Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro antes de regresar al Ministerio de Hacienda con Mariano Rajoy, ha ido extendiendo sus tentáculos durante años rodeado de sospechas, preguntas incómodas e informaciones periodísticas. Algunas de ellas se ven ahora refrendadas en la investigación judicial del titular del Juzgado número 2 de Tarragona, Ruben Rus Vela, que las ha incorporado al sumario. Lo que durante años fue tratado como ruido político, especialmente por parte de Montoro, ahora se ve como posible delito.

elDiario.es ha ido publicando desde hace una década diversas informaciones clave sobre el entramado empresarial de Montoro, su influencia sobre Hacienda y las conexiones de Equipo Económico (EE) con decisiones regulatorias que beneficiaron a sus clientes.

Hace siete años revelamos que el despacho traspasó parte de su actividad a una nueva sociedad justo después de que Anticorrupción pusiera el foco sobre sus contratos. La sociedad detrás del bufete fundado por Montoro pasó a denominarse Global Afteli en julio de 2015, tras una vertiginosa caída de la facturación meses después de trascender la investigación de la Fiscalía.

Ambas informaciones, el cambio de nombre y el declive del negocio, aparecen en los tomos I y IX del sumario. “En este mismo sentido apuntan varias noticias de prensa, que atribuyen el traspaso de la actividad del despacho fundado por Cristóbal Montoro a la sociedad Global Afteli a la existencia de una investigación contra el gabinete económico en 2015, derivada de la posible adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a EE en 2012 por parte de la Cámara de Comercio de España. Unos meses más tarde de que dicha investigación trascendiera a los medios de comunicación, Global Afteli comenzó sus operaciones. A partir de ese momento, se pudo observar cómo el volumen de negocio y la facturación de EE fue disminuyendo y, en contraposición, la actividad económica de Global Afteli fue cada vez mayor”.

La investigación judicial añade: “la concurrencia de los datos anteriormente expuestos, unidos a otros como son la vinculación entre sus socios y administradores, o la coincidencia de proveedores, clientes y trabajadores, permitirían presumir que realmente se produjo un traspaso paulatino de actividad de la empresa EE a Global Afteli, por lo que cuando se haga alusión a Global Afteli se ha de entender como la sociedad sucesora de EE, con la que este despacho dio continuidad a su actividad económica bajo otro nombre comercial que permitiría, al menos formalmente, desvincularlo de la conocida denominación de EE, asociada a una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.

elDiario.es también aparece en el tomo XV del sumario, al referirse al papel del también exministro Rafael Catalá en el gigante del juego Codere, una de las empresas asesoradas por Equipo Económico. “A destacar el hecho que, a pesar de su supuesta desvinculación a partir de 2012, se ha constatado que [Rafael Catala] siguió ligado a Codere hasta 2014, como patrono de la fundación que gestiona la multinacional. Se desconoce el momento exacto en que éste se desvinculó”.

Codere pagó 679.000 euros al despacho mientras se legislaba a su favor. El caso es paradigmático: se pasaba del Gobierno a una de las empresas beneficiadas por decisiones del Gobierno, cerrando un círculo de puertas giratorias.

Por su parte, otros medios de comunicación, como El Periódico, han revelado correos que muestran cómo Hacienda habría maniobrado para salvar al Partido Popular en el caso Bárcenas y cómo Montoro accedía a “información reservada” sobre los problemas fiscales de figuras como Jordi Pujol y su familia desde al menos 2014, Rodrigo Rato o incluso el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. No eran rumores: eran correos concretos, entre funcionarios y altos cargos, que evidencian un uso partidista y personalista de una de las instituciones más delicadas del Estado.

El juez Rus Vela abrió diligencias en secreto en diciembre de 2021. Montoro se enteró de la causa por una información publicada en El Periódico, donde evidenció su enfado. “Me parece muy llamativo que esté investigado desde el año 2021 y no tenga ni idea”, declaró. Y negó que manipulara o dirigiera ninguna decisión tributaria. “Eso es imposible”, dijo. El juez Ruben Rus Vela no lo ve así.

Los Mossos d'Esquadra, a lo largo de varios años de investigación bajo secreto de sumario en un juzgado de Tarragona, dedicaron sus esfuerzos a descubrir si el despacho que fundó Cristóbal Montoro en 2006 no solo cobró por buscar beneficios legislativos para las empresas gasísticas. También plasmaron sus sospechas sobre los pagos de 679.000 euros que Codere, el gigante del juego, hizo a la asesoría para presionar a distintos Gobiernos de PP y PSOE y decantar la normativa a su favor. Todo mientras Rafael Catalá, ministro de Justicia con Mariano Rajoy entre 2014 y 2018, era directivo de la empresa dedicada al juego.

El origen del caso que, después de años de pesquisas judiciales, ha desembocado en la imputación de Cristóbal Montoro arrancó con un email encontrado por casualidad en la investigación de un delito urbanístico, pero también con una denuncia anónima de 2017. Denuncia que apuntaba a la relación entre Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro cuando era eurodiputado, y Codere, que tuvo a Rafael Catalá de consejero entre 2005 y 2012 en una primera etapa. Un Catalá que entre los años 2000 y 2002 también fue alto cargo de Hacienda con Montoro como ministro.

Los años de Catalá como directivo de Codere fueron los años clave para el sector del juego en España, que movía cientos de millones de euros al año. La última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encontró con el principio del fenómeno del juego online y Codere, multinacional española, fue al Congreso a denunciar la falta de regulación en España frente a otras casas de apuesta radicadas en “Gibraltar y otros paraísos fiscales”. Era marzo de 2011 y dos meses después se aprobó la Ley del Juego.

Las normas que salieron adelante en los años siguientes, ya con el PP y Montoro en el Gobierno, fueron favorables al sector en general y a Codere en particular. Se modificó la Ley del IRPF para que los jugadores pudieran deducirse las pérdidas sufridas en este tipo de apuestas. Esa regulación, denunció entonces el sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA, era imposible de aplicar al juego tradicional. Las operadoras extranjeras de juego también denunciaron que la normativa nacional de concesión de licencias favorecía a empresas como Codere.

Los Mossos d'Esquadra recogen en un informe del sumario que Equipo Económico facturó a Codere en torno a 140.000 euros anuales entre 2008 y 2012, mientras se negociaban y aprobaban esas normas y mientras Catalá era consejero. También mientras, explica el informe, el bufete que había fundado Cristóbal Montoro rodeado de altos cargos de Hacienda ejercía de “lobby” ante el Gobierno para que la ley saliera en términos favorable a Codere. En total 679.000 euros.

Los Mossos dedicaron un informe en 2022 a analizar los vínculos de Catalá con Codere y con el Gobierno del que posteriormente formó parte. Y recuerdan que el medio Bloomberg publicó en 2013 que el Gobierno había presionado a operadores extranjeros como Betfair o William Hill para que pagaran sus impuestos si querían obtener la licencia para operar en España. Equipo Económico, según esa información que destacan los Mossos, “presionó a los legisladores en nombre de Codere” cuando la Ley del Juego, que se aprobó con el PSOE en el Gobierno, era debatida.

El juez, al menos por el momento, no ha desarrollado ninguna línea de investigación conocida en torno al sector del juego y la relación entre Codere y Equipo Económico, tres años después de que los Mossos presentaran ese informe apuntando a la labor de lobby que hizo el despacho que fundó Cristóbal Montoro. Un informe que cita “publicaciones de algunos medios” para apuntar que Hacienda legisló a favor de Codere por “la relación contractual entre Codere y Equipo Económico” dejando por escrito “la sospecha que dicha relación se inició de la mano del exministro de Justicia Rafael Catalá, el cual había trabajado con todos los socios de la Asesoría en la época en que éste ostentaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Hacienda en el mandato como ministro de Cristóbal Montoro”.

Favorecer a las empresas del gas

El juzgado de Tarragona, que ha levantado recientemente el secreto de las actuaciones tras varios años de investigación silenciosa, se ha centrado en un aspecto de la actividad del despacho que fundó Montoro en 2006 tras la salida del PP de la Moncloa: si las principales empresas de gas industrial y medicinal en España pagaron más de 700.000 euros a ese despacho, sin contar las minutas, para que usara su influencia y conexión con Montoro y su ministerio de Hacienda y conseguir legislación favorable.

En el caso de Codere y Rafael Catalá, las suspicacias de los Mossos se basan en los datos de facturación de la AEAT y varias noticias relacionadas con el papel de Equipo Económico en las negociaciones para la tramitación de la normativa. En el caso de las empresas gasísticas, el juez cuenta con pruebas como correos electrónicos de altos cargos de Hacienda negociando normativa del sector directamente con representantes de las empresas interesadas.

En el caso del gas industrial, estas empresas buscaban que distintos cambios legales en 2014 y 2018, con Montoro en Hacienda, favorecieran una menor carga impositiva para ellas.

¡Buenos días! 

¿Cómo llevas la semana? En plena efervescencia de la geopolítica, un país gobernado por un ejecutivo progresista ha tenido que admitir la realidad. La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, anunció este miércoles un panorama sombrío: el aumento del gasto militar al tiempo que confirmó más recortes en prestaciones sociales de aquí al final de la década. La situación económica del Reino Unido no tiene nada que ver con la de España, pero es un aviso claro a navegantes. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en el Congreso su compromiso para que el incremento del gasto militar no implique recortes sociales. “No hay por qué elegir. Vamos a garantizar a la vez su seguridad, su posición en Europa y su compromiso con la paz, el Estado del Bienestar y la transición ecológica”, sentenció.

No es desconfianza, pero no parece que vaya a haber nuevos presupuestos generales, tenemos reglas de déficit que cumplir con Bruselas y la aritmética parlamentaria no despeja un camino fácil para el consenso político. La situación económica de España es buena, pero hay que decidir en qué nos gastamos un dinero que es finito.

La economía de un país está marcada por las decisiones políticas. Y de esta manera, la desigualdad económica entre las personas está directamente relacionada con medidas tomadas desde el ámbito político. Un claro ejemplo es la vivienda, que ya se ha convertido en un claro elemento de desigualdad. Como ya hemos explicado, la renta de los caseros duplica la de los inquilinos en un mercado como el español, donde hay millones de rentistas que tienen ingresos por viviendas, donde el alquiler de inmuebles es más rentable que tener letras o fondos de inversión. Legislar para controlar el mercado de la vivienda es una necesidad para reducir la desigualdad en nuestro país.

Pero además, ya se ha descubierto que las herencias de la generación de los 'boomers' van a concentrar aún más la riqueza en los que ya son los más ricos por una importante transmisión de viviendas de padres a hijos en las próximas décadas, sobre todo entre las familias más ricas. Si no se ponen medidas legislativas va a aumentar considerablemente la desigualdad. 

De hecho, la bonificación del impuesto de sucesiones, como está haciendo el Partido Popular en las Comunidades Autónomas en las que gobierna, es una medida política que amplía la brecha de la desigualdad. 

Con los datos del Anuario de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que hacen los Registradores de la Propiedad se puede comprobar que ya en 2021 el peso de las herencias en el PIB ha aumentado considerablemente y ya supera el 3%, teniendo en cuenta la transmisión de propiedades inmobiliarias (viviendas principalmente, y fincas rústicas o solares urbanos. Ese porcentaje del PIB es equivalente al peso que tenían las herencias a principios del siglo XX.

La conclusión es clara: la desigualdad se está agravando por la acumulación de propiedades y su revalorización en un mercado donde se han convertido en un producto más con una fuerte subida de precios. Hay que recordar que el acceso a la vivienda es un derecho recogido en la Constitución. Así que son necesarias medidas legislativas para gravar las herencias y regular el mercado de la vivienda. La desigualdad es producto de decisiones políticas. Acabar con la desigualdad también es posible desde la política. Hay que tomar medidas.  

El dato

75%

Se han incrementado las multas por acoso sexual en las empresas. En 2024, la Inspección de Trabajo realizó “1.327 actuaciones” en materia de acoso sexual y protocolos de acoso sexual, que terminaron en 92 infracciones con multas que ascendieron a 388.822 euros. Este fuerte incremento obedece a plantillas más concienciadas, más denuncias, que señalan comentarios a tocamientos o contacto físico no deseado, y a que muchas empresas incumplen la obligación de prevención y protección frente al acoso sexual. Hay que seguir denunciando y creando espacios laborales libres del acoso sexual. Aquí te explicamos cómo “se está denunciando más” y las multas de la Inspección de Trabajo por acoso sexual aumentan un 75%.  

Verde que te quiero verde

La Unión Europea impulsará siete proyectos en España para la extracción de minerales críticos que se han convertido fundamentales para el desarrollo de sectores económicos clave.  La Comisión Europea ha diseñado una estrategia para financiar la apertura de 47 minas en el continente y reducir la dependencia de países como China, dentro del objetivo de ampliar la autonomía estratégica de la UE. En el caso de España, los siete proyectos están en Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, donde se espera extraer minerales como litio, cobre, cobalto o níquel. Aquí te explicamos los planes de Bruselas para financiar la apertura de minas de minerales críticos.

