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Dos acusados piden la presencia del Estado en el juicio de los ERE por estar sujeto a "la misma legalidad" en la concesión de las ayudas

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera solicita que acuda como testigo Soledad Córdova, que dijo en otra pieza que la Junta tenía "plenas competencias" para dar las ayudas

El abogado de Javier Guerrero pide que el Ministerio de Empleo aporte los expedientes administrativos que se elaboraron para la aprobación de la normativa vigente en materia laboral

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EFE

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exdirector de Trabajo Javier Guerrero han solicitado al tribunal de los ERE que llame como testigos a varias personas que tuvieron responsabilidades en el Ministerio de Trabajo y de Empleo del Gobierno español con la intención de que expliquen la normativa estatal bajo la cual se otorgaron las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado, por ejemplo a la Faja Pirítica de Huelva, y que se valieron de una Orden Ministerial aprobada en 1995, según reconoció por escrito el propio Ministerio en dicha pieza, y que la Consejería de Empleo y la Intervención de la Junta  validaron en el año 2000 en informes del trámite de fiscalización de una de las ayudas que se investigan.

El abogado de José Antonio Viera, que estuvo sustituido en la primera parte de la sesión del juicio de este miércoles por una letrada sustituta, ha pedido la práctica de la prueba testifical de dos secretarias del exconsejero y de la exdirectora de Trabajo del Ministerio Soledad Córdova, que dijo en la pieza mencionada cuando declaró como imputada que la Junta tenía  "plenas competencias" para dar las ayudas. La  pretensión del letrado, según ha explicado, es que Córdova "aporte sus conocimientos del sistema legal de aplicación por parte de Ministerio en aplicación de las normativas que regían la concepción y tramitación de las ayudas del Ministerio".

"Es de interés y necesaria para que se pueda acreditar que en todo momento que la actuación de los distintos órganos de Empleo estuvo sujeta a la misma legalidad derivada de la Orden de 1995" que citó la exdirectora en su declaración ante el juzgado pero que no fue invocada por la Consejería de Empleo a la hora de la concesión de las ayudas. La imputada dijo desconocer el procedimiento que usó la Junta de Andalucía pero esta parte considera importante la aclaración de esta cuestión.

Por su parte, el abogado Fernando de Pablo, que representa a Guerrero, ha solicitado que se le pida al Ministerio de Empleo los expedientes administrativos de los que se valió para la aprobación de la normativa vigente en materia laboral, de los que informó en su momento este periódico, así como la testifical de las personas que pudieran haber intervenido en su elaboración como ya pidieron en  un escrito conjunto varias defensas, que fue  rechazada por el juez Martín en la instrucción, entre las que se encontraban el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exdiputado socialista Ramón Díaz, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet o los representantes de sociedades investigadas como Surcolor, Río Grande, Uniter o Vitalia.

La pretensión de estos los abogados,  como ya avanzó este medio,  es apurar los argumentos de defensa sin entrar en la validez o no de las transferencias de financiación, en las que están más ocupados la mayor parte de los 22 acusados (pertenecientes a Hacienda o a la agencia IDEA muchos de ellos), sino en el hecho de que realmente existía una normativa que validaba las ayudas, repartidas discrecionalmente como ya apuntó Chaves en la comisión de investigación.

Unas defensas quieren llevar al límite el planteamiento de que Andalucía tenía competencias para conceder las ayudas que se investigan, desde el punto de vista de la Constitución y de la normativa laboral. Otras entienden que las ayudas no se adecuaban a esa normativa (la citada Orden de 1995) sino que se trataba de ayudas asistenciales, también bajo el amparo constitucional, pero que se otorgaban sin norma porque no había ningún tipo de regulación.

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