María de los Ángeles se jubiló -forzada por circunstancias personales- en diciembre de 2022, después de más de treinta años de servicio en el Consulado de Marruecos en Canarias. Los dos meses previos a su retiro ejerció como secretaria de la entonces recién llegada cónsul, Fatiha El Kamouri, que le encomendó una única tarea: llevar su agenda. Ya había ocupado ese cargo, en alternancia con otra experimentada agente local (trabajadora consular que se rige por la normativa laboral española), con otros representantes diplomáticos, aunque con facultades más amplias. 

En tres décadas de trayectoria, María de los Ángeles se había especializado en la tramitación de expedientes (por ejemplo, para la repatriación de los restos mortales de ciudadanos marroquíes fallecidos en las Islas) y su dedicación y profesionalidad, al igual que la de sus compañeros y compañeras de trabajo en la sede ubicada en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, había sido reconocida por diferentes cónsules.

Por eso, se siente dolida con el trato que le está dispensando ahora el Consulado de Marruecos, casi tres años después de su jubilación. Y es que la institución sigue sin pagarle los 7.039,63 euros (más el 10% de interés por mora) que le debe desde que, en septiembre del año pasado, una sentencia estimara la demanda que presentó en 2023 en reclamación de cantidades (por antigüedad y por bolsa de vacaciones). 

Después de la llegada de El Kamouri, se disparó la conflictividad laboral en la sede consular. Hasta seis agentes locales, entre ellos María de los Ángeles, llevaron al Consulado marroquí a los tribunales por diferentes motivos: una por despido y el resto por reclamación de cantidades, vulneración de derechos fundamentales por modificación sustancial de las condiciones de trabajo e, incluso, por acoso laboral. 

Hasta la fecha, la justicia ha dado la razón en todos los procedimientos a los empleados, representados por la abogada Ana Sagaseta. Sin embargo, en al menos tres de esos litigios el Consulado de Marruecos no ha ejecutado las resoluciones firmes de los juzgados pese al tiempo transcurrido. En el caso de María de los Ángeles, catorce meses después de la sentencia sigue sin cobrar un solo euro. En junio, su abogada presentó la demanda de ejecución, instando a la institución a cumplir la sentencia y pagar la deuda, “habiendo transcurrido con creces los plazos establecidos”. No hubo respuesta. La trabajadora ha vuelto a insistir esta pasada semana con un nuevo escrito en los juzgados. 

Los agentes locales denuncian que el Consulado, con El Kamouri al frente, está “haciendo caso omiso” a las directivas del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, que estipula que, “en caso de litigio, se seguirá la legislación del país de acreditación”. En este caso, España.

Otras dos sentencias que no acata

El Consulado de Marruecos tampoco ha acatado hasta la fecha dos resoluciones que le obligan a restituir en sus anteriores condiciones de trabajo a otros dos empleados.

Una de ellas se había incorporado en 2020 para ejercer funciones administrativas, primero en el registro civil y, con posterioridad, en la recepción del edificio consular. En septiembre de 2022, cuando El Kamouri aterrizó en las Islas procedente de Euskadi, su anterior destino, acometió multitud de cambios en la organización y esta trabajadora había sido una de las afectadas, al ser trasladada a la tercera planta, al despacho del notario, para hacer labores de inventario de material. Sin embargo, según recoge el relato de hechos probados de una sentencia dictada en diciembre del año pasado, desde ese momento la empleada quedó ubicada “en una mesa vacía, sin ordenador, con un teléfono desenchufado, sin ningún tipo de material de oficina, despojada de funciones”. 

La resolución judicial anuló ese cambio de puesto al considerar que la cónsul había vulnerado los derechos de la trabajadora. No había causa económica, técnica, organizativa o de producción que justificara ese traslado. Por tanto, la empresa (el Consulado de Marruecos) tenía que devolver a la administrativa sus antiguas funciones de atención al público, registro consular y pasaporte. En el transcurso de ese proceso, la empleada desistió de la acción indemnizatoria que había solicitado en un principio por daños morales.

Lo cierto es que un año después nada ha cambiado en el escenario laboral de esta trabajadora. En marzo, el juzgado dio un plazo de diez días al Consulado de Marruecos para que cumpliera la sentencia, bajo apercibimiento de multa. A finales de septiembre, los representantes de la entidad fueron citados en sede judicial en el proceso de ejecución de esa resolución, pero tampoco comparecieron. Las fuentes consultadas señalan que la empleada sigue aislada, sin poder comunicarse con sus compañeros y sin trabajo efectivo.  

Tampoco ha sido repuesto en sus anteriores condiciones laborales Amir (nombre ficticio para preservar su identidad), un oficial de primera de mantenimiento que desde 2008 y hasta la llegada de la actual cónsul ejercía como responsable de caja, de la actualización de los archivos, de la recepción de la ciudadanía marroquí en el edificio consular y también como enlace con los centros de acogida de menores migrantes. 

En septiembre de 2022 El Kamouri convirtió a Amir en su conductor particular con disponibilidad plena. Al principio, le obligaba a quedarse dentro del coche hasta que ella lo requiriese, sin posibilidad de contacto con sus compañeros. Tras sus quejas, lo ubicó en la quinta planta del edificio, donde tampoco podía comunicarse con el resto de trabajadores. La cónsul lo llamaba a deshoras para que le llevase a su domicilio la compra o la comida de algún restaurante o para que fuera a recoger a sus hijas a la escuela y a las actividades extraescolares. Amir tenía que pagar de su bolsillo todos esos gastos y no se les devolvía. Incluso le obligaba a conducir cuando estaba medicado, sin atender su estado de salud. 

Todos esos hechos han sido declarados probados en dos sentencias. La primera también fue dictada en diciembre del año pasado y anuló la modificación sustancial de condiciones de trabajo. El Consulado de Marruecos tenía que reponer a Amir en las funciones que venía realizando, en caja, mantenimiento y en el servicio social. No fue así. En febrero de este mismo año, cuando se reincorporó tras una baja médica de larga duración, tuvo que volver a la quinta planta, donde permaneció aislado y sin trabajo efectivo. Así lo corroboran los siete vídeos que el empleado consular aportó a los juzgados para tratar de demostrar el hostigamiento de la cónsul de Marruecos en Canarias hacia su persona. 

Un hostigamiento que quedó acreditado en la segunda sentencia, dictada este mismo mes de noviembre y que obliga al Consulado de Marruecos a “cesar el acoso laboral” sobre Amir y a indemnizarlo con 20.000 euros por los daños morales que ha sufrido como consecuencia del “trato denigrante” de la cónsul. La resolución judicial habla de “gritos constantes”, de “amenazas de despido”, de un clima de “miedo y angustia” y de un “claro e indiscutible propósito de amedrentar” al trabajador, que como consecuencia de todas esas vivencias padece un trastorno de estrés postraumático complejo por el que tiene que recibir tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, según detalla un informe pericial. 

Al margen de los procedimientos judiciales por los cambios de puestos de trabajo, estos dos empleados consulares también presentaron sendas demandas de reclamación de cantidades. En uno de los casos ya se ha celebrado el juicio y está pendiente de sentencia, mientras que en el segundo (el de Amir), el juicio está señalado para el mes de marzo.  

De las demandas de cantidades presentadas por los agentes locales, el Consulado de Marruecos solo ha pagado una, la primera, presentada por la trabajadora que se alternaba con María de los Ángeles en la secretaría de la institución en las Islas. Según las fuentes consultadas, entre las vistas ya celebradas y las pendientes suman una docena. 

El Consulado de Marruecos no ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico a través de los cauces oficiales.

Hace años que el servicio exterior denuncia una carencia de financiación de la red consular de España, pero los diplomáticos temen ahora no dar abasto, entre el aumento del número de españoles en el exterior —900.000 a principios de siglo, más de tres millones en la actualidad— y la avalancha prevista de solicitudes de nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permitirá el acceso a descendientes de exiliados republicanos.

Hace falta tanto personal como simple espacio físico en las oficinas para dar servicio. Pero como la asignación en los presupuestos generales no aumenta, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) propone una solución creativa: subir el precio de las tasas por los trámites consulares y quedarse con una parte. De aplicarse la iniciativa, el coste de un pasaporte, que está fijado en 30 euros, podría multiplicarse casi por cuatro.

“Solo es una de las alternativas”, defiende el presidente de ADE, Alberto Virella, que remite al documento de propuesta de financiación de la red consular, en el cual se define el estado de esta como “lamentable”. Pero es el propio texto el que señala como “solución más realista y de más fácil ejecución” que la financiación se nutra de las las tasas, y para ello propone un aumento de estas, poniendo ejemplos comparados: si en Portugal un pasaporte cuesta 75 euros (un 150% más) y en Italia 116 (un 286% sobre el precio actual), equiparar la tasa que cobra España con la de uno de estos dos países reportaría anualmente 17,4 millones de euros o 33,2 millones, respectivamente.

La ADE cuenta entre sus afiliados a seis de cada 10 diplomáticos de carrera, según Virella. De naturaleza sindical, está presente en la junta de personal del servicio exterior (como parte de Fedeca) junto a CSIF y CCOO. En la central obrerista se han llevado las manos a la cabeza con la propuesta. “El servicio exterior no puede sostenerse cobrando a quienes menos tienen”, opone Osmany Llanes, secretario general de la sección sindical de CCOO en el departamento. “Y menos aún en un contexto de precariedad creciente, de inflación global, de deterioro de los servicios públicos. Es extremadamente injusto que se quiera trasladar esto a la ciudadanía española en el exterior”, insiste.

Llanes coincide con Virella, no obstante, en que existe una “dejación de funciones” de la Administración por “ignorar” durante décadas la infrafinanciación de la red, pero afea que ADE pretenda “mercantilizar los servicios consulares”, lo que denota una visión “elitista”.

“Hemos visto que otros actores protestan, y yo lo entiendo perfectamente, [porque] se haga cargar a ciudadanos españoles con un aumento del coste de los servicios, pero las tasas se aplican a españoles y no españoles”, matiza Virella. También insiste en que el informe presenta otras alternativas para incrementar los ingresos; por ejemplo, abrir consulados en países con amplia demanda turística, o bien cobrar un extra por los visados nacionales (de trabajo y de estudios) a extracomunitarios. Subiendo tasas en este capítulo y el de las legalizaciones de documentos se podrían lograr unos 11 millones anuales. Pero esta cantidad está lejos de los montantes que reportarían las subidas de los pasaportes, según los propios cálculos de la ADE.

Aumento de servicios sin aumento de recursos

“La primera alternativa que damos en el informe [es] destinar recursos de los presupuestos generales del Estado [... Pero] todos sabemos que los recursos son limitados y hay muchas otras necesidades”, reflexiona Virella, que insiste en que las carencias son muchas y lo serán aún más cuando la red asuma otras funciones. “Los servicios que deben prestar embajadas y consulados no paran de aumentar y es lógico que así sea. Por ejemplo, desde hace unos años también la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y, hace aproximadamente un mes, el Gobierno también acordó que se expedirá el DNI a españoles en el exterior. Aumentan los servicios, que me parece muy bien, pero no aumentan los recursos humanos para prestarlos. Y yo creo que para todo el mundo esto es un problema”, defiende.

Llanes, de CCOO, cree que corresponde al Gobierno implicarse y rechaza de plano el incremento de precios: “Esto es precarizar completamente el servicio exterior. Aquí la Administración tiene que mojarse y asumir la responsabilidad que le corresponde. Invertir en toda la red de edificios que tiene en el exterior, que es bastante extensa. Se están haciendo esfuerzos, no quiero decir que el Ministerio no sea consciente del problema, lo que pasa es que no tiene recursos suficientes. Función Pública y Hacienda fundamentalmente no son conscientes de esta necesidad”, denuncia.

Tampoco es que haya una fotografía clara de las necesidades. “La ley de acción exterior y servicio exterior de 2014 establece que deben elaborarse a los seis meses de su entrada en vigor y después cada dos años informes sobre el estado de los recursos y medios que tiene [...]. No se ha hecho ninguno”, critica Virella.

Un portavoz señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza la propuesta de ADE, en línea con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) —organismo de representación de las comunidades en el extranjero cuyo presidente elige el Ministerio de Migraciones—, que “se ha opuesto con firmeza” a la iniciativa.

El CGCEE plantea, entre otros motivos, que subir tasas podría reducir los registros consulares y fomentar la inequidad. “Medidas como la propuesta podrían tener un efecto disuasorio sobre la inscripción consular y la realización de trámites consulares. Esto podría llevar a que parte de la ciudadanía opte por evitar gestiones en los consulados generales, bien postergándolas, bien realizándolas en España si tienen la posibilidad de viajar, lo que introduce una desigualdad basada en la capacidad económica y la movilidad”, alega en un comunicado.

Virella indica, por su parte, que nadie del Gobierno ha acusado recibo del planteamiento, que sí ha tenido cierta acogida en las Cortes: “Entregamos este informe a la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados [...] el pasado 27 de mayo y les interesó porque la situación es realmente muy difícil, muy grave. Estamos hablando de listas de espera enormes. Por ejemplo, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, hay 600.000 ciudadanos en Buenos Aires que quieren presentar su solicitud de adquisición de la nacional española. El consulado va a tardar décadas en tramitarlas”.

De las casi 2.700.000 personas llamadas a las urnas el 18F, prácticamente medio millón reside en el extranjero. Son los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), los gallegos del exterior, que alcanzan una cifra nunca vista en unas elecciones autonómicas, donde suman más votantes que las provincias de Lugo o Ourense. De esos 476.514, apenas 140.000 nacieron en Galicia. La gran mayoría son ya hijos o nietos de padres o abuelos que en la diáspora -o el exilio- mantuvieron la nacionalidad española y la transmitieron a sus descendientes, que ahora podrán decidir el gobierno de la Xunta sin necesidad de haber puesto nunca un pie en la comunidad.

El carácter emigrante del pueblo gallego hace que el número de residentes ausentes sea, de largo, el más elevado de las autonomías españolas. Si Galicia supone casi el 6% de la población del Estado, su peso en el CERA alcanza el 20%. Y en unas elecciones que se prevén ajustadas, su impacto puede ser decisivo. Sobre todo, ahora que se han eliminado los trámites burocráticos para participar.