Hay muchas dudas sobre el impacto ecológico de estos proyectos mineros. Pero también salta la desconfianza al conocer quién está detrás de las explotaciones mineras: dos multinacionales, el mayor fondo del mundo, grandes fortunas españolas y dos directivos sancionados por el regulador bursátil por infracciones muy graves. En este enlace te contamos que las minas que impulsa la UE en España están en manos de gigantes mundiales, ultrarricos y directivos multados por la CNMV.   

Entrepreneur

Alrededor del negocio de la minería de tierras raras están apareciendo entrepreneurs de todo pelaje. Uno de ellos es Javier Merino, polémico empresario  donde los haya. Merino es el presidente de Quantum Minería, compañía que lleva años intentando explotar minerales críticos en Campo de Montiel (Ciudad Real). Ahora bien, en las cuentas de 2023, últimas que ha presentado, Quantum tenía patrimonio negativo y res millones en deudas con firmas de su presidente, contaba con un empleado declarado, cero euros de facturación y cifras propias de una empresa con una situación financiera delicada. Aquí te contamos la delicada situación de la empresa de Javier Merino que quiere buscar tierras raras en Ciudad Real.  

Letras que son un Tesoro

Precisamente esos minerales críticos son fundamentales para el desarrollo de microprocesadores. La geopolítica del chip está en plena ebullición. El coronavirus demostró la vulnerabilidad de los países desarrollados cuando se rompen las cadenas de suministros de los semiconductores. Ya so componentes indispensables en la vida digital y en sectores críticos como el automóvil, las comunicaciones o la defensa. Cómo ha cambiado la industria de los chips y el mundo en los últimos cinco años es lo que Emilio García y Marimar Jiménez explican en Chips y Poder. Una batalla global por controlar la tecnología del futuro (Editorial Catarata). En esta lucha por controlar la tecnología ya hay un derrotado: “La innovación”. Aquí tienes una entrevista con los autores del libro que señalan: “Europa ha fallado totalmente en atraer una fábrica de chips avanzados”. 

El gráfico

No hay muchos productos tan necesitados en las mesas de las casas españolas que haya sufrido un impacto inflacionario tan potente como el aceite de oliva. Solo hay que mirar el gráfico para comprobar una evolución de precios que durante un periodo de tiempo convirtió al aceite de oliva en un artículo de lujo. El precio de la cesta de la compra lleva meses viviendo al son que marca el aceite de oliva, aunque ahora hay otros productos, como los huevos, que están dando más quebraderos de cabeza tras semanas de subidas. La sequía hundió la producción de aceite: “Esta es una campaña excepcional por lo baja”, aseguró entonces el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Afortunadamente, la climatología ha ayudado y la cosecha se ha normalizado. Los precios –al menos en origen– ha vuelto a su punto de partida: lo que se paga a los productores es lo mismo que en otoño de 2022, cuando comenzó su espiral inflacionista. Aquí te contamos cómo el aceite de oliva vuelve a precios previos a su despegue mientras la lluvia augura otra buena cosecha.  

Cada vez que habla sube el pan

Buscaremos un socio que comparta nuestro compromiso con la privacidad de los datos de nuestros clientes y que nos permita continuar con nuestra misión de ayudar a las personas a acceder, comprender y beneficiarse del genoma humano

La empresa 23andMe, en una carta a sus clientes

¿Qué pasa con la información de los clientes de una empresa cuando entra en bancarrota? La pregunta no es baladí. Menos aún cuando esa información es el ADN de 15 millones de personas. La empresa de análisis genéticos 23andMe se ha declarado en quiebra. La compañía fundada en 2006. Atención, llegó a estar valorada en más de 6.000 millones de dólares tras su salida a bolsa en 2021. Un dato a tener en cuenta de las locuras que se han hecho (y se siguen haciendo) en la valoración de empresas: ¿Cómo se pudo valorar en miles de millones de dólares una compañía que no demostró en ningún momento su capacidad para lograr beneficios? Nunca llegó a tener un modelo de negocio rentable. Tras dar un servicio sobre los orígenes de las personas, terminó centrándose en hacer previsiones sobre posibles enfermedades hereditarias. La duda ahora es qué va a pasar con el verdadero activo de la compañía que son los datos genéticos de los más de 15 millones de personas que pagaron por sus servicios. Aquí te contamos la quiebra de 23andMe y el futuro incierto de los datos de ADN de 15 millones de personas.  

Bien Público

En elDiario.es siempre hemos tenido como objetivo contarte quién está detrás de las empresas que funcionan en el mercado español. Especialmente, si se trata de expolíticos que entran en compañías que reciben miles de euros de las Administraciones Públicas en contratos o en subvenciones. Una de estas empresas es Vivo, empresa de servicios de diagnóstico por imagen, con más de 300 especialistas, 50 equipos de alta tecnología diagnóstica y 20 centros especializados en diagnóstico por imagen. El exministro de Justicia con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, administra a este grupo dedicado al negocio de la sanidad privada. Solo en 2022 y 2023, Vivo recibió 10,6 millones de euros de los servicios de salud autonómicos. En este reportaje de Antonio M. Vélez te contamos como el exministro Rafael Catalá gestiona un grupo de sanidad privada que recibe millones en contratos públicos y otros negocios.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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El exministro del PP Rafael Catalá administra un grupo dedicado al negocio de la sanidad privada que en los últimos años ha recibido millones de euros en contratos públicos de los servicios de salud de distintas Administraciones, fundamentalmente autonómicas. Catalá es uno de los ejemplos más recientes de fichajes de antiguos altos cargos por este sector.

El ex titular de la cartera de Justicia con Mariano Rajoy es consejero de Vivo, empresa de servicios de diagnóstico por imagen. Ya en 2023, Catalá constituyó una fundación de esta firma en la que es presidente. Desde ese año, filiales de Vivo han recibido decenas de contratos de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid, Euskadi, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, según datos recopilados tras una búsqueda no exhaustiva en diversas plataformas de contratación pública.

El grupo cuenta, según su web, con más de 300 especialistas, 50 equipos de alta tecnología diagnóstica y 20 centros especializados en diagnóstico por imagen. El portal especializado en contratación pública Gobierto recoge que desde 2017 la principal empresa del grupo, Vivo Diagnóstico (antes conocida como Alliance Diagnostics SL), ha ganado 74 adjudicaciones por un total de 7,82 millones de euros.

De esa cifra, que no tiene en cuenta los contratos a las diferentes filiales, unos 3,5 millones corresponden a 30 licitaciones obtenidas desde 2023. Gobierto cifra en 5,69 millones los contratos para Alliance Medical La Rioja SLU, también de Vivo; y en otros 4,69 millones el importe de las adjudicaciones obtenidas por Centro Médico de Diagnóstico por la Imagen SL, absorbida por Vivo en 2021.

La principal sociedad del grupo, Vivo Diagnóstico SLU, domiciliada en Alcobendas (Madrid), está especializada en resonancias magnéticas, TACs y mamografías a través de unidades móviles y telerradiología. En 2023, último ejercicio disponible, facturó 12,2 millones a través de su actividad con clínicas propias y subcontratas, alquiler de unidades móviles, telerradiología o ensayos clínicos, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En esas cuentas, disponibles a través de Insight View, Vivo Diagnóstico explica que el 43,2% de los 24,5 millones que facturó en los ejercicios 2022 y 2023 (unos 10,6 millones), procedía de pagos recibidos de los servicios autonómicos de Salud en esos dos años. El resto de su cifra de negocios provino de “servicios a Empresas Privadas y personas físicas”. 

Desde 2023, distintas filiales de Vivo han recibido decenas de adjudicaciones. En el portal de contratos de la Comunidad de Madrid figuran desde esa fecha unos cincuenta contratos por importe de unos 700.000 euros para sus filiales Vivolabs SL, Vivo Pio XII y Clinical Information Systems.

La mayoría, 41 contratos que suman más de 200.000 euros, son menores, los que menos controles de la Administración requieren. Hay algunos que están al límite de los 15.000 euros, como dos que adjudicó el pasado 13 de diciembre (en el mismo día) el Hospital Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, a su filial Vivo Pío XII por importe de 14.940 euros cada uno.

Ya en 2016 la actual Vivo figuró entre las adjudicatarias de un acuerdo marco de la Consejería de Sanidad valorado en 19,2 millones para la realización de procedimientos diagnósticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid junto a otras empresas tan conocidas en este sector como Quirónsalud o HM Hospitales.

Vivo, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, tiene una larga trayectoria en este negocio. Hasta 2018 operó bajo la marca Alliance, heredera de la antigua Alliance Medical España, que perteneció al grupo británico Alliance Medical hasta 2014. Ese año pasó a manos de una empresa española, Inversiones en Diagnóstico por la Imagen. 

Alliance Medical fue hasta 2007 socia al 50% en lo que hoy es Vivo junto a un histórico de la sanidad privada en España, el grupo de hospitales privados Viamed, y su accionista, la holding Areyhold, gestionadas por un abogado y empresario ultraderechista, Rafael López-Diéguez Gamoneda, fundador de la formación ultra Alternativa Española y yerno del fascista Blas Piñar. Viamed creció considerablemente en La Rioja en la etapa del popular Pedro Sanz y fue vendida en 2020 al fondo Macquarie.

A finales del año pasado, la mayoría de las acciones de Vivo fueron adquiridas por una firma de capital riesgo de origen mexicano, Nexxus. En noviembre, cuando avanzó esta operación, Expansión cifró la facturación de Vivo en unos 20 millones anuales, con un beneficio bruto operativo (Ebitda) de entre 3 y 4 millones.

El fondo Nexxus, especializado en la toma de participación en empresas medianas, vendió en 2020 a la española Atrys Health (controlada por varios ultrarricos españoles) la compañía Bienzobas. En los últimos días Atrys-Bienzobas ha sido señalada por presionar a los oncólogos que trabajan con las aseguradoras privadas para que no prescriban terapias caras contra el cáncer que son de uso común en la sanidad pública.

Vivo pertenece a un sector, el del radiodiagnóstico, que está entre los que más oportunidades de consolidación ofrece en la actualidad en España en este negocio por su elevada fragmentación, sin grandes operadores a nivel nacional. Esta actividad crece gracias al envejecimiento de la población y la cronificación de enfermedades. En España tiene la ventaja del bajo precio de los seguros médicos en comparación con otros países europeos, en un momento de creciente expansión de la sanidad privada.

“Excelencia médica”

Catalá, que en la web de Vivo aparece como “consejero” del grupo, no figura en el Registro Mercantil con cargos en ninguna sociedad vinculada a esta empresa. El exministro constituyó en 2023 junto a directivos de Vivo la fundación Vivo Diagnóstico, en la que figura como presidente. Esta entidad se dedica a “la promoción y protección de la salud y la excelencia médica en cualquiera de sus vertientes mediante la docencia, investigación, desarrollo e innovación de las ciencias de la salud”.

Su perfil biográfico en la web de Vivo, encabezado por una cita de Winston Churchill (“Vivid arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo”), recoge que el exministro es licenciado en Derecho y miembro del cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Preside del Centro Español de Mediación (CEM), impulsado por la Cámara de Comercio de España. Es socio en el despacho Carles Cuesta Abogados y consejero en varias empresas.

En su larga trayectoria, Catalá, de 63 años, no ha sido ajeno al mundo sanitario y conoce bien la sanidad pública madrileña, laboratorio de la privatización del sector de las últimas décadas. Tras el abrupto fin del Gobierno de José María Aznar, con el que entre otros cargos fue secretario de Estado de Justicia, Catalá fue recolocado en abril de 2004 por la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, como gerente del hospital Ramón y Cajal.

Al frente de este centro en la capital de España duró poco: en abril de 2005 Catalá abandonó el sector público para convertirse en secretario general y del consejo de administración de Codere. En el grupo de juego, uno de los mayores de España, permaneció hasta que en 2011 el PP volvió a Moncloa.

El exministro fue noticia en 2017 por asistir cuando era notario mayor del Reino de España al cumpleaños en Baqueira de su amigo el magnate Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública junto a su entonces esposa, la multimillonaria Liliana Godia. Catalá se reincorporó a Codere en 2019, nada más dejar su escaño en el Congreso. También fichó por Belagua 2013, del hotelero Antonio Catalán (AC Hotels). 

En este sector el exministro ha hecho sus pinitos a título personal. El año pasado Catalá abrió un hotel en un edificio rehabilitado en Cuenca junto a su esposa, Lourdes Gómez, que fue jefa de Gabinete de Alcaldía en la capital conquense con los populares Francisco Pulido y Ángel Mariscal.

El exministro formó parte del Consejo Asesor del bufete Herbert Smith Freehills hasta abril de 2021. Cuando aún era diputado, se incorporó a Legalitas, cuya fundación preside. Recientemente, y casi dos décadas después de su experiencia como gestor de uno de los principales hospitales públicos madrileños, ha pasado a engrosar la creciente lista de ex altos cargos (la mayoría, del PP) fichados por el sector de la sanidad privada.

