El Ministerio de la Seguridad Social va a corregir un criterio en vigor desde el 1 de enero por el que ha dejado de aplicar las penalizaciones progresivas por jubilación anticipada a las personas con pensión máxima que pactó en la reforma de pensiones de 2021. Desde comienzo de año, el organismo aplica “de golpe” los recortes previstos para 2033, denuncia Juan, un trabajador afectado, a punto de jubilarse de manera anticipada. Tras las quejas de los sindicatos CCOO y UGT, el departamento de Elma Saiz va a rectificar y volver a aplicar el periodo transitorio de penalizaciones, adelantan en el Ministerio a elDiario.es.

El conflicto se originó a finales de año, cuando la Seguridad Social colgó un mensaje en su Simulador de la pensión que advertía de que, a partir del 1 de enero, dejaba “de ser de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34” de la Ley General de la Seguridad Social y que, por tanto, los cálculos de jubilaciones anticipadas afectadas por esta “no son correctos”.

En la práctica, esto puede significar un gran –y repentino– aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar los 400 euros al mes más.

Es el caso de la penalización para quienes tengan derecho a la pensión máxima, con menos de 38 años y medio cotizados y decidan anticipar el retiro dos años antes de la edad legal de jubilación. En ese caso, el periodo transitorio pactado recogía un recorte del 9,1% en la pensión en 2026, pero la Seguridad Social está aplicando de golpe el del final del periodo: un 21%, que se preveía aplicar en 2033.

A Juan (nombre ficticio), el cambio le implica pasar de un recorte del 3% a uno del 5,5%. “Con la paradoja de que si supiese esto y hubiese solicitado la jubilación para diciembre, la reducción habría sido del 4,76%, pero el INSS me 'engañó”, sostiene el trabajador.

El conflicto: el periodo transitorio de penalizaciones

El foco del conflicto ha sido la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la mencionada disposición transitoria 34 se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, las penalizaciones por retiro anticipado a las personas con derecho a la pensión máxima, que el entonces ministro José Luis Escrivá insistía en que tenían una posición ventajosa respecto al resto de trabajadores.

Como las penalizaciones se aplicaban sobre la base reguladora (similar al salario), en el caso de los sueldos más altos –con bases de cotización por encima de la pensión máxima– el resultado era que, aunque los trabajadores se jubilaran de manera anticipada, apenas veían mermada su pensión final.

Esto, que se justificaba desde una lógica en la que estos trabajadores con salarios más altos aportan más al sistema, no tenía ningún efecto desincentivador del retiro anticipado para este grupo de trabajadores, denunciaba Escrivá. Finalmente, el Ministerio pactó con los agentes sociales aplicar los recortes sobre la pensión máxima (en lugar de sobre la base de cotización), pero hacerlo poco a poco, de manera progresiva en una senda ascendente de penalizaciones desde 2024 a 2033, que además fuera acompañado de un aumento de la pensión máxima.

Esos recortes progresivos se plasmaron en la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social, en su segundo apartado. Sin embargo, se incluyó un 'pero'. En el apartado uno se contempló (en un artículo de difícil comprensión) que estos coeficientes “sólo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

Con base a este artículo, dada la inflación elevada de los años pasados y, por tanto, lo que ha subido la pensión máxima –situada en 3.360 euros brutos al mes en 14 pagas este año–, la Seguridad Social han interpretado que las pensiones resultantes ya son en todo caso superiores a las que se hubieran percibido antes de la reforma de 2021. Por ello, ha dejado de aplicar el periodo transitorio desde el pasado 1 de enero e implementa los coeficientes reductores finales de la tabla. Los que estaban planteados para 2033.

Cambio tras las quejas de los sindicatos

“Es un incumplimiento flagrante de lo pactado”, denunciaba el pasado viernes Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. El sindicalista advertía de que, en el pacto social, se había planteado el apartado 1 de la disposición “como una garantía adicional” a las penalizaciones progresivas hasta 2033, y no como un condicionante para su aplicación.

Bravo explicaba que, por cautela ante la posibilidad de años de bajadas de precios o inflaciones muy reducidas en los próximos años, las partes acordaron incluir un añadido a la tabla de penalizaciones progresivas que garantizara que “en ningún caso” las pensiones resultantes serían peores que las que hubieran resultado en 2021.

“Hemos pedido que lo corrijan”, añadía Bravo. Tanto CCOO como UGT reclamaron al Ministerio de Elma Saiz una solución a este conflicto y a otros compromisos de pensiones sin resolver, como la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando en la negociación sobre la incapacidad temporal, por el aumento de bajas médicas.

Finalmente, este lunes el Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado a elDiario.es que así lo hará, a consultas de este medio. “El marco normativo transitorio se ha visto rebasado por las revalorizaciones, fruto de la crisis inflacionaria. Esto ha generado una situación que ha habido que analizar jurídicamente para poder seguir aplicando el régimen transitorio”, responden en el departamento de Elma Saiz.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social no aclaran desde cuándo volverán a aplicar los coeficientes previstos para 2026, ni qué pasará con las pensiones ya reconocidas en estos dos primeros meses del año a las que se les haya aplicado los coeficientes planteados para 2033.

En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando a las personas afectadas por este cambio en las penalizaciones a aplazar sus citas con la Seguridad Social hasta que se hubiera aclarado este aspecto.

Juan denunciaba que “este giro” ha supuesto “un quebranto absoluto de la confianza legítima” con la Seguridad Social, por el cambio tan repentino y “sin transparencia”, ya que critica que “se estuviera comunicando mediante una advertencia técnica en la web, sin una circular u orden oficial que lo justifique públicamente”.

La Sala Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con la que unifica doctrina en la que deniega el derecho a jubilarse anticipadamente a una empleada de banca que dimitió al serle comunicado su traslado a otra provincia por el plan de cierre de oficinas que estaba llevando a cabo Banco Mare Nostrum, entidad en la que la mujer llevaba 36 años trabajando.

En el fallo, adelantado por 'Cinco Días', se explica que la ley vigente en el momento de los hechos no permitía el retiro anticipado cuando el contrato de trabajo se extinguía a instancias del trabajador.

Esto fue modificado a posteriori, en la reforma de pensiones de 2021, cuando se incluyó entre las causas para poder jubilarse anticipadamente la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador.

La mujer, que entró a trabajar en Banco Mare Nostrum en noviembre de 1978, fue incluida en el plan de medidas de flexibilidad interna con reducción de su jornada y salario en un 20% desde el 29 de julio de 2013. Dicho plan contemplaba traslados a otros centros de trabajo “a los efectos de minimizar el impacto sobre el empleo derivado del cierre de oficinas y ajuste de plantillas en departamentos”.

En noviembre de 2014, la entidad comunicó a la trabajadora que se había decidido su traslado de centro de trabajo a la oficina de Villamalea (Albacete), debiendo incorporarse a la misma en el plazo de 30 días naturales. Disconforme con este traslado, la mujer solicitó a la empresa la extinción de su relación laboral, que le fue concedida con efectos desde el 23 de noviembre de 2014.

En 2019, la demandante presentó solicitud de pensión de jubilación, que le fue denegada por tener entonces cumplidos 61 años, edad inferior en más de dos años a la edad legal de 65 años, y por no haberse producido el cese en el trabajo por causas no imputables a la libre voluntad del trabajador. Pese a que reclamó contra esta decisión a la Seguridad Social, ésta desestimó de nuevo sus pretensiones y recurrió a los tribunales.

En un primer fallo, dictado en mayo de 2021 por el Juzgado de lo Social número 10 de Málaga, se dio la razón a la trabajadora en su demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), reconociéndole el derecho a acceder a la jubilación anticipada, con una base reguladora de 2.874,33 euros, en un porcentaje del 70% y con efectos desde el 31 de octubre de 2019.

El INSS recurrió en suplicación esta primera sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio la razón a la Seguridad Social y revocó el fallo anterior, denegándole a la mujer el derecho a la jubilación anticipada.

Fue entonces cuando la demandante presentó un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. En su fallo, el Alto Tribunal señala que la redacción aplicable al presente supuesto es la redacción anterior a la proporcionada por la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Así, la ley aplicable entonces (artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social) exigía que, para poder acceder a la jubilación anticipada, el cese en el trabajo tenía que haberse producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impidiera la continuidad de la relación laboral.

De este modo, el Supremo señala que entre las causas para acogerse al retiro anticipado no estaba la causa extintiva del caso analizado: la extinción del contrato de trabajo por la que puede optar la persona trabajadora como consecuencia de una movilidad geográfica decidida por la empresa ni la extinción por voluntad del trabajador.

En suma, el Alto Tribunal interpreta que las causas extintivas que permitían por entonces el acceso a la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador no sólo estaban tasadas legalmente en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, sino que en la redacción aplicable “se anudaban exclusivamente y con toda claridad a las situaciones de restructuración empresarial”.

“Con toda claridad, de conformidad con la redacción del artículo 207.1 d) anterior a la Ley 21/2021 -redacción que es aquí la aplicable-, la jubilación anticipada por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador no estaba al alcance de quienes habían extinguido su contrato como reacción frente a una decisión empresarial de movilidad geográfica”, señala el Supremo, que confirma así el fallo del TSJA y desestima las pretensiones de la recurrente.

En 2007 Mercasevilla ofreció a sus trabajadores mayores de 50 la posibilidad de acogerse a una prejubilación en unas condiciones pactadas con los representantes de los trabajadores y aprobada por la Consejeria de Empleo de la Junta de Andalucía. En el anexo, página 3, punto 2, se dice lo siguiente: “Que dicho Plan de Prejubilaciones tendrá una vigencia de tres años, en concreto del 2 de Mayo de 2007 hasta el 31 de Abril de 2010, negociándose anualmente entre las partes las plazas a amortizar cada año. La Dirección de la Empresa, pondrá a disposición de los trabajadores afectados un Plan de Prejubilaciones. La adscripción al Plan de Prejubilaciones será voluntaria por parte de los trabajadores afectador”.

Y, ¿qué es una prejubilación? Según el 'Boletín sobre el envejecimiento nº33 de septiembre 2008', con el sello del Ministerio de Educación Política Social, es un término que “no existe en el ordenamiento jurídico actual como término legal. Normalmente hace referencia a la finalización del contrato laboral a una edad determinada, generalmente a partir de 55 años (aunque hay casos en los que se produce antes), sin derecho a percibir pensión contributiva alguna. En estos casos, se llega a un pacto entre la persona empleada y la empresa para establecer una indemnización para el trabajador/a que se denomina baja incentivada, y, por lo general, el empleado pasa a cobrar una prestación de desempleo o un subsidio pagado por la empresa hasta que más adelante (normalmente a los 60-61 años) pueda acceder a la prestación contributiva de la jubilación”.

El Estatuto de los Trabajadores no habla de “prejubilación”, y no puede ser de otra manera pues la prejubilación no existe en el ordenamiento jurídico, como dice el citado boletín. El Estatuto de los Trabajadores es una ley, pero sí habla de la “extinción de contrato”, en la Sección 4.ª, artículo 49, apartado 1a, “por mutuo acuerdo de las partes”. Eso coincide plenamente con nuestra situación, pues fue de forma voluntaria y aceptando las condiciones que la empresa ofrecía.

