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Los Mossos suspenden solo a uno de los 50 agentes investigados por las protestas tras la sentencia del procés

El conseller de Interior Miquel Buch

Oriol Solé Altimira

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La conselleria de Interior de la Generalitat ha presentado este lunes la autodenominada “mayor auditoría de la historia de los Mossos d'Esquadra” para investigar las actuaciones policiales desproporcionadas en las protestas contra la sentencia del procés. Los detalles de la misma, sin embargo, no han sido facilitados ni a la prensa ni a los invitados por la conselleria a las jornada de presentación de la auditoría, entre ellos el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y organizaciones de derechos humanos.

A finales de 2019, el conseller de Interior, Miquel Buch, ya reveló en el Parlament que había 33 actuaciones de los Mossos para contener los altercados bajo investigación. Este lunes la policía autonómica ha concretado en 34 las actuaciones policiales bajo investigación, que afectan a un total de 50 agentes. La mitad de actuaciones se han judicializado tras denuncias de los ciudadanos heridos, por lo que los Mossos han dejado en suspenso los expedientes internos. La conselleria no ha llevado a ningún agente ante el juez por iniciativa propia.

De las otras 17 actuaciones que no han sido judicializadas únicamente han resultado investigados internamente 9 agentes. Solo un expediente ha concluido con la suspensión de empleo y sueldo de un agente. Otros dos antidisturbios han resultado exculpados y hay otros seis casos todavía abiertos. Ninguno de los 50 agentes implicados ha sido trasladado de unidad o suspendido de funciones como medida cautelar, pese a que el reglamento de régimen interno de la policía autonómica lo permite mientras dura una investigación interna o judicial.

La auditoría de los Mossos fue anunciada por el conseller de Interior, Miquel Buch, el pasado mes de octubre, cuando los graves altercados por la sentencia del procés y algunas actuaciones policiales desproporcionadas todavía eran muy recientes y habían causado duras críticas del independentismo, empezando por las del president de la Generalitat, Quim Torra. El cese de Buch se barajó durante las jornadas críticas que siguieron al fallo del 1-O, aunque finalmente continuó en el cargo.

Ocho meses después y con una pandemia de por medio, Buch y los máximos responsables de Interior y de los Mossos han presentado la auditoría. Sus detalles, sin embargo, se quedan de puertas adentro. Tanto las jornadas de este lunes como el documento remitido por Interior a la prensa y al resto de asistentes no detallan qué actuaciones concretas de la policía autonómica se han analizado. El dictamen es más bien un compendio genérico sobre el futuro del modelo de orden público de los Mossos.

A la auditoría le han llovido las críticas desde el mismo momento de presentarse. En su intervención que ha cerrado la jornada, Ribó se ha quejado a los responsables de Mossos y de la conselleria de la falta de detalles de la auditoría y de no disponer de las 34 actuaciones concretas investigadas. “Transparencia no es propaganda, es comunicar e informar a la ciudadanía”, ha sentenciado Ribó. El centro Iridia, que representa a varios heridos por los Mossos, ha tildado de “absolutamente insuficiente” el documento de Interior por no analizar qué prácticas concretas se han considerado incorrectas.

Preguntado en rueda de prensa por los detalles de la auditoría y de si los casos analizados se referían bien al uso de la porra, bien al disparo de proyectiles de 'foam' bien al método de dispersión con furgonetas de antidisturbios llamado 'carrusel', el director general de la policía, Pere Ferrer, se ha limitado a contestar que son casos en que la actuación policial provocó “lesiones” a manifestantes.

En suma, más que en la actuación de los Mossos, la auditoría se centra en analizar el contexto y los datos estadísticos sobre la violencia en los disturbios de aquellos días de octubre de 2019 y en plantear medidas genéricas sobre cómo avanzar en el modelo de orden público, con la necesidad de más agentes antidisturbios, potenciar el uso de tecnología audiovisual y de herramientas como el gas pimienta y nuevos proyectiles lanzadera para la dispersión.

Pese a las críticas, Buch ha ensalzado la auditoría. “La autocrítica está y es firme. Las expectativas que cada uno se pueda plantear son las que son pero un análisis como este no se había hecho nunca en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra”, ha aseverado.

De cara al futuro, el documento de Interior destaca la “vulnerabilidad” de los efectivos antidisturbios “ante los riesgos” de protestas violentas, en especial en un modelo de orden público como el de los Mossos que prima la distancia, el control y la mediación sobre intervenciones a gran escala. Sin poder disparar balas de goma, prohibidas para la policía catalana desde 2014, la auditoría plantea potenciar la mediación y utilizar medios tecnológicos para tratar de mantener la distancia entre la línea policial y los violentos.

Entre los mecanismos de mejora, la auditoría plantea impulsar la coordinación entre las áreas regionales de orden público (ARRO) y la brigada antidisturbios (BRIMO), reforzar la capacidad técnica, la innovación y la búsqueda de nuevos recursos en la gestión de los recursos públicos, así como introducir técnicas que faciliten la identificación de violentos y su detención selectiva.

Otras medidas que propone la auditoría son la formación de mandos especialistas en orden público para adecuar el centro de mando a las necesidades reales de los dispositivos, aprovechar recursos tecnológicos y ponerlos al servicio de dispositivos policiales, definir un sistema de interlocución basado en el triángulo proximidad-mediación-negociación y promover medidas que favorezcan la estabilidad, formación y rotación de los efectivos.

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