A ella se ha sumado recientemente una ex compañera de gabinete de Catalá en los gobiernos de Rajoy, Ana Pastor, a la que sustituyó en 2016 como ministro de Fomento en funciones cuando fue elegida para presidir el Congreso. Médica y diputada durante nueve legislaturas, la también exministra de Sanidad preside desde 2024 la aseguradora AMA.

El ex ministro de Justicia y Fomento además de diputado del PP por Cuenca durante la etapa de Mariano Rajoy Rafael Catalá acaba de abrir un hotel en el Casco Antiguo de Cuenca como promotor junto a Lourdes López, su pareja que cuenta con vinculación a la ciudad en su etapa como jefa de Gabinete de Alcaldía con los 'populares' Francisco Pulido y Ángel Mariscal, según informa Las Noticias de Cuenca.

Ubicado en pleno Casco Antiguo, el hotel 'Palacio de Bobadilla' es fruto de la profunda rehabilitación de un edificio que data del año 1820 para convertir las nueve habitaciones originales con las que contaba el inmueble en otras tantas habitaciones dobles de entre 30 y 70 metros cuadrados en las que se ha tratado de preservar materiales antiguos con las comodidades que requieren los futuros huéspedes.

El nombre del hotel hace referencia a la dama de la corte de Isabel la Católica, Beatriz de Bobadilla, esposa de Andrés de Cabrera, el nombre de la calle donde se encuentra este establecimiento hotelero.

“Somos dos conquenses de adopción y, tras nuestra etapa profesional aquí, queríamos seguir vinculados con Cuenca”, ha relatado Catalá en la inauguración de este nuevo establecimiento hotelero que ha supuesto una inversión de aproximadamente un millón de euros incluyendo la compra y una rehabilitación a cargo del estudio Redondo Arquitectos. Las obras duraron unos catorce meses y para su ejecución contaron con una de las líneas de ayuda empresarial del Gobierno de Castilla-La Mancha, según informa Europa Press.

Un nuevo hotel que viene a posicionarse en un segmento de cliente medio-alto, convencidos de que “hay demanda” de este tipo de espacios en la ciudad de Cuenca. 

La inauguración, un sencillo acto que ha culminado con un brindis con espumoso de la provincia, ha contado con la presencia del vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; o el presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca, David Peña, entre otros. 

La vieja relación de cercanía entre el sector del juego y el PP sigue engrasada. Así lo reflejan la asidua presencia de figuras del partido en reuniones sectoriales, un premio a su actual responsable de Economía, Juan Bravo, en vísperas de su ascenso a la cúpula de la formación o una reciente “ponencia magistral” de un exministro popular con el patrocinio del sector.

Las empresas del juego han reclutado en los últimos años a cerca de una decena de antiguos cargos de los populares como consejeros o asesores. Y creen que, tras el vuelco conservador en las últimas elecciones autonómicas, “es el momento de la verdad” después de años de políticas restrictivas hacia este negocio.

En las competencias que dependen del Estado (juego online), esas políticas las ha liderado el todavía ministro de Consumo, Alberto Garzón, que durante su mandato reguló la publicidad de las casas de apuestas, obligó a publicar las sanciones a las empresas tras una década de opacidad o prohibió apostar online con tarjeta de crédito a los jugadores con comportamientos de riesgo.

Del radio de acción de Garzón quedó fuera el juego físico (salas de apuestas, recreativos, bingos…), porque su gestión está en manos de las comunidades autónomas. Justo después del batacazo de la izquierda el 28M, José Vall, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), integrada en CEOE y formada por Sportium (Cirsa), Codere u Orenes, indicaba que “ahora es el momento de la verdad, de que seamos capaces de transmitir a los que vienen el daño causado”. Este “continuará” si no “impera la lógica y la sensatez”.

Según Vall, en el sector se han sentido “escuchados” por los políticos autonómicos que estaban en la oposición y ahora han llegado al poder en las comunidades autónomas: “Nos han dado la razón y muchas esperanzas” que confió en que, “ahora que gobernarán, se conviertan en realidad. 18.000 familias solo en salones están pendientes de ello. Sin olvidar a la hostelería, ese otro gran perjudicado, especialmente en Valencia y camino de ello en Aragón. Nos avalan los datos y esperemos que todos juntos seamos capaces de reconducir el daño causado a un sector que no se lo merece. Ahora es la hora de la verdad”.

ANESAR defiende la aportación del juego a la economía y subraya que el porcentaje de población con problemas de ludopatía en España es del 0,3%. Esta patronal celebró el mes pasado el 10 Congreso de Salones de Juego. Lo inauguraron el presidente de ANESAR y el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Fernández. Uno de los platos fuertes fue una conferencia “magistral” del exministro popular Álvaro Nadal, bajo el título “¿Hemos despejado las incertidumbres? Oportunidades y riesgos de la economía española”.

La ponencia del exjefe de la Oficina Económica de Moncloa con Mariano Rajoy contó con el patrocinio de Merkur Dosniha, una empresa de juego de capital alemán. En la nota de prensa del evento, la empresa indica que “como viene siendo habitual en este importante encuentro anual, este año bajo el lema 'Comprometidos con las empresas, responsables con la sociedad', Merkur Dosniha ha participado y colaborado patrocinando la ponencia magistral como una iniciativa más al interés común de todos los que conforman el Sector del Juego”.

“Con un aforo completo, los presentes pudieron atender las interesantes explicaciones del ministro repasando y valorando diferentes temáticas en las que destacaron la actividad económica y consumo, la inflación, la política monetaria y fiscal y las tendencias en la regulación”. El escenario elegido fue el Espacio Pablo VI de Madrid, gestionado por la fundación del mismo nombre, creada hace décadas por el cardenal Herrera Oria, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas.

“Sin duda alguna, una oportunidad de aprendizaje en cuestiones de coyuntura económica española, europea e internacional, así como políticas energéticas, desarrollo sostenible y digitalización, haciendo mención y referencia en este último aspecto a los medios de pago”, destacó esa empresa de suministro de máquinas recreativas.

La presencia de políticos conservadores en estos eventos sectoriales es muy habitual. En el congreso de ANESAR de 2022 participaron entre otros el exministro popular de Sanidad Alfonso Alonso o el exdiputado y exejecutivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto. También Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, y al frente del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Rajoy. El anterior congreso, celebrado antes de la pandemia, en 2020, lo clausuró el entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Hace poco más de un año, uno de los medios de referencia del sector, Infoplay, hacía entrega, por mediación del presidente de la empresa gallega de apuestas Luckia, José González Fuentes, y de una religiosa, la hermana superiora Antonia López, del premio “Embajador de Juego Responsable” al actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su labor como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Bravo excusó su presencia en el acto, celebrado en el Teatro Real de Madrid. Participó a través de un vídeo en el que cedió todo el mérito al encargado de recoger el galardón, el entonces director general de Juego de la Junta y actual secretario general de Hacienda andaluz, Manuel Vázquez, que “en los momentos más difíciles de la pandemia mantuvo el equilibrio, la serenidad, para establecer esas medidas que permitiesen mantener la actividad económica a pesar de las dificultades y, sobre todo, mantener el empleo en vuestro sector y en el resto de los sectores”, dijo a los empresarios de los salones de apuestas.

Dos días después de ese acto, Bravo fue nombrado vicesecretario de Política Económica por un Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado a la presidencia del PP. Del jurado de aquel premio formaron parte el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y otro expolítico popular, Fernando Fernández de Trocóniz, abogado del Estado jubilado, exalcalde de Salamanca y exdiputado del PP.

Tras dejar la política activa, Fernández de Trocóniz presidió durante años la Fundación Alcohol y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro de los fabricantes de bebidas alcohólicas que tiene “el objetivo principal de eliminar hábitos indebidos en el consumo de alcohol”. Su directora de Relaciones Institucionales es la periodista Silvia Jato, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, cabeza de lista del PP por Castellón en las generales del próximo 23 de julio.

El director de esa entidad es Bosco Torremocha, hijo de Fernando Torremocha, exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llegó a ser miembro de la junta directiva del PP, el partido que le colocó en el organismo, mientras estaba en el regulador.

Larga lista

Pero volvamos al juego. La lista de cargos del PP que están o han estado vinculados a empresas de este sector en España es larga y abarca a políticos de ámbito estatal, autonómico o municipal. Un ejemplo es el exdiputado Andrés Ayala, socio del grupo murciano Orenes y que tras dejar su escaño fue nombrado consejero en varias de sus filiales en sustitución de su esposa.

O el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2006 aceptó la presidencia de honor de la Fundación Social del Juego Privado que le ofreció el patrón regional del sector, José Ballesteros Requejo, propietario de un operador de bingo, tal y como recogía el periodista Luis Díez en su libro '¡Jugad, malditos, jugad!' (2020).

El caso quizás más conocido es el de Rafael Catalá, en Codere antes y después de ser ministro con Rajoy, junto a otro exministro con José María Aznar, Pío Cabanillas, que hasta 2021 fue consejero del grupo. Codere arrastra desde hace años una situación financiera muy complicada. Su auditor acaba de advertir de “dudas significativas" sobre su continuidad. Su filial online, que cotiza en Estados Unidos y tiene su matriz en Luxemburgo, anunció este jueves el nombramiento de Catalá como miembro de un órgano formal de nueva creación, el comité de Compliance, que hasta ahora tenía carácter consultivo.

La multinacional española, que el año pasado fichó al abogado del Estado Antonio Zafra (ex Bankia y jefe de gabinete en el Ministerio de Economía con Rodrigo Rato), contrató hace más de una década al despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Bloomberg acusó entonces a Hacienda de favorecer a Codere en el reparto de licencias de juego online. El ministerio que entonces dirigía Montoro negó “tajantemente la acusación de tráfico de influencias” y anunció una querella que nunca llegó a presentar.

En la Galicia de Feijóo, la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO) la preside Serafín Portas, consejero delegado de Recreativos Portas. Su hermana Alicia fue directora de gabinete de Ana Pastor en el Ministerio de Fomento con Rajoy en Sanidad y Consumo con Aznar. Actualmente es directiva en el Hospital La Paz de Madrid.

Hace un par de años, la Xunta de Galicia y AGEO fueron de la mano para intentar frenar un recurso de la CNMC contra la negativa del Gobierno de Feijóo a autorizar la instalación de una tragaperras en un bar. Un aspecto trivial, pero con cierto fondo: la Audiencia Nacional dio la razón a Competencia y anuló la resolución de la Xunta, cuyas argumentaciones, dijo, “parecen inclinarse a la protección de los intereses económicos de determinados operadores económicos y no del interés general”. La sentencia fue confirmada en febrero por el Tribunal Supremo.

En el grupo gallego Egasa, matriz de Luckia, es consejero el abogado Javier Laorden, socio de honor del bufete Cuatrecasas, especializado en derecho tributario y entidades sin ánimo de lucro, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exlíder del PP de Torrelodones, municipio que durante años tuvo el único casino de la Comunidad de Madrid y en el que los populares acaban de recuperar la alcaldía tras ocho años en la oposición. Egasa, que hace años se alió en Panamá con empresarios acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, aparecía en el sumario judicial de Gürtel como donante de 100.000 euros al PP.

Otros cargos técnicos nombrados por el PP que acabaron trabajando para el sector son los ex directores generales del Juego Carlos Hernández y Juan Espinosa. El primero asesoró a las empresas de apuestas online en su recurso contra el decreto de Garzón que restringió drásticamente los anuncios del sector. El segundo se convirtió en asesor de la patronal británica del juego. Ambos tienen un despacho que ofrece asistencia a sectores regulados como el del juego.

Fueron unos días muy intensos los que siguieron al referéndum del 1 de octubre en Catalunya hasta que se declaró la independencia el 27 de octubre de ese mismo año. En ese tiempo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se dedicó en cuerpo y alma a evitar un “choque de trenes”, a que Carles Puigdemont no llegara hasta el final y a que Mariano Rajoy no aplicara el 155 y arrasara con el autogobierno catalán. Urkullu inició su labor de mediación cuatro meses antes del referéndum, exactamente el 19 de junio de 2017. Y, lejos de lo que se ha querido proyectar, no se ha desentendido de Catalunya. En 2019, por ejemplo, Urkullu le contaba a Pedro Sánchez que seguía “viviendo el proceso”: “Son muchas las personas de Catalunya que recurren a mí”. En otro mensaje, añadía: “Son muchas (lo digo sin petulancia) las peticiones de entrevistas que he rechazado así como diversas las peticiones de encuentros con agentes de Catalunya (que algunas sí he mantenido y seguiré manteniendo de manera absolutamente discreta). Me vendría bien estar lo más informado posible -siempre desde la discreción total incluso en Euskadi- para responder en dichos encuentros a los análisis más certeros posibles, siempre y cuando lo consideres pertinente”. Ésta es la cronología de una mediación.