La sentencia del TSJA nº 1463/15 dijo que “en el presente caso no nos encontramos ante una defectuosa tramitación del expediente de regulación de empleo nº002 sino ante la falta de control del contenido del acuerdo alcanzado entre representación de la empresa y los trabajadores, homologado por la Junta de Andalucia, cuando el mismo podría resultar fraudulento, abusivo o irregular por pactarse indemnizaciones muy superiores a la prevista en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Procedimiento Laboral para los despidos Improcedentes.

¿De dónde saca el TSJA que nosotros nos hemos visto involucrados en un despido improcedente? Como dice el Estatuto de los Trabajadores hubo “mutuo acuerdo de las partes”, y además a través de prejubilaciones que, como ya hemos visto, no están legisladas. ¿De dónde el abuso de indemnizaciones superiores a la prevista en los estatutos? No hay nada previsto en los estatutos para las prejubilaciones. Es de suponer que a la vista de los señores/as magistrados lo pactado con la empresa suponía unas pensiones demasiado altas para unos simples trabajadores del mercado central de abastecimiento. Esos trabajadores no se merecen tanto de ahí creo yo es su forma de ver en esta sentencia, pero desde luego no aplicando la inexistente ley de prejubilación.

La sentencia también dice que “todavía se incrementa más el importe de esta indemnización al incluir no solo el complemento salarial del que habla el acuerdo, sino una cantidad para cubrir el convenio especial de la Seguridad Social”. Pues aquí sí tenemos que hablar de ley. La reforma del Real Decreto-Ley 16/22 introduce una novedad, demandada hace tiempo, como es la posibilidad de que sea la empresa, en determinados supuestos, la titular de la suscripción del convenio especial, la práctica de entregar al trabajador el importe del mismo porque sólo el podía suscribirlo.

Recibir el pago de la empresa para sufragar el convenio colectivo no fue una forma de incentivar fraudulentamente a los trabajadores sino una obligación de la empresa

También el Estatuto de los Trabajadores se pronuncia sobre este tema en el mencionado artículo 49 de la extinción de contrato. “Cuando se trate de procedimiento de despido colectivos de empresa no incursas en procedimientos concursales, que incluyan a trabajadores con 55 o más años que no tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero del 1967, existía la obligación de pagar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto a los trabajadores señalados”. Este apartado no nos afecta totalmente a nosotros, porque en nuestro caso no fue un despido colectivo sino una prejubilación voluntaria, pero demuestra que recibir el pago de la empresa para sufragar el convenio colectivo no fue una forma de incentivar fraudulentamente a los trabajadores sino una obligación de la empresa en estos casos.

Entonces, ¿por qué el TSJA da ese dato como queriendo informar a la opinión publica de los abusos que se habían cometido en Mercasevilla, germen de lo que después seria el gran fraude de los ERE ilegales? Los trabajadores no tuvimos nada que ver en este asunto y se nos ha criminalizado como grandes beneficiarios de esta trama. Nada más lejos de la realidad, los trabajadores hemos sido engañados, y yo diría estafados, por Mercasevilla, que ahora nos reclama lo que en su día nos ofreció para la extinción de nuestros contratos.

Pero la reclamación no queda ahí. Cuando Mercasevilla presentó el ERE a través de prejubilaciones voluntarias, también tenía que presentar la forma de pago de dichas prejubilaciones. La forma de pagar estas prejubilaciones consistían en unos pagos de Mercasevilla al Banco Vitalicio, que era el encargado de realizar los pagos mensuales y otra parte sería la Junta de Andalucía, que aportaría el resto.

Mercasevilla aportó los siguientes pagos: 16/11/2007-125.000 euros, 26/02/2008-75.126,50 euros, 04/06/2008 -123.168.06 euros, 11/12/2008-72.000 euros, lo que hace un total de 395.294,56 euros. La Junta de Andalucía, seguramente, pagó hasta noviembre de 2009, pero de eso nadie hasta ahora tiene constancia. Lo cierto es que en esa fecha de noviembre de 2009 fue el último pago que realizó el Banco Vitalicio, que hasta esa fecha ya había pagado la cantidad de 552.057,23 euros, es decir, 156.762,67 euros más de lo que Mercasevilla había aportado. El Banco Vitalicio nunca se presentó en ninguna de las causas abierta sobre este asunto, pues cabe suponer que alguien le había pagado esa diferencia.

El porqué de toda esta explicación el siguiente: Mercasevilla está reclamando a los trabajadores la cantidad de 552.057,23 euros, que es la totalidad pagada por el Banco Vitalicio y que excede en 156.762,67 euros lo que la empresa ya pagó. Después de todo lo anterior, de reclamaciones de las cantidades que ella misma nos había ofrecido, también quiere enriquecerse de forma irregular a costa de los trabajadores, y además, avalado por la sentencia del TSJA, que es la que incluye esas cantidades sin haberse tomado la pena de sumarlas para ver que Mercasevilla pide algo que no le pertenece.

Las indemnizaciones millonarias para alrededor de 3.000 profesores vascos que se prejubilaron a cambio de una prima que nunca han recibido siguen en el limbo judicial. El consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, se ha mostrado este viernes en el Parlamento Vasco seguro de que prosperará el recurso que el Ejecutivo ha presentado contra la primera sentencia de una demanda colectiva que reconoce el derecho de estos profesores a recibir el dinero prometido a cambio de que adelantaran su jubilación. En respuesta a una pregunda formulada por el parlamentario de PP+Cs, José Manuel Gil, el consejero ha señalado que la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que se reconoce el derecho a cobrar las primas por prejubilación, “contraviene la doctrina jurisprudencial dictada por esta Sala por idénticas reclamaciones”, motivo que sustancia el recurso presentado por el Ejecutivo.

La última sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vitoria, que responde a tres demandas colectivas que se han agrupado en una y en la que están representados 2.362 personas, da la razón a los docentes, y les reconoce el derecho a cobrar las primas por prejubilación, que se habían acordado con el Departamento de Educación, que el Ejecutivo vasco -bajo el mandato del socialista Patxi López- “suspendió” en 2012 por la crisis económica y que nunca más se recuperaron. Esta sentencia, conocida en el mes de junio, es la primera que da respuesta a una demanda colectiva, pero ha habido otras individuales que se han ganado también en primera instancia y que después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado. 

“Me enseñaron que lo que se firma se cumple”

Gil ha afeado al Gobierno vasco que haya decidido recurrir esta sentencia y “alargar el conflicto” en el que están inmersos cerca de 3.000 profesores. “A mí me enseñaron desde pequeñito que lo que se firma se cumple siempre”, ha señalado el representante de PP+Cs. “Eso es lo que su departamento debe enseñar a los niños; y mal va a poder hacerlo si su conducta dice lo contrario”, ha insistido.

Gil ha recordado que se trata de unos docentes que “después de décadas de servicio público, deciden jubilarse porque se les ofrecen unas condiciones y posteriormente se incumplen desde el Gobierno. Es indignante. Con casos como este no es de extrañar el profundo descrédito con el que los ciudadanos ven a la política”. En este sentido, ha pedido al Gobierno que cuando el 25 de este mes apruebe los presupuestos “se comprometan a que este año no van a incluir la cláusula de suspensión del acuerdo”.

Bildarratz se ha mantenido firme, si emnargo en que hay jurisprudencia suficiente que argumenta que una norma con rango de ley, como es la ley presupuestaria, “ostenta una jerarquía superior sobre cualquier acuerdo regulador y, por tanto, la suspensión que prevé ha de prevalecer sobre lo dispuesto en dicho acuerdo. A la vista de los pronunciamientos previos de los tribunales, y según nuestros servicios jurídicos, no cabe, por tanto, una estimación de la reclamación efectuada, ya que se produciría una vulneración de la jerarquía normativa”.

La Seguridad Social ha abonado este marzo por primera vez el nuevo complemento para “largas carreras de cotización”, creado en la reforma de pensiones. La medida ha alcanzado “unas 98.000” prestaciones, ha informado el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá en una nota, con un importe que asciende en total a “2,8 millones de euros”. En estimaciones previas, la Seguridad Social calculó que el complemento podría alcanzar a unas 213.000 personas, más del doble de las reconocidas este mes. “Aún quedan pensiones por revisar” que puede que se beneficien de la medida, responden a elDiario.es en el Ministerio.

El 'plus' en cuestión, destinado a personas que se jubilaron de manera anticipada con “largas carreras de jubilación”, se incluyó en una disposición adicional en el primer bloque de la reforma de pensiones, aprobado a final de año. La legislación recogió este complemento para personas que se hubieran retirado de forma anticipada entre 2002 y 2021 con carreras de al menos 44 años y seis meses cotizados, o de 40 años o más de cotización si la cuantía de la pensión era inferior a 900 euros mensuales.

¿A cuánto asciende el complemento? Depende de caso. Su cuantía viene determinada por la diferencia entre las pensiones reconocidas a este colectivo y la que habría resultado si se hubiera aplicado “a la pensión inicial los coeficientes reductores” nuevos recogidos en la reforma de pensiones, que quedaron algo mejorados para las largas carreras de cotización. El plus se paga en 14 pagas, como las prestaciones de jubilación.

Asociaciones de pensionistas con largas carreras de cotización, como Asjubi40, pedían que se despenalizara el retiro anticipado de trabajadores con carreras de más de 40 años cotizados. El Ministerio estudió la cuestión, emplazado por el Pacto de Toledo, pero lo descartó, ya que consideraba que podía suponer un “agravio comparativo” con otros pensionistas. Finalmente, la reforma de pensiones incluyó dos medidas para el colectivo, tras pasar por tramitación parlamentaria: los coeficientes reductores más favorables cuando se retiran anticipadamente y este nuevo complemento para los que ya se hubieran jubilado entre 2002 y diciembre de 2021.

Aún no se han cerrado todos los beneficiarios

El Ministerio de la Seguridad Social estimó, a partir de algunos cálculos preliminares, que el complemento sería aplicable a alrededor de 237.000 jubilados anticipados con largas carreras de cotización, pero que en torno a 24.000 estarían excluidos de la medida por percibir la pensión máxima reconocida en el sistema, de 2.819 euros al mes en 2022. Por lo tanto, los beneficiarios estimados se quedaban en unos 213.000, como informaron varios medios. Desde Asjubi40, que no comparten la medida, creen que el número de jubilados que lo percibirá será inferior, ya que consideran que los criterios para su asignación son “muy restrictivos”.

Fuentes del Ministerio responden a este medio que todavía hay más personas que puede que se beneficien de la medida, ya que “aún quedan pensiones por revisar”.

La legislación contempló que el complemento sería reconocido de oficio por la Seguridad Social, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma. Es decir, el 1 de abril. El Ministerio ha cumplido los plazos para estas 98.000 pensiones, a las que ha abonado el plus por primera vez en la nómina de marzo, y queda por ver cuántas más personas se benefician de la medida en el siguiente ingreso de abril.

