ANPE Castilla-La Mancha ante el acoso y las agresiones en centros educativos: “Hay que crear la figura del psicólogo clínico”

Aulas vacías en un centro educativo de Toledo por un problema de convivencia, noticias de agresiones en colegios o institutos, de todo tipo. O intentos de suicidio. En los últimos días se ha conocido también una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos relacionados con las agresiones a los docentes.

En definitiva, es lo que parece ser una “epidemia silenciosa”, que apela a poner el foco en la salud mental dentro del ámbito educativo, según Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha.

No es algo nuevo. En el año 2021 ANPE Castilla-La Mancha ya alertaba de que el Defensor del Profesor, un servicio que ofrece este sindicato, había detectado 81 casos de conflictividad y violencia hacia los docentes, sobre todo a través de las redes sociales. El curso pasado, según los datos recopilados por este mismo servicio sindical, los casos atendidos se incrementaron en un 20%.

Martín Navarro, maestro albaceteño, acaba de ser reelegido como presidente de este sindicato para los próximos cuatro años. Durante una entrevista, le preguntamos por estas cuestiones. “Estamos detectando a través del servicio del Defensor del Profesor que falta acompañamiento al docente cuando surgen situaciones de conflictividad en las aulas.”, reconoce y lamenta que haya “bajas por ansiedad y depresión derivadas de la práctica educativa o el hecho de que los docentes se sientan solos”.

También habla de las situaciones autolíticas entre el alumnado. “Tiene que haber un psicólogo clínico especializado para atender estas circunstancias. Lo hemos pedido en todas las mesas de negociación donde se abordan estos temas”.

Esta semana el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se ha pronunciado sobre los casos de conflictividad que pueden generar los alumnos en los centros, como el ya citado y denunciado por padres y madres en un colegio de Primaria de Toledo que optaron por no llevar a sus hijos a clase como protesta. Son, en definitiva niños y niñas. Menores que “no pueden ser expulsados del sistema educativo”, dice el responsable de la Educacion en Castilla-La Mancha que cree que hay que “trabajar para corregir y reconducir determinadas conductas”.

La pregunta es cómo hacerlo. El propio consejero reconoce que “algunas veces los planteamientos de solución no son compartidos por la comunidad educativa”. Los padres y madres han venido reclamando más medios y medidas organizativas, además de canales de comunicación más accesibles y predispuestos a la escucha, por parte del Gobierno autonómico. El compromiso de momento está sobre la mesa.

Un decreto de convivencia escolar del año 2008

El trabajo con las asociaciones de padres, con los docentes y los equipos directivos de los centros es la opción que se apunta desde quienes tienen la responsabilidas de gestión de la Educación para reconstruir la convivencia.

Sin embargo, el presidente de ANPE recuerda que el decreto de convivencia escolar de Castilla-La Mancha data del año 2008. “Está totalmente desfasado porque han surgido redes sociales y una serie de circunstancias que la agravan”, lamenta Martín Navarro. Existe un borrador para actualizar el decreto y que vio la luz en 2025, pero no se ha avanzado.

“Hemos pedido protocolos claros y el refuerzo de la unidad de atención temprana al profesor que está recogida en la Ley de Autoridad del Profesorado. También hay que acompañar a docentes y alumnos que pasan por situaciones muy graves de salud mental. Por eso la figura del psicólogo clínico es fundamental”.

Desde su punto de vista, “es obligación de las administraciones públicas prestar este servicio: seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos”.

En este ámbito cree también que “falta coordinación” entre los departamentos de Educación, Bienestar Social y Sanidad y “articular mecanismos”. Reconoce que no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, pero incide en que “no se puede mirar a otro lado”.

Seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos

El acoso y agresión a docentes -a veces entre docentes- o el bullying entre alumnos son términos o situaciones que parecen haberse normalizado. Martín Navarro lo relaciona también con la “falta de recursos” para propiciar una inclusión “real” en el ámbito educativo. “Es una pata muy importante y hemos pedido un plan”.

Pone varios ejemplos y ofrece algunas cifras. “No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos”. Alude también a “situaciones en las que los profesores de pedagogía terapéutica (PPT) o los de Audición y Lenguaje llegan a atender a 27 clases. Algunos llegan a tener que atender a 50 o 60 alumnos cada semana. ¿Quién no va a estar a favor de la inclusión como concepto? Pero claro, la inclusión real no lo es sin recursos”, insiste.

El presidente de ANPE explica que el sindicato reclama a la Consejería de Educación que se aborde “de manera seria” porque aunque reconoce que las ratios por aula ahora son menores, “las clases son cada vez más heterogéneas”.

No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos

En su opinión, hace falta que el plan integral de iclusión vaya acompañado de recursos porque, dice, “faltan profesionales de Orientación, de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, de Servicios a la Comunidad y apoyos en Educación Infantil”.

Una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos

Este mismo mes de enero el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha estimado parte de la denuncia de una docente que fue agredida por la “inexistencia de protocolo de actuación” en Castilla-La Mancha ante las agresiones al profesorado. 

Martín Navarro comenta que es necesario un desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado. “Ahora somos autoridad, agredir a un docente ha pasado a ser falta a delito con un incremento de las penas, pero con eso no es suficiente”. Desde su punto de vista hay que establecer protocolos de actuación “que sean claros”.

Por otro lado reclama la creación de un seguro de responsabilidad civil que asuma la Administración pública porque, subraya, “el profesorado sufre daños materiales y personales que siempre se remiten a seguros particulares. Creo que tendría que ser la Consejería de Educación la que se haga cargo de los problemas derivados de nuestra práctica docente”.