El consejero de Educación de Castilla-La Mancha sobre la convivencia escolar: “No podemos regular lo penal en el ámbito educativo”

De un tiempo a esta parte en Castilla-La Mancha han salido a la luz varios casos de conflicto en las aulas que afectan a docentes o alumnado y que también han suscitado la crítica y la preocupación de padres y madres.

Agresiones, “conflictividad” entre alumnos y alumnas, casos de suicidio y hasta hay quienes han optado por sacar temporalmente a sus hijos de clase como forma de protesta. Esta misma semana la comunidad educativa del IES Julio Verne de Bargas (Toledo) se concentró a las puertas del centro tras una agresión al jefe de estudios por parte del alumnado. El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará en la causa, tras la denuncia del profesor ante la Guardia Civil, aunque en general el mensaje que transmite es la necesidad de prevenir para no llegar a estos extremos.

La idea de un clima complejo en el ámbito educativo ha sido objeto de debate en las últimas semanas, pero en realidad no es algo nuevo. Tampoco lo es la gestión de la diversidad en las aulas, actualmente en el foco de la actualidad por varias razones, incluidas las que tienen que ver con quienes la cuestionan.

De todo ello hablamos con el consejero de Educación de Castilla-La Mancha. Amador Pastor. “Entiendo que a las familias les pueda ser angustioso cuando el hijo relata en casa determinadas cuestiones. Entiendo que recurran a los medios que creen que pueden poner la solución”, dice, pero reclama “remar todos a una porque no se trata de que estemos enfrentados unos con otros, sino de analizar la situación y resolverla”.

En su opinión, poner recursos a veces no es suficiente. “Hemos llegado a la conclusión que no siempre más recursos humanos son la solución a todo. Hay medidas intermedias” y ante todo pide “diálogo” en la comunidad educativa cuando se habla por ejemplo de convivencia o de inclusión.

Estos casos “no son la tónica general en Castilla-La Mancha”

Que la convivencia en las aulas se ha deteriorado es un análisis en el que coinciden muchos expertos o expertas. Hay quien habla de “epidemia silenciosa”, pero el consejero cree que “hay que ponerlo todo en su contexto”.

Pastor habla de “casos aislados”. Algunos se han conocido a través de los medios de comunicación. “No son la tónica general de lo que ocurre en Castilla-La Mancha”, insiste recordando que hay más de 1.700 centros educativos en los que dan clase 33.663 docentes a 387.000 alumnos y alumnas.

“Siempre ha habido conductas disruptivas”, dice el titular de Educación, con la “diferencia” de que en el actual contexto “la información fluye a grandes velocidades, por múltiples canales, y llega antes a través de los medios de comunicación que por los canales internos. Después, hoy todo se hace mucho más grande”.

A eso suma la “desinformación” de la que culpa de forma directa a las redes sociales, pero también a quienes califica de “agitadores interesados” en el ámbito de la educación y señala a Vox.

Hay que garantizar el derecho a la Educación sin establecer jerarquías respecto a otros derechos como el de la inclusión o la integridad de las personas. Todos los derechos se aplican por igual, pero a veces se nos pide primar el derecho a la seguridad por encima de otros y eso es muy difícil

“Hay casos mediáticos y muy dispares. Seguirá habiendo conductas disruptivas porque los patrones de crianza son muy diferentes y el establecimiento de normas tiene reacciones muy distintas, pero lo importante es saber diferenciar en cuanto a la gravedad de cada asunto y también su origen”.

Sobre esta última cuestión pide “pensar por un lado en alumnos o alumnas con trastornos o patologías, a veces clínicas, que tiene manifestaciones en cualquier contexto, familiar, social o escolar y para los que hay que poner medidas clínicas desde los distintos ámbitos de actuación”.