El ministro José Luis Escrivá quiere reducir las prejubilaciones pactadas entre empresas y sindicatos en procesos de reestructuración como los ERE. “Aquí tenemos que hablar con los agentes sociales, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tenemos que intentar otros métodos de política económica”, afirmó el responsable de la Seguridad Social esta semana. Escrivá considera que estas salidas anticipadas del mercado laboral, en las que trabajadores de avanzada edad dejan sus puestos con condiciones pactadas a la espera de una jubilación próxima, sobrecargan el sistema público de pensiones. “No vayamos al camino fácil”, emplazó el ministro, que aseguró que hablará de “alternativas” con los agentes sociales.

Las prejubilaciones, pactadas en la negociación colectiva o de manera individual, pueden ser de diferentes tipos. El sector financiero es uno de los que más recurre a esta herramienta cuando reduce su personal, aunque no el único. Un ejemplo práctico frecuente: el trabajador es despedido y se va al paro por dos años –ya que suelen tener el periodo cotizado para ello– con un complemento de renta por parte de la empresa para que no pierda tanto poder adquisitivo. Una vez termina su derecho a la prestación por desempleo, el empleado está en edad para poder jubilarse (muchas veces de manera anticipada) o al menos cerca, por lo que pasa a recibir la pensión cuando cumple las condiciones para ello.

Las opciones de prejubilaciones son múltiples y dependen del acuerdo que alcancen las partes. Por ejemplo, el ERE que aplicó Banco Santander el año pasado para más de 3.000 personas incluía prejubilaciones a partir de los 55 años. El banco dirigido por Ana Botín dará a conocer los detalles de otro ERE la semana que viene, dentro de una amplia lista de expedientes anunciados en las grandes entidades financieras.

Las declaraciones de José Luis Escrivá sobre las prejubilaciones se unen a los anuncios que ha ido adelantando sobre la reforma de las pensiones en la que trabaja su Ministerio, como su intención de endurecer el acceso a la jubilación anticipada voluntaria de los trabajadores con salarios altos y el fomento de la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Tras el acuerdo político en la comisión del Pacto de Toledo, que aún debe someterse a la votación del Pleno del Congreso de los Diputados, llega el turno de la negociación con los sindicatos y las patronales al respecto. El Ejecutivo de coalición ha reiterado su intención de revisar la legislación sobre pensiones con el respaldo del acuerdo político, pero también del social, con el aval de los agentes sociales.

En este segundo ámbito se encuadran las palabras del ministro sobre las prejubilaciones, que forman parte de la negociación de empresas y representantes de los trabajadores en el seno de las compañías y que pueden escaparse un poco de la reforma legislativa per sé de las pensiones y entrar más en terreno de la normativa laboral en manos de la ministra Yolanda Díaz.

A falta de que se concreten las intenciones del ministro y su capacidad de maniobra para abordar este asunto, lo que Escrivá ha expresado es su voluntad de hablar con los agentes sociales para tratar de sustituir las prejubilaciones por otras fórmulas “alternativas” que mantengan a los trabajadores de avanzada edad en el mercado de trabajo.

“La gente lo que quiere es seguir trabajando. Sé que esto a veces es difícil, tenemos que mirar a ver si hay mecanismos de subsidio de salarios, posibilidades a través de políticas activas de empleo,... Trabajar más en ese camino, evitar el camino fácil de desactivarles antes del mercado laboral y cargar a la jubilación”, afirmó el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Trabajadores expulsados del mercado laboral

España destaca en la UE por tener una tasa de empleo entre los mayores de 50 años bastante reducida en comparación con otro países europeos. El dato es del 33,1%, por debajo de la media de los 27 países de la Unión (36,8%) y muy lejos de Estados como Suecia (45,4%)y Alemania (44,6%), entre otros. Aunque este indicador depende de muchas cuestiones –como el tejido productivo de los países y si sus trabajadores están más o menos concentrados en sectores que requieren de esfuerzo físico o no, entre otras–, los sindicatos y el Gobierno ponen el acento en un mercado laboral español que “expulsa” a las personas de avanzada edad y que, una vez que se quedan sin empleo, tienen muy difícil encontrar uno nuevo.

En este contexto, los sindicatos tienen sus recelos respecto a las palabras de Escrivá sobre las prejubilaciones, aunque confían en que el ministro les detalle pronto en la mesa de negociación a qué se refiere y cómo quiere abordar el asunto. En CCOO y UGT consideran que esta materia entra más en la legislación laboral que de pensiones y subrayan la importancia de mejorar la inserción laboral de este objetivo. Los sindicatos precisan que, una vez la empresa decide aplicar un despido colectivo, las prejubilaciones se sitúan como una de las opciones de salida “no traumáticas” para los trabajadores, para los que buscan “las mejores condiciones de salida”.

Si no se quiere que las personas de avanzada edad salgan en los ERE, “que limiten la salida de la gente con más de 50 años para que sigan trabajando hasta el final. Las empresas ahora utilizan las facilidades de la legislación española que existen”, afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Bravo considera que “la incoherencia ahora está en que la legislación facilita procesos de regulación incluso en empresas sin dificultades económicas”.

Desde UGT, Mari Carmen Barrera recuerda que las prejubilaciones entran dentro de la negociación colectiva y señala, sobre las jubilaciones anticipadas voluntarias, que “el 81,5% de las personas que se jubilan de manera anticipada proceden del desempleo”, según el análisis de datos del sindicato, por lo que no consideran que se puedan llamar “voluntarias” en muchos casos.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT llama a centrar la atención en esas situaciones de precariedad y paro que debilitan más tarde las pensiones de los afectados. “Lo que sí está en el Pacto de Toledo y hemos emplazado al Gobierno a hablar ya es qué pasa con las personas con largas carreras de cotización que ven mermada su pensión de manera injusta”, apunta sobre los trabajadores que se ven obligados a jubilarse de manera anticipada tras caer en desempleo.

Por su parte, fuentes de la patronal CEOE indican que los empresarios están a la espera de que el ministro les convoque a la mesa de diálogo para abordar el debate sobre las pensiones y recuerdan que la intención de las empresas es “siempre mantener todo el empleo posible, a cualquier edad”.

Las pensiones han vuelto a primera línea de la agenda pública. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, compareció este miércoles en la comisión sobre el Pacto de Toledo para informar de los planes del Gobierno para la futura reforma de las pensiones y de la Seguridad Social. La hoja de ruta es lograr que la edad efectiva a la que se jubila la población en España se acerque a la edad legal para hacerlo y una de las líneas de actuación para conseguirlo pasa por endurecer la jubilación anticipada voluntaria. El ministro anunció una revisión de los desincentivos a esta posibilidad, pero los cambios centrarán sus efectos en un destinatario: las pensiones más altas, que se ven menos perjudicadas que las pensiones más bajas con el actual sistema de penalización.

En 2020, la edad legal de jubilación ordinaria está situada en los 65 años y 10 meses y, en los casos de trabajadores con carreras de cotización de 37 o más años, en los 65 años . Sin embargo, la edad efectiva a la que se jubila la gente es inferior, con una media de 64,6 años. El ministro Escrivá defendió acercar la edad efectiva a la legal de jubilación como uno de los principales mecanismos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio plazo.

Para alcanzar este objetivo, la Seguridad Social planea actuar por dos vías: tratar de reducir las jubilaciones anticipadas voluntarias, que han aumentado mucho desde 2014, y aumentar las “jubilaciones demoradas” con mayores incentivos, por los que los trabajadores sigan en sus puestos más allá de la edad legal de jubilación y retrasen el cobro de su pensión.

Aunque el ministro no ha detallado cómo se aplicarán ambos planes, que en cualquier caso están a la espera del acuerdo en el Pacto de Toledo y de ser sometidos al diálogo social con empresarios y sindicatos, Escrivá ya ha adelantado que las penalizaciones en la jubilación anticipada pretenden acabar con “distorsiones” del actual sistema, que convierten el sistema en “regresivo”. Es decir, que los coeficientes reductores en la pensión benefician a los jubilados con mayores pensiones frente a los de pensiones más bajas.

“Si tienes una pensión relativamente baja, la penalización anual es del 8%, pero a medida que vas aumentando para los que cotizan por la base máxima, que es sensiblemente más alta que la pensión, la reducción efectiva en realidad es del 2%”, explicó el ministro en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Escrivá confirmó este jueves que pretende abordar este “mal diseño de los desincentivos para la jubilación anticipada”, ya que “que aunque formalmente el coeficiente de reducción es del 8% 'de facto' para muchas personas es del 2 o 3%. Es un desincentivo bajo”, afirmó en una entrevista en Onda Cero.

El objetivo, respondió el ministro, consiste en que este colectivo con pensiones más elevadas también vea limitada su pensión con desincentivos más elevados que acaben con la desigualdad actual. “Estamos dándole vueltas para que realmente sea un desincentivo”, apuntó.

La aplicación práctica del actual sistema supone que, por ejemplo, un trabajador que cotiza por la base máxima y tiene 44,5 años cotizados sufra una reducción de su pensión del 4% por adelantar su jubilación dos años, mientras que otro trabajador que cotiza por la base media (con los mismos años trabajados y que anticipa lo mismo su retiro) ve mermada su pensión un 13%, explican en la Seguridad Social.

El origen de las diferencias entre las penalizaciones a las pensiones más altas y más bajas pasa porque los coeficientes reductores se aplican sobre la base de cotización, no sobre la cuantía que percibe el pensionista. La diferencia entre la base de cotización y la cuantía de la pensión no es muy significativa en general, pero sí llega a serlo en el caso de las pensiones más altas. La base máxima de cotización (4.070,10 euros en el Régimen General) está bastante por encima de la cuantía de pensión máxima, de 2.683,34 euros mensuales en 2020. Así, cuando se aplica la penalización sobre la base de cotización, aún hay margen para que la pensión no se vea tan reducida como en las pensiones menos cuantiosas.

Escrivá ha apuntado que esta escasa penalización alcanza a un “número importante” de pensionistas y confía en poder reducir el número de retiros anticipados voluntarios. Según el último dato de agosto, de los 9,8 millones de pensiones que se abonaron en España, unas 341.000 eran superiores a los 2.683,33 euros mensuales. Otras casi 200.000 pensiones son de una cuantía superior a los 2.500 euros al mes.

Queda por ver si también se incrementarán algo o de alguna manera las penalizaciones a la jubilación anticipada del conjunto de pensionistas y cuándo empezarían a aplicarse estos cambios. Por la postura del ministro sobre las reformas de pensiones, no parece que las modificaciones vayan a aplicarse de manera inmediata y abrupta, ya que Escrivá siempre ha defendido que hay que dar algún tiempo a los trabajadores de edad más elevada para planificar su jubilación.

En cualquier caso, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insistió en el Pacto de Toledo en que el Gobierno pretende aprobar la reforma de las pensiones a partir del consenso político y social. Una vez el conjunto de partidos políticos lleguen a un acuerdo en la comisión parlamentaria, el Ministerio presentará sus planes al propio Pacto y negociará la reforma con los empresarios y sindicatos, por lo que sus planes pueden sufrir cambios.

Acerinox planea una reducción de plantilla de 330 trabajadores en la planta de la empresa de acero inoxidable en el polígono de Palmones, en Los Barrios (Cádiz). En la factoría gaditana hay una gran inquietud porque no será nada fácil amortizar esos despidos en una provincia que concluyó el año 2018 con la tasa de paro más alta entre todas las de Andalucía y de España.

