Aportó un vídeo de los hechos y un parte de lesiones. Pidió una investigación exhaustiva de la agresión de dos vigilantes de seguridad en plena calle en 2022. Pero la jueza rechazó abrir una causa para indagar en los hechos y absolvió a los agentes tras un juicio por delito leve.

Tras agotar las instancias judiciales en España, este joven de Barcelona, que tenía 16 años cuando fue reducido con contundencia en plena calle por dos agentes de seguridad privada del Metro, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Representado por el centro Irídia, denuncia la falta de investigación efectiva de su agresión por parte del sistema judicial, una mala práctica que en el pasado ya le ha valido condenas a España.

“La falta de diligencia del juzgado y de la Fiscalía para investigar los hechos fue total”, ha lamentado el abogado de la víctima y de Irídia, Ton Mansilla. El juzgado absolvió a los vigilantes de seguridad tras dar por probada su palabra, esta es, que el joven estaba “alterado” y que por eso se le tuvo que reducir.

La agresión ocurrió en noviembre de 2022. Al intentar acceder a la estación, el contactless de su tarjeta de transporte no funcionó, pese a ser válida y vigente. Pasó por detrás de su pareja sin llegar a validar su tarjeta. Los agentes lo vieron, y discutieron. Después, los vigilantes salieron a buscarle en plena calle, fuera de las instalaciones del metro.

Los agentes nunca denunciaron al menor. En el vídeo de los hechos, que encabeza esta información, se aprecia que los agentes hacen caso omiso a los avisos de la mujer que acompañaba al menor y que les advertía de que estaban ahogando al menor porque le agarraban del cuello mientras lo reducían.

Este caso particular ha servido a Irídia para denunciar que los juzgados no indagan de forma exhaustiva las denuncias de malos tratos. “El sistema judicial falla en la investigación de las denuncias de torturas por parte de agentes de autoridad, ya sean vigilantes de seguridad privada, funcionarios de prisiones, policías o CNI”, ha aseverado la directora de Irídia, Anaïs Franquesa.

La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha alertado que los “fallos” de la Justicia a la hora de investigar malos tratos “hace que las víctimas lo perciban como un sistema injusto y arbitrario”. “La impunidad debilita el Estado de Derecho”, ha agregado.

De los 49 procedimientos que lleva Irídia contra agentes de la autoridad, en 32 el algún momento se ha archivado la causa, se ha tramitado como delito leve o se han archivado sin practicar todas las diligencias para esclarecer los hechos. Ello ha comportado que las instancias superiores (la Audiencia Provincial) corrijan a los jueces de instrucción en 24 casos y ordenen investigar debidamente los hechos.

“Los juzgados de instrucción no investigan adecuadamente, asumen de forma incuestionable la versión de la policía sin contrastar adecuadamente con la de las denunciantes”, ha criticado Olivella.

Cira Martínez, psicóloga de Irídia, ha explicado que la falta de investigación de las denuncias de torturas y malos tratos empeora el trauma de las víctimas: “Se sienten solas y que toda la presión recae en ellas”. Irídia ha denunciado que, además de jueces y fiscales, la desidia a la hora de indagar en estos hechos se extiende a los forenses de los juzgados, que no evalúan correctamente la afectación en las víctimas.

Para cambiar esta situación, Franquesa ha reclamado “más y mejor” formación de jueces y fiscales en derechos fundamentales, además de crear juzgados y fiscalías especializadas y un organismo independiente de control de las actuaciones policiales.

Nuevo intento de los espiados con el programa Pegasus para desentrañar la opacidad en la que permanece la infiltración en sus teléfonos móviles. El abogado Andreu Van den Eynde, letrado de ERC y de Oriol Junqueras y espiado en 2020, ha solicitado al juzgado que impute a tres fundadores y directivos de la firma israelí NSO Group a través de la filial que el grupo tiene en Luxemburgo.

La petición al juzgado es un intento para intentar que la causa no termine en vía muerta dada la falta de colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Israel, y se produce en paralelo a una campaña europea de decenas de entidades de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional o el centro Irídia, par reclamar a la Unión Europea que prohíba el uso del software espía y sancione a la filial en Luxemburgo del grupo israelí.

Un informe pericial aportado al juzgado por parte de Irídia, cuyo abogado Brian Ventura representa a Van den Eynde, ha descubierto nuevas filiales del grupo israelí en Luxemburgo. Otros independentistas espiados ya habían pedido dirigir las pesquisas hasta este país europeo, pero el juez de su caso (la investigación de Pegasus está diseminada en media docena de juzgados de Barcelona) se ha negado.

Los tres directivos que se pide imputar son Yuval Somekh; directivo de la empresa en el periodo en el que Van den Eynde fue espiado; Omri Lavie, cofundador de la empresa y que permanece en su junta directiva; y Shalev Hulio, cofundador de NSO Group y director general hasta 2022. Antes de fundar la empresa fue comandante del mando de Defensa Civil del Ejército de Israel.

De acordarse su imputación, sería la primera vez que un juzgado español investiga formalmente a los empresarios que vendieron el programa espía. Algunos de los directivos ya han comparecido ante la Justicia estadounidense. 

“Espiar a un abogado supone romper por completo las reglas del juego, ya que sus casos están protegidos por el secreto profesional y la intromisión puede haber accedido a información de sus clientes”, ha recordado la directora del centro Irídia, Anaïs Franquesa.

Por su lado, Júlia Pérez, de Amnistía Internacional, ha denunciado que Pegasus es “una herramienta de vigilancia masiva que vulnera derechos humanos”.

Shir Hever, un investigador internacional independiente, ha explicado que la actual tercera versión de Pegasus utiliza la inteligencia artificial para descargarse toda la información de los móviles y conectar cámara y micro sin que el afectado se dé cuenta. “Es un arma letal”, ha remachado.

Una jueza de Cornellà de Llobregat (Barcelona) investiga a cinco policías locales del municipio por una agresión racista denunciada por un joven de origen marroquí. Los hechos se remontan al pasado mes de octubre y fueron grabados en parte por el denunciante. En el vídeo se puede escuchar a uno de  los agentes dirigirse al joven a gritos de “vete a tomar por culo que te voy a reventar la cabeza”, entre otras expresiones.

Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ayuntamiento de Cornellà ha declinado dar su versión de los hechos y también se ha negado a precisar si se ha abierto algún tipo de investigación interna a los agentes.

El caso de este joven fue uno de los que atendió el año pasado el centro Irídia para la defensa de los derechos humanos. En su informe anual, la entidad alerta de un crecimiento de las identificaciones y actuaciones racistas de los cuerpos policiales en el espacio público.

“Estaba herido y-no me ayudaron para nada”, ha relatado Imad este jueves. El joven también ha detallado que la agresión le sigue comportando secuelas psicológicas además de las físicas: “No estoy como antes, no estoy bien. Estoy muy nervioso y no quiero salir de noche ni pasar por delante de comisarías”.

El joven fue atendido la madrugada de los hechos por los servicios de emergencias, que lo trasladaron en ambulancia al Hospital de Bellvitge. Allí los médicos constataron que sufría varios hematomas en la mandíbula, el cuello y las cervicales y tenía un diente roto, según figura en los informes de Urgencias.

Solo cuatro días después de interponer su denuncia directamente en los juzgados –en la comisaría de los Mossos d’Esquadra le indicaron que lo denunciara ante la misma policía local de Cornellà, a lo que el joven se negó por miedo–, la jueza citó como investigados a los seis agentes. En menos de cinco meses la jueza ya ha practicado las diligencias esenciales para decidir si envía el caso a juicio.

“Arbitraria e injustificada”

Según fuentes jurídicas, en su declaración como investigados, los agentes se limitaron a reconocer que identificaron al denunciante, pero negaron haberle propinado agresión alguna. También enmarcaron su actuación en respuesta al aviso de una discoteca de la zona de que se había producido un robo, si bien el hurto no tenía nada que ver con el denunciante.

La defensa de los agentes también ha intentado minar la credibilidad de la versión del joven pidiendo a la jueza que solicite sus antecedentes penales, algo que la magistrada ha rechazado al constatar que es impertinente y vulnera los derechos fundamentales del denunciante, han explicado las mismas fuentes.

Para la abogada del joven, Mireia Salazar Gabarró, del centro Irídia, hay racismo no solo en la agresión denunciada, sino en el conjunto de la intervención policial: “La identificación por perfil étnico que precede a la agresión es totalmente arbitraria e injustificada”. Según la versión del joven, después de quejarse por la identificación, los agentes procedieron a agredirle. “Fue una respuesta gratuita y desproporcionada para castigar el cuestionamiento a la actuación policial previa”, asevera la letrada. 

Sobre las dos y media de la madrugada del 24 de octubre, el denunciante salía de una discoteca con un amigo –que presenció todo lo ocurrido y ya ha comparecido ante la jueza como testigo– cuando una patrulla de agentes municipales de Cornellà les dieron el alto y procedieron a identificarles. 

“Quítale el teléfono”

Según su versión, tras preguntar el motivo de la identificación, uno de los agentes respondió en estos términos, que en parte quedaron grabados: “Moro de mierda, ¿tú no eres de por ahí? Vete a tomar por el culo que te voy a reventar la cabeza”. A renglón seguido, el joven pregunta a los agentes por qué le pegan.

Es entonces cuando otro agente observa que el denunciante está grabando la actuación policial y emplaza a su compañero a confiscarle el móvil: “Quítale el teléfono, quítale el teléfono, venga tírale”. “Suelta el móvil”, dice otro de los urbanos. Después el joven cae al suelo, a consecuencia, según su denuncia, de los repetidos golpes que le propinaron cuatro agentes.

El joven también asegura que mientras estaba en el suelo los agentes borraron el vídeo, que no obstante pudo recuperar de la papelera de su teléfono móvil. Otros dos agentes de la patrulla nocturna presenciaron todo lo ocurrido sin reprochar la conducta de sus compañeros, añade la denuncia.

