Un nuevo capítulo en el asunto de las “retribuciones indebidas” por parte de altos cargos del Servicio Riojano de Salud. Los socialistas han desvelado este martes el contenido de una nueva auditoría que confirma que “varios altos cartos continuaron cobrando dichas retribuciones en 2024”.

El pasado mes de marzo ya informaron que el entonces gerente del SERIS “percibió durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 retribuciones en concepto de guardias y actividades extraordinarias por más de 12.500 euros”. Así, la diputada socialista, María Somalo, ha recordado que otra auditoría del SERIS “confirmaba que Jesús Álvarez, como gerente del SERIS, y otros dos altos cargos, Begoña Ganuza y Gustavo Ossola, percibieron retribuciones indebidas en el año 2023”. Ahora, apunta, “los datos de otra auditoría del SERIS confirma que esta situación continuó durante el año 2024”.

Por lo que respecta a Jesús Álvarez, Somalo ha dicho que “se confirma que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2024 continuó percibiendo retribuciones indebidas en concepto de guardias y actividades extraordinarias por un importe que supera los 10.000 euros”. La diputada socialista ha recordado que la propia auditoría “insiste en que la realización de actividades asistenciales por el gerente no se encuentra incluida dentro de las reguladas en el artículo 92 de la Ley de Salud de La Rioja, ni consta regulación legal o reglamentaria que recoja esta función para el titular de la Gerencia del SERIS”.

Por lo que respecta a los otros altos cargos del SERIS, Gustavo Ossola y Begoña Ganuza, “el cobro de cantidades indebidas también se mantuvo a lo largo del año 2024”. En ambos casos, la auditoría deja claro que en sus contratos “se establece, expresamente, que la cuantía total a percibir no podrá exceder de la retribución íntegra anual establecida para los consejeros en las respectivas leyes de presupuestos de la CAR”. Somalo ha afirmado que la auditoría “confirma que las retribuciones que ambos perciben por sueldo y complementos, por actividad asistencial y extraordinaria, y por antigüedad y carrera profesional, en su conjunto, superan el importe máximo legal, que es el de la retribución marcada para los consejeros”.

María Somalo ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Socialista han solicitado en reiteradas ocasiones las nóminas de Ossola y Ganuza, “y siempre se nos han negado”.

La diputada socialista ha relatado que la auditoría de 2024, a diferencia del informe de 2023, “no cuantifica el importe de las retribuciones, pero estimamos, basándonos en la media mensual percibida en el año 2023 según la auditoria de dicho año, que Ossola podría haber cobrado unos 34.000 euros en retribuciones indebidas en el año 2024”. Mientras, Ganuza “podría haber percibido unos 20.500 euros de retribuciones indebidas en ese año”.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este miércoles una resolución de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación del Gobierno regional que ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha

En concreto se trata de los datos de aquellos cargos públicos obligados a presentar este tipo de declaración tras haber sido nombrados o cesados en el último trimestre de 2025.

Y es que en ese periodo, se produjeron diversos cambios en la Junta de Castilla-La Mancha. Se trata de altos cargos en direcciones generales, institutos y otros entes públicos.

La exdirectora general de Turismo, ahora coordinadora de Análisis

Ana Isabel Fernández Samper, la que fuera directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, pasó a convertirse en coordinadora de Análisis en octubre de 2025, según lo que se publica hoy, y declara ingresos netos anuales de 52.663,30 euros, además de un patrimonio inmobiliario (100% titularidad) con una vivienda en Toledo. Tiene un Peugeot 3008 Allure (5.568 €) y activos financieros en Banco Santander y Caja Rural de 25.100 euros. Declara también deuda, en concreto un préstamos hipotecario de 22.500 euros y préstamo para reforma de casa de 147.527 euros.

Su sustituta al frente de la Dirección General de Turismo Aránzazu Pérez Gil. que declara ingresos netos anuales de 42.358,43 euros. Cuenta con un inmueble urbano en Sigüenza (100%) y siete fincas rústicas de labor en Valdelcubo y Sigüenza (titularidad entre el 50% y 100%). Su vehículo es un Nissan Qashqai (14.500 €) y su saldo medio interanual es de 115.000 euros. No declara deudas.

Presenta también declaración el director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, Francisco Javier de la Cruz González que declara unos ingresos netos anuales de 42.082,54 euros, un patrimonio inmobiliario (50% de titularidad) con vivienda, garaje y dos solares en Talavera de la Reina (Toledo), varios vehículos, en este caso un Peugeot 307 SW (1.680 €), Chevrolet Matiz (590 €) y Peugeot 3008 Active (9.353 €). También declara activos financieros con un saldo medio en cuentas de 32.525 euros y planes de jubilación y pensiones por 10.970,08 euros. Finalmente dice ser poseedor de un préstamo hipotecario (64.051,82 €) y un préstamo de consumo (1.891,34 €).

El Instituto de la Mujer, Tierra de Viñedos y Salud Pública

Se reflejan por otro lado los datos de la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, tanto Mª Teresa López Tomé que asumió el puesto tras el cese de Lourdes Luna.

López declara ingresos netos anuales de 32.305,52 euros, con un patrimonio inmobiliario (100% titularidad) de una vivienda unifamiliar en Guadalajara y dos vehículos: Mazda CX5 (6.888 €) y Seat Ibiza (1.150 €). Posee una cuenta en el Banco Santander (14.089,56 €) y un plan de pensiones (15.418,29 €).También tiene deudas, tanto hipoteca )50.297,50 €) y como un préstamo de vehículo (5.507 €).

Por otro lado, presenta su declaración la que fuera directora General de Salud Pública, Laura Ruiz López, que cesó para incorporarse al Ministerio de Sanidad y fue sustituida por Joaquín Torres Moreno. Este último declara ingresos netos de 61.537,83 euros además de dos casas al 50% en Argamasilla de Alba y Sevilla y un piso al 25% en La Algaba (Sevilla). Tiene dos vehículos, un BMW 325 (16.500 €) y Nissan Juke (4.200 €) y activos financieros, tanto una cuenta en el BBVA (46.063,09 €) y un plan de jubilación (7.942,53 €). No declara deudas.

También se incluye la declaración de la directora Gerente de la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos Diana Granados, debido a su nombramiento como directora general, que declara ingresos netos anuales de 34.449,74 euros, un patrimonio inmobiliario (50% titularidad) con vivienda habitual en Membrilla (Ciudad Real). Tiene un Volvo XC60 (17.500 €) y activos financieros que se distribuyen entre cuentas bancarias (34.857,88 €), acciones en la empresa Miguel Bellido S.A. (122.445,20 €) y Vinícola de Castilla S.A. (72,26 €), y un seguro de vida de 238.716,95 €. Además, cuenta con un préstamo de Caja Rural por 69.947,18 euros.

Cambios en las delegaciones provinciales

En este periodo tamibén se produjeron cambios en las delegaciones provinciales. Por ejemplo, el delegado Provincial de Economía, Empresas y Empleo Miguel Ángel Díaz Brazales declara ingresos netos anuales de 1.341,48 euros procedentes de actividades de abogacía, arrendamiento de local y ayudas o un patrimonio inmobiliario que incluye vvienda unifamiliar e inmueble industrial (50%) además de un almacén y olivar de secano (12,5%) en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Tambiés es poseedor de un vehículo Mitsubishi Galant (1.630 euros). Sus activos financieros están en cuentas en Banco Santander (3.790,19 €). Díaz Brazales refleja una participación del 50% en la entidad jurídica no negociada en mercados organizados denominada Gestión Contable Infantes P&P, S.L. También menciona haber trabajado anteriormente para otras entidades privadas como Bioinfant, S.L. y Wesser & Partner, S.L..