La empresa planteó a primeros del mes de julio realizar esta reducción de la plantilla a través de prejubilaciones, bajas incentivadas y amortizaciones de puestos para tratar de hacerla menos traumática. Se comprometió a detallar las características de los despidos por escrito, pero esta semana sólo ha facilitado a los empleados el número de bajas previstas en cada departamento. No especifica los perfiles y eso ha creado una gran preocupación entre los trabajadores.

Fernando Grimaldi, secretario comarcal de industria de CCOO, comenta al respecto que “sólo tenemos un escrito entregado por el departamento de personal, pero no hay una memoria que sustente nada. Esa nota no hay por dónde cogerla y nos tendrán que decir algo más porque eso no nos dice nada”.

Despidos en julio

El escrito de la empresa señala que ACERINOX EUROPA S.A.U. informa que en el departamento de Acería los puestos a reducir son 54 de los 438 actuales, 25 de los 144 de Laminación en Caliente, 176 de los 916 en Laminación en Frío, 25 de los 253 en Mantenimiento Mecánico y Eléctrico, 21 de los 180 en el Técnico, 3 de los 32 en Seguridad y Medio Ambiente, 24 de los 132 de Administración y 2 de los 7 de Dirección & Excelencia. En total sobran 330 de los 2.102 trabajadores que hay en plantilla en julio de 2019.

En un primer momento, el Comité de Empresa sospechó que los rumores sobre despidos respondían a tácticas empresariales mientras se negociaba un nuevo convenio. “La empresa dice que ha hecho un estudio y nos trasladan que la planta es competitiva con 1.700 trabajadores. No sé cómo lo van a hacer. Esperemos que los despidos, si se producen, sean de empleados de 58 años para arriba, pero de momento no nos aclaran nada”, lamenta Grimaldi.

El sentir de los trabajadores

La empresa no ha querido realizar ninguna valoración al respecto cuando ha sido preguntado por este medio, pero ha filtrado el dato que el coste laboral de cada empleado (incluidos los seguros sociales) es de 57.532 euros, mientras que la media de la industria siderúrgica está en 42.827 y la de la industria general en 32.970 euros.

Entre los trabajadores hay inquietud desde el día 10 de julio, cuando el comité les trasladó la intención de la empresa. Manuel, un empleado veterano, reconoce que se lo veía venir: “Llevo más de 25 años y esto no ha pasado nunca. Algunos dicen que es una estrategia por el convenio, pero no lo veo así. La electricidad en España es muy cara, Acerinox gasta mucha luz y los pedidos no son los que eran hace algunos años, por eso se podría esperar. Es un cúmulo de cosas y hay gente que no se lo cree. Yo veo feo el panorama porque es un trabajo muy específico y no es como un mecánico que se va a otro taller y vale. Perder el trabajo en esta zona es un gran problema”.

Esta situación se enmarca en unas negociaciones duras con la empresa. En abril unos 300 trabajadores de la plata de Palmones se manifestaron en Algeciras pidiendo una subida salarial. Solicitaban un incremento lineal del salario base a aplicar desde el 1 de enero de este mismo año, mientras que la empresa ofrecía una subida a aplicar de manera gradual durante los próximos cuatro años.

Ahora todo ha cambiado y la esperanza es que los despidos recaigan sobre todo en trabajadores a los que por su edad se les plantee una prejubilación con unas buenas condiciones. “Acerinox lleva haciendo los contratos relevos desde hace años y nunca se quita gente de la plantilla si entra una persona fija joven por una mayor. Esto es una forma de quitarse personal y supongo que también es una forma para que el Gobierno le baje el coste de la energía. Si la mayoría de los despidos son en forma de prejubilaciones todo podría ser algo más llevadero”, afirma Manuel esperanzado.

La Fiscalía de València ha archivado la investigación penal abierta en relación al conflicto de las prejubilaciones en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, según han confirmado desde el órgano público.

El pasado 17 de mayo, los gestores de la EMT en el Govern de la Nau con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi al frente, revelaron que la empresa pública ocultó a la Tesorería General de la Seguridad Social desde el año 2001 que los trabajadores que se jubilaban en la EMT a los 61 años trabajaran 65 días hasta los 65 años en lugar de los 131 -el 15 % del total- que marca la normativa y a los que están obligados por ley los demás trabajadores.

Grezzi responsabilizó al PP del presunto fraude puesto que se empezó a aplicar en 2001 y se prorrogó en 2013 y trasladó toda la información a la Agencia Antifraude, entidad dependiente de las Corts.

Tras analizar toda la documentación, el organismo puso una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta comisión de delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad. Antifraude cifró en 1,1 millones de euros el perjuicio para el erario público.

Sin embargo, Fiscalía ha archivado el caso al no apreciar delitos penales. Tal y como avanzó el diario Las Provincias, en todo caso se trataría de una cuestión administrativa.

Tanto la Agencia Antifraude como la EMT han declinado hacer valoraciones de momento sobre el archivo de la causa.

Quien sí se ha pronunciado es el presidente del Comité de Empresa de la EMT, Adolfo Cruz (UGT). El cuestionamiento del acuerdo de las prejubilaciones por parte de Grezzi abrió un cisma entre la dirección de la empresa y una parte de los sindicatos, especialmente UGT y CCOO, que se tradujo en diferentes protestas y huelgas.

Cruz (UGT) ha comentado que exigirá una disculpa pública al concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, al considerar que “con sus declaraciones en las que afirmaba que los trabajadores se prejubilaban ilegalmente ha todo el colectivo”.

El dirigente sindical ha lamentado “que un gobierno de izquierdas haya quitado a los trabajadores un derecho que tenían desde hace 19 años pese que contaba con el aval de un laudo arbitral y ahora también de la fiscalía”.

Además, ha criticado que Grezzi haya usado a los empleados “como rehenes en su particular guerra política contra el PP”.

Finalmente no habrá huelga en el servicio de transporte municipal de autobús durante las fallas. Los trabajadores de la EMT no respaldaron la noche de este jueves la propuesta del comité de empresa, aceptando mayoritariamente la propuesta del departamento de Movilidad de Giuseppe Grezzi con 755 votos a favor, mientras hubo 465 en contra, 23 en blanco y 6 nulos.

Los trabajadores protestaban por el conflicto de las prejubilaciones firmadas en la etapa del PP que la actual dirección de la empresa llevó a la agencia antifraude y esta a la fiscalía al apreciar posibles delitos de  malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad.

Los gestores de la EMT en el Govern de la Nau revelaron que la empresa pública ocultó a la Tesorería General de la Seguridad Social desde el año 2001 que los trabajadores que se jubilaban en la EMT a los 61 años trabajaran 65 días hasta los 65 años en lugar de los 131 -el 15 % del total- que marca la normativa y a los que están obligados por ley los demás trabajadores.

Como informó eldiario.es, el juzgado de lo Social número 5 de Valencia ha avalado el laudo que cuestiona el acuerdo entre sindicatos y gerencia de la EMT durante los gobiernos del PP “si hay fraude a la Seguridad Social” y se vulnera la ley de Estabilidad Presupuestaria

“¿Considera usted que la actuación de la Junta incurre en algún tipo de ilegalidad?”. La pregunta se la hizo la jueza María Núñez Bolaños hace casi un año. Soledad Córdova, directora general de Trabajo de España entre 1991 y 2004 y que estaba previsto que declarara este miércoles en el juicio de los ERE como testigo, dijo que “para nada”, que tanto el Gobierno andaluz como el estatal aplicaron “estrictamente” los criterios de la Orden Ministerial de 1995 para la concesión de ayudas sociolaborales excepcionales.

Córdova afirmó entonces que la administración andaluza tenía “plenas competencias” para ello aunque dijo desconocer el procedimiento concreto que usó la Junta, que es lo que ahora está juzgando la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Algunas defensas entienden que el sistema que usó Andalucía para la concesión de ayudas, algunas cofinanciadas incluso con el Gobierno central, era “exactamente el mismo” que el que viene usando el Ministerio de Empleo desde 1995.

Pero la sorpresa llegó cuando el abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha comunicado este martes al tribunal que renunciaba a su testifical. El letrado argumentó en la primera sesión del juicio, el pasado 10 de enero, que la intención de llevar a Córdova a la vista oral era hacer que, al haber tenido responsabilidades en el Ministerio de Trabajo y de Empleo del Gobierno español, podría explicar la normativa bajo la cual se otorgaron las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado, por ejemplo a la Faja Pirítica de Huelva, y que se valieron de una Orden Ministerial aprobada en 1995, según reconoció por escrito el propio Ministerio en dicha pieza, y que la Consejería de Empleo y la Intervención de la Junta validaron en el año 2000 en informes del trámite de fiscalización de una de las ayudas de los ERE.

El abogado de Viera explicó en enero que Córdova podía “aportar sus conocimientos del sistema legal de aplicación por parte de Ministerio en aplicación de las normativas que regían la concepción y tramitación de las ayudas del Ministerio”. “Es de interés y necesaria para que se pueda acreditar que en todo momento que la actuación de los distintos órganos de Empleo estuvo sujeta a la misma legalidad derivada de la Orden de 1995” que citó la exdirectora en su declaración ante el juzgado pero que no fue invocada por la Consejería de Empleo a la hora de la concesión de las ayudas.

Según ha señalado este mismo martes a Europa Press el letrado José Manuel Herrera, la declaración de Córdova no es tan relevante para la defensa de su cliente pues, bajo su criterio, la existencia de un marco legal para la concesión de las ayudas investigadas ya se ha abordado durante la vista oral.

Gestó con Griñán la normativa de ayudas

Córdova era una de los diez últimos testigos que declaran entre el martes y el miercoles en el juicio de los ERE. Su importancia residía en que gestó con el entonces ministro Griñán a mediados de los 90 toda la normativa de ayudas a trabajadores, cuyos informes previos a su aprobación validan, entre otras cuestiones, la concesión directa de ayudas como las del caso ERE.

La normativa estatal, principalmente la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, ha sido nombrada en numerosas ocasiones en la vista oral de los ERE. La importancia de esta Orden radica, según el argumento esgrimido por muchas defensas de los ex altos cargos de la Junta acusados en el juicio, en que que las ayudas investigadas concedidas por el Gobierno andaluz se amparaban en dicha norma y en la anterior, de 1994. Entre 1995 y 2013, el Ministerio concedió más de 2.370 millones de euros en ambos tipos de ayudas (a trabajadores previas a la jubilación ordinaria -acogidas a la orden de 1994- y a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas -acogidas a la de 1995-).