19 de junio de 2017: Asiste al acto organizado con motivo del trigésimo aniversario del atentado de Hipercor, cometido por ETA. Acompañado por Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, se reúne después en el Palau de la Generalitat con Neus Munté, consejera de la Presidencia. También estuvo “a solas con el president”. “Recibí la petición de que intentara hacer lo posible para ayudarles con el presidente del Gobierno español”, recuerda Urkullu. “Todo lo que puedas hacer para que Rajoy se mueva será bienvenido”, ha explicado el dirigente catalán sobre esa misma cita. “El mismo día, posteriormente, coincidí en la sala de autoridades del aeropuerto de El Prat con la vicepresidente del Gobierno español (Soraya Sáenz de Santamaría), a quien relaté brevemente el encuentro con el president y a quien solicité que lo comentara con el presidente Rajoy y le dijera que me gustaría estar con él”.

19 de julio de 2017: Un mes después, Rajoy y Urkullu se reúnen en La Moncloa. El encuentro fue secreto.

20 de julio de 2017: Urkullu, acompañado de Andoni Ortuzar e idoia Mendia, se reúne con Pedro Sánchez en Lehendakaritza. Esta cita sí fue pública.

16 de agosto de 2017: Se produce una explosión en una casa de Alcànar, en Tarragona. Al día siguiente, una furgoneta se abalanza sobre la zona peatonal de las Ramblas y asesina a trece personas. La serie de ataques deja un total de dieciséis asesinados y ocho terroristas muertos.

26 de agosto de 2017: El lehendakari acude a la manifestación por los atentados. “Me reuní un momento con el president” y “pude hablar también con Sánchez”, anota.

29 de agosto de 2017: Se celebra el primer Consejo de Gobierno del curso político. Como es tradición, el lugar elegido es el Palacio de Miramar en Donostia “A partir de este día comenzaron mis declaraciones públicas en relación a Cataluña”, asegura.

6 y 7 de septiembre. El Parlament aprueba las leyes para el referéndum y la transitoriedad en medio de la polémica. Urkullu apunta que eran resoluciones ilegales y almacena los informes tanto de los letrados de la Cámara como del órgano encargado de velar por el cumplimiento del Estatut.

13 de septiembre de 2017: Se reúne de nuevo con Pedro Sánchez en Lehendakaritza.

21 de septiembre de 2017: Andoni Ortuzar reúne en el Parlamento a José Antonio Suso, Itxaso Atutxa, Joseba Egibar -líderes del PNV en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa- y a Urkullu y les da cuenta de sus contactos. Él también ejerce de intermediario. Ese mismo día, en una conversación telefónica con Mariano Rajoy, el lehendakari le traslada su “contrariedad por la intervención de miembros de la Guardia Civil en la Conselleria de Hacienda”. “Garantizándome el presidente que sus pasos iban a ser muy medidos y cuidando de ser lo mínimo posible”, asegura Urkullu. Se suceden varios mensajes por correo electrónico con el propio Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) y Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo).

24 de septiembre de 2017: Participa en el Alderdi Eguna, la fiesta del PNV, y le envía copia del discurso a Marta Pascal, dirigente del PDeCAT.

1 de octubre de 2017: A pesar de la intervención policial, los catalanes acuden a las urnas en Catalunya. A partir de la celebración del referéndum, los mensajes y propuestas que Urkullu envía se multiplican de forma exponencial.

3 de octubre de 2017: El jefe del Estado, Felipe VI, pronuncia un discurso en el que carga duramente contra la Generalitat, a la que acusa de situarse “al margen de la democracia”. “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”, asegura el monarca.

4 de octubre de 2017: Le llaman Ortuzar y Mendia. Urkullu anota que le proponen “alguna iniciativa en relación al planteamiento de diálogo para abordar la cuestión catalana en la que pudieran participar la presidenta de la comunidad de Baleares y el presidente de la comunidad de Valencia”, Francina Armengol y Ximo Puig, respectivamente. También habla por teléfono con Santi Vila, consejero del Govern y crítico con la vía unilateral. Mantiene una reunión con Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea, dirigente del PNV. Mientras se encuentra reunido, le llama el padre abad del monasterio de Montserrat, “pidiéndome mi intervención en mediación”. Además, ya había enviado tanto a Rajoy como a Puigdemont la 'Propuesta de distensión-diálogo-negociación'.

5 de octubre de 2017: Se reúne con Alfonso Alonso, exministro de Rajoy y líder del PP vasco, y habla con Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

6 de octubre de 2017: Mantiene otra reunión con Alonso, que le transmite un mensaje de Rajoy. “Por comentario de Aurrekoetxea proveniente de Francesc Homs (del PDeCAT) llamo y hablo con D. Felipe VI de la cuestión en Cataluña y de las llamadas y mensajes al presidente Rajoy así como de mi valoración pública de su intervención televisada”, apunta Urkullu. Envía, asimismo, la 'Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas' tanto al Gobierno de España como al Govern.

7 de octubre de 2017: Sánchez llama a Urkullu. “Pidiéndome que intervenga”, apunta el lehendakari.

8 de octubre de 2017: Conversa e intercambia correos electrónicos con el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, padre de la comunidad de Sant Egidio. Se reúne, además, con el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte. Procede, “por petición de los padres de los monasterios de Montserrat y de Santa María de Poblet, a mantener un encuentro con el cardenal arzobispo de Barcelona”, Juan José Omella, que ahora es el presidente de la Conferencia Episcopal de España. “Los padres de Montserrat y de Santa María de Poblet han recibido tanto al president Puigdemont como al vicepresident (Oriol) Junqueras y al conseller Vila. Cada uno de ellos solicita que yo intervenga”, escribe.

9 de octubre de 2017: Mantiene conversaciones telefónicas con Rajoy y Puigdemont. “[El president] Me dice, con testigos, que al día siguiente no quería proceder a la DUI en el Parlament de Cataluña. Le hago llegar una propuesta para que la tome en consideración para el Pleno del Parlament a celebrar el día siguiente”, escribe Urkullu.

10 de octubre de 2017: Mediante la declaración unilateral de independencia, Puigdemont proclama la República Catalana como “Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. El mismo president la suspende ocho segundos después. Antes de hacerlo, Puigdemont le había enviado la “parte nuclear” de su intervención en el Parlament y Urkullu mantiene “numerosas comunicaciones” tanto con él como con Rajoy y Sánchez. Se intercambian “propuestas y comentarios diversos” entre ellos. “Comienza otra fase con los requerimientos y/o preguntas del presidente Rajoy y la activación del artículo 155 de la Constitución”, anota.

18 de octubre de 2017: “Recibo llamadas en nombre de determinados empresarios de Cataluña, así como un mensaje del 'síndic' de Gregues, Joan Ribó, pidiéndome que intermedie”, apunta.

19 de octubre de 2017: Hace una declaración pública en Lehendakaritza. Previamente se la ha enviado a Ortuzar, Mendia, Juncker y Tusk. Su máxima es “diálogo, negociación, acuerdo y ratificación”.

20 de octubre de 2017: Envía “consideraciones y reflexiones largas por escrito” a Puigdemont. Lo hace todos y cada uno de los días.

21 de octubre de 2017: Le manda una nueva carta y mantiene “una conversación telefónica grave con él”. Llama también a Sánchez, Mendia y Ortuzar. Ese mismo día, el lehendakari hace las siguientes declaraciones: “Soy consciente de la realidad europea, no creo en la viabilidad de la vía unilateral. Manifesté con claridad y con antelación que el 1 de octubre no se produciría un referéndum con las debidas garantías. No se trataba de una valoración, sino de una constatación que resultó evidente”.

22 de octubre de 2017: Envía otra carta a Puigdemont, en la que alaba el proceso desarrollado en Cataluña, pues, según él, “ha mostrado al mundo una gran capacidad de organización, firmeza y determinación”. “Pero, sinceramente, no parece que alcanza a la mayoría significativa de la sociedad, por lo que mucho es también el riesgo de pérdida de lo conseguido en sentido de autogobierno y bases para una solución acordada”, apostilla.

23 de octubre de 2017: Otra carta más. “Sabes que siempre he considerado, así te lo manifesté, que la vía unilateral me resulta equivocada”, le traslada.

25 de octubre de 2017: Envía otra misiva al president: “Cualitativamente el PSOE es muy importante para la cobertura en la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español”. Propone cuatro puntos “en esta situación y ante la catástrofe que supondría llegar hasta el final por parte de unos y otros con consecuencias en el retroceso del autogobierno, graves afecciones económicas y sociales, crisis de fractura social y riesgo de enfrentamiento”: no DUI, no 155, sí elecciones y sí vuelta a la normalidad institucional y legal“. También mantiene una conversación telefónica con él. ”En presencia“ de testigos, ”Puigdemont plantea condiciones ilógicas a plantear al presidente Rajoy de cara a las sesiones plenarias del Parlamento del 26 y 27 de octubre. El president Puigdemont insiste en que no quiere proceder a la DUI“, escribe Urkullu.

26 de octubre de 2017: Intercambia mensajes con Puigdemont, Pascal, Ortuzar y Vila. Vila ha hablado previamente con Rafael Catalá, ministro de Justicia. “El ministro le pide a Santi Vila que sea yo quien interceda ante el presidente Rajoy”, apunta. También conversa con Rajoy y Puigdemont. Este último le envía varios mensajes a lo largo del día: de madrugada le adelanta la intención de convocar elecciones; por la mañana, le confirma la disolución del Parlament y la convocatoria de comicios; por la tarde le expresa sus dificultades para mantener su decisión, y por la noche lamenta la actitud de Moncloa y le agradece su ayuda.

27 de octubre de 2017: A primera hora y antes de la celebración de los plenos del Senado y del Parlament de Cataluña, envía una carta-propuesta a Rajoy, Puigdemont, Sánchez, Pascal y Ortuzar. Traslada otra propuesta a Jokin Bildarratz, senador del PNV, que la defiende en la Cámara Alta como tercera vía. En una carta que envía a Ortuzar, Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla ('burukide' del partido), les comenta que, si bien viajará a Canadá -más exactamente a Quebec-, “dadas las circunstancias que se están viviendo en Cataluña”, no descarta “la opción de tener que abreviar el viaje”. También les traslada que ha sentido “la confusión permanente por parte del president Puigdemont, [...] de la misma manera en el caso de las medidas a adoptar manifestadas por parte del presidente Rajoy [... e] igualmente en el caso de Pedro Sánchez”. El Senado aprueba la aplicación del 155 y, horas después, Rajoy destituye al Govern, disuelve el Parlament y convoca elecciones para el 21 de diciembre. Escribe un correo que envía a Vila y Pascal: “No podemos desistir [...] El recurso al 155 representa el fracaso de la política. Pero, con todo, lo más grave es que su mera aplicación no sólo no va a resolver nada, sino que va a agravar aún más la situación de desencuentro y ruptura”. Apela “a la distensión y al diálogo”.

30 de octubre de 2017: Urkullu viaja a Quebec, en Canadá. “En Euskadi tenemos un escenario de normalidad. Nuestro mayor activo es la estabilidad. El modelo Quebec-Canadá demuestra que otra alternativa es posible para un referéndum legal y pactado”, anota.

2 de noviembre de 2017: La jueza decreta prisión incondicional para Junqueras y siete exconsellers. Urkullu, que está en Ottawa, la recibe como “la peor de las noticias” y denuncia la “politización de la Justicia” española.

6 de noviembre de 2017: Respecto al papel que debe adoptar el Gobierno vasco, cree que, “probablemente, lo más adecuado en las próximas semanas sea reducir en la medida de lo posible el perfil de incidencia en relación con la crisis de Cataluña”.

16 de noviembre de 2017: El Parlamento Vasco aprueba una moción que “respeta y acompaña las resoluciones que sobre la soberanía y el proceso constituyente” han sido adoptadas en Catalunya y que “rechaza” la suspensión de la autonomía en aplicación del artículo 155. Sin embargo, no reconoce su independencia. Urkullu se había encargado personalmente de que el PNV no se sumase a EH Bildu porque en “conciencia” no se podía legitimar una república surgida de un referéndum sin garantías.

21 de diciembre de 2017: Se celebran las elecciones al Parlament. Puigdemont lidera una mayoría absoluta independentista, si bien Ciudadanos se erige como primera fuerza. Con el expresident en Bélgica, Quim Torra acabará liderando el Govern.

23 de mayo de 2018: En un mismo día, el PNV acuerda con EH Bildu el preámbulo del futuro Estatuto vasco, un documento netamente soberanista, y salva el Gobierno del PP en Madrid con el apoyo a los presupuestos.

1 de junio de 2018: El PNV brinda el apoyo de sus escaños a Pedro Sánchez, que, por la vía de la moción de censura, se convierte en el séptimo presidente de la democracia. Durante su interlocución con el líder del PSOE, Urkullu insiste en las propuestas. Entre ellas, plantea la posibilidad de una consulta legal y pactada y avanzar en la plurinacionalidad de España.