Agustín Espinosa Romero, delegado provincial de Desarrollo Sostenible que ocupaba el mismo cargo en Economía en una etapa anterior declara ingresos netos anuales de 55.450,79 euros en concepto de salario de la Junta de Castilla-La Mancha. También un patrimonio inmobiliario (50% titularidad) con vivienda habitual, otras tres viviendas, un solar y dos trasteros en Ciudad Real. En cuanto a los vehículos dice tener un Piaggio MP3 400 (500 €), Seat Alhambra (14.000 €) y Kia Niro (5.800 €). Sus activos financieros están en cuentas corrientes y Letras del Tesoro por 7.500 euros. Declara una deuda en hipoteca de 335.000 euros.

La empresa del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, obtuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022 (259.938 entre 2020 y 2024), según la información del Registro Mercantil accesible a través de Insight View. La empresa se dedica ahora al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. elDiario.es ha preguntado al Ejecutivo autonómico si elevó la declaración de inactividad de la empresa a Hacienda, pero Jiménez Blázquez no ha atendido a la petición de este medio.

La semana pasada, la Junta de Castilla y León defendió que la compañía era “una sociedad sin actividad” en la que Jiménez Blázquez participa por “herencia” de su padre como “administrador solidario”. El Ejecutivo autonómico entiende que esta empresa (una Sociedad Anónima cuya actividad empezó en 1985) forma parte del “patrimonio familiar” de Jiménez Blázquez —que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de la comunidad, Somacyl— y, por lo tanto, no se trata de una incompatibilidad.

Jiménez Blázquez era administrador solidario desde el 11 de enero 2021, aunque ya firmó las cuentas de 2020. Cárnicas Barcenses era la propietaria del matadero de El Barco de Ávila, que cerró a mediados de 2022, año en el que por primera vez se redujeron los beneficios de la compañía. Esto supuso la marcha de trabajadores, algunos con más de 30 años de experiencia en el sector. Esto sucedió después de que la empresa que arrendaba el edificio de Jiménez Blázquez pasara de un padre a su hijo, que quiso renegociar las condiciones del alquiler. El ya director general trató personalmente con el Ayuntamiento y los sindicatos para intentar que la empresa se mantuviera en El Barco de Ávila y Cárnicas Barcenses siguiera cobrando el arrendamiento, según fuentes consultadas por elDiario.es. Desde ese año, la empresa de José Manuel Jiménez Blázquez ha registrado pérdidas. En los dos últimos ejercicios registrados, Cárnicas Barcenses tuvo unas pérdidas de 65.861 euros: 39.356 euros en 2023 y 26.504 en 2024.

Además, ese año la empresa tenía una deuda a largo plazo por valor de 53.000 euros, mucho más que el ejercicio anterior (3.000 euros). Además, Cárnicas Barcenses tenía deudas a corto plazo por valor de 3.654 euros al cierre de 2024, año en el que no facturó ni un euro. Jiménez Blázquez defiende que ejerce como administrador solidario con otro socio y que ninguno percibe remuneración por la actividad. En los documentos a los que ha accedido elDiario.es no figura el nombre de ningún otro administrador.

La Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos permite a un alto cargo compatibilizar su cargo con la administración del patrimonio personal o familiar, siempre que no ostente por sí o junto con su pareja participaciones directas o indirectas, iguales o superiores a un 10%, o que pueda condicionar de forma relevante su actuación en empresas o entidades que tengan contratos, conciertos o convenios con el sector público estatal, autonómico o local.

En 2020 el patrimonio neto de la empresa era de 117.192 euros, que se redujo al año siguiente porque se repartieron dividentos por valor de 158.847 euros. En 2022 hubo otro reparto de dividendos de 64.529 euros. El patrimonio neto de la empresa ha bajado, por lo tanto, hasta los 67.866,31 euros en 2024.

Jiménez Blázquez defiende que mientras la empresa no contrató con la Administración ni recibió subvenciones durante el periodo en que se centró en el sector matadero de cerdos y la elaboración de embutidos. Entre 1988 y 2009, el Gobierno de España dio subvenciones a esta empresa por valor de 139.893,38 euros en el marco del Sistema de Incentivos Regionales en la Zona de Promoción Económica de Castilla y León.

En 2001, la empresa solicitó la construcción de un Centro de desinfección de vehículos para su matadero de porcino, que fue autorizado por el que fuera alcalde 'popular' de El Barco de Ávila, Agustín González González, que ostentó la Presidencia de la Diputación de Ávila entre 2004 y 2015. José Manuel Jiménez Blázquez es desde 2011 consejero delegado de Somacyl, la empresa pública que licita y adjudica gran parte de las infraestructuras de la comunidad autónoma.

En las últimas horas Rioja2 ha publicado la carta del hasta ahora gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, José Gil Barco, informando a los alcaldes y alcaldesas riojanas de su nueva andadura profesional en la sociedad estatal de Aguas de las Cuentas de España, a la que ya estuvo vinculado. Su puesto, la gerencia de esta entidad pública del Gobierno de La Rioja, parece que recaerá en el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, José María Infante. Curiosamente será gerente del Consorcio de Aguas y Residuos que depende directamente de la consejería (Agricultura) de la que forma parte como alto cargo.

La primera reacción se ha producido este miércoles porque los socialistas riojanos han informado de que pedirán la comparecencia urgente de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, para qexplique el acceso de José María Infante a la gerencia de dicho Consorcio. Así lo ha explicado el diputado regional Jesús María García quien además ha apelado al presidente Gonzalo Capellán “para que también ofrezca explicaciones sobre este modo de proceder”.

El socialista ha recordado que “a través de un medio de comunicación conocimos como José María Infante asumirá la gerencia del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja en un procedimiento en el que la comisión que se ha encargado de elegir al nuevo gerente estaba formada por otro alto cargo de la consejería que dirige Noemí Manzanos”. Y ha añadido que “estamos ante un asunto grave, en el que todo hace indicar que un alto cargo se ha hecho un traje a medida y en el que, además, Infante ha sido juez y parte”. Un caso que “nos traslada a épocas pretéritas que ya creíamos superadas”. También, García ha exigido “la inmediata dimisión de José María Infante como director general y presidente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja”.

PP La Rioja: “Por primera vez ha habido unas bases públicas”

El Partido Popular de La Rioja respondido a los socialistas a través de una nota de prensa en la que aseguran que “por primera vez ha habido unas bases públicas y un proceso selectivo abierto y transparente, puesto que en el concurso podía participar cualquier funcionario de carrera del grupo A1 de las entidades adscritas, tanto de la propia comunidad autónoma como de cualquier ayuntamiento de La Rioja. Algo que no había sucedido hasta la fecha ya que, en las anteriores ocasiones, la gerencia era propuesta directamente por la presidencia a la Junta de Gobierno”. 

Y a pesar de ello dicen que “los socialistas pretenden empañarcon calumnias el escrupuloso y público proceso selectivo cuyas bases se publicaron en el BOR el pasado 13 de agosto, como consecuencia de la incorporación de su anterior gerente a la sociedad Aguas de las Cuencas de España, Acuaes”. Por lo que niegan que se trate de “un traje a medida porque el puesto de Gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja existe desde 1998, tiene el carácter de directivo público de libre designación, es decir, en ningún caso es permanente, toda vez que la regulación de estos puestos está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (RD Legislativo 5/2015) y en la propia Ley de función pública de La Rioja”. Por todo ello recomiendan a los socialistas que “en lugar de buscar el titular de trazo grueso y pedir comparecencias sin justificación, lean con detalle el Boletín Oficial de La Rioja, número 155, de 13 de agosto, donde encontrará todos los detalles de un proceso público, transparente y con todas las garantías”.