Ayudas sin límites de edad ni cuantía

Ambas órdenes permitían la concesión de forma directa de ayudas, sin límites en la duración y en la cuantía de las prejubilaciones. Así lo corrobaron los sucesores de Córdova en el Ministerio. Altos cargos de este departamento declararon en abril que no se fijaban límites de edad ni cuantía. La exdirectora que hasta ahora estaba citada como testigo es letrada de la Asociación Internacional de Seguridad Social desde 1974 y las cuestiones por las que les iba a preguntar abordan una materia que conoce bien, tanto en lo relativo a ayudas a trabajadores previas a la jubilación ordinaria como en las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

La estrategia de la defensa de Viera, según fuentes consultadas por este medio y tal y como dijo su letrado, es que Córdova ratificara lo que ya dijo en la pieza de la Faja Pirítica en el sentido de que “es una autoridad en la materia” y de que los acusados y testigos que ya han declarado no conocen los pormenores de la normativa, su aplicación y las premisas para las prejubilaciones. Cabe recordar que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández reconoció hace unos meses que la Junta malinterpretó hace 18 años las ayudas que originaron la causa. Su abogado dijo al juzgado que el caso ERE “no habría existido” si se hubiera aplicado la Orden Ministerial de 1995.

Cierto es que la cuestión se ha desinflado algo durante el desarrollo del juicio, atendiendo a la evolución del interés mostrado por el tribunal y los fiscales, pero a la cuestión, a tenor de lo que pudiera haber dicho Córdova, le queda “muchísimo recorrido” en este juicio y en los que le seguirán, según consideran algunas defensas, que prevén abordar en la prueba pericial conjunta, que comienza la semana que viene, hasta qué punto se analizó la normativa estatal por parte de la Intervención General de la Administración del Estado a la hora de elaborar el informe pericial encargado por la jueza Alaya, base de las acusaciones. Cabe recordar en ese sentido que, durante la instrucción, se obviaron las ayudas del Ministerio hasta que las retomó la jueza Núñez Bolaños. “No” las examinaron, dijo perito director del informe clave de los ERE, Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, que ha sido recientemente exento de declarar.

El conflicto interno que vive la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València a cuenta de los privilegios en las prejubilaciones de los trabajadores, denunciados recientemente por la dirección, podría acabar por romper el acuerdo del nuevo convenio colectivo, anunciado hace unos meses.

El sindicato UGT ha retirado el apoyo a las nuevas condiciones laborales pactadas, las cuales tampoco firmó CCOO, quedando en minoría los representantes del resto de organizaciones que sí las avalaron (APTTUV, TUC y CGT).

Aunque incialmente dos miembros de UGT de los cuatro de la comisión negociadora respaldaron el convenio, otorgando mayoría a los que estaban a favor, la retirada de los mencionados privilegios en las prejubilaciones ha hecho que ambos representantes se hayan abstenido de firmar el texto final del convenio, que estaba en trámites de pequeñas modificaciones formales por parte de las autoridades laborales.

El actual presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, junto al gerente de la empresa, Josep Enric García, denunció ante la Agencia Antifraude un acuerdo, según su versión, oculto desde el año 2001 ante la Seguridad Social, por el cual los prejubilados trabajaban 65 días en lugar de los 131 establecidos legalmente para poder jubilarse a los 61 años.

Este miércoles, los trabajadores convocados se han manifestado para reivindicar la reinstauración de esta medida: “el Ayuntamiento ha incumplido el acuerdo de la jubilación parcial que tenemos pactado hasta el próximo 31 de diciembre después de que en una reunión paritaria la empresa dijera que era ilegal”, ha explicado Adolfo Cruz, presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT.

Al respecto, fuentes de la dirección de la empresa han insistido en que han trasladado “una y otra vez a los trabajadores que nos tendrán a su lado para reclamar a Pedro Sánchez ahora, como antes a Mariano Rajoy, una mejora en las condiciones de jubilación no solo para los trabajadores de EMT, sino para todos, especialmente para aquellos que, como buena parte de nuestra plantilla, realizan trabajos físicos muy duros”.

Sin embargo han insistido en que la empresa no puede satarse la ley: “el Convenio Colectivo firmado recientemente recoge las mejores condiciones de jubilación que permita la Ley, no nos ampara a saltárnosla. De modo que, por mucha manifestación que se haga, la empresa no va a hacer ninguna ilegalidad. Aquí no hay ni Roldanes ni Bárcenas”.

Por su parte, Cruz ha mostrado su sorpresa ante la postura de la actual dirección ya que es “una medida que se ha cumplido los tres años de legislatura que están gobernando” y ha añadido que entienden que deben reivindicar “el derecho de los compañeros que están a punto de prejubilarse”.

Sobre la ocultación del acuerdo, ha comentado que “es mentira” puesto que está firmado por escrito “con fecha 6 de agosto de 2001 a cambio de un suplemento por el que los trabajadores dejaron de percibir cinco millones de las antiguas pesetas”.

El presidente del Comité también ha negado la ilegalidad de la medida al argumentar que son “acuerdos internos entre empresa y sindicatos como existen en otras empresas públicas como Metro Madrid, EMT Madrid o EMT Sevilla donde tienen acuerdos similares”.

Sobre la retirada de la firma de los delegados de UGT al convenio colectivo, Cruz ha explicado que “los acuerdos se firman para que se cumplan y mientras haya incumplimientos de convenio no se va a firmar”.

Según el portavoz sindical, “la dirección está usando a los trabajadores como rehenes de cara a las próximas elecciones”.

En la misma línea, el secretario general de CCOO, José Antonio García Montes, también ha asegurado que el acuerdo de las prejubilaciones es legal: “es una mejora sobre la ley como hay en otros sectores y estamentos que en su día se firmó y se pactó así y por la que dejamos de percibir una indemnización”.

Los trabajadores de la EMT han aprobado este miércoles por amplia mayoría iniciar movilizaciones para protestar por la anulación del acuerdo vigente desde la etapa del PP que establece las prejubilaciones a los 61 años trabajando 65 días.

Los empleados se han reunido en asamblea por la mañana y a primera hora de la tarde y han acordado con tan solo un voto en contra y otro en blanco la realización de manifestaciones todos los miércoles de junio de 11.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 18.00 horas.

Fuentes del Comité de Empresa han asegurado que “el acuerdo es plenamente legal, de hecho el actual alcalde, Joan Ribó, lo aprobó cuando era miembro del Consejo de Administración como concejal de la oposición”.

Además, han recordado que “estos tres años que ha estado el nuevo equipo de Gobierno municipal con el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi a la cabeza, el acuerdo ha estado vigente”.

A este tema, se suman incumplimientos del actual convenio colectivo como los tiempos de descanso o la ausencia de urinarios en las paradas de inicio o final de las líneas más largas.

El pasado 17 de mayo, Grezzi denunció que los tres presidentes anteriores de la empresa de autobuses de València, todos ellos del PP, y las centrales sindicales asumieron que  los prejubilados trabajaran 65 días en lugar de 131 para poder jubilarse a los 61, conculcando toda normativa laboral.

Grezzi y el gerente de la empresa, Josep Enric García, anunciaron la puesta del caso en manos de la Agencia Antifraude por si fuera constitutiva de delitos.

A partir de ese momento, se desató una polémica en el seno de la empresa que ha derivado en las movilizaciones aprobadas este miércoles.

El comité de empresa de Productos Tubulares ha solicitado a la dirección de la compañía, perteneciente al grupo Tubos Reunidos, un plan de futuro que asegure la viabilidad de la planta, para lo que consideran fundamental la implicación del Gobierno Vasco y de los accionistas.  Este es el mensaje que el comité de empresa ha trasladado a la dirección en la primera reunión que han mantenido tras la retirada del ERE que había planteado la empresa para el despido de 157 trabajadores y después de que el pasado jueves la plantilla acordase desconvocar la huelga indefinida que mantenía desde el 8 de marzo.

En la reunión, el comité ha solicitado a la dirección un plan de futuro para el que consideran fundamental la implicación económica del Gobierno Vasco, a través de ayudas en I+D+I para mejorar los procesos productivos de la planta, y de los accionistas mediante una ampliación de capital.

La petición al Gobierno vasco se produce después de que le hayan acusado de “premiar la desastrosa gestión del anterior director de la compañía” y de “mirar hacia otro lado” permitiendo el cierre de una factoría viable.

Para el comité cualquier ajuste debe pasar por medidas de carácter voluntario, como prejubilaciones, recolocaciones o bajas incentivadas. Por su parte, la dirección ha señalado que las medidas de eficiencia implantadas no son suficientes para cubrir las necesidades de amortización, por lo que considera necesario tomar medidas de choque.

Aunque los aspectos laborales de la reforma de la estiba se visualizarán en otro real decreto, diferente al que el Congreso de los Diputados acaba de convalidar este jueves, las ayudas millonarias que se prevén por parte del Gobierno para la reconversión del sector incluirán partidas para sufragar la prejubilación de cerca de 1.400 estibadores. Son ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. El Ejecutivo de Rajoy prevé que sean abonadas con dinero público, bajo la fórmula de concesión directa, de la misma manera que la Junta pagó los ERE cuyos supuestos gestores, impulsores o mantenedores ya están camino de juicio. Es decir, el Gobierno concederá las prejubilaciones a los estibadores con la legislación que la jueza Alaya dijo que era inaplicable.

Los estibadores, pese a la convalidación del decreto, han convocado huelgas a partir del 24 de mayo porque consideran que se trata de un “ERE encubierto”. La principal novedad respecto al que fue rechazado en marzo en el Congreso precisamente reside en que el Ministerio de Fomento se ha comprometido a aprobar otro texto complementario que recoja las garantías para el mantenimiento del empleo de los estibadores, mejoras de productividad y ayudas para las prejubilaciones, que podrían alcanzar hasta 120 millones de euros, según informó el Ministerio de Fomento.

En el marco de la negociación laboral de los últimas meses, el Gobierno sufragaría las prejubilaciones del 20% de la plantilla y las bajas voluntarias. El pago de la ayuda directa a los estibadores por parte de la administración, sin concurrencia ni publicidad, contrasta con el reproche común en la instrucción del caso ERE de la ausencia de publicidad en las ayudas de la Junta en los expedientes de regulación de empleo, base de la acusación al haber prescindido “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, como se ha dicho en decenas de autos e informes.

La disposición derogatoria única del Real Decreto 3/2014 establece las normas especiales para la “concesión directa” de las subvenciones a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. La norma, aprobada por la ministra Fátima Báñez, “es el marco” por el cual se articularán en esta ocasión las ayudas públicas a la estiba. “No hay otro que regule este tipo de situaciones”, indican a eldiario.es Andalucía fuentes del Ministerio de Empleo. Ni el juzgado, ni la Intervención General del Estado, ni las fiscalías, ni el Supremo hicieron mención a esta última normativa ministerial en sus diversos escritos, reprochando en numerosas ocasiones la ausencia de convocatoria pública para las ayudas de la Junta, tachándolas incluso de “auténticas donaciones”, aun cuando la instrucción se fue cerrando con esta normativa ya en vigor.

Los reales decretos 908/2013 y el mencionado 3/2014 adaptaron a la Ley General de Subvenciones dos órdenes ministeriales de 1994 y 1995. En la 'Memoria de Impacto Normativo' que elaboró el Ministerio para justificar la promulgación del decreto 908/2013 ya afirmaba que la Orden de 1995 “prácticamente no establece ningún requisito para la concesión de las ayudas, que quedan en un régimen de cierta discrecionalidad tanto en materia de duración como de cuantía de las mismas”. Y en la 'Memoria de Impacto Normativo' para el decreto 3/2014 se dice también que las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas “no pueden ajustarse a un régimen de concurrencia competitiva”.