Una vez se fueron los policías locales, el joven llamó al 112. Hasta el lugar de los hechos se personaron una patrulla de los Mossos d’Esquadra, que vio el vídeo y le recomendó denunciar, y una ambulancia. A las tres y media ingresó en ambulancia en Urgencias del Hospital de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat.

Aumento del racismo

Tanto el reciente informe de SOS Racisme como el presentado este jueves por Irídia llegan a la misma conclusión: el aumento de denuncias de racismo por parte de cuerpos policiales. En el caso de SOS Racisme, el año pasado por primera vez en 30 años atendió más denuncias de racismo policial que de particulares –un 22 frente a un 19% de los casos–.

El centro Irídia además alerta de que, como ocurre habitualmente en las discriminaciones que sufren ciudadanos de origen extranjero, existe un número muy grande de agresiones que no se denuncia.

Entre los meses de mayo y junio de 2022, Irídia atendió cuatro casos de chicos jóvenes nacidos en Marruecos que habían sido víctimas de violencia policial, de los cuales solo uno quiso denunciar los hechos, pese a disponer de informes médicos que acreditaban las lesiones.

Algunos de los motivos para no denunciar, explica Irídia, son la desconfianza en los cuerpos policiales y el sistema judicial, el miedo a que una denuncia pueda comportar la apertura de un proceso de expulsión contra ellos o el temor a las represalias por parte de los agentes denunciados.

“La criminalización sistemática de personas con determinados perfiles étnico-raciales y los prejuicios sobre las mismas comportan una menor credibilidad y un mayor cuestionamiento de las denuncias. En consecuencia, es más difícil acabar con la impunidad en casos de actuaciones policiales racistas”, afirma Irídia en su informe.

Los balcones del Raval tienen ojos. Un vídeo grabado por una vecina es la prueba clave de uno de los últimos casos de violencia policial en Catalunya: cuatro mossos d'esquadra se sentarán en el banquillo acusados de agredir sin razón alguna a un joven, I., en plena calle durante el toque de queda del año 2020. Su noche no terminó aquí. Una vez en comisaría, los policías habrían falseado un atestado para culpar a la víctima de haberles atacado antes, extremo desmentido por las imágenes. En el documento los agentes definen a I. como “sur americano”.

Según ha podido saber elDiario.es, la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para cada uno de los uniformados, además de su inhabilitación durante 16 años. La abogada Laura Medina, que ejerce la acusación popular para el centro Irídia, eleva la pena solicitada a 15 años y medio de prisión y 22 de inhabilitación.

Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2020. En Barcelona imperaba el toque de queda a partir de las 22:00h. para combatir la pandemia. Cuando pasaban treinta minutos de la hora límite, I. salió de casa de un amigo junto a otros dos conocidos. En la calle Valldonzella, a requerimiento de una patrulla de Mossos d'Esquadra, les contestaron que ya se iban a casa. Cruzado el barrio del Raval, en la calle Nou del Dulce, se produjo su segundo encuentro con otros agentes de la policía catalana. Resultó opuesto al primero.

Tras darles el alto y pedirles la documentación, I. explicó al cabo de los Mossos d'Esquadra que acababan de robar cinco euros a un amigo y le recriminó que no se dedicaran a perseguir “a los ladrones”. Este comentario desencadenó la reacción del uniformado. Sin previo aviso, relata la Fiscalía, el cabo “abofeteó y empujó a I. contra la pared, para posteriormente arrastrarle hasta la calzada y tirarle al suelo mediante una maniobra de barrido”. Para entonces una vecina ya había empezado a grabar.

Las imágenes muestran cómo el agente golpeó la cabeza de I. contra el suelo, para después retenerle durante algo más de un minuto. “Que sea la última vez, ¿te ha quedado claro?”, dijo el cabo a I. mientras le inmovilizaba. El policía hizo caso omiso de las peticiones de uno de los amigos de I. para que cesara en su actitud.

A continuación aparecieron los otros tres agentes acusados. Lejos de evitar la acción de su mando, mantuvieron durante varios minutos a I. en el suelo, lo que dificultó la respiración del joven. La grabación captó los gritos de dolor de I. y la reacción impasible de los agentes. “Mi hombro, me están haciendo daño”, expresó en un primer momento I., que tras más de minuto y medio retenido veía que se estaba asfixiando: “Me están torturando, ¡hijos de puta!”.

Pasó I. casi cuatro minutos en el suelo retenido por los agentes hasta que, entre tres, lo esposaron, no sin antes golpearle en la cara o en las piernas. Uno de los agentes colocó su porra sobre los tobillos para retorcerle las piernas, tras lo que I. volvió a proferir varios gritos de dolor. Los agentes terminaron llevándoselo hasta el coche y lo trasladaron a comisaría. La noche no había terminado.

“Eres una basura”

En el vídeo incorporado a la causa y que encabeza esta información se pueden escuchar tanto los gritos de dolor y las peticiones de I. para que sus amigos se queden con el número identificativo de los mossos como algunos de los gritos que le lanzan los agentes. “¿Lo has entendido ahora?”, repite uno de los agentes mientras I. permanecía en el suelo. La víctima mantiene además que uno de los policías le susurró en el oído expresiones como “eres una basura, una mierda”.

La agresión, además de secuelas psicológicas, le dejó a I. varias lesiones físicas: heridas en la cara fruto de los golpes contra el suelo, fracturas en tres dientes y erosiones en piernas y brazos. Por todo ello la Fiscalía reclama que los agentes indemnicen a la víctima con 3.400 euros, cantidad que deberá abonar la Generalitat si los acusados resultan condenados y no pueden pagar.

La pena de ocho años y medio de cárcel solicitada por la Fiscalía es elevada. Los casos más graves de violencia policial en los últimos lustros incluyeron una petición de pena inicial de once años en el caso del homicidio de Juan Andrés Benítez y de diez años por las torturas a un ciudadano de origen rumano, penas que se rebajaron tras los juicios. Esta causa del Raval durante el toque de queda supera en petición de pena fiscal, por ejemplo, a la de las torturas en la comisaría de Les Corts, uno de los puntos más oscuros en la historia reciente de la policía catalana.

Con todo, casi la mitad (cuatro años) de la pena de cárcel solicitada por la Fiscalía corresponde al delito de falsedad documental. Según el Ministerio Público, los agentes intentaron justificar la detención de I. mediante un atestado que recogía “manifestaciones inciertas”, como por ejemplo que el joven les había dado una patada o un cabezazo. “Son conductas que no sucedieron en ningún momento”, zanja el fiscal.

A día de hoy, los cuatro agentes permanecen con un expediente disciplinario abierto por la conselleria de Interior. A la espera de la resolución judicial del caso, siguen en el cuerpo pero sin formar parte de la unidad de apoyo a los antidisturbios (los ARRO) en la que estaban cuando se produjo su intervención.

En el atestado oficial rubricado por el cabo y los tres mossos acusados se llega a describir a I. por su origen en vez de narrar lo ocurrido esa noche: los agentes dejaron por escrito que I. formaba parte de “un grupo de tres suramericanos alterados [y] agresivos” que, agregaron, desobedeció sus órdenes. Nada de eso pasó, según las acusaciones.

Los agentes enviaron el atestado al juzgado. Aunque I. quedó en libertad 24 horas después tras comparecer ante el juez de guardia, se le abrió una causa por atentado a los agentes de la autoridad, que no quedó archivada definitivamente hasta el verano pasado. En otras palabras, pasó casi dos años imputado por un delito que no cometió. De no ser por la contundencia del vídeo, I. tendría que enfrentarse a un proceso penal basado en la palabra de los policías que lo agredieron. Para su suerte, los balcones del Raval tienen ojos.

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Una jueza de Barcelona mantiene abierta una investigación contra cinco guardias urbanos de la capital catalana por presuntamente irrumpir en un piso y golpear a un hombre el 18 de abril del año pasado, en pleno confinamiento. El caso lo ha hecho público este martes el centro Irídia para la defensa de los derechos humanos, que representa a la víctima, en la presentación de su informe sobre la violencia institucional de 2020. Los agentes ya han prestado declaración judicial.

Según denunció el hombre presuntamente agredido, la madrugada del 18 de abril de 2020 se encontraba en su casa haciendo una videoconferencia con sus amigos de Rumania, con motivo de las celebraciones de Pascua. Sobre las 4:30h. se personaron en su domicilio seis agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que “sin motivo alguno”, requirieron al hombre para que saliera del domicilio y se identificara.

“Tras una breve discusión”, agrega la denuncia, los agentes abuchearon al hombre, le cogieron el móvil y lo tiraron contra la pared. A continuación entraron en la casa y, según la denuncia, “se echaron encima” del hombre, propinándole varios golpes y se lo llevaron detenido. El hombre perdió el conocimiento y despertó en comisaría “con el cuerpo lleno de golpes y contusiones, habiéndose orinado y defecado encima”, apostilla la denuncia.

El caso forma parte del informe que cada año elabora el centro Irídia, que en esta ocasión ha alertado de las vulneraciones de derechos producidas a raíz de la normativa de estado de alarma. “La pandemia no pone en suspenso todos los derechos fundamentales, la entrada en domicilio de los ciudadanos solo puede ser por delito flagrante, orden judicial o consentimiento de su morador, no se puede entrar por una supuesta infracción de la normativa sanitaria”, ha aseverado la letrada y codirectora de Irídia, Anaïs Franquesa. En conjunto, desde 2016 la entidad lleva 60 litigios por violencia institucional con 135 agentes y funcionarios de prisiones investigados.

La entidad también ha puesto el foco en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y las afectaciones de la pandemia en sus internos. Irídia ha criticado que se han producido restricciones a las visitas de personas cercanas, de organizaciones de derechos humanos y de los abogados que asisten a los internos desde que el CIE volvió a abrir el pasado mes de octubre tras permanecer cerrado desde abril.