20 de septiembre de 2018: En la inauguración del nuevo curso político, Urkullu se refiere a la reforma estatutaria vasca con la intención deliberada de marcar distancias con Catalunya. Recuerda la necesidad de acompañar los “acuerdos” en Euskadi con “pactos” con el Estado. No puede haber nuevo marco sin el concurso de los no nacionalistas, añade.

30 de octubre de 2018: Le escribe a Sánchez. Haciendo referencia a la “plataforma independiente” Gure Esku Dago, le traslada que “en Euskadi existe una estrategia de pretensión de emulación del proceso en Cataluña, aunque no con mucho éxito de seguimiento”. Lamenta haber recibido una petición de Torra para que le atienda en Ajuria Enea.

14 de noviembre de 2018: Recibe en Vitoria al president, Quim Torra, en el palacio presidencial de Ajuria Enea, en Vitoria. En la rueda de prensa posterior, escenifican sus discrepancias. Urkullu insiste en defender una España plurinacional y el derecho a decidir “legal y pactado” con el Estado.

20 de diciembre de 2018: Sánchez y Torra se reúnen en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, y se comprometen a buscar mediante el diálogo una propuesta política “con amplio apoyo de la sociedad catalana”.

22 de enero de 2019: Urkullu le envía un correo electrónico a Pedro Sánchez para trasladarle su “disposición para ayudar en lo que en mi mano esté en relación a Cataluña”.

28 de febrero de 2019. El lehendakari comparece como testigo en el juicio del 'procés'. Puigdemont, desde el extranjero, le acusa de haber mentido. La ruptura es total.

5 de marzo de 2019: Concluye los documentos sobre su mediación en el 'procés' y los deposita en tres archivos: el de Montserrat Tarradellas del monasterio de Poblet, el Archivo Histórico de Euskadi y el de la Fundación Sabino Arana.

26 de mayo de 2019. El PNV no reedita su coalición con la antigua CiU en las elecciones europeas. No estaba dispuesto a compartir lista electoral con Puigdemont.

14 de octubre de 2019: El lehendakari califica de “nefasto desenlace” para un “despropósito” la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a la plana mayor del Govern, salvo su president.

22 de julio de 2020: Puigdemont publica M'explico, de la investidura a l'exili, en el que relata su etapa al frente del Govern y revela detalles de sus conversaciones con Rajoy y Sánchez, pero también con Urkullu.

23 de julio de 2020: Se hacen públicos los documentos de Urkullu a los que ha accedido elDiario.es/Euskadi para elaborar esta serie de informaciones.

“Porque significan:

las palabras

significan. Ay! si fuesen solo un suave sonido“

Vicente Aleixandre

El PP está temblando porque puede que le haya salido el tiro por la culata y todo porque al ministro Campo se le ha escapado (¿?) un tiro aunque ellos señalen a la fiscal general Delgado como la propietaria del arma humeante. Todo esto por un verbo. Es de estas historias que a muchos de mis lectores les apasionan y a mí, a mí ya saben que también. En el fondo del asunto, y por no mantenerles en la intriga fácil, el posible fracaso de la estrategia para que varios casos de corrupción del Partido Popular acaben archivados sin haber logrado recabar toda la información sobre cuentas en el extranjero, paraísos fiscales y chanchullos varios. Les he adelantado el final porque la trama es ya lo suficientemente apasionante como para mantenerles enganchados. Seguro. Todo por un verbo, ya les digo.

No sé si recordarán cuando les contamos en 2015 que Rajoy había decidido reformar un artículo de la ley procesal para ponerle un límite a los periodos de instrucción. Esto, que sucedió en 2015 y se vendió bajo el lema “las instrucciones no pueden eternizarse”, como si el problema fuera que los jueces se dormían en los laureles, era otra muestra de legislación creativa para sacarse de encima gran parte de las causas por corrupción que atenazaban y aún lo hacen a los populares. Todo el mundo lo denunció. Sucedió. Como muestra, un botón: el archivo de la causa contra el presidente de Murcia, PAS, (lo conté en “Apostillas al zagalico”). Esta historia sigue coleando. En la legislatura anterior se llevó por la mayoría la derogación de tal reforma a la Cámara y no se pudo hacer porque el Partido Popular y Ciudadanos pidieron ¡58 veces! la ampliación del periodo de enmiendas para una cosa que tenía tres párrafos mal contados. Así que ahí sigue la cosa, en el Parlamento, y hace un par de semanas el PP volvió a enmendar para solicitar que esa corrección de lo que cambió Rajoy sólo afecte a causas nuevas y no, desde luego, a las antiguas del PP. Y es que algunas están a punto de caramelo para ellos. La instrucción del Caso Púnica caduca el 6 de junio, el Caso Lezo en diciembre y los Papeles de Bárcenas por ahí andan. Así que muchos se frotaban ya las manos… cuando todo se ha puesto patas arriba por un verbo.

Vamos a lo del verbo, ahora que ya saben lo gordo que está en juego y que no es otra cosa que la posibilidad de no extender las instrucción de estos casos de corrupción que es necesaria para que las comisiones rogatorias, los equipos conjuntos y la colaboración de terceros países dé sus frutos en forma de material incriminatorio. Él favorece que la Justicia para el delincuente de cuello blanco acabe embarrancando. Vamos a lo del verbo. Resulta que el pasado 28 de abril se promulgó un decreto por el que debe regirse la puesta en marcha de nuevo de los mecanismos de la Justicia que el confinamiento detuvo. En este decreto se afirma que se REINICIARÁN los plazos procesales que han quedado suspendidos y que “volverán a computarse desde su inicio”. Lo dice en el artículo 2 y en la exposición de motivos del decreto. Reiniciar. Claro, la Fiscalía General ha hecho un informe técnico sobre el decreto en el que concluyen que los plazos previstos para la instrucción en el famoso artículo 324 pues también se REINICIAN, es decir, se empiezan a contar desde el principio. ¿Se imaginan qué drama para todos los peperos que esperaban el archivo por agotamiento del plazo?

Se ha liado la de Dios es Cristo y aún más que se va a liar. Resulta que en la disposición adicional del decreto de alarma inicial se decía que los plazos procesales se suspenden y que “se REANUDARÁN” al perder vigencia la alarma. Reanudar, no hace falta que se lo diga, es volver a empezar donde estaban mientras que reiniciar es volver al principio del plazo. ¿Lo ven? Es un verbo, pero vaya verbo. No crean, esto no es tan extraño. Resulta chocante que siendo el Derecho una ciencia que se basa en el uso y el significado de las palabras, estas cada vez se usen con menos propiedad y su uso deficiente dé lugar a las más variadas y hasta disparatadas interpretaciones. Pero ese es otro tema. Tan relevante es esto para tantos imputados de las tramas corruptas del PP que hasta el abogado Choclán, un cerebro al que conocí en su época de magistrado, y que huye de la prensa y de la publicidad como el agua del teflón, ha escrito un artículo y ha hecho declaraciones a varios medios. Claro que representa a varios de los interesados por el asunto.

¿Y qué va a pasar en la batalla de los verbos? Pues decidirán los jueces, porque ya vemos que los fiscales van a defender la primacía del reiniciar y los defensores se van a amarrar al reanudar del primer decreto. Decidirá cada juez una cosa y luego los recursos y luego … hasta el Supremo. O sea, un carajal. Para que no se queden con la intriga les diré que lo que han de ponderar es la contradicción entre dos normas (el decreto de alarma y el decreto 16/2020) y para ello tendrán en cuenta que lex superior derogat lex inferior y a la vez que lex posterior derogat lex anterior. Parece un lío pero no lo es tanto. Desde luego el decreto de Campo (reiniciar) es posterior al decreto de alarma (reanudar) y además se puede pensar que el legislador se ha autocorregido puesto que insiste con toda contundencia en el decreto posterior en reiniciar y hasta lo define y lo explica. Pero, y aquí hay un pero, habrá quien discuta cuál de los dos es de rango superior. Y eso tampoco está tan claro, porque el rango del decreto del estado de alarma es complejo de determinar y sólo tenemos la jurisprudencia del caso de los controladores. Un jari, vamos.

Ahora pues, hemos empezado a oír clamar tanto a la derecha como a su imperio mediático que aquí lo que vale es lo de reanudar y que apostar por el reiniciar es vulnerar los derechos procesales de los presuntos corruptos. Es algo a analizar, pero no deja de ser curioso que aquellos que han jaleado las vulneraciones de derechos procesales de los políticos catalanes, o las violaciones de las mismas normas en cualquier caso mediático que no les interesaba, sean ahora los adalides de los derechos del procesado. Como me decía ayer un sabio jurista, y no por ello menos cachondo, la carcundia que nunca se ha despeinado un pelo en defensa de un derecho fundamental ahora va a ser vista en plan la libertad guiando al pueblo, llevando la bandera, con crespón, y con una teta viril y peluda fuera. La imagen es más completa: no se pondrán gorro frigio, no sea que se confunda alguien con una barretina.

Se lo cuento porque en los próximos meses veremos muchas cosas en torno a la semántica. Al tiempo.

La importancia de elegir un verbo.

El exministro de Justicia Rafael Catalá regresa al grupo de juego Codere, del que va a ser colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales, según avanza este martes El Confidencial y ha podido confirmar La Sexta en conversación telefónica con el expolítico.

Catalá, que desde que se anunció en mayo su renuncia al escaño ha multiplicado su actividad privada, ya fue nombrado el mes pasado presidente de Belagua, sociedad del empresario hotelero y declarado socialista (con varias sociedades en la lista de morosos con Hacienda) Antonio Catalán. El exministro, abogado y lobbista va a encargarse de engrasar las relaciones de Codere con el poder político en un momento en el que desde muchos sectores se pide una regulación más estricta con el sector del juego.

El último aviso llegó la semana pasada, cuando en el discurso de su fallida investidura, Pedro Sánchez prometió, sin más detalles, “actuar con rigor para prevenir las ludopatías”. “La sociedad nos pide que regulemos el juego, que se ha extendido de forma descontrolada”, dijo. La propia Codere ya reveló hace unos meses que el lobby del sector Cejuego multiplicó el año pasado los contactos con políticos en un entorno de importantes cambios regulatorios a escala autonómica.

Catalá ya fue secretario del consejo de administración del operador de bingos, casinos, apuestas online y máquinas recreativas hasta 2011, justo antes de fichar por el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Con su regreso a Codere, con la que no ha sido posible contactar, se refuerzan los vínculos del PP con este sector en plena ofensiva regulatoria ante la proliferación de las casas de apuestas en las zonas más humildes de las grandes ciudades.

Otro de los rostros conocidos del PP vinculados al juego es el del exdiputado Andrés Ayala, que como reveló eldiario.es desde hace años es socio del grupo murciano Orenes y tras dejar su escaño fue nombrado consejero en varias de sus filiales en sustitución de su esposa. Orenes está ultimando la apertura del mayor casino de España en Murcia.

Catalá fichó como secretario general de Codere tras su etapa como secretario de Estado de Justicia (2002-2004) en el último Gobierno de Aznar. Permaneció como directivo de la empresa hasta diciembre de 2011, aunque siguió vinculado a su fundación como patrono hasta 2014. Su puesto en ese órgano lo ocuparía luego otro exministro del PP, Pío Cabanillas.

Desde 2016, Cabanillas es consejero de Codere en representación de los intereses de la familia Martínez Sampedro, antiguos accionistas de control de la empresa hasta que un grupo de fondos buitre tomó el control del grupo tras la reestructuración de una deuda de cerca de 1.300 millones. El exministro de José María Aznar llegó a facturar a Codere cerca de 300.000 euros por sus servicios como asesor mientras representaba a la sociedad Masampe en su consejo de administración.

Sometida a un sector altamente regulado, Codere está acostumbrada a sentar a expolíticos en su consejo de administración, en el que en el pasado tuvo entre otros a Juan Junquera (secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero) y el profesor universitario José Ignacio Cases, secretario general de la Comisión Nacional del Juego en los años 80 y luego vicepresidente de su fundación.

En enero de 2013. La agencia Bloomberg reveló la relación entre Codere y el despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico, y acusó al Ministerio de Hacienda de forzar a las operadoras de juego extranjeras al pago de 150 millones en impuestos bajo la amenaza de perjudicarles en la concesión de licencias de juego online y, con ello, beneficiar a Codere.

Hacienda se apresuró a publicar un contundente desmentido en el que negaba “tajantemente la acusación de tráfico de influencias en favor de la empresa española de juego Codere por supuestos contactos personales con el ministro”. Incluso anunció una querella contra Bloomberg y el periodista que firmaba la información, pero nunca llegó a presentarla.

El diputado nacional por el PP por Cuenca, Rafael Catalá, ha pedido al presidente de su partido, Pablo Casado, que acepte su renuncia al escaño. El popular ha justificado esta decisión argumentando que no se siente con la “ilusión” necesaria para seguir adelante con esta labor tras la pérdida de representatividad de su partido en todo el territorio.

