El 5 de abril de 2012, hace ahora diez años, era Jueves Santo. Al filo de la medianoche, un joven seguidor del Athletic de Bilbao, Íñigo Cabacas, a quien todos llamaban 'Pitu' y que había nacido en Basauri 28 años antes, recibió en la cabeza el impacto de una pelota de goma. Estaba en una pequeña plazoleta con callejón en la zona de María Díaz de Haro en las celebraciones posteriores a un partido europeo en el viejo San Mamés. Murió el 9 de abril en el hospital de Basurto por las graves lesiones padecidas. El agente de la Ertzaintza que fue el autor material del disparo no ha sido identificado ni lo será nunca. Judicialmente, solamente hay un mando intermedio condenado y no entrará en la cárcel por lo reducido de la pena. Internamente, no ha habido ninguna sanción disciplinaria. La familia sí ha solicitado una indemnización económica a la Administración vasca y la investigación también desnudó una cadena de negligencias que tuvo como máximo exponente que nadie controló cuántas escopetas se dispararon aquella noche. El entonces comisario en Bilbao, Jorge Aldekoa, fue promocionado meses después a jefe de la Ertzaintza pero dimitió tras la sentencia del caso. Se ha jubilado hace unos días. Ahora, cuatro fuentes confirman que la cadena policial trató de arrojar en aquellos primeros días un manto de oscuridad a lo ocurrido ante las preguntas de la dirección política (el consejero era Rodolfo Ares y el lehendakari Patxi López) hasta el punto de que, según dos de ellas, negaron incluso el haber utilizado pelotas de goma, un proyectil incontrolable y que alcanza hasta los 360 kilómetros por hora. La que mató a Cabacas fue la última que disparó la Ertzaintza, aunque no las tenga prohibidas.

¿Cómo se produjeron los hechos?

En 2018, cuando se celebró el juicio, elDiario.es/Euskadi ya publicó una reconstrucción de lo ocurrido con base en el sumario judicial:

Fue a las 23.25 horas de ese 5 de abril de 2012 cuando la base de operaciones, situada en la comisaría del barrio de Deusto, en la plaza de Ugarteko, recibe un primer aviso de la existencia de incidentes. Las llamadas al 112 refieren una “pelea”, una “batalla campal” e incluso de un grupo de “15 ó 20 cabezas rapadas encapuchados”, de los que luego no hubo más reseñas. El jefe de operaciones de Deusto, apodado 'ugarteko', decide enviar alguna furgoneta, llamadas en las conversaciones de radio como “francias”. Las lecheras 1 y 6 fueron las primeras en llegar. Dirigidas por el jefe de patrullas -que acude en el coche 32- practican una detención pero no en la plaza, sino en su acceso derecho. El arrestado había arrojado objetos a la Policía y les había increpado.

Pero la Ertzaintza no dio por resuelta la incidencia. Según sus informaciones, había un herido sangrando dentro del callejón y había que despejar la zona para que accediera la ambulancia. Evidentemente no se trataba de Cabacas. Un sanitario confirmaría después que ellos también tuvieron la misma alerta “a las 23.30 horas”. Al llegar, reseña, “se amontaba una gran cantidad de gente que lanzaba objetos” a los policías desplegados y no se pudo estacionar la ambulancia. Aparecieron entonces las furgonetas 12, 13 y 14, todas ellas de la unidad de Seguridad Ciudadana, no especializada en actuaciones antidisturbios.

El responsable de la furgoneta 14 (suboficial 5351) informó por radio al 'ugarteko' de que era imprescindible “limpiar” la zona. Desde comisaría, le responden así a las 23.37 horas: “Bien, hágalo usted [...]. Salgan de las furgonetas y despliéguense en la herriko”. [En la plaza había un local de la izquierda abertzale]. A partir de ahí, el suboficial transmitió la orden a los tres escopeteros de su unidad de seis agentes, que eran los únicos que visten de rojo en el lugar, un elemento de gran relevancia. [Los antidisturbios trabajan en binomios, uno porta la escopeta y el otro le cubre con un escudo. Primero disparan una salva –ruidosa pero inofensiva– y luego emplean pelotas de goma].

Aquella carga duró “tres minutos”, según 5351. Sus tres escopeteros fueron los imputados, El primero asume que disparó “unos cuatro disparos de disuasión con pelota”. El segundo realizó otros cuatro “a 35 metros”. El tercero, en cambio, dijo no haber disparado en ese momento, sino en la carga posterior que se registró. Las distancias mínimas de seguridad en aquella época eran las siguientes: 25 metros en posición suave, 35 a intensidad media y 50 en modo fuerte. Nunca se sabrá a qué potencia se intervino porque no hay datos.

Los testigos situaron a esos agentes de rojo detrás de los coches aparcados. Desde donde cayó abatido Cabacas al final de la acera hay 22,8 metros, más los tres metros aproximados del 'parking' en batería arrojarían una distancia cercana a los 25 metros, la misma que fijó la Policía Nacional como probable en el informe pericial que hizo a instancias de la juez Ana Torres. La magistrada optó por encomendar parte de la investigación a otro cuerpo distinto a la Ertzaintza para evitar posibles interferencias. 

Una joven malagueña con conocimientos de primeros auxilios se encontraba cerca de Cabacas y pudo taponar las hemorragias que sufría. En su testimonio manifiesta que “un hombre de rojo” disparó “todo el rato” en línea recta hacia donde se encontraba la víctima, que estaba en el lado izquierdo del callejón. “Me sentí como si nos estuvieran fusilando”, enfatiza. Sus “¡No disparéis, no disparéis!” no sirvieron de nada. Otras personas hicieron lo mismo. Los agentes lo oyeron, pero no hicieron caso. “Unas jóvenes subidas en unas jardineras levantaban las manos y gritaban que parasen los disparos”, admitió una agente no imputada, que vestía de azul.

Los agentes desplegados ya sabían de viva voz en ese momento que había un herido tendido en el suelo. Alguien, además, avisó al 112 exactamente a las 23.40.31. De hecho, el suboficial 1283 había ordenado: “¡Que no dispare nadie más y todo el mundo detrás de las furgonetas!”. Se estaba disparando en ese momento desde “varias furgonetas” y sólo una llevaba encima del buzo azul una chaqueta roja. “Había otros cinco o seis ertzainas vistiendo buzo azul”, contó 15248.

Varios ertzainas de rojo y un mando de azul se acercaron hasta el lugar en el que había sido abatido Cabacas. La testigo asegura que le agarraron del brazo con el que apretaba la herida del herido. Se dirigió también a un agente y le pidió “el número de placa”. Entonces el código profesional no era visible, ahora sí lo es. “Con la mano en la porra me dijo que si no quería más problemas que me fuera”, relata. No niega que insultó por instinto a los funcionarios. En el callejón se escucharon muchos más improperios dirigidos a ellos. Por la radio, desde comisaría descartaron la tesis de que hubiera sido herido: “Se habrá desmayado”.

Se tenía que haber entrado de otra manera. No a pelotazos

El subjefe de la comisaría, presente de paisano en el lugar, ordenó replegar la fuerza y formar un cordón en la entrada del callejón. Pero, como continuaban lanzando objetos a los agentes desde el fondo de la plazoleta, el 'ugarteko' dio la polémica orden de “entrar con todo” a las 23.40.26, ya con Cabacas malherido. Ahí empezó una segunda carga muy intensa. Muchos presentes indicaron a la juez que en aquel momento el callejón estaba mucho más oscuro que al principio, aunque no se conoce la explicación de la falta repentina de iluminación.

Los agentes dispararon detrás de donde estaba tendido Cabacas y quienes le auxiliaban recuerdan el sonido de las detonaciones. Los de rojo dispararon de nuevo, pero también un miembro de la furgoneta 22 –cinco veces– y otro de la Brigada de Refuerzo, que habían llegado de apoyo. La unidad antidisturbios (Brigada Móvil) no intervino en ningún momento, ya que estaba en San Mamés controlando la salida del estadio. La Ertzaintza persiguió a los alborotadores hasta Licenciado Poza y allí continuaron los incidentes. Está registrada la quema de contenedores. Entretanto, a las 23.58, aproximadamente, una ambulancia trasladó al joven gravemente herido al hospital de Basurto, donde moriría cuatro días después.

Del 5 al 9 de abril

El consejero, Rodolfo Ares, el viceconsejero, Miguel Buen, el jefe de la Ertzaintza, Toño Varela, y el mando de Seguridad Ciudadana, Gorka Azarloza, entre otros, estaban de vacaciones de Semana Santa. Estaban repartidos entre Andalucía y Catalunya. El comisario Aldekoa estaba viendo el partido en San Mamés con su mano derecha, que sí se desplazó después a María Díaz de Haro. “Estábamos de vacaciones pero, lógicamente, atentos a lo que iba ocurriendo. Volví inmediatamente. Pero no había antecedentes de algo así. No encontramos en el pasado ningún caso de fallecimiento por una pelota de goma, aunque sí lesiones oculares. No nos lo podíamos creer”, explica una fuente.

La dirección política comisionó a Aldekoa para abordar una investigación interna. Se produjo una primera reunión con los responsables policiales de Bilbao en el centro policial de Deusto. Allí ya se apreció falta de “colaboración” y de detalles de lo ocurrido. Jugaba a su favor el absoluto “descontrol” en el armamento. Era imposible saber cuántas escopetas habían sido empleadas, cuántas pelotas se habían usado y a qué potencia se había intervenido. Las bocachas de los lanzapelotas tenían cuatro modos. Uno era disparar una salva, en vacío. Otros tres eran con carga: 'S' de suave, 'M' de medio y 'F' de fuerte. “Tuvimos que poner un punto de soldadura para bloquearlas en la 'S' porque muchos ertzainas se creían que 'F' era de 'flojo' y te lo decían abiertamente”, cuenta una fuente que participó en aquellos gabinetes de crisis. Se revisaron también los almacenes y aparecieron materiales en mal estado. Durante unas horas, mientras se hacía este análisis, las armas llegaron a estar prohibidas totalmente.

No había antecedentes de algo así. No encontramos en el pasado ningún caso de fallecimiento por una pelota de goma, aunque sí lesiones oculares. No nos lo podíamos creer

En María Díaz de Haro intervinieron agentes de Seguridad Ciudadana y no antidisturbios. Un mando de la Brigada Móvil, muy enfadado, mostró su malestar en aquellas fechas por el hecho de que tenía tres furgonetas operativas que nunca fueron movilizadas. El resto de su equipo estaba en el estadio de fútbol, controlando la salida. “Mandaron allí a gente de atestados y de línea [de administración], que no habían disparado nunca. Se pedía gente voluntaria para estos operativos especiales. Se apuntaban para horas extras, para sacar pasta. Pero es gente sin formación haciendo orden público. Había tres furgonetas dispuestas para intervenir allí. La Brigada Móvil las tenía preparadas y nunca avisaron. Se tenía que haber entrado de otra manera. No a pelotazos”, reconstruyen las fuentes consultadas.

Los informadores internos insistían en que no se habían usado pelotas de goma. Se difundió la teoría de una porra extensible y de que las lesiones podían ser compatibles. Los políticos también recibieron de sus subordinados el convencimiento de que la salud de Cabacas iba a mejorar sí o sí. Un equipo de la Ertzaintza se personó en Basurto para analizar la situación. El viceconsejero Buen y el jefe policial, Varela, llegaron a presentar su dimisión ante el consejero Ares por lo insostenible de la situación. El socialista la rechazó. Habría supuesto una crisis política mayúscula. Él mismo buscó información a otros niveles en primera persona.