“Denunciamos una vez más que una falta administrativa no justifica el cierre de una persona, el abuso, la tortura y en algunos casos la muerte de los internos”, ha lamentado Nati Oliveira, del colectivo Tanque els CIES. “Por cada mes que ha estado abierto el CIE hemos recibido una denuncia de malos tratos”, ha apostillado la letrada Marta Bolinches.

Además, Irídia ha denunciado que los jueces acordaron la deportación de al menos dos personas en los días inmediatamente posteriores a denunciar malos tratos, así como de otros tres internos también deportados sin haberlas tomado declaración ni haber sido visitados por un médico forense para analizar las lesiones que denunciaban.

El informe también destaca buenas prácticas como el cambio en la identificación de los agentes antidisturbios de los Mossos, aunque recuerda que está pendiente de implementar en las ARRO. El codirector de Irídia, Andrés García Berrio, también ha celebrado la puesta en marcha de un plan de mejora del sistema de cámaras de videovigilancia en los centros penitenciarios y la apertura de canales de comunicación más directos y estables con la Dirección General de los Mossos.

La joven de 19 años que este martes resultó herida por el impacto de un proyectil de 'foam' de los Mossos d'Esquadra en la manifestación contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel ha perdido un ojo, según ha informado el centro Irídia para la defensa de los derechos humanos y ha confirmado elDiario.es. La conselleria de Salud ha confirmado la pérdida del ojo aunque ha evitado precisar que la causa sea una lesión por un proyectil de 'foam'. La joven será operada este jueves.

El departamento de Interior ha lamentado que la joven haya perdido un ojo. Fuentes de la conselleria han apuntado que todavía no tienen constancia oficial a través de informes hospitalarios o judiciales, y han insistido en que habrá que recopilar el máximo de información posible para saber qué ha sucedido y cuáles son las circunstancias que han provocado la lesión. Interior ha contactado con la persona herida y su entorno familiar y ha abierto una investigación.

Según testigos, la lesión tuvo lugar entre las 20.30h. y las 20.45h. cerca de la comisaría de Policía de la calle Balmes. La manifestación en apoyo a Pablo Hasel había salido de la plaza Lesseps y al llegar a la Vía Augusta algunos grupos de manifestantes empezaron a lanzar objetos contra los agentes que custodiaban el edificio policial. Los Mossos replicaron con disparos de 'foam'. Fue el inicio de una noche de altercados en varias calles del centro de la ciudad, quema de contenedores y saqueo de tiendas que acabaron con una decena de detenidos.

“Las balas de foam son muy peligrosas y pueden generar graves lesiones, incluso la muerte”, ha denunciado el centro Irídia, que ha considerado “muy grave” el caso y ha lamentado que en la rueda de prensa de esta mañana para valorar los incidentes el conseller de Interior, Miquel Sàmper, haya evitado referirse a la lesión de la joven. “Es imprescindible que esta legislatura se produzca una profunda revisión en el Parlament de los mecanismos de control, evaluación, investigación y sanción internos de los Mossos”, ha agregado Irídia.

En Catalunya, los Mossos d’Esquadra -cuerpo que ostenta las competencias en orden público- no disparan balas de goma desde que el Parlament se lo prohibiera en 2015 tras el caso Ester Quintana, pero pueden disparar proyectiles de ‘foam’. En las protestas de la sentencia del procés un manifestante también perdió un ojo por el impacto de un proyectil policial, sin que la investigación judicial haya podido determinar por ahora si se trató de una bala de goma o un 'foam'.

El proyectil de 'foam' tiene 40 milímetros de diámetro y al estar hecho de material viscoelástico, similar a una espuma, hace que su impacto quede repartido entre el proyectil y el objetivo. Pero a diferencia de la bala de goma, el 'foam' no rebota cuando toca el suelo, por lo que las lesiones por este tipo de proyectiles de precisión se producen por un impacto directo.

El juez de control ha rechazado cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona debido a un caso de coronavirus detectado el pasado mes de octubre, tal y como pedían el Ayuntamiento de la capital catalana y las entidades en defensa de los derechos humanos Irídia y Migrastudium, al considerar que la decisión sobre la clausura del centro “excede” de sus funciones.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en su función como responsable judicial del control del CIE de la Zona Franca, concluye que no puede resolver la solicitud del consistorio y las entidades ya que sus competencias están “limitadas estrictamente” al control de los derechos fundamentales“, lo cual no le permite resolver sobre si se tiene que cerrar o no el CIE, pero sí adoptar decisiones para que el normal funcionamiento el centro ”vele por los derechos fundamentales“, así como resolver las quejas de los internos al respecto.

La dirección del CIE de Barcelona informó al juez el pasado 5 de octubre de que había reiniciado su actividad –después de que en la primera ola de la pandemia el centro se vaciara ante la imposibilidad de deportar a los migrantes por la suspensión de vuelos– con el ingreso de 84 internos. El CIE decidió además suspender las visitas. Ahora el juez acuerda que sí se pueda acceder al CIE para visitar a los migrantes y que se desarrolle el derecho de visitas conforme a las medidas preventivas que ya planteó en junio del 2020.

En concreto, se tendrá que tomar la temperatura mediante termómetro sin contacto y de forma previa al acceso a toda persona que acuda al CIE y además se les tendrá que facilitar solución desinfectante de manos y mantener la obligatoriedad de llevar mascarilla. Según indica el juez en su resolución, una temperatura corporal igual o superior a 37,5 grados será considerada “de riesgo” y tendrá que comportar que no se permita la entrada al CIE.

Con respecto a los internos, según la recomendación del sistema médico del CIE, los nuevos ingresos se tendrán que realizar siempre en horario de atención médica, entre las 06.00 y las 22.00 horas, con la finalidad de que el personal sanitario pueda realizar una identificación “precoz” a aquellos nuevos internos con síntomas sugestivos de coronavirus y, si fuera el caso, dirigirlos a los servicios asistenciales correspondientes. Además, el CIE tendrá que adoptar de forma diaria y actualizada todas las medidas que integren la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del coronavirus que establezca el Ministerio de Sanidad, que también se tendrán que seguir comunicando a la autoridad judicial y a Fiscalía.

La decisión del juez de Barcelona difiera de la del magistrado de control del CIE de Las Palmas de Gran Canaria, que ha situado en un máximo de 42 internos la capacidad del centro para poder cumplir con las condiciones sanitarias adecuadas frente el virus y ha fijado el cierre de la instalación en caso de detectarse un positivo.

En su resolución el juez no menciona el informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona en que se concluía que el CIE carece de un plan de contingencia por si se detectan brotes y que tampoco tiene la capacidad para aislar a los contactos estrechos, con lo que reclaman que se desaloje a las personas internas. Fuentes municipales han lamentado que el auto del juez “llega tarde” y han reiterado que a día de hoy “no consta” que el CIE tenga un plan de contigencia ante un brote de coronavirus.

Ante las “deficiencias constatadas” en el CIE, desde el Ayuntamiento han reiterado al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno la petición para liberar a los migrantes y cerrar el centro “antes de que haya más contagios”, algo a lo que hasta ahora el Ejecutivo central se ha negado. “La aplicación de la Ley de Extranjería nunca puede ir por encima de la protección de la integridad física de las personas que están dentro en el CIE, y de la salud pública del conjunto de la población”, han expresado fuentes municipales, que han recordado que los migrantes están encerrados en el CIE a la espera de deportación no por haber cometido un delito sino por su situación administrativa, por residir sin un permiso de residencia y trabajo.

En un comunicado, Irídia y Migra Studium han resaltado que la suspensión de las visitas acordada por el CIE de Barcelona el pasado 5 de octubre era “incompatible con la garantía y el respeto para los derechos de los internos” a comunicarse con el exterior, a tener contacto con su familia y a recibir el acompañamiento de entidades de defensa de los derechos de las personas inmigrantes. Las dos entidades denuncian que han tenido que pasar “más de tres meses” desde su primera petición para que el juzgado haya acordado que el CIE tenga que permitir las visitas a los internos.

“En medio de la actual tercera ola de pandemia no tiene que ser fácil el internamiento en especiales condiciones de aislamiento y falta de relación con las personas queridas. Y a pesar de ser una buena noticia que reconoce los derechos de los internos llega tarde”, lamentan ambas entidades en relación con la resolución judicial. El letrado Andrés García Berrio ha denunciado que las personas sobre las que se presentó la queja al CIE en octubre ya han sido deportadas en barco. “Es indignante que el juzgado no haya resuelto durante los meses que las personas estuvieron internadas antes de ser deportadas”, ha criticado García Berrio.

Un agente de los Mossos d'Esquadra disparó su pistola eléctrica este miércoles para reducir y detener a una mujer en Sabadell (Barcelona). Los hechos ocurrieron sobre las 13h. cuando la mujer acudía a un centro de salud de la localidad. Según los Mossos, el uso de la pistola Taser fue la última alternativa debido a la “agresividad” de la mujer, que habría llegado a golpear primero a trabajadores del centro sanitario y luego a los agentes.

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha defendido que los agentes se han ajustado a los protocolos policiales al utilizar la pistola Taser, pero la joven, que afirma que recibió tres descargas eléctricas, denunciará a la policía catalana. Por su lado, el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia, que asesora a la joven, ha denunciado un uso “desproporcionado” de la pistola eléctrica por parte de los Mossos para reducir a la joven, que acabó detenida por atentado a la autoridad y daños.

Según los Mossos, la joven acudió con su madre a un centro médico en Sabadell a una cita médica y, debido a los protocolos por el coronavirus, no dejaron entrar a su progenitora, lo que provocó que la chica se pusiera entonces nerviosa. Los Mossos aseguran que la joven golpeó a los sanitarios y provocó daños en el ambulatorio, cuyos responsables llamaron a la policía. La policía catalana ha explicado además que la joven tampoco atendió a la advertencia de la policía para que se calmara y se mostró “agresiva” con los agentes, por lo que se procedió a detenerla mediante el uso de la pistola eléctrica.