La lejanía y la falta de controles habían convertido la diáspora en terreno abonado para la picaresca electoral, especialmente en países como Argentina, el de mayor número de inscritos en el CERA. La suplantación de identidades, los muertos que seguían votando o las denuncias de voluntades que se compraban -al cambio- por unos pocos euros, acompañaban cada proceso. Para evitar que una única persona pudiese encargarse de remitir todos los votos que fuese capaz de recolectar, se fueron introduciendo requisitos.

El primero fue acompañar cada papeleta con la fotocopia del DNI. Esa simple identificación provocó la primera caída en una participación que había ido subiendo hasta el 30% del censo. Sin embargo, como no se consideraba suficientemente garantista, en 2011 se introdujo una nueva modificación: el llamado voto rogado, hacer que fuese el elector el que solicitase su derecho a participar, es decir, que rogase el voto. La abstención se disparó por encima del 90% y las sacas de papeletas de la diáspora cayeron al mínimo. Ese requisito se eliminó en octubre de 2022 y el repunte se pudo apreciar ya en las elecciones generales del 23J, donde el PP ganó su último escaño en Madrid gracias al voto exterior. Era el que obligaba al PSOE a conseguir el sí de Junts a la investidura. Pero antes, en 2020, el voto emigrante ya había dado a Feijóo su mejor resultado en Galicia. Las sacas llegadas del extranjero le permitieron remontar los 45 votos que habían concedido al PSOE el último diputado por Pontevedra. Finalmente, sería el número 42 para el PP.

Las del 18F serán, por tanto, las primeras autonómicas en doce años sin voto rogado. Con un censo más alto que nunca y una participación que podría recuperar sus niveles anteriores al 2011, el voto emigrante reclama de nuevo protagonismo. No será la primera vez. Dos comicios tan claves en la historia de la comunidad como los de 1989 y 2005, la primera victoria de Manuel Fraga y su posterior derrota, dependieron de las sacas de correos. No sería sorprendente que, el 18F, la continuidad del PP o un eventual cambio de gobierno tuviesen que esperar al recuento de la última papeleta procedente de la emigración. Especialmente en las dos provincias sobrerrepresentadas en la cámara gallega: la de Lugo, con un 20% de voto CERA y, especialmente, la de Ourense. En el tradicional granero de votos de los populares -y donde la posible llegada al Parlamento de Democracia Ourensana añade aún más incógnitas a cualquier pronóstico-, tres de cada diez electores están censados en el extranjero. En las circunscripciones más pobladas, A Coruña y Pontevedra, el porcentaje se queda en un nada despreciable 15%.

El aumento del censo

476.514 es la cifra más alta de inscritos en el CERA en un proceso electoral. Según el PERE, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, son 527.449 los gallegos que viven fuera de España -en 2022 eran más de 529.000-, pero apenas 140.726 los nacidos en Galicia. El resto son descendientes de emigrantes que mantienen la nacionalidad y pueden depositar su sufragio sin necesidad de haber puesto nunca un pie en la comunidad autónoma.

Dos de cada tres votos cruzarán el Atlántico

A Buenos Aires se la conoce tradicionalmente como la quinta provincia gallega y los datos del CERA refrendan el tópico. Argentina es el país extranjero con más inscritos en el CERA: casi 166.300, un tercio del total. Otro tercio está repartido por el resto de América Latina, con Cuba y Brasil a la cabeza. Ambos países superan los 45.000 censados. El primer estado europeo de la clasificación es Suiza, destino de numerosas oleadas de emigración a mediados del siglo pasado. Hoy acoge un censo de 34.114 gallegos de la diáspora.

El fin del voto rogado puede disparar la participación

Los del 18F no sólo serán los comicios donde más voto exterior pueda emitirse en número total. La supresión del trámite que imponía el voto rogado -creado para depurar el censo como respuesta a las constantes irregularidades- puede hacer que también se dispare el porcentaje, al menos, hasta los niveles anteriores a ese requisito. El gráfico permite ver cómo la participación comienza a caer en 2009, cuando se obliga a adjuntar una fotocopia del DNI junto a la papeleta y cómo directamente se desploma a partir de 2012, primeras autonómicas en las que el elector tenía que solicitar el voto -voto rogado- a la oficina censal. Estas serán, por tanto, las primeras elecciones autonómicas en las que volverá a ser suficiente con estar inscrito en el CERA. La última vez que sucedió esto, en 2005, la participación del CERA rondó la tercera parte del censo.

Del imperfecto bipartidismo tradicional...

Los cambios normativos no sólo influyeron en el número de votos, también en su distribución. Antes del voto rogado y de la obligatoriedad del DNI, PSOE y PP recibían la gran mayoría de los votos, decenas de miles a una enorme distancia de un BNG que no parecía ser capaz de hacerse un hueco en el exterior. Coincidiendo con quién gobernaba en Madrid, socialistas y populares se alternaban como fuerza más votada. Con la restricción del voto, continuaron manteniendo su posición -sobre todo, el PP- pero cayeron en números totales en varias decenas de miles de papeletas.

...a un arco cada vez más multicolor

Desde 2012, con la irrupción de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), la coalición formada por la izquierda rupturista y el nacionalismo escindido del BNG, y que fue antecesora de Podemos y las mareas en sus diversas formas (En Marea, Galicia en Común), el bipartidismo imperante comienza poco a poco a ceder espacios. Los gráficos permiten ver cómo, a partir de ahí, las opciones del CERA comienzan a acercarse a las de los votantes de Galicia, manteniendo tendencias como apostar más por el partido que ejerza el gobierno, no de la comunidad autónoma, sino del Estado. Una de las incógnitas es saber cómo se reflejará en la diáspora el previsible segundo puesto del BNG. Como curiosidad, Vox, ausente del Parlamento de Galicia porque nunca ha conseguido superar la barrera del 5% de los votos, sí logró hacerlo, por apenas unas décimas, en el voto exterior de 2020.

Por correo o en la urna del consulado

La Oficina del Censo Electoral envía en estas fechas a todos los electores inscritos en el CERA la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, una documentación que también podrá obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores. El plazo para votar por correo finaliza el 13 de febrero. Entre el 10 y el 15 del mismo mes se podrá votar presencialmente en las urnas habilitadas en los consulados.

Los resultados de las elecciones generales del 23 de julio no dan mayoría parlamentaria a ningún partido político. Ninguno de los dos bloques tiene ahora asegurada una mayoría para investir a un presidente y formar un Gobierno. Sin embargo, los 350 escaños del Congreso de los Diputados no están repartidos de forma definitiva. Aún quedan por contar las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España y han ejercido su derecho de voto: su participación podría alterar el último escaño de hasta nueve provincias donde hay puestos disputados.

Se trata del voto CERA, es decir, de los españoles registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en el extranjero.

¿Cuántos votantes residen en el extranjero?

En el momento de las elecciones generales del 23 de julio, había 2.328.261 españoles residentes en el extranjero inscritos en este censo. Las comunidades con más electores CERA son Galicia (472.140 personas), Madrid (376.495), Catalunya (281.551) y Andalucía (269.380).

Los países con mayor concentración de españoles residentes en el extranjero y registrados en este censo son Argentina (434.604), Francia (237.984), Estados Unidos (158.162), Cuba (152.796), Alemania (142.945), México (135.803) y Reino Unido (134.201).

¿Cuál es la participación?

Habitualmente mucho más baja que dentro de España. En los últimos años, las complicaciones burocráticas del llamado voto rogado vigente entre 2011 y 2022 hicieron que la participación fuera especialmente baja. No sólo había que hacer un papeleo extra, sino que no se garantizaba que el voto llegara a tiempo.

En el caso de las elecciones generales celebradas en 2011, 2015, 2016 y 2019, menos del 10% de los electores solicitaron el voto como consecuencia de la complejidad del procedimiento, según reconocía el Ministerio de Exteriores al anunciar el cambio de la ley en 2022. La participación real de los que completaban el procedimiento era todavía más baja, entre el 4,7 y 6,8%. La participación de los residentes en el extranjero en las elecciones de 2008, antes de la reforma, superó el 30%.

¿En qué ha cambiado el voto exterior?

Las elecciones autonómicas del 28 de mayo han sido las primeras en las que los ciudadanos en el exterior han podido votar sin tener que rogar su voto desde que se impusiera por ley en 2011. Esto ha facilitado la participación exterior, duplicando el número de votantes en las autonómicas en comparación con las anteriores elecciones en las mismas comunidades y alcanzando cifras similares a años anteriores a la ley.

Por ello, y teniendo en cuenta que las elecciones generales tienen más poder de convocatoria, cabe esperar que la participación exterior aumente también en estas elecciones generales del 23 de julio.

¿Cuándo se hace el recuento?

El recuento de los votos de los españoles residentes en el extranjero se hace durante el escrutinio general que se celebra cinco días después de las elecciones, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En este caso, el recuento del voto exterior, de carácter único y público, empezará el viernes 28 de julio a las ocho de la mañana, según dice a elDiario.es la Junta Electoral.

A las 10 de la mañana se espera que empiece el escrutinio general con los resultados del CERA y del voto el 23 de julio (presidencial y por correo) para oficializar los resultados completos. Todo el proceso terminará, como tarde, el lunes, y el martes 1 de agosto estarán publicados los resultados definitivos de las elecciones generales. El dato de participación se actualizará teniendo en cuenta también el censo exterior (lo que habitualmente baja el porcentaje).

¿Puede alterar el reparto de escaños?

El voto CERA podría alterar el reparto de un último escaño en las provincias donde los resultados han sido muy ajustados y aún se considera que puede haber escaños en disputa. Esto afecta hasta a nueve provincias.

La batalla por el último escaño: quiénes están a punto de perder y ganar un escaño

Se muestran los escaños en disputa con el escrutinio actual. Destacadas en gris, las provincias donde están más cerca de arrebatar el escaño

Tiene el últ. escaño

Se lo puede arrebatar

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Mirando la cercanía entre partidos en el resultado del escrutinio el domingo, el Partido Popular podría ganar hasta tres escaños y perder otros dos. En Cantabria, que cuenta con 41.229 electores residentes en el extranjero, está a 428 votos de arrebatarle un escaño a Vox. En Girona, con 24.016 votantes CERA, disputa por 363 votos un escaño a Junts y en Madrid (que tiene 376.495 electores censados fuera de España) necesitaría 1.749 votos para quitarle un puesto al PSOE.

El PSOE podría ganar tres escaños y perder otros tres. En Tarragona, con 21.576 votantes que podrían haber votado desde el extranjero, necesita 1.298 votos para alcanzar a Junts y en Salamanca (31.638 electores) está a 1.896 votos de arrebatarle un escaño al PP. Sin embargo, en Santa Cruz de Tenerife, con 107.213 votantes en el extranjero, Sumar disputa por 1.515 votos el último escaño al PSOE.

Aunque parece improbable por el número de potenciales electores en el extranjero, en Teruel (5.103 personas) el PP podría perder un escaño si Teruel Existe consiguiera 1.956 votos, en Albacete (8.064 personas) el PSOE podría perder un escaño ante Vox si consiguiera 1.287 votos y en Ceuta (2.975 personas) el PSOE podría arrebatar un escaño al PP si consiguiera 1.587 votos.

A cuántos votos está cada partido de ganar o perder un escaño

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lon consiguió

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No se trata sólo de cubrir la diferencia de votos, ya que también se debe considerar cómo afectan los votos del exterior al porcentaje de los partidos en total para el reparto de escaños. Aquí lo calcula El Confidencial.según el número posible de votos a cada partido.

Considerando el número de electores por provincia y el número de votos necesarios para que un partido arrebate a otro ese último escaño más disputado, los cambios más probables serían en Cantabria y Girona.

¿A quién suele favorecer?

Según los datos disponibles de otras elecciones, el voto CERA suele beneficiar a las formaciones de izquierda. En las últimas elecciones generales al Congreso de los Diputados de 2019, tanto las de abril como las de noviembre, en la mayoría de comunidades y provincias españolas los residentes en el extranjero votaron como primera fuerza al PSOE (26,9% en abril y 27,5% en noviembre). En el caso de abril, la segunda fuerza más votada fue Ciudadanos y en noviembre fue el PP, a excepción de Catalunya y Galicia.

En las elecciones de 2016, Podemos y sus confluencias obtuvieron un 30% del voto exterior, seguido por el PP con un 19%.

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“Voté sin ningún problema, me llegó todo con tiempo y mucha antelación y envié mi voto por correo”, afirma a elDiario.es María Almena, toledana que lleva viviendo en Francia 10 años. Almena explica que ha votado otros años en muchas elecciones con bastantes más dificultades en comparación con las elecciones autonómicas del 28M.

Las elecciones autonómicas del pasado mayo fueron las primeras en las que los españoles residentes en el extranjero votaron tras la derogación del voto rogado el año pasado, que venía lastrando el voto exterior desde que el PP y el PSOE implantaron la norma en 2011.

Almena recuerda especialmente los comicios generales de 2019, cuando votó en persona en el consulado español y luego viajó a España y pudo asistir en persona al recuento de la Junta Electoral Provincial: “Me di cuenta de que mi voto no llegó, no aparecí en la lista de electores. Era un voto perdido por una valija diplomática que no llegó a tiempo por los plazos tan estrictos y poco flexibles que había”. 

Desde el colectivo Marea Granate, red transnacional de migrantes españoles, Berta Burguete explica a elDiario.es que el voto rogado generaba un “cuello de botella” que retrasaba mucho el proceso hasta que llegaban las papeletas, “muchas veces tarde o después de las elecciones”, como en el caso de Almena.

“Las personas que vivimos en el exterior teníamos que rogar el derecho fundamental al voto. En los últimos tiempos había una plataforma telemática para rogar el voto, pero antes teníamos que hacerlo por fax, que era complicado de encontrar, o por carta ordinaria. Esta solicitud iba al INE, que autorizaba o no el voto y, cuando las papeletas estaban disponibles, se enviaban a las personas autorizadas a votar”, detalla.