El que fuera ministro de Justicia, que ha anunciado a primera hora de la tarde su decisión ante los medios de comunicación en la sede del PP conquense, ha apuntado que sabe asumir responsabilidades y que es el momento de redefinir estrategias. Así, ha señalado que se necesitan personas nuevas para seguir adelante.

“Soy muy exigente conmigo mismo y con los que forman parte de mi equipo”, ha admitido. Cede su puesto así a María Jesús Bonilla, de la que ha dicho que es la mejor para desarrollar esta labor.

De todas formas, Catalá ha subrayado que aunque no es conquense de nacimiento sino de adopción, ha indicado que esto no significa que a partir de ahora pase página con Cuenca. Ha precisado que aquí ha hecho amigos y que se ofrece para seguir formando parte de asociaciones.

La Asociación Contra el Cementerio Nuclear de Villar de Cañas ha vuelto a protestar este fin de semana en la calle contra la instalación. Son ya nueve años de movilizaciones (siete desde que la localidad conquense fuera designada como lugar para albergar la basura radiactiva de todo el país) y este sábado en la capital provincial se leyó un manifiesto con seis razones para rechazar el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

En primer lugar, dicen, “se designó a Villar de Cañas por motivos de conveniencia política, con oscurantismo y sin las debidas garantías democráticas”, primero en un pleno municipal “a media noche y sin estar en el orden del día. Y luego en un Consejo de Ministros, aprobando la opción en cuarta posición, tras un acuerdo entre Cospedal y el ministro Soria”.

Recuerdan que los terrenos no son adecuados desde el punto de vista geológico y así lo han puesto de manifiesto numerosos informes, tanto los oficiales de Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear, como los encargados a consultoras externas por estas mismas organizaciones.

“Después de siete años de estudios geológicos no se puede hablar de dudas, de la necesidad de más estudios, de esperar el dictamen de los técnicos ni defender que hay garantías de seguridad. Los técnicos ya se han pronunciado de forma contundente y dicen que construir un almacén nuclear en los terrenos designados no es seguro”.

Además, advierten de “la enorme peligrosidad del transporte de los residuos desde las centrales nucleares hasta Villar de Cañas, pasando por nuestras carreteras y nuestros pueblos” y también califican de “falso” que se estén llevando residuos a Francia. “Los residuos nucleares en la actualidad están a buen recaudo en las piscinas adjuntas a los reactores nucleares o en almacenes en seco anejos a las centrales”.

Por otro lado denuncian que “se ha establecido una red clientelar para repartir contratos relacionados con el ATC. Los principales beneficiados han sido Cospedal y su marido, cuya empresa ha recibido 36 millones de euros en contratos” y sostienen que ni hay prisa y es necesario el almacén. “Ya existen almacenes individuales junto a las centrales o se harán en breve. Si además se hace el ATC, se duplicará el volumen de almacenamiento, de forma innecesaria y a un alto coste económico”.

Durante la movilización se celebró también un flashmob que, según los organizadores, “sorprendió a los presentes”.

Acusan a Cospedal de seguir “maniobrando en la sombra”

“El simple hecho de que en siete años la potente industria nuclear no haya sido capaz de sacar adelante su juguete más codiciado (lo que ellos llaman ATC) demuestra lo mal que se han hecho las cosas”, sostiene la plataforma, que recordaba cómo en estos años “los principales valedores del cementerio nuclear (Cospedal, el ministro José Manuel Soria y el presidente de Enresa, el ciudadrrealeño Francisco Gil Ortega) han tenido que dimitir envueltos en escándalos de corrupción. Pero cuidado porque Cospedal sigue moviendo sus hilos”, advierten.

“No pensamos tolerar que nos pongan un cementerio nuclear ni en esta tierra ni en ningún otro lugar”, aseguraban los organizadores de la movilización que recordaba que a los pueblos cercanos, al cementerio nuclear les darán seis millones de euros al año. “Si es inofensivo ¿Por qué dan tanto dinero?”, se preguntaban.

“No queremos el cementerio nuclear por capricho, nuestra lucha es legítima porque queremos a nuestra tierra, la que ha dado de comer a nuestros padres y la que queremos que alimente y mantenga a nuestros hijos”.

La plataforma, compuesta por 49 colectivos y numerosas personas a título particular, explicó también durante la lectura del manifiesto que “aunque herido, el cementerio nuclear (aunque no lo parezca por su nombre) puede todavía darnos muchos disgustos. Porque el PP, con Cospedal en la sombra, está maniobrando para conseguir que el ATC se instale en Cuenca”. Y eso, aseguran, a pesar de que la ex presidenta regional no tenga cargos políticos. “Sigue moviendo sus peones para conseguir adjudicar la obra principal (valorada en torno a 200 millones de euros) a sus amigos” y en este sentido creen que “el apoyo a la candidatura de Casado para la presidencia del PP, le permite amplia libertad de movimientos, sobre todo en Castilla-La Mancha”.

Abundan que “esta razón y no otra” por la que Rafael Catalá es diputado nacional por una provincia “que pretende representar aunque la desconozca. Fijaos que en todas sus comparecencias púbicas, se le pregunte o no, siempre habla del ATC”. En este aspecto, recordaban que el PP ha perdido en Cuenca un 21% de los votos en las elecciones generales, respecto de las celebradas en 2016.

Reclaman una postura “inequívoca” de los partidos de cara al 26M

“El PP es el único partido que defiende contra todo y contra todos, la instalación de un cementerio nuclear inútil y en unos terrenos que no valen”. Ahora, en pleno proceso electoral autonómico y municipal, la plataforma defiende “la importancia” de votar a las candidaturas que se oponen a la instalación del cementerio nuclear y reclaman a los candidatos que “se pronuncien de forma inequívoca si quieren o no un cementerio nuclear en nuestra provincia”.

Finalmente, señalan la necesidad de “pelear con uñas y dientes para conseguir dos cosas: que se acorte al máximo el calendario de cierre de las centrales nucleares y así dejar de producir basura radiactiva; y por otro lado para que el ATC quede fuera del próximo plan de residuos radiactivos”.

Rafael Catalá ha comparecido en rueda de prensa tras conocerse, el pasado viernes, que repetirá como número uno de la candidatura del Partido Popular a las elecciones generales al Congreso que se celebrarán el próximo 28 de abril.

En su intervención ante los medios, el que fuera ministro de Justicia e incluso, durante unos meses, de Fomento, ha agradecido su apoyo al presidente del PP conquense, Benjamín Prieto, al que ha calificado como su “mentor” en el conocimiento de la provincia. “No soy conquense pero he hecho un máster intensivo en Cuenca para trabajar por la provincia y los intereses de todos los conquenses”, ha dicho, asegurando además que se siente muy “querido y reconocido” en la provincia.

Así, entre otros retos ha asegurado que en el PP “seguimos creyendo” en la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas por su “capacidad de inversión y de creación de empleo” sin que ello vaya en detrimento de la seguridad, criticando la “obsesión” de los socialistas por “boicotear” una infraestructura que albergaría durante décadas los residuos nucleares generados en España.

Y es el PP quien, según añade, mejor puede defender “los intereses del campo en Bruselas, garantizando la PAC”.

“Soluciones realistas”

El candidato al Congreso ha asegurado que trabajará para “ofrecer soluciones realistas y positivas”, convencido de que es el Partido Popular quien está capacitado para “resolver problemas de empleo, igualdad o derechos sociales” o garantizar la unidad de España frente al “desafío secesionista” en Cataluña, como a su entender ahora se demuestra con el proceso judicial abierto a once encausados por la celebración de un referéndum por la independencia no autorizado por el Tribunal Constitucional.

En cambio, ha acusado al actual presidente, Pedro Sánchez, de “juntarse con cualquiera en una alianza con independentistas, comunistas de extrema izquierda y hasta con los de Bildu”.

Preguntado por la posible fragmentación del voto, ha abogado por “que cada uno vote a quien considere que representa mejor sus intereses” pero considerado que el PP es quien mejor presenta un “centro-derecha liberal y moderado” y advertido de que, si el voto se fragmenta, “puede llevar a la paradoja de que gobierne Sánchez con los independentistas y la extrema derecha comunista”.

Preguntado, también, por su condición de “superviviente” de la época en la que el partido estuvo liderado por Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, Catalá ha avalado el cambio producido en el PP, que ha pasado a estar presidido por Pablo Casado tras el proceso de primarias celebrado el pasado verano, una “renovación tranquila” con “gente joven y mucha mujer que tampoco es gente que haya aparecido de la nada”, gracias a lo cual el partido logra una mezcla de “renovación y experiencia”.

Se desconoce de momento qué otros representantes del PP acompañarán a Catalá en la lista al Congreso y quiénes formaran parte de la candidatura al Senado, algo que el presidente del partido ha dicho no obstante que se conocerá en unos días.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, encabezará la lista al PP por Toledo al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril, según han informado fuentes de la dirección nacional de la formación.

De esta forma, Tirado sustituye a la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que encabezó la lista por Toledo a la Cámara Baja en los comicios del 26 de junio de 2016.

Fuentes del PP han señalado que por Cuenca encabezará la lista el exministro Rafael Catalá, Rosa Romero lo hará por Ciudad Real, Silvia Valmaña por Guadalajara y Carmen Navarro por Albacete. Los cuatro ya fueron cabeza de cartel hace tres años en esas circunscripciones.

Partido Popular y Ciudadanos dependen del PNV para conseguir cambiar las reglas del juego e imponer un nuevo sistema de elección de vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Ambas formaciones han enmendado en el Senado la reforma en marcha y plantean ahora que sean los jueces quienes elijan directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ. Las dos formaciones conservadoras han conseguido salvar el trámite en el Senado, pero la decisión se tendrá que refrendar esta semana en el Congreso. El PP ha puesto a trabajar a Rafael Catalá con el objetivo de convencer al PNV y acercarse una mayoría. 

La decisión de cambiar el sistema se produce tras el fiasco de las negociaciones para renovar el CGPJ, cuyo acuerdo acabó frustrándose. El mismo PP que enrojeció cuando se conocieron los mensajes telefónicos de Ignacio Cosidó hablando sobre el control de la judicatura se ha propuesto ahora la tarea de cambiar el sistema. 

Las posibilidades de que el PP y Ciudadanos consigan los votos suficientes para dar a los jueces el poder de nombrar a 12 vocales es escasa. Aún convenciendo al PNV, a los impulsores del cambio les harían falta los votos de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Para acometer la reforma, Rivera y Casado tienen que sumar un total de 176 escaños. 

Génova ha dado la orden de buscar los votos necesarios y Rafael Catalá se ha encargado de buscarlos. Las primeras conversaciones ya se han producido. El diputado Mikel Legarda ha sido el interlocutor del PNV, al que el PP se ha acercado para pedir sus votos. Los nacionalistas vascos tomarán su decisión el próximo lunes, tras la reunión de su grupo parlamentario. Fuentes del PNV en el Congreso aseguran que no hay ninguna decisión tomada, pero matizan que las enmiendas que han llegado desde el Senado a propuesta de Ciudadanos “no gustan”.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue aprobada en el Congreso el pasado 30 de octubre, tras el acuerdo alcanzado por el PP, PSOE y Unidos Podemos. La propuesta inicial pretendía derogar el sistema presidencialista que otorgaba plenos poderes al presidente del CGPJ y abrir la Comisión Permanente a todos los vocales y no al exclusivo club de elegidos por Carlos Lesmes. Al tratarse de una ley orgánica, tras su aprobación en el Congreso el texto debía pasar por el Senado, en donde Ciudadanos y PP se han puesto de acuerdo para modificarla con enmiendas. 

Esas enmiendas son las que llegan esta semana al Congreso para ser sometidas a una nueva votación. PSOE y Unidos Podemos, dos de los tres impulsores iniciales de la reforma, anuncian que votarán en contra de los cambios aprobados por el Senado. La responsable de Justicia en Unidos Podemos, Gloria Lizo, asegura: “Hace falta una legitimación democrática en la designación de los vocales, nunca nos hemos planteado que sea una elección de los propios jueces”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado en multitud de ocasiones en la misma línea, reclamando que sea el Parlamento el que determine quienes ascienden a la cúpula del Poder Judicial.

“Que los jueces nombren a los jueces es volver al pasado, es como crear un sindicato amarillo”, aseguran fuentes del grupo socialista en el Congreso. “Si tengo que elegir entre la enmienda Cosidó o la enmienda Bandrés me quedo con la segunda”, afirman las mismas fuentes. 

El actual sistema existe desde 1985. Ese año, el ministro de Justicia Fernando Ledesma llevó al Congreso su proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.  Hasta entonces, la cúpula judicial había sido elegida por jueces. El diputado de Euzkadiko Ezquerra, Juan Mari Bandrés, fue el motor del nuevo modelo, a través de una enmienda que pasó a la historia como la “enmienda Bandrés”. Durante el debate, el diputado vasco dejó una frase para las hemerotecas: “Solo el pueblo legitima”. Todo el Parlamento, excepto Alianza Popular, apoyó aquella modificación que otorgaba a las cámaras de representantes el poder para nombrar a la cúpula judicial. AP incluso acudió al Constitucional para intentar tumbar la nueva normativa pero el alto tribunal no les dio la razón. 