Dos semanas después acudió al Parlamento para acelerar algunas medidas de control en operativos de este tipo. Varela le acompañó de uniforme. Desde entonces, las actuaciones de orden público nunca han sido iguales. A finales de año, el PNV ya accedió al Gobierno y profundizó en un nuevo modelo. Seguridad Ciudadana ya no interviene y se espera a la Brigada Móvil. Se prima el cuerpo a cuerpo y, en todo caso, un nuevo lanzador de balas de 'foam'. Las actuaciones se graban y los agentes lucen un número en un lugar visible para que sean identificados en caso de excesos. Pero muchos de esos cambios se han hecho con Aldekoa como jefe de la Policía vasca. La consejera Estefanía Beltrán de Heredia lo ascendió por dos veces tras un primer intento fallido. La sentencia judicial que, aunque no señalaba responsabilidades individuales, cuestionó abiertamente la actuación de la Ertzaintza forzó su dimisión. Acaba de cumplir 65 años y está jubilado. Este lunes, el acto del cuadragésimo aniversario de la Ertzaintza, acudió de traje cuando el resto de sus compañeros iban con uniforme. Varela es uno de los pocos agentes de la primera promoción -alrededor de una decena que accedieron en 1982- que continúa en el cuerpo, con responsabilidades intermedias, aunque ese mismo 2012 fue fichado para dirigir la unidad de Policía autonómica de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz. Buen y Ares ya están retirados de la política desde hace años.

Cuando Goirizelaia pidió a la Policía Nacional

“La familia siempre dice que nadie les ha pedido perdón nunca. Lo echan mucho en falta”, explica a este periódico la abogada Goirizelaia, también portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao. Esta semana se ha conmemorado el cuadragésimo aniversario de la Ertzaintza y su coalición ha acudido. Tras ello, en Oñati, apareció la siguiente pintada: “Le habéis dado la mano a quienes mataron a Íñigo Cabacas. Bildu=Zipaio”. Goirizelaia, sobre el caso, denuncia también el corporativismo en la Ertzaintza: “Es evidente que en el juicio hubo reuniones previas a las declaraciones en las que se les dijo lo que tenían que decir”.

Defiende igualmente haber pedido la colaboración de la Policía Nacional 'a posteriori' porque “encargar la investigación al mismo cuerpo investigado vulnera derechos”. Furgonetas de este cuerpo se desplegaron en el mismo callejón en que se produjeron los hechos para hacer una reconstrucción en la que participó la propia Goirizelaia. “De haberse hecho la investigación interna con la minuciosidad debida, otras personas podrían haber sido acusadas”, añade la letrada. ¿Y qué opinan de la actuación de Aldekoa? “Me quedo más con esa segunda parte que con la primera. Valoramos que presentara la dimisión. Reconoció de la alguna manera que era una realidad [lo que decía la sentencia sobre las negligencias policiales]. Es el único mando de la Ertzaintza que en 40 años ha dimitido”.

Se sentaron en el banquillo el oficial con número profesional 3389, el agente con más galones en aquella intervención en la zona de María Díaz de Haro y ahora condenado, y los suboficiales 5351 y 1283, al mando de dos de las furgonetas (cada una de ellas de seis agentes) que fueron movilizadas. Los otros tres son agentes que empuñaron escopeta aquella noche y que, en la investigación interna llevada a cabo por la Ertzaintza, admitieron haber usado pelotas de goma: 15248, 11066 y 10216. Tienen en común que vestían de rojo, cuando el resto de actuantes iban de azul. Hay testigos -policiales y civiles- que vieron disparar a uniformados con ese color. En primera instancia y en el Supremo la conclusión fue la misma: cinco absueltos y condena mínima para el oficial 3389 porque “habría bastado para evitar el fallecimiento de Cabacas [...] que el recurrente hubiera ordenado no cargar ante la improcedencia de hacerlo”. Al carecer de antecedentes penales, como es usual, las condenas no superiores a dos años no son efectivas.

Es evidente que en el juicio hubo reuniones previas a las declaraciones en las que se les dijo lo que tenían que decir"

Jone Goirizelaia

El actual máximo responsable político de la Ertzaintza, Josu Erkoreka, que tiene rango de vicelehendakari, explicó en el Parlamento en diciembre, adonde acudieron como invitados los padres de Íñigo, Manuel y Fina, que los expedientes disciplinarios iniciados en 2012 no tendrán ninguna consecuencia. Quedaron paralizados hasta la sentencia judicial firme, que llegó en 2021. En estos años, todos los agentes investigados han ido dejando el cuerpo “y no por edad” en algunos casos, sin que estén claros los motivos. Técnicamente, solamente podría tener un castigo disciplinario el único que mantiene la condición de funcionario pero Erkoreka adelantó que no iba a tenerlo porque, en su caso, se limitó a cumplir una orden cuando disparó pelotas de goma y que precisamente lo sancionable habría sido no acatarla.

Que la investigación no llegó hasta el final lo prueba una anécdota. Ni la Audiencia de Bizkaia ni el Tribunal Supremo han sido capaces de corregir que se dé como “hecho probado” que el Athletic ganara aquella noche en la que fue herido Cabacas el partido contra el Schalke 04 alemán, tras el cual se produjo la carga policial. El partido quedó 2-2, como consta en la página oficial de la UEFA.

El intendente Josu Bujanda Zaldua (Beasain, 1962) ha sido designado este martes como nueve jefe o superintendente de la Ertzaintza, según ha informado en un comunicado el Departamento de Seguridad que dirige la consejera Estefanía Beltrán de Heredia. Bujanda ocupaba hasta ahora y desde hace seis años la jefatura de Protección Ciudadana de la Policía vasca, la unidad con más efectivos. Había incrementado su presencia pública en los últimos meses como portavoz del cuerpo ante asuntos de actualidad.

Bujanda, de la máxima confianza del viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, ingresó en la Ertzaintza en 1983 (en la tercera promoción) y ha pasado por varias unidades en sus 36 años de trayectoria, incluidas Intervención, Tráfico o Inspección. En 1994, cuando la Policía autonómica se desplegó en Donostia y sustituyó a las fuerzas de seguridad del Estado, este veterano agente era el jefe de operaciones. Será el agente con más galones, aunque tendrá por encima al director político, Gervasio Gabilondo (que también es ertzaina).

La plaza de jefe de la Ertzaintza llevaba vacante desde diciembre de 2018, cuando su anterior titular, Jorge Aldekoa, presentó su dimisión forzado por la sentencia judicial que cuestionó el diseño del operativo policial de 2012 en el que falleció el joven seguidor del Athletic de Bilbao Íñigo Cabacas, que recibió en la cabeza el impacto de una pelota de goma. Aldekoa era entonces comisario de Bilbao. El exjefe policial se mantiene en la cadena de mando de la institución como asesor de Zubiaga y se espera que pueda ser destinado a un nuevo puesto cuando, a finales de este mes, se complete la renovación de la escala ejecutiva de la Ertzaintza.

Hasta el momento sólo ha trascendido que otro veterano policía, Alfonso Garaikoetxea (Pamplona, 1962), será el sustituto de Bujanda al frente de la división de Protección Ciudadana. Garaikoetxea era el jefe territorial de Álava y, antes, había sido comisario en varios centros de Gipuzkoa. Asimismo, el viceconsejero de Seguridad ha ratificado en su cargo como responsable de Investigación Criminal y Policía Judicial a José María Yurrebaso (Bedia, 1959), en el cargo desde 2015.

Desde el sindicato más importante de la Ertzaintza (Erne), su secretario general, Roberto Seijo, ha pedido al nuevo jefe policial que aborde con urgencia una “reorganización” de la Ertzaintza porque “faltan 800 agentes” de los 8.000 previstos en su día como plantilla de la Policía vasca. Seijo, en todo caso, no confía en que la nueva cadena de mando “exprese estos problemas reales a la dirección política”. “Ojalá me equivoque, pero mientras Gervasio Gabirondo siga como director no habrá cambios. No han sido capaces de apartar a Gabirondo, que es el verdadero problema”, valora Seijo.

Roberto Seijo Urgell es el secretario general de Ertzainen Nazional Elkartasuna (Erne), el principal sindicato de la Policía vasca. Acude a la entrevista, que tiene lugar en Bilbao, con un mensaje claro: la Ertzaintza está “desmotivada”. Aunque pueda parecer lo contrario, incide en que las llamas del conflicto sindical que vivió el cuerpo el pasado año no se han apagado del todo a pesar de los acuerdos alcanzados en los últimos meses. Esta misma semana han abierto un nuevo frente al criticar los cambios en los servicios nocturnos de investigación. Avisa también de que en Euskadi es en la Ertzaintza y no en las Fuerzas de Seguridad del Estado donde menos se cobra y alerta de la existencia de una “Policía política” donde se frenan algunas investigaciones.

Acaban de perder una demanda que habían planteado en los tribunales y que era clave para ustedes: los funcionarios no recuperarán el dinero no abonado en los últimos años a la EPSV Itzarri.demanda que habían planteado en los tribunales

Todavía no hemos dicho la última palabra. Vamos a recurrir en casación al Tribunal Supremo, que nos da muchas más garantías que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Le han dado la razón al Gobierno y creemos que, como en su día pasó con la carrera profesional [incentivos económicos asociados a la hoja de servicios, la formación y el bajo absentismo], tenemos esperanzas de que el Supremo nos pueda aceptar o toda la demanda o, al menos, parte de ella.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Para un funcionario es bastante dinero. Podemos estar hablando de una deuda de aproximadamente 6.000 ó 7.000 euros.

Hace un año estaban en la calle, rodeando el Parlamento y provocando momentos de tensión. ¿El momento actual es de paz social en la Ertzaintza o sólo una tregua?

Había que intentar llegar a acuerdos por el bien de toda la Ertzaintza. Había que dar una vuelta a la modernización de la Brigada Móvil, teníamos un problema también con el servicio modulado y un tema de movilidad geográfica relacionado con el personal de investigación. ¿Cómo estamos ahora? El tercero no se ha cumplido para nada y los otros dos, que son muy importantes, han tenido un coste interno importante para el sindicato Erne. En Brigada Móvil había muchos compañeros que no querían cambiar su régimen horario. Pero creíamos que eran condiciones aceptables.

¿Pero es paz social o sólo una tregua?

Ni uno ni otro. No hay tregua en este momento. Más bien lo contrario. Hay un deterioro importante en el colectivo, una desmotivación impresionante en toda la plantilla ante el mal funcionamiento de la dirección política en estos años. Hay un absentismo bestial que se acerca en algunas unidades al 20% y no vemos intención en el Departamento de acordar con los sindicatos.  

¿Pero estar desmotivado es motivo suficiente para estar de baja?

Cuando hay llamamientos de continuo, cuando te llaman de continuo en tus semanas libres, es una carga de trabajo importante y un estado de ansiedad permanente. Sucedió con compañeros de Bilbao cuando les acusaron de detención ilegal. Como no había personal suficiente para atender tantos arrestos, al final se amplían los tiempos de detención y el juez determina que hay una detención ilegal. Algunos dicen en un momento dado ‘hasta aquí hemos llegado’ y no quieren trabajar a este ritmo y de esta forma. Y luego tenemos la mitad de la plantilla muy envejecida, con muchos problemas físicos, médicos. Con una tendinitis, un trabajador está tres meses de baja. En la Ertzaintza no le sustituye nadie, como ocurre en Osakidetza o Educación.

Una cuestión derivada de su reflexión. ¿Apuesta por que haya policías interinos?