El director general de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, José María Infante, será el próximo gerente del Consorcio de Aguas y de Residuos, la entidad pública que depende de la misma consejería de la que forma parte como alto cargo y que, de hecho, preside en su calidad de director general. Es decir, el Gobierno del PP de La Rioja ha designado para un puesto técnico en el Consorcio de Aguas al presidente de la misma entidad.

Ha sido el hasta ahora gerente de la entidad, Juan José Gil Barco, quien ha informado del cambio en la carta de despedida que ha remitido a los alcaldes de La Rioja, que ha adelantado la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso Rioja2.

Gil Barco dejó la gerencia el pasado 30 de septiembre, puesto que desempeñaba desde que se constituyera el Consorcio en 1998, para incorporarse a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, a la que ya estuvo vinculado. Tras agradecer el apoyo a los alcaldes, la carta de Juan José Gil Barco dice textualmente: “Quiero pedirte tu implicación en el futuro del Consorcio y tu apoyo al equipo del Consorcio y al nuevo genente que me sustituirá, José María Infante”.

Ante la salida del anterior gerente, el Gobierno de La Rioja publicó en el BOR el 13 de agosto la convocatoria y las bases para la provisión, mediante libre designación, del puesto de gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja entre funcionarios A1 de las administraciones consorciadas. Se abría asi, en pleno mes de agosto, el plazo de 15 días para que las personas interesadas presentarán sus solicitudes.

El BOR recoge además que para la selección del candidato más idóneo, se constituirá una Comisión de Valoración integrada por el presidente, el gerente y la secretaria del Consorcio o personas que legalmente les sustituyan, que también podían dejar desierta la provisión de no haber canidatos con los requisitos exigidos

No obstante, José María Infante se presentó al puesto de gerente del Consorcio mientras era presidente de la entidad pública y una Comisión de Valoración, formada por personas que trabajaban con él, se ha designado para desempeñar el puesto de gerente.

Desde el Gobierno de La Rioja señalan que José María Infante sigue siendo director general del Gobierno de La Rioja y que comunicarán el nombramiento del nuevo gerente “en tiempo y forma cuando estime”. No obstante, dicen que Infante “fue el candidato que más puntos obtuvo en el proceso al que concurrió y tiene un mes de plazo para incorporarse al puesto”. Subrayan que Infante es funcionario de carrera y aseguran que el proceso de selección ha sido “público y transparente”.

El vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Luis Alberto Marín, ha renunciado a su cargo alegando “motivos personales”. Además, también dejará próximamente su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, según han adelantado varios medios provinciales como el diario digital Lanza, cuya empresa editora está presidida por el propio Marín, dentro de los acuerdos de pacto entre PP y Vox para gobernar la Institución provincial.

El hasta ahora diputado de Vox apenas ha durado medio año en su puesto, ya que sustituyó a Milagros Calahorra a principios del mes de febrero. Por tanto, es el segundo vicepresidente de Vox en la Diputación de Ciudad Real que dimite en 2025.

Marín ha convocado a los medios de comunicación este jueves para explicar los motivos de su marcha.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, el popular Miguel Ángel Valverde, no cree que esta renuncia afecte a la labor de la Diputación. “Esta renuncia no afectará al normal funcionamiento del equipo de Gobierno ni al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ayuntamientos de la provincia. El equipo de gobierno va a seguir funcionando”, ha declarado.

Antonio José Pascual Vallejo serà el nou cap accidental de la Policia Local i Protecció Civil de Calvià després de la dimissió d'Esther Ribas, presentada aquest dilluns per motius personals i professionals, segons ha informat el Ajuntament en un comunicat.

Pascual, que actualment ostenta el rang d'inspector, assumirà la coordinació del cos policial fins que es designi oficialment un nou comandament. La seva labor consistirà a garantir la gestió i continuïtat del servei, recolzat en l'“experimentat quadre de comandament superior” de la Policia Local, segons recull la nota municipal.

Amb una trajectòria de quatre dècades dins del cos, Antonio Pascual ha passat per pràcticament tots els departaments de la Policia Local de Calvià, i ha desenvolupat un perfil professional centrat en l'organització i la gestió interna.

Des de l'equip de Govern municipal han expressat el seu agraïment tant a Pascual per la seva predisposició per a assumir el càrrec com a Esther Ribas per la seva labor al capdavant d'una plantilla que ronda els 200 agents.

Antonio José Pascual Vallejo será el nuevo jefe accidental de la Policía Local y Protección Civil de Calvià tras la dimisión de Esther Ribas, presentada este lunes por motivos personales y profesionales, según ha informado el Ajuntament en un comunicado.

Pascual, que actualmente ostenta el rango de inspector, asumirá la coordinación del cuerpo policial hasta que se designe oficialmente un nuevo mando. Su labor consistirá en garantizar la gestión y continuidad del servicio, apoyado en el “experimentado cuadro de mando superior” de la Policía Local, según recoge la nota municipal.

Con una trayectoria de cuatro décadas dentro del cuerpo, Antonio Pascual ha pasado por prácticamente todos los departamentos de la Policía Local de Calvià, y ha desarrollado un perfil profesional centrado en la organización y la gestión interna.

Desde el equipo de Gobierno municipal han expresado su agradecimiento tanto a Pascual por su predisposición para asumir el cargo como a Esther Ribas por su labor al frente de una plantilla que ronda los 200 agentes.

Tal y como se esperaba, la segunda votación para elegir a Concepción Pombo directora xeral de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha fracasado este martes en el Parlamento gallego al no haberla apoyado ningún grupo de la oposición, por lo que no se ha alcanzado el mínimo de 45 diputados —tres quintas partes— requerido, según recoge Europa Press.

En concreto, sólo ha obtenido 39 votos a favor, los del Partido Popular, el glrupo que la propuso como candidata. La elección de Pombo irá así a una tercera votación en el próximo pleno —previsiblemente, el 8 de julio—, en la que, tras la entrada en vigor de la nueva ley de medios públicos, ya solo necesitará alcanzar la mayoría absoluta —38 diputados—, por lo que será suficiente con el PP.

La votación se ha celebrado en urna al inicio del pleno y no ha habido debate. Los diputados han ido desfilando a depositar su papeleta por orden alfabético, a partir de la popular Encarnación Amigo y finalizando por los miembros de la Mesa de la Cámara. El presidente, Miguel Santalices, ha sido el último en votar.

Posteriormente, los cinco integrantes de la Mesa han abierto la urna para realizar el recuento de los 72 votos emitidos. El resultado, anunciado por el presidente de la Cámara, ha sido de 39 votos a favor, mientras que los otros 33, considerados “en contra”, han sido de los diputados del BNG, PSdeG y Democracia Ourensana, que han dejado la papeleta sin marcar, ya que no es posible el voto negativo.

Consecuencias de la nueva ley

La designación de Concepción Pombo como candidata a dirigir la CRTVG, que en virtud de la nueva ley pasará a llamarse Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia, S.A. (CSAG), fue aprobada en solitario por el partido que la propuso, el PP, en la Comisión de control de los medios públicos. Pombo ha dirigido los informativos de la corporación, acosados por constantes denuncias de manipulación, desde 2017.

La nueva ley, aprobada también en solitario por los populares, cambió el sistema para la elección de este cargo, que deja de hacer imprescindible alcanzar una mayoría cualificada. En el pleno pasado, el 10 de junio, se celebró la primera votación. Entonces se requerían dos tercios del hemiciclo —50 votos—. para el nombramiento. En esta segunda eran necesarios tres quintos —45— y en la tercera serán suficientes los 38 de la mayoría absoluta. El PP cuenta con 40 diputados en esta legislatura.

La directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Mercedes Echegaray ha cesado este jueves en su puesto, según el decreto que publica la Consejería de Desarrollo Sostenible y será sustituida por la hasta hoy delegada provincial en Toledo de este departamento, la talaverana Montserrat Muro.

Es el segundo cambio en un mes relacionado con la gestión del agua que se produce en el Gobierno de Emiliano García-Page. El pasado mes de febrero Silvia Díaz del Fresno, directora-gerente de la empresa pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha fue sustituida por Rubén Sobrino, que hasta entonces había sido director general de Transportes y Movilidad del Gobierno regional.

El concejal de Estepona Blas Ruzafa admitió ante el juez que la contratación y el cese de C.P.B. como cargo de confianza del consistorio fueron ordenados por el alcalde José María García Urbano (PP), que la mujer no entregó ni un solo documento de trabajo en el mes y medio que estuvo contratada y que, a pesar de estar adscrita a su área, solo la vio “circunstancialmente” una vez en el despacho del regidor. Cuando el magistrado le cuestionó, sorprendido, por la falta de control en el ayuntamiento, Ruzafa se encogió de hombros: “No nos va mal”.

C.P.B. y su pareja denunciaron un año y medio después a García Urbano por un presunto acoso sexual cometido por este contra los dos. Esa investigación fue archivada por el mismo juzgado, al entender que no hubo amenazas o coacciones en las relaciones. Los denunciantes han recurrido el archivo.

A su vez, el juzgado de instrucción 5 mantiene abierta la investigación por la malversación cometida, presuntamente, cuando el alcalde contrató a C.P.B. como cargo de confianza. El regidor está investigado en esta causa. La mujer ha declarado que fue “pareja” de García Urbano durante unos dos años. En este tiempo, y durante mes y medio (desde mediados de febrero a final de marzo de 2023), fue cargo de confianza municipal, con la teórica función de comprobar que las farolas, las calles o las macetas del municipio estaban en perfecto estado de revista y estar atenta a lo que se decía en las redes sociales.

C.P.B. es auxiliar de enfermería y no tenía formación o experiencia para esta tarea. Ni siquiera vivía en Estepona, sino en Córdoba. Ella misma declaró que nunca fue a trabajar, ni le explicaron sus funciones ni hizo nada. En mes y medio cobró 5.276,92 euros.

El juez, al concejal: “¿No hay ningún tipo de control?”

Blas Ruzafa compareció como testigo por la presunta malversación el pasado 20 de febrero. Es el concejal que coordina el área de Control Externo, encargada de vigilar el cumplimiento de los servicios públicos municipales, casi todos externalizados en Estepona: limpieza viaria, tratamiento de residuos, limpieza y socorrismo de playas, jardinería, mantenimiento de parques, mobiliario urbano, iluminación, ayuda a domicilio... La ciudad paga más de 44 millones de euros al año por estos servicios. Para vigilar estas contratas el consistorio tiene un equipo de cuatro técnicos, tres administrativos y un inspector de playas. Ruzafa dice que se reforzó con C.P.B., una mujer sin experiencia a la que él nunca conoció.

En su declaración judicial, Ruzafa trazó dos líneas de defensa. Le dijo al juez que el hecho de que un cargo de confianza sea contratado y cesado así, que no exista ninguna constancia documental de su trabajo, que no reportara al concejal responsable (él mismo), que no tuviera acceso a ninguna clave o programa municipal o que no pisara nunca el ayuntamiento (excepto para firmar su contrato) es lo normal entre los cargos de confianza del consistorio, que son fichados y cesados por el regidor.  

“Jamás he visto un informe escrito de un cargo de confianza, no hacen expedientes porque no es su tarea, ni están en el programa Gestiona”, aseguró. El juez se mostró muy sorprendido. “Entonces, ¿cómo se controla eso? Esto es un poco cajón de sastre. Allí se contratan personas con sueldos… bastante aceptables, ¿y no hay ningún tipo de control, no tienen obligación de presentar documentación alguna, rendición de cuentas, informes? ¿Simplemente es verbal, de tú a tú, con el alcalde?”, preguntó el magistrado.

“Nos funciona bien”, justificó el edil. “Pero no existe control alguno”, observó el juez. “No existe control, como no existe con los concejales”, confirmó el edil. “Procuramos que sea gente responsable”, aclaró más tarde. “No nos va mal”, insistió durante el interrogatorio.

El Ayuntamiento de Estepona contó en aquel mandato (2019-2023) con 14 cargos de confianza, el máximo que le permite la ley, a los que abonó unos dos millones de euros en total. En julio, nombró 12 cargos para este mandato, con sueldos que oscilan entre los 41.150 y los 63.900 euros anuales.

La ley, que da un margen muy amplio a los cargos políticos para nombrar y cesar al personal de confianza, sí acota que “solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. En julio de 2019 García Urbano proclamó ante el pleno que los cargos de confianza “son profesionales y no son puestos políticos”, y que van al ayuntamiento “a trabajar, a ayudar con los expedientes y a prestar servicios”. 

“El personal de confianza lo designa el alcalde”

La segunda línea de defensa de Ruzafa fue personal. Aunque no está investigado, es el concejal responsable del área a la que se adscribió a C.P.B., pero se descargó de toda responsabilidad en su contratación y cese. Tanto, que ni siquiera la conocía y el alcalde solo se la habría presentado un día de casualidad. “El personal de confianza lo designa el alcalde”, aclaró. “No me pide opinión, ni me dice cuándo nombra o cesa un cargo de confianza”.

Según Ruzafa, en ese momento (febrero de 2023, a tres meses de las elecciones municipales) el regidor estaba preocupado por la imagen de la ciudad y las críticas que se vertían en redes sociales. Y ello, a pesar de que había logrado una aplastante mayoría absoluta en 2019, con 21 de 25 concejales. “Hablamos de la conveniencia de incorporar una persona que se iba a encargar de analizar las redes sociales”, explicó: “Me dijo que la conocía, con sentido común, suelta, avispada, que se manejaba bien en redes sociales…”. Al concejal le pareció bien.

El concejal supone que C.P.B. trabajaría en la calle y desde su casa con un ordenador propio, porque “despacho no tenía”. Tampoco móvil, ni correo electrónico. Ni siquiera claves para acceder a las redes sociales que debía vigilar con el perfil público municipal. El edil asume que el regidor le indicaría sus tareas y que él no le hizo “ningún tipo de seguimiento”.

Al declarar como investigado, el alcalde ya dijo que las tareas encomendadas a C.P.B. eran “sencillas” pero muy importantes para él, y que no hay constancia documental de su trabajo porque recibía sus informes verbalmente. El concejal Ruzafa enumeró así esas tareas: “¿Se limpia semanalmente? ¿Los contenedores están llenos de basura? ¿Se deja el cartón o el plástico fuera? ¿Los jardines están llenos de bolsas? ¿Las flores están marchitas? ¿Las luminarias están fundidas?”. Luego, aclaró al juez la relevancia de esas cuestiones. “Él [el alcalde José María García Urbano] no se corta el pelo en llamarnos la atención por cuestiones profesionales”, y añadió: “Lo que más nos sobrecoge es un mensaje del alcalde donde no te dice ni buenos días y te dice: «Esta calle está mal, no cuidamos los detalles, así no se puede seguir»”.

El hasta ahora director general de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, abandona la primera línea política tras renunciar a su cargo por motivos personales, según ha anunciado a través de las redes sociales.

Cuadrado ha explicado que su cese, a petición propia, ha sido trasladado este mismo miércoles al Consejo de Gobierno y pone fin a una trayectoria de nueve años y medio en los que ha tenido responsabilidades como la de delegado de Agricultura de la provincia de Cuenca.