Las asociaciones judiciales apoyan el cambio de modelo que impulsa Ciudadanos y al que el PP se ha sumado tras la polémica de Cosidó y el fracaso en la renovación del CGPJ. A pesar de esa unanimidad, en el sector pocos muestran confianza de que el PP consiga los votos suficientes para volver a un modelo inspirado en 1985. El Congreso de los Diputados acoge este jueves el vibrante debate que volverá a poner sobre la mesa el análisis del estado de las cosas en la organización de la élite judicial. Los jueces volverán a ser el tema principal de la discusión política, al menos durante el debate.

Rafael Catalá, hasta hace unos meses ministro de Justicia con el PP y aún diputado en el Congreso, se va a incorporar como patrono a la Fundación del Atlético de Madrid, el club que preside el empresario Enrique Cerezo. Ambos mantienen una amistad que el empresario no dudó en utilizar cuando él y otro de sus amigos, Ignacio González, se vieron en apuros judiciales por el caso Ático. La Unidad Central Operativa (UCO) agrupó todas esas maniobras en un informe que destacaba sus tintes mafiosos.

Según ha adelantado este jueves El Confidencial, Catalá ha recibido autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así lo recoge el Portal de Transparencia, donde se informa de que el pasado lunes Catalá obtuvo permiso para incorporarse a cuatro puestos: en la Fundación del Atlético de Madrid, en el Colegio de Abogados, en el bufete Herbert Smith Freehils y en la Fundación de Legálitas.

Catalá y Cerezo son dos viejos conocidos y han compartido en varias ocasiones palco para ver los partidos del Atlético de Madrid del que el exministro es aficionado. Cuando todavía estaba al frente de la cartera de Justicia, Catalá viajó en el avión que el club fletó para que una comitiva repleta de personalidades viajara a la final de la Champions League de Milán de 2016. Allí Catalá se fotografió con el propio Cerezo, que ya llevaba tiempo imputado imputado junto a González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del dinero que pagó el ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).

Ese caso llevó a que, unos meses después de ese viaje, Cerezo tratase de recurrir a su amigo, siendo este el máximo responsable del ministerio de Justicia, para que le echase una mano a él y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Así lo revelaron las escuchas policiales que efectuaron los investigadores del caso Lezo y los mensajes que intervinieron en sus teléfonos móviles. Cerezo e Ignacio González recurrieron a él y a todos los contactos a su alcance para tratar de frenar esa investigación, todavía abierta en un juzgado de Málaga.

Las primeras conversaciones captadas por los agentes de la UCO se remontan a agosto de 2016. González y Cerezo se preguntan si la única forma de frenar esa investigación es “pegarle dos tiros a la juez”. Luego intentan trazar una estrategia mas realista que pase por presionar al fiscal del caso Ático. El empresario recomienda esperar a septiembre para hablar con él, pero acuerdan ya cómo le deben abordar para obtener resultados: “Estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra”.

Ambos interlocutores vuelven a hablar en octubre en otra charla grabada por la policía en la que lamentan que sus gestiones no dan resultados. Es a partir de este punto cuando Cerezo y González apuntan al ministro de Justicia como la persona que les puede ayudar a cerrar la investigación.

El empresario y presidente del Atlético de Madrid relata en una conversación que habla a menudo con Catalá “por el tema del Estadio”, y que el ministro le ha prometido que se estaba ocupando de las gestiones que le habían pedido. “Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando”, explica Cerezo, que añade que suelen hablar sobre el caso del ático a menudo. De hecho, comenta que es el propio ministro quien saca el tema durante sus encuentros: “No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él”.

En otra ocasión, es González quien se felicita de sus gestiones. En un SMS dice que el ministro de Justicia le contestó a su felicitación por el nombramiento. “A mí me puso el otro día un mensaje encantador (…) A ver si terminamos con los líos y tal, bueno vale macho, pues lo que quieras, ja, ja”. Cuando trascendió la existencia de ese mensaje, el titular de Justicia intentó justificarse diciendo que se refería a la “convulsa” situación política, pero González no lo interpretó así.

En otra conversación vuelven a hablar de la investigación del ático y González muestra su desesperación al no saber cómo avanza el caso, si Suiza ha contestado ya a “las comisiones rogatorias de los cojones”. Llega a decir que va a ir directamente a hablar con el ministro de Justicia para pedirle explicaciones: “Yo tengo ganas de echarme un día a la cara a Rafa, porque Rafa yo creo que lo sabe”.

Catalá fue solo uno de los frentes que abrieron Cerezo y González para zafarse de la investigación. También hablaron con un exvocal del Consejo General del Poder Judicial () para tratar de averiguar a quién se iba a nombrar fiscal general del Estado, para que luego este influyese en el resto de fiscales que perseguían a González y Cerezo. De hecho, ambos se felicitan cuando se nombra a José Manuel Maza y hablan de que hay que decirle a Catalá que Manuel Moix es un buen candidato para Anticorrupción. También Moix fue finalmente nombrado, aunque apenas duró unos meses en el cargo.

Tal fue el afán de los dos imputados por mover hilos para cerrar la investigación que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil comparó sus movimientos con los del “crimen organizado”. González resume sus movimientos en una charla en la que se envalentona al hablar sobre los avances en sus contactos para librarse de los casos judiciales: “Tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia”. La Guardia Civil, eso sí, duda en sus informes de los resultados de esas maniobras. Ambos siguen imputados en el caso ático a pesar de todas sus maniobras.

Catalá abandonó el Ministerio de Justicia como consecuencia de la moción de censura pero mantiene su escaño en el Congreso. Dejó la cartera después de haber sido reprobado junto con Maza -el primer fiscal en la historia en ser reprobado- por el Congreso por sus injerencias en varios casos de corrupción. Ahora será de la mano de Cerezo patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, dedicada a “contribuir a través del deporte en actividades humanitarias, culturales, educacionales y de investigación”.

Hace unas semanas fue el dirigente que negoció la reforma del Consejo General del Poder Judicial por encargo del presidente del PP, Pablo Casado, hasta que este decidió romper unilateralmente la negociación con el PSOE y presentar una iniciativa para modificar los trámites de elección de los vocales.

El exministro de Justicia y actual presidente de la Comisión de Interior del Congreso, Rafael Catalá, se incorporará al patronato de la Fundación Atlético de Madrid tras recibir la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses.

Este lunes, Catalá ha tenido luz verde para trabajar en la Fundación del club colchonero, labor que a ojos de dicha oficina es compatible con la de diputado en el Congreso. Rafael Catalá, ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy hasta la moción de censura del pasado mes de junio, era un invitado habitual del presidente Enrique Cerezo en el palco del Wanda Metropolitano.

En el portal de Transparencia de la Administración General del Estado se recoge el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses a las incorporaciones del exministro, cesado el 1 de junio de 2018, al patronato de la Fundación Legálitas, como 'senior advisor' en el consejo asesor de la firma legal Herbert Smith Freehills y miembro del patronato de la Fundación Atlético de Madrid. Asimismo se ha dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid.

El grupo de expertos encargados de reformar los delitos sexuales en el Código Penal ha acordado este jueves recuperar el término violación e incluirlo de forma clara y expresa con una nueva redacción. En la reunión mantenida este jueves, la primera en seis meses y en la que han analizado un primer borrador de la reforma, los juristas han llegado al consenso de que ese término debe incorporarse de manera rotunda.

Así constaba ya antes de la reforma de Código Penal de 1995, que eliminó esa forma de referirse a una agresión sexual con penetración. En 1999, se reformó de nuevo ese texto para recuperar la palabra violación aunque de forma casi residual. La única alusión se hace en el apartado sobre las penas: “El responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años”.

Este jueves, la sección penal de la Comisión General de Codificación ha acordado que se definirá la violación de manera “rotunda” para evitar confusiones como la generada tras la sentencia de la Manada. “Hay acuerdo en que violación se llame violación”, apuntan fuentes de la Comisión.

Hasta ahora, la violación está dividida en dos delitos en el Código Penal. El abuso sexual, cuando no hay violencia ni intimidación y que se castiga con hasta nueve años de cárcel, y la agresión sexual, cuando sí hay violencia e intimidación, que se pena con hasta 12 años de prisión. Tan solo en este apartado, en el de agresión, se usa la palabra violación.

Sin más consensos

Los expertos reunidos solo han comenzado a trabajar en un primer borrador, casi esquemático, sobre el que ahora se irán incorporando las diversas aportaciones de los expertos. No ha habido un acuerdo global sobre cómo reformar esos delitos, así que el Ministerio de Justicia amplía el plazo -que terminaba este jueves- hasta el 31 de diciembre. La próxima reunión se ha fijado para el 13 de diciembre, aunque puede adelantarse.

El debate de este jueves ha girado en torno al borrador elaborado por el presidente de la comisión, Esteban Mestre, junto a un reducido grupo de la treintena de expertos. Este planteaba, como idea de partida, unificar todo en un mismo delito con distintos agravantes. Lo más grave sería la violación, llamada así de forma expresa. En esto es en lo único que ha habido una mayoría a favor, con pequeñas voces discrepantes.

Sobre unificar todo en un mismo delito no ha habido consenso. Lo ha dicho el propio Mestre a la salida de la reunión. Según fuentes presentes en la reunión, algunos expertos creen que es más sencillo abordar la reforma manteniendo los dos delitos -abuso y agresión-, pero otros apuestan que, de cara a que la ciudadanía entienda la reforma y para garantizar la seguridad jurídica, habría que unificar todos los abusos en un único delito con diferentes agravantes.

Ahora los expertos, además de abordar este punto, tienen que decidir si modifican o no las penas, uno de los temas más complicados. Hay voces dentro de la comisión que proponen elevar el castigo por cometer violación, pero otros advierten de que puede equipararse esa pena con la del homicidio, y por eso creen que no debe elevarse.

Una gran parte de la comisión también cree que hay que equiparar el uso de sustancias para doblegar la voluntad de la víctima con la violencia o la intimidación. Fuentes de la comisión apuntan a que uno de los puntos más complicados será el tema del consentimiento de la víctima.

Primera reunión en seis meses

El exministro de Justicia Rafael Catalá encargó el pasado mes de junio una revisión de estos delitos a la sección penal de la Comisión General de Codificación, un órgano asesor al que no había consultado nunca. Ni él, ni prácticamente ningún Gobierno de los últimos 20 años. Recuperar a ese grupo de juristas obligó a actualizar a sus integrantes, todos hombres.

La polémica que se generó por la nula presencia de expertas obligó a cambiar su composición antes de iniciar los trabajos y debido también a las presiones de los propios integrantes. Algunos de ellos dimitieron para ceder su sitio a mujeres.

Al final se optó por ampliar hasta el límite legal el número de componentes de la comisión, lo que permitió dar entrada a 12 mujeres que actualmente trabajan junto a 13 hombres. Además, se incorporó a tres expertas que trabajarían de forma puntual para esta reforma. Ese cambio en la composición se hizo el pasado 18 de mayo.

El encargo de Catalá se produjo justo después de la condena a la Manada, que generó una indignación en la calle canalizada a través de multitud de manifestaciones en toda España. El tribunal impuso una pena de nueve años de cárcel a los acusados al entender que hubo abuso sexual sin “violencia e intimidación”, y no agresión sexual. La Audiencia Provincial de Navarra revisa ahora esa sentencia.

En buena parte de las manifestaciones convocadas se escuchó el grito recurrente “No es abuso, es violación”, en referencia a ese fallo de la Manada. Varios expertos ya apuntaron entonces la necesidad de que la redacción del Código Penal fuese mucho más clara en este apartado.

El grupo de expertos al que el anterior Gobierno encargó reformar los delitos sexuales en el Código Penal -un encargo que mantuvo el actual Ejecutivo- se reunirá este jueves para analizar el borrador que han elaborado seis de ellos. Se trata de una propuesta “clara y sencilla”, según fuentes del grupo de expertos, pero cuyos detalles no han trascendido.

El exministro de Justicia Rafael Catalá encargó el pasado mes de junio una revisión de estos delitos a la sección penal de la Comisión General de Codificación, un órgano asesor al que no había consultado nunca. Ni él, ni prácticamente ningún Gobierno de los últimos 20 años. Recuperar a ese grupo de juristas obligó a actualizar a sus integrantes, todos hombres. La polémica que se generó por la nula presencia de expertas obligó a cambiar su composición antes de iniciar los trabajos y debido también a las presiones de los propios integrantes. Algunos de ellos dimitieron para ceder su sitio a mujeres.

Al final se optó por ampliar hasta el límite legal el número de componentes de la comisión, lo que permitió dar entrada a 12 mujeres que actualmente trabajan junto a 13 hombres. Además, se incorporó a tres expertas que trabajarían de forma puntual para esta reforma. Ese cambio en la composición se hizo el pasado 18 de mayo.