La primera vez sin rogar el voto

En las elecciones del 28M, “algunas voces dijeron que no había servido de nada (eliminar el voto rogado) porque la participación había sido muy baja. Lo que ocurre es que las elecciones autonómicas no tienen el mismo poder de convocatoria que las generales”, dice la portavoz de Marea Granate. Un informe realizado por la organización muestra que la participación alcanzó niveles superiores a los comicios de 2019 y “muy parecidos” a los niveles anteriores a la reforma de 2011, cuando se introdujo el voto rogado.

El número de españoles residentes en el extranjero que votaron en las elecciones autonómicas se duplicó en comparación con los anteriores comicios en las mismas comunidades. El pasado 28 de mayo, más de 71.609 papeletas llegaban desde el extranjero, correspondientes a un 6,7% de los 1.055.653 electores registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en las comunidades donde se celebraron los comicios y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Esa cifra dobló la registrada en las anteriores elecciones autonómicas (en 2019, aunque en Madrid se celebraron en 2021), en las que votaron en el extranjero 35.843 personas de un total de 951.558 (el 3,7% de los electores). La mayoría de los territorios ha visto duplicado el número de votantes en el exterior, pero en las que más aumentó la participación son Asturias (de 2.623 a 7.329), Madrid (de 20.103 a 28.833), la Comunidad Valenciana (de 2.370 a 10.87) y Canarias (de 1.665 a 6.658), según los datos de la Junta Electoral Central.

Anteriormente, “nos llegaba una gran cantidad de consultas sobre cómo realizar el procedimiento”, afirma la portavoz de Marea Granate. “Esto se ha terminado porque es el Estado el que te escribe primero y te cuenta lo que tienes que hacer”.

Con la eliminación del ruego se tarda menos en recibir el primer envío con los sobres de votación, según el colectivo. Una vez están las listas resueltas, se envían las papeletas, que también se pueden descargar por si no llegan o llegan tarde (una de las novedades introducida por la reforma). Además, en caso de que llegue el primer envío, existe la posibilidad de acudir al consulado para descargar los certificados y recoger las papeletas.

“Hay una mejora y una voluntad”

La experiencia de Almena indica que, en los consulados de España, “hay una mejora y una voluntad de ayudar a los electores, de proporcionar la documentación”. “En las anteriores elecciones (del 28M) fue la primera vez que no tuve la sensación de estar persiguiendo al cartero, de estar pendiente de las papeletas, del seguimiento de los envíos en el INE...”.

Aun así, la mujer echa en falta un ejercicio de transparencia, que los electores puedan hacer un seguimiento de su voto y saber si ha llegado y ha sido incluido en el escrutinio. En definitiva, estar seguros de que su voto cuenta. “Hay muchas más facilidades ahora, aunque sigue habiendo limitaciones y gente que se queda sin votar”, lamenta Almena.

Guillermo Díaz no ha querido votar en las dos citas de este año: “No he votado por decisión propia, pero las papeletas me llegaron al límite de tiempo”, dice este cántabro residente en Reino Unido. Asegura a elDiario.es que no ha notado “ninguna diferencia” con las elecciones generales y autonómicas de 2019 y que este año sabía que el consulado ofrecía la posibilidad de imprimir las papeletas, por el “boca a boca” y no porque esa información se publicitara.

Por su parte, Ana Zieleman, que lleva viviendo toda la vida en Holanda junto a su familia, afirma e este periódico haber podido votar en esta ocasión con normalidad, al igual que en las anteriores elecciones generales, cuando aún estaba en vigor el voto rogado: “Siempre nos han llegado los sobres a casa y ahí pone las instrucciones de cómo votar”.

Depender del servicio postal

El proceso ha mejorado con la derogación del voto rogado, pero los españoles residentes fuera siguen enfrentándose a dificultades a la hora de ejercer su derecho. La dependencia del servicio postal, en países donde es más deficiente, hace que las papeletas lleguen tarde o no lleguen.

Silvia Aijón, que actualmente está haciendo un voluntariado de la Unión Europea en Rumanía, cuenta que no se informó bien y expiró el plazo para votar en las elecciones de mayo. De cara a las generales de este domingo, llamó a la Embajada de España en Bucarest y “todo fue más sencillo”. Tras casi cuatro semanas de espera, las papeletas llegaron el jueves 13 de julio y este lunes, 17 de julio, las mandó por correo desde una oficina postal en Sighișoara.

Sin embargo, en la oficina postal le dijeron que no le podían asegurar que llegue a tiempo: “Aun siendo certificado y prioritario, nadie nos asegura que vayan a llegar”.

Entre los principales problemas citados por los electores, aparecen las distancias hasta el consulado o el proceso para los residentes temporales. También la barrera de la inscripción consular, el primer paso para poder votar en el exterior, que requiere presentarse de manera física en el consulado de España.

Desde Marea Granate denuncian que no se ha modificado el decreto que regula el procedimiento de las personas que están de manera temporal en el extranjero: “Es algo urgente que hay que resolver”. Asimismo, hay personas que llevan un tiempo en el extranjero y no saben que deben registrarse en el consulado, y “se quedan en un limbo ya que no pueden votar ni como residentes temporales ni como permanentes”, según Burguete.

Distancias y costes adicionales

El caso de Antonio Guillén es singular, porque le fue denegado el voto el 28M. “Solicité a tiempo el voto, con un mes y medio de antelación, y me llegó una carta después de un mes, a falta de un par de semanas de las elecciones, diciéndome que no podía votar”, explica el español que se encontraba en Londres realizando una estancia del doctorado. En la carta no le indicaban qué procedimiento debía seguir, simplemente le informaban de que el voto le había sido denegado.

“No he votado, no porque yo no quisiera”, lamenta, aunque admite que si hubiera ido a la Embajada española en Londres, podría haber solucionado el problema y haber votado, pero no lo hizo por falta de tiempo y por lo lejos que se encuentra la legación diplomática en la capital de Reino Unido.

Inés Jiménez, que estudió en Ámsterdam y ahora trabaja en esa ciudad holandesa, dice a elDiario.es que la Embajada española está en La Haya, mientras que en Ámsterdam sólo hay un consulado “muy pequeño que abre de 09.00 a 14.00” hora local. “Coincide con mi jornada laboral, pero tengo el privilegio de tener flexibilidad horaria”, agrega. Explica que se ha habilitado una cabina para solicitar el voto para las elecciones generales, pero en las autonómicas, no.

Una vez que se registró en el Consulado, cuando le llegaron las papeletas, Jiménez tuvo que enviarlas por correo certificado: “Es cierto que hay un recibo de reembolso, pero cuando fui a solicitar el voto para el 23J pregunté a los funcionarios cómo se pedía el reembolso. Uno de ellos me dijo que llevaba votando varias veces desde el extranjero y nunca había recibido el dinero”.

“El coste son nueve euros, pero aunque fueran dos euros. El hecho de que tengas que pagar por votar...”, lamenta. A los gastos de envío se suma el transporte para aquellas personas que no vivan en Ámsterdam ni en La Haya y que asegura que es “muy alto”. “Por ejemplo, de Ámsterdam a La Haya pueden ser 16 euros ida y vuelta en tren”, lo cual puede desalentar a más de un elector.

El pasado mes de octubre entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, y una de las sus medidas más celebradas en los países receptores de la inmigración española de la Guerra Civil y posguerra fue la nueva triple puerta de acceso a la nacionalidad española que se abrió por un periodo de dos años, hasta octubre de 2024. Por un lado, para descendientes de exiliados hasta segundo grado, incluyendo a nietos, pero también para quienes hubieran salido de España por otros motivos (como puede ser la búsqueda de prosperidad económica), entre 1936 y 1955; en segundo lugar, para aquellas hijas e hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y, finalmente, para descendientes mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de acuerdo a la norma anterior, la derogada Ley de Memoria Histórica en 2007. 

Este triple acceso se frenaría en seco en el caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones generales el 23 de julio, ya que la norma de octubre sería derogada por el nuevo gobierno, tal y como ha reiterado el candidato Alberto Núñez Feijóo esta misma semana en una entrevista en Onda Cero.

Las primeras estimaciones del Ministerio de la Presidencia, proponente de la Ley, cifraban en 350.000 las potenciales personas beneficiarias de estas medidas. Seis meses después, hasta el 31 de marzo de 2023, se habían aprobado en las oficinas consulares en total 26.477 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la nueva Ley, mayoritariamente en Argentina, México y Cuba. 

La respuesta de los diferentes consulados al momento de recibir peticiones  de acuerdo a esta triple posibilidad no está siendo igual en todos los lugares. A la inicial esperanza de miles de descendientes de emigrantes, en algunos países se están dando casos de retraso en las tramitaciones, silencio administrativo o, incluso, denegaciones basadas en interpretaciones contrarias a la norma que comienzan a generar desconfianza y decepción en las familias.

elDiario.es ha podido hablar con varios solicitantes en distintos países. Remiten falta de recursos humanos, de organización y también de actitud contraria a la aplicación de la nueva normativa. Los nombres han sido cambiados o reducidos a iniciales a petición de las personas entrevistadas, siendo un pensamiento común el “miedo a que se retrase aún más mi petición de nacionalidad si se publica mi nombre”.

“A finales de mayo ya se habrán cumplido seis meses y no tengo información sobre mi trámite”, remite Antonio, hijo de un exiliado de la posguerra, desde México. Explica así la falta de respuesta desde la oficina consular de Monterrey a la solicitud que comenzó a cursar en noviembre, recién entrada en vigor la Ley. Fue de los primeros: “Me dijeron que posiblemente para marzo o abril estaría listo mi trámite por ser el más sencillo como hijo de español, no nieto, pero no me están respondiendo los mails”.

Opina que lejos de ser un tema de falta de personal, “acaba siendo un tema de pésima atención al ciudadano. Pareciera que te están haciendo un favor con algún trámite, cuando en realidad es un servicio al ciudadano”. Le angustia pensar que pasen los meses y se cumpla el plazo de dos años abierto por el Gobierno español para estas nacionalizaciones de hijos y nietos de emigrantes sin que consiga su pasaporte. 

En Sao Paolo, Brasil, sí están respondiendo, escudándose eso sí, en la falta de personal. En una respuesta fechada hace escasos días, con firma del consulado general de esta ciudad, se confirma que desde el 13 de diciembre no se están adjudicando credenciales para las nuevas solicitudes de nacionalidad que llegan. “Mientras se mantenga la actual fuerza laboral de este consulado general, (la espera) superará varios meses y quizás años” se puede leer en el correo electrónico.

A continuación se transmite al ciudadano una queja que parece destinada a instancias superiores. “Mientras algunos consulados han obtenido autorización para contratar con carácter temporal varias decenas de trabajadores, este consulado ha debido hacer frente al incremento de trabajo con cuatro bajas en su plantilla” y se añade que “dentro de menos de un mes, una nueva baja voluntaria volverá a dejar al consulado en una situación crítica”.

Descendientes de emigrantes brasileños están localizando estos días a autoridades españolas del Ministerio de Exteriores en sus redes sociales, solicitando su amparo. P.B, bisnieto de gallegos y andaluces y que está intentando tramitar la nacionalidad de su padre, ha conseguido que le respondan desde Twitter y tras varios intentos ha recibido un escueto “estamos en ello. Gracias por tu mensaje”.

En Mendoza, en la región de Cuyo en Argentina, la oficina consular española solo da seis citas al día para rectificar errores. En los papeles de Sagrario, al apellido de su abuelo paterno español le sobraba una letra o en los documentos argentinos que hace que no coincidieran con los documentos españoles, y tuvo que hacer hace poco noche en la puerta junto con otras cincuenta personas, para ser una de las seis personas agraciadas y solucionarlo. A su madre de 82 años le faltan también papeles, pero no quiso llevársela esa noche. Pasó miedo, tuvieron que llamar en la madrugada a la policía, hacían guardias para no dormirse. 

“Fue totalmente desmoralizante, pasar toda la noche, entregar los papeles, que vean que a la partida de nacimiento que había salido de España no le habían puesto la fecha. Volví a casa devastada, llorando del cansancio”, explica. Ha conseguido que vuelvan a enviar la partida directamente desde España al consulado y que no tenga que volver a pernoctar en la puerta.  “Realmente esto te tira abajo. Pienso, ¿cuánta gente dejará así de insistir, de pedir por su derecho? Es una pena.”

El Ministerio de Hacienda autorizó a finales de abril la contratación de hasta 460 efectivos en consulados y embajadas españolas que responderán a las necesidades de refuerzo para gestionar esta derivada de la Ley de Memoria Democrática, así como la tramitación del voto exterior para las elecciones autonómicas y generales de este año 2023. De ellos, de momento se han incorporado 150 funcionarios y funcionarias en varias embajadas del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. 

Esta situación no se da de forma generalizada. “Se está actuando muy bien, por ejemplo, en Buenos Aires y Rosario en Argentina; Montevideo en Uruguay, en Caracas (Venezuela) y en La Habana (Cuba)” explica al teléfono Juan Manuel de Hoz desde el Centro de Descendientes Españoles Unidos, Ce.DEU, asociación que negoció activamente en la elaboración del texto final que amplía las posibilidades de nacionalización en la norma aprobada en noviembre, que se conoce en Latinoamérica como la Ley de Nietos. Han detectado errores en Santiago de Chile, Mendoza y Monterrey en México, Salvador de Bahía y Río de Janeiro en Brasil y, fuera de Latinoamérica, en Montreal (Canadá) y Amsterdam (Países Bajos).  

Tres ministerios han sido consultados para recabar la valoración sobre qué puede estar pasando: Exteriores, Justicia y Presidencia, de donde cuelga la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ninguno ha emitido ningún tipo de juicio sobre la situación. De Hoz, por su parte, lo atribuye a posible falta de conocimiento de parte del cuerpo funcionarial que ocupan puestos jerárquicos,  falta de lectura de las instrucciones o incluso de coordinación interministerial entre Exteriores, de quien depende el personal diplomático, y Justicia, encargada de emitir la instrucción que explica los pasos a seguir en la tramitación de todos los supuestos. Caso aparte son las graves irregularidades de interpretación de la norma que han detectado en Montreal, en Canadá, y que atribuye a “una cuestión de índole ideológica contraria a la aplicación de la ley o instrucción”. 