Sàmper ha justificado el uso de la Taser porque, a su juicio, cualquier otra actuación para reducir a la joven hubiera sido más lesiva. “La mujer estaba muy alterada y otro intento de reducirla hubiera comportado peores consecuencias para ella, como por ejemplo, un infarto o una lipotimia”, ha aseverado. Por contra la joven ha afirmado a TV3 que denunciará a la policía catalana por lo que considera una actuación desproporcionada: “Mido menos de 1,60 y peso 48 kilos, con una llave me hubieran inmovilizado rápido”.

En el vídeo de la actuación policial, que Irídia ha colgado en las redes sociales, donde denuncia que el uso de la pistola eléctrica en este caso es “muy preocupante y desproporcionado”, se aprecia como la chica está en el suelo gritando muy nerviosa, una vez los agentes ya le han disparado con la pistola eléctrica, mientras sus familiares piden desde la distancia que la dejen tranquila. Una vez reducida, la chica sigue nerviosa en el suelo, ante lo que un familiar se acerca a intentar calmarla, si bien los agentes le piden que se aparte. Finalmente, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladó a la chica a un centro hospitalario.

Para el codirector del centro Irídia, Andrés García Berrio, el empleo de la Taser contra la joven de Sabadell “muestra indicios claros de desproporcionalidad” ya que en las imágenes se observa “una clara superioridad” de los agentes, que según el abogado “podrían haber optado por otros usos de la fuerza menos lesivos” tanto a nivel físico como respecto a la afectación emocional y psicológica de la chica.

Los Mossos cuentan desde hace unos dos años con más de un centenar de pistolas eléctricas, que han bautizado técnicamente como Dispositivos Conductores de Energía (DEC), aunque son más conocidas por el nombre de una de las empresas que las comercializa: Taser.

Se trata de armas paralizantes que se emplean tanto en contacto con el cuerpo como a una distancia de 6 o 7 metros, mediante el lanzamiento de dardos. La descarga que aplica es de 50.000 voltios de bajo amperaje, con el objetivo de atacar el sistema neuromuscular y causar un colapso general por unos momentos a la persona a la que se le dirige el disparo, que puede durar hasta 5 segundos.

El protocolo de la policía autonómica para el uso de este tipo de arma indica que solo puede usarse en situaciones “de riesgo racional grave” para la vida o la integridad física de los agentes o de terceras personas. Antes de emplearla los policías también deben “agotar todas las vías” de diálogo y mediación previa así como avisar a la persona que recibirá la descarga de que se hará uso del arma.

En el caso de las reducciones de personas, como el ocurrido en Sabadell, el uso de las Taser está permitido siempre que se constate que la persona que recibirá el impacto “muestre resistencia activa que ponga en riesgo la integridad física de los agentes”.

La implantación de las Taser en la policía autonómica estuvo precedida por el rechazo de grupos de izquierda del Parlament como la CUP o los 'comuns' así como el de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Irídia. Entre los motivos para oponerse a las Taser destacó el hecho de que los Mossos permitieran su uso en situaciones como intentos de suicidio o autolesión o cuando se agrediera o amenazara a los agentes con un arma blanca, dos supuestos en que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa recomienda evitar el empleo de las Taser al poder verse afectadas personas con problemas mentales o de adicciones.

La semana de protestas y altercados que siguieron a la sentencia del procés de la que este miércoles se cumple un año se saldó con centenares de detenciones de jóvenes, pero también con investigaciones a miembros de las fuerzas de seguridad que siguen abiertas tras 365 días. Un total de 19 agentes –16 mossos d'esquadra y 3 policías nacionales– siguen investigados un año después por lesionar a manifestantes, en dos casos dejándoles sin ojo tras el disparo de una bala de goma o un proyectil de 'foam', ha explicado la entidad Irídia.

La cifra de agentes investigados la ha desvelado Irídia, que está personada en las causas bien en representación de los heridos bien como acusación popular, y contrasta con la negativa de la conselleria de Interior tanto a dar datos como a llevar por iniciativa propia a los agentes ante la justicia por casos de mala praxis en la contención de las protestas del año pasado. Interior se limitó a reconocer que tenía a medio centenar de agentes bajo investigación interna, aunque ninguno de ellos ha sido sancionado.

De los casos en los que Irídia está personada, seis se refieren a lesiones por impacto de proyectil policial –bala de goma en el caso de la Policía Nacional y 'foam' de los Mossos– tanto en la protesta de Tsunami Democràtic en el Aeropuerto del Prat del 14 de octubre de 2018 como en las que siguieron el resto de la semana en Barcelona, entre ellas los altercados de plaza Urquinaona del 18 de octubre.

La suspensión de plazos procesales debido al estado de alarma ha provocado el freno a las pesquisas, que no obstante desde Iridia confían reactivar este otoño. La entidad también representa a dos periodistas que denunciaron agresiones por parte de los Mossos mientras cubrían las protestas e iban debidamente identificados.

La letrada y cocoordinadora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha expuesto que, a diferencia de la investigación de las cargas del 1-O, las pesquisas no se centrarán tanto en la cadena de mando y las órdenes sino que se limitarán a las agresiones concretas, si bien ha confiado en que los casos de bala de goma y 'foam' sí se pueda establecer “la responsabilidad concreta de los mandos” que permitieron el uso de estos proyectiles. Cabe recordar que el Parlament prohibió a los Mossos usar balas de goma pero que la Policía Nacional no se siente concernida por el veto de la Cámara.

El cocoordiandor de la entidad, Andrés García Berrio, ha indicado que han trasladado la información relativa a las causas judiciales a la conselleria de Interior, a quien ha criticado por “falta de transparencia”, según ha explicado, por negarles los protocolos para el uso de proyectiles de 'foam'. Según ha avanzado El País este miércoles, los Mossos han condecorado a 400 agentes que actuaron contra los altercados tras la sentencia del procés, entre ellos 140 integrantes de los antidisturbios

Al margen de las investigaciones judiciales, la psicóloga de Irídia Natàlia Abrego ha explicado que las víctimas de las agresiones presentan “sintomatología ansiosa y depresiva” así como pesadillas y dificultades para conciliar el sueño y comer. “Hay fuertes sentimientos de injusticia, rabia y culpa y parálisis en contextos de manifestación y encuentros con agentes policiales”, ha agregado.

Los déficits en la identificación de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra persisten seis años después de la orden de la conselleria de Interior para obligar a llevar visible el número de operativo. Así lo han denunciado este martes Amnistía Internacional Catalunya y el centro Iridia para la defensa de los derechos humanos, que han han expuesto sus reclamaciones mientras ultiman con el Parlament reformas legislativas para endurecer la normativa en identificación policial.

Ambas entidades han afeado que agentes y en ocasiones dispositivos completos de los Mossos incumplen la obligación de llevar su identificación visible, y han reclamado que los agentes no solo la luzcan en la espalda, sino que también se reproduzca en el torso y el casco del uniforme. Esta petición afecta a los mossos las unidades antidisturbios –la 'Brimo'– y también a los de las unidades ARRO, que suelen participar en intervenciones de orden público.

En una rueda de prensa donde Iridia ha presentado su informe anual sobre violencia institucional, el codirector de la entidad, Andrés García Berrio, ha explicado que el Número de Operativo Policial (NOP) que lucen a día de hoy los agentes es demasiado largo como para memorizar –cuenta con nueve dígitos– y está impreso en una tipografía poco legible.

La propuesta de Irídia y Amnistía Internacional, que han trasladado a los grupos del Parlament, pasa por reproducir ese número también en la parte frontal del chaleco y en el casco. También que el NOP pase de nueve a cuatro o cinco dígitos alfanuméricos, y un cambio de la tipografía para que esta sea “más entendible”, en palabras de García Berrio.

Según Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Catalunya, es “fundamental” una correcta identificación de los operativos de los cuerpos policiales. De acuerdo con Ribas, “la ausencia de identificación es una de las principales causas de impunidad en las malas prácticas policiales”, ya que si no están correctamente identificados, los juzgados no pueden responsabilizar a un agente de eventuales lesiones contra manifestantes en operativos de orden público.

Pistolas Táser y proyectiles de 'foam'

En la presentación del informe sobre violencia institucional de 2018, el centro Irídia han repasado los principales casos de violencia institucional llevados a cabo en Catalunya. Marta Valldaura, coordinadora del área de litigios de Irídia, ha apuntado que “el 69,6% de las solicitudes recibidas por el centro son por violencia policial en protestas”.

De los 80 casos atendidos por Iridia por protestas, catorce de ellos son lesiones producidas por golpes en la cabeza con porras policiales. Según Valldaura, el uso vertical y de arriba a bajo de las porras policiales es antirreglamentaria, pues “los protocolos dictan que los golpes deben ser horizontales y desde una altura baja”.

Los miembros de Iridia también han mostrado preocupación por el uso de pistolas Táser y de proyectiles de 'foam' por parte de los Mossos el año pasado. Según Adriana Ribas, las pistolas Táser se incorporaron “en contra de las recomendaciones de las asociaciones de derechos humanos”.

Otra de las advertencias que han lanzado Iridia y Amnistia versa sobre los proyectiles de precisión, arma de dispersión que los Mossos d'Esquadra utilizan desde que se prohibieron las pelotas de goma y que, según el informe, en dos casos contabilizados el último año provocaron lesiones muy graves, con secuelas irreversibles. Además, en las protestas contra la celebración del Consejo de Ministros del 21 de diciembre del año pasado, se constató que algunos antidisturbios que llevaban escopetas de precisión –con balas de 'foam'– no iban debidamente identificados.