Esta forma de actuación ante trabajadores afectados por procesos de reestructuración o empresas en crisis es la utilizada por la Junta de Andalucía y el Estado desde 1995 a la hora de conceder una ayuda sociolaboral. De hecho, informes internos del Gobierno central validaron antes de aprobar el nuevo marco legal la “concesión directa” de ayudas púbicas y argumentaron que el Estado es el único que puede legislar sobre este tipo de ayudas en todo el territorio nacional mientras que las comunidades autónomas son las competentes para su ejecución.

La jueza Alaya, por contra, denunció en el arranque de la instrucción que Andalucía “desarrolló un sistema propio de concesión de subvenciones de ámbito laboral”. Así lo hicieron constar los peritos de la Intervención General del Estado, que recientemente se han negado a hacer un informe a otro juzgado sobre este tipo de decretos por “desbordarse” sus competencias. En una de sus comparecencias judiciales, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero también dijo que actuó “igual que el Estado”.

Las modificaciones presupuestarias

Los jueces y la Fiscalía vienen advirtiendo de las supuestas irregularidades en el procedimiento que usaba la Junta para pagar subvenciones a empresas en crisis o para prejubilar a sus trabajadores. Anticorrupción entiende que eran ayudas dadas al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública. De hecho, en su acusación contra los expresidentes Chaves y Griñán y resto de exaltos cargos, argumentan que “se puso en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vetando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad”.

Las fuentes del Ministerio de Empleo, consultadas sobre si el Gobierno tendría que hacer algún tipo de modificación presupuestaria para hacer frente a las ayudas que se acuerden, confirman que “se tendrán que poner en marcha algunos mecanismos de ejecución” porque “eso no está presupuestado”. La cuantía se ejecutará “en el momento en que se tenga que hacer frente a la situación”, explican desde el Ministerio, “de acuerdo con lo que se pacte”. También habrá que esperar al pronuciamiento al respecto de la Unión Europea, ya que es la que ha propiciado que se dé la situación actual con la estiba, añaden.

El Ministerio de Fomento ha cifrado en 120 millones de euros el paquete de ayudas públicas que el Gobierno está dispuesto a conceder para la reconversión del sector de la estiba que promueve para que cumpla con la normativa europea y evitar una multa comunitaria.

Respecto a esto, es de recordar que a los expresidentes de la Junta se les acusa de haber participado “en los acuerdos del Consejo de Gobierno que aprobaban los proyectos de Ley de Presupuestos y modificaciones presupuestarias que contenían las transferencias de financiación, que hacían viable ante el Parlamento un uso ilícito” de las citadas transferencias.

Tras el acuerdo para la reforma de la estiba, que no tiene precedente similar en los últimos años de acuerdo con la normativa laboral vigente, apuntan las fuentes ministeriales, deberá ser Empleo el que instrumentalice las ayudas acordadas finalmente por el Ministerio de Fomento. El mediador del conflicto, en ese sentido, ya propuso “garantizar el empleo del sector con el instrumento legal que el Gobierno considere suficiente”.

Precedentes de ayudas directas

El sistema de ayuda directa fue ya usado, por ejemplo, en el caso de Sintel, en la resolución del Ministerio de Trabajo 2001, en el ERE de cinco empresas mineras de Huelva que en 2002 benefició a 1.169 personas con 180 millones (donde también participó el Ministerio) o en los ERE que sufragó la Junta en Santana Motor (68 millones), Delphi (240 millones), Boliden (60 millones) o la Naval (30 millones), como ejemplos más representativos en cuanto a número de trabajadores afectados. La Junta ha argumentado durante la instrucción que las prejubilaciones de los ERE son legales. “Los importes por ellos percibidos lo han sido por causa justa o causa legal”, dijo la administración andaluza en el marco de la instrucción del caso ERE.

Bajo el marco normativo laboral que posibilita este tipo de ayudas, entre 1995 y 2013 el Ministerio de Trabajo concedió más de 2.370 millones de euros entre ayudas a trabajadores previas a la jubilación ordinaria (acogidas a la orden de 1994) y ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas (acogidas a la orden de 1995). Fueron ayudas sociolaborales están exentas de publicación y concurrencia y se otorgan “en régimen de concesión directa”.

Mercedes Alaya mantuvo que Andalucía “desarrolló el sistema propio de ayudas sociolaborales”, “sin acogerse al procedimiento de tramitación a través de la Seguridad Social” y con “ausencia del procedimiento legal de subvenciones”. Alaya partió de la premisa que la Junta no era competente para otorgar ninguna ayuda sociolaboral y, aunque el Supremo entendió que la Junta podía dar esas ayudas a pesar de que pudiera haber errores procedimentales, toda la instrucción parte de esa presunta ilegalidad.

Huelga en los puertos

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un nuevo real decreto ley para reformar el sector de la estiba después del histórico fiasco del mes de marzo. El objetivo sigue siendo cumplir con la normativa europea, a la que actualmente contraviene, y evitar así que la justicia europea multe a España. Los estibadores, en todo caso, ya han advertido que irán a la huelga en los puertos nacionales entre el 24 de mayo y 9 de junio si el decreto-ley destruye el empleo actual.

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, anunció en rueda de prensa que han decidido mantener el preaviso de huelga al entender que el real decreto-ley aprobado el viernes pretende “liberalizar el sector y despedir a los estibadores portuarios con fondos públicos para colocar a otros”. “Queda claro su objetivo liberalizador y el despido masivo de estibadores portuarios, manteniendo la subvención pública para el coste de estos”, lamentó.

La mejora de las condiciones en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado el pasado 26 de enero por la multinacional aceitera Deoleo ha logrado finalmente el respaldo mayoritario de los trabajadores de la empresa, que ven salvado el despido de los 65 empleados previstos en un principio en las dos plantas que la empresa tiene en Andalucía: Alcolea (Cordoba) y Andújar (Jaén).

Tras la negociación sobre el ERE propuesto inicialmente, el acuerdo con la empresa ha rebajado sustancialmente el número de despidos que, en su mayoría concentrados en Córdoba, encuentran en la prejubilación la vía de salida para los trabajadores que la compañía ya no quiere en sus dos plantas andaluzas.

De un lado, Deoleo cerrará la planta de Andújar en la que trabajaban nueve personas. Entre esos trabajadores, se producirán tres extinciones de contrato y los otros seis serán recolocados por la empresa. De otro lado, el grueso de los despidos del ERE se contemplaba en la planta de Córdoba con una propuesta inicial de 56 bajas, una cifra que tras la negociación se ha rebajado a 46 personas, de las cuales 42 saldrán de la compañía mediante prejubilaciones.

Los representantes de los trabajadores destacan que, pese a que el acuerdo respaldado por la plantilla de Deoleo no recoge todas las pretensiones de los sindicatos, sí mejora las condiciones propuestas por la multinacional inicialmente: “Establece cauces para que los trabajadores más cercanos a la edad de jubilación cuenten con una cobertura en el tránsito hacia la misma, además de indemnizaciones más favorables que las previstas legalmente para la extinción del contrato de trabajo”, señalan desde el comité de empresa.

Cierre de líneas de producción

Si bien la negociación sindical ha logrado amortiguar las bajas en las plantas andaluzas de Deoleo, esto no ha frenado la desindustrialización por causa del ERE: al cierre de la planta de Andújar hay que sumar la desaparición de varias líneas de producción en el centro de Córdoba. En esta planta, pese a que la multinacional ha anunciado una inversión de tres millones de euros, se procederá al cierre de las actividades de refinería, salsas y se venderá la línea de negocio de vinagres, además de externalizar las tareas de la depuradora de residuos, la gestión de residuos y el control de acceso a fábrica.

Deoleo tiene previsto que los trabajadores de las líneas productivas que cerrará pasen a reubicarse en el envasado de aceite o bien entren en el cupo de empleados que se prejubilarán. Mientras, los siete empleados de la línea de vinagres en la empresa serán subrogados por el comprador que prevé adquirir ese área de negocio de la multinacional, una adquisición que aún está por efectuarse.

El ERE planteado por Deoleo a comienzos de este año 2017 y que afecta también a su planta en Rivas (Madrid), llega después de que la multinacional cerrara el pasado otoño su fábrica de Antequera (Málaga) y otro centro de producción en Italia.

Uno de los prejubilados de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007 que acaba de ser procesado junto a otros exempleados escribió en junio de 2014 un texto nada más conocer la sentencia del TSJA que consideró “nulo y fraudulento” aquel expediente de regulación. Antonio Pastor se prejubiló el 1 de enero de 2008 “como negoció conmigo la empresa”. El juzgado les ha investigado en los últimos meses por percibir “excesos en la indemnización” acordada. Ahora, “nos han metido a todos en el mismo saco, esto no hay por dónde cogerlo”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió recientemente su demanda.

Aquel texto, hasta ahora inédito, toma verdadera actualidad dos años y medio después. Este prejubilado lamentaba la situación creada e irónicamente decía “nosotros convencimos a la empresa para que nos hiciera un plan a medida, a la Junta para que no lo pagara, introducimos a personas que no conocíamos ni formaron nunca parte de la empresa, pagamos las comisiones al señor Lanzas, en fin todo lo referente al caso ERE de Mercasevilla ya tienen a sus responsables, los trabajadores. Que peso le quitamos de encima a la señora Alaya, por fin puede dar por terminada la instrucción de los ERES. Nosotros y nadie más que nosotros somos los culpables”. Este es el artículo al completo:

“Los únicos responsables de que el Plan de Prejubilación se 2007 de Mercasevilla sea declarado nulo y fraudulento somos los trabajadores que nos acogimos a él.

En 2003, Mercasevilla S.A. promovió un Plan de Prejubilación con los representantes sindicales y la Junta de Andalucia, eso dio como fruto la prejubilación de unos 40 trabajadores en las condiciones que recogía dicho plan, 89% para los trabajadores comprendido entre 50 y 54 años, 93% para los comprendido entre 55 y 60 años, y 95% para los mayores de 60 años, del salario neto mensual de la base reguladora, este plan fue financiado por Mercasevilla y la Junta de Andalucía.

En 2007, Mercasevilla promueve un nuevo plan de prejubilación en las mismas condiciones que el anterior de 2003, este nuevo plan afecta a 63 trabajadores pero solo 40 nos acogimos al mismo, tanto la empresa como los representantes sindicales nos garantizaron la fiabilidad del plan, la Junta lo respaldaba, tanto legal como económicamente, como hizo con el anterior.

Hoy, un día de junio de 2014, nos encontramos con una sentencia del TSJA que nos deja a todos sin capacidad de reacción. Esta sentencia dice que la Junta no tiene vinculo económico con nuestro plan de prejubilación a pesar de que existen unos documentos firmados por el Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, autorizando dichos pagos, el nuevo Director Daniel Rivera, dice que esos documentos son meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio. En un informe de la UCO recogido por Europa Press, advierte que la Junta tras el cese del señor Guerrero ha abonado las pólizas de seguro de renta colectiva en la que se daban las mismas circunstancia mostrando el ejemplo de CESPA/FCC en la que Juan Márquez como nuevo Director General, se percata de la ilegalidad de los compromisos adquirido por el señor Guerrero pero finalmente La Junta acaba asumiendo el compromiso.