No tiene que haber interinos. Para nada. Estamos en contra de la interinidad en policías locales y lógicamente también de extenderla a la Ertzaintza. Un policía no puede ser interino. No puede ser estar trabajando hoy en un bar y mañana de policía y pasado de taxista. Es inconcebible. La solución es completar las plantillas establecidas. La Ertzaintza no puede tener hoy en día 600 personas menos. Es un problema de seguridad pública, porque hay menos personal, pero también de atención a la ciudadanía. La cercanía y proximidad se ha convertido en lejanía. Al haber menos patrullas la respuesta va a ser mas tardía ante un incidente. Los planes preventivos de robos y caseríos, donde hay alarma social, no se pueden hacer. Y luego un ciudadano va a una comisaría de la Ertzaintza a poner una denuncia y tardan en atenderle. Las unidades de guardia están bajo mínimos, a veces con una persona sola por turno. Y ahora quieren cerrar los servicios nocturnos de investigación de guardia por falta de personal. Se puede generar un gran problema cuando existan detenciones en esas comisarías o simplemente con un accidente de tráfico con heridos, una alcoholemia y una denuncia al mismo tiempo.

Pero con esos 8.000 que marca la plantilla oficial tampoco se solucionaría el problema del absentismo...

Hay que tomar medidas. Le hemos tendido la mano al Departamento, pero parece ser que no le interesa. Parece ser que se ahorra mucho dinero de la Seguridad Social. Podemos hablar hasta de 15 millones de euros. Hemos propuesto medidas y no nos han atendido ninguna. Medidas como la de hacer un seguro privado para que todas las citas, pruebas y atenciones se reduzcan al mínimo y esas personas se puedan reincorporar al trabajo lo antes posible ya que no tenemos sustitutos. Y puede haber otras medidas de incentivación. Para eso está la carrera profesional.

Esos incentivos me suenan bastante a lo acordado con el consejero Rodolfo Ares que nunca se llegó a aplicar.nunca se llegó a aplicar

Sí, el plan de Ares [contra el absentismo] no se tradujo en nada porque era la carrera profesional la que traducía todo eso. [Había bonus económicos en caso de acreditar pocas bajas laborales]. Al final tenemos que buscar otro tipo de medidas e intentar reducir el absentismo con acuerdos y una mejor relación depuestos de trabajo. Y completar la plantilla. No se pueden hacer 2.000 horas cuando tenemos 1.592. Aunque las retribuyan más, sigue habiendo un rechazo en la plantilla. El trabajo se realiza con ansiedad.

En estas circunstancias, ¿cree que Euskadi debería exigir al Ministerio una ampliación de la plantilla de la Ertzaintza en la Junta de Seguridad?

No. Lo que hay que hacer primero es completar los 8.000. Nosotros siempre hemos dicho que se podría ampliar. Con el Gobierno socialista se consideró, por ejemplo, la posibilidad de excluir a la gente en segunda actividad de ese cálculo y se llegó a 8.070. Pero ahora estamos 7.400. Y el déficit es en investigación y escala básica, patrullas, porque los mandos siempre se completan.  Esto es una falta absoluta de previsión de este Gobierno. No es disculpa que el Estado recurriese algunas OPE. Porque ahora eso ya no ocurre y en las últimas promociones no se aumenta el número de plazas. Ahora bien, también hay que decir que tenemos conocimiento de que a las convocatorias se presenta muy poca gente y siempre los mismos. Parece ser que en este país nadie quiere ser policía.

¿Lo cree de verdad? ¿Le gustaría que un hijo o una sobrina lo fuesen?

Igual no es lo suficientemente atractivo para la sociedad, para los jóvenes. Hemos visto que han tenido que duplicar la campaña de captación. La vemos en cualquier marquesina. Hace 25 años no se tenia que promocionar nada. Las promociones 7, 8 ó 9 tuvieron 8.000 solicitudes. Ahora hablamos de 3.000. Y de esos luego no llegan ni a 2.000 los que se presentan realmente.  ¿Si recomendaría a mis familiares? Por supuesto. Estoy muy orgulloso de serlo yo. Según lo que les gustara hacer en la vida, claro. Pero ser ertzaina es tener una profesión digna, ilusionante, aunque mucho más si hubiera un cambio radical de la dirección política y policial actual. Porque nos tienen verdaderamente en un estado de desmotivación absoluta. Cuando el Parlamento aprueba la Ley de Policía y se aplique la carrera profesional será mucho más ilusionante.

Hablemos del 'caso Cabacas'. ¿Qué valoración hace de la sentencia? 'caso Cabacas'

Es una muerte injusta y creo que se pudo evitar. Considero que si se llegan a tomar la decisiones oportunas para que hubiera intervenido la Brigada Móvil, posiblemente no se habría actuado con pelotas de goma y, posiblemente, Íñigo Cabacas estaría vivo.

Si se pudo evitar, ¿quién la pudo evitar?

Al final, los que coordinan todo el ámbito policial. Hay responsabilidad en la cúpula policial, entre ellos del exjefe de la Ertzaintza [Jorge Aldekoa, comisario de Bilbao en 2012, cuando se produjeron los hechos]. Su misión es minimizar los daños de la intervención policial y garantizar la seguridad de los ertzainas.

¿Me dice que Jorge Aldekoa pudo haber evitado la muerte de Cabacas?

Él es uno de los responsables, como hay otros. Si hubiera habido una buena coordinación con Brigada Móvil… Ellos [los antidisturbios] tenían que haber actuado. Y no Seguridad Ciudadana. Esto es muy fácil: es como si pones a un médico de cabecera a operar a corazón abierto. Es lo que pasó allí.

En la sentencia se dice que ahí no había que haber utilizado pelotas de goma, que  aquello era una ratonera. Como representante sindical, ¿recomendaría a un ertzaina afiliado que en estas circunstancias desoyese las órdenes directas de disparar?

En aquel momento llevábamos 25 años funcionando de una manera muy concreta con las pelotas de goma. Nuestros compañeros que actuaron -y nadie- no pensaban que pudieran hacer un daño como el que se ocasionó. Las habían utilizado en otros sitios. La formación y la información de que eso pudiera causar ese daño nunca se había dado.

¿Tan impensable resultaba que una pelota de goma pudiera matar a alguien?

Totalmente. Ningún ertzaina podía pensar que una pelota de goma mataba a alguien. Ninguno. Se han pegado cientos de pelotazos…  

No se ha vuelto a disparar una pelota de goma. ¿Diría que son necesarias?

Hay que actuar con proporcionalidad. Es mejor utilizar una escopeta que una pistola. La Policía tiene que estar capacitada para evaluar en cada momento qué hay que hacer. Nosotros solicitamos pistolas Taser. Son necesarias. Deberían estar en todos los coches-patrulla. Es mucho menos lesiva que actuar con la fuerza. Cuando hay personas que, por su estado o por su gran capacidad física, no pueden ser reducidas, eso te obliga a usar una fuerza desmedida que es inconcebible habiendo herramientas como las Taser. Es necesario que las pelotas de goma sigan existiendo, pero hay que actuar siempre con proporcionalidad.

¿Hay algún mando ahora mismo que ordene intervenir con pelotas?

El que quiere ser mando tiene que asumir responsabilidades. Y, si no, que lo deje, que abandone. Ellos tienen la responsabilidad.

Hablando de abandonos. Dimitió Jorge Aldekoa. ¿Nunca tuvo que haber sido nombrado?Dimitió Jorge Aldekoa

Totalmente. Jorge Aldekoa en ningún momento tenía que haber sido nombrado jefe de la Ertzaintza. Es una decisión desafortunada de la consejera [Estefanía Beltrán de Heredia]. Hemos considerado que otro de los graves errores fue el nombramiento de Gervasio Gabirondo [como director]. Es una persona que no es capaz de coordinar equipos. Es de 'ordeno y mando' y se junta con pelotas y gente que no está capacitada para dirigir la Ertzaintza. Hay personas que podían estar dirigiendo la Ertzaintza y están separados de puestos de responsabilidad por haberlo hecho con otro Gobierno. Es un absurdo. Y el Gobierno es una coalición. Sobre el PSE-EE, me gustaría decir que ahora mismo hace la política del avestruz. Ha abandonado la interlocución ante los problemas de la Ertzaintza. Creemos que, por mucho que se deba a su otro socio, tiene que hacer política.

Por volver con el tema de Cabacas. ¿Con esta sentencia se ha hecho justicia?

Justicia nunca se puede hacer con una muerte injusta. Además, los compañeros lo han pasado verdaderamente mal. Yo he visto llorar a alguno de ellos. No sabían si eran o no los causantes.

La sentencia dice también que no sólo no se investigó bien sino que la Ertzaintza encubrió algunas cosas.

Los jueces y la instrucción no han querido sentar a los responsables de esa mala gestión. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de que no actuara la Brigada Móvil. Además, había una desorganización en la comisaría de Bilbao y no se puede saber qué agentes habían recogido las bolsas de pelotas y escopetas y quién las entregaba. Y eso sucedía en la mayor parte de las comisarías. Había hasta cartuchos manipulados. Esas escopetas están a veces hasta estropeadas. Hay responsables.

En el juicio del ‘caso De Miguel’, los acusados y sus abogados han acusado abiertamente a compañeros suyos de manipular pruebas. No he escuchado a los responsables políticos salir en su defensa, pero tampoco a los sindicatos.

Ya lo voy a decir ahora. Me parece una vergüenza que no se haya hecho una defensa de la buena praxis de los compañeros. Hicieron un gran trabajo. Por eso están esas personas imputadas. Verdaderamente, se hizo un gran trabajo con muchas piedras que se suelen poner en el camino.

El fiscal del caso dijo que los ertzainas trabajaron directamente en el juzgado porque los casos con componente político que acaban en los “aledaños” de la central de Erandio no suelen prosperar.

Aquí y en muchas policías. Cuando los mandos los estableces por motivos políticos y no por su profesionalidad y por su capacidad, ya estás politizando una Policía. Hay más ejemplos. El atentado de Ondarroa: allí hubo inacción. Sólo se profundizó en la investigación cuando cambiaron responsables políticos y policiales. Lo mismo en el esclarecimiento de la muerte de Joseba Pagazaurtundua. ¿Hay una Policía política? Pues claro. Por eso siempre hemos pedido que exista una Policía judicial dependiente de jueces y fiscales. Pero el poder político nunca lo ha querido.

Por cierto, policías nacionales y guardiaciviles reclaman una equiparación salarial con ustedes por medio de la plataforma Jusapol.

En relación a las retribuciones policiales en Euskadi, la Ertzaintza es la Policía que menos retribuciones tiene y peores condiciones laborales tiene. Eso es así. Podemos poner como ejemplo que en la Policía Nacional se cobra más y disponen de un mes más de vacaciones como consecuencia de los pluses de ETA que se cobraban en su día y todavía hoy, además de por las recientes subidas salariales para la equiparación. Hoy en día nos sentimos discriminados.

La última carga con pelotas de goma que realizó la Ertzaintza hirió de muerte a Íñigo Cabacas un 5 de abril de 2012, Jueves Santo. Aquella noche el Athletic venció en el viejo San Mamés de Bilbao al Schalke 04 alemán. Pero casi nadie recuerda el resultado de aquel partido europeo de “alto riesgo”. Tras el encuentro, las celebraciones continuaron en las zonas habituales de poteo, incluida la plazoleta junto a la calle de María Díaz de Haro. La centralita de la Policía vasca recibió avisos de incidentes en aquel lugar y no dudó en emplear material antidisturbios en un lugar con solo un callejón como salida. Fue una ratonera que acabó con la vida de un joven aficionado rojiblanco que entonces apenas contaba 28 años. Murió unos días después en el hospital de Basurto. Todo cambió para su familia, que sigue rota y clamando justicia, y para la propia Ertzaintza, cuya contundencia quedó al desnudo para siempre y se vio obligada a reinventarse.

Este lunes, seis años, seis meses y diez días después, arranca en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra seis ertzainas. Se exponen a cuatro años de cárcel y a seis de inhabilitación por “homicidio imprudente”. La única acusación la ejerce la propia familia de Cabacas, representada por la letrada y también parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, histórica dirigente de la izquierda abertzale. La Fiscalía, siempre en segundo plano, interpreta que los hechos probados en la larga y compleja investigación dirigida por la juez Ana Torres no son constitutivos de delito.