Iridia-Centre per la Defensa dels Drets Humans y SOS Racismo Madrid han presentado este jueves una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como denuncia a las “autorizaciones colectivas de privación de libertad” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En el escrito registrado ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, ambas organizaciones  denuncian “una práctica que han detectado en reiteradas ocasiones” por parte del Juzgado Mixto Nº4 de Motril (Granada) para proceder al internamiento en CIE de personas recién llegadas a las costas del Estado español.

Ambas organizaciones recuerdan en un comunicado que “no es una práctica aislada” y que seguirán “investigando a otros juzgados que están realizando prácticas idénticas”. En el día de hoy, una comisión de observadoras de derechos humanos de las entidades denunciantes se encuentra en Motril en el marco una visita de monitoreo de la situación de las personas que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur para la elaboración de un informe que será presentado ante el Congreso de los Diputados.

Dicho juzgado de Motril ha autorizado el internamiento de forma colectiva en el CIE de Madrid de 40 personas en diciembre de 2015, de 24 personas en marzo de 2017 y de 9 personas en julio de 2017. En el auto que ha motivado la denuncia el Juzgado indicó que “habida cuenta de que los interesados/as, mayores de edad, extranjeros/as, indocumentados, sorprendidos todos ellos en iguales circunstancias”…“han manifestado que carecen de domicilio, trabajo, propiedades o de cualquier otra circunstancia que evidencie en los mismos un mínimo de arraigo en España”.

Entre las 40 personas internadas “a través de dicho auto genérico y no individualizado” se encontraban varias con arraigo familiar, un hombre casado y padre de dos menores cuya familia viajaba en la misma embarcación, una mujer víctima de Mutilación Genital Femenina forzada y potencial solicitante de asilo así como cuatro posibles menores de edad, detallan las asociaciones.

Piden justicia en igualdad de condiciones

Las organizaciones denuncian “una práctica que se torna habitual y que no solamente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, dejando a las personas migrantes en situación de indefensión, sino que les priva del acceso a la justicia en igualdad de condiciones”. Además, recalcan que “se trata de autos idénticos que no están suficientemente motivados puesto que no atienden a la especificidad de cada caso”.

“Los CIE son espacios de vulneración sistemática de derechos donde se les interpela  en muchas ocasiones exclusivamente mediante un número. En este sentido, las autorizaciones judiciales colectivas de internamiento representan un paso más en el proceso de deshumanización y trato indigno a las personas migrantes, en este caso por parte de la autoridad judicial”, lamentan.

“Con este escrito queremos denunciar una práctica que no se ajusta a derecho y reclamar un compromiso firme para que no se reproduzca”, apuntan desde ambas organizaciones.

La misma semana en que al menos una veintena de personas han fallecido tras un naufragio cerca de la costa de Melilla y en que se han repetido actos de memoria a las muertes producidas en 2014 en la playa del Tarajal, desde Iridia y SOS Racismo manifiestan que “lejos de generar procesos de reparación y atención humanitaria, se está priorizando el internamiento con prácticas ilegítimas como la privación de libertad en espacios no habilitados y mediante procesos no individualizados”.

Ambas organizaciones han recordado que su denuncia se enmarca en la reivindicación de cierre de los CIE, el fin de las deportaciones y el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur.

Josep Font, el hombre que se hizo conocido por ser el último director de la prisión de hombres de Barcelona, la Modelo, es ahora el nuevo director del Centro Penitenciario de Brians I, cerca de Martorell. Font sustituye –desde setiembre– a Joan Carles Navarro, psicólogo de formación, que llevaba al frente de Brians I desde el 1 de julio de 2008, hace más de 9 años. Font, también psicólogo, ya había sido director de un centro penitenciario anteriormente, de Puig de les Basses (Figueres) y de Lledoners (Manresa). Es funcionario del Departament de Justicia desde 1989 y fue director de Justicia Juvenil entre los años 2003 y 2007.

Fuentes consultadas del Departament de Justícia aseguran que este relevo se debe a que son direcciones que han tenido “una larga trayectoria” en los centros penitenciarios y esto “no es lo más habitual”. Explican que cuando entró el actual director general de servicios penitenciaros de Catalunya, Amand Calderó, este inició unos procesos de cambios en las direcciones de los centros penitenciarios. Es por ello que, junto a la de Brians I, también ha cambiado la dirección de Brians II, Ponent, Quatre Camins i Lledoners. Por el momento no hay previstos más cambios.

Navarro vivió sus últimos meses como director de Brians I bajo la sombra de las denuncias por malos tratos que pesan sobre su centro. Pero el caso que más repercusión mediática tuvo fue el suicidio de una presa en Brians I, Raquel E.F., en abril de 2015, después de estar més de nueve meses en régimen de aislamiento penitenciario. Se trata de un régimen en el que los presos pasan más de 21 horas encerrados y en soledad, con sólo dos horas de patio o actividades, en celdas aisladas.

Aunque la interna aseguró en varias ocasiones querer suicidarse, la Generalitat nunca activó el protocolo de prevención de suicidios. Pese a reconocer que la interna ya había intentado quitarse la vida anteriormente, no asumió responsabilidades por no haberlo evitado, aunque se encontrase bajo su custodia.

Por ello, desde Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos valoran “como un cese” que Navarro ya no esté en el cargo y lo consideran “un paso más en el proceso de reparación del caso de Raquel”. Para el abogado y co-director de esta entidad, Andrés García Berrio, la muerte de Raquel E.F. fue la gota que colmó el vaso y describe a Navarro era el “principal responsable de la situación de irregularidad de derechos humanos” que se vivía en Brians I.

No obstante, desde el Departament de Justícia aseguran que el relevo de Navarro como director de Brians I “no tiene nada que ver” ni con el suicidio de la interna ni con el grupo de trabajo sobre los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado que tuvo lugar en el Parlament de Catalunya antes del verano. “Es una persona muy valorada por la dirección general”, aserveran.

Navarro acusó a las entidades de presionar a los internos para denunciar

El hasta ahora director de Brians I, Joan Carles Navarro, también protagonizó una polémica con las entidades sociales al acusarlas de presionar a los internos para denunciar. Se refería a unas denuncias por tortura y malos tratos recogidas en el grupo de trabajo del Parlament sobre régimen de aislamiento penitenciario. El informe del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura del Síndic de Greuges también recogió testimonios de algunos internos de los centros catalanes que aseguraban haber recibido malos tratos, así como quejas sobre que las inmovilizaciones se prolongaban más allá del tiempo reglamentario.

No obstante, Navarro negó que en su centro hubiese malos tratos o tortura y vinculó las quejas de los internos a presiones por parte de las entidades para que denunciasen. Aunque reiteró que “no hay malos tratos” en Brians I, sí que reconoció que se han impuesto expedientes disciplinarios a funcionarios. Por ejemplo, detalló el caso de cuatro funcionarios que taparon la cara a una interna que tenía una “crisis de agitación” con una sábana “para que no pasase bacterias al escupir a los funcionarios”. “Con todo el dolor de mi corazón tuve que poner una sanción a los funcionarios”, añadió Navarro.

El director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), Iñaki Rivera, lamenta, al recordar este episodio, que el director de Brians “patologizase a los presos, los tratase de locos y menostuviese sus declaraciones”. En setiembre, dos funcionarios de la prisión de Brians I fueron condenados por un delito leve de maltrato de obra a un interno.

Ahora, con Josep Font como nuevo director, desde el OSPDH confían en el “restablecimiento de la normalidad penitenciaria” y el cumplimento estricto de la circular sobre los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. Desde Irídia, piden también que se haga una auditoria interna para saber “qué es lo que no funciona” y una reunión con las entidades sociales para analizar la situación actual y asegurar que se aplican los estándares de protección de los derechos humanos“.

Al llarg de les darreres setmanes el moviment independentista a Catalunya ha patit una de les operacions repressives més grans dels últims anys a l'Estat espanyol. Més de 700 alcaldes estan sota investigació policial, la Mesa del Parlament sota fiança, mestres cridats a declarar, qualsevol tipus d'autogovern suspès via 155. Part del Govern de la Generalitat a l'exili. I l'altra part, conjuntament amb els Jordis, a la presó.

Una de les múltiples conseqüències d'aquesta situació ha estat col•locar la presó al centre dels pensaments d'una gran part de la societat catalana. Ni els presos socials ni els polítics han ocupat mai el focus d'atenció mediàtica. El que durant molts anys ha estat una realitat “silenciada”, que només patien persones anònimes i les seves famílies, ara ocupa tertúlies i pàgines dels diaris, però també converses familiars o entre amics.

Són molts els que han escrit cartes als presos polítics catalans o han seguit i compartit les experiències dels seus familiars. El dolor i la indignació davant les denúncies de vexacions i vulneracions de drets als que se'ls ha sotmès, moltes d'aquestes habituals al sistema penitenciari espanyol. Han sentit el dolor de no poder acaronar a qui més t'estimes o el de veure els teus fills a través d'una mampara de vidre.

Respecte a això cal agrair a molts dels seus familiars que han fet un esforç per compartir els seus sentiments i lluita diària. Especialment important ha estat el cas de la Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, que ha anat més enllà parlant-nos dels “altres” presos i les seves famílies amb les quals ha compartit sala d'espera durant les visites a Soto del Real. Com ella mateixa explicava, la seva, és la mateixa situació per la qual passen moltíssimes famílies, injustament penalitzades amb la dinamització de les relacions personals que implica l’aïllament d’un ésser estimat.

Qualsevol gest en aquesta direcció, per petit que sigui, és molt important. Ajuda a trencar amb un dels grans obstacles a l'hora de parlar dels drets de les persones preses: l'estigma que recau sobre la construcció social del “delinqüent”. Molts diran “els Jordis i els consellers no són delinqüents”, lema massa sovint utilitzat als moviments socials. Però independentment d'això, si ens quedem aquí, en lloc d'aprofitar per denunciar les situacions injustes que la presó i el sistema penal generen sobre tantes persones, les legitimaríem. I això no ens ho podem permetre.