¿Español? El que nace en España 

“Se entiende que tanto la Ley 20/2022 como la interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y del espíritu de la ley, es refundar los dos supuestos distintos de opción que se refieren en todo momento a situaciones de expatriación o de exilio, es decir, de personas originariamente españolas, entendiendo como tales las nacidas en España”. El párrafo anterior es un extracto de la resolución negativa de petición de nacionalidad española al amparo de la nueva ley firmada por el cónsul de Montreal Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena el pasado 18 de mayo. En él, se reduce la condición de “personas originariamente españolas” a las nacidas en España, lo que contraviene directamente el artículo 17 del  Código Civil, en el que se define claramente que españoles de origen son los nacidos de padre o madre española, sin necesidad de que el nacimiento sea en territorio nacional. De ser asumible la argumentación del diplomático, él mismo, nacido en Nueva York en 1961 no podría contar con pasaporte español, ni tampoco, por citar un ejemplo conocido, el rey emérito Juan Carlos, nacido en Roma en 1938.

Desde el Ministerio de Exteriores no han querido entrar a valorar este escrito, y se limitan a remitir al derecho de recurso ante el Ministerio de Justicia, responsable de la aplicación de la normativa del registro civil.

“La instrucción de Justicia sobre la aplicación de la Ley no obliga  a que se haya nacido en España para ser víctima de expatriación”, explica Juan de la Hoz. “Simplemente ser hijo o nieto de alguien originariamente español”. Este texto ha motivado una carta de queja enviada desde la asociación Ce.DEU al ministro de exteriores José Manuel Albares. “No es posible consentir ni tolerar semejantes excesos que cruzan y vulneran la delgada línea de la legalidad por parte de un funcionario jerárquico del servicio exterior de España”, reza la carta. Han recibido respuestas informales del entorno del ministro y del partido socialista asegurando que “estaban en ello”. 

No es el único caso del consulado de Montreal. Daniel acaba de recibir el mismo tipo de respuesta desde el consulado, reinterpretando los supuestos de la ley. “No quieren reconocer la nacionalidad española de mi abuela por haber nacido en Argelia, cuando sus dos padres eran españoles”, explica en conversación desde Canadá. Ha aportado el certificado de nacimiento español de sus bisabuelos siguiendo la normativa, pero no ha servido. “Entendemos que su abuela no nació en España, por lo que no respondería a los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática”, le contestaron en un email, añadiendo que, por tanto, “su abuela no habría perdido la nacionalidad española como consecuencia de haber padecido exilio”. De nuevo, ni la Ley ni su posterior instrucción de aplicación exigen primero, que los antepasados hayan nacido en España, sino que sean españoles, ni que hayan sufrido exilio o expatriación.  

En el caso de Daniel, se da la circunstancia de que su hermana desde París y con la misma documentación sí ha conseguido tramitar su solicitud de nacionalidad, y que haya sido aceptada con los mismos papeles que a él en Montreal le han rechazado. Ambos ya cuentan con pasaporte europeo, ya que poseen la  nacionalidad francesa por parte de madre, por lo que añade, “no es cuestión de que yo necesite nacionalidad española, pero tengo derecho de tenerla, es la historia de mi familia. Quiero mi derecho de ser español porque me siento así también”. Recuerda a su padre y abuelo que “no pudieron tener la nacionalidad nunca. Es un derecho, mi derecho”.

El Gobierno de Pakistán ha cesado este miércoles a Mirza Salman Baig, el cónsul del país en Barcelona, después de que una empleada de la oficina consular le denunciara ante los juzgados de la ciudad por presunto acoso sexual en el ámbito laboral.

Tal como ha relatado la mujer a El Periódico, el diplomático le enviaba y pedía imágenes eróticas a través de una aplicación de mensajería que permite borrar las convsersaciones pasadas 24 horas. La presunta víctima ha declarado que se vio obligada a hacerlo para conservar el trabajo y regularizar su situación en España.

También, según se relata en la denuncia, el diplomático habría exigido a la trabajadora que se quedara en el lugar de trabajo cuando ya no había nadie, le habría dirigido comentarios obscenos y habría cometido abuso contra ella en un hotel de la capital catalana.

Salman Baig ha negado los hechos y asegura ser inocente, así como que la trabajadora quiso “chantajearle” cuando tomó la decisión de despedirla tras conocer episodios de supuesto comportamiento inadecuado con personas de su país.

El diplómatico ya ha regresado a Pakistán, donde prepara su defensa. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores abrió una investigación interna del excónsul después de que la trabajadora comunicará los hechos a la embajada. Salman Baig ha declarado que quiere volver a Catalunya para defenderse en los juzgados.

“Es una vergüenza que una persona como Claudia Pavlovich, que ha sido acusada de corrupción y ha llevado a cabo prácticas de abuso de poder, haya sido nombrada cónsul de México en Barcelona”. Así se expresaba Arturo Landeros, miembro de la Taula per Mèxic, entidad catalana que capitanea una campaña para exigir la destitución de Pavlovich, nombrada cónsul en Barcelona el pasado enero.

El nombramiento de Pavlovich ha levantado revuelo entre la comunidad mexicana, debido a que la política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) carece de experiencia diplomática y, “por contra, cuenta con un pasado lleno de polémicas y acusaciones de corrupción”. Así lo afirma la entidad en un comunicado que ha sido apoyado por una decena de entidades catalanas, españolas y mexicanas, y por más de medio centenar de personas a título individual.

El nombramiento de Pavlovich se enmarca en el mayor movimiento de cargos diplomáticos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y empezó a levantar revuelo desde que el mismo presidente reconociera que fue nombrada por “motivos políticos”. Pavlovich, quien fue gobernadora de Sonora (2015-2021) habría facilitado la ascensión al poder del partido de López Obrador (MORENA) en el estado que ella gobernaba, motivo por el cual “se la premió con un consulado amable y lleno de oportunidades”, denuncian desde la entidad, que reclama que “Barcelona deje de ser un premio a las corruptelas políticas”.

Esta acusación se basa en una investigación realizada por la organización 'Mexicanos contra la Corrupción' que destapó la llamada Operación Safiro, una trama de desvío de 650 millones de pesos (más de 28 millones de euros) de fondos públicos para financiar campañas electorales del PRI. El estado de Sonora, bajo mandato de Pavlovich, habría sido uno de los que más fondos desvió: 140 millones de pesos (6 millones de euros), un 22% del total. Recientemente, la organización ha instado a la reapertura del caso, que fue archivado en 2019 por falta de pruebas.

Un incendio que acabó con la vida de 49 niños

La lista de malas prácticas que desde Taula per Mèxic atribuyen a Pavlovich es larga. Una de las más sonadas se remonta a 2009, cuando un incendio arrasó la guardería ABC, en Hermosillo (Sonora), causando la muerte de 49 niños y heridas graves y permanentes a otros 150 más.

La asociación de víctimas del incendio lleva años denunciando la corrupción y el tráfico de influencias desde que Pavlovich se dirigiera al juez instructor de la causa (aun siendo representante del gobierno local y parte de la lista de personas investigadas) para recomendar a dos de los propietarios de la guardería, todos ellos con cargos políticos en activo o con relaciones familiares estrechas con miembros del gobierno.

Gracias a las recomendaciones de Pavlovich, los propietarios del inmueble ascendieron en su carrera política. Y cuando esta ostentaba ya el cargo de gobernadora del estado, forzó que se alargara el secreto sobre el caso hasta el año 2026 para evitar, según declaraciones de su gobierno, que aquella información pusiera en riesgo “la vida, seguridad o salud de los implicados”.

Este movimiento, que supuso que hasta pasados 15 años, nadie podrá saber qué pasó en esa guardería, fue definido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN), Arturo Zaldívar, en 2021 como “una operación de Estado para proteger a los altos funcionarios públicos del gobierno”.

“Me avergüenza que una persona así represente a mi país”

Adriana Villegas es madre de Héctor, uno de los niños sobrevivientes del incendio en la guardería ABC. Su familia ha volado hasta Barcelona para participar, en representación de la asociación de víctimas, en la campaña que exige la destitución de Pavlovich. “Carece de autoridad moral y nos da vergüenza que una persona así represente a mi país en una ciudad que ha sido tan solidaria con México como es Barcelona”, ha asegurado Villegas.

Las familias, que han enviado diversas cartas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han reclamado la destitución de la cónsul y han denunciado que ésta jamás se llegó a reunir con las víctimas para atender sus reclamaciones. De hecho, tal es la desatención que lamentan por parte del estado, que tuvieron que ir hasta California para encontrar un hospital que accediera a tratar gratuitamente a sus hijos.

Y es que el tratamiento de los sobrevivientes es largo y caro. Héctor ha tenido más de 10 cirugías reconstructivas, que han reemplazado el 60% de la piel de su cuerpo y han acompañado al crecimiento de la piel del 40% restante. “Las secuelas son enormes y hemos tenido que trabajar mucho con nuestro hijo para conseguir que pueda hacer una vida normal”, dice Villegas, en referencia a Héctor, que también ha volado con ella a Barcelona.

“Consideramos que es una afrenta que una persona como Pavlovich, que jamás se ha reunido con las familias víctimas, esté al frente de un consulado que debería representar a 12.000 personas”, ha expresado Arturo Landeros, en referencia al Consulado de Barcelona, que tiene competencias sobre Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragón, Murcia y Baleares.

Una historia que se repite

El nombramiento de una figura polémica al frente del consulado es algo que Barcelona ya vivió en 2015, con la llegada de Fidel Herrera Beltrán. Quien fue gobernador de Veracruz, fue nombrado representante mexicano en la capital catalana por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto en un movimiento muy controvertido y discutido por asociaciones y sociedad civil. Y es que sobre Herrera pesaban acusaciones de ser un agente importante en las redes de crimen organizado en México, hasta el punto de que se le llegó a denominar el Zeta1 (en referencia al cartel de Los Zetas).

Además, para poder nombrar a Herrera cónsul, Peña Nieto tuvo que rebajar el estatus del consulado barcelonés de Consulado General a Consulado de Carrera. Esto significa que, siendo así, el Senado mexicano no tiene que ratificar los cónsules, hecho que da vía libre a “nombramientos a dedo sin ningún sentido más que premiar a personajes corruptos, para alargar una carrera política que en México ya habría llegado a su fin”, denuncian desde Taula per Mèxic.

“Barcelona no es un premio”, reiteran desde la entidad. Por ello, reclama que se revoque el nombramiento y que se eleve de nuevo el estatus del consulado. Para ello, ha remitido una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores español y pidiendo, además, explicaciones sobre “por qué la Oficina de Información Diplomática no encontró ningún impedimento para nombrar a la Sra. Pavlovich cónsul de México en Barcelona”. Además, también han dirigido una misiva a la alcaldesa Ada Colau, para pedirle que se posicione, como ya hizo con Fidel Herrera, contra el nombramiento de Pavlovich.  

Durante casi tres meses, españoles emigrados a Australia se han visto “deliberadamente desatendidos” por el Consulado de Sídney, según su testimonio. Las consecuencias son no poder renovar el pasaporte, registrar a los recién nacidos como españoles o renovar el visado que les permite residir en Australia.

Desde el 25 de junio, el consulado español ha cancelado toda la atención presencial debido, según ellos, a las medidas impuestas por las autoridades para combatir la COVID-19. Australia cerró fronteras en marzo de 2020 y en junio de este año, tras registrar un aumento de casos, impuso una orden de confinamiento a la ciudad de Sídney.

Según las normas establecidas por las autoridades australianas, los servicios consulares están dentro de los que prestan trabajadores autorizados.

“Siempre han podido abrir”, dice Araceli Domínguez-Adame, portavoz del grupo de españoles afectados. La española llegó a ponerse en contacto con Alex Greenwich, diputado que representa a Sídney en la Asamblea legislativa de Nueva Gales del Sur, para comprobar si el consulado podía abrir, en una correspondencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Entendemos que las actuales medidas de salud pública no impiden que los consulados abran o presten servicios”, respondió la oficina de Greenwich.

“Han vulnerado nuestros derechos”, dice Araceli, que se pregunta por qué no se hizo un plan anti-COVID para poder atender presencialmente, ya que es “indispensable para realizar trámites”. La portavoz asegura que tienen constancia de que otros consulados, como el de Francia, localizado en el mismo edificio que el español, sí han estado abiertos durante estos meses.

Sin respuestas

Ante la imposibilidad de ser atendidos, este grupo de españoles afectados se pusieron en contacto con el Consejo de Residentes Españoles en Sídney, formado por un grupo de españoles voluntarios que sirve de nexo entre los residentes y el Consulado. “No han actuado con firmeza”, dice Araceli, que asegura que el Consejo se posicionó de parte del Consulado.

Al no encontrar una solución, decidieron escribir directamente al Consulado en una carta firmada por 80 españoles residentes en Australia, sin éxito. La respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue la siguiente: “La calificación de 'esencial' de los servicios consulares a la que se refieren estas autoridades afecta exclusivamente al personal que trabaja en este Consulado General y no a los eventuales usuarios de estos servicios”.

También contactaron con la Embajada española en Australia, que no contestó, y finalmente pusieron una reclamación al Ministerio de Asuntos Exteriores. “Contestaron de una manera vaga”, explica Araceli, que señala como, ante esto, respondieron con otra reclamación donde incluyen testimonios de los afectados y piden una investigación.

“El Ministerio se ha lavado las manos”, dice Araceli. Según ella, le han debido pasar la queja al Consulado ya que el que les ha contestado ha sido el cónsul, Javier María Carbajosa Sánchez. “La queja era para que el Ministerio investigara la situación, no para que se lavara las manos y se la pasaran al Consulado”.

Araceli explica que la respuesta del cónsul fue decir que sí habían atendido casos urgentes, como repatriación de cadáveres o salvoconductos. “No han definido qué es urgente y qué no, no hay un criterio”, dice. Además, tampoco les han explicado cómo funciona el salvoconducto que, supuestamente, les dejaría volar a España una vez se abran las fronteras. “Me da miedo que lleguemos a Dubái, donde hacemos escala, y yo tengo un salvoconducto que no sé si funciona. No me da ninguna seguridad”, dice la española.

