La ilegalidad de la dictadura o renombrar el Valle de los Caídos: las claves de la nueva ley de memoria democrática

De verano en verano, la Ley de Memoria Democrática ha ido dando pasos adelante. Este ha sido el definitivo tras un trámite que arrancó en septiembre de 2020. Tras una ardua negociación salvada por el acuerdo de los partidos del Gobierno con algunos socios habituales como EH Bildu, PNV, Más País o PDeCAT, el Congreso ha dado el visto bueno a una norma contra la que se ha levantado la derecha.

Al Senado se prevé que vaya a la vuelta del verano, en septiembre. En este texto desglosamos sus principales medidas y novedades:

Ilegalidad del régimen franquista y sus sentencias. La ley condena el golpe de Estado perpetrado el 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, que declara “ilegal”. Este término se ha añadido para referirse también a todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa y que, hasta ahora, el texto solo calificaba de “nulas”. Igualmente, los tribunales, órganos franquistas y todas sus resoluciones son proclamados “ilegales” y no solo “ilegítimos”.

Vulneración de derechos humanos hasta 1983. La norma extiende el periodo de persecución y violencia hasta la promulgación de la Constitución, en 1978, y hasta esa fecha limita temporalmente la investigación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, que figurarán en un censo estatal. Sin embargo, se ha añadido la creación de una comisión técnica para estudiar los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por motivo de “su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los derechos democráticos” hasta el 31 de diciembre de 1983. Esta comisión evaluará “posibles vías de reconocimiento y reparación”.

Es esta la novedad de la ley contra la que ha cargado con más contundencia la derecha, asegurando que incluso la ETA de los 80 podría ser considerada “resistencia democrática a un gobierno tardofranquista”. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo apuntan a que lo que se ha acordado es crear una comisión que estudiará vulneraciones de derechos humanos tales como el asesinato de Yolanda González por parte de la extrema derecha en 1980 e insisten en que la norma no extiende su ámbito temporal de aplicación.

La Ley de Amnistía. La ley aprobada en 1977 convertida en la práctica en un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo no será derogada, como pedía ERC. Finalmente, Unidas Podemos y el PSOE pactaron una enmienda que establece que “se interpretará y aplicará de conformidad con el derecho internacional convencional y el derecho internacional humanitario”, por el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. El texto crea un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática con el que pretende impulsar las investigaciones de los crímenes.

La lengua vasca, catalana y gallega, víctimas. La negociación con los grupos ha sumado a la norma el reconocimiento de las instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos como víctimas de la dictadura. Las víctimas tendrán “derecho al reconocimiento y reparación integral por parte del Estado”. Además, se realizará una evaluación de la “represión y persecución cultural y lingüística del franquismo”.

Nuevo nombre para el Valle de los Caídos. Como novedad, se modificará el nombre de la mayor fosa común de España construida por orden de Franco y pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. Se prevé una resignificación del conjunto, que aún está por concretar, con el objetivo de que sea un lugar de memoria democrática que “dará a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”. Además, extinguirá la Fundación del Valle de los Caídos. A ello se sumará la exhumación de las víctimas para la que el Gobierno ya tiene todo preparado después de que la justicia haya levantado las medidas cautelares que la paralizaban. De momento, 104 familias lo han solicitado.

Traslado de Primo de Rivera. Como parte de esta resignificación, los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, deberán salir del “lugar preeminente” que ocupan, en el altar mayor de la basílica. La idea del Gobierno es pactarlo con la familia para evitar en todo lo posible una batalla similar a la que se dio con la exhumación de Franco. Así, le han ofrecido la posibilidad de enterrarlo en las criptas o llevárselo a otro lugar que deseen.

Las exhumaciones, responsabilidad del Estado. Será el Estado el encargado de buscar, identificar y, en su caso, exhumar los restos de los desaparecidos mediante la puesta en marcha de planes estatales y plurianuales de exhumaciones. Es decir, será la Administración la responsable de buscar a los restos de miles de personas represaliadas. Y lo hará de oficio o por solicitud. Hasta ahora, esta labor la llevan a cabo asociaciones de memoria histórica a través de subvenciones.

Adiós a la nobleza de Franco. La ley retirará de los títulos nobiliarios concedidos por Franco a quienes en su momento llegaron a cometer crímenes de guerra y jugar un papel determinante en la dictadura. En un primer momento, el mandato al Gobierno era elaborar un catálogo, pero una enmienda pactada prevé la eliminación de 33 directamente. Se revisarán también las condecoraciones y recompensas concedidas a integrantes del aparato de la represión franquista, cuya revocación conllevará la pérdida de derechos económicos.