El ya exdirector general ha asegurado en su mensaje de despedida que ha sido una etapa “apasionante”, en los que “ha habido momentos duros, tristes y momentos felices; pero el conjunto ha valido la pena, ha sido una gran experiencia profesional y personal”.

Cuadrado ha dado las gracias a los agricultores y ganaderos “por la labor que realizan”, así como a sus compañeros de trabajo en la Consejería de Agricultura y ha desvelado que ahora empieza una nueva etapa laboral en el Ayuntamiento de Cuenca.

Benito Pérez Galdós retrató en su novela Miau la dura vida del “cesante”, aquel trabajador público sin plaza que pierde su empleo cuando cambia el partido en el poder. Más de un siglo después, es ahora ERC a quien le ha tocado vivir en primera persona las consecuencias de abandonar un ejecutivo como la Generalitat, del que dependen 280 puestos directos entre altos cargos y eventuales.

Para tratar de paliar los problemas que genera esta situación en centenares de personas, ERC ha contratado una conocida empresa de recolocación barcelonesa, Evoluciona_t, para ofrecer un programa de transición laboral a sus afiliados que hayan salido recientemente del Govern. La decisión fue anunciada en un Consejo Nacional el pasado julio, pero no ha sido hasta este mes de noviembre cuando se ha puesto en marcha.

Según figura en la licitación a la que accedido elDiario.es, los servicios se han contratado para un máximo de 100 excargos y, por el momento, son una sesentena los militantes republicanos que han comenzado el programa. Todos ellos contaban con salario público hasta el pasado mes de agosto y ahora están siguiendo las sesiones, que tienen como objetivo mejorar el perfil laboral y facilitar la transición hacia el mercado privado.

Fuentes de ERC confirman que el programa se ha ofrecido a todas las personas que cumplan con dos requisitos: ser militantes de ERC y haber ocupado un cargo de libre disposición en el Govern saliente. Según indican, es uno más de los servicios que ofrece la formación a sus afiliados.

“A diferencia de otros partidos, en ERC no tenemos puertas giratorias y es una forma de no dejar a nuestra gente sola en este momento de transición”, explican desde el partido, que indican que esta es la primera vez que contratan lo que denominan como “plan de transición de carrera”.

Este tipo de programas de orientación laboral son obligatorios en algunos supuestos de expedientes de regulación de empleo (ERE), pero también una opción cada vez más demanda en compañías con perfiles profesionales que se suponen de alto valor. Este segundo carácter voluntario como entidad privada es el caso de ERC. La empresa elegida, Evoluciona_t, es una agencia de recolocación homologada que presta ambos tipos de servicios.

Charlas en grupo e individuales

Según explica uno de los participantes, el programa comenzó el mes pasado con una serie de charlas grupales, que él siguió de forma on-line. “Hay seis sesiones iniciales, la primera me pareció un poco de 'coaching', pero las siguientes ya fueron más al grano: práctica, descripción de fortalezas y competencias, ayuda para hacer el currículum o el LinkedIn, pautas para preparar una entrevista de trabajo…”, relata.

Tras esas sesiones grupales, siempre según el relato de algunos de los participantes, se programan reuniones personales. “Creo que son cuatro”, explica el mismo exalto cargo, que asegura que es en este momento cuando la empresa hace un análisis más personalizado. “Te dicen qué es lo que necesitas, te recomiendan qué perfiles mejorar o estrategias a la hora de afrontar el cambio laboral”, comenta.

Desde la empresa confirman que el servicio ofrecido incluye una parte más centrada en la ayuda y acompañamiento a las personas que entran en el plan, pero que también se incluye la búsqueda de ofertas en el mercado. Aunque Evoluciona_t no hace selección de personal como tal, sí cuenta con convenios y acuerdos con compañías de 'headhunting' y selección de directivos.

Fuentes del sector añaden que, aunque en España la práctica de contratar planes de orientación laboral por parte de las organizaciones políticas está aún poco extendida, en Europa es más común. Con todo, estas mismas fuentes afirman que “otro gran partido catalán” se interesó por estos servicios en el pasado, aunque se desconoce si finalmente los acabó contratando.

Según defienden en ERC, contratar agencias de recolocación es una buena práctica por varios motivos. Por un lado, porque “no dejas tirada a la gente que afronta un cambio de carrera”. Por otro, porque es una forma de facilitar una transición laboral ética para personas que han tenido responsabilidades. “Tú puedes pedir a todo el mundo que evite las puertas giratorias, pero es más fácil que te hagan caso si se lo pones fácil”, explican desde el partido.

Asesores, directores de comunicación, secretarios, conductores... La Ley del Empleado Público contempla la figura del personal eventual como aquel puesto que es nombrado y cesado libremente y que realiza funciones “de confianza y asesoramiento especial”. La Ley obliga a las Administraciones Públicas a publicar el número de personal eventual y las retribuciones, pero cada una decide cómo da esa información: si publica las retribuciones anuales, mensuales (pero no concreta el número de pagas) o los grupos y complementos salariales. Algunos publican los nombres y apellidos también del personal eventual contratado —más allá de en el Boletín Oficial, donde es obligatorio— en sus páginas web de Transparencia y lo actualizan, otros no.

Desde hace unos meses, este diario ha preguntado a todas las Administraciones y entidades públicas de Castilla y León por su personal eventual en los últimos tres años. La reacción no ha sido la misma. Mientras que algunas Administraciones —como los ayuntamientos de Zamora— han entregado los datos además en formato editable (.csv, como había sido solicitado), otros —como los ayuntamientos de Palencia o León y la Diputación de Zamora— han optado por el silencio administrativo o por la información parcial —Ayuntamiento de Salamanca—. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha recibido nueve recursos formulados a diputaciones, ayuntamientos y las Cortes de Castilla y León porque sus respuestas no han sido satisfactorias: no han contestado o han remitido a información incompleta.

En Castilla y León hay actualmente 349 trabajadores eventuales en las principales escalas de la Administración Pública: la Junta de Castilla y León y el parlamento autonómico, diputaciones y ayuntamientos de capitales de provincia e instituciones públicas como el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. La Junta de Castilla y León es la administración más grande y con más personal eventual, seguida de los ayuntamientos de León y Salamanca. El gobierno de coalición PP-Vox ha llegado a tener 49 eventuales, aunque de momento este número se ha reducido a 44, aunque los nuevos equipos todavía están terminando de cerrarse.

El Procurador del Común —el Defensor del Pueblo de Castilla y León— tiene tanto personal eventual porque prácticamente no tiene personal propio que haya accedido a su puesto a través de una Oferta Pública de Empleo, que debe tramitar el parlamento autonómico. El Procurador del Común es una institución que depende de las Cortes, que cuentan con 94 funcionarios —aunque no se proporciona el número correspondiente a la institución propia—.

Estos 347 trabajadores eventuales incluyen a los contratados a dedo por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, diputaciones, el gobierno autonómico, el parlamento y las instituciones propias; pero hay municipios más pequeños que también cuentan con personal eventual propio. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Castrojeriz (763 habitantes, Burgos) tiene dos peones de obras públicas y un guía turístico que están contratados como personal eventual; el Ayuntamiento de Medina de Pomar (5.866 habitantes, Burgos) tiene un asesor para las funciones de protocolo, comunicaciones y agenda del alcalde, con una retribución anual de 25.112 euros. En Ávila, los municipios de Arenas de San Pedro (6.464 habitantes), Arévalo (7.768 empadronados) o Cebreros (3.256) también cuentan con personal eventual destinado al Gabinete o a Comunicación.