Se sientan en el banquillo el oficial con número profesional 3389, el agente con más galones en aquella intervención en la zona de María Díaz de Haro, y los suboficiales 5351 y 1283, al mando de dos de las furgonetas (cada una de ellas de seis agentes) que fueron movilizadas. Los otros tres son agentes que empuñaron escopeta aquella noche y que, en la investigación interna llevada a cabo por la Ertzaintza, admitieron haber usado pelotas de goma: 15248, 11066 y 10216. Ha quedado probado que más policías dispararon, principalmente porque ellos tres iban de rojo y todos los demás de azul y hay testigos -policías y civiles- que así lo atestiguan. Este agujero de la investigación siempre ha impedido conocer al autor material.

De hecho, en un primer término sólo se iba a juzgar a los tres mandos intermedios, pero un recurso de la familia permitió corregir a última hora esta decisión de la juez Torres. Según la magistrada, lo verdaderamente punible es la negligencia y desproporcionalidad con la que se actuó. El oficial está procesado por “inacción”, por haber tolerado las cargas. Los suboficiales, por su parte, por haber dado la orden de intervenir con material letal en un lugar inapropiado y provocando “atrapamiento”. “Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, dictaminó la instructora, que durante la causa llegó a solicitar escolta y a denunciar “espionaje” en sus equipos informáticos, sin que quede muy claro el motivo.

“Salgan de las furgonetas y despliéguense”

Según la reconstrucción de los datos recogidos en el sumario del 'caso Cabacas', al que ha tenido acceso este periódico, la carga con pelotas de goma que hirió al joven duró un mínimo de tres minutos. En su momento, algunos sindicatos policiales plantearon dudas de si la causa de la muerte fue realmente una bola de caucho. Sin embargo, la autopsia recoge que la víctima recibió en la cabeza el fuerte impacto “de un proyectil esférico de unos 55 milímetros” y los proyectiles tienen un tamaño exacto de 54,72 milímetros.

La Ertzaintza había diseñado un operativo especial para aquel Jueves Santo. El partido era de “alto riesgo” y en eliminatorias anteriores de la UEFA Europea League se habían registrado importantes altercados (que se han ido repitiendo hasta la temporada pasada). Cabacas estaba con amigos en una pequeña plazoleta con jardineras ubicada a un lado de María Díaz de Haro y que termina en un callejón que comunica con Licenciado Poza. Allí se ubican varios establecimientos. Uno de ellos es una 'herriko taberna' o sede social de la izquierda abertzale, sector que ha dado connotaciones políticas a este caso.

Fue a las 23.25 horas de ese 5 de abril de 2012 cuando la base de operaciones, situada en la comisaría del barrio de Deusto, en la plaza de Ugarteko, recibe un primer aviso de la existencia de incidentes. Las llamadas al 112 refieren una “pelea”, una “batalla campal” e incluso de un grupo de “15 ó 20 cabezas rapadas encapuchados”, de los que luego no hubo más reseñas. El jefe de operaciones de Deusto, apodado 'ugarteko', decide enviar alguna furgoneta, llamadas en las conversaciones de radio como “francias”. Las lecheras 1 y 6 fueron las primeras en llegar. Dirigidas por el jefe de patrullas -que acude en el coche 32- practican una detención pero no en la plaza, sino en su acceso derecho. El arrestado había arrojado objetos a la Policía y les había increpado.

Pero la Ertzaintza no dio por resulta la incidencia. Según sus informaciones, había un herido sangrando dentro del callejón y había que despejar la zona para que accediera la ambulancia. Evidentemente no se trataba de Cabacas. Un sanitario confirmaría después que ellos también tuvieron la misma alerta “a las 23.30 horas”. Al llegar, reseña, “se amontaba una gran cantidad de gente que lanzaba objetos” a los policías desplegados y no se pudo estacionar la ambulancia. Aparecieron entonces las furgonetas 12, 13 y 14, todas ellas de la unidad de Seguridad Ciudadana, no especializada en actuaciones antidisturbios.

El responsable de la furgoneta 14 (suboficial 5351) informó por radio al 'ugarteko' de que era imprescindible “limpiar” la zona. Desde comisaría, le responden así a las 23.37 horas: “Bien, hágalo usted [...]. Salgan de las furgonetas y despliéguense en la herriko”. A partir de ahí, el suboficial transmitió la orden a los tres escopeteros de su unidad de seis agentes, que eran los únicos que visten de rojo en el lugar, un elemento de gran relevancia. [Los antidisturbios trabajan en binomios, uno porta la escopeta y el otro le cubre con un escudo. Primero disparan una salva –ruidosa pero inofensiva– y luego emplean pelotas de goma].

Al menos ocho pelotazos

Aquella carga duró “tres minutos”, según 5351. Sus tres escopeteros son los imputados, El primero asume que disparó “unos cuatro disparos de disuasión con pelota”. El segundo realizó otros cuatro “a 35 metros”. El tercero, en cambio, dijo no haber disparado en ese momento, sino en la carga posterior que se registró. Las distancias mínimas de seguridad en aquella época eran las siguientes: 25 metros en posición suave, 35 a intensidad media y 50 en modo fuerte. Nunca se sabrá a qué potencia se intervino porque no hay datos.

Los testigos situaron a esos agentes de rojo detrás de los coches aparcados. Desde donde cayó abatido Cabacas al final de la acera hay 22,8 metros, más los tres metros aproximados del 'parking' en batería arrojarían una distancia cercana a los 25 metros, la misma que fijó la Policía Nacional como probable en el informe pericial que hizo a instancias de la juez Torres. La magistrada optó por encomendar parte de la investigación a otro cuerpo distinto a la Ertzaintza para evitar posibles interferencias. Estos agentes, que reconstruyeron los hechos 'in situ', comparecerán en el juicio.

Una joven malagueña con conocimientos de primeros auxilios se encontraba cerca de Cabacas y pudo taponar las hemorragias que sufría. Su testimonio en vídeo acompaña a esta información. En él, manifiesta que “un hombre de rojo” disparó “todo el rato” en línea recta hacia donde se encontraba la víctima, que estaba en el lado izquierdo del callejón. “Me sentí como si nos estuvieran fusilando”, enfatiza. Sus “¡No disparéis, no disparéis!” no sirvieron de nada. Otras personas hicieron lo mismo. Los agentes lo oyeron, pero no hicieron caso. “Unas jóvenes subidas en unas jardineras levantaban las manos y gritaban que parasen los disparos”, admitió una agente no imputada, que vestía de azul.

Los agentes desplegados ya sabían de viva voz en ese momento que había un herido tendido en el suelo. Alguien, además, avisó al 112 exactamente a las 23.40.31. De hecho, el suboficial 1283 había ordenado: “¡Que no dispare nadie más y todo el mundo detrás de las furgonetas!”. Se estaba disparando en ese momento desde “varias furgonetas” y sólo una llevaba encima del buzo azul una chaqueta roja. “Había otros cinco o seis ertzainas vistiendo buzo azul”, contó 15248.

Varios ertzainas de rojo y un mando de azul se acercaron hasta el lugar en el que había sido abatido Cabacas. La testigo asegura que le agarraron del brazo con el que apretaba la herida del herido. Se dirigió también a un agente y le pidió “el número de placa”. Entonces el código profesional no era visible, ahora sí lo es. “Con la mano en la porra me dijo que si no quería más problemas que me fuera”, relata. No niega que insultó por instinto a los funcionarios. En el callejón se escucharon muchos más improperios dirigidos a ellos. Por la radio, desde comisaría descartaron la tesis de que hubiera sido herido: “Se habrá desmayado”.

El subjefe de la comisaría, presente de paisano en el lugar, ordenó replegar la fuerza y formar un cordón en la entrada del callejón. Pero, como continuaban lanzando objetos a los agentes desde el fondo de la plazoleta, el 'ugarteko' dio la polémica orden de “entrar con todo” a las 23.40.26, ya con Cabacas malherido. Ahí empezó una segunda carga muy intensa. Muchos presentes indicaron a la juez que en aquel momento el callejón estaba mucho más oscuro que al principio, aunque no se conoce la explicación de la falta repentina de iluminación.

Los agentes dispararon detrás de donde estaba tendido Cabacas y quienes le auxiliaban recuerdan el sonido de las detonaciones. Los de rojo dispararon de nuevo, pero también un miembro de la furgoneta 22 –cinco veces– y otro de la Brigada de Refuerzo, que habían llegado de apoyo. La unidad antidisturbios (Brigada Móvil) no intervino en ningún momento, ya que estaba en San Mamés controlando la salida del estadio. La Ertzaintza persiguió a los alborotadores hasta Licenciado Poza y allí continuaron los incidentes. Está registrada la quema de contenedores. Entretanto, a las 23.58, aproximadamente, una ambulancia trasladó al joven gravemente herido al hospital de Basurto, donde moriría cuatro días después.

A 360 kilómetros por hora

El entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, compareció de urgencia en el Parlamento una semana después. Pidió perdón a la familia y anunció unas primeras medidas para restringir el uso de pelotas de goma. Se enfatizó la importancia de respetar las distancias y las potencias de un material que alcanza los 100 metros/segundo de velocidad (360 km/h). Durante 24 horas llegó a estar prohibido el uso de este material porque se sometió a revisión en su totalidad. Aparecieron nueve cartuchos impulsores con más pólvora de la permitida, lo que puso en evidencia la falta de control del armamento en la Policía vasca.

Algunos datos: las pelotas no habían sido revisadas desde 1998, cuando se compró una partida de 75.000 bolas a Manufacturas del Tormes, una empresa de Castellanos de Moriscos (Salamanca). Los cartuchos habían pasado una última inspección cuatro años antes, en 2008. Peor era el caso de las bocachas de las escopetas lanzapelotas, muchas de las cuales no funcionaban correctamente y no permitían cambiar la intensidad del disparo. La última revisión databa de 1995: el informe estaba escrito a máquina de escribir.

La muerte de Cabacas -y el final de ETA y la 'kale borroka', paralelos en el tiempo- han supuesto un cambio radical en la manera de intervenir de la Ertzaintza, con competencias exclusivas en el control de orden público. El uso de pelotas de goma está prohibido a las unidades de Seguridad Ciudadana que intervinieron entonces y sólo portan las escopetas la Brigada Móvil y su equipo de apoyo (la antigua Brigada de Refuerzo). Pero nunca ha vuelto a disparar una sola bola de caucho. El material empleado es un lanzador alternativo que se presupone más preciso y que arroja proyectiles viscolásticos. Además, los despliegues son ahora más numerosos para sofocar los incidentes, si es posible, cuerpo a cuerpo y no con armamento.

Asimismo, en los uniformes aparece ahora el código profesional de los ertzainas y se ha redoblado el control de las intervenciones. Y es que en los informes del 5 de abril de 2012 de la comisaría de Bilbao muestran que es imposible saber cuántas armas se utilizaron, con qué potencia y cuántas bolas se usaron. “En caso de haber sido utilizado el material, se limpian las escopetas y se reponen tanto los cartuchos como las pelotas de los peloteros y se procede a precintar de nuevo las bolsas desprecintadas, no realizándose ningún registro al respecto por escrito, por lo que en este caso no se puede saber cuáles fueron las bolsas que efectivamente se utilizaron. Respecto de las escopetas, tampoco queda registro de cuáles estaban usadas”, se puede leer en el informe que entregó la Policía a la juez Torres. Es más, el 'número dos' del consejero Ares, Miguel Buen, llegó a reconocer que la cúpula policial había sugerido a la dirección política que no se habían usado pelotas aquella noche. El entonces comisario de Bilbao, Jorge Aldekoa, es en la actualidad el jefe del cuerpo.

Desde el pasado martes hay nuevo 'chef' en la Ertzaintza. La empresa Eurest ha sustituido a Gastronomía Baska como adjudicataria del servicio de 'catering' de los centros policiales de Iurreta y Berrozi, donde están acantonadas las unidades especializadas de rescate, antidisturbios, escoltas o intervención, que por sus largas guardias tienen derecho por convenio a desayuno, comida y cena, según los casos. El contrato incluye también al personal que custodia la sede presidencial de Ajuria Enea. El servicio, que costará la peculiar cifra de 1.818.181,81 euros (más IVA) en los próximos dos años, está pensado para ofrecer 94.310 menús anuales, así como 349 servicios “VIP” y un millar largo de 'lunchs' especiales.

La letra pequeña del contrato es todo un manual de cocina en el que el Departamento de Seguridad fija con sumo detalle las exigencias que ha de reunir la alimentación del personal. Según el convenio de la Ertzaintza, el servicio será en todo caso gratuito para el personal con turnos continuados, mientras que el resto podrá usar también el comedor a un precio bonificado.

Para el desayuno, los ertzainas pueden tomar café, leche, cacao, infusiones y zumos “de brick”, bebidas que se complementan con mantequilla, mermelada, frutas, pan, bollería, cereales y embutidos. En Berrozi, donde los grupos más especializados llevan a cabo entrenamientos de alta exigencia física, se sirve también un “plato caliente” por la mañana. Para las comidas y cenas, el Gobierno obliga a servir “dos primeros, dos segundos y dos postres”, además de un “buffet de ensaladas” con “al menos cuatro ingredientes, lechuga, tomate, cebolleta y huevo cocido”. Todo se acompaña con pan -tiene que haber un bollo integral como alternativa al normal-, agua, refrescos y cerveza... sin alcohol.

A todo ello se le añade un “servicio de bocadillos” con al menos nueve variedades ya prefijadas por la Administración, que avisa de que “las tortillas de patata deberán ser naturales y unitarias cuando el tiempo de entrega lo permita” o que cuando se sirva beicon con queso tendrá que haber, como mínimo, “seis lonchas” del lácteo. Todos los ingredientes han de ser de categoría “primera o extra”.

La Ertzaintza obliga a la empresa contratista a enviar “cada semana” al área de Recursos Humanos “los menús básicos que se vayan a ofrecer”, así como “un cuadro completo informativo sobre las calorías, proteínas e hidratos de carbono” para su “validación y exposición”. No se hace mención expresa, en cambio, a posibles alternativas para el personal con intolerancias ni a menús vegetarianos.

En el “anexo B” del contrato figuran incluso 32 primeros y 37 segundos con el detalle de ingredientes mínimos que han de llevar, así como la cantidad óptima de cada producto principal. Algunas de las recetas son cardo a la vizcaína, paella, arroz tres delicias, alubias rojas con costilla, zancarrón al caserío, huevos fritos con salchichas (dos huevos y cinco salchichas, para ser exactos) o lengua a la 'villarroise'. Los yogures, incide la Administración, serán en todo caso “tipo Danone”.

En jornadas especiales, como Navidad y otras fiestas, se sirven “menús VIP”. Son unos 349 al año. La partida consiste en 70 gramos de embutido ibéricos (jamón y lomo), espárragos “especiales”, langostinos y croquetas variadas, ensalada de cogollos con piquillo, solomillo con verduritas o merluza y “postre de la casa”. Para los 'lunch' especiales también se preparan platos como arroz con almejas, cordero lechal al horno con patatas panadera o solomillo con patatas parisina. También hay una alternativa con canapés y otro 'lunch' de desayuno para eventos a primera hora de la mañana.

Según los precios ofertados por Eurest -los más competitivos a tenor de la valoración realizada por los técnicos de Seguridad-, el coste unitario de cada desayuno son 2,43 euros (7,04 euros en Berrozi por el plato caliente), la comida son 11,18 euros (11,76 el servicio VIP) y la cena 8,03 euros. En total, la compañía percibirá 1.818.181,81 euros en dos anualidades más IVA. En el precio se incluye también la limpieza, el personal y el transporte de los alimentos.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, sólo tiene que poner fecha y firma al decreto que sustituirá el tradicional sistema de abono de dietas por desplazamiento y comida a los mandos de la Ertzaintza por un “complemento de jefatura” que supondrá para los 158 superintendentes, intendentes, comisarios y subcomisarios del cuerpo una subida salarial mensual de 278 euros. La medida entrará en vigor este mismo ejercicio y superará el 1% general que han mejorado las retribuciones de los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos. La documentación interna que maneja la consejera, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, estima que el cambio acarreará un ahorro al pasar de 644.763 euros anuales en dietas a 527.088 en la mejora salarial, si bien también existe un informe del letrado Asier Undabarrena, asesor de los servicios jurídicos centrales -que dependen del área de Josu Erkoreka y no de Seguridad-, que subraya que “sería aconsejable que se especificara de manera algo más detallada lo que se va a retribuir” realmente.

[El decreto para la modificación retributiva al que alude esta información se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 29 de diciembre de 2017]

Este “complemento de jefatura” aspira a poner fin a una de las mayores polémicas laborales en el seno de la Ertzaintza. El sindicato Sipe denunció hace ya varios años que las dietas que percibían los integrantes de las escalas superior y ejecutiva de la Policía no eran indemnizaciones por los gastos generados por el servicio, sino más bien un sobresueldo opaco a Hacienda. Los juzgados de lo penal han archivado la causa recientemente y tampoco el Tribunal de Cuentas halló responsabilidades económicas en la Administración, pero la Administración ha reconocido implícitamente las anomalías del sistema al abonar a Hacienda alrededor de 1,5 millones por el IRPF correspondiente a las dietas y que nunca se pagó. Asimismo, en los informes que acompañan al decreto que ahora se aprobará también se apunta que “no tiene efectos indemnizatorios” el desplazamiento “habitual” desde el domicilio hasta el centro de trabajo “libremente” elegido por los mandos y que, por lo tanto, esos gastos son “más retributivos que indemnizatorios”.

Aunque en las diferentes memorias que se han adjuntado al decreto, cuya tramitación se inició en 2016, existe un baile de cifras, el Departamento de Seguridad remarca que la medida no sólo no generará un mayor gasto, sino que incluso tendrá efectos positivos para las arcas públicas. En principio, la subida es de 3.336 euros anuales (278 mensuales en doce pagas), si bien en algunos documentos se alude a 278 euros en 14 pagas. En todo caso, sean 527.088 euros o más, lo que tienen claro los técnicos de Beltrán de Heredia en todos los escenarios es que la cuantía de la subida siempre será inferior a los 644.763 en que se estima el coste de las dietas que percibe la cadena de mando de la Ertzaintza.

En principio, el decreto ha de ser aprobado en 2017. Y es que la habilitación legal para ponerlo en marcha está incluida precisamente en la ley de presupuestos de este año, que ahora se está renovando en el Parlamento de cara al 1 de enero de 2018. Este ejercicio el conjunto de los empleados públicos -también los mandos- han tenido una subida salarial del 1%. Atendiendo a los sueldos que constan en las memorias que acompañan al borrador del decreto, en el caso estos altos funcionarios la mejora será de alrededor del 6-7% dependiendo del rango concreto.

Así las cosas, este cambio ha motivado la crítica de los sindicatos. Las actas de las reuniones de negociación con los representantes de los trabajadores revelan ese malestar. Según Erne, principal organización de ertzainas, es “curioso” que se resuelva esta situación sin que se atiendan reivindicaciones más viejas de los agentes de base. Esan habla abiertamente de “beneficiar a 150” y CCOO entiende que es “inaceptable” que no se aplique a “todo” el colectivo. Los denunciantes, Sipe, insistieron en esas reuniones en que son mejoras “superiores” a las previstas para el conjunto de los empleados públicos españoles en los presupuestos generales del Estado, de no más del 1%.

El asunto de las dietas había puesto en pie de guerra a la jefatura, que en febrero pasado anunció medidas de presión si no se resolvía el entuerto. El mayor momento de tensión llegó cuando Seguridad imputó individualmente a cada uno de los beneficiarios el IRPF que había regularizado con Hacienda. Las facturas de algunos funcionarios concretos, algunos de larga trayectoria y con muchos galones, superaban los 30.000 euros. El jefe policial, Jorge Aldekoa, también puso coto al mismo tiempo al uso de los coches oficiales. La mayoría de los mandos se unieron en una plataforma a modo de 'lobby'.

Un total de 157 mandos de la Ertzaintza, integrantes de las escalas ejecutiva y superior, tienen asignado un coche oficial, según la información actualizada a 2015 enviada al Parlamento por la consejera de Seguridad, la peneuvista Estefanía Beltrán de Heredia. Esa misma documentación muestra que el coste medio anual de cada automóvil de esa flota fue de exactamente 5.667 euros y que, además, esos mismos agentes percibieron más de 350.000 euros en dietas. Estos datos sobre el uso de coches oficiales en la Ertzaintza fueron solicitados en la Cámara por Nerea Llanos (PP).

La Policía vasca, además de esta flota que utilizan intendentes, comisarios y subcomisarios, dispone para el servicio de 351 patrullas, 136 todoterrenos, 87 furgonetas antidisturbios, 70 vehículos de atestados, 58 patrullas de tráfico, 200 vehículos especiales (motocicletas, camiones, transportes caninos y hasta un camión ‘botijo’ en desuso) y 1.164 automóviles camuflados. Los agentes demandan una renovación de la flota que está acumulando retrasos. De los 157 vehículos a disposición de la cúpula policial, un 30% están asignados a la base central del cuerpo, ubicada en Erandio. Las comisarías de las capitales y las bases de Iurreta, Oiartzun y Berrozi son los otros centros con más coches oficiales.

Seguridad informa de que el coste medio anual por coche asignado es de 5.667 euros anuales, lo que incluye el ‘renting’, en su caso, y el consumo de combustible, peajes, mantenimiento, revisiones y seguros. El coste total, por lo tanto, ascendería a 889.719 euros. Asimismo, Llanos también interesaba un desglose del “importe de los gastos de dietas y manutención sufragados” a los mandos con coche a su disposición en el mismo período. Según los datos de Beltrán de Heredia, el gasto total en dietas alcanzó los 353.632 euros. Se da la circunstancia de que la única comisaría sin coche oficial, la de Galdakao, tuvo un gasto en compensar desplazamientos y otros gastos por razón de servicio de exactamente 5.667 euros, lo mismo que el coste medio del vehículo asignado.

La Ertzaintza lleva años sumergida en la polémica por el uso de coches oficiales y el pago de dietas a los agentes con más galones. El sindicato Sipe denunció que el abono de dietas no justificadas, en algunos casos a funcionarios que ya tenían el transporte cubierto con el coche oficial, había supuesto durante años un sobresueldo no justificado de hasta el 20 ó 30% para los beneficiarios. Lo hizo ante el Tribunal de Cuentas y ante un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que, a su vez, derivó el caso a la jurisdicción penal.

Sentencia del Tribunal de Cuentas

En su sentencia, el Tribunal de Cuentas dejó constancia de que “se han realizado pagos a agentes de las escalas superior y ejecutiva que no pueden considerarse justificados en concepto de indemnizaciones por razón del servicio”. Sin embargo, rechazó que las directoras del Departamento de Seguridad Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino devolvieran de su bolsillo los alrededor de los 2 millones de euros en que se fijó el efecto económico de estas irregularidades ya que interpretó que no actuaron con dolo o negligencia: aplicaron un decreto de indemnizaciones aprobado por el anterior consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares.

