad, pero aunque sus funciones y capacidades van mucho más allá hay otras que están limitadas, por lo que no podemos recurrir a ellas esperando que nos solucionen cualquier tipo de problema.

Qué es una embajada y qué es un consulado

Quizá deberíamos empezar por distinguir qué es una embajada y qué es un consulado, para tener claras las funciones de cada uno de estos organismos. Una embajada es la máxima representación de un país en el territorio de otro país, una misión diplomática permanente que trabaja por las relaciones de Estado y actividades entre ambas naciones. Hay una y suele estar en la capital.

Pero por otro lado sí puede haber varios consulados en un mismo país. Son de menor rango que las embajadas y están dirigidos a atender a los compatriotas que se encuentran en ese país extranjero. Las embajadas suelen contar con una “sección consular” para ofrecer los mismos servicios que un consulado propiamente dicho, por lo que tanto embajadas como consulados podrán serte de ayuda para según qué trámites cuando estés de viaje en otro país.

Lo que una embajada y un consulado sí pueden hacer por ti en el extranjero

Si estás de viaje en un país diferente al tuyo ten en cuenta que tanto una embajada como un consulado pueden prestarte los siguientes servicios si los necesitas. Así lo indica el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no dudes en acudir igualmente en caso de necesidad para que te informen si pueden o no pueden ayudarte con tu problema.

Suele ser el motivo más común para el que acudimos a una embajada. Ya sea por caducidad, pérdida o sustracción, aquí podrás expedir nueva documentación provisional para volver a tu país.

Si necesitas este tipo de información antes de emprender tu viaje puedes obtenerla en la embajada que ese destino tenga en tu país, pero si la necesidad te surge una vez allí entonces puedes recurrir a la embajada que tu país tenga allí.

Si esto ocurre, y te detienen por cualquier motivo, tienes derecho a pedir a las autoridades locales que te pongan en contacto con el cónsul de tu país.

Si te detienen una embajada puede notificárselo a tus familiares si así lo deseas, igual que visitarte periódicamente y hacer de intermediario para entregarte y recibir correspondencia.

Si fuera necesario, la embajada puede facilitarte información sobre los trámites y los costes que conlleva el traslado de cadáveres, del mismo modo que te puede poner en contacto con empresas locales que se dediquen a ello.

La embajada te puede adelantar fondos para una repatriación, pero ese dinero se lo deberás devolver al Tesoro Público según los plazos que marcan la ley.

Como por ejemplo, en lo relacionado al Registro Civil, servicios notariales o para legalizar documentos que vayan dirigidos a organismos españoles.

En caso de catástrofe o emergencia en un país extranjero debes de ponerte en contacto con tu embajada, allí podrán prestarte ayuda, soporte y apoyo.

Lo que una embajada y un consulado no pueden hacer por ti en el extranjero

Como ves las embajadas y los consulados pueden ayudarte en muchas cosas, pero también tiene sus limitaciones. Para que veas que su poder no es infinito y que no pueden estar en todo, aquí tienes como ejemplo varios casos en los que una embajada o un consulado no pueden actuar por ti.

Si pierdes o te roban la documentación la embajada te podrá expedir como decíamos un pasaporte o un salvoconducto, pero no el Documento Nacional de Identidad. Para obtener uno nuevo deberás solicitarlo en España.

Una embajada no te puede ayudar para hacer turismo, ni para encontrar alojamientos ni para sacarte billetes. Eso es algo que recae en ti, si necesitas asesoramiento siempre puedes recurrir a una agencia de viajes como tal.

Tampoco una embajada puede hacer de oficina de empleo ni nada parecido, si estás interesado en encontrar un trabajo eso es algo que recae únicamente en tu propia responsabilidad.

Es decir, en esos casos una embajada no puede garantizarte un tratamiento mejor que el que reciben los propios nacionales del país en cuestión, no puedes exigir recibir un trato especial.

Salvo en el caso excepcional que vimos en el apartado anterior, una embajada no puede avalarte, prestarte dinero o pagar tus multas. Es un problema que debes solucionar por tu cuenta.

Una embajada no puede ofrecerte personal que te haga de intérprete, de guía o de asistente social. Posiblemente pueda recomendarte cómo conseguir esa ayuda, pero no desde luego ponerla a tu disposición.

Igual que sí puede informarte sobre todos los trámites necesarios, una embajada no puede abonar los gastos de traslado de restos mortales a España o realizar los trámites por ti, es algo que corresponde a los familiares.

Una embajada no puede personarse en tu nombre en un litigio, es algo que debes hacer tú en persona, ni proporcionarte tampoco dictámenes jurídicos.

No puedes recurrir a la embajada que tu país tenga en el destino de tu viaje para que interceda en tu entrada al país en cuestión, son las autoridades del destino las que pueden tomar una u otra decisión.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió ayer en el Palacio de San Esteban con el nuevo cónsul general de Ecuador en Murcia, Daniel Eduardo Peñaranda, con el objetivo de estrechar relaciones entre ambos territorios y abordar proyectos presentados desde el consulado ecuatoriano como la 'Escuela del migrante', la 'Casa de la juventud' y el proyecto 'Ecuador en tu barrio'.

La iniciativa 'Casa de la Juventud' tiene como objetivo la creación de un espacio físico en el que jóvenes ecuatorianos puedan reunirse y fomentar la participación ciudadana, ha asegurado Peñaranda. También ha afirmado su confianza en que esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2019.

Otro de los proyectos es la llamada 'escuela del migrante' que pretende ofrecer cursos y talleres de capaticación para los trabajadores ecuatorianos y así “mejorar su competitividad y acceder a mejores empleos”.

El nuevo cónsul de Ecuador ha transmitido su intención de ir “más allá de los meros trámites burocráticos y administrativos que se gestionan en los consulados para acercarse a la comunidad ecuatoriana”.

Una comunidad ecuatoriana que en la Región de Murcia consta aproximadamente 50.000 personas, donde el primer núcleo poblacional es la ciudad de Murcia, con más de 26.000 ecuatorianos, seguido de Lorca, con aproximadamente 7.000 ecuatorianos.

En este sentido, se ha reunido hoy el cónsul de Ecuador con Francisco Javier Sánchez, director general de juventud , para abordar el proyecto 'Casa de la Juventud Ecuatoriana', así lo ha indicado a través de Twitter el propio consulado de Ecuador en Murcia.