Els presos polítics catalans han rebut un càstig a la seva activitat política en forma de presó preventiva, un recurs utilitzat sovint de forma abusiva contra els encausats per motius polítics, però no exclusivament. Un dels sectors contra el que més s'ha utilitzat aquesta mesura és la població migrant, sobre la que sempre recau l'estigma i la criminalització. Així com es posa tantes vegades en dubte que la presó preventiva s'utilitzi estrictament per a les finalitats concretes que té, passa el mateix amb les condemnes a presó, que acaben esdevenint “càstigs exemplars” i no la mesura de reintegració social que suposadament és.

L'Estat espanyol compta amb un dels sistemes penals més punitius d'Europa, que endureix les penes a cada nova reforma del Codi Penal. Any rere any observem, en els diferents estudis i estadístiques que es publiquen, com tot i tenir una taxa de criminalitat inferior a la mitjana europea sempre ocupa els primers llocs pel que fa a la taxa de població penitenciària. L'estat respon als problemes socials amb presó, ja que la majoria de reclusos hi són per delictes contra l'orde polític i econòmic, incloent-hi els delictes contra la salut pública. Es fa una política de control penal de la pobresa. Només al voltant del 16% hi són per delictes contra les persones. Segons dades de la Rosep (Xarxa d'organitzacions socials de l'entorn penitenciari) si els barems s'adaptessin als estàndards europeus, la població penitenciària es reduiria al voltant del 50%.

Fa només uns dies coneixíem el darrer informe del Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura, elaborat després que una delegació visites diferents centres de detenció i presons de l'Estat espanyol. Si recullen tot tipus de denúncies de maltractaments i tortures com la subjecció mecànica mitjançant corretges durant hores i dies. Especialment greu és la situació dels presos sotmesos als mòduls d'aïllament, d'altra banda un règim que també ha sigut reiteradament denunciat per organitzacions de drets humans tant a Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol.

I si de privacions de llibertat es tracta no podem oblidar una de les grans aberracions del nostre sistema: els Centres d'Internament d'Estrangers, paradigma del racisme institucional. Presons on es tanca a les persones amb l'únic motiu de no tenir la seva situació administrativa regularitzada. Reclusions que es poden allargar fins a 60 dies per tal de fer efectiva l'expulsió als seus suposats països d'origen. No se'ls anomenarà presos polítics, però són presos per les polítiques racistes dels països de la Unió Europea. Hem d'exigir el tancament d'aquests centres de forma immediata.

El moment actual pot ajudar a posar llum sobre la situació que es viu a les presons, investigada i denunciada per diferents col·lectius i entitats durant molts anys. Els drets de les persones preses han estat massa temps fora de l'agenda de les reivindicacions socials. Necessitem pensar en un nou sistema penal que inclogui el diàleg i la restauració com a pilars fonamentals per a la gestió de conflictes. Potser fins que no avancem decididament cap a una transformació radical de la societat serà utòpic plantejar l'abolició de la presó, però sí que podem exigir que sigui només l'últim recurs i no la solució per tot. És per això que no hem de deixar de parlar, qüestionar i denunciar el que passa a les presons, fins que caiguin tots els murs.

A lo largo de las últimas semanas el movimiento independentista en Catalunya ha sufrido una de las operaciones represivas más grandes de los últimos años en el Estado español. Más de 700 alcaldes están bajo investigación policial, la Mesa del Parlament bajo fianza, profesores llamados a declarar y cualquier tipo de autogobierno suspendido via 155. Parte del Govern de la Generalitat en el exilio. Y el resto, conjuntamente con los Jordis, en la cárcel.

Una de las múltiples consecuencias de esta situación ha sido colocar la prisión en el centro de los pensamientos de gran parte de la sociedad catalana. Ni los presos sociales ni los políticos han ocupado nunca el foco de atención mediática como ahora. Algo que durante muchos años ha sido una realidad “silenciada”, que solo soportaban personas anónimas y su entorno más cercano, ahora ocupa tertulias y paginas de periódicos, pero también conversaciones familiares o entre amigos.

Son muchos los que han escrito cartas a los presos políticos catalanes o han seguido y compartido las experiencias de sus familiares. El dolor y la indignación ante las denuncias de vejaciones y vulneraciones de derechos a los que se les ha sometido, muchas de ellas habituales en el sistema penitenciario español. Han sentido el dolor de no poder acariciar a quien más quieres o el de ver a tus hijos a través de una mampara de cristal.

Respecto a este punto, es justo agradecer a muchos de sus familiares que han hecho un esfuerzo por colectivizar sus sentimientos y lucha diaria. Especialmente relevante es el caso de Txell Bonet, compañera de Jordi Cuixart, que ha ido más allá hablándonos de los “otros” presos y sus familias, con las que ha compartido sala de espera durante las visitas a Soto del Real. Como ella misma explica, su situación es igual a la de muchísimas familias que han sido injustamente penalizadas con la dinamitación de las relaciones personales que implica el aislamiento de un ser querido.

Cualquier gesto en esta dirección, por pequeño que parezca, es muy importante. Ayuda a romper con uno de los mayores obstáculos a la hora de hablar de los derechos de las personas presas: el estigma que recae sobre la construcción social del “delincuente”. Muchos dirán “los Jordis y los consellers no son delincuentes”, lema utilizado con demasiada frecuencia por movimientos sociales. Pero independientemente de esto, si nos quedásemos aquí, no solo perderíamos la oportunidad de denunciar las situaciones injustas que la cárcel y el sistema penal producen sobre tantas personas, sino que además las legitimaríamos. Y esto es algo que no nos podemos permitir.

Los presos políticos catalanes han recibido un castigo a su actividad política en forma de prisión preventiva, un recurso utilizado con frecuencia de forma abusiva contra encausados por motivos políticos, pero no exclusivamente. Uno de los sectores contra los que más se utiliza esta medida es la población migrante, sobre la que siempre recae el estigma y la criminalización. Así como se cuestiona tantas veces que la prisión preventiva se utilice estrictamente para las finalidades concretas que tiene, pasa lo mismo con las condenas a prisión, que acaban convertidas en “castigos ejemplares” y no en la medida de reintegración social que supuestamente es.

El Estado español tiene uno de los sistemas penales más punitivos de Europa, que endurece las penas a cada nueva reforma del Código Penal. Año tras año observamos, en los diferentes estudios que se publican, como a pesar de tener una tasa de criminalidad inferior a la mediana europea, siempre ocupa los primeros puestos por lo que se refiere a la tasa de población penitenciaria. El estado responde a los problemas sociales con cárcel, ya que la mayoría de reclusos lo son por delitos contra el orden político y económico, incluidos los delitos de salud pública. Se desarrolla una política de control penal de la pobreza. Solo alrededor del 16% de los presos han cometido delitos contra las personas. Según datos de la Rosep (Red de organizaciones sociales del entorno penitenciario) si los baremos se adaptasen a los estándares europeos, la población penitenciaria se reduciría alrededor de un 50%.

Hace tan solo unos días que conocíamos el último informe del Comité Europeo por la Prevención de la Tortura, elaborado tras la visita que una delegación ha realizo a distintos centros de detención y prisiones del Estado español. Recoge todo tipo de denuncias de maltratos y torturas como la sujeción mecánica mediante correas durante horas y días. Especialmente preocupante resulta la situación de los presos sometidos a los módulos de aislamiento, régimen reiteradamente denunciado por organizaciones de derechos humanos en Catalunya y en el Estado español.

Y si de privaciones de libertad se trata, no podemos olvidar una de las grandes aberraciones de nuestro sistema: los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), paradigma del racismo institucional. Cárceles donde se encierra a las personas con el único motivo de no tener su situación administrativa regularizada. Reclusiones que se pueden extender hasta los 60 días con tal de hacer efectiva la expulsión a sus supuestos países de origen. Nadie los llamará presos políticos, pero la realidad es que son presos de las políticas racistas de los países de la Unión Europea. Hemos de exigir su cierre total de forma inmediata.

El momento actual puede ser una oportunidad para poner luz sobre la situación que se vive en las prisiones, investigada y denunciada por distintos colectivos y entidades durante muchos años. Los derechos de las personas presas llevan demasiado tiempo fuera de la agenda de reivindicaciones sociales. Necesitamos pensar en un nuevo sistema penal que incluya el diálogo y la restauración como pilares fundamentales para la resolución de conflictos. Puede que hasta que no avancemos decididamente hacia una transformación radical de la sociedad sea utópico plantear la abolición de las prisiones, pero sí que podemos exigir que sea siempre un último recurso y no la solución para todo. Es por todo esto que resulta necesario que continuemos hablando, cuestionando y denunciado las cárceles hasta que caigan todos los muros.

El 30 de abril de 2014 entró en vigor la prohibición de las balas de goma en Catalunya que se había aprobado 6 meses antes tras las votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público (CEMSOPUM). El trabajo de las víctimas, agrupadas en la Asociación Stop Balas de Goma, junto con el caso de Ester Quintana y la gestión comunicativa que se realizó del mismo, generó un proceso que acabó logrando la erradicación de unas armas con alto potencial lesivo que muchos países previamente habían decidido dejar de utilizar.

Tres años y medio después el temor que teníamos las organizaciones de derechos humanos con el despliegue de unidades antidisturbios de la Policía Nacional en torno al 1 de Octubre se hizo realidad. Las balas de goma volvieron a utilizarse y, lo que es peor, otra persona ha perdido la visión de su ojo por el impacto de una bala de goma, Roger Español.