La principal función del personal eventual es la de asesoramiento en distintas áreas como los gobiernos y los grupos políticos, pero tienen distintas responsabilidades: algunos son expertos en Comunicación o Protocolo, y otros pertenecen al equipo personal del responsable político de turno: jefes de gabinete, secretarios y chóferes son algunas de las categorías que más se repiten. En general, muchos cargos no son muy definidos y en la publicación de sus nombramientos solo figura 'técnico asesor' o 'administrativo', lo que dificulta conocer cuáles son realmente las funciones de estos trabajadores, cuyos sueldos pueden incluso superar los 70.000 euros, como Juan Feliciano Martín, uno de los técnicos superiores del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Los sueldos de este personal eventual no están fijados legalmente, por lo que las retribuciones por el mismo cargo pueden variar en función de la Administración Pública de la que se trate. El jefe de gabinete del Procurador del Común cobra 27.778 euros y el de la Diputación de Soria percibe 33.864 euros anuales, mientras que el de la Diputación de Burgos percibe 62.000 euros.

Algunos han ido escalando dentro de esa Administración, otros se han movido —siguiendo al cargo público si este cambia de responsabilidad política— y otros incluso han pasado de ser personal de confianza a cargo público como concejales, o son concejales o diputados que pasan a ser personal eventual cuando no salen elegidos. Los casos más sonados son los de Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía entre 2011 y 2016, —aunque por fechas no está en esta base de datos—, Arenales Serrano (exdiputada y exsenadora, que fue personal eventual) y Carlos Paramio (exconcejal en el Ayuntamiento de Valladolid), entre otros.

Ahora mismo hay una concejala (la portavoz del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez) y un diputado provincial (Eloy Tomé es diputado provincial en Zamora) y también un diputado en Cortes (Óscar Ramajo Prada, asesor de Presidencia en la Diputación de Zamora, ahora es diputado en el Congreso) que han trabajado como personal eventual. El caso del exconcejal de Salamanca, Daniel Llanos, es un proceso llamativo. Dimitió en mayo de 2021 tras triplicar la tasa de alcoholemia cuando la Policía le paró y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le fichó como personal eventual en abril de 2022.

La Ley de Transparencia de Castilla y León obliga a las Administraciones a publicar los puestos de personal eventual con su grupo o categoría profesional y sus retribuciones anuales. Sin embargo, algunas entidades son más transparentes que otras: algunas no publican los nombres de los trabajadores en su portal o no se actualiza con suficiente rapidez; y otros son mucho más minuciosos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ponferrada publica en su portal de datos abiertos la relación de personal de confianza desde 2003 con las fechas de alta, baja, nombre y apellidos, cargo específico, nivel, complemento específico y retribución anual.

Sin embargo, no todos tienen una política de transparencia tan activa. De hecho, algunas administraciones e instituciones de varios signos políticos se han negado a facilitar esa información cuando ha sido solicitada: el Ayuntamiento de Burgos (PP-Vox), el Ayuntamiento de Palencia (PSOE), el Ayuntamiento de León (PSOE), y la Diputación de Zamora (PP). El Ayuntamiento de Segovia (PP) no ha dado fechas ni retribuciones exactas y el Ayuntamiento de Soria (PSOE) ha remitido al personal de confianza actual. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, ha enviado los enlaces de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), donde no se publican los cargos pero no el nombre de quién lo ocupa.

Además, las Cortes de Castilla y León ha alegado que es necesario reelaborar la información y ha rehusado facilitar los datos de los últimos tres años pese a que ha sido solicitado a través del portal de Transparencia y reiterada la petición a la Mesa de las Cortes.

Fe de errores: por un error en la información, se decía que Cristina Zamorano continuaba en la Junta de Castilla y León, pese a que fue cesada el 7 de enero de 2024

La portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, ha sortit aquest dilluns en defensa dels dos sous públics que cobra malgrat les limitacions de la Llei d'incompatibilitats, asseverant que mai ha rebut “cap informe en contra” ni com a funcionària del Govern balear ni com a consellera insular, malgrat que el problema no rau en el seu paper en cadascuna d'aquestes institucions, sinó en la possible vulneració de la Llei de Compatibilitats quant a la manera de conciliar les hores de jornada laboral en ambdós llocs -amb sospites d'“inactivitat” a l'Executiu autonòmic- i al límit màxim salarial permès en compaginar dos càrrecs públics. Riera, que en cap moment no ha sol·licitat la compatibilitat, cobra un total de 127.211 euros públics anuals de l'erari públic.

En declaracions als mitjans després de ser preguntada per si considera ètiques les seves circumstàncies laborals -de les quals aquest diumenge va informar elDiario.es-, Riera s'ha limitat a respondre que es troba en la mateixa situació que “altres portaveus” -en al·lusió vetllada al portaveu de Vox, Antoni Gili, que poc després que ella va incrementar el seu règim de dedicació parcial al Consell al 75%, encara que si escau per compatibilitzar-lo amb l'activitat privada, cosa que no implica cap tipus d'anomalia-. Lluny d'acreditar si cada dia va a treballar al seu lloc al Govern com a cap de servei -des del PSIB-PSOE al·leguen que la popular “està tot el dia al Consell”-, Riera ha manifestat que “hi ha portaveus del PSOE que estaven en aquesta situació durant la passada legislatura amb una dedicació parcial”.

Durant la passada legislatura, el portaveu socialista en el Consell era Andreu Alcover, qui va compaginar aquest lloc amb un altre càrrec públic, el de professor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que era el seu principal centre de treball. No obstant això, la diferència consisteix en el fet que Alcover sí que va sol·licitar la compatibilitat, en què aquesta li va ser concedida per la institució educativa, en què en cap moment va augmentar la seva dedicació parcial en el Consell al 75% i en què la UIB li permetia tenir un horari flexible, al contrari que en el cas de Riera, que en cap moment ha mostrat la seva fitxa horària malgrat les contínues peticions de l'oposició.

No en va, va ser la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, de la qual depèn el lloc que ocupa la popular en el Govern, la que va assenyalar en una resposta escrita a petició del Grup Parlamentari Socialista que, a aquest efecte del règim d'incompatibilitats, es considera “horari de treball en l'Administració autonòmica la franja situada entre les 8.00 i les 15.30 hores”, amb una jornada fixa de 9.00 a 14.00 hores cada dia i una certa flexibilitat horària entre les 7.30 i les 9.00 així com entre les 14.00 i les 16.30, sempre que dugui a terme la totalitat de les seves hores setmanals. Amb tot, Riera ha donat aquest dilluns carpetada a l'assumpte amb un “no tinc res més a afegir”.

Sobre el paper, Riera dedica un 100% de la jornada laboral a la seva tasca al Govern i un 75% al Consell, cosa que es traduiria en unes 14 hores diàries. Des del PP al·leguen l'absència de qualsevol tipus d'irregularitat en la combinació dels dos llocs que Riera ocupa actualment. En declaracions a elDiario.es, fonts del Grup Popular al Consell assenyalen que tant aquesta institució com l'Executiu balear van emetre al seu dia informes favorables al voltant de l'activitat de Riera a cadascuna de les institucions.

En aquest sentit, la Llei permet compatibilitzar dos càrrecs públics, però amb limitacions, que serien les que Riera estaria incomplint. En concret, l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques faculta els membres de les corporacions locals compaginar ambdues activitats, llevat que alguna d'elles estigui retribuïda en règim de dedicació exclusiva. No obstant això, la normativa precisa que en aquests supòsits de compatibilitat només es pot percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats, sense perjudici de les dietes, les indemnitzacions o les assistències que corresponguin per l'altre càrrec. No és el cas de Riera.