El Consulado también había asegurado que para que los españoles pudieran renovar el visado, ante la imposibilidad de una cita presencial en la que renovar el pasaporte, emitían un certificado con el que podrían hacer los trámites. Sin embargo, cuando una española intentó renovar el visado usando este certificado, desde la oficina de inmigración de Australia se le hizo saber que no era posible, ya que solo aceptaban pasaporte vigentes.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han asegurado que, tras el anuncio de desescalada del Gobierno de Nueva Gales del Sur, desde el 20 septiembre se está volviendo a atender de forma presencial con cita previa. Este jueves también han anunciado que se ha vuelto a habilitar el sistema de petición de citas online. Exteriores dice que estaba cumpliendo con las restricciones y ha asegurado no tener más información sobre la situación que denuncian este grupo de españoles.

Problemas recurrentes

Para estos españoles, esto ha sido “la gota que colma el vaso”. “Es un problema estructural”, explica Araceli, que relata como ya antes de la pandemia había problemas con el Consulado por “no cumplir plazos” de los trámites y un “trato poco profesional”.

Araceli cuenta como para registrar a su hijo recién nacido como español estuvo “casi un año”. “Para ellos cuenta desde que pides la cita hasta que vas al consulado, pero antes tienes que organizar una documentación de película”, explica. Desde el Consulado le aseguran en las respuestas a sus quejas que los trámites se resuelven en cuestión de “semanas”, pero ella señala que eso solo tiene en cuenta el tiempo desde que te dan la cita hasta que te atienden, no todos los trámites anteriores y posteriores, que pueden llevar cada uno “semanas o meses”.

Estas no son las primeras quejas sobre la lentitud de los trámites en embajadas o consulados españoles. Tras el Brexit, españoles residentes en Reino Unido denunciaron meses de espera para la documentación indispensable que les permitiera obtener el permiso de residencia necesario para poder permanecer en el país de manera legal.

Nos puede pasar a todos. Lo tenemos todo listo para nuestro próximo viaje, con los billetes comprados, los hoteles reservados y hasta las visitas programadas, y de pronto, en el último momento, descubrimos que nuestro pasaporte tiene algún problema, o peor aún, lo perdemos o nos lo roban justo antes del viaje. ¿Qué hacer?

Una vez que hemos controlado el ataque de nervios y hemos calmado la ansiedad, hemos de recordar que no tener el pasaporte en regla no es el fin del mundo, y muchas veces hay maneras de solucionarlo. Eso sí, dependiendo de las circunstancias y los plazos el proceso será más fácil o sencillo, más rápido o lento, y conllevar más o menos dolores de cabeza. Tanto si estás en España y aún no has comenzado tu viaje, como si el problema surge una vez en tu destino, hay servicios para conseguir un pasaporte de urgencia con el que salvar la papeleta.

¿Qué problemas pueden hacer que mi pasaporte no sea válido?

Evidentemente, el principal motivo que invalida tu pasaporte es no tener pasaporte. Es decir, haberlo perdido o que te lo hayan robado, ya sea antes de salir o una vez en tu destino. Es el motivo más obvio y el que antes nos hace reaccionar, ya que has de interponer una denuncia en la Policía avisando de su pérdida o robo. Pero la validez de un pasaporte se puede ver comprometida de otras maneras, y nos podemos confiar y no darnos cuenta hasta el último momento.

La mayoría de los destinos piden entre 3 y 6 meses de validez en tu pasaporte, y eso, aunque tú solo vayas a estar allí 15 días, es motivo para que no te dejen volar. Es algo de lo que te debes informar antes de comprar tu vuelo, porque puedes llevarte la sorpresa en el momento de facturar en el aeropuerto o al intentar cruzar una frontera.

Otros motivos que pueden invalidar tu pasaporte es no contar con un mínimo de hojas en blanco, al menos se exigen dos hojas en blanco por delante y por detrás, o que esté deteriorado, ya sea porque se ha mojado o porque tiene alguna parte rota. En ambos casos te pueden echar para atrás, así que revísalo bien antes de emprender tu próximo viaje.

Obtener un pasaporte de urgencia en España

Estás en España, aún no has emprendido tu viaje, y descubres que tienes un problema con el pasaporte que no te va a permitir viajar. Aquí el primer factor que influye es el tiempo que queda hasta que salga el avión o el barco con el que comienza tu viaje. Dependiendo de los días que tengas de margen, o las horas, podrás hacer una cosa u otra.

Para renovar tu pasaporte has de solicitar cita previa en una oficina de expedición, y así poder pedir uno nuevo. ¿Qué puede pasar? Que el margen previo a tu viaje no sea suficiente y la cita te la den para una fecha posterior a la salida de tu viaje. Si eso sucede, prueba a pedir cita en otras oficinas y comprobar las diferentes fechas, a veces en una localidad o provincia cercana la lista de espera es menor.

Si incluso así no es posible, lo más recomendable es que te presentes en una oficina de expedición a primera hora para comentar tu problema, justificando debidamente tu urgencia (con billete de avión, pasaporte defectuoso o denuncia policial en caso de pérdida o robo) y esperar a que haya un hueco libre para ti. No se suele atender sin cita previa, pero tienes que intentarlo. Es posible que tengas que esperar varias horas hasta el último momento para que te atiendan, pero si lo consigues lo habrás solucionado.

Además del billete de avión recuerda llevar contigo todo lo necesario para renovar un pasaporte: el DNI, el pasaporte antiguo si lo tienes (y si no la denuncia), una fotografía de tamaño carnet y dinero en efectivo para el pago de los 30€ de tasas, aunque también puedas pagar de manera telemática.

También puede pasar que te des cuenta de que tu pasaporte no es válido, o que no aparece, el mismo día de tu viaje. Un momento en el que nos atrapa el pánico, y con razón, pues puede tener solución, o no. Dependerá del aeropuerto del que salgas.

Los aeropuertos de Madrid y Barcelona cuentan con una oficina de expedición de pasaportes de emergencia, pero solo podrás obtenerlo si tu vuelo sale ese mismo día o antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Deberás justificarlo presentando tu billete de avión. Encontrarás estas oficinas en la planta 2 de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en la planta 3 de la T1 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Si pasas por Madrid o Barcelona el día de tu vuelo y tienes margen puedes solucionarlo obteniendo un nuevo pasaporte de emergencia, que será válido durante solo un año y que tendrás que renovar en ese plazo. Pero si no sales de ninguno de estos dos aeropuertos, entonces sí tendrás un problema, ya que no te quedará otra que perder tu vuelo y tener que posponer tu viaje.

Obtener un pasaporte de urgencia en el extranjero

También podemos tener problemas con el pasaporte cuando ya nos encontramos viajando, y tanto si se deteriora, lo perdemos o nos lo roban, entonces el inconveniente será a la hora de salir de ese país, tanto si lo que queremos es volver a España como si deseamos cambiar de país.

En este caso es cuando entra en función lo que una embajada y un consulado pueden hacer por ti, pero no olvides que si el motivo es la pérdida o el robo del pasaporte primero habrás de acudir a una comisaría de policía local a interponer la correspondiente denuncia. Una vez que la tienes es el momento de recurrir a la embajada o consulado que España tenga en tu destino.

Desde una embajada o un consulado podrán expedir un nuevo pasaporte de validez limitada o en su caso un salvoconducto que te permitirá volver a España, y una vez de vuelta deberás pedir cita previa para expedir un nuevo pasaporte definitivo.

Si todo va bien, lo raro es que nos acordemos de la existencia de las embajadas y los consulados de nuestro país en el extranjero, pero cuando algo importante falla, y necesitamos ayuda oficial, entonces es cuando estas delegaciones del país de origen aparecen en la mente del viajero.

Sí, las embajadas y los consulados están ahí como una pequeña representación de nuestro país para prestarnos ayuda en caso de necesidad, pero aunque sus funciones y capacidades van mucho más allá hay otras que están limitadas, por lo que no podemos recurrir a ellas esperando que nos solucionen cualquier tipo de problema.

Qué es una embajada y qué es un consulado

Quizá deberíamos empezar por distinguir qué es una embajada y qué es un consulado, para tener claras las funciones de cada uno de estos organismos. Una embajada es la máxima representación de un país en el territorio de otro país, una misión diplomática permanente que trabaja por las relaciones de Estado y actividades entre ambas naciones. Hay una y suele estar en la capital.

Pero por otro lado sí puede haber varios consulados en un mismo país. Son de menor rango que las embajadas y están dirigidos a atender a los compatriotas que se encuentran en ese país extranjero. Las embajadas suelen contar con una “sección consular” para ofrecer los mismos servicios que un consulado propiamente dicho, por lo que tanto embajadas como consulados podrán serte de ayuda para según qué trámites cuando estés de viaje en otro país.

Lo que una embajada y un consulado sí pueden hacer por ti en el extranjero

Si estás de viaje en un país diferente al tuyo ten en cuenta que tanto una embajada como un consulado pueden prestarte los siguientes servicios si los necesitas. Así lo indica el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no dudes en acudir igualmente en caso de necesidad para que te informen si pueden o no pueden ayudarte con tu problema.

Suele ser el motivo más común para el que acudimos a una embajada. Ya sea por caducidad, pérdida o sustracción, aquí podrás expedir nueva documentación provisional para volver a tu país.

Si necesitas este tipo de información antes de emprender tu viaje puedes obtenerla en la embajada que ese destino tenga en tu país, pero si la necesidad te surge una vez allí entonces puedes recurrir a la embajada que tu país tenga allí.

Si esto ocurre, y te detienen por cualquier motivo, tienes derecho a pedir a las autoridades locales que te pongan en contacto con el cónsul de tu país.

Si te detienen una embajada puede notificárselo a tus familiares si así lo deseas, igual que visitarte periódicamente y hacer de intermediario para entregarte y recibir correspondencia.

Si fuera necesario, la embajada puede facilitarte información sobre los trámites y los costes que conlleva el traslado de cadáveres, del mismo modo que te puede poner en contacto con empresas locales que se dediquen a ello.

La embajada te puede adelantar fondos para una repatriación, pero ese dinero se lo deberás devolver al Tesoro Público según los plazos que marcan la ley.

Como por ejemplo, en lo relacionado al Registro Civil, servicios notariales o para legalizar documentos que vayan dirigidos a organismos españoles.

En caso de catástrofe o emergencia en un país extranjero debes de ponerte en contacto con tu embajada, allí podrán prestarte ayuda, soporte y apoyo.

Lo que una embajada y un consulado no pueden hacer por ti en el extranjero

Como ves las embajadas y los consulados pueden ayudarte en muchas cosas, pero también tiene sus limitaciones. Para que veas que su poder no es infinito y que no pueden estar en todo, aquí tienes como ejemplo varios casos en los que una embajada o un consulado no pueden actuar por ti.

Si pierdes o te roban la documentación la embajada te podrá expedir como decíamos un pasaporte o un salvoconducto, pero no el Documento Nacional de Identidad. Para obtener uno nuevo deberás solicitarlo en España.

Una embajada no te puede ayudar para hacer turismo, ni para encontrar alojamientos ni para sacarte billetes. Eso es algo que recae en ti, si necesitas asesoramiento siempre puedes recurrir a una agencia de viajes como tal.

Tampoco una embajada puede hacer de oficina de empleo ni nada parecido, si estás interesado en encontrar un trabajo eso es algo que recae únicamente en tu propia responsabilidad.

Es decir, en esos casos una embajada no puede garantizarte un tratamiento mejor que el que reciben los propios nacionales del país en cuestión, no puedes exigir recibir un trato especial.

Salvo en el caso excepcional que vimos en el apartado anterior, una embajada no puede avalarte, prestarte dinero o pagar tus multas. Es un problema que debes solucionar por tu cuenta.

Una embajada no puede ofrecerte personal que te haga de intérprete, de guía o de asistente social. Posiblemente pueda recomendarte cómo conseguir esa ayuda, pero no desde luego ponerla a tu disposición.

Igual que sí puede informarte sobre todos los trámites necesarios, una embajada no puede abonar los gastos de traslado de restos mortales a España o realizar los trámites por ti, es algo que corresponde a los familiares.

Una embajada no puede personarse en tu nombre en un litigio, es algo que debes hacer tú en persona, ni proporcionarte tampoco dictámenes jurídicos.

No puedes recurrir a la embajada que tu país tenga en el destino de tu viaje para que interceda en tu entrada al país en cuestión, son las autoridades del destino las que pueden tomar una u otra decisión.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió ayer en el Palacio de San Esteban con el nuevo cónsul general de Ecuador en Murcia, Daniel Eduardo Peñaranda, con el objetivo de estrechar relaciones entre ambos territorios y abordar proyectos presentados desde el consulado ecuatoriano como la 'Escuela del migrante', la 'Casa de la juventud' y el proyecto 'Ecuador en tu barrio'.

La iniciativa 'Casa de la Juventud' tiene como objetivo la creación de un espacio físico en el que jóvenes ecuatorianos puedan reunirse y fomentar la participación ciudadana, ha asegurado Peñaranda. También ha afirmado su confianza en que esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2019.

Otro de los proyectos es la llamada 'escuela del migrante' que pretende ofrecer cursos y talleres de capaticación para los trabajadores ecuatorianos y así “mejorar su competitividad y acceder a mejores empleos”.

El nuevo cónsul de Ecuador ha transmitido su intención de ir “más allá de los meros trámites burocráticos y administrativos que se gestionan en los consulados para acercarse a la comunidad ecuatoriana”.

Una comunidad ecuatoriana que en la Región de Murcia consta aproximadamente 50.000 personas, donde el primer núcleo poblacional es la ciudad de Murcia, con más de 26.000 ecuatorianos, seguido de Lorca, con aproximadamente 7.000 ecuatorianos.

En este sentido, se ha reunido hoy el cónsul de Ecuador con Francisco Javier Sánchez, director general de juventud , para abordar el proyecto 'Casa de la Juventud Ecuatoriana', así lo ha indicado a través de Twitter el propio consulado de Ecuador en Murcia.