Fue en la huelga general del 14 de Noviembre de 2012 cuando Ester Quintana sufrió el brutal impacto en su ojo. La misma fecha, cinco años después, fue la elegida para dar a conocer tanto el relato de Roger como la querella que se ha interpuesto por un delito de lesiones contra el agente policial que le disparó así como contra los mandos policiales actuantes. Así como el caso de Ester sirvió para impulsar un proceso que acabo resultando imparable, queremos que el caso de Roger sirva para abrir un proceso en el conjunto del Estado Español que culmine con su erradicación en el Parlamento estatal.

Con posterioridad a la publicación del video de Roger han salido voces y videos que han venido a intentar justificar la actuación policial y la lesión porque éste se vio inmerso en una situación de tensión con los agentes policiales en el momento en que estos cargaron contra la población en las inmediaciones de la escuela Ramón Llull. En primer lugar, cabe destacar que la situación en la que sufrió el impacto Roger se hallaba rodeado de periodistas en un momento donde no se estaba produciendo ninguna situación conflictiva y el disparo se produjo a unos 15 metros y de manera directa.

En segundo lugar, la utilización de un proyectil con semejante potencial lesivo en absoluto debería estar justificada cuando se ha demostrado que existen mecanismos y maneras menos lesivas de gestionar el orden público. El debate no debe ser en qué situaciones sí es legitimo que una persona pierda un ojo y en que situaciones no. El debate es acerca del modelo policial de gestión del orden público que queremos.

Las balas de goma salen del cañón de la escopeta a una velocidad de 720 kilómetros hora, por lo que se deforman ligeramente, lo que las hace más contundentes a la hora de impactar. La energía cinética con la que las balas de goma salen de las escopetas es siete veces superior al límite impuesto por el Parlamento europeo para las armas “menos letales”. Por eso, la asociación Stop Balas de Goma siempre ha defendido que sean consideradas “una arma potencialmente letal”.

En el Estado español desde 1990 han muerto 16 personas y al menos 22 han perdido un ojo o la visión del mismo por el impacto de dicho proyectil. La doctora Estrella Fernández, del Instituto de Oftalmología del Hospital Clínic, en una intervención que escandalizó a los asistentes a la comisión parlamentaria de Catalunya, manifestó que no se pueden calificar estas armas como de baja letalidad, y comparó las lesiones que generan con “heridas de guerra”.

Escribir este artículo no es fácil porque realmente pensábamos que habíamos logrado erradicarlas en Catalunya. Costó mucho, pero lo conseguimos en una de las principales gestas de los últimos años de los movimientos por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la situación actual y el caso de Roger nos ha recordado que el camino no estaba acabado, que la prohibición era parcial y que en realidad solamente afectaba al cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Asumimos el reto y nos ponemos en marcha junto a aquellas organizaciones del resto del Estado que quieran sumarse. Vamos a erradicar las balas de goma. Fue posible en Catalunya y será posible en el conjunto del Estado. Queremos que Roger sea la última víctima de bala de goma.

Estamos viviendo un momento político en el que todo sucede a una velocidad exacerbada en la que resulta complicado encontrar momentos tranquilos en los que poder pensar con claridad. Estamos asumiendo a marchas forzadas en los últimos dos meses una situación que hace tiempo podríamos pensar, aún con complicaciones, como propia de un thriller político.

Una parte del Govern en prisión preventiva, la otra parte exiliada en Bélgica haciendo frente a un proceso de extradición que todo apunta a que se le atragantará a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía española. Dos líderes de organizaciones de la sociedad civil encarcelados de manera preventiva. Más de 1.000 personas agredidas de manera salvaje por la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de Octubre. Y todo enmarcado bajo delitos que hacen que uno se traslade al pasado. Delitos de sedición y rebelión, para cuya imputación debería ser imprescindible que hubiera habido una violencia inexistente. Autos en blanco y negro llenos de delirio vengativo en los que ya no se habla de manifestaciones sino de “movilizaciones tumultuarias”. Aplicación de un artículo de la Constitución a través del cual se han convocado elecciones para dentro de poco más de un mes en una situación absolutamente excepcional. En resumen, un torpe intento de resolver un conflicto político a través del aparato penal y represivo.

Las consecuencias de la represión van mucho más allá de los lugares en los que estamos poniendo el foco y el abordaje ha de ser ampliado para poder poner remedios colectivos a la complejidad actual que estamos viviendo. Tal y como nos enseñó hace tiempo el escritor Carlos Beristain en el imprescindible libro “Afirmación y resistencia”: “Quizá uno de los objetivos que persigue la represión política, además de la paralización mediante el horror, es también el que la gente no sea consciente de sus finalidades, para que de esta forma tenga menos posibilidades para defenderse”. Para dicho autor las finalidades de la represión son la ruptura del tejido social colectivo y solidario; el control del enemigo interno; intimidar a la población; implantar la impunidad; y transformar a la población.

Ser conscientes de lo que busca la represión nos puede ayudar a ser especialmente cuidadosas antes situaciones que podamos estar viviendo en este clima de absoluta incertidumbre y represión directa y ambiental. Entender que los efectos psicosociales de la represión están planificados puede ayudar a entendernos a nosotras mismas, y a entender el momento en que están nuestras relaciones, nuestras organizaciones, nuestras redes en general.

En lo individual hay quien se despierta más temprano de lo habitual y que rápidamente busca su móvil para ver “si ha sucedido algo”; hay para quien conciliar el sueño es más complicado de lo habitual; hay quien se ha echado a llorar sin saber por qué tras días de tensión absoluta; contracturas con collarín, y contracturas que le llevan a uno al hospital. Un sinfín de consecuencias que cada cual sobrelleva como puede.

El tensionamiento personal tiene una traslación muy rápida al tensionamiento social. Es decir, la interacción de las personas está totalmente condicionada por cómo estamos. Y no lo olvidemos, uno de los objetivos principales de la represión es romper el tejido social con el objetivo de debilitar a la colectividad organizada. Algo que podría parecer evidente no lo es tanto. Sobre todo no se hace evidente cómo y cuándo detectar las consecuencias para poder ponerles remedio, más aún en momentos en los que se ha de trabajar o realizar activismo en un momento de máxima rapidez y mucha presión.

Es un momento en el que, tras entender que dicho tensionamiento personal y social busca quebrar la persona y el tejido, hemos de esforzarnos aún más por entender cómo está viviendo todo las personas que nos rodean antes de elevar el tono de la conversación. Hemos de asumir que mucho de los que nos está pasando es porque la situación nos está poniendo al límite. Empatía, escucha y comprensión. El problema es no ser conscientes, no amasar esas tensiones personales, relacionales y grupales.

Obviamente, no todo es tensionamiento social. También hay solidaridad, resistencia y ternura. En estos meses se han vivido situaciones preciosas donde se ha puesto en el centro la dignidad. Como la de una señora de elevada edad que fue ovacionada el 1 de Octubre cuando fue a votar arrastrando un andador. Una imagen que tras horas de trabajo en el centro de coordinación de #SomDefensores nos hizo sonreír y abrazarnos.

En Irídia - Centro por la Defensa de los Derechos Humanos hace dos años que luchamos contra las violencias institucionales. Pero ahora, en medio del contexto actual, es más importante que nunca poder encontrarnos y analizar el momento en colectividad. Por ello, es imprescindible bailar, celebrar y luchar contra el tensionamiento social para poder coger fuerzas en ese camino nada sencillo de luchar que es la defensa de los derechos humanos.

A.C.S. y C.G.J., dos funcionarios del centro penitenciario de Brians I (Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona), deberán abonar una multa de 350 euros cada uno al interno M.C.B. por un delito leve de maltrato de obra. Los hechos se remontan al pasado 1 de noviembre, cuando el interno estaba en el patio de la prisión y fue llamado por los dos funcionarios a ir a un despacho del centro. Una vez ahí, ambos “le golpearon y le dieron varias bofetadas, sin llegar a causarle lesiones”, según se prueba en la sentencia. El Código Penal castiga a aquellas personas que golpeen o maltraten aunque no se cause lesión, según dicta el artículo 147.3. 

El interno denunció que cuando le hicieron pasar al despacho, los dos funcionarios cerraron las ventanas, le hicieron desnudarse y “sin motivo alguno” le propinaron “durante unos diez minutos o un cuarto de hora” varios golpes en la cara con los guantes puestos. Según relata, los dos funcionarios le decían mientras le golpeaban “aquí mando yo y mis cojones” o “mis cojones son los que mandan”. Cuando M.C.B. salió al patio le explicó a otro interno lo sucedido. La víctima no pidió visita con el médico del centro ese mismo día por miedo a las represalias, pero sí unos días más tarde. 

“Es importante que los presos denuncien cuando haya un caso de malos tratos” ha recordado la abogada de Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos y defensora de M.C.B., Montserrat Fernández. “Es muy difícil denunciar a la persona que te está vigilando cada día y con quien convives, pero con esta sentencia hemos demostrado que si una persona tira adelante una denuncia, en algunos casos se escucha a las víctimas”.

Aunque no se ha abierto una investigación en el centro penitenciario, según el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Martorell, queda acreditado que A.C.S. y C.G.J. maltrataron al interno M.C.B.. La condena se basa en la “declaración coherente, sin contradicciones y aclaratoria” de la víctima y del interno a quien le explicó lo sucedido. También, por el hecho que el denunciante no retiró la denuncia una vez obtuvo su libertad. Según M.C.B, los responsables del centro no trabajaban ese día que era festivo, un hecho que desde el Juzgado supone “indudablemente una facilidad para ocultar los hechos”. Esto explicaría que no se hubiese realizado un seguimiento de los hechos ocurridos en el centro. Desde Irídia instan a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y a la prisión de Brians I a inciar un procedimiento administrativo sancionador contra los dos funcionarios.

A raíz de lo sucedido, el interno asegura presentar secuelas psicológicas, tales como ansiedad y dificultades para dormir. Por ello, debe seguir un tratamiento por depresión.