Eso hay que distinguirlo, aclara, “de los casos en que alguien siente necesidad de hacer daño por hacerlo. Se tiene que abordar de forma distinta”. Asegura que es un “empeño” de su departamento: “Hay que garantizar el derecho a la Educación sin establecer jerarquías respecto a otros derechos como el de la inclusión o la integridad de las personas”.

Amador Pastor lamenta que a veces se pida “primar el derecho a la seguridad por encima de otros”. En su opinión, “eso es muy difícil. Se trata de conjugarlo sin mermar los derechos individuales”.

Los docentes en un “medio hostil” y las bajas laborales

En un reciente estudio social de STES-Intersindical se refleja que los docentes sienten que el ámbito educativo se ha convertido en un “medio hostil” y con frecuencia se recurre a las bajas laborales.

Cuando preguntamos al consejero si eso preocupa, responde que la situación es “preocupante para todo y para todos, porque también está la cuestión de las sustituciones: se rompen las previsiones económicas”.

Otro sindicato crítico es ANPE que afirma que fallan los protocolos o que hay que desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado. Sobre esto Amador Pastor comenta que si hay algo común en todo el país es “la desmotivación del alumnado” o los retos asociados a la convivencia en las aulas, pero se muestra optimista. “Hay que quedarse con datos certeros: se están denunciando unas 350 situaciones de posible acoso al año y de ellas se han confirmado 73 y 74 respectivamente en los últimos dos años”. Reconoce que “hay que seguir trabajando”, pero habla de “situación de normalidad”.

Lo justifica con un dato: “Los casos no se repiten en los mismos centros. Si lo hay un año no se repite al siguiente y eso es porque los profesionales se lo toman muy en serio y se trabaja la labor preventiva”.

Hay que quedarse con datos certeros: se están denunciando unas 350 situaciones de posible acoso al año y de ellas se han confirmado 73 y 74 respectivamente en los últimos dos años. Hay que seguir trabajando pero es una situación de normalidad

¿Con qué herramientas cuentan?, preguntamos. “Fuimos de las primeras en apostar por la figura del orientador en cada uno de los centros y eso nos ha dado muy buenos resultados. Es una figura clave para identificar necesidades educativas especiales, refuerzos educativos, vehicula las medidas de convivencia y la relación con las familias. Es el mejor de los instrumentos”, afirma.

Hay otro tipo de figuras como la del coordinador de bienestar, cuya obligatoriedad la marca la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Sobre esta figura recae una labor de coordinación para que todos los elementos funcionen, (a veces esa función la asume el propio orientador) o para reclamar recursos externos, por ejemplo, si se requiere formación por parte del Instituto de la Mujer, o participación de los Servicios Sociales.

“Estamos medicalizando las aulas”

Para algunos sindicatos este tipo de figuras se quedan cortas si hablamos de conflictos en las aulas. Un estudio de de STES-Intersindical apunta que que nueve de cada 10 profesores han detectado un incremento de las agresiones por parte del alumnado y de las familias.

ANPE ha pedido crear la figura del psicólogo clínico en las aulas y el consejero advierte al respecto: “Estamos llevando a los centros educativos a una vertiente clínica entre enfermeros, psicólogos, terapeutas, ATE… Estamos medicalizando las aulas” y se muestra reticente a seguir por ese camino. “No se trata del ‘no por el no’ pero no podemos tener un psicólogo en cada centro”.

En su opinión, “son cuestiones muy serias y para eso tenemos un sistema sanitario que tiene establecida una estrategia de salud mental y estructuras de atención infanto-juvenil para la derivación pertinente. Tenemos psicólogos cuando hay emergencias, pero no para consultas clínicas ordinarias”, remarca.

También recuerda que se trabaja con organizaciones externas como Cruz Roja, ante casos extremos. Los hay, no todos salen a la luz, como el reciente suicidio de un alumno en Toledo. “Hemos incorporado este curso 309 profesionales para los programas competencia matemática, para educación inclusiva, competencia lectora o los programas PROA+ (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo). Cada vez hay más instrumentos pero la percepción es que siempre hacen falta más”.