En cuanto a la vía penal, en la que están imputados no sólo Arias sino también decenas de mandos que percibieron los pagos, la instrucción está en 'stand by', según fuentes judiciales. Faltaría que el juzgado determine si se procede a la apertura de juicio oral o se archivan las diligencias, como confía el Gobierno siguiendo la estela de lo ocurrido en el Tribunal de Cuentas.

En todo caso, las denuncias sobre irregularidades han motivado algunas medidas “correctoras” en los últimos años. La más significativa fue la decisión del Departamento de Seguridad de regularizar con Hacienda una cantidad próxima a los 1,5 millones en concepto de IRPF no abonado correspondiente a las dietas, facturas que luego se individualizaron entre los mandos, lo que provocó una auténtica crisis interna. En paralelo, también se planteó compensar esta situación con una subida salarial exclusiva para la cúpula mediante un “complemento de jefatura” que ya está aprobada por ley pero que aún no ha sido activado por parte del equipo de Beltrán de Heredia mediante la aprobación del consiguiente decreto.

Asimismo, el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, envió en marzo a todas las jefaturas una instrucción interna para evitar “abusos” en el uso de coches oficiales. Fueron cinco las órdenes, lo que da a entender algunos de los problemas que se habían producido en el pasado y que históricamente habían sido denunciados por los sindicatos: 1- No se permite ceder el vehículo a otro conductor; 2- Los usuarios no podrán intercambiarse el vehículo asignado; 3- Se ha de custodiar “diligentemente” el automóvil; 4- No se puede instalar un GPS o una silla de sujeción infantil; 5- Los agentes tienen que “velar por la realización puntual de las revisiones técnicas”.

El jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, ha enviado a todas las jefaturas de unidad del cuerpo, 14 destinatarios en total, una circular interna para poner orden en la “utilización de vehículos sin distintivos” o camuflados del parque móvil del Departamento de Seguridad y evitar así posibles usos fraudulentos. El documento, fechado a 28 de marzo y al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, limita a desplazamientos “por necesidades de servicio” la asignación de automóviles oficiales a los miembros de la escala ejecutiva y superior, la cadena de mando, que está inmersa en la polémica por los distintos procedimientos judiciales abiertos por el presunto cobro irregular de dietas de desplazamiento y comida durante los últimos años y por denuncias de uso de esta flota para fines personales.

La escala de mando tiene derecho a contar con un vehículo de empresa (o bien a cobrar el kilometraje desde casa al trabajo) dado que tienen un régimen horario de libre disposición que les obliga a movilizarse en caso de emergencia a cualquier hora del día. Sin embargo, históricamente se han sucedido las denuncias de que estos coches han sido utilizados también para desplazamientos particulares cuando es la Administración la que paga gasolina, peajes, aparcamientos, mantenimiento e impuestos.

En este sentido, Aldekoa remarca a sus mandos que sólo podrán tener asignado un coche de “gama media”. Los de “gama alta” se limitarán para actos de “representación” o misiones muy específicas de Intervención, Tráfico o traslado de presos. El jefe policial avisa también de que su uso estará limitado “de forma exclusiva” al ejercicio de funciones oficiales, nunca “para casos particulares”.

Son cinco las restricciones adicionales que marca Aldekoia a la cadena de mando, relación que puede dar una idea de las anomalías que se han podido producir en los últimos años: 1- No se permite ceder el vehículo a otro conductor; 2- Los usuarios no podrán intercambiarse el vehículo asignado; 3- Se ha de custodiar “diligentemente” el automóvil; 4 - No se puede instalar un GPS o una silla de sujeción infantil; 5 - Los agentes tienen que “velar por la realización puntual de las revisiones técnicas”.

El jefe policial avisa también, en este caso a mandos y a agentes de la escala básica, de que “las sanciones impuestas a los usuarios” de los coches “serán abonadas por ellos”. Asimismo, se establece la cautela de que cada vez que se reposte “se deberá indicar al personal de la gasolinera los kilómetros que tiene el vehículo” y enviar el recibo de carburante a los funcionarios de Parque Móvil. 

Un clima enrarecido

El asunto de las dietas y coches oficiales es una verdadera bomba de relojería en el seno de la Ertzaintza. El sindicato Sipe-Fepol denunció primero en la justicia ordinaria y después en el Tribunal de Cuentas que la escala de mando de la Policía autonómica había estado cobrando durante años por esta vía un sobresueldo opaco a Hacienda que podía suponer hasta un 30% de plus.

En la vía penal, dos altos cargos del Gobierno vasco están imputados por autorizar los pagos de dietas a los mandos. Se investiga también a dos docenas de altos funcionarios policiales. En el Tribunal de Cuentas, asimismo, se celebró en marzo el juicio en el que dos directoras del Departamento de Seguridad, Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino, afrontan la posible devolución de 2,2 millones por pagos aparentemente indebidos de dietas.

El Ejecutivo vasco ha defendido en todo momento la legalidad de los pagos, basados en un decreto de indemnizaciones aprobado en 2011. Sin embargo, ha asumido que las dietas tenían que haber tributado a Hacienda y regularizó hace unos meses 1,5 millones en IRPF no pagado. En este momento, el Departamento de Seguridad se encuentra en proceso de “individualizar” ese IRPF no pagado y ha girado una propuesta de devolución a los afectados, facturas que en algunos casos ascienden a 20.000 euros.

Éstos, muchos de ellos ertzainas con muy altas responsabilidades en el cuerpo, se han movilizado al entender que en ningún caso esas dietas eran un sobresueldo, sino gastos que han incurrido por razón de servicio. Este colectivo se ha constituido en plataforma (llamda EBE) y ya alertó que adoptaría medidas de presión en caso de que no se logre una salida negociada a este asunto. Incluso plantearon la dimisión generalizada.

En paralelo, el Gobierno ha incorporado en su ley de presupuestos de 2017 un nuevo complemento específico de jefatura para que los mandos de la Ertzaintza perciban un plus de 3.336 euros anuales que compense esta situación. Los sindicatos han denunciado que este complemento supone una subida del 5% para los mandos cuando el conjunto de los funcionarios tiene restringida al 1% la mejora retributiva en 2017.

Este miércoles 5 de abril se cumple un lustro del fatídico Jueves Santo de 2012 en el que, tras un partido europeo del Athletic en el viejo San Mamés, una carga policial de la Ertzaintza con pelotas de goma acabó con la vida del joven aficionado Íñigo Cabacas, que entonces estaba a punto de cumplir 29 años y se hallaba con sus amigos en el exterior de uno los bares de una pequeña plazoleta de un lateral de la calle de María Díaz de Haro de Bilbao. La familia de Cabacas, sus padres Manuel y Fina, que llevan cinco años reclamando justicia, encaran el aniversario con la noticia de la que la juez Ana Torres, al frente del polémico caso desde el principio, ha ordenado abrir juicio por “homicidio por imprudencia profesional” contra un oficial y dos suboficiales que ordenaron cargar entre las 23.37 y las 23.40 de esa noche, el momento en el que Cabacas recibió a toda velocidad en la cabeza el impacto de un esférico de 54 milímetros: una bola de caucho que lo mataría unos días después.

La magistrada es clara: “A pesar de los esfuerzos desplegados durante la extensa instrucción de la causa, ha sido imposible determinar la autoría de tal disparo”. Por un lado, sólo tres agentes confesaron en la primera investigación de Asuntos Internos que habían disparado la escopeta lanzapelotas que tenían asignada, cuando era una evidencia que fueron muchos más (ellos iban de rojo y hay testigos que vieron agentes de azul con armas). Por otro lado, los vídeos e informes periciales -fue la Policía Nacional la que evaluó a la Ertzaintza para evitar suspicacias- hablan de que el disparo letal pudo llegar de “cualquier distancia” entre los 1,25 y los 39 metros, un sector en el que había más de 25 ertzainas desplegados.

Con estos mimbres, reconocidos juristas daban por sentado un polémico archivo del 'caso Cabacas' bajo la premisa de que sin autor conocido no puede haber delito, aunque sí víctima y una posible responsabilidad económica por parte de la Administración, que se sustanciaría en otro procedimiento. Pero la juez Torres, con una amplia argumentación jurídica, ha archivado efectivamente la acusación contra los tres ertzainas que admitieron que usaron la escopeta -uno de ellos ni siquiera en esa carga policial, sino en un momento posterior- y no los llevará al banquillo. Pero ha procesado a los tres mandos intermedios que ordenaron y dirigiendo la carga policial desde el terreno. Culpa 'in vigilando'. Fuentes de la Ertzaintza cuestionan si la misma duda razonable que opera sobre los agentes no debería aplicarse al oficial y a los dos suboficiales ahora acusados, aunque la juez Torres lo tiene claro.

Sin “proporcionalidad”

“Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, concluye la magistrada, que incluye en el auto de apertura de juicio oral -recurrible tanto ante ella misma (reforma) o ante la Audiencia Provincial (apelación)- una reconstrucción de la carga con pelotas de goma de casi tres minutos que se llevó la vida de un joven.

La juez recuerda que el partido Athletic-Schalke 04 era de “alto riesgo”, más si cabe después de una temporada de Europa League en la que los ultras locales habían provocado incidentes, como en el choque contra el Lokomotiv. Por ello, la Ertzaintza diseñó un amplio dispositivo especial que se tradujo, en aquellas horas posteriores al evento, en ocho 'francias' (furgonetas en el argot interno) de Brigada Móvil (antidisturbios) y otras ocho de Seguridad Ciudadana.

Es a las 23.25 cuando el 112 empieza a registrar avisos de peleas e incidentes en la plaza de María Díaz de Haro, donde entre otros locales se halla una 'herriko taberna' o sede social de la izquierda abertzale. Ésta es una de las claves del caso, porque la histórica letrada de presos de ETA y parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia ha sido la abogada de la familia Cabacas desde el minuto uno. Su formación ha asegurado que había un componente político en los hechos e incluso ha reclamado la consideración de Cabacas como una víctima más del “conflicto vasco” en pie de igualdad con las de ETA o los GAL.

A las 23.27 los avisos a Emergencias hablan ya de “batalla campal” y, desde la comisaría de Deusto, el jefe de operaciones o 'ugarteko' en argot interno abre ya una actuación. Llegan primero las 'francias' 1 y 6, acompañadas por el coche-patrulla 32, ocupado por un mando. Intervienen y detienen a una persona. Es a las 23.35 cuando llegan las furgonetas 12, 13 y 14. Cada una está formada por un mando, un conductor y tres binomios (pelotero y escudo), ocho uniformados en total. Al frente de la 12 se halla el oficial 3389, quien se comunica por radio interna en todo momento con Deusto y quien coordina a las 13 y 14, ya que están capitaneadas por un suboficial cada una (agentes 1283 y 5351, que también irán a juicio). Es el “responsable” sobre el terreno, según la juez.

“Disponían de escudos” para intervenir sin armas

A las 23.37, las unidades 13 y 14 ya están cargando por los altercados, mientras la 12 y su oficial continúan dentro del vehículo blindado esperando acontecimientos y pidiendo refuerzos. Por radio, desde comisaría le piden que actúe en apoyo a sus compañeros. La carga dura casi tres minutos, desde las 23.37.07 hasta las 23.39.54. A las 23.40.31 ya se recibió el aviso de que había un herido en el suelo, sangrando. Era Cabacas. Instantes antes, a las 23.40.26, 'ugarteko' volvió a dirigirse a 3389 para que “entrara con todo” a la zona de la 'herriko taberna'. Para la izquierda abertzale era la prueba definitiva del componente político de los hechos y la causa de la muerte de Cabacas. El equivalente para la Ertzaintza del “hemos contribuido a la mayor paliza de la historia” que la Policía Armada dijo por radio en Vitoria tras asesinar a cinco obreros el 3 de marzo de 1976. Pero la investigación no prueba la causa-efecto de esa orden, ya que la víctima ya se había producido.