Malos tratos en las prisiones catalanas

No es el primer caso de denuncia por malos tratos en las prisiones. Dos presos y un ex preso denunciaron haber sufrido tortura y malos tratos en los centros penitenciarios catalanes. Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco del grupo de trabajo del Parlament de Catalunya sobre Departamentos Especial de Régimen Cerrado, más conocido como régimen de aislamiento. 

Ante esto, en sede parlamentaria, el director del centro penitenciario de Brians I, Joan Carles Navarro, acusó a las entidades como Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos o el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB (OSPDH) de presionar a los internos para que denuncien malos tratos o tortura en los centros penitenciaros. Navarro, negó que hubiesen malos tratos en la prisión y atribuyó las quejas presentadas por los internos a su estado de salud mental.

“Esta condena es una prueba fehaciente de que todo lo que desde un inicio hemos estado denunciando pública, social y judicialmente era verdad” ha valorado la abogada de Irídia, Montserrat Fernández. “Nosotros no instamos a nadie a hacer nada y prueba de ello es esta sentencia en la que una jueza basa toda su condena en las declaraciones de la víctima”, ha sentenciado la letrada. El informe del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura del Síndic de Greuges recogió testimonios de algunos internos que aseguraban haber recibido malos tratos, así como quejas sobre que las inmovilizaciones se prolongaban más allá del tiempo reglamentario.

"Règim d'aïllament: el punt més fosc de les presons”, de la periodista Sònia Calvó, ha guanyat el Concurs de Fotoperiodisme Clic 2017 en la modalitat audiovisual

El treball, que es podrà veure al Festival ‘Off Perpignan’, paral·lel al ‘Visa pour l’image’, aprofundeix en l’aïllament penitenciari, un dels règims de vida més controvertits a les presons catalanes

El documental “Règim d'aïllament: el punt més fosc de les presons”, elaborat per la periodista Sònia Calvó i coproduït per Catalunya Plural i Media.cat, ha guanyat el Concurs de Fotoperiodisme “Clic 2017” en la modalitat d’audiovisuals. El guardó, que es va lliurar dimecres, l’atorguen la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Diomira en el marc del Festival Off Perpignan, que se celebra de forma paral·lela al Visa pour l'Image. El documental es podrà veure aquests dies a la ciutat en una mostra de treballs de fotografia i audiovisual amb temàtica social fets per joves catalans. També està disponible a plataformes d'streaming. El primer premi de la modalitat de Fotografia ha estat per Montse Giralt amb 'Història d'una Shahada' i la modalitat de beca per Maria Contreras amb 'Un viatge a la impuresa'.

A partir de la història de la Raquel E. F., una interna del centre penitenciari de Brians I que es va suïcidar després de sis mesos en aïllament, així com d’altres testimonis, el documental aprofundeix en aquest règim de vida que suposa passar fins a 21 hores al dia tancat dins de la cel·la. Els experts alerten que l’aïllament pot provocar efectes psicològics irreversibles i l’ONU prohibeix aplicar-lo de manera perllongada, però algunes persones s’hi passen mesos o anys. El documental planteja si aquest règim de vida podria abolir-se a Catalunya, després que aquesta primavera el Parlament ho debatés en un grup de treball.

“Amb aquest documental volem posar el focus sobre l’aïllament a la presó, un règim que en teoria és de tractament però que acaba sent un càstig”, explica Calvó. “Diversos presos han denunciat haver patit tortura i maltractaments en aïllament i entitats com Irídia, la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura i el Síndic de Greuges han denunciat la vulneració de drets humans en aquests espais de gran opacitat”, recorda.

L’audiovisual sintetitza part del treball periodístic fet per Sònia Calvó en la investigació multimèdia “Aïllament: opacitat i impunitat a la presó” de Mèdia.cat, juntament amb el periodista Sergi Franch, i en la cobertura del tema per a Catalunya Plural durant els darrers mesos.

"Régimen de aislamiento: el punto más oscuro de las prisiones", de la periodista Sònia Calvó, ha ganado el Concurso de Fotoperiodismo Clic 2017 en la modalidad audiovisual

El trabajo, que se podrá ver en el Festival Off Perpignan', paralelo al 'Visa pour l'Image', ahonda en el aislamiento penitenciario, uno de los regímenes de vida más controvertidos en las cárceles catalanas

El documental “Régimen de aislamiento: el punto más oscuro de las prisiones”, elaborado por la periodista Sònia Calvó y coproducido por Catalunya Plural y Media.cat, ha ganado el Concurso de Fotoperiodismo “Clic 2017” en la modalidad de audiovisuales. El premio, que se entregó el miércoles, lo otorgan la Direcció General de Juventut de la Generalitat de Catalunya y la Associació Diomira en el marco del Festival Off Perpignan, que se celebra de forma paralela al Visa pour l'Image. El documental se podrá ver estos días en la ciudad en una muestra de trabajos de fotografía y audiovisuales con temática social hechos por jóvenes catalanes. También está disponible en plataformas de streaming. El primer premio de la modalidad de Fotografía ha sido para Montse Giralt con 'Historia de una Shahada' y la modalidad de beca para Maria Contreras con 'Un viaje a la impureza'.

A partir de la historia de Raquel E.F., una interna del centro penitenciario de Brians I que se suicidó después de seis meses en aislamiento, así como de otros testigos, el documental profundiza en este régimen de vida que supone pasar hasta 21 horas al día encerrado dentro de la celda. Los expertos alertan de que el aislamiento puede provocar efectos psicológicos irreversibles y la ONU prohíbe aplicarlo de manera prolongada, pero algunas personas se pasan meses o años. El documental plantea si este régimen de vida podría abolirse en Catalunya, después de que esta primavera el Parlament lo debatiera en un grupo de trabajo.

“Con este documental queremos poner el foco sobre el aislamiento en prisión, un régimen que en teoría es de tratamiento pero que acaba siendo un castigo”, explica Calvó. “Varios presos han denunciado haber sufrido tortura y malos tratos en aislamiento y entidades como Irídia, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y el Síndic de Greuges han denunciado la vulneración de derechos humanos en estos espacios de gran opacidad”, recuerda.

El audiovisual sintetiza parte del trabajo periodístico realizado por Sònia Calvó en la investigación multimedia “Aislamiento: opacidad e impunidad en prisión” de Mèdia.cat, junto con el periodista Sergi Franch, y en la cobertura del tema para Catalunya Plural durante los últimos meses

Delicte lleu de lesions i delicte contra la moral per part d'un funcionari públic, amb agreujant per motivacions racistes, abús de superioritat i prevalença de ser funcionari. Aquests són els delictes que han denunciat des de Tanquem els CIE i Irídia Centre per a la Defensa dels Drets Humans, després dels fets ocorreguts la setmana passada al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona i que el jutjat d'instrucció número 19 de Barcelona ha admès a tràmit.

Segons aquestes dues entitats, el dijous 27 de juliol, un policia nacional va agredir un intern del CIE, O.B.A, de 19 anys. Expliquen que el jove es trobava al pati de centre d'internament en vaga de fam al costat d'altres 51 persones, quan el policia el va cridar amb la mà i el va apartar del grup i, després de cridar-li en castellà, li va pegar una bufetada “molt forta amb la mà oberta” a la cara. L'intern, d'origen algerià, assegura que no parla ni entén castellà i que el policia li va ordenar a un altre intern que li fes de traductor. Va ser llavors quan el policia li va cridar: “de mi no es riu ningú. Acabo de tornar de vacances i d'aquí en endavant tingueu en compte que us tallaré el rotllo. T'ha quedat clar?! Que et rebento! ”, segons la declaració de l'intern. Després d'aquests fets, O.B.A. va presentar una queixa al centre.

En tenir coneixement dels fets, les entitats Tanquem els CIE i Irídia van presentar diumenge una denúncia al jutjat de guàrdia que va ser admesa a tràmit el mateix dia i va incoar diligències urgents d'investigació com ara la declaració de l'intern agredit el mateix dia, un fet que des de les entitats valoren com a “necessari i absolutament excepcional”. “És un testimoni clau, entenem i valorem positivament que la jutgessa hagi considerat la gravetat dels fets” opina Marta Bolinches, advocada de Tanquem els CIE i d'Irídia.

En declaracions a aquest mitjà, l'advocada ha explicat que les dues entitats estaven preocupades per la possible deportació de O.B.A abans que pogués declarar. Les preocupacions són fonamentades, ja que de les 52 persones que estaven en vaga de fam el dijous com a mostra de rebuig a les agressions que diuen patir per part de la policia, 28 van ser deportades a Algèria divendres, segons membres de Tanquem els CIE. “Les persones al CIE viuen en una situació d'excepcionalitat jurídica en què, fins i tot i havent estat agredides i havent denunciat, podrien ser deportades en qualsevol moment sense previ avís”, denuncia l'advocada.

Des que hi ha el nou director al CIE de Barcelona –fa quatre mesos–, hi ha hagut dues vagues de fam i una denúncia penal. “Això demostra que, lluny d'anar a millor, retrocedim en els drets de les persones internes en el CIE”, opina Bolinches, que recorda que “l'únic que demanen” els interns és que la Policia Nacional els tracti “amb respecte i dignitat , sense violència verbal ni física ”. El quart tinent d'alcaldia, Jaume Asens, ha valorat els fets ocorreguts la setmana passada al CIE com “una prova més que cal tancar aquest forat negre que és el CIE” i assegura que demanaran a la Delegació del Govern “que doni explicacions i prengui mesures perquè no succeeixin aquests fets ”.

A principis d'aquest mes de juliol 61 interns es van declarar en vaga de fam per demanar la seva llibertat i també per la preocupació d'un vol de deportació destinació a Guinea Conakry, que finalment va deportar a 12 persones la setmana passada. En aquesta ocasió, expliquen des de Tanquem a els CIE, els interns van deixar la vaga “per pressions per part del director, a més de per la Creu Roja”.