La entrada al inmueble donde está situado el consulado de Bélgica en Barcelona, en el céntrico barrio del Eixample, ha amanecido este martes con pintadas de contenido fascista e insultos al país europeo, acompañadas por la firma de La Falange. Entre ellas puede leerse “Bélgica refugio de delincuentes”, “Béligca cómplice del separatismo” o “Puigdemont, a prisión”.

El cónsul belga, Didier Verwaerde, ha asegurado a este diario que es la primera vez que reciben pintadas de este tipo, pese a lo cual ha quitado hierro al incidente, asegurando que no se lo toma como una amenaza. Por esta razón, Verwaerde afirma que aún no han decidido si presentarán denuncia desde el Consulado, considerando además que las pintadas se han realizado en el portal, una zona común de los propietarios.

En las últimas semanas las acciones de grupos de extrema derecha contra sedes de diversos partidos se han incrementado. Así lo han denunciado tanto partidos y entidades independentistas, como también el propio PSOE, que ha denunciado ataques a sus sedes por la voluntad del Gobierno de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Por parte del consulado Belga prefieren no utilizar la calificación de “ataque” para lo vivido este martes, ya que las afectaciones han sido menores, explican. El consulado trabaja con normalidad desde la mañana y será la comunidad de propietarios quien deberá hacerse cargo de los desperfectos.

Tener pasaporte español es una suerte a la hora de viajar. Actualmente España encabeza el ranking de los pasaportes mejor valorados del mundo junto a Singapur, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Francia y Corea del Sur. Todos ellos tienen entrada libre en más de 150 países del mundo. Alemania está en cabeza, y es que por ejemplo los alemanes no necesitan visado para entrar en Mongolia mientras que los españoles sí.

Más de 150 países son muchos países, pero hay muchos otros, y algunos de ellos especialmente turísticos, que sí exigen un visado para poder cruzar sus fronteras. Por suerte el tradicional visado que se ha de solicitar con antelación en una embajada es cada vez menos frecuente, muchas naciones optan ya por facilitar un visado a nuestra llegada al país o incluso la posibilidad de tramitar un visado o permiso de entrada de manera online.

¿Tienes pensado viajar a Estados Unidos, India, Turquía, Camboya, Egipto, Cuba o Rusia? Pues has de saber que para cualquiera de estos destinos, y para otros tantos más, necesitarás un pequeño trámite para poder visitarlos como turista. Te contamos qué debes hacer si tienes pasaporte español y quieres visitar algunos de los países más turísticos del mundo que sí exigen visado para cruzar sus fronteras.

Visado online

Estados Unidos

Estados Unidos no exige un visado como tal pero sí la solicitud de un permiso de entrada denominado E.S.T.A. (Electronic System for Travel Authorization), es muy similar a la ficha de inmigración que te facilitaban en el avión antiguamente pero así se agilizan los trámites. Deberás cumplir con todos los requisitos, como por ejemplo no ser terrorista, y pagar una tasa de 14 US$ (11€). Eso es todo. Al hacer este trámite solo deberás presentar tu pasaporte al llegar al control policial.

Ojo, haber estado en Irak, Irán, Siria, Sudán, Libia, Somalia o Yemen puede ser un problema que te forzará a pasar por la embajada de EE.UU. en España.

Canadá

En Canadá han cambiado las cosas recientemente y aunque no se exige un visado como tal sí es necesaria una “Autorización Electrónica de Viaje” desde noviembre de 2016 para poder entrar como turista. Puedes solicitar tu eTA para Canadá de manera online, tendrás que pagar una tasa de 7 CAD$ (4,5€) y facilitar todos tus datos.

Australia

Para visitar Australia existen tipos de visados pero como turista te interesan dos: el Visado eVisitor y el Visado Electronic Travel Authority (ETA). El primero es gratuito y te permite permanecer en Australia 3 meses en el periodo de un año, mientras que el segundo permite múltiples entradas a lo largo de un año, pudiendo permanecer hasta 3 meses continuos, y tiene un coste de 20 AUD$ (unos 13€).

India

Si llegas a India sin haber tramitado tu visado online no podrás entrar y eso significa tu deportación. Como turista necesitas solicitar tu e-Tourist Visa, que te da permiso para permanecer 60 días con dos entradas a partir de tu día de llegada. Deberás abonar una tasa de 49,20 US$ (39€).

Myanmar

Myanmar está cada vez más de moda y los ciudadanos españoles necesitan obtener un visado para poder conocer la antigua Birmania. Se puede hacer online solicitándola en la página oficial del Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población de Myanmar, tiene un precio de 50 US$ (49€) y es válida para permanecer hasta 28 días.

Sri Lanka

Sri Lanka es cada día un mayor reclamo turístico, ya sea por su triángulo histórico o sus numerosos parques nacionales, pero el caso es que cada vez son más los que quieren conocer la antigua Ceilán. Los pasaportes españoles necesitan obtener un visado online en el Electronic Travel Authorization System de Sri Lanka. Un visado para 30 días tiene un precio de 35 US$ (28€), si lo haces al llegar allí deberás pagar 40 US$.

Turquía

Turquía también exige la tramitación de un visado online para cruzar sus fronteras. Tan sencillo como solicitar, pagar y descargar tu e-visa. El visado es válido durante 180 días, permite entrada múltiple pero tu estancia no puede ser superior a 90 días. Las tasan son de 20 US$ (16€). Si lo prefieres, también lo puedes hacer “on arrival” al llegar al país.

Visado “on arrival”

Camboya

Camboya tiene grandes planes que ofrecer al turista, como los impresionantes templos de Angkor o la historia que puedes descubrir en el Museo del Genocidio. El visado para un mes se tramita en sus aeropuertos internacionales de Siem Reap o Phnom Penh, aportando pasaporte, fotografías y una tasa de 35 US$ (28€), o en los principales pasos fronterizos terrestres con Tailandia, Laos y Vietnam.

Laos

Si queremos visitar Laos como turistas y tenemos pasaporte español lo podremos hacer al llegar a sus fronteras, pagando una tasa de 35 US$ (28€) obtendremos una visa “on arrival” válida para 30 días. Se puede tramitar en los aeropuertos internacionales de Vientiane, Luang Prabang y Pakse, y en los principales puestos fronterizos terrestres con Tailandia, Vietnam y China.

Egipto

Egipto con sus pirámides es uno de los países más turísticos del mundo. Los pasaportes españoles pueden adquirir un visado que permite una estancia de 30 días al llegar al aeropuerto de entrada, solo permite una sola entrada y tiene un precio de 25$ (20€).

Kenia

En Kenia si somos españoles también podemos tramitar el visado de turista en el aeropuerto de Nairobi o en el de Mombasa, así como en los principales puestos fronterizos terrestres del país. Podremos estar hasta 90 días y la tasa a pagar es de 50 US$ (40€). Si lo deseas, también se puede solicitar un visado online.

Visado anticipado en embajada

Rusia

En Rusia si eres español es obligatorio disponer de un visado para poder entrar. Se tratará de una etiqueta pegada en una de las hojas del pasaporte y lo más recomendable es que lo hagas con varias semanas de antelación porque es un proceso que lleva su tiempo. Puedes solicitarlo en la Embajada de la Federación de Rusia o en la agencia autorizada Central de Visados Rusos. La tasa normal es de 58€, que se demora unos 10 días, mientras que la tasa urgente de 24h es de 113€. Un visado turístico de 1 ó 2 entradas tendrá validez para 30 días, mientras que uno de múltiples entradas asciende a los 180 días, sin poder pasar más de 90 en cada estancia.

Cuba

Cuba recibe una enorme cantidad de españoles cada año y todos necesitan tramitar un visado antes de llegar al país. Puedes dirigirte a los consulados que Cuba tiene en Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, aunque también puedes hacerlo a través de determinadas agencias de viajes, que no te extrañen que en el consulado en cuestión te remitan directamente a una de ellas para realizar el trámite. El visado es para 30 días y su precio puede variar, según dónde lo saques, pero ronda los 22€.

China

Viajar a China como turista con pasaporte español también requiere cierto trabajo por nuestra parte, a no ser que solo viajemos a Hong Kong o Macao, ya que si no salimos de ahí podremos estar hasta 90 días sin visado en cada ciudad. Sin embargo, el visado de turista para el resto del país deberás solicitarlo antes de ir y tendrá una duración máxima de 30 días. Deberás dirigirte o bien a la Embajada de China en Madrid o al Consulado de China en Barcelona, y las tarifas comienzan en los 126 euros. También puedes recurrir al Chinese Visa Application Service Center.

¿Y qué pasa con Vietnam?

Vietnam es un destino de gran interés turístico y su acceso con pasaporte español no es complicado aunque depende de nuestro tiempo de estancia en el país. Veamos qué posibilidades hay.

Para Rubén y su novio era importante casarse en Roma a pesar de que ambos son españoles, pero no lo lograron. Pensaban que, como otras parejas, podrían viajar a la ciudad italiana y contraer matrimonio tras los trámites habituales en el consulado de España. No sabían que al ser Italia uno de los países que no ha aprobado el matrimonio igualitario, les denegarían su solicitud. Así ocurrió a principios de año, cuando Rubén inició los trámites desde Santander y recibió una respuesta que no se esperaba: “Italia no reconoce el matrimonio homosexual, por lo tanto, sintiéndolo mucho, no se realizan matrimonios homosexuales”.

Fue la contestación vía e-mail, fechada el pasado 5 de enero, de la responsable del Registro Civil en el consulado de España en Roma, ante el que cualquier ciudadano español puede solicitar el expediente matrimonial y casarse haciendo uso de una figura llamada matrimonio consular. Los requisitos que se establecen son, con carácter general, que al menos uno de los miembros de la pareja tenga nacionalidad española, que ninguno tenga la del Estado en el que quieren casarse, que al menos uno esté domiciliado en la demarcación consular y que el país no prohíba el matrimonio consular como hacen Gran Bretaña, Suiza o Uruguay.

Sin embargo, hay otro quinto criterio que Rubén y su pareja desconocían: el Estado receptor debe haber reconocido el matrimonio igualitario en el caso de ser una pareja del mismo sexo. Algo que se da en una minoría de países –en Europa, por ejemplo, algo más de una veintena lo prohíbe–. “Lo nuestro era un capricho porque queríamos casarnos en Roma porque pasamos allí nuestro primer aniversario y la pedida de mano fue allí. Yo puedo casarme en España, pero es una discriminación para aquellas parejas homosexuales españolas que viven en el extranjero”, esgrime Rubén, que utiliza un nombre ficticio.

Un convenio que impone limitaciones

La razón de este requisito está en la ley. El Código Civil regula los matrimonios consulares, que son matrimonios civiles que se celebran ante la autoridad consular española correspondiente. Tras la aprobación en 2005 del matrimonio entre personas del mismo sexo en España, la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia emitió una resolución en forma de circular con el objetivo de aclarar qué ocurriría desde entonces con los enlaces homosexuales en el extranjero.

El documento, publicado el 29 de julio de ese mismo año, reconoce que la competencia de los consulados “no es absoluta, sino limitada por el obligado respeto a las leyes y reglamentos del Estado receptor”. Como consecuencia de esta limitación ante la legislación interna de los países, “los cónsules españoles deben abstenerse, por falta de competencia, de autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo en caso de que a ello se opongan las leyes del Estado receptor”, prosigue la circular.

La razón, según la Dirección de los Registros y del Notariado y el Ministerio de Justicia –que a preguntas de este medio ha remitido la resolución–, está recogida en el tratado internacional del Convenio de Viena del 24 de abril de 1963, ratificado por España en 1970 y que se encarga de regular las relaciones consulares entre países. Y es que el convenio reconoce en su artículo 5, dedicado a las funciones consulares, que entre ellas está la de actuar en calidad de notario, funcionario del Registro Civil y otras de carácter administrativo “siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor”.

“Estamos hablando del Derecho interno de un país en su propio territorio. Así que quizás esto solo podría resolverse con acuerdos bilaterales de España con los países, pero es algo improbable porque si un Estado no permite el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, difícilmente va a querer llegar a un acuerdo sobre ello”, explica la abogada especializada en el colectivo LGTBI Charo Alises.

El Gobierno abre la puerta

Sin embargo, el Gobierno sí ha abierto la puerta a un posible cambio, aunque de manera indeterminada y sin detallar cómo. En una respuesta parlamentaria del pasado mes de marzo al diputado socialista Antonio Hurtado Zurera, que planteó la cuestión tras conocer que esto estaba dándose, el Ejecutivo reconoce que este requisito “es el que representa una limitación más relevante” y añade que modificarlo “requeriría medidas legislativas o jurisprudencia en los tribunales, o bien un cambio en la doctrina de la Dirección de los Registros y del Notariado”.

Para Hurtado esta respuesta señala que, por lo menos, hay que debatir sobre el tema e investigar si podría darse alguna modificación al respecto. Por ello, poco después, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición no de Ley (PNL) en la que pide un cambio de doctrina para que se excluya este condicionante. La PNL está a la espera de debatirse en la Comisión de Justicia. “Es un claro trato discriminatorio entre unos ciudadanos españoles y otros dependiendo de si se casan con una pareja del mismo sexo o no”, argumenta.

Lo que sí pueden hacer los consulados, independientemente de que el Estado receptor permita los matrimonios igualitarios o no, es autorizar el expediente matrimonial, que es el paso previo al consentimiento con el que se formaliza el enlace. Estas oficinas en el extranjero sí estarán habilitadas para expedir este documento, pero el consentimiento como tal debe darse en España, explica la Dirección de los Registros y del Notariado en su circular de 2005.

A Rubén le sorprendió la respuesta del consulado en Roma argumentando que debían ser una pareja heterosexual y cuando le explicaron que debía respetar la legislación del país, decidió no investigar más. “Es discriminatorio porque lo nuestro tenía una razón simbólica, pero habrá otras parejas que no tengan más opción”. Finalmente, y tras dejar atrás la idea de hacerlo en Roma, el próximo mes de octubre él y su pareja, con la que lleva siete años de relación, se casarán en España.