Mi reflexión es, si es ilegal el compromiso del anterior director y a sabiendas se paga, creo que tratándose de la Administración Pública esto es un delito, el de prevaricación o al menos que los compromisos del señor Guerrero no sean tan ilegales y tan carente de valor como dice la Junta. Creo que los motivos de la negativa de la Junta habría que buscarlos en la declaración del señor Fernando Mellet, acusando al señor Rivas de ser el promotor de la petición de comisiones a los empresarios de la Raza.

El plan de prejubilación del 2007, como todos los planes, tiene que tener el visto bueno de la administración publica, este plan lo tiene como figura en el documento de condiciones y motivos del mismo, en este documento se detallan la cantidades porcentuales como en el anterior que ya detalle, también habla de la cobertura de vacantes y dice: las vacantes que se produzcan por motivos de prejubilación y no sean amortizadas, se cubrirán con un contrato de obra y servicio de 5 años de duración, al término del cual dicho contrato tendrá la naturaleza de indefinido.

Según la sentencia se dice: en el presente caso no nos encontramos antes una defectuosa tramitación del expediente de regulación de empleo 8/2007 sino ante una falta de control del contenido del acuerdo alcanzado entre la representación de la empresa y los trabajadores, homologado por la delegación provincial de la consejería de empleo de la Junta de Andalucía cuando el mismo podría resultar fraudulento abusivo o irregular.

Lo que quiere decir que la Delegación dio el visto bueno al documento sin haberlo leído, pues de haberlo hecho se hubiese detectado sus irregularidades, no se habría tramitado y no estaríamos en la situación que estamos, pero no fue así, y diciendo simplemente el poco esmero que pusieron para estudiarlo queda totalmente absuelta la Delegación Provincial y no hay ningún tipo de responsabilidad por no hacer bien el trabajo.

La empresa era conocedora del Plan de Prejubilación en todos sus detalles como se demuestra en la propia sentencia página 15. El acta de acuerdo entre empresa y comité del 29 de Marzo de 2007. Al decir empresa me refiero al consejo de administración con todos sus representantes.

La empresa lo que ofrece a los trabajadores es un Plan de Prejubilación, y la sentencia se centra una y otra vez en un ERE. Cuando la sentencia dice que la empresa no puede ser obligada a pagar unos pagos que resultan ilegítimos y abusivos, la empresa sabía los costes reales que suponían el plan de prejubilación y si no tenía la certeza de la financiación de la Junta no tenía que haber llevado a cabo este Plan. También dice la sentencia que una empresa con beneficios y por causas organizativas puede pactar con los trabajadores la indemnización que tenga por conveniente. Lo que significa un acuerdo por encima del estatuto de los trabajadores es licito y legal y no abusivo y fraudulento, como en el caso de Mercasevilla efectivamente el estado económico de esta empresa en 2014 no es muy positivo pero hablamos de un plan de prejubilaciones de 2007 ¿la situación en 2007 era la misma?.

Una vez hecha estas reflexiones, sobre la Junta que no tiene porque pagar, la Consejería de Empleo que, aunque no ha leído el expediente, no es responsable de nada, ni la empresa que tampoco sabía el coste real de todo esto y no se le puede pedir que lo asuman, los únicos que quedamos como responsables somos los trabajadores, a los que nos suspenden los pagos mensuales y además nos van a reclamar lo cobrado de más del Plan de Prejubilación aunque en realidad nos han pagado de menos.

Pues sí, nosotros convencimos a la empresa para que nos hiciera un plan a medida, a la Junta para que no lo pagara, introducimos a personas que no conocíamos ni formaron nunca parte de la empresa, pagamos las comisiones al señor Lanzas, en fin todo lo referente al caso ERE de Mercasevilla ya tienen a sus responsables, los trabajadores. Qué peso le quitamos de encima a la señora Alaya, por fin puede dar por terminada la instrucción de los ERES. Nosotros y nadie más que nosotros somos los culpables“.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha inadmitido la demanda de un grupo de trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007. El TSJA consideró “nulo y fraudulento” el procedimiento y exoneró a la sociedad de tener que pagar a los exempleados. Incluso nueve de ellos, a quienes Mercasevilla abonó premios por servicios por valor de más de 281.000 euros, están siendo investigados por malversación al percibir “excesos” en la indemnización acordada. Ahora, Europa también les cierra las puertas, pese a que insisten en que la empresa y los representantes sindicales les garantizaron la fiabilidad del plan de prejubilación y la Junta lo respaldaba tanto legal como económicamente.

Aquella sentencia del TSJA, que Estrasburgo no entra siquiera a valorar, decía que la empresa no podía ser obligada a abonar unos pagos que resultaban ilegítimos y abusivos. Según lamentan los extrabajadores, Merca sabía los costes reales que suponía el plan de prejubilación y, si no tenía la certeza de la financiación de la Junta, no lo tendría que haber llevado a cabo. En la sentencia se advirtió de que el ERE no tuvo una “defectuosa tramitación” sino que hubo “falta de control del contenido del acuerdo alcanzado entre la representación de la empresa y los trabajadores”, culpando la autoridad laboral al haber sido “homologado por la Delegación Provincial de Empleo”.

Es de recordar que las prejubilaciones de Mercasevilla derivaron en lo que desde hace años se conoce como el caso de los ERE al descubrirse las primeras prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo promovidos en el mercado central de abastecimientos en 2003 y 2007. No es el caso de estos extrabajadores reales, que se han visto afectados indirectamente, cambiando su situación de prejubilados a investigados, y viendo cómo los tribunales de alta instancia (el Constitucional también rechazó sus argumentos) tampoco les da la razón.

El “y tú más” de la política llega hasta el juzgado. Uno de los 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía camino del banquillo de los acusados en la pieza 'política' del caso ERE, el exdirector de Trabajo Daniel Rivera, contraataca en su último recurso contra la jueza que inició todo el proceso, Mercedes Alaya. Llega a decir que “podría haber incurrido” en delitos de prevaricación judicial, de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución “al haber permitido o dado continuidad a la malversación de ingentes cantidades de dinero público”.

Los argumentos de Rivera para tratar de darle la vuelta a la tortilla giran en torno a si las 6.000 personas beneficiarios de las prejubilaciones acordadas por la Administración andaluza tienen también que responder por las cantidades que se investigan. Una cuestión que ya ha planteado sin éxito alguna otra defensa y que lleva al exalto cargo a aludir a que “todos aquellos beneficiarios, al margen de las personas denominadas intrusas, percibieron las cantidades correspondientes a sus pólizas de prejubilación de forma absolutamente legítima, a salvo que se quiera criminalizar cuando menos a 6.000 personas que eran o fueron receptores de ayudas, cuando se produjo la investigación por parte de la Consejería de Empleo respecto de su situación particular de prejubílados de buena o mala fe”.

El escrito se pregunta de fondo por qué no se ha llamado al procedimiento a los trabajadores prejubilados como responsables civiles a título lucrativo, es decir, no como responsables criminales del ilícito penal investigado, sino en calidad de responsables civiles directos por haber obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito derivado del comportamiento penalmente punible atribuido a un tercero. Hace un año, la Junta reconoció que las prejubilaciones de los ERE fueron legales y abría la puerta a una revisión de responsabilidades que nadie ha querido abordar.

Durante la instrucción, a juicio del exdirector, “se habría venido presuntamente consintiendo, por el juzgado, esa disposición continua de caudales públicos, cuando pudo y debió adoptarse por su parte, hace ya largo tiempo, las medidas encaminadas al procesamiento o declaración de responsabilidad civil de todas las personas beneficiadas por ayudas consideradas, sin distinción, ilegales y delictivas por nulas ya que todas las personas afectadas habrían sido indebidas receptoras de ayudas públicas”, argumenta la representación legal de Daniel Rivera en un largo recurso, de 39 folios y adelantado por el periódico ABC.

“¿Por qué nunca se les ha reclamado las cantidades percibidas?”

El investigado alude en ese sentido a “todo el gasto realizado respecto de las personas

prejubiladas, y las sucesivas disposiciones (autos) del juzgado en cuanto al

establecimiento de millonarias cantidades en concepto de responsabilidad civil“ (...) ”sin distinción alguna en cuanto a que el dinero público fuera o no 'apropiado

o ilícitamente desviado a otros fines' se considere presuntamente malversado“.

“La no imputación de esas casi 6.000 personas, circunscribiéndonos -en este extremo- a las ayudas a la prejubilación, y/o la no reclamación individualizada de las cantidades percibidas como efectos de los delitos semejaría, llevando la propia tesis acusatoria hasta el final -en un análisis apriorístico- a que la entonces juez instructora podría indiciariamente haber incurrido en idénticos delitos de los que se acusa a mi defendido”, apunta.

Por ello concluye que “la tesis de partida planteada en su momento, y ahora refrendada en el auto impugnado” pudiera ser “profundamente errónea”, preguntándose “por qué nunca se les ha, previa imputación o declaración de responsabilidad civil, reclamado las cantidades percibidas a todas y cada una de estas aproximadamente 6.000 personas”.

21 días bajo el “sistema instaurado”

A Rivera, director general de Trabajo entre el 6 de abril de 201O y el 12 de junio de 2012, se le acusó en el auto que continuó el procedimiento de “asumir el sistema ya instaurado” y “mantener aspectos esenciales del mismo, pese a que durante la mayor parte de su ejercicio resultó de aplicación el sistema de encomienda de gestión”. La defensa dice que aquella Orden que dio lugar al nuevo sistema “es de 27 de abril” y “habían transcurrido tan sólo 21 días de los más de dos años que duró la responsabilidad” y “durante los cuales no se hizo disposición de ninguna de las ayudas prevista en dicha Orden”.

El escrito apunta incluso que “fue mi patrocinado quién, tras las informaciones aparecidas en noticias periodísticas sobre irregularidades en determinadas ayudas concedidas muchos años antes a su incorporación, impulsó, junto con el resto del equipo de la Consejería coetáneo, el procedimiento de información reservada y puso en

conocimiento del Juzgado de Instrucción número 6 la (entonces) posible existencia de

irregularidades tanto en el expediente de Mercasevilla como en el de otras numerosas

empresas, paralizando los pagos de las primas correspondientes a las pólizas de ayudas

sociolaborales en las que se apreciaron irregularidades“.

Rivera también alude a que “a lo largo de toda la instrucción se ha partido de varias premisas falsas, con una interpretación sesgada de la (in)aplicación de las Ordenes de 5 de octubre de 1994 por la que se regula la concesión de ayudas, previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, y la de 5 de abril de 1995, por la que se determinan las ayudas que podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas, cuestiones de las que ha informado este periódico.

Una tesis “errónea”

El exdirector también se refiere a que la tesis acusatoria refrendada por los informes de la IGAE “es errónea cuando no falsa, manteniéndose por su parte que todas las concedidas por la Junta de Andalucía fueron cuando menos nulas desde el punto de vista administrativo y que, sin embargo, las facilitadas por la Administración del Estado (fundamentalmente a la minerfa de la denominada Faja Pirítica) fue un dechado de virtudes”.