El papel de la Inspección de Educación

En toda esta compleja situación, el consejero asegura también que hay “canales” para comunicar o prevenir este tipo de situaciones y sitúa en el centro a la Inspección de Educación. “A veces son temidos porque tienen que supervisar, pero su labor fundamental es la de asesorar, por ejemplo, sobre nuevas metodologías, porque a veces estamos tan saturados de determinadas situaciones que necesitamos que venga alguien de fuera a ayudar”.

Subraya que el papel del inspector o inspectora es ser “garante de la norma” y eso, asegura, “puede ser revisable pero el marco que tenemos es muy bueno: identifica conductas, aplica sanciones o medidas correctoras en los problemas de convivencia”. La Inspección Educativa, dice, “está para no llegar a esos extremos” e insiste en la labor preventiva.

No hay una correlación directa entre las ratios y los problemas de convivencia en las aulas

Por eso parte de los recursos han ido a parar a estos profesionales. “Hemos ampliado los recursos en los servicios centrales y en todas las provincias. Se les han dado todas las libertades y todo el apoyo” y alude a “los casos de éxito que no salen a la luz”, en su papel de implantar “programas de transformación metodológica organizativa”.

Sobre si las ratios impactan de forma directa en toda esta problemática, rechaza la idea. “Solo el 6% de las aulas está hoy en ratios máximas mientras que el 94% está por debajo de 20 alumnos. Tenemos una alta proporción de escuela rural, en muchas hay ocho niños y tenemos los mismos problemas de convivencia o de fracaso escolar. No hay correlación directa”.

“Pedimos respeto, sosiego y sentido común”

Cinco consejerías de Castilla-La Mancha han firmado de forma reciente un convenio con la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional y la Guardia Civil para abordar los casos de acoso o agresiones en el ámbito escolar. “Están saliendo mecanismos de coordinación interesantísimos” para lograr una mejor convivencia.

¿Cuál es la solución para lograrlo? De entrada el consejero cree que “siempre hay que buscar puntos de encuentro y buscar modelos óptimos de participación”, en particular con las familias. En todo caso dice que la solución no pasa, por ejemplo, por la expulsión del alumno o de la alumna. “No está mejorando ciertas conductas, aunque pueda suponer un desahogo”.

Pastor considera que el papel de los gestores de la Educación debe ser otro. “No podemos regular un ámbito penal dentro del ámbito educativo”, afirma. Hay que identificar y valorar cada caso: “Un empujón a una niña de seis años no debería ser objeto de denuncia ante la Guardia Civil”.

Tampoco se muestra partidario de los cambios de centro. El consejero rechaza, sin hablar de casos concretos, “los planteamientos que a veces subyacen y que sugieren de forma encubierta y no clara realizar traslados de centro” de los alumnos o alumnas considerados 'conflictivos'. En su opinión, “eso no puede funcionar así porque el traslado solo se produce cuando la falta es muy grave, intencionadamente, sin que curse de por medio ningún trastorno o patología. Eso no lo establece el consejero sino la comisión de convivencia, sin directriz política. Se aplica el reglamento de convivencia, siempre que el traslado se pueda realizar dentro de la misma localidad”.

La cuestión es que el decreto que regula la convivencia escolar en la comunidad data de 2008. Se queda muy antiguo. “Estamos elaborando un nuevo decreto. Llevamos dos años y dirán que somos lentos, pero es que lo queremos hacer muy participado. Vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo”.

Mientras tanto pide “respeto a la comunidad educativa” porque “a veces se interfiere cuando por ejemplo se interrumpe la asistencia a clase como método de protesta. No solo porque no podemos medir el impacto de las medidas que estamos tomando, sino porque aumentamos la presión a la que se somete al alumnado. Por eso reclamamos cauces normalizados de comunicación, respecto, sosiego y sentido común”.