Integraban alguna de las embarcaciones que llegaron a Barbate (Cádiz) el pasado octubre después de una peligrosa travesía por el Estrecho. Tienen grabada a fuego la fecha, porque detallan los meses y los días que llevan en España. En este tiempo se han hecho mayores, mayores de edad. Al llegar a los 18, pierden la tutela de la Junta de Andalucía y encuentran en la calle su destino más probable, sin posibilidad oficial de regularizar su situación. El Gobierno de Marruecos, tras meses de espera, acaba de empezar a tramitar sus pasaportes y los de otros 43 jóvenes que, sin la atención de organizaciones de voluntarios, estarían deambulando sin futuro ni opciones posibles de inserción social.

Los elogios son mutuos entre Hassan y Michel Bustillo, de la ONG Voluntarios por Otro Mundo. Abdul, más tímido, tiene mayores problemas con el idioma. Desde Marruecos y Guinea-Conakry, como tantos otros, se aventuraron en busca de un futuro mejor. No se veían en sus países de origen y decidieron pagarse, de aquella manera, el viaje. Llegaron a puerto y el gobierno autonómico se hizo cargo de ellos, hasta que han cumplido 18 años y el tutelaje que hacías las veces de familia se da por terminado. ¿Qué pasa con ellos cuando la Administración no puede ejercer su función protectora? “Pues hay que dar las gracias de que existan organizaciones que se preocupan por estos chicos”, reconoce una de las educadoras sociales del Centro de Acogida Inmediata de menores de Villamartín.

Con ellas vienen otros cuatro jóvenes inmigrantes, también con una recién estrenada mayoría de edad. En el centro tratan de “aguantarlos” hasta que se aseguran de que no se quedarán en la calle. Michel explica a Driss, Mohamed, Ahmed y Abdul que Voluntarios por Otro Mundo cuenta con dos pisos en Jerez, de cinco y once plazas, donde se les daría techo y manutención bajo unas normas básicas de convivencia y respeto. Carmen y Carmina, dos octogenarias que colaboran con la asociación, han dejado esta mañana un carro lleno de comida en este particular piso de estudiantes, corroboran Hassan y Abdul. Ellos se administran la comida, tienen que limpiar la casa y, a partir de las 23 horas, tiempo para el descanso. Dicen que les interesa el piso “para buscar la vida”, “para trabajar”, repiten. “Nunca se os olvide eso, porque algunos perdieron su oportunidad”, advierte Michel. La otra posibilidad es la calle y la más que probable expulsión del país.

Su mayor preocupación es que les coja la Policía en este tiempo de incertidumbre administrativa. No paran de preguntarlo. A un joven magrebí le ocurrió hace un tiempo. Mientras esperaba su regularización, unos agentes trataron de identificarle y la Subdelegación del Gobierno inició un expediente de expulsión. “Llevaba aquí más de tres años y ahora es un chico desarraigado en su propio país. Por la experiencia que tenemos, intentará volver, en patera o en los bajos de algún vehículo pesado”, explica Amin Souissi, de la delegación de la Asociación Pro Derechos Humanos en Cádiz, que cede su local en el Centro de Barrio Pedro Palma de Jerez de la Frontera para estos encuentros con Voluntarios.

“No sólo se emigra por falta de pan”

El Consulado de Marruecos en Algeciras lleva haciendo esperar hasta año y medio la entrega de pasaportes, requisito previo al permiso de residencia, a estos jóvenes extutelados o a punto de serlo para que sean considerados ciudadanos marroquíes de pleno derecho. Luego, las asociaciones les gestionan los 'papeles' en España. El NIE surge también varias veces en la conversación. “El cónsul decía que no expedía los pasaportes por cuestiones de seguridad, pero la inseguridad consiste precisamente en que los chicos no estén documentados. Sin ella, no pueden seguir estudiando o iniciar algún curso de formación o hacer prácticas”, dice Amin, que lamenta que el país vecino “nunca se ha preguntado por qué sus jóvenes quieren emigrar”. “No sólo se emigra por falta de pan, también se emigra por falta de libertades”, apunta Michel. Según la asociación Prodein, el 85% de los jóvenes inmigrantes en Melilla son deportados una vez cumplidos los 18 años.

La Junta de Andalucía tiene habilitado el programa +18 “pero siempre dicen que no hay plazas”, explican los miembros de las asociaciones. “La Administración no tiene recursos”, insisten. Una llamada al 'teléfono verde' de emergencia consular de Marruecos sirvió finalmente para empezar a tramitar los pasaportes tras pagar la correspondiente tasa por la operación administrativa. APDHA solicita “mayor preocupación” por estos jóvenes que acaban su período de tutelaje y salen de los centros de protección “con una mano delante y otra detrás”. “Se quedan en el limbo administrativo, llenos de frustración y sin poder seguir con su proyecto de vida”, añade Amin. “No hay medios suficientes; siempre que llamamos a la Consejería nos dicen que no hay plazas o exigen un perfil muy concreto de jóvenes”, remacha Michel, que señala que Voluntarios no recibe subvenciones públicas y se nutre de la generosidad de personas como Carmen o Carmina.

Driss, Mohamed, Ahmed y Abdul son piezas del puzle por el que ya pasaron Hassan o Abdul al cumplir no hace demasiado los 18. Este tipo de asociaciones les dan cobijo y les facilitan prácticas hasta que se hacen con algún oficio. Uno de ellos dice que quiere ser peluquero y que practica con sus tres compañeros, que lucen sonrientes modernos cortes de pelo. El flujo de jóvenes en los dos pisos es muy frecuente, casi siempre hay huecos, comenta Michel. Al estar maticulados en el instituto, los cuatro primeros también tienen la opción de ir a una residencia de estudiantes al salir del centro de Villamartín. “El trabajo en red con otros organismos es fundamental” para la inserción sociolaboral de estos jóvenes, asevera Michel. “Lo primero que hacen al conseguir algo de dinero es enviarlo a sus familias”, relata. Pronto van a empezar un proyecto sobre 'duelo migratorio', relativo a todo lo que supone la llegada a un nuevo país y la pérdida de raíces, familiares o culturales.

Hassan coge todos las mañanas su bicicleta para sus clases de español y para seguir preparándose el graduado. “Hay mucha gente mala en Marruecos, allí no hay nada”, argumenta directamente sobre el motivo de la salida de su pueblo, en la costa oeste de Marruecos, donde ayudaba a su familia a “conducir un barco”. “Hay que pagar por todo”, lamenta al referirse a la ejecución de cualquier trámite. “Aquí valoran mucho la ley, lo legal”, comenta Michel al tiempo que Hassan muestra con orgullo su permiso de residencia. El viaje de Abdul fue más largo, atravesando Mali, Argelia y Marruecos. Hacía lo que podía en cada uno de esos países para ganar algo de dinero y continuar su travesía con destino a Europa. Ahora tiene una cédula por un año de residencia en España. Su sueño es ser mecánico.

“La información presentada para la justificación del propósito y las condiciones de la estancia prevista no resulta fiable”. Es la deliberada suposición que ha recibido en la Embajada española en Panamá una mujer dominicana que lleva más de 20 años residiendo en aquel país y que, por cuarta vez en los últimos años, quería visitar España. En Córdoba viven su hija, su yerno y sus dos nietos, todos de nacionalidad española, que han enviado una queja a la Defensora del Pueblo Español “teniendo ya la certeza y tristeza de que ésta navidad ya no podrá ser en familia”.

“Solo es la punta del iceberg de lo que puede estar ocurriendo”, lamenta Juan Antonio Domínguez, expresidente y actual vocal de la Asociación de Familias Mixtas de España (Asfamix), ante el motivo expuesto para la denegación de visado de corta duración. “A mi suegra le dijeron verbalmente que ya no podía viajar a España porque era más mayor y había riesgo de que se quedara a vivir aquí a costa del Gobierno de España”, señala, a lo que replica que “en todo caso sería a costa de la familia”, que podría tener conciliación laboral cuidando una abuela de sus nietos. Añade que están en condiciones de solicitar un visado de reagrupación familiar pero solo querían un visado de estancia, considerando “lamentable que la base del fundamento jurídico para no viajar sea una sospecha sin acreditar”.

Según consta en la queja de esta familia se presentaron todos los documentos que se le exigieron para la obtención del visado, acreditando el objeto del viaje con motivo de las fiestas navideñas, los medios económicos, seguro y reserva de viaje de ida y vuelta, carta de invitación de su hija emitida favorablemente por la Policía Nacional, certificación de inscripción padronal familiar, nóminas, etc, apuntando además que “la carta de invitación con una tasa de 75 euros, es un documento jurídico que sanciona incluso penalmente el incumplimiento de los plazos de invitación”.

Esta mujer, según consta en la documentación, tiene visado en vigor hasta 2020 para viajar a EEUU porque tiene a otra hija y en el país norteamericano se presenta la documentación solo una vez y, si las circunstancias familiares no varían, puedes viajar sucesivamente en el tiempo cumpliendo los plazos de estancia, que son 90 días como en España, explica Juan Antonio Domínguez.

“En caso de sospecha de viajar por motivos económicos, yo al menos tengo la convicción que EEUU es un destino con más oportunidades económicas que España”, relata en su recurso de reposición ante la denegación de visado de turista el 3 de diciembre en la misión consular de Panamá. El mismo consulado le dio visados para tres visitas anteriores en 2007, 2008 y 2012, pero ahora ya les han confirmado verbalmente que hasta el año que viene no obtendrán respuesta a su recurso. “Este es el muro infranqueable de familias transnacionales, incluso cuando se trata de familias españolas”, añade Domínguez.

Quejas relativas a la denegación de visados

En el recurso ante la denegación de visado de turista el 3 de diciembre denuncian que “el criterio de la Administración no puede limitarse a expresar la decisión adoptada sino que, en cada supuesto, debe exponer cuáles son las concretas circunstancias de hecho y de dercho que, a su juicio, determinan que la decisión deba inclinarse en el sentido por ella elegido y no por otro de los, en cada caso, posibles”. La cuestión es que esta mujer no podrá ver a sus dos nietos estas navidades cuando ha estado sin problema en España en otras ocasiones.

Domínguez explica que este tipo de situaciones no son nuevas y que se trata de un problema que viene sufriendo la población española con familia extracomunitaria. De hecho, en el último del Defensor del Pueblo de 2014 se alude a que “se ha continuado recibiendo quejas relativas a la denegación de visados por reagrupación familiar, solicitados por cónyuges de extranjeros residentes”. Fuentes de este departamento señalan sin embargo que no tienen registradas en los últimos tiempos más denegaciones de visados de las habituales. Existen otros casos recientes, como el de este gaditano a quien el consulado de España en Quito le impedía que su suegra fuera su madrina de boda. la madre de una española sea su madrina. O esta petición subida a change.org donde se ruega “poner fin al actitud del consulado general de España en Nador (Marruecos) que deniega todas la solicitudes del visado de reagrupación familia sin motivo”.

Desde Asfamix comentan que “en España, en los últimos diez años, se ha incrementado el número de nacionalizaciones, pero tanto a éstos como a las familias españolas mixtas los están tratando como españoles de segunda categoría. La norma es denegar en primera instancia y solo el que reclame lo consigue, pero lo más común es el inmigrante que se conforma y no recurre, acostumbrado a este tipo de penurias”. “El daño está ya hecho, a nosotros y a quienes les pase lo mismo, a pesar de que tener todas las de la ley a nuestro favor”, indica.

“Derechos subjetivos para los miembros de la familia”

Según el recurso de esta familia española mixta, el derecho de libre circulación y residencia (comprensivo de la entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, etc) de los ciudadanos de la Unión y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y por extensión a los familiares beneficiarios del derecho y su régimen jurídico, se encuentra regulado en la Directiva 2004/38 y en la legislación española en el RD 240/2007. En dichos textos legales se regula la entrada en España de familiares beneficiarios de terceros países aunque tenga como finalidad que acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión, no necesariamente tiene que ser con la finalidad de fijar la residencia o para mantener la unidad de la familia, pues puede serlo igualmente en régimen de estancia y por periodo inferior a tres meses.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 9/10/2015 ( nº Rec 1810/2014) se dice que “como consecuencia de la reiterada sentencia del Tribunal Supremo, a los familiares extracomunitarios de españoles les es aplicable el régimen de comunitarios y de éste, a diferencia del régimen de reagrupación familiar, resulta el derecho a entrar, circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, cuando acompañen o se reúnan con el ciudadano español, para lo cual han de obtener un visado, que bien puede ser de estancia para un período de una duración total no superior a tres meses (vid. art. 2 del Reglamento (CE ) nº 539/2001 del Consejo) y solicitar luego la residencia si pretende permanecer o fijar su residencia en España. (...)”.

En definitiva, tanto de la Directiva 38/2004, como del Real Decreto 240/2007, resultan derechos subjetivos claramente definidos para los “miembros de la familia” del ciudadano de la Unión (más ventajosos, desde luego, que los previstos en el régimen general de extranjería), comprensivos del derecho de entrada y que obliga a

concederles un visado, gratuitamente, lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado. En el recurso se añade que, según constante doctrina del TJE, aunque el derecho de libre circulación, que se extiende a los familiares beneficiarios, no sea incondicional, las limitaciones e interpretaciones que puedan establecerse son de aplicación restrictiva, sin que quepan restricciones por motivos económicos“.

“Emigrantes de primera y de segunda”

Por su parte, fuentes de Marea Granate, colectivo transnacional y apartidista formado por emigrantes del Estado español y simpatizantes, sin conocer el detalle de este caso en concreto, consideran “una crueldad y una vergüenza que los gobiernos denieguen con tanta soltura la posibilidad de que algunas personas, que duramente ahorran para poder pagarse un billete de avión, puedan reencontrarse”.

Aunque su labor sea especialmente dedicada a migrantes con nacionalidad española que han tenido que emigrar al exterior, a los que el Gobierno no les pide ningún visado para entrar en España, reivindican que “marcharte de tu país no invalida tus derechos como persona y por tanto, pedimos a los gobiernos que respeten los derechos humanos de las personas emigrantes y por supuesto, los de sus familiares”.