A ese respecto aporta que el Dictamen de la Comisión del Parlamento de Andalucía sobre ayudas sociolaborales entre los años 2000-2010 estableció que en el procedimiento seguido para la concesión de ayudas de la Faja Pirítica de Huelva y

Sevilla, concedidas por el Estado, no se ha producido la publicación de las mismas

en el BOE. “Las ayudas concedidas por el Estado no han sido publicadas, ni las de

la Faja Pírítica ni ninguna otra de las muchas concedidas, al menos en el periodo

comprendido entre 1998 y 2011“, señala el escrito.

El escrito concluye en ese sentido que “resulta sintomático” que en la ratificación del dictamen pericial de los miembros de la IGAE de 10 de marzo de 2015 “se constate que la magistrada impidiera contestar a los peritos” preguntas sobre el asunto, como informó este diario. Dos altos cargos del expresidente José María Aznar están siendo investigados en el caso ERE por aquellas ayudas que la jueza Alaya ignoró.

Cuando llega a nosotros por cualquier medio las palabras “EREs de Andalucía” siempre nos suelen venir a la cabeza lindezas como “chorizos”, “mangantes”, “rateros” y cualquier otro calificativo al que desde hace tiempo nos tienen tan acostumbrados a invocar al ver cualquier telediario, escuchar un reporte de radio u ojear la portada de algún periódico.

Los “EREs de Andalucía” nos tienen tan cansados como Gürtel, Bárcenas, Urdangarín, y tantas otras palabras que jamás tendrían que haber existido y sin embargo penamos con el mismo dolor que cuando oímos las palabras: Rajoy, Mas, Rubalcaba, Cospedal, Wert, Montoro, y demás dolores de gónadas.

Los “EREs de Andalucía” han sido, y aún son, el Pepito Grillo del Partido Socialista en España. Si el PP destrozaba la sanidad, le recordaba al PSOE “EREs de Andalucía” y a callar. Si apuntillaba la educación y cercenaba los presupuestos de investigación, con decir “EREs de Andalucía” era bastante para no tener más oposición que un tibio “niño travieso no hagas eso”.

Pero, ¿alguien tiene la más remota idea de qué son exactamente los “ERES de Andalucía” y a quiénes afecta?

Cuando los medios, o los politicastros, usan este infausto binomio se refieren fundamentalmente al caso de los “EREs de Mercasevilla”, pero jamás se ahonda en el tema fuera de algunas generalidades, no menos ciertas que decir que el sol calienta, como maletines, escuchas, mariscadas, corrupción, intrusos, y oscuros tejes y manejes de la Junta de Andalucía.

Al final, como diría el gran Harry Callahan, este tema, como la mierda de perro seca, se la llevará la lluvia y desaparecerá. Los responsables políticos, si es que alguna vez son sentenciados, serán absueltos con disimulo y reaparecerán como el maldito “pie de atleta” en algún lugar húmedo y sombrío de la administración pública, para seguir mamando de la gran teta que engorda sólo a unos pocos y que nos está secando a todos. Pero, ¿somos tan ingenuos como para pensar que nadie está penando por culpa de la mala fe y la poca vergüenza de estos pocos que salvarán sus posaderas?

Mercasevilla es, y digo es a pesar de haber privatizado ya toda su gestión, una empresa mixta mayoritariamente pública. El 51% pertenece al consistorio sevillano, el 48% a la empresa estatal Mercasa y el 1% restante es capital privado. Así que el 99% de Mercasevilla es declaradamente público, y sería ingenuo pensar que cualquier cosa fraudulenta que pasara de puertas para dentro no tuviera responsables que fueran fácilmente identificables, imputables y sancionables.

La particularidad de Mercasevilla es que, a pesar de ser una empresa pública al 99%, sus trabajadores nunca gozaron del lujo de ser funcionarios públicos. La gestión de la plantilla siempre ha sido la de una empresa privada. Así pues llegado el año 2003 Mercasevilla S.A. promovió un Plan de Prejubilación, debidamente pactado con los representantes sindicales y la Junta de Andalucía para ofrecer la prejubilación a aquellos que reunieran ciertas características. 40 trabajadores se acogieron voluntariamente a este ERE en las siguientes condiciones: 89% del salario para los trabajadores entre 50 y 54 años, 93% para los trabajadores entre 55 y 60 y el 95% del salario neto mensual de la base reguladora que percibían antes de acogerse al ERE para los mayores de 60 años. Este plan fue financiado por Mercasevilla y la Junta de Andalucía, y hasta hoy nada ha cambiado para estos extrabajadores de Mercasevilla.

El “pero” de este asunto llegó con el segundo ofrecimiento de la empresa y la Junta de Andalucía al resto de empleados que cubrían el perfil para ser beneficiarios del mismo plan de prejubilación. En el año 2007 se promueve este en las mismas condiciones que el anterior de 2003. Este nuevo plan podía beneficiar a 63 trabajadores pero sólo 40 se acogieron voluntariamente al mismo. Tanto la empresa como los representantes sindicales y la Junta de Andalucía les garantizaron la fiabilidad del plan con sendos documentos oficiales firmados por ejemplo por el Director General de Trabajo y Seguridad Social en aquel entonces, el ahora imputado señor del PSOE Francisco Javier Guerrero, autorizando dichos pagos, igual que hiciera con el anterior ERE que con tanta puntualidad aún está llegando a los que se acogieron en el 2003.

Pero la realidad española se desplomó en el año 2008. Las razones son por todos sabidas y por los que ya sabemos, debidamente escondidas. Y junto al cataclismo financiero, asomaron como una infección purulenta, las pústulas de la omnipresente corrupción española en todos los estamentos que no pagaron lo suficiente como para mantener su nombre a buen recaudo.

El escándalo saltó a la palestra pública cuando el señor del PSOE Fernando Mellet, a la sazón Director General de Mercasevilla por aquel entonces, fue descubierto en unas grabaciones de audio donde exigía a unos empresarios hosteleros andaluces la suma de 450.000 euros a cambio de lograrles una ayuda de 900.000 para impartir cursos de formación.

Fernando Mellet era una de las firmas de peso de los EREs a los ya exempleados de Mercasevilla de los años 2003 y 2007. Pero el señor Mellet olvidó unas de las reglas básicas de la mafia, camorra, cosa nostra o Junta de Andalucía (como se le quiera llamar): “Si eres descubierto guarda silencio”. Mellet, asustando o ingenuo, o simplemente tonto, no tuvo otra ocurrencia que nombrar al señor del PSOE Antonio Rivas, exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía como instigador del intento de “mordida” a los hosteleros. Visto lo cual, la maquinaria anti levantamiento de manta se puso a jugar en contra de todo lo que sonara a Mercasevilla antes de que “otras posibles irregularidades” comenzaran a apestar el banquete.

Los medios de comunicación y los colores contrarios a los de la Junta de Andalucía comenzaron su labor de erosión, no tanto por una búsqueda de la verdad y de las responsabilidades, faltaría más, si no por la excelente carnaza política que este escándalo podía ofrecerles.

Los EREs, buque insignia de la gestión pública de Mellet, pasaron bajo la lupa del escrutinio público y en noviembre de 2009, la Junta de Andalucía, por la razón que queramos imaginarnos, decide unilateralmente suspender el pago a los beneficiarios del ERE del 2007. La ley del hielo comienza a hacer efecto. En ese momento fue Mercasevilla la que asumió gran parte del pago a los prejubilados del 2007, recordemos, 40 trabajadores que voluntariamente habían firmado un contrato con la Junta de Andalucía y Mercasevilla. Obviamente los extrabajadores iniciaron las acciones legales pertinentes para que la Junta de Andalucía, Mercasevilla y la compañía aseguradora Banco Vitalicio (actual Generali) respetaran las condiciones contractuales del 2007, igual que estaban haciendo con las de 2003. Pero la realidad del status quo se impone. En noviembre de 2012 siete sentencias del Tribunal de la Sala de lo Social de Sevilla condenaron a Mercasevilla al pago de la totalidad de los EREs del 2007, pero en ningún caso hicieron responsables a la Junta de Andalucía del pago del mismo.

¿Qué significa esto? Recordemos que el 51% del capital de Mercasevilla es del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado desde junio de 2011 por el señor del PP Juan Ignacio Zoido, y el 48% de su capital es estatal, de la SEPI, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, encabezado desde el 2011 por el también señor del PP Cristóbal Montoro. Esto es, de un plumazo los juzgados andaluces deciden librar a la Junta de Andalucía del muerto apestado de los EREs del 2007 de Mercasevilla. Obviamente no faltaron los ayes y golpes de pecho por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Y el señor Zoido al imponer un recurso contra estas sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró: «No voy a consentir que los trabajadores de buena fe de Mercasevilla que se acogieron al ERE tengan un trato distinto al de tantos miles de trabajadores cuyas pólizas de seguro de rentas han sido respetadas por la Administración autonómica». Hermosas palabras sin duda, hermosas y tan vacías de afecto como el beso de una prostituta en un burdel de guerra.

Hoy, los 37 extrabajadores acogidos al plan de prejubilación de 2007, tres han fallecido ya, penan por los juzgados  y los pasillos de la administración pública andaluza. La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, promovida por el recurso interpuesto por señor Zoido, afirma que el ERE del 2007 es ilegal por abusivo y fraudulento y exonera a Mercasevilla de tener que pagar a los trabajadores y reclama a los 37 de Mercasevilla a devolver todo lo cobrado indebidamente. ¿Qué es esto de indebidamente? Pues todo lo cobrado por encima de los 45 días por año trabajado, que es la indemnización máxima legal por despido improcedente según la ley vigente en 2007. ¿Despido improcedente? Pues sí, el Tribunal de la Sala de lo Social de Sevilla fue capaz de librar del muerto a la Junta de Andalucía, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sido capaz de librar al Ayuntamiento de Sevilla de cualquier responsabilidad. Ni PP ni PSOE son responsables. ¿Quién lo es entonces? Obviamente los extrabajadores de Mercasevilla, los que voluntariamente firmaron en 2007 un plan de prejubilación con Mercasevilla y la Junta de Andalucía y que, de la noche al día, resultó ser un despido improcedente. Claro, sólo el del 2007, no el del 2003, ni el de “de tantos miles de trabajadores cuyas pólizas de seguro de rentas han sido respetadas por la Administración autonómica”. Fin de la cita.

Esto es lo que durante varios años no se ha contado. Cada poder afectado ha expuesto la parte del cadáver del otro que para sus intereses más convenía. Pero en este juego mafioso de la política y la justicia española si alguien tiene que salir mal parado, no lo olvidemos, jamás serán ellos. 37 personas se acogieron a un plan de prejubilación que su empresa les ofreció, no lo pidieron, no lo negociaron, se lo ofrecieron con todos los avales y garantías posibles. Aceptaron, y ahora, en lo que debía ser su retiro no hacen más que penar de un sitio a otro topándose con la deshumanización de un sistema que los ha utilizado a su antojo para desprestigiar al prójimo y, ya agotado el filón y próximos otros escándalos que entretengan a la plebe, los desecha, arrincona, olvida y los condena a la miseria. Esto es España.