El mateix article afegeix -i aquí tornaria a emparar-se la consellera- una excepció a l'anterior. Sota el paraigua de l'article 75 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), la normativa faculta aquests membres en situació de dedicació parcial a percebre retribucions per ambdós càrrecs sempre que una de les dues activitats l'exerceixin fora de la jornada de treball de l'altra i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter general es puguin establir si escau.

En el cas de Riera, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, de la qual depèn el lloc que ocupa al Govern, va assenyalar en una resposta escrita a petició del Grup Parlamentari Socialista que, a l'efecte del règim d'incompatibilitats, considera “horari de treball a l'Administració autonòmica la franja situada entre les 8.00 i les 15.30 hores”, amb una jornada fixa de 9.00 a 14.00 hores cada dia i certa flexibilitat horària entre les 7.30 i les 9.00 així com entre les 14.00 i les 16.30, sempre que dugui a terme la totalitat de les hores setmanals.

Des del PSIB-PSOE al·leguen, en declaracions a elDiario.es, que Riera “està tot el dia al Consell”, matins inclosos -que és quan presumiblement hauria d'exercir les seves funcions al Govern-, com així ho demostren les nombroses rodes de premsa matutines que duu a terme a l'Administració insular, així com les seves intervencions en mitjans de comunicació com a portaveu insular del PP. “Ella, com a empleada pública, estaria obligada a, almenys estar, de 9.00 a 14.00 hores -acotant al màxim els horaris a l'Executiu autonòmic- al seu lloc de treball. És una cosa flagrant”, asseveren els socialistes.

Per això, l'oposició defensa que el problema no rau en els càrrecs de la política popular per separat, sinó “en conjunt”. Tot i que centren les seves crítiques principalment en qüestions ètiques, es mostren “convençuts que també està cometent una il·legalitat”.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha salido este lunes en defensa de los dos sueldos públicos que cobra pese a las limitaciones de la Ley de Incompatibilidades, aseverando que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear ni como consellera insular, a pesar de que el problema no radica en su papel en cada una de estas instituciones, sino en la posible vulneración de la Ley de Compatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos -con sospechas de “inactividad” en el Ejecutivo autonómico- y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos. Riera, quien en ningún momento ha solicitado la compatibilidad, cobra un total de 127.211 euros públicos anuales del erario público.

En declaraciones a los medios tras ser preguntada por si considera éticas sus circunstancias laborales -de las que este domingo informó elDiario.es-, Riera se ha limitado a responder que se encuentra en la misma situación que “otros portavoces” -en alusión velada al portavoz de Vox, Antoni Gili, quien poco después que ella incrementó su régimen de dedicación parcial en el Consell al 75%, aunque en su caso para compatibilizarlo con la actividad privada, lo que no implica ningún tipo de anomalía-. Lejos de acreditar si va cada día a trabajar a su puesto en el Govern como jefa de servicio -desde el PSIB-PSOE alegan que la popular “está todo el día en el Consell”-, Riera ha manifestado que “hay portavoces del PSOE que estaban en esta situación durante la pasada legislatura con una dedicación parcial”.

Durante la pasada legislatura, el portavoz socialista en el Consell era Andreu Alcover, quien compaginó este puesto con otro cargo público, el de gerente en el departamento Economía y Proyectos Institucionales de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que era su principal centro de trabajo. Sin embargo, la diferencia estriba en que Alcover sí solicitó la compatibilidad, en que ésta le fue concedida por la institución educativa, en que en ningún momento aumentó su dedicación parcial en el Consell al 75% y en que la UIB le permitía tener un horario flexible, al contrario que en el caso de Riera, que en ningún momento ha mostrado su ficha horaria pese a las continuas peticiones de la oposición.

No en vano, fue la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, de la que depende el puesto que ocupa la popular en el Govern, la que señaló en una respuesta escrita a petición del Grupo Parlamentario Socialista que, al efecto del régimen de incompatibilidades, se considera “horario de trabajo en la Administración autonómica la franja situada entre las 8.00 y las 15.30 horas”, con una jornada fija de 9.00 a 14.00 horas cada día y cierta flexibilidad horaria entre las 7:30 y las 9.00 así como entre las 14.00 y las 16.30, siempre y cuando lleve a cabo la totalidad de sus horas semanales. Con todo, Riera ha dado este lunes carpetazo al asunto con un “no tengo nada más que añadir”.

Sobre el papel, Riera dedica un 100% de la jornada laboral a su labor en el Govern y un 75% en el Consell, lo que se traduciría en unas 14 horas diarias. Desde el PP alegan la ausencia de cualquier tipo de irregularidad en la combinación de los dos puestos que Riera ocupa en la actualidad. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Grupo Popular en el Consell señalan que tanto esta institución como el Ejecutivo balear emitieron en su día informes favorables en torno a la actividad de Riera en cada una de las instituciones.

En este sentido, la Ley permite compatibilizar dos cargos públicos, pero con limitaciones, que serían las que Riera estaría incumpliendo. En concreto, el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas faculta a los miembros de las Corporaciones locales compaginar ambas actividades, salvo que alguna de ellas se encuentre retribuida en régimen de dedicación exclusiva. Sin embargo, la normativa precisa que en tales supuestos de compatibilidad únicamente podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por el otro cargo. No es el caso de Riera.

El mismo artículo añade -y aquí volvería a ampararse la consellera- una excepción a lo anterior. Bajo el paraguas del artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la normativa faculta a tales miembros en situación de dedicación parcial a percibir retribuciones por ambos cargos siempre que una de las dos actividades la desempeñen fuera de la jornada de trabajo de la otra y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general pudieran establecerse en su caso.

En el caso de Riera, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, de la que depende el puesto que ocupa en el Govern, señaló en una respuesta escrita a petición del Grupo Parlamentario Socialista que, al efecto del régimen de incompatibilidades, se considera “horario de trabajo en la Administración autonómica la franja situada entre las 8.00 y las 15.30 horas”, con una jornada fija de 9.00 a 14.00 horas cada día y cierta flexibilidad horaria entre las 7:30 y las 9.00 así como entre las 14.00 y las 16.30, siempre y cuando lleve a cabo la totalidad de sus horas semanales.

Desde el PSIB-PSOE alegan, en declaraciones a elDiario.es, que Riera “está todo el día en el Consell”, mañanas incluidas -que es cuando presumiblemente debería ejercer sus funciones en el Govern-, como así lo demuestran las numerosas ruedas de prensa matutinas que lleva a cabo en la Administración insular, así como sus intervenciones en medios de comunicación como portavoz insular del PP. “Ella, como empleada pública, estaría obligada a, al menos estar, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo. Es algo flagrante”, aseveran los socialistas.

Por ello, la oposición defiende que el problema no radica en los cargos de la política popular por separado, sino “en conjunto”. Pese a que centran sus críticas principalmente en cuestiones éticas, se muestran “convencidos de que también está cometiendo una ilegalidad”.

Castilla-La Mancha reforzará el control sobre sus altos cargos con la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, cuyo proyecto ya se ha aprobado en Consejo de Gobierno. Ahora, iniciará su tramitación parlamentaria en las Cortes regionales.

Una Ley con la que, tal y como ha explicado el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, “Castilla-La Mancha sigue a la vanguardia en materia legislativa en transparencia”. “Es una ley que, junto con las de Transparencia y Participación, cierra esa estructura jurídica en materia de integridad pública de la Comunidad Autónoma y de una correcta gestión de los asuntos públicos en Castilla-La Mancha”, ha afirmado Martínez Guijarro.

La nueva norma, según el vicepresidente primero, incluye una definición más clara de lo que se entiende por alto cargo, en los que están incluidos los miembros del Consejo de Gobierno; los órganos directivos de asistencia y apoyo; también todas las personas que, o bien son presidentes o directores generales de cualquier ente público que forma parte del sector regional; y todas aquellas personas que tengan un contrato de alta dirección o que sean personal directivo.