Según expone Marea Granate, estas situaciones evidencian algo que “a los ojos del mundo y de los gobiernos, hay emigrantes de primera y de segunda”. “Nosotros somos de Europa y eso nos abre puertas, no suelen pedirnos visados y si los piden, los conseguimos con bastante facilidad en la mayoría de los casos. Si no nos ponen trabas para movernos por el mundo, ¿por qué a los demás si?”, comentan.

Propuestas desde Asfamix

Al margen de denunciar “la vida propia” de las misiones consulares, y el poder de los cónsules, que a juicio de Asfamix producen esta “falta de tutela judicial efectiva de los españoles o familiares de españoles residentes en el extranjero”, esta asociación propone “que las misiones diplomáticas tengan un representante del Ministerio de Justicia que controle estos asuntos, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores es quien controla al fin y al cabo las decisiones en las misiones diplomáticas y éstas no siempre se rigen por intereses fundamentales de los ciudadanos que a dichas misiones consulares acuden”.

Otra propuesta es, siguiendo el ejemplo de EEUU donde cuando los motivos del viaje son familiares y las circunstancias no han cambiado,“ no volver al casillero de salida con toda la documentación cada vez que se pretenda visitar al familiar, los costes en tiempo y dinero son abusivos, y más cuando es un familiar de primer grado según nuestro código civil”. “Una madre no deja de ser una madre en las sucesivas visitas”, apuntan. En EEUU se emiten visados de estancias de corta duración pero con múltiples entradas, con un periodo de validez extenso que puede ser de 5 o 10 años, pero es que en otros países del espacio Schengen según le consta a Asfamix, como en Alemania, si están emitiendo visados de múltiples entradas, que pueden tener una validez de 1 o 2 años, donde no se pueden pasar más de 90 días de estancia por cada 180 días. 

Según Asfamix, “las familias españolas mixtas, al final, con la ley en la mano, ganan, pero es un camino siempre con un coste en tiempo y en dinero muy elevado, y una abuela que quiere ver a sus nietos en las navidades de 2015 y que al final los pueda ver en agosto de 2016 o no, es un coste emocional tremendo”. Por eso entienden que “los plazos de resolución de reclamaciones deben ser en días”. “Un documento de reclamación interpuesto en una misión consular que debe ir a Madrid, hoy por hoy suponemos que no viaja por mar sino por Internet”, conlcluyen.

Este último año hemos hecho mucha denuncia de las grandes dificultades para votar desde el exterior; a pesar de ello, las peores predicciones se consuman para estas elecciones generales, donde se producirá un mínimo  histórico de participación emigrante. A día de hoy han rogado el voto apenas un 7,6 % de un censo exterior no deja de crecer (un aumento del más de un 55% desde el comenzó la crisis). Algo más de la mitad de ese 7,6 % podrá votar finalmente, debido a las papeletas extraviadas que muchos aún esperáis. La enésima violación de nuestro derecho fundamental a la participación política. 

Posiblemente hayáis oído hablar de las irregularidades del voto exterior que existían antes y que justificaron la reforma de la Ley Electoral, o de que hasta los muertos votaban. Hoy os queremos contar en más profundidad qué propició dicha reforma, por qué se hizo en ese sentido, cuáles eran las irregularidades conocidas existentes y por qué denunciamos con tanta insistencia una artimaña de ingeniería electoral que ha sido un absoluto fracaso para nuestra democracia, pero un éxito total en su intención inicial: quitarse de en medio el voto exterior. Recordemos que en 2010, bajo el gobierno del PSOE, la reforma de la LOREG contemplaba la adopción de una circunscripción exterior, una provincia extra, para dar peso político adecuado a la emigración española. Hoy en día esa circunscripción exterior sería la tercera provincia del país, hecho histórico tristemente alcanzado la semana pasada.

¿Antes votaban hasta los muertos? ¿Qué pasaba realmente?

El derecho al voto emigrante, reivindicación histórica de la emigración y el exilio español,  fue reconocido en el año 1985. La primera chapuza burocrática no se hizo esperar: para elaborar el censo electoral no se realizó un registro nuevo, sino un volcado del padrón existente en ese momento no actualizado. Esto provocó que aparecieran en el primer CERA emigrantes fallecidos. Poco a poco, con el trabajo del INE, dicho censo se fue depurando, de forma que en 2008, segun un informe de la Junta Electoral Central, la incidencia de los fallecidos inscritos era mínima y las papeletas que se devolvían por esta causa eran un 0,45% de total de los envíos (3). A pesar de las cifras de este informe, ¿tan desmesurado era el voto de los muertos?

Desde que comenzamos nuestra denuncia del voto rogado nos ha sorprendido enormemente este discurso de culpabilización del emigrante, en lugar de apuntar a la verdadera problemática, un censo sin limpiar debido a un claro e importante fallo administrativo; mientras que se ha mitificado el voto de los muertos, puesto que no hay datos, estudios o contrastes estadísticos al respecto. Basta una búsqueda a la hemeroteca, a la cual os invitamos amablemente, para comprobar que, como insistía la Junta Electoral, el enorme escándalo del “voto de los muertos” no era tal. No negamos que existieran casos, como el de Hermensinda y su marido pero la repetición insistente en tertulias y en declaraciones de dirigentes políticos de este argumento, a modo de falsa excusa siempre, da que pensar. 

A menos que se quieran ocultar otros argumentos importantes sobre el escándalo del voto exterior. A menos que se quieran esconder gestiones masivas de votos fotocopiando documentación personal en comidas de emigrantes por el PP, elección tras elección, o por el PSOE; a menos que se quiera evitar hablar de inscripciones masivas de emigrantes en censos por parte de los partidos, de nuevo; a menos que no queramos que se mediaticen los ruegos tramitados en masa por personal próximo a instituciones, de hasta más de 200 solicitudes de golpe en ocasiones. Ruegos y solicitudes, sí. Porque el voto municipal se rogaba ya antes de la reforma electoral de 2010, y porque el ruego del voto no evitaba estas irregularidades, casi siempre en comicios municipales, de los partidos.

Todas estas graves incidencias, similares a algunas que vemos reproducirse dentro del territorio español, se gestionaban gracias a las redes clientelares de los grandes partidos en el exterior. Esta inmersión de los partidos en la emigración sigue existiendo a día de hoy, cuando vemos con sorpresa cómo hasta las elecciones a Consejos de Residentes en el Exterior, órganos ciudadanos donde está prohibida la participación de los partidos políticos, son cooptadas por dichos partidos. O cuando vemos los numerosos viajes en campañas electorales con destinos muy elegidos para recabar voto emigrante. La financiación de algunos de estos viajes del PP sale hasta en los papeles de Bárcenas, si habéis tenido la oportunidad de ver B, la película.

El sentido de la reforma de 2011

La reforma que se efectuó nunca atajó el problema técnico de la depuración del censo con el que se justifica hoy su implantación. De hecho, las inscripciones y bajas en el CERA siguen siendo un gran problema para los emigrantes españoles, como habréis podido comprobar quienes os hayáis tenido que ir o, una vez emigrados, hayáis cambiado de país y consulado correspondiente.

En el momento de llevar a cabo la reforma, el voto exterior se había convertido en un escándalo fomentado sobre todo por las prácticas sucias de los partidos. Y los mismos responsables del escándalo decidieron una salida “pactada” al mismo. Cuando se efectuó la reforma ya se sabía el resultado que iba a tener, porque como hemos comentado el voto exterior municipal ya se rogaba. La participación rondaba el 5% (¿os suena la cifra?) y la propia Junta Electoral avisó de que la reforma causaría “una caída de la participación y la crítica de los afectados”. Que ninguno de los partidos que articularon dicho cambio se excusen hoy diciendo que fue un error: el resultado era absolutamente previsible e intencionado, y el reservorio de votos en que han convertido a la emigracion se destinó a un saco de abstenciones forzadas por la ingeniería electoral que, en una situación de incertidumbre y de coyuntura futura posiblemente adversa, no perjudicaba a nadie y dejaba contentos a los partidos en el turno de poder. 

Esta legislación a disposición de los intereses de turno con el voto exterior en España es práctica habitual en nuestra historia. Suárez, por ejemplo, permitió votar a la emigración y exilio españoles en el referéndum por la democracia en 1977, sabiendo que el voto iba a ser favorable. Dos años más tarde, una modificación legislativa hizo que, en las elecciones generales, votaran 5000 personas del millón que estaba fuera. 

De la circunscripción electoral exterior, promesa de programa del gobierno de turno en 2010, nunca se volvió a saber, y el derecho al voto municipal, que había sido fruto de la mayoría de escándalos de gestiones de voto, se eliminó. 

¿Se han resuelto las irregularidades? 

A día de hoy, las irregularidades no se han resuelto, sino que se han convertido en una enorme problemática general para un censo que no para de aumentar. A la ley electoral implantada y sus efectos precalculados se suman las directrices administrativas, dirigidas en ocasiones por el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores, para imponer medidas al margen de la legislación aplicable, como ha sucedido con la denegación de inscripciones temporales o el requisito de presencialidad para determinados trámites. La plataforma de juristas dosmillonesdevotos.org ha denunciado recurrentemente todas estas incidencias sin que por ahora hayan tenido la más mínima respuesta institucional. La participación del voto emigrante será, casi con toda certeza, menor que nunca en unas elecciones generales desde que existe el derecho de voto. 

¿No somos tantos “españoles” fuera?

Por último, queremos hacer un apunte sobre el argumento recurrente de que “no nos hemos ido tantos” o que “parte de esos emigrantes no son españoles, sino inmigrantes retornados o hijos de antiguos emigrantes españoles”. Aparte de desviar el debate sobre migración forzada y su pérdida de derechos, y al margen de lo absurdo del empeño de cualificarnos como “verdaderos emigrantes españoles”, y de otorgar derechos constitucionales en base a la clase A o B de “españolidad”, repetimos una vez mas la inexactitud de las cifras oficiales para saber cuánta gente ha dejado el país en los ultimos años. Estudios diversos de la investigadora del CSIC Amparo Gonzalez-Ferrer, del Instituto de la Juventud Española, dependiente del Ministerio de Sanidad, y una búsqueda rápida de la Marea Granate en las bases de datos públicas de algunos de los países que nos acogen  muestran la infravaloración de las cifras oficiales consulares, que en algunos casos como UK o Irlanda son multiplicadas por un factor superior a 6. Dejémonos de falsas argumentaciones y preocupémonos por garantizar los derechos básicos de los ciudadanos y dimensionar adecuadamente los problemas sociales. 

Queremos una ley de voto exterior justa y garantista, pero la regulación especial que necesita el voto emigrante no puede ser la excusa, bajo ningún concepto, para disponer de él en función de los intereses políticos de turno. Comienza una nueva legislatura y para reformar la ley orgánica electoral harán falta, de nuevo, tres quintas partes de apoyo en ambas cámaras. No nos cansaremos de pedir una reforma democrática y transparente, basada en el diálogo, en la que participen los actores implicados a puertas abiertas. 

Por el momento, el 20D faltarán dosmillonesdevotos. 

La saharaui Takbar Haddi, que estuvo 36 días en huelga de hambre frente al Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria, ha retomado la protesta en el mismo lugar para reclamar el cuerpo de su hijo, que fue apuñalado en febrero en El Aaiún.

Takbar Haddi finalizó la huelga el 19 de junio, tras ser hospitalizada por haber vomitado sangre y después de que los médicos le aconsejaran suspender su ayuno.

Esta mujer saharaui ha explicado este viernes a Efe que este viernes volvió a instalarse en frente del Consulado, donde estuvo antes acampada, pero esta vez la Policía le ha obligado a retirar de la calle las fotos de su hijo que exhibía a los viandantes.

También asegura que le han invitado a marcharse del lugar.

Haddi dice que se siente con fuerzas para retomar la huelga de hambre una vez que termine el Ramadán, el 17 de julio.

“Me encuentro tranquila y con fuerzas para seguir con la huelga aunque muera”, indica.

Además, precisa que los médicos le han comunicado que ya está recuperada y que ella se encuentra bien.

“No me duele nada, solo me duele el corazón”, resalta Takbar Haddi, que regresó ayer de Ginebra, donde relató su historia y la de su hijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El hombre de 54 años fue reducido por agentes de la Policía Local, que al entrar en las dependencias consulares, se percataron de que había rociado con gasolina el lugar.

Un hombre de 54 años y origen holandés ha sido detenido este miércoles tras atrincherarse en el Consulado de Países Bajos de Santa Cruz de Tenerife y amenazar a la secretaria de la oficina con incendiar las instalaciones, según ha informado la Policía Local.

Los hechos se produjeron a las 09.30 horas cuando se recibió una llamada en la Sala de Comunicaciones de la Policía Local alertando de un alboroto causado por un hombre en el interior del consulado ubicado la calle Villalba Hervás de la capital tinerfeña.

Una patrulla policial desplazada al lugar confirmó la situación y que el hombre mantenía retenida, bajo la amenaza de incendiar la oficina, a la secretaria del consulado.

Con el apoyo de otra dotación de la Policía Local se pudo establecer contacto visual con la mujer, observando que el detenido portaba una botella de plástico con una mecha de fabricación casera.

Gracias a diversas gestiones con el personal de oficinas aledañas al consulado, cuyas puertas estaban cerradas y bloqueadas, se pudo hablar telefónicamente con la secretaria quien confirmó la situación.

La mujer de 53 años también manifestó que el hombre había rociado con un producto inflamable parte de la oficina. Aunque la Policía Local ya había solicitado la presencia del Consorcio de Bomberos, en un despiste del hombre, la mujer corrió hacia la puerta y logró abrirla huyendo del lugar y permitiendo el acceso de los cuatro agentes.

Los policías interceptaron al arrestado cuando, portando un mechero encendido en su mano, pretendía iniciar el fuego en la oficina. Una vez que le arrebataron el mechero los sujetaron y engrilletaron.

A continuación, con la colaboración de la Unipol se trasladó a la mujer y al detenido a las dependencias policiales para la realización de las oportunas diligencias, quedando el hombre a disposición judicial.