Una auditoría de bienes incautados. El proyecto que aprobó el Gobierno ya incluía la realización de una auditoría de los bienes incautados durante la guerra y la dictadura. Ahora se ha determinado que deberá hacerse en el plazo de un año. La ley reconoce, además, “el derecho al resarcimiento” de las expoliaciones producidas “por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa”, pero no específica cómo se repararán.

Reparación económica. Esta ha sido una de las principales demandas de las voces críticas con la nueva norma. La ley sigue sin reconocer explícitamente el derecho a la indemnización económica como parte de la reparación integral de las víctimas. Lo que finalmente ha incorporado es la creación de una comisión técnica que en el plazo de un año deberá elaborar un estudio que recoja qué medidas económicas dirigidas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora con el objetivo de hacer recomendaciones “sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables”. Según datos del Gobierno, hasta el momento se han otorgado 21.750 millones de euros a 608.000 víctimas de la guerra y la dictadura.

Derecho a la verdad de las víctimas. Habrá una oficina de apoyo a las víctimas que hará labores de divulgación y sensibilización. Se constituirá también una comisión independiente “de carácter académico, temporal y no judicial” con el objetivo de esclarecer violaciones de derechos humanos mediante la recepción de testimonios y la investigación. Además, se reconoce el “papel esencial” del “debate histórico” para formar “una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática”, sin perjuicio “de la incertidumbre consustancial al citado debate” al referirse a sucesos del pasado, sobre los que pueden formularse hipótesis o conjeturas.

Banco de ADN. Se creará un banco de ADN de víctimas donde se almacenarán muestras biológicas de los familiares para poder cotejarlas con vistas a futuras identificaciones. Tras el debate de la ley en comisión, se ha incorporado “a las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos”, es decir, los bebés robados.

Nacionalidad para los descendientes de brigadistas. La norma concede la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, pero llega tarde y, por edad, es difícil que signifique algo, ya que el último superviviente del que se tenía constancia falleció el año pasado. Por eso, se ha incluido una enmienda de Unidas Podemos que prevé otorgársela a los descendientes “que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia”.

Lugares de memoria democrática. Se crea la figura de lugares de memoria para calificar el patrimonio en el que se desarrollarán hechos de especial relevancia vinculados a la memoria democrática. Serán protegidos y se creará un inventario. Como novedad, se ha incorporado la declaración específica del Fuerte de San Cristóbal (Navarra) como lugar de memoria. Además, en el plazo de un año se cederá el Palacio de la Cumbre de Donostia, que actualmente pertenece al Ministerio de Política Territorial, al Ayuntamiento de Donostia “para actividades acordes con la finalidad de la ley”.

Archivos y documentos. Se conformará un Centro Documental de la Memoria Histórica ubicado en Salamanca que reunirá y custodiará todos los fondos documentales posibles relacionados con la guerra y la dictadura. También se creará un Centro Virtual de Documentación para facilitar el acceso a documentos que estén físicamente en otros lugares. En este punto, hay dos novedades: la obligación de habilitar partidas presupuestarias específicas e incorporar al centro los archivos del gobierno de la dictadura que estén en manos de entidades privadas o personas físicas.

Extinción de fundaciones franquistas. El texto contempla como causa de extinción de las fundaciones la apología del franquismo, un requisito al que el Gobierno sumó como condición que se produzca “humillación a las víctimas” después de que lo recomendara el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe, en el que apuntó que hacer apología del franquismo podía estar amparada por la ley.

La memoria democrática en las aulas. La ley detalla que los libros de texto y materiales curriculares tendrán que desarrollar contenidos sobre “la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura” y, en general, la comunidad educativa tendrá que impulsar “el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Un camino que ya ha iniciado el nuevo currículo de Historia diseñado por el Ministerio de Educación, que entre otras cosas, llama golpe de Estado por primera vez al levantamiento de 1936.

Sanciones. El texto incorpora un régimen sancionador, a diferencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007, con multas que pueden alcanzar un máximo de 150.000 euros. Entre las infracciones muy graves, se encuentra la destrucción de fosas o de lugares de memoria. A ellas se han sumado en el debate la destrucción de documentos públicos o privados sobre memoria democrática o “la apropiación indebida de documentos”.

Reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres. Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas y actuaciones necesarias para el reconocimiento “del papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política, en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales”, reza. La ley reconoce que las personas LGTBI sufrieron una represión sistemática y específica con motivo de su orientación sexual o identidad de género. En el plazo de seis meses, se creará una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.