El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión adoptada en 2019 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de desestimar la demanda promovida por un colectivo de 957 exsocios de Fagor Electrodomésticos y Edesa, integrados en las asociaciones Ordaindu/Eskuratu, contra la Corporación Mondragon, a la que reclamaban 47,8 millones de euros en concepto de aportaciones voluntarias que perdieron con la quiebra de ambas cooperativas. Así, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por los afectados contra la sentencia 515/2019, de 1 de julio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. En su resolución, la Audiencia guipuzcoana, como ya lo hizo en su día el Juzgado de Bergara, incidía en que los hechos están prescritos y, además, consideraba que los afectados estaban informados de la situación financiera de las empresas.

El TS no ve que “se incurra en una valoración jurídica errónea a la hora de la aplicación por parte del tribunal provincial de los preceptos que disciplinan el juego del instituto prescriptivo” y considera que las razones esgrimidas en el recurso “no son bastantes para reputar errónea la conclusión fáctica de la Audiencia”, según señala Europa Press.

Entre otras cuestiones, el Supremo, en lo que concierne al argumento de que no se ha analizado la situación concreta de cada uno de los 372 acreedores recurrentes, considera que “amén de que tampoco se individualiza en la demanda, ni en el recurso, a pesar de que son los propios actores los que se encuentran en inmejorable situación para justificarla, lo cierto es que todos ellos actúan de consumo, cuando coinciden en el mismo día de conocimiento del carácter incobrable de sus créditos, el 5 de febrero de 2015”. “Se trata además de un grupo de afectados debidamente organizado bajo una misma representación y defensa que, como resulta de los hechos de la demanda, conocían perfectamente la situación crítica que atravesaba la cooperativa”, resalta.

Además, incide en que los créditos de los demandantes “habían sido incluidos en el concurso, por lo que estaban interesados en su desarrollo y no eran ajenos al mismo, máxime la trascendencia social que tuvo el proceso concursal de las cooperativas y su ulterior liquidación, que fue objeto de una puntual atención por los medios de comunicación social”.

En 2019, la Audiencia de Gipuzkoa desestimó íntegramente el recurso planteado por los demandantes y confirmó la prescripción de la acción apreciada por la sentencia del Juzgado número 1 de Bergara y, además, “rechaza completamente” el planteamiento de la demanda.

La citada sentencia declaraba que los demandantes “disponían de información previa sobre la situación financiera de la cooperativa” haciendo hincapié en “los múltiples canales de información que disponían en sus respectivas cooperativas”, en referencia a Fagor Electrodomésticos y Edesa. Asimismo, la resolución judicial desestimaba las acusaciones formuladas por los demandantes destacando “el esfuerzo de solidaridad desarrollado por las cooperativas de Mondragon para apoyar a ambas cooperativas”.

Deconocidos han atacado con bengalas el domicilio familiar de Aritz Otxandiano, responsable de sostenibilidad del grupo Fagor y hermano del portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ubicado en la localidad vizcaína de Otxandio. Tras registrarse la denuncia, la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que la víctima relaciona con su postura sobre las renovables. Según ha explicado Aritz Otxandiano en un mensaje publicado en la red social Bluesky, desconocidos han arrojado dos bengalas contra su domicilio durante la madrugada del miércoles.

Testigos presenciales han asegurado que los autores formaban un grupo de entre siete y diez personas que huyeron en dos vehículos distintos. “No ocurrió nada grave, pero podría haber ocurrido”, afirma. Aritz Otxandiano asegura que ya ha sufrido “amenazas y pintadas relacionadas con el debate sobre las renovables con anterioridad”. “Atacar de esta manera a mi familia supera todos los límites”, añade, según recoge Europa Press.

Tras afirmar que desconoce “si esa ha sido la razón del ataque”, asegura que “cualquier caso”, mantiene su posición en relación a esta cuestión “con total convicción”. “Ante el capitalismo fósil de Trump, la alternativa es una transformación ecosocial fundamentada en la expansión justa y ordenada de todas las escalas de las renovables”, defiende.

Por su parte, fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco han confirmado a Europa Press la interposición de la denuncia por estos hechos y han informado de que se ha abierto investigación para intentar esclarecer lo ocurrido.

Fagor Electrodomésticos, icónica marca en miles y miles de cocinas durante décadas, cayó como un castillo de naipes hace ahora diez años, en octubre de 2013. Uno de los pilares más importantes de la rama industrial del grupo Mondragon entraba en proceso concursal y ponía en cuestión la esencia del gigante del cooperativismo vasco. Hubo manifestaciones en el valle. El grupo cooperativo cerró el grifo de la financiación con la que Fagor se mantenía desde hacía años y la dejó caer con una deuda acumulada de más de 800 millones de euros ante el temor de que arrastrara al resto de empresas del grupo en su desplome. Entonces, Fagor Electrodomésticos era una marca afianzada, con más de 5.600 empleados en diferentes plantas de todo el mundo, 1.800 de ellos en Euskadi. Hoy, diez años después, de Fagor Electrodomésticos sólo queda la marca del logotipo rojo, que sigue siendo propiedad de Mondragon a través del Grupo Fagor.

Desde el año 2020, bajo el nombre de Fagor Electrodoméstico -se le ha quitado una 's' a la marca original-, se comercializa la línea blanca de la empresa polaca Amica, que vio en la denominación de la antigua cooperativa la forma de entrar en el mercado español. Otras empresas como EuroMénage o Rhoiniter ponen el logotipo de Fagor a pequeños electrodomésticos y utensilios de cocina. Es el único rédito que sacó el grupo Fagor -en el que se integran ocho cooperativas, entre ellas algunas tan importantes como Fagor Arrasate, Fagor Automation, Fagor Ederlan o Copreci- de la pérdida de su facción de electrodomésticos, su empresa más grande y emblemática, que llegó a ser uno de los fabricantes en Europa con una gama más amplia de productos.

Pocas cocinas en España no contaban con algún electrodoméstico de la marca Fagor en las décadas de 1980 y 1990 y el 'boom' inmobiliario impulsó la empresa hacia su punto más alto. Pero la burbuja inmobiliaria pinchó en 2008. Empezaron a construirse menos casas y, por lo tanto, a montarse menos cocinas y a comprarse menos electrodomésticos. La crisis golpeó de lleno a Fagor, que justo antes del pinchazo había duplicado tamaño comprando la francesa Bradt realizando importantes inversiones que luego se mostraron arriesgadas. No se recuperó de esa crisis, hasta que el 30 de octubre Mondragon decidió no aportar más dinero a lo que ya se había convertido en un agujero negro para el grupo. La empresa se había llevado ya 300 millones de euros del fondo de solidaridad intercooperativo para financiar su agujero, sin conseguir taparlo. Además, junto con Eroski, se vio envuelta en una controversia por la emisión de unas aportaciones financieras subordinadas que algunos ahorradores adquirieron como depósitos ordinarios que no lo eran.

La dura experiencia de perder una de sus ramas más potentes supuso para Mondragon y para el grupo Fagor toda una lección de “aprendizaje” para no repetir los errores que llevaron a la caída de Fagor, como reconocen desde el propio grupo. De hecho, la crisis de Fagor supuso un antes y un después en el grupo cooperativo vasco que cambió muchos de sus mecanismos de autoexigencia de las empresas y la corresponsabilidad de los socios cooperativos, así como de los sistemas de solidaridad intercooperativa para evitar las caída de ninguna empresa. Pero esta gran crisis no supuso ni mucho menos la desaparición del grupo cooperativo del pódium empresarial como se vaticinó entonces. Ni siquiera porque Fagor Electrodomésticos fuera el embrión del grupo, levantado sobre los valores cooperativos que ideó el sacerdote José María Arizmendiarrieta. Él fue el que en 1956 bendijo la que primera piedra de Ulgor, los talleres que serían después el embrión de Fagor Electrodomésticos y sobre los que se levantó el Grupo Mondragon.

“Capacidad de resiliencia”

Cuando en octubre de 2013 Fagor Electrodomésticos anunció que entraba en preconcurso de acreedores saltaron todas las alarmas en Euskadi ante lo que parecía que iba a ser un hecatombe industrial dentro y fuera del grupo Mondragon. Si los procesos de quiebra y de pérdida de empleo llegaban a un grande como Mondragon, ¿qué ocurriría en el resto de empresas regidas por otros valores menos sociales? ¿Qué quedaba de la esencia del cooperativismo y de su aparente fortaleza frente a los periodos de crisis? ¿Era el fin del cooperativismo vasco como había sido conocido hasta entonces el momento en el que Mondragon decidió dejar caer a Fagor para evitar que arrastrara en su caída?

“Se puso a prueba la capacidad de resiliencia del cooperativismo de Mondragon”, dicen desde el grupo Fagor. Una prueba que creen que se pasó con nota si se mira hacia atrás. “El cierre tuvo un impacto enorme: se asumieron importantes pérdidas económicas, hubo que afrontar un complejo proceso concursal, y, sobre todo, hubo que gestionar la difícil situación en la que quedaron las personas de Fagor Electrodomésticos. La situación requería una respuesta urgente y contundente, siendo conscientes asimismo que la capacidad de hacer frente a dicha coyuntura sería un precedente para los años posteriores”, aseguran. “Todo ello exigió reforzar y adecuar los mecanismos de solidaridad y una década más tarde, se puede afirmar que las consecuencias del cierre de Fagor Electrodomésticos están superadas”, aseguran. “Se confirmó que el modelo es capaz de responder adecuadamente a un hecho de tal magnitud”.

En aquel entonces, la cooperativa Fagor Electrodomésticos reunía a 5.600 personas, de las cuales 1.800 trabajaban en las cinco plantas que la cooperativa disponía en suelo vasco. De ellos, 1.736 eran socios cooperativistas, que son los que fueron recolocados en otras cooperativas de Mondragon, esencialmente en las del grupo Fagor, o fueron prejubilados. Peor suerte corrieron los no cooperativistas de Fagor Electrodomésticos o de Edesa, que perdieron directamente su empleo.

Según han confirmado desde el Grupo Fagor, actualmente 1.405 personas socias de las 1.736 desempleadas inicialmente “cuentan con una solución definitiva”, bien sea a modo de reubicaciones definitivas, prejubilaciones o indemnizaciones, lo que destacan que supone un 81% del total. De ellas, 577 se han convertido en personas socias de otras cooperativas tras una reubicación definitiva, el 60% en cooperativas de Fagor. Por otra parte, hay 320 personas en situación de reubicación temporal, de las que el 71% trabaja en una cooperativa del Grupo Fagor. “En los últimos cinco años Fagor ha realizado 196 reubicaciones definitivas en sus cooperativas. De cara a 2023, se prevén otras 25 consolidaciones societarias”, afirman desde el grupo.

El cierre de Fagor puso a prueba también todos los sistemas de solidaridad de Mondragon a través de Lagun Aro EPSV, el sistema de protección social para las personas cooperativistas. “Entre ellas se encontraban la prestación de desempleo, las prejubilaciones y las reubicaciones en otras cooperativas. ”Lagun Aro tuvo que adecuar sus mecanismos para hacer frente a una situación sin precedentes“, señalan desde Fagor. ”Entre otras medidas, se duplicó la cuota que pagaban las personas socias del casi centenar de cooperativas adscritas a Lagun Aro para poder así financiar el enorme incremento de gasto que se produjo en la prestación de desempleo; se ofreció la opción de acceder a la prejubilación a las personas mayores de 55 años y se habilitaron diversos mecanismos para acelerar las reubicaciones“.

La caída de Fagor fue la crisis más importante del grupo Mondragon, pero no fue la primera, ni tampoco la última. En 2008 las asambleas de socios de Irizar y de Ampo las que votaron y decidieron emprender camino en solitario. En diciembre del año pasado fueron Ulma y Orona las que decidieron salir del grupo y caminar solas buscando mayor autonomía en la gestión en lo que se conoció como el 'coopexit. Fue precisamente Orona una de las que en 2013 fue más crítica a la hora de seguir aportando fondos a Fagor y finalmente una de las que bloqueó nuevas inyecciones de liquidez, cuestionando entonces la filosofía de la solidaridad entre las cooperativas que tanto Orona como Ulma volvieron a cuestionar tras salir del grupo.

Está por ver si Mondragon, la cooperativa más grande del mundo, se recupera de este golpe como lo hizo de la crisis de Fagor Electrodomésticos. De momento, las cifras con las que cerró el año pasado que se conocieron en julio, así lo ratifican: Las ventas crecieron un 10,7% hasta alcanzar los 10.607 millones de euros y una plantilla de 68.879 personas repartidas por todo el mundo.

Las tres Haciendas vascas han hecho públicos este miércoles los listados periódicos de grandes deudores, de forma similar a la Agencia Tributaria. Son alrededor de 240 las personas que deben más de un millón de euros al erario. En total, los responsables tributarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han dejado de recaudar unos 850 millones de euros, el equivalente al presupuesto de casi dos años completos de la renta de garantía de ingresos. La cantidad es ligeramente inferior a los 879 millones acumulados en octubre de 2020 pero no supone que haya más o menos fraude fiscal, ya que no se incluyen las deudas de cuantías inferiores.

El mayor moroso continúa siendo la extinta empresa Lagilur o Yeregui, implicada en promociones inmobiliarias en el sur de España y alguna de cuyas operaciones llegó a ser investigada en el marco del ‘caso Malaya’, la macrocausa de corrupción en Marbella. Es guipuzcoana y adeuda 80,2 millones. Hay clásicos como Jabyer Fernández, cuya empresa Iurbenor suma 52 millones de ‘agujero’ sin contar otras firmas de su grupo. Es el principal moroso vizcaíno.

A nivel individual, son los hermanos Osinalde Echániz, con 31 millones por cabeza, los que más arriba aparecen en la lista. LN Commodities & Investment, con 22 millones, es es otra de las que tienen una deuda de más de ocho cifras. En Álava, Goya 69 es el que más dinero debe, 18 millones de euros. Es también una inmobiliaria. En los listados aparecen conocidas empresas quebradas como Fagor, Edesa, Ramón Vizcaíno,  Ros Casares, Urco-Urbasa o Virtisú. También Solinor, una compañía vinculada con los negocios urbanísticos del ex ‘número dos’ del PNV de Álava condenado por corrupción, Alfredo de Miguel.

La Corporación Mondragon “no engañó” a los exsocios y extrabajadores de Fagor Electrodomésticos, quienes perdieron sus ahorros al quebrar la cooperativa. La Audiencia de Gipuzkoa ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la plataforma Ordaindu, uno de los dos colectivos de exsocios cooperativistas de Fagor Electrodomésticos perjudicados por la desaparición de la empresa. Ordaindu sostenía que la Corporación actuó con ellos de manera desleal en los años previos al concurso de acreedores para “engañarles” y que dejaran en el seno de su empresa sus ahorros (préstamos remunerados y aportaciones voluntarias, entre otros productos). Con la quiebra de Fagor Electrodomésticos ese dinero se perdió para siempre. Los excooperativistas reclaman cerca de 48 millones de euros, en lo que supone la mayor demanda acumulada de la historia de Euskadi.

La Audiencia confirma el fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bergara, que el año pasado declaró prescrita la demanda interpuesta por los colectivos de exsocios cooperativistas Ordaindu y Eskuratu sin entrar en el fondo del asunto, y absolvió a la Corporación Mondragon. Ahora, la Audiencia también entra en el fondo de la cuestión y asegura que los demandantes “disponían de información previa sobre la situación financiera de la cooperativa” a través de los “múltiples canales” que tenían tanto en Fagor Electrodomésticos como en Edesa.

Además de desestimar las acusaciones de los demandantes, los jueces ponen en valor “el esfuerzo de solidaridad desarrollado por las cooperativas de Mondragón para apoyar a ambas cooperativas [Fagor Electrodomésticos y Edesa]”. Así, la Audiencia concluye que Mondragon “no engañó” a los demandantes, que las cooperativas son autónomas y soberanas, y que la responsabilidad de las decisiones sobre su futuro es exclusivamente suya e indelegable a cualquier otra instancia.

Desde el primer momento, la Corporación Mondragon sostuvo que carecía de responsabilidad en la crisis de Fagor Electrodomésticos y Edesa y que los socios “tenían pleno conocimiento de las decisiones y riesgos empresariales de sus cooperativas”.

“Mondragon no ocultó información, no trasladó información engañosa a sus socios ni garantizó las aportaciones que estos tenían en sus cooperativas”, recalcó la abogada de la Corporación al finalizar el primer juicio. Además, subrayó que la Corporación aplicó al máximo sus mecanismos de solidaridad intercooperativa, hasta 331 millones de euros, para intentar ayudar a Fagor Electrodomésticos y Edesa.

Contradicciones

Ordaindu y Eskuratu, que integran a los más de 900 afectados por el cierre de Fagor Electrodomésticos y Edesa, han expresado su “malestar e indignación” por la decisión de la Audiencia de Gipuzkoa, que creen que “incurre en evidentes contradicciones”.

Lamenta que el tribunal “haya mostrado una nula sensibilidad hacia un colectivo de personas mayores que ya no trabajaban en las dos compañías en el momento en que los responsables de la Corporación Mondragon orquestaron la prórroga de las aportaciones voluntarias y organizaron un concurso de acreedores ordenado, dirigido a que los principales activos de las empresas quebradas quedaran en manos del conglomerado empresarial de Arrasate”.

Tras cinco años del fracaso de Fagor Electrodomésticos, una investigación desarrollada por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco ha estudiado la gestión de recursos humanos que se siguió en la cooperativa, como uno de los factores que contribuyeron en su declive. El objetivo del trabajo es que al igual que muchas empresas aprendieron del éxito de Fagor Electrodomésticos en el pasado, esa experiencia fallida sirva a otras organizaciones para evitar el mismo final.

Las políticas de recursos humanos no fueron la razón principal que llevaron a la cooperativa insignia de la Corporación Mondragón a la quiebra, pero sí que acrecentaron sus problemas y dificultaron su salvación, según explica Imanol Basterretxea, profesor del departamento de Economía Financiera II y uno de los autores del estudio.

Entre esas políticas de recursos humanos destaca el reclutamiento preferente de descendientes de los miembros socios de la cooperativa, la creciente tasa de absentismo laboral, un sistema de producción taylorista y la jerarquía de dominación inversa. El trabajo trató estos temas en entrevistas con 25 personas involucradas con la cooperativa, la mayor parte de las cuales acumulaba una experiencia de más de 20 años en Fagor, y que ejercieron variedad de roles, desde directivos hasta trabajadores, pasando por miembros del Consejo Social y el Consejo Rector. “También se entrevistó a personal directivo de la Corporación Mondragón, así como a altos cargos de distintas administraciones públicas involucradas en las negociaciones con Fagor encaminadas a evitar su quiebra”, apunta Basterretxea.

Alto absentismo

Uno de los síntomas que mejor refleja el deterioro que sufría Fagor Electrodomésticos fue el incremento del absentismo laboral: pasó de un 4 % en la década de 1990 a casi el 8 % en un periodo de diez años, mayor que el absentismo en empresas privadas españolas, y se mantuvo así hasta la muerte de la cooperativa. Este dato es opuesto a lo que se observaba décadas antes, y se suponía en una empresa propiedad de sus trabajadores. “Además, eran los socios más jóvenes los que tenían un mayor número de procesos de baja, cuando lo lógico sería que el absentismo fuera mayor entre las personas de mayor edad por el trabajo en cadena que desempeñaban. La mayoría de las personas entrevistadas opinaban que ese absentismo reflejaba la falta de compromiso y satisfacción que tenía el personal joven”, detalla el autor del informe.

¿Por que se produjo esa desmotivación en el personal? Por un lado, debido a la política de reclutamiento “nepotista” que se seguía, donde se daba prioridad a los descendientes de socios. Eso provocó que “los jóvenes que se incorporaban dieran por seguro su puesto de trabajo, y, además, según comentan muchas de las personas que entrevistamos, hubo problemas a la hora de transmitir la cultura cooperativa y la cultura de trabajo a las generaciones jóvenes”. Y por otra parte, las cadenas de montaje de Fagor contaban con un sistema de producción taylorista, con tareas poco creativas y repetitivas. “La tipología de estos puestos de trabajo”, indica el investigador, “no se considera apropiada para ser realizada por socios cooperativistas porque chocaba con las promesas de autonomía y participación propias del cooperativismo”.

Liderazgo débil de la dirección

También se ha analizado el papel jugado por la dirección, especialmente cómo se generó una jerarquía de dominación inversa, sobre todo tras el despido del director de la empresa, Mongelos, por presión del Consejo Social en 2006. “Esta jerarquía de dominación inversa, con un liderazgo débil de la dirección, motivó la tardanza en la toma de decisiones duras e impopulares, como el cierre y traslado de líneas a la filial de Polonia, bajadas de sueldo, la realización de horas extraordinarias solidarias [sin sueldo], o reubicaciones a otras cooperativas”.

La presión que ejercía el Consejo Social se veía acrecentada, además, por la generación de una cultura con un claro desequilibrio entre derechos y deberes. “El socio sí se sentía socio trabajador, pero cada vez menos copropietario de su empresa, lo que hacía que utilizara su voto en los órganos de gestión cooperativa más como trabajador [alienado por el sistema de trabajo Taylorista y desmotivado por las medidas de austeridad] que como propietario”.

Como enseñanzas de futuro los efectos que la seguridad laboral provoca en la satisfacción y absentismo de los socios cooperativistas, algo “fácilmente extrapolable a otras entidades, como la administración pública”. Y, además, las consecuencias de las prácticas de reclutamiento nepotistas pueden ser trasladables a “muchas otras empresas, sobre todo familiares”, concluye Basterretxea.

El juicio seguido contra la Corporación Mondragón por la pérdida de los ahorros de más de 900 excooperativistas con la quiebra de Fagor Electrodomésticos y Edesa ha quedado visto para sentencia. ¿Por qué la mayoría de personas con aportaciones voluntarias no pidió la devolución de sus ahorros si eran conscientes de los problemas que estaba atravesando la cooperativa?, es la pregunta que deberá aclarar la jueza en su sentencia, que se espera para después del verano. De esa respuesta se podrá inferir si la Corporación animó a los excooperativistas a seguir con sus ahorros en una situación prácticamente de quiebra o la responsabilidad corresponde única y exclusivamente a los rectores en aquel momento de Fagor Electrodomésticos.

Para los afectados, encuadrados en las asociaciones Ordaindu y Eskuratu, las cuatro sesiones de juicio han dejado claro la responsabilidad de la Corporación por haber mantenido artificialmente con vida al fabricante de electrodomésticos. “Ha quedado claro que los directivos de la Corporación Mondragon y los antiguos ejecutivos de Fagor Electrodomésticos han faltado sistemáticamente a la verdad al haber negado que transmitieron al colectivo de socios trabajadores e inactivos un mensaje de confianza”, ha reiterado el abogado de los afectados en la última sesión.

Y ha recordado que, por medio de las actas del Consejo General del grupo cooperativo que obran en los autos, se ha revelado que “todos esos directivos idearon y concertaron un relato ficticio sobre la situación económica de Fagor Electrodomésticos para evitar la salida masiva del dinero que los antiguos trabajadores tenían depositado en las dos empresas”.

Para Ordaindu y Eskuratu, la Corporación Mondragon “no era un tercero cualquiera; tenía una influencia fundamental en el colectivo de cooperativistas y todos los mensajes que lanzaba se interpretaban por los socios trabajadores e inactivos como garantía de futuro”. Es por ello, han agregado, que “si sus responsables, sabiendo o debiendo saber que Fagor Electrodomésticos ya estaba muerto, nunca debieron haber transmitido al colectivo que tenía un futuro cierto”.

Demanda desmontada

Todo lo contrario piensa la Corporación Mondragon, para la que el juicio ha servido para “desmontar la demanda de las asociaciones Eskuratu y Ordaindu”. Según la abogada que ha defendido los intereses de la Corporación, cada cooperativa es autónoma y soberana y adopta sus decisiones en sus órganos de gobierno, sin intervención de terceros.

“Mondragon no ocultó información, no trasladó información engañosa a sus socios ni garantizó las aportaciones que estos tenían en sus cooperativas”, ha recalcado. Además, ha subrayado que la Corporación aplicó al máximo sus mecanismos de solidaridad intercooperativa, hasta 331 millones de euros, para intentar ayudar a Fagor Electrodomésticos y Edesa.

“A lo largo del juicio ha quedado evidenciado que los socios tenían información actualizada de la situación real de sus cooperativas”. Esa es la máxima a la que se aferrado la Corporación. En palabras de la abogada, “de lo único que se

podía acusar a Mondragon y a sus cooperativas es de ayudar a Fagor Electrodomésticos y Edesa hasta límites antes desconocidos a través de sus mecanismos de solidaridadi ntercooperativa“.

En la última jornada del juicio, la Corporación ha argumentado que “no garantizó las aportaciones que los exsocios tenían en sus cooperativas” y que estos tenían información actualizada de la situación de sus cooperativas a través de los diversos canales de comunicación de ambas.

Los excooperativistas de Fagor Electrodomésticos tenían “una foto real” de la delicada situación por la que atravesaba la cooperativa. Así lo ha asegurado el que fuera último director general de Fagor Electrodomésticos, entre los años 2013 y 2014, Sergio Treviño,durante la vista que se celebra en los juzgados de Bergara por las aportaciones voluntarias de los exsocios.  Los demandantes (más de 900) reclaman a la Corporación Mondragon 47 millones de euros por las aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles depositados en la compañía quebrada en 2014.

La declaración de Treviño ha ido en la misma línea que el resto de responsables de Fagor Electrodomésticos y de la Corporación Mondragón, quienes insistieron en el conocimiento que los suscriptores de las aportaciones voluntarias tenían de la mala situación de la compañía. Con este argumento, rechazan que hubiesen engañado a los exsocios para que mantuvieran sus ahorros en ella.

Treviño ha indicado que, cuando accedió al cargo de director general de Fagor Electrodomésticos estaba en marcha, con algunos “ajustes”, el plan de viabilidad aprobado en 2012, que implicaba “esfuerzos complementarios”. En este sentido, ha apuntado que, además de parar plantas “durante varias semanas por las tensiones de tesorería”, se acordó “no pagar la paga extra de 2013”.

En su repaso a los últimos meses de Fagor Electrodomésticos, cuando fallaron todas las ayudas facilitadas desde la Corporación y se vislumbró con claridad que la cooperativa se dirigía a la quiebra, el exdirector de Fagor ha insistido en que la comunicación con los cooperativistas era fluída por medio de “los mecanismos de comunicación hacia los socios, que eran diversos y variados”.

Además, la forma de dar la información a los socios en las sesiones se desarrollaba con “un esfuerzo pedagógico importante” y de una forma “didáctica” para trasladarles “un mensaje muy claro” de las cifras, de forma que luego las decisiones de cada uno de ellos sobre las aportaciones fuera “suya”.

La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) de Panamá está investigando el pago por parte de la empresa Fagor industrial de todos los gastos de un viaje a Madrid de cuatro funcionarios panameños de la Caja de Seguridad Social que son clave en la adjudicación del concurso público para la construcción de la cocina y la lavandería de la Ciudad de la Salud. Este es un macroproyecto urbanístico de instalaciones hospitalarias que se construye en la capital centroamericana por parte de la Caja de Seguridad Social (CSS), la institución que provee de servicios de salud a la población panameña. 

El viaje de los funcionarios coincidió con el momento en el que se evaluaban las ofertas presentadas por más de siete empresas en la licitación de las cocinas del centro hospitalario, según publicó el diario La Estrella de Panamá. 

Desde Fagor Industrial se admite el pago del viajes pero se justifica en que “el personal técnico conociese algunas de las instalaciones de cocinas para grandes colectividades que Fagor Industrial tiene instalados en el mercado español, así como la propia empresa y sus instalaciones”.

“Se recurrió a este viaje porque Fagor Industrial no dispone de este tipo de instalaciones en Panamá y era necesario que los técnicos viajaran a Madrid para visitarlas. En todo momento se ha actuado con total transparencia”, apuntan fuentes de la empresa.

Sin embargo, la firma de electrodomésticos no llega a explicar los motivos por los que financia el viaje y la estancia de los funcionarios en lugar de que lo pague el Gobierno panameño. El pago del viaje a los funcionarios supone una violación de varios artículos del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que establece como “prohibiciones generales” en el punto 34  que el servidor público “no debe, directa o indirectamente, otorgar, solicitar o aceptar regalos, beneficios, promesas u otras ventajas de los particulares u otros funcionarios” o en el punto 36 en el que se especifica que “se presume especialmente que el beneficio está prohibido si proviene de una persona o entidad que gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por el órgano o entidad en el que se desempeña el servidor público”.

El viaje de los servidores públicos tuvo lugar el pasado 21 de marzo. Aunque en teoría los funcionarios se desplazaron para conocer el funcionamiento de las cocinas en centros hospitalarios, además de acudir a dos hospitales para conocer el funcionamiento de las cocinas de Fagor también fueron al estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, que también cuenta con instalaciones de esta marca.   

Fuentes de Fagor Industrial insistieron en que “se organizó una visita a través de la Oficina de Coordinación de Infraestructura de la Ciudad de la Salud de Panamá”. Pero la compañía no añade que entre los invitados con todos los gastos pagados está Lourdes Pérez Molina, coordinadora del proyecto Ciudad de la Salud.

Pérez Molina admitió a La Estrella de Panamá que participó en el viaje con el objetivo de evaluar los procesos de este sistema de cocinas, incluyendo una visita al estadio del Atlético Madrid. Además de esta funcionaria también viajaron a España Humberto Martínez, asesor del director general de la CSS, Israel González, director ejecutivo nacional de infraestructura de la CSS, y Ascanio Alberola, encargado de la supervisión y control de la calidad en las instalaciones electromecánicas de la Ciudad de la Salud. 

Más de lo mismo. La segunda sesión del juicio que se sigue contra la Corporación Mondragon por las aportaciones voluntarias de los excooperativistas de Fagor Electrodomésticos siguió la misma línea que el primer día. Los responsables y exresponsables de la cooperativa y de la Corporación no se movieron apenas de la línea de defensa marcada: los excooperativistas conocían la precaria situación de Fagor Electrodomésticos y a pesar de ello mantuvieron sus aportaciones.

En la segunda sesión, han sido el que fuera presidente del Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos Javier Retegi y la responsable de finanzas del Grupo Fagor Ana María Beristain quienes han reiterado que los socios de esta cooperativa que habían suscrito aportaciones voluntarias conocían “perfectamente” la delicada situación por la que atravesaba la compañía y decidieron mantenerlas. Los demandantes reclaman a la Corporación 47 millones de euros por las aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles depositados en la cooperativa quebrada en 2014 al entender que sus rectores les animaron a invertir a pesar de que sabían que Fagor iba a la quiebra.

En concreto, Retegi (quien también tiene aportaciones voluntarias que ya no va a percibir) ha mantenido que a pesar de que los aportantes sabían “perfectamente” la situación de Fagor Electrodomésticos y a pesar del riesgo que implicaba decidieron a apoyar de esa forma a la cooperativa en dificultades. Y en ese ambiente de dificultad ha enmarcado la decisión adoptada en 2011 por el Consejo General del Grupo Fagor de prorrogar las aportaciones voluntarias de socios que iban a vencer a mediados de 2012. “Se trataba de una herramienta financiación muy importante para las cooperativas del grupo. Si no se renovaba podía colocar a Fagor Electrodomésticos en una situación delicada. De no haber llevado a cabo esta medida probablemente no hubiera podido afrontar la devolución de todas las aportaciones vencidas”.

Esta prórroga fue una decisión adoptada por el Grupo Fagor y no por la Corporación Mondragón, recalcó Retegi, dejandola así al margen de responsabilidades. “Cada cooperativa dentro del grupo debía salir adelante por sí sola en su acción habitual, a pesar de que en los períodos de dificultades podía recibir la solidaridad de otras cooperativas”.

“Tema administrativo”

Por su parte, Ana María Beristain también ha incidido en que los socios conocían la situación de la empresa a través de las reuniones y sesiones informativas que se realizaban y ha comentado que la decisión de prorrogar las aportaciones que vencían en 2012 fue “un tema administrativo”.

Beristain ha explicado, a este respecto, que la situación no se modificaba para los socios, ya que las aportaciones tenían una liquidez inmediata siempre que se pidiera con un preaviso de un mes y no se cambiaron estas condiciones.

El actual presidente de Eroski, Agustín Markaide, también ha testificado en calidad de expresidente de la Comisión Permanente de Mondragón. Ha recordado que el Grupo Mondragón aprobó una ayuda 70 millones de euros para Fagor Electrodomésticos, pero ha rechazado que las aportaciones de sus socios estuvieran garantizadas por el hecho de la Corporación fuera a apoyar económicamente “de manera ilimitada” a esta compañía.

¿Conocían los excooperativistas de Fagor Electrodomésticos y de Edesa de la mala marcha de la empresa y, a pesar de eso, seguían haciendo aportaciones voluntarias para mantenerla a flote? ¿O eran los rectores de Fagor Electrodomésticos y de la Corporación Mondragon los que indujeron al colectivo de trabajadores a mantener sus ahorros en las cooperativas aunque conocían que las dos empresas estaban abocadas al cierre? Básicamente esa es la cuestión que trata de dilucidar el juicio en el que más de 900 ex cooperativistas, englobados en las asociaciones Ordaindu y Eskuratu, reclaman a la Corporación Mondragón 47,8 millones de euros. Dinero que tenían invertido en ambas cooperativas mediante aportaciones voluntarias, préstamos mercantiles, préstamos especiales y reintegros pendientes. Estas aportaciones se resumen en que los excooperativistas disponían de una especie de cartilla de ahorros dentro de la propia empresa que nutrían con sus aportaciones y que, por lo general, retiraban al final de su vida laboral o cuando se iba a otra compañía.

El juicio ha generado una gran expectación ya que, además de tratarse de la mayor demanda acumulada presentada en Euskadi, es la primera vez que antiguos trabajadores exigen responsabilidades a Mondragón por el fracaso de dos de sus empresas. La demanda sugiere que la Corporación Mondragón primó su propio patrimonio sobre los legítimos intereses de los socios que, con una antigüedad media de 40 años de trabajo en las dos cooperativas, confiaban “plenamente en los ideales de intercooperación y solidaridad inculcados por la Corporación”, creyendo que esta “jamás les engañaría y abandonaría a su suerte”.

El Palacio de Justicia de Bergara ha albergado la primera sesión de un juicio que se prolongará durante cuatro días y en el que lo más significativo ha sido el testimonio de Txema Gisasola, expresidente de la Corporación Mondragon y exdirector general de Fagor Electrodomésticos cuando se fraguaba el desastre de la cooperativa. Durante su comparecencia ante la jueza, Gisasola ha asegurado que en ningún momento garantizó a los socios de Fagor Electrodomésticos la devolución de sus aportaciones voluntarias a ésta, ni tampoco el futuro de la empresa. E incluso ha insistido en la idea de que los socios tenían información y conocían la mala situación de la misma. Esta será una de las claves del juicio y a la que tratará de aferrarse la defensa: demostrar que los socios estaban informados desde el primer momento de los avatares de la empresa y, por lo tanto, sus rectores no les engañaron para que siguieran adelante con las aportaciones.

Pese a las “dificultades” que venía atravesando la cooperativa desde 2008, con una caída de ventas de 586,6 millones hasta 2011, 4.500 personas menos en plantilla y 200,6 millones menos de márgenes, en ningún momento en 2011 se contempló su cierre, ni siquiera que fuera a ir a concurso. Según Gisasola, se reflexionó sobre el hecho de que la cooperativa “no iba a poder seguir sola” a medio o largo plazo en el mercado.

Además, ha enfatizado (a preguntas de la defensa) que no garantizó a los socios de Fagor la devolución de las aportaciones, ni que estuviera garantizado el futuro de la compañía. “Hasta 2012 se devolvieron las aportaciones a los socios que así lo solicitaron A partir de entonces ya hubo más problemas”.

Sin vínculo con los demandantes

Respecto a la prórroga de la emisión de las aportaciones voluntarias que se decidió en la asamblea del Grupo Fagor en 2011, “en ningún caso fue a iniciativa” de la Corporación Mondragon. “Aunque era algo que se daba por hecho porque afectaba a varias cooperativas, no sólo a Fagor Electrodomésticos. De lo contrario habrían vencido todas y habría que haberles hecho frente a la vez, por lo que la decisión se tomó por asentimiento”.

Arantxa Laskurain, secretaria general de la Corporación Mondragón, ha reiterado la línea de defensa que la compañía mantiene desde que salto a la luz pública el caso. Según Laskurain, no tiene sentido buscar en Mondragón un responsable de las decisiones sobre la continuidad de las cooperativas que sólo corresponden a quien las adoptó, ni pedir a las instituciones de Mondragón, “que son el principal acreedor de las sociedades concursadas”, la devolución de cantidades que los socios“ individualmente aportaron a su propia cooperativa”

“La Corporación no comercializó esas aportaciones, no garantizaba su devolución. Mondragón es un tercero que carece de cualquier vínculo con los demandantes y con las declaraciones”, ha descrito. En esta línea, ha recalcado que la Corporación “jamás” intervino en las decisiones de Fagor Electrodomésticos, perteneciente a su vez al Grupo Fagor, ni de ninguna de las 102 cooperativas que aglutina. Y remató: “cada cooperativa es soberana en sus decisiones”.

Se ha hecho esperar, pero el juicio por la demanda colectiva presentada por más de 900 exsocios cooperativistas de Fagor Electrodomésticos contra la Corporación Mondragon, a la que reclaman 47 millones de euros por las aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles depositados en la cooperativa quebrada en 2014, arrancará el lunes 7 de mayo en el juzgado de Bergara. El juicio durará cuatro sesiones, hasta el día 10, y en él comparecerán como testigos los principales cargos del grupo vasco de cooperativas en los últimos años, así como los responsables de Fagor Electrodomésticos y Edesa en los momentos previos a su declaración en concurso de acreedores.

El juicio, que ha sido promovido por más de 900 excooperativistas, englobados en las asociaciones Ordaindu y Eskuratu, es la mayor demanda colectiva acumulada que se presenta en Euskadi. Según reflejan en su demanda, el colectivo fue inducido con “informaciones engañosas” a mantener sus ahorros en Fagor Electrodomésticos y Edesa a pesar de que “los responsables del conglomerado de cooperativas de Arrasate conocían que las dos empresas estaban abocadas al cierre”.

La primera sesión del juicio arrancará con Arantxa Laskurain, secretaria general de la Corporación Mondragon. También estarán presentes, como testigos, los expresidentes de la Corporación José María Aldekoa y Txema Guisasola, quien fue náximo responsable del grupo de electrodomésticos quebrado. Las testificales de ese día se completarán con la presencia de la responsable de las finanzas del conglomerado cooperativo de Arrasate, Belén Kortabarria, y con el exdirector general de Fagor Fabián Bilbao.

El 8 de mayo están citados como testigos el expresidente de la Corporación Mondragon Javier Sotil, así como el presidente del Grupo Eroski, Agustín Markaide. La asistencia de este fue solicitada por los demandantes en su condición de cabeza visible del fondo de reestructuración diseñado en el seno de la Corporación mediante préstamos a Fagor y Edesa para tratar de salvar a las dos cooperativas. Ese mismo día también acudirán a la sala de juicio como testigos el que fuera presidente del consejo rector de Fagor Javier Retegi Albisua, y la antigua vicepresidenta del consejo rector de la cooperativa Ana María Beristain.

Para el día 9 de mayo está prevista la presencia del último presidente del consejo rector de Fagor Electrodomésticos y quien presentó el concurso de la cooperativa, Xabier Bengoetxea. Además, intervendrá Sergio Treviño, director general de la cooperativa en el momento de su quiebra. Esa tercera jornada del juicio se cerrará con la presencia de dos peritos presentados por la Corporación Mondragón.

Principal perjudicado

La Corporación Mondragon rechaza los argumentos de los excooperativistas y asegura que no tiene ninguna responsabilidad en la crisis de Fagor Electrodomésticos y Edesa, al tiempo que destaca que los socios que ahora demandan al grupo “tenían pleno conocimiento de las decisiones y riesgos empresariales de sus cooperativas”. “Corporación Mondragon no es un holding empresarial en el que la matriz ejerza un control efectivo sobre las cooperativas, sino que es una asociación de distintas cooperativas autónomas y soberanas”. Mondragón ha insistido en que cada una de las cooperativas “es responsable de su propia gestión y de desarrollar su actividad empresarial con la mayor eficacia posible” y ha recordado que los mecanismos de solidaridad “no son ilimitados, ni una garantía de viabilidad de cooperativas no viables”.

Para la Corporación, “no tiene sentido” reclamarle la devolución de las cantidades que los socios aportaron individualmente a su propia cooperativa cuando el grupo “es el principal acreedor de las sociedades concursadas y, por tanto, el principal perjudicado”.

La dirección de la compañía catalana Cata ha comunicado a los Comités de Empresa de Edesa Industrial y de Geyser-Gastech (el negocio de la antigua Fagor Electrodomésticos) la decisión de iniciar un Expediente de Extinción de contratos de toda la plantilla, unas 160 personas, así como la liquidación de la sociedad Geyser-Gastech.

Según han afirmado ambos comités en un comunicado, todo ello es la consecuencia de “una nefasta gestión” de la empresa, liderada por Jorge Parladé. Además, han señalado que se les ha comunicado por parte del grupo catalán la futura presentación de una propuesta en la que “no contemplan puestos de trabajo, centrada exclusivamente en la comercialización de productos”.

La representación sindical ha denunciado los “inminentes” despidos de los trabajadores, y el objetivo de “desmantelar la empresa y su actividad industrial”.

Asimismo, ha insistido en que “puede haber futuro para la plantilla actual y para los que han quedado fuera, siempre y cuando haya un plan de empleo viable. Para ello, ambos comités ven necesaria la implicación de las instituciones, del administrador concursal y de Fagor S.Coop. para ”construir una alternativa a este proyecto especulativo e inasumible“.

La dirección de Edesa Industrial, una parte de la antigua Fagor Electrodomésticos que ahora pertenece al grupo catalán CNA, ha  finalizado el período de consultas del ERE y despedirá a 145 trabajadores. Los nombres que figurarán en esta triste lista se conocerán en los próximos días. Mientras, el futuro de los 160 puestos de trabajo que continuarán vinculados al proyecto es “incierto” ya que dependen también de la llegada de nuevos inversores. Esa es la sensación de los comités de empresa de Edesa Industrial y Geyser.

Las negociaciones se han cerrado sin que la dirección de la compañía haya variado su postura de cerrar la planta de Garagartza (Gipuzkoa) y limitar la producción a ollas, calentadores y termos en las fábricas de Basauri (Bizkaia) y Eskoriatza (Gipuzkoa). La dirección no quiere costear los despidos de trabajadores de más de 55 años que, en principio, se quedarían en la compañía, ni prescindir de empleados “polivalentes” que dominen varios puestos. Con estos despidos, la producción de lavadoras desaparece y la de hornos y placas queda en el aire.

Los comités de Edesa Industrial y Geyser barajan la posibilidad de “impugnar” el ERE de extinción y pedir su nulidad ya que el “proceso ha estado lleno de irregularidades” lo que, según han indicado fuentes sindicales, podría incrementar las indemnizaciones que perciban los empleados afectados por esta medida.

La entrada de la empresa en concurso de acreedores el próximo día 30 parece inevitable, aunque los trabajadores confían en la entrada de nuevos inversores que refloten al menos parte del proyecto.

'Industria', con 64 menciones, fue tras 'autogobierno' (77) una de las palabras más empleadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y por los portavoces de la oposición en el debate de política general que celebró el Parlamento Vasco la pasada semana. Pero no acaparó los titulares. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP llevan semanas exigiendo soluciones al Gobierno y, en particular, a la consejera de Desarrollo Económico (Industria), Arantxa Tapia, ante lo que entienden como una crisis industrial con casos como el de La Naval o el de CNA-Fagor, CEL o Xey. Tapia ha explicado este martes que no aprecia una situación “extraordinaria” que le obligue a comparecer en el Parlamento Vasco y, en la presentación del balance de las políticas industriales del período 2014-2016, ha reiterado que la intermediación del Ejecutivo con las empresas al borde del abismo funciona: de 175 casos atendidos en ese trienio se lograron resultados satisfactorios en 165 y se salvaron “22.000 empleos”.

“Creo que el trabajo de un Gobierno y de mí misma como consejera de Industria es atender a todas y cada una de las empresas. Es la labor del día a día y no es nada extraordinario. Por lo tanto, creo que no existe un motivo por el cual haya que comparecer [en el Parlamento para hablar de la crisis industrial]. Hemos sufrido una crisis y hemos atendido todos y cada uno de los problemas y lo seguimos haciendo. No es un trabajo extraordinario”, ha explicado Tapia a los periodistas en la rueda de prensa en la que se han presentado los balances del período 2014-2016.

La consejera ha recordado, además, que muchas de esas negociaciones empresariales son “confidenciales” y exigen “discreción”. En este sentido, ha aplaudido que en las últimas horas La Naval y el armador neerlandés que intentó llevarse a las bravas un barco en construcción la pasada semana hayan alcanzado un acuerdo para terminar el encargo. “La Naval no se puede permitir incidentes como éste. [...] Hay que colaborar en que el concurso de acreedores sea ordenado”, ha apuntado la consejera.

Así las cosas, Tapia mantendrá su agenda y pospondrá al 16 de octubre la presentación en la Cámara del plan de industria aprobado en julio y para finales de año quedará la comparecencia en torno al nuevo plan de internacionalización. “Los portavoces pueden decir lo que quieran dentro del ámbito parlamentario, pero esto no es ningún desprecio”, ha zanjado Tapia a preguntas de los periodistas.

Balance “satisfactorio”

En este escenario, el Gobierno ha hecho públicos los balances de sus anteriores planes de industria e internacionalización, los relativos al período 2014-2016. Respecto al primero, ha tenido una ejecución presupuestaria del 72% (354 millones), que asciende al 98% si se tiene en cuenta el dinero destinado a préstamos a empresas invertido por el Instituto Vasco de Finanzas y los programas que se ejecutarán con retraso. “Se ha conseguido mantener la relevancia del sector industrial en su aportación al PIB, pasando del 23,8% al 24% sobre el VAB [Valor Añadido Bruto] a precios básicos”, se lee en el informe del Ejecutivo.

En cuanto al segundo, la ejecución ha sido de 60 millones (84%). Las exportaciones han crecido un 4,7% y el número de empresas que venden al extranjero ha pasado de 13.547 a 14.838. Es “especialmente relevante” el número de exportadores “regulares”, que han subido de 2.940 a 4.868 en tres años (+65%).

Por otro lado, Tapia ha anunciado la ampliación del programa 'renove' de máquina industrial “ante la demanda del sector”. El presupuesto pasa de 9 a 12 millones. En tres años “se han visto beneficiadas 891 empresas” y “la inversión inducida ha superado los 320 millones”. El plan subvenciona el 15% del gasto acreditado de la compra de maquinaria industrial hasta 70.000 euros por pieza y 100.000 por empresa.

El Gobierno vasco entiende que el comportamiento de la economía, “décima a décima”, está consolidando la recuperación de la crisis. Pero las malas noticias provenientes del sector industrial (La Naval, Fagor-CNA o Xey, entre otras) parecen contradecir este optimismo moderado. Sea como fuere, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE mantiene el guion y este martes ha presentado su Plan de Industria 2017-2020, continuista en el espíritu pero sin dejar de ser ambicioso en los objetivos, según la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. En total, 5.225 millones en la legislatura irán destinados a la política industrial, 4.000 en el cuatrienio para distintos sistemas de financiación y 1.225 en planes específicos para impulsar un sector que debería alcanzar el 25% del PIB (23,95% en la última medición) y contribuir a la prometida rebaja del paro por debajo del 10%.

Según ha explicado Tapia, el programa busca, por un lado, “responder lo más rápido posible a necesidades urgentes” y, por otro, “preparar el medio y el largo plazo” y evitar “brechas digitales” en un sector capital en la economía vasca, que históricamente ha primado la industria frente a los servicios y quiere seguir haciéndolo.

Un éxito del 94%, según Tapia

En el primero de los ejes, el anhelo del equipo de Tapia es hacer “un traje a medida” para las empresas en dificultades, atendiéndolas “una a una”. El plan incluye un programa específico (ya existente) llamado Bideratu Berria y que permite al Ejecutivo inyectar fondos a compañías en crisis. El plan, autorizado por la Unión Europea, exige también planes concretos de viabilidad, acuerdo sindical e inversiones por parte de los empresarios. La iniciativa, sin embargo, apenas cuanta con 4 millones de presupuesto anual, una partida que nunca se ha agotado. Únicamente cuatro empresas han solicitado estos fondos.

Bideratu Berria apenas atiende al 2% de las empresas en crisis que llaman a la ventanilla de Tapia, según los datos facilitados por la consejera. El Gobierno trabajó “de manera individual” buscando otras soluciones con 175 compañías más en los últimos años. De esas 175 compañías 165 habrían encontrado una salida, el 94%. Son 22.000 puestos de trabajo que en su día estuvieron en el aire y se consolidaron mediante la mediación gubernamental, ha recalcado una Tapia muy criticada por sindicatos y oposición en las últimas semanas por las grandes empresas que amenazan con quebrar en estos momentos. “Para nosotros, haber atendido 175 y salvado 165 es importante, pero es duro cuando no se consigue una solución, aunque sólo sea en una. Sé que es duro cuando alguien está a punto de perder su trabajo con su familia detrás”, ha abundado la titular de Desarrollo Económico y Competitividad.

La pregunta es clara: ¿Se mantendrá esta estadística de éxito con las negociaciones ahora abiertas? Tapia ha respondido que la “solución”, sea cual sea, “no llegará de un día para otro”. Y ha añadido que, excepto en el caso especial de Fagor-CNA, en el resto de empresas se lleva trabajando “desde hace tiempo”. “No hay una respuesta concreta”, ha admitido Tapia sobre las soluciones para Xey o La Naval, aunque parece evidente que la mejor salida es la búsqueda de nuevos inversores. El documento del Gobierno vasco recuerda, en todo caso, que el Ejecutivo central también tiene programas de apoyo a las empresas y que, específicamente, dispone de una partida de 6 millones de euros para la castigada Margen Izquierda de Bizkaia.

Que los centros de decisión no salgan de Euskadi

El Plan de Industria del Ejecutivo formaliza también el deseo del Gobierno de constituir un fondo público-privado para evitar la fuga de centros de decisión empresariales. Se trata de comprar participaciones industriales y evitar que el capital social se vaya al extranjero. “En Gamesa no tendríamos opciones, pero no estamos pensando sólo en grandes empresas”, ha explicado Tapia.

En líneas generales, el plan arrancará en 2017 con 295 millones (ya presupuestados de antemano). 75 irán a la competitividad de las 'pymes', 115 a proyectos estratégicos y tecnología, 24 a internacionalización y 80 a mejorar el “contexto” industrial con compras de suelo o inversiones en parques tecnológicos. A ellos hay que sumar los primeros 1.000 en programas de financiación. Esta cuantía se mantendrá estable durante toda la legislatura hasta sumar 4.000 millones, si bien sí hay comprometidas mejoras en otras programas, como un 5% anual en I+D.

El plan irá ahora al Parlamento, donde será presentado por Tapia. El Gobierno promete incorporar las “aportaciones” de la oposición, si bien se encontrará con un contexto revuelto a raíz de los últimos acontecimientos. La Cámara, de largo parón estival, ha declinado reunir a su Diputación Permanente este verano, como pidió EH Bildu, para adoptar resoluciones urgentes en torno a la crisis de algunas empresas. Tampoco hubo acuerdo para que prosperara una declaración planteada por el PNV.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha interpretado que “el Ejecutivo se ha visto forzado a comparecer ante la ciudadanía porque nadie puede entender su pasividad cuando hay tantas empresas que penden de un hilo y cientos de trabajadores y trabajadoras pueden irse al paro”. No obstante, ha lamentado que el Gobierno repita el “recetario” ya incluido en otros planes, como el programa de reactivación económica ya presentado en marzo por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Ha llamado “refrito” al documento.

Tapia, preguntada por los periodistas, ha reconocido que este plan “evidentemente” pende del plan general de reactivación económica del Gobierno, 8.800 millones para “incentivar” 45.000 empleos. No obstante, ha matizado que en aquel momento se fijaron las “grandes líneas” y ahora llega un “reparto de recursos” a programas concretos como el nuevo fondo para arraigar a las empresas, entre otras medidas.

“Positiva” mesa de diálogo social

El Gobierno, asimismo, ha traslado este plan y otras medidas a la mesa de diálogo social, reunida este martes en Vitoria bajo la presidencia de la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, y con la ausencia ya anunciada de la mayoría sindical vasca, ELA y LAB. El Gobierno, CCOO, UGT y la patronal han evaluado el plan de empleo, el plan industrial y otras medidas en materia de formación profesional, así como el estado de los acuerdos en torno a la negociación colectiva fraguados el pasado año. San José ha valorado positivamente la reunión y ha dicho que la “puerta” de la mesa de diálogo social siempre estará “abierta” para los “ausentes”.

El secretario general de ELA, Adolfo 'Txikii' Muñoz, ha replicado desde Bilbao que la mesa de diálogo social solamente tiene por objeto “lavar la cara del Gobierno y justificar su política laboral”. “ELA estaría encantado como sindicato de poder acudir a reuniones de diálogo social si tal diálogo existiera”, ha zanjado el líder del principal sindicato vasco.

Semana negra en Euskadi para el empleo industrial, el de mayor calidad en estos momentos en el mercado laboral vasco. Muebles Xey, ubicada en Zumaia (Gipuzkoa) su suma a los anuncios de cierre de General Electric y la catalana CNA, que iba a reflotar la ‘nueva Fagor’. Alrededor de 667 empleos (170 de Muebles Xey; 147 de General Electric y 350 de CNA) industriales corren serio riesgo de desaparecer en su totalidad o, al menos, en su mayor parte.

La última en sumarse a la lista de cierres ha sido Muebles Xey, cuya plantilla se mantendrá en huelga indefinida a la espera de la reunión que ha solicitado al Gobierno Vasco, uno de los accionistas de la empresa, para reclamarle “una salida” y la búsqueda de un inversor que “apueste” por mantener la actividad de la firma guipuzcoana de muebles de cocina. El Ejecutivo de Vitoria es el propietario de un tercio del accionariado de la firma, en la que entró hace alrededor de cuatro años y en la que dispone de 1,3 millones de euros de capital.

Los trabajadores de Muebles Xey han pasado de confiar en la viabilidad de la empresa a estar sin cobrar desde marzo. Fuentes del comité de empresa aseguran que en febrero la dirección les informó que la facturación alcanzada en 2016, 25 millones de euros, era “la necesaria” para “tirar adelante con la actividad y que solo necesitaban ”unos meses de tiempo“ para poder hacer otra inversión y fuera todo ”como la seda“. ”Ahora nos dicen que no hay dinero, que Xey no tiene futuro y que no se puede continuar y liquidan la empresa“, se quejan.

Algo similar es lo que están viviendo los trabajadores de la planta que General Electric tiene en la localidad vizcaína de Ortuella. “Hasta la fecha había asignada carga de trabajo y de la noche a la mañana se ha renunciado a la producción de dicha carga, además del desvío de trabajo a otras plantas del grupo”, lamentan desde el comité de empresa. Apenas año y medio ha durado la planta.

Mientras, el grupo catalán CNA, que se hizo con Fagor Electrodomésticos tras su quiebra, no ha podido reactivarla empresarialmente. CNA se hizo con las riendas hace tres años y por lo que se ve ha llegado al final del camino.  El Gobierno vasco ha tachado de “intolerable” la actitud de la dirección ante la presentación de un preconcurso de acreedores. “Es intolerable. El crédito con el Ejecutivo autónomo se ha terminado”, ha llegado a decir la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia.

El grupo catalán había comprado el negocio de la antigua Fagor Electrodomésticos, propiedad de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), hace menos de tres años en una subasta judicial por 42,5 millones. Se inició la nueva etapa productiva en las plantas de Garagarza, en Mondragón, y Eskoriatza y posteriormente se fue sumando el resto del negocio.

La industria ha sido tradicionalmente el motor de la economía vasca y una de sus señas de identidad. Por eso, el nivel de preocupación ha ido en aumento a medida que se han ido conociendo estos cierres cuando se estaban lanzando mensajes de recuperación económica.

“La puesta en marcha y activación empresarial continúa con los plazos planteados. El comienzo de la nueva Fagor empieza hoy”. Con estas palabras los máximos responsables del grupo catalán CNA insuflaron el 31 de octubre de 2014 a la plantilla de Fagor una bocanada de esperanza. La cosa no ha durado ni tres años. Y el Gobierno vasco ha estallado por boca de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia. La consejera ha advertido a la dirección de CNA de que su actitud con los trabajadores, los directivos de sus empresas y el propio Gabinete Urkullu ante la presentación de un preconcurso de acreedores en Edesa Industrial es “intolerable” y ha advertido de que “su crédito” con el Ejecutivo autónomo “se ha terminado”.

El grupo catalán había comprado el negocio de la antigua Fagor Electrodomésticos, propiedad de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), hace menos de tres años en una subasta judicial por 42,5 millones. Se inició la nueva etapa productiva en las plantas de Garagarza, en Mondragón, y Eskoriatza y posteriormente se fue sumando el resto del negocio. Pero, el año pasado, las cosas ya no estaban boyantes. Primero fue un ERE y, posteriormente, en diciembre, casi en pleno 'puente de la Constitución' la empresa se descolgó con una propuesta de 40 despidos dado que la rescisión de esos contratos es “irrenunciable en su estrategia de futuro”.

El enfado del Gobierno vasco -que al parecer se enteró como todo el mundo por la publicación en La Vanguardia el fin de semana pasado de que Fagor-Edesa había presentado un preconcurso de acreedores en los juzgados de San Sebastián con una deuda de casi cien millones de euros- es mayúsculo. La consejera ha apuntado esta mañana que “dificultades pueden pasar muchas empresas, pero no son formas de hacer las cosas”.

Edesa Industrial, con sede en Mondragon (Gipuzkoa), factura unos cien millones de euros al año, tiene unos 350 empleados en Euskadi y obtiene el 60 % de sus ingresos con producción dentro de Europa, mientras que la mayoría de su competencia fabrica lavadoras y neveras fuera del continente.

“Promesas incumplidas”

El director general de Edesa Industrial, Francisco Martín, ha confirmado al comité de empresa que CNA ha presentado el preconcurso de acreedores como “herramienta de prórroga” para conseguir la refinanciación de la deuda. Los representantes de los trabajadores de Edesa Industrial se han reunido con el director general de la empresa para conocer de primera mano los planes del grupo catalán. CNA Group les ha explicado que ha tomado la decisión de colocar a la empresa en preconcurso de acreedores porque no era posible conseguir refinanciar la deuda antes del 15 de julio -el plazo que los nuevos gestores se habían marcado- y para tener un colchón temporal adicional de cuatro meses.

Pero los representantes de los trabajadores -y el propio Ejecutivo-se temen lo peor. Esto es, que a corto plazo la viabilidad de la empresa esté más que en el alero. De hecho, el presidente del comité de empresa, Ricardo Pérez, ha asegurado que la dirección de la empresa catalana les ha manifestado la necesidad de “repensar el proyecto” porque el actual “estaría agotado”. “Habría que darle una vuela al proyecto que se tiene que quedar en Euskadi: el de Basauri, Eskoriaza y Arrasate”, ha apuntado Pérez, lo que ha incrementado el temor en la plantilla.

La central ELA ha asegurado que desde que CNA se hizo con la adjudicación de la unidad productiva de Fagor Electrodomésticos, “con la complicidad de la propia cooperativa y del Gobierno Vasco”, este proyecto “se ha basado en previsiones y promesas sistemáticamente incumplidas”.

La cooperativa vasca Fagor Industrial ha tenido que salir al paso de la utilización de su imagen de marca de una manera machista en uno de sus stands en una feria celebrada la semana pasada en Bratislava (Eslovaquia). 

El juntero guipuzcoano de Podemos Juantxo Iturria ha dado la voz de alarma al publicar en su cuenta de Twitter una fotografía del expositor de Fagor Industrial en la citada feria en la que se podía ver a una azafata con el torso desnudo y pintado de blanco con el logotipo y la marca Fagor.

“No tengo palabras para describir el espectáculo machista y denigrante que da una conocida empresa vasca en una feria de Europa del Este...”.

El juntero de Podemos ha preguntado a través de su cuenta de Twitter a Fagor Industrial si la fotografía era verídica, aunque como él mismo ha explicado ya sabía la respuesta era una “pregunta retórica”.

La respuesta de la cooperativa guipuzcoana, perteneciente a la Corporación Mondragón, también se ha producido a través de Twitter. La empresa ha explicado que se ha hecho un uso “indebido” de su imagen para “actividades promocionales ajenas a sus valores”. Y ha señado que no autorizó “en ningún momento” la citada “acción”, que atribuye a “un tercero”, al que se le exigió una “rectificación inmediata” en cuanto fue detectada. “Entemos que nuestra marca ha sido tratada injustamente y nos parece relevante transmitirlo”.

El próximo 24 de enero arrancará en los juzgados de Bergara (Gipuzkoa) el proceso iniciado por 900 antiguos cooperativistas contra la Corporación Mondragón, a la que exigen que les indemnice con más de 47 millones de euros por la pérdida de los ahorros que en forma de aportaciones voluntarias, préstamos mercantiles, préstamos especiales y reintegros pendientes en la cooperativa, tenían depositados en Fagor Electrodomésticos y Edesa.

Las asociaciones Ordaindu y Eskuratu (creadas por los afectados para defender sus intereses) plantearon en diciembre de 2015 una demanda en la que solicitan que se condene a la Corporación Mondragon al pago de los 47 millones de euros porque entienden que su actuación a lo largo de los dos años previos a la declaración de concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos y Edesa perjudicó de forma directa sus intereses como acreedores.

Según los responsables de Ordaindu y Eskuratu, el grupo vasco animaba al colectivo de extrabajadores de Fagor Electrodomésticos y Edesa a mantener en estas dos cooperativas su dinero en forma “de aportaciones voluntarias, préstamos mercantiles y reintegros pendientes tras la baja en la cooperativa”. Los demandantes sostienen que la Corporación Mondragón “se aprovechó de la confianza” que sus cooperativistas tenían depositada en ella para “evitar que recuperaran sus ahorros” y “al mismo tiempo lograr un concurso ordenado de Fagor y Edesa”. Según aseguran, “en numerosas ocasiones” la Corporación trasladó al colectivo que la situación económica de Fagor Electrodmésticos y Edesa no era negativa y que ambas tenían un “futuro cierto”.

“Ahorros de toda la vida”

Por eso, los demandantes optaron por mantener los “ahorros de toda la vida” en las cooperativas, en lugar de rescatarlos cuando la empresa todavía mantenía un patrimonio suficiente para hacer frente a todos los acreedores.

La demanda sugiere que la Corporación Mondragón primó su propio patrimonio sobre los legítimos intereses de los socios inactivos que, con una antigüedad media de 40 años de trabajo en las dos cooperativas, confiaban “plenamente en los ideales de intercooperación y solidaridad inculcados por la Corporación”, creyendo que esta “jamás les engañaría y abandonaría a su suerte”.

La Corporación Mondragon aseguró en su momento que no iba a atender los requerimientos de los extrabajadores porque no cuenta con competencias para hacerse cargo de las reclamaciones de estas agrupaciones. Según Mondragon, “se trata de peticiones ajenas a la naturaleza y realidad” del grupo