Declaración responsable y abstención en caso de conflicto de intereses

En el texto se establece nuevas obligaciones a los altos cargos, como la obligación de presentar, en el momento de la toma de posesión, una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública. Esta declaración se unirá a las de actividades, bienes y rentas que se vienen ya realizando.

Además, ha explicado que la futura norma incluye, además, la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, de tal manera que pueda comprobarse que no se haya producido “ningún incremento de patrimonio que no sea explicable por los ingresos que durante ese tiempo haya tenido como miembro del Gobierno”, o lo que es lo mismo, se comprobará que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que haya ejercido ese cargo público.

Relaciones laborales

Otra novedad que incluye la norma es la relativa al conflicto de intereses. En concreto, los altos cargos tendrán que abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, ya sea por estar involucrados en las mismas familiares u otras personas que puedan condicionar la toma de decisión. Además, esta abstención se comunicará a la Oficina de Integridad para que conste en el registro de actividades del cargo en cuestión.

Por otro lado, durante los dos años siguientes tras su cese, los altos cargos tendrán que comunicar las empresas con las que vayan a establecer relación laboral para que la Oficina de Integridad pueda comprobar que esa actividad privada es compatible con el ejercicio del cargo público anterior.

Oficina de Integridad: control y vigilancia

La Oficina de Integridad es un órgano de prevención, impulso, control de la integridad y de vigilancia. Entre las funciones de la Oficina de Integridad, que pasa a formar parte de la Oficina de Participación, se incluye la tramitación de los procedimientos de inscripción, modificación, suspensión y cancelación del Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha, como la recepción, custodia y publicidad de las declaraciones de adhesión al Código Ético de los altos cargos y asimilados de la Administración de la Junta de Comunidades, además de la supervisión y seguimiento de la publicación de las agendas de trabajo de aquellos.

El articulado del Proyecto de Ley incluye la habilitación del Canal Externo de Información, “el más importante para que cualquier ciudadano pueda dirigirse para denunciar posibles irregularidades”, para el que, en el caso de esta Comunidad Autónoma, se ha designado al Consejo de Transparencia, un organismo autónomo que gestionará esas informaciones que lleguen de la ciudadanía. La ley regula igualmente el régimen sancionador, que va desde una amonestación hasta el cese en el cargo público.

Las direcciones de la empresa pública Sodercan, la fundación pública del Instituto de Hidráulica y la Gerencia del Hospital Valdecilla aún siguen sin cubrir, pero la mayor parte del organigrama de altos cargos del Gobierno de Cantabria, que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), ya está completado.

Una de las lecturas que se pueden extraer de los datos oficiales que el propio Ejecutivo hace públicas en su web de transparencia es que el compromiso electoral del Partido Popular sobre la reducción de directivos ha quedado en mera promesa. Actualmente hay más que cuando se arremetía contra el anterior Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla (PRC) y Pablo Zuloaga (PSOE) durante la pasada legislatura.

De este modo, si en la anterior legislatura el bipartito tenía en su nómina a 139 altos cargos, en la actual legislatura, mediado el primer año de gestión, ya hay 142.

El organigrama de altos cargos se divide en dos grupos: el perteneciente a Presidencia y las nueve consejerías; y los derivados de fundaciones, entes autónomos, servicios, empresas públicas y otras variantes dependientes de aquellas.

El actual Gobierno, y sin contar a su presidenta, dispone de 10 jefes de gabinete, 1 asesor de comunicación, dos coordinadores, un interventor, nueve secretarios generales, 38 directores generales y 29 subdirectores generales. El resto de cargos, 58, se reparten por empresas y entes regionales.

Antes de mayo de 2023, fecha de los últimos comicios, Miguel Ángel Revilla tenía a su cargo 10 directores de gabinete, un asesor de comunicación, un coordinador, nueve secretarios generales, 39 directores generales, 30 subdirectores y 52 altos cargos repartidos por sus empresas y entes. Al final hay dos directores generales más y un subdirector general menos.

Esta pasada semana, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó el último de los nombramientos para cubrir una de las vacantes disponibles, la del subdirector general de Control Ambiental. Sin embargo, hay puestos importantes todavía sin titular:

También hay puestos de alta dirección sin titular en los entes ocupados por empleados públicos, caso de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) y el Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria, por poner dos ejemplos.

Sin embargo, el anterior Gobierno también tenía vacantes sin cubrir: la del consejero delegado de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), el director y gerente de la Fundación Investigación y Transferencia y el responsable de la de la Fundación Cantabria Coopera. En estas dos últimas la situación se mantiene.

“Creemos que la gestión se puede hacer con menos gente, con menos dinero y con menos esfuerzo por parte del contribuyente”, declaraba hace dos años el diputado autonómico y entonces portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, quien pedía reducir, por ejemplo, de siete a cinco las direcciones generales de la Conserjería de Cultura.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado un decreto este miércoles por el que se dispone el cese de Cristina López Zamora como delegada provincial de la Consejería en la provincia de Ciudad Real.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), este cese oficial se produce tras la deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de este pasado martes, día 12 de diciembre.

De igual modo, en este decreto el Gobierno regional agradece a López Zamora, que ocupará el escaño dejado por Isabel Rodríguez como diputada en el Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, los servicios prestados a la Administración regional.

El Govern del PP en Balears recuperará el plus de residencia para quienes se desplacen desde la península para ocupar un alto cargo en el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens, tal como ha informado el diario Última Hora y ha confirmado elDiario.es. Se trata de una partida que los conservadores implantaron años atrás con un coste de 22.000 euros anuales -ahora será de 18.000- y que suprimió en 2020 el anterior equipo de gobierno, presidido por la socialista Francina Armengol. La expresidenta sí decidió mantener este complemento para los diputados que se trasladasen a Mallorca desde el resto de las islas del archipiélago.

La partida se encuentra contemplada en el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2024, que prevén, además, un incremento del 5% del sueldo de los miembros del Govern. La subida podría ser incluso mayor, del 7,5%, si el Estado autoriza un aumento previsto del 2,5% para los funcionarios. Se trata de unas medidas que contrastan con el compromiso adoptado por el actual Govern al inicio de legislatura, cuando anunció la supresión de varias Consellerias con miras a “reducir la superestructura del gobierno anterior y racionalizar la Administración”.

En rueda de prensa, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, defendió la semana pasada la subida salarial argumentando que los sueldos de todos los altos del Ejecutivo se encuentran, de media, unos 15.000 euros brutos anuales por debajo del resto de Comunidades Autónomas. Asimismo, alegó que “convenía” subir los sueldos de los altos cargos dado que “les ha costado bastante” encontrar a personas dispuestas a asumir la responsabilidad que implica la asunción de los mismos.

Respecto al complemento de 18.000 euros, éste se traducirá en el abono de 6.000 euros fijos para suministros básicos como los suministros a la vivienda, la manutención en caso de utilizar servicios de hostelería y los propios del alojamiento, así como de 12.000 euros variables en concepto de gastos justificados por el coste del arrendamiento u otras figuras análogas inherentes a la necesidad de alojamiento en Balears.

Durante la pasada legislatura, el Govern de izquierdas integrado por PSIB, Podem y Més per Mallorca suprimió el plus de residencia que años atrás había implantado el PP, hasta entonces fijado en 22.000 euros, para los altos cargos que se desplazaran a Balears. No obstante, decidió mantener esta partida para quienes se trasladaran a Mallorca desde Menorca, Eivissa y Formentera. En 2021, el Ejecutivo aprobó reducir este complemento en 4.