En todo caso, ello no le resta gravedad a los hechos. Sostiene la juez que 3389 actuó inicialmente “con total inacción” y después “permitió que los agentes disparasen pelotas a pesar de no cumplirse las condiciones”. 1283 también ordenó cargar y 5351 autorizó también el empleo de bolas de caucho. “Los tres referidos mandos ordenaron directamente disparar o bien, siendo el mando superior, que los agentes bajo su mando efectuasen disparos con pelotas en condiciones que infringían los más elementales principios profesionales básicos de actuación”, según la juez Torres, que recuerda que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y las directrices internas de la Ertzaintza) pide “proporcionalidad” y que sólo se empleen las armas cuando haya un riesgo “racionalmente grave”.

Argumenta la magistrada que es un hecho que hubo incidentes, aunque no esté claro si la lluvia de objetos que cayó sobre la dotación de la Ertzaintza fue antes o después de la cargar. Pero añade: “Sólo existe el lanzamiento desde la plaza de algunos objetos sueltos y los agentes disponían en su dotación de escudos protectores”. En resumen, las pelotas de goma era innecesarias.

Las escopetas, armas incontrolables

Recuerda la juez, apoyada en el informe de la Policía Nacional, que las escopetas lanzapelotas no son armas precisas: “por encima de 20 metros el vuelo es errático”. Y, sobre todo, recuerda que las furgonetas taponaron el acceso a la plaza (había también coches aparcados a modo de barrera y un autobús de línea detenido por los incidentes), por lo que la plazoleta era una verdadera ratonera. “Por la configuración del lugar” la carga con pelotas de goma era “mortal de necesidad”. “Era absolutamente previsible que el lugar pudiera convertirse ante una situación de pánico como la que deben producir disparos con pelotas de goma en un lugar de atrapamiento”, recuerda la juez, que cita que sólo había una vía de escape, un callejón estrecho al fondo que comunicaba con Licenciado Poza.

A partir de ahí, el auto lanza otros dardos a la Ertzaintza, aunque éstos sin acusación formal. La juez subraya el total descontrol del armamento en la comisaría de Bilbao, donde “no se hizo ninguna revisión de los materiales”. No es posible conocer, por ejemplo, cuántas bolas se usaron o cuántas escopetas se emplearon con carga y no sólo para salvas. El intendente al frente de ese centro policial de Deusto era el agente 1026, Jorge Aldekoa. De él afirma la juez que era “responsable de la planificación del evento” y que coordinó las actuaciones de seguridad en San Mamés. En 2013 Aldekoa fue promocionado por la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, a jefe de la Ertzaintza, el cargo más alto.

La juez de Bilbao Ana Torres, en una resolución judicial que se conoce a pocos días del quinto aniversario del fallecimiento de un joven seguidor del Athletic de Bilbao en una carga policial con pelotas de goma de la Ertzaintza, ha decidido procesar a tres mandos intermedios de la Policía vasca por “homicidio por imprudencia profesional”.

En un auto tremendamente duro que abre la puerta al juicio largamente demandado por la familia de la víctima, Íñigo Cabacas Liceranzu, la magistrada asume que un lustro de investigación no ha permitido determinar qué funcionario de los muchos que dispararon mató a Cabacas, pero sí entiende que hay base para juzgar a los tres ertzainas a cargo de las tres furgonetas antidisturbios que intervinieron en aquel callejón de María Díaz de Haro, en los aledaños del estadio de San Mamés.

Del agente con más galones sobre el terreno, un oficial con código profesional 3389, la juez asegura: “Bajo su mando, inicialmente con total inacción, permitió que los agentes disparasen con pelotas a pesar de no cumplirse las condiciones precisas para hacer uso de tal material, generando un riesgo inadmisible que se materializó en un fatal resultado”. Sobre el suboficial 1283, la juez Torres asegura que ordenó cargar al grito de “disparad, disparad”. Y del suboficial 5351 asegura que también empleó con su brigada pelotas de goma tras una primera intervención con salvas y tiros en vacío, ruidosos pero inofensivos.

La juez acota en ese rango las responsabilidades penales, aunque cita en su resolución que el agente 1026 “se encargó de la supervisión directa” del dispositivo especial que se montó aquel Jueves Santo de abril de 2012 en el que el Athletic jugaba un partido europeo de alto riesgo contra el Schalke 04 en el viejo San Mamés. 1026, entonces comisario de Bilbao, fue ascendido en 2013 por la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y desde entonces es jefe de la Ertzaintza.

Durante la fase de instrucción han estado imputados tres ertzainas de base que tenían asignadas escopetas de pelotas de goma aquella noche. Para los tres se les retira la acusación de homicidio imprudente al no haberse hallado pruebas de cuál de ellos disparó realmente. De hecho, la magistrada asume que muchos más ertzainas que ellos lanzaron pelotas de goma. La diferencia es que éstos fueron los únicos que lo reconocieron en la investigación inicial de Asuntos Internos.

La magistrada, en cambio, entiende que el hecho de que no haya un responsable directo del homicidio no evita las culpas 'in vigilando'. “Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, concluye la juez Torres.

Las partes personadas en el procedimiento pueden recurrir este auto por dos vías, ante la propia instructora (reforma) o ante la Audiencia Provincial (apelación). La familia está representada por la letrada Jone Goirizelaia, parlamentaria de EH Bildu, y los seis ertzainas hasta ahora implicados disponen de letrados pagados por el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza presentaba en su base central de Erandio una nueva aplicación para ‘smartphones’ que permite enviar denuncias y recibir información útil. Sin embargo, este servicio ha quedado eclipsado por el cruce de declaraciones entre la consejera de Seguridad en funciones, Estefanía Beltrán de Heredia, y el secretario general del sindicato policial Erne, Roberto Seijo, a cuenta de la preparación o no de la Policía vasca ante la alerta yihadista. “Si en alguna Polícia existen protocolos, existen instrucciones de actuación y existen órdenes operativas que concretan hasta niveles que son inimaginables en otras organizaciones [la alerta antiterrorista] es en la Ertzaintza”, ha respondido Beltrán de Heredia a las críticas de Seijo, formuladas el lunes. Minutos después, Erne ha replicado en un comunicado que los protocolos son tan “inimaginables” que “ni los ertzainas los imaginan”.

Este episodio pone el broche a una legislatura de constante confrontación entre el Gobierno del PNV y los sindicatos de la Ertzaintza, entre los que Erne es el mayoritario. El lunes, Seijo valoró como el “peor” el equipo que ha estado estos cuatro años al frente del renombrado Departamento de Seguridad y su organización despedirá esta etapa el viernes con una doble movilización. Una se producirá a primera hora a las puertas del Parlamento Vasco, que celebra la constitución de la nueva legislatura. La segunda les llevará a la base de Berrozi, donde el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, reúne a todos los mandos para hacer balance e iniciar ya la prepararación del nuevo plan estratégico de cara a 2020.

“La profesionalidad de los agentes que componemos la Ertzaintza está fuera de toda duda, pero sí cuestionamos la profesionalidad de quienes dirigen el actual Departamento de Seguridad, empezando por la propia consejera, que ya no va a manipular ni a engañar al colectivo de la Ertzaintza ni a los ciudadanos”, ha valorado Seijo tras escuchar la respuesta de Beltrán de Heredia en su rueda de prensa en Erandio. Erne insiste en que Euskadi no se está tomando en serio la alerta yihadista a pesar de que “no es una isla” en un contexto de amenaza global.

Para el Gobierno, en cambio, la Ertzaintza es “pionera” en este terreno operativo con “su propio plan estratégico contra el islamismo radical” y que incluso ha extendido la formación e información a otras organizaciones. “Está estructurado y conformado cómo se debe actuar”, ha zanjado Beltrán de Heredia, que ha comparecido acompañada del jefe policial, Jorge Aldekoa.

Siete operaciones policiales

En paralelo, el Ministerio del Interior ha hecho pública por vez primera su estadística de operaciones policiales contra el yihadismo. De 86 operaciones en toda España seis han tenido lugar en suelo vasco (el 7%), con un total de siete detenidos. Gipuzkoa, con tres actuaciones, es el territorio con más incidencia de este tipo de delitos.

El último arresto se produjo la semana pasada de la mano de la Policía Nacional. Un joven marroquí que aparentemente se radicalizó en redes sociales fue detenido en San Sebastián. Se sospechaba que pudo haber intentado captar para Daesh a jóvenes en exclusión social y que cuidaba su forma física ante un eventual combate real en Oriente Medio.

EH Bildu considera que nombrar a un agente que tuvo "una clara responsabilidad" en el 'caso Cabacas' es "una humillación" para su familia.

Aldekoa renunció a su cargo en noviembre de 2014, tras una sentencia que le desposeía del cargo de intendente.

El Departamento vasco de Seguridad nombrará este jueves de nuevo a Jorge Aldekoa jefe de la Ertzaintza, después de que éste haya pasado un nuevo proceso selectivo para el acceso a la categoría de Intendente de la Policía vasca.

Jorge Aldekoa presentó en noviembre de 2014 su renuncia como jefe de la Ertzaintza, después de que en julio de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmara la sentencia que le desposeía del rango de intendente, preceptivo para ostentar el más alto cargo de la Policía vasca.

Aldekoa fue nombrado en plena polémica tras haber sido el jefe de la Comisaría de Bilbao cuando se estableció el dispositivo de seguridad del Athletic-Schalke 04, en el que resultó gravemente herido por una pelota de goma el aficionado del Bilbao Club, Iñigo Cabacas, que falleció pocos días después.

La resolución del TSJPV, con fecha del 11 de julio de 2014, daba, de nuevo, la razón al comisario Josu Markaida, que había recurrido la valoración de méritos realizada por un tribunal calificador para acceder a las diez plazas de intendente convocadas en julio de 2011.

Al presentar su renuncia, Aldekoa también anunció su intención de participar en la convocatoria publicada en ese momento por la directora de la Academia de Policía y Emergencias de seis plazas en un nuevo proceso selectivo para el acceso a la Categoría de Intendente de la Ertzaintza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad este miércoles, la directora general de la Academia de Arkaute hará pública la resolución del resultado del curso realizado por los nuevos intendentes, entre los que se encuentra Aldekoa, y este jueves se procederá a asignar “provisionalmente” a cada intendente su cargo y destino. En el caso de Jorge Aldekoa, se le nombrará superintendente y será jefe de la Ertzaintza.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha destacado, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, que Jorge Aldekoa es, “ante todo, una persona que tiene una gran trayectoria dentro de la Ertzaintza, y ya ha ejercicio estas funciones previamente”. Asimismo, ha subrayado su “capacidad de organización” y “el gran conocimiento que tiene de la Ertzaintza”.

“Una humillación para la familia de Iñigo Cabacas”

EH Bildu ha advertido de que un agente que tuvo “clara responsabilidad” en el 'caso Cabacas' no puede ser jefe de la Ertzaintza, por lo que ha considerado “humillante” que Jorge Aldekoa vuelva a la jefatura de la Ertzaintza y que el Departamento de Seguridad “se obstine en el error”.

La formación ha acusado a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, de “obstinarse en el error inicial y de humillar a la familia Cabacas, ya que un agente que tuvo clara responsabilidad en el operativo que acabó con la muerte del joven” aficionado del Athletic de Bilbao “no puede ser el jefe de la Ertzaintza”.

A su juicio, “nombrar a Aldekoa ya fue un error en su día, pero volver a hacerlo otra vez obliga a hablar de humillación más que de error, sobre todo, para la familia” de Iñigo Cabacas.

En un comunicado, EH Bildu ha recordado que Aldekoa “tuvo que dejar la jefatura de la Ertzaintza en noviembre de 2014 forzado por una sentencia por el TSJPV”, y ya entonces la coalición soberanista advirtió de que “en poco tiempo volvería al cargo”.

“Por desgracia, hoy tenemos que decir que acertamos porque el Departamento de Seguridad solo ha necesitado ocho meses para hacer realidad la maniobra que entonces ya sospechábamos”, ha denunciado.

La juez que investiga la muerte, por un pelotazo disparado por un ertzaina, del hincha el Athletic Iñigo Cabacas en abril de 2012 reactiva las diligencias del caso con la declaración, entre otros, del responsable de bunker de la comisaría de Bilbao. Y en su declaración judicial de esta mañana se ha ratificado en lo que ya dijo pocos días después de la muerte de Cabacas. El descontrol del material que se utilizaba por parte de los escopeteros de la Ertzaintza en la comisaría bilbaína y que aquella noche se hicieron las cosas como siempre se habían hecho.

En esa declaración en comisaría, de fecha 2 de mayo de 2012, menos de un mes después de la muerte de Cabacas, el responsable del búnker reveló que “no se lleva a cabo ningún registro del correcto o incorrecto funcionamiento de las escopetas, si han sido utilizadas o los cartuchos que se han usado”.

Goirizelaia había solicitado el testimonio del armero, que ha declarado este jueves como testigo, al entender que podía aportar más información sobre el control que se realizó esa noche del material empleado en las cargas -tanto de las pelotas de goma disparadas, como de las armas y escopetas usadas-. En realidad, la jueza ya tiene una idea clara sobre lo que pasó esa noche en el bunker por otras declaraciones que se han prestado, incluida la del responsable armero, realizada en comisaría el 2 de mayo de 2012.

La instructora Ana Torres en uno de sus autos, de fecha 28 de abril de 2014, ya apuntó que de su primera declaración realizada en comisaría, quedó acreditado que “no se lleva ningún tipo de registro de qué escopetas habían sido usadas”, revelando así el descontrol que existía en el bunker de la comisaría bilbaína. La fiscalía también dejó su opinión sobre este asunto en un escrito, al constatar tras su declaración que “por lo tanto no se lleva a cabo ningún registro del correcto o incorrecto funcionamiento de las escopetas, si han sido utilizadas o los cartuchos que se han usado”. El escrito del ministerio fiscal, firmado por la fiscal Pilar Giménez Esteban, fue enviado a la instructora y lleva fecha del pasado 22 de noviembre de 2013.

En su declaración ante el juez, el armero ha reconocido que ahora se es mas cuidadoso con el control del material que entra y sale del búnker.

Antes de las diligencias judiciales, la letrada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, que actúa en representación de la familia de Cabacas, ha censurado que el proceso vaya “bastante lento”, ya que “un escrito que se presenta en junio se resuelve en octubre y, luego, se señalan las pruebas, y no todas, en febrero”. Tras concluir diversas declaraciones de imputados y testigos, y de practicarse varias pruebas, la defensa presentó un escrito el pasado año en las que solicitaba “una serie de pruebas importantes para esclarecer los hechos”. Según ha explicado, la juez “aceptó la práctica en un auto de octubre”, para señalar “algunas de ellas para este mes de febrero”. La abogada ha indicado que, “de momento”, se mantienen cinco agentes imputados y, “del resultado de las pruebas” que se están practicando actualmente, se verá si pueden pedir “más imputaciones”.

A las 10.00 horas, la plataforma de amigos del joven aficionado del Athletic fallecido se ha concentrado ante los juzgados de Bilbao bajo el lema 'Iñigo gogoan zaitugu. Justizia noiz?' (Iñigo te recordamos. ¿Para cuándo Justicia?“, coincidiendo con las nuevas declaraciones este jueves y viernes de dos agentes de la Ertzaintza y dos policías nacionales dentro del sumario para esclarecer las cincunstancias en que se produjo la muerte de Cabaca. Uno de sus portavoces ha llegado a decir, dirigiéndose a la persona que disparó la pelota de goma, ”espero que estés sufriendo por lo que hicisteis, pero en tus manos está dirigirte a los aitas y pedir disculpas. Eso es lo que tendrías que haber hecho desde el primer minuto“.

Dimisión de Jorge Aldekoa

El responsable de la Ertzaintzanea, situada en el barrio bilbaíno de Deusto, entonces era el ahora dimitido Jorge Aldekoa. Aldekoa fue nombrado en el cargo en noviembre de 2013 en medio de la polémica por su relación con el dispositivo policial de la aciaga noche en la que Cabacas fue alcanzado por un pelotazo. Pese a que la abogada de la acusación particular ha buscado a lo largo de la instrucción su imputación en la causa judicial abierta por aquella muerte, no lo ha conseguido. Al igual que no ha conseguido tampoco que preste declaración como imputado el mando denominado Ugarteko.

La juez ha tomado también declaración como testigo a uno de los agentes que participó en el operativo policial. Este agente, que portaba un escudo de defensa y no disparó ninguna escopeta, participó junto al resto de los miembros de su furgoneta en la carga que se produjo cuando Cabacas ya había sido alcanzado por la pelota de goma.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, dentro de la investigación del caso de la muerte de Iñigo Cabacas, aficionado del Athletic de Bilbao tras recibir un pelotazo de goma disparado en una carga de la Ertzaintza después de asistir en San Mamés al partido entre el Athletic y Schalke-04, tomará declaración este viernes a los policías del CNP que realizaron, a petición de la juez instructora, el estudio de balística sobre cómo se produjo la carga y a qué distancia se disparó la pelota que mató a Cabacas.

La situación laboral actual del comisario Jorge Aldekoa, que dimitió como jefe de la Ertzaintza en noviembre tras perder el rango de intendente, preocupa a EH Bildu. Su portavoz en la comisión de Seguridad Julen Arzuaga ha registrado este miércoles una batería de preguntas tras desvelar eldiarionorte.es que Aldekoa está en estos momentos a las órdenes directas del viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga.

Pese a que Aldekoa presentó su dimisión como jefe de la Ertzaintza el pasado 4 de noviembre tras perder su rango de intendente por sentencia judicial, el Departamento sigue contando con sus servicios en un puesto de máxima relevancia. Jorge Aldekoa -que era el jefe de la comisaría de Bilbao cuando la Ertzaintza mató de un pelotazo al hincha del Athletic Íñigo Cabacas- está ahora “al servicio del viceconsejero de Seguridad”, en una situación administrativa denominada internamente 999, la que emplea el Departamento para determinados casos singulares.

En la batería de seis cuestiones dirigidas a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, Arzuaga quiere conocer exactamente la “adscripción laboral” que tiene el comisario y si “es una adscripción laboral creada para él” expresamente. Además, el portavoz de la coalición soberanista pregunta por la “función que cumple” y si “entre esas funciones está el diseño operativo policial que hacía antes” cuando era jefe de la Ertzaintza.

Marcaje a Aldekoa

El estrecho seguimiento que le ha hecho EH Bildu en esta legislatura a Aldekoa está relacionado precisamente porque este comisario era el jefe de la comisaría de Bilbao cuando se producen los incidentes que acaban con la muerte de Cabacas tras una carga policial junto a una herriko taberna hace ya más de dos años.

EH Bildu sospecha que Aldekoa ha podido tener alguna relación con el operativo de detención esta misma semana de Jone Amezaga, que fue arrestada por agentes de la Ertzaintza en un operación en la que también participaron agentes de paisano y el que resultaron heridos y contusionados tres agentes y varias personas que se habían solidarizado con Amezaga para evitar su detención. Arzuaga pregunta si Aldekoa “participo en el operativo de detención en la feria de Gernika del pasado 15 de diciembre. Una de las personas que resultó herida tiene 94 años.

Dadas las sospechas de EH Bildu de que el exjefe de la policía vasca ha podido tener alguna relación con esa detención -aunque no aporta ninguna prueba concreta en la iniciativa parlamentaria-, Arzuaga pregunta “con qué responsabilidad” ha desempeñado esas tareas, supuestamente, Aldekoa.

El jefe del búnker de la comisaría de Bilbao donde se guardan los lanzapelotas, las armas y los cartuchos admitió a la juez que “no quedó registro de las escopetas usadas”.

Jorge Aldekoa, nuevo jefe de la Ertzaintza y máximo responsable de la comisaría de Bilbao cuando se produjo la carga policial que acabó con la vida de Íñigo Cabacas el 5 de abril de 2012, no tuvo ninguna responsabilidad en el operativo policial desplegado aquella noche. Pero como nagusi de Bilbao era el máximo responsable de cómo se controlaban las armas, los lanzapelotas y los cartuchos, algunos de los cuales se emplearon con profusión entonces por los integrantes de las tres furgonetas que estaban frente al callejón donde cayó herido de muerte el hincha del Athletic.

En la investigación realizada por la juez Ana Aurora Torres, del Juzgado de Instrucción número 10, encargada del caso desde un principio, consta una declaración del armero, responsable directo del búnker donde se encontraba todo ese material, parte del cual fue usado aquella noche en la calle María Díaz de Haro de Bilbao. Y este agente, con el número profesional 8144, admite que tras finalizar los incidentes y la actuación policial “no se hizo tarea de reposición y precinto posterior de las bolsas de pelotas” y tampoco “quedó registro” de qué “escopetas estaban usadas”, según ha dejado por escrito la juez en uno de sus autos. Esto ha dificultado saber desde qué escopetas se dispararon pelotas de goma y cuántas se lanzaron. La instructora ha pedido a la policía vasca que le indique si se “procedió a la recogida de pelotas” una vez finalizada la carga y si existe algún informe al respecto ha solicitado que la Ertzaintza se lo remita.

En el caso de que algún día se celebre algún juicio por la muerte de Cabacas, una de las cosas que se tendrá que dilucidar es si la Administración funcionó correctamente y si puede haber algún tipo responsabilidad civil subsidiaria por alguna negligencia que pudo ocurrir: por ejemplo el correcto o en su caso incorrecto control del material utilizado por los agentes. Y el máximo responsable de ese control, de las instrucciones dadas sobre el material del búnker, sí recaen en el nagusi de Bilbao, el intendente y ahora máximo jefe policial de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa. Pero esto nada tiene que ver con su responsabilidad en el operativo policial de aquella noche.

Tres furgonetas

De hecho, Aldekoa no aparece en ningún momento en las grabaciones aportadas al juzgado en las que se revelan las conversaciones entre los diferentes mandos policiales que sí intervinieron. La juez instructora ha oficiado recientemente a la Ertzaintza para que “especifique la cadena de mandos” del 5 de marzo de 2012, porque en las actuaciones aparecen desde el jefe de servicio, al jefe del operativo, el jefe de operaciones, el comisario jefe, el subjefe, el jefe del dispositivo, etc, según ha constatado la instructora en las diligencias.

Aunque las escopetas que llevaban los ertzainas de las tres furgonetas que estaban aquella noche frente al callejón cuando se lanzó el pelotazo mortal “se encuentran incluidas entre las que pusieron a disposición judicial”, según admite la juez, lo cierto es que la instructora solo ha podido imputar a los tres únicos agentes (peloteros) que reconocieron en su declaración judicial haber disparado aquella noche y al suboficial al mando de la furgoneta a la que pertenecían esos tres ertzainas que fue el que, in situ, “dio la orden de disparar”. Todos ellos tendrán que declarar como imputados los próximos 30 y 31 de enero. Por el momento, la Fiscalía no ha elevado el listón de imputaciones y no ha pedido la declaración como imputado del jefe que dio la orden desde la base de la comisaría –el ugarteko- de “entrar con todo lo que tenemos” al callejón donde cayó herido mortalmente Cabacas.