El encargo de Catalá se produjo justo después de la condena a la Manada, que generó una indignación en la calle canalizada a través de multitud de manifestaciones en toda España. El tribunal impuso una pena de nueve años de cárcel a los acusados al entender que hubo abuso sexual sin “violencia e intimidación”, y no agresión sexual. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra revisa ahora esa sentencia.

Los juristas de la sección penal de la Comisión General de Codificación se reunirán por primera vez en seis meses este para tratar este asunto. No han sido convocados durante este tiempo a pesar de que el plazo para presentar su propuesta de reforma acaba este jueves. Van a exceder ese límite, porque en este primer encuentro tan solo se analizará el borrador. Fuentes de la comisión aseguran que en esta primera reunión no se va a decidir nada todavía.

Las 15 mujeres y 13 hombres que se reúnen este jueves tienen orden expresa de no hablar sobre el contenido concreto de la propuesta que han recibido y deben estudiar. Fuentes de la comisión se limitan a señalar que se trata de un texto “muy breve y muy claro”, que simplifica mucho la redacción de los delitos de contenido sexual en el Código Penal y que “reorganiza” las penas para evitar confusión.

Algunos expertos consultados celebran la claridad y brevedad del texto -algo normalmente “inusual” en este tipo de procesos legislativos- pero coinciden en que hay algunas irregularidades en el trabajo. Varios expertos, por ejemplo, no saben de dónde sale este primer borrador, si de una subcomisión que se creó o del grupo de tres expertas a las que el actual Gobierno encargó una revisión general de todo el Código Penal con perspectiva de género.

Además, algunos de esos expertos se sorprenden de que la primera reunión haya tardado tanto tiempo en convocarse, y se haga el mismo día que acaba el plazo para culminar los trabajos. “Hemos estado parados durante todo este tiempo”, dice uno de los expertos. Otro hace hincapié en que todavía no saben de donde ha salido el borrador: “nunca he visto un proceso legislativo tan irregular”.

Fuentes de la Comisión indican que el texto lo ha elaborado la primera subcomisión de seis expertos a la que Catalá encargó un primer borrador. Apuntan que durante estos meses se ha trabajado junto a los asesores del Ministerio de Justicia, tanto del anterior Gobierno como del actual, para perfilar esta primera idea.

Según explican esas mismas fuentes, lo que se va a presentar este jueves a los expertos es tan solo una base sobre la que comenzar a trabajar. Los juristas tendrán un tiempo para analizar el texto y proponer mejoras, en un trabajo que durará todavía algún tiempo. No descartan que tengan que convocarse nuevas reuniones en el futuro para poner en común las impresiones de los expertos. Un experto consultado refrenda esta idea: “lo veo verdísimo”.

Aunque no ha trascendido la propuesta que se debate este jueves -por petición expresa a los vocales de Esteban Mestre, presidente de la sección penal-, el debate previsiblemente girará sobre la incorporación del un delito expreso sobre violación.

Cuando Catalá realizó el encargo, algunos vocales se mostraron partidarios de incluir ese término para adecuar el Código Penal al lenguaje de la “ciudadanía”. Otros consideraron innecesario añadir esa palabra a la actual redacción, pero apostaron por aunar el abuso y la agresión en un solo delito, cuyo castigo varíe según los agravantes.

Herbert Smith Freehills, el despacho angloaustraliano que pretende fichar al exministro de Justicia y actual diputado del PP, Rafael Catalá, tuvo como asesor hasta el pasado abril a Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, exministra de Defensa y exdiputada María Dolores de Cospedal, según confirman a eldiario.es fuentes del bufete.

Esas fuentes explican que López del Hierro fue miembro de su consejo asesor desde octubre de 2016 hasta el pasado abril, cuando salió de ese órgano consultivo debido a la renovación “natural” que suele producirse en el mismo cada cierto tiempo.

Fuentes próximas a López del Hierro señalan que en ese órgano el empresario coincidía con, entre otros, el exministro del PP Josep Piqué, el exconsejero delegado delegado de Banco Santander Alfredo Sáenz o Ernesto Mata, que fue directivo de Unión Fenosa, entre otros cargos.

Este tipo de consejos asesores (que no figuran en ningún registro oficial) son muy habituales en el mundo de la abogacía, del que Herbert Smith se ha convertido en un pujante actor en los últimos años. La firma, que cuenta entre sus socios con Leopoldo González Echenique, presidente de RTVE de 2012 a 2014 y abogado del Estado como Cospedal, registró en 2017 una facturación de 31 millones de euros, lo que le sitúa entre las 20 mayores del país.

El bufete, que como suele ser norma del sector en España no comunica sus beneficios, canaliza sus operaciones en España a través de la firma británica Herbert Smith Freehills Spain LLP. En el ejercicio 2017 (cerrado el 30 de abril de ese año), esta sociedad multiplicó por 16 sus beneficios, hasta 2,276 millones de euros, según sus últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil de Reino Unido.

El despacho, al que el Gobierno de Mariano Rajoy renovó en enero pasado el contrato de asesoramiento para los pleitos que el Estado español mantiene con algunos inversores extranjeros en el sector fotovoltaico por los recortes a las energías renovables, se dedica, según destaca en su web, a ayudar a las empresas a manejar transacciones “complejas e innovadoras”. Trabaja con empresas del Ibex 35 y con importantes clientes locales y multinacionales con operaciones de alto perfil en España y el resto del mundo, proporcionándoles asesoramiento legal nacional y transfronterizo.

El consejo asesor de Herbert Smith España, que lleva sin reunirse desde primavera, es el órgano al que se prevé que se incorpore Rafael Catalá. El exministro de Justicia y Fomento, que pretende compatibilizar ese puesto con su escaño del Congreso, es también el actual secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP. No consta que la Oficina de Conflictos de Intereses haya dado todavía su preceptivo visto bueno a ese fichaje. Este órgano rara vez ha vetado un nombramiento de este tipo.

“Pena y tristeza”

Catalá, que el pasado verano apoyó públicamente a Cospedal antes de que esta perdiera las primarias con las que intentó alcanzar la presidencia del PP, es uno de los pocos cargos del partido que la semana pasada salieron en defensa de la expresidenta de Castilla-La Mancha, después de que una serie de polémicas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo liquidasen su carrera política.

El pasado viernes, Catalá consideró “muy ingrato y muy injusto” que esas grabaciones “contaminen una carrera política de treinta años” y dijo tener una “sensación de pena y tristeza” por la salida de Cospedal del Congreso de los Diputados y la Ejecutiva del PP.

López del Hierro, de 71 años, va a perder próximamente sus cargos en Iberdrola (la eléctrica va a liquidar las dos filiales de las que es consejero), aunque se mantiene de momento como vocal de la concesionaria de autopistas Itínere, donde representa los intereses de Liberbank, la entidad que absorbió a la extinta (y fallida) Caja Castilla-La Mancha, de la que también fue consejero y a la que asesora desde hace años.

Hace dos semanas, tras salir a la luz las primeras grabaciones comprometedoras para el matrimonio, El Confidencial publicó que Société Générale había decidido no renovar a López del Hierro como ‘senior advisor’ del banco francés en España. El marido de Cospedal se mantiene como administrador único de su consultora Hilo de Inversiones, en la que recientemente afloró un sueldo de más de 200.000 euros anuales. 

PP y PSOE ultiman un acuerdo para repartirse de nuevo los puestos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los dos partidos negocian la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces así como la presidencia del Tribunal Supremo en un momento de grave crisis de la justicia en vísperas del juicio del procés  y tras el escándalo de la sentencia de las hipotecas que ha enterrado el prestigio del alto tribunal. 

El pacto para la renovación del CGPJ está “adelantado”, según las fuentes consultadas por eldiario.es, aunque quedan por cerrarse algunos flecos. El lunes termina el plazo, después de varias prórrogas, para que se registren las propuestas de los grupos: “El lunes les informaremos de la propuesta del PSOE y si va acompañado de otros partidos o no”, expresó en una entrevista la número dos del partido, Adriana Lastra. 

Sánchez y Casado acordaron iniciar las conversaciones en su reunión en el Palacio de La Moncloa a principios de agosto. Es el único encuentro que han mantenido, y han dejado las negociaciones en manos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de su antecesor por parte de los conservadores, Rafael Catalá, que se han reunido en varias ocasiones. 

El reparto para la renovación que constitucionalmente está prevista para inicios de diciembre, que es cuando acaba el mandato de Carlos Lesmes, es que PP y PSOE se adjudiquen la mitad de los nombramientos cada uno. Las Cortes tienen que designar a los 20 vocales del CGPJ –de los que doce son magistrados designados a partir de las propuestas de las asociaciones y ocho por las formaciones exclusivamente– con una mayoría cualificada de tres quintos. Una vez compuesto, eligen al presidente, que generalmente ya llega pactado. 

El PP es imprescindible para la renovación del órgano judicial dada la mayoría reforzada que requiere su composición por lo que los socialistas han puesto sus esfuerzos en llegar a un entendimiento con Catalá, aunque fuentes del PP aseguran que “no hay acuerdo” y que ni siquiera está encauzado. El PSOE es más optimista. 

Una terna de mujeres

Las negociaciones sí están encarriladas para que la presidencia del Poder Judicial recaiga por primera vez en una mujer. El PSOE también pretende que la composición del órgano de gobierno de los jueces sea paritaria. En la actualidad, solo nueve de los 21 integrantes son mujeres. Los nombres que están en la terna de las conversaciones son los de Encarnación Roca, actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional; María Lourdes Arastey, miembro de la Sala Social del Supremo; Pilar Teso, magistrada de lo contencioso-administrativo también del alto tribunal; y Ana Ferrer, miembro de la sala de lo Penal. La última es la que más suspicacias despierta en el PP. 

El acercamiento de PP y PSOE se produce pese a que Sánchez anunció la ruptura de relaciones con Casado, después de que este le acusara de ser “partícipe” en el “golpe de Estado” en Catalunya. Los socialistas reconocieron ya entonces que no se trataba del fin de los tratos entre ambos partidos porque los dos se “necesitan”. 

De hecho, la negociación del reparto de los puestos del Poder Judicial ha sido una prioridad para el Gobierno, que espera que modificaciones como la del CGPJ para que los miembros tengan de nuevo dedicación exclusiva tampoco se frustren ante el encuentro que han logrado con el PP: “Tiene que renovarse porque es una obligación y una urgencia democrática y queremos que estén reflejadas todas las sensibilidades no políticas o ideológicas sino sociales, que haya gente experta en violencia de género, en lucha contra la corrupción”, argumentó Lastra. 

Sus palabras sobre la necesidad de renovar el CGPJ –más allá de finiquitar el de Lesmes– se produjeron justo cuando el Supremo cambió radicalmente su decisión sobre el pago del impuesto de las hipotecas para que lo asumieran los clientes en vez de la banca, como inicialmente había dictaminado. El presidente del Gobierno emplazó al alto tribunal a hacer “autocrítica” y enseñó a Lesmes la puerta de salida, aunque la decisión en el Gobierno estaba tomada desde mucho antes. Catalá también se ha distanciado de Lesmes, con quien no mantiene una buena relación. Eso ayuda a que el PP facilite la renovación y no la bloquee, como hizo durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008. 

PP y PSOE, que suman los apoyos parlamentarios precisos para sacar adelante la renovación, han negociado de espaldas al resto de formaciones en un momento en el que los jueces han anunciado una huelga, entre otras cuestiones, por la politización de la justicia. Pero el Parlamento no ha sido capaz en lo que va de legislatura de llegar a un entendimiento para cumplir con algunas de las sugerencias de instituciones, como el Consejo de Europa, que reclaman que sean los jueces y no los partidos en el Parlamento los que designen a su órgano de gobierno. 

Cesión a Podemos y fuera el resto de partidos

Ciudadanos se excluyó de la negociación del reparto porque no está de acuerdo con el modelo de elección. Los de Albert Rivera abandonaron el Pacto por la Justicia en el Congreso por la negativa de PP y PSOE a permitir que doce vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces. 

El PSOE sí tiene previsto cederle a Unidos Podemos un nombre de los diez que tiene que proponer. La formación de Pablo Iglesias optará por la magistrada Victoria Rosell, que fue diputada del grupo confederal y dimitió por una investigación del juez Salvador Alba a partir de una querella del exministro José Manuel Soria que finalmente fue archivada. 

En el Gobierno no tienen intención de involucrar a los partidos independentistas en la renovación del Poder Judicial, aunque el Govern sí tiene intención de participar. 

PP y PSOE dejarían fuera, por tanto, a los nacionalistas de la renovación de la cúpula judicial en un momento en el que las formaciones independentistas han cargado contra el sistema judicial por el juicio del procés. Los socialistas dan precisamente importancia a que ese proceso judicial se dé con un nuevo CGPJ y una nueva presidencia del Supremo: “Espero que los juicios que vengan se hagan ya con los órganos renovados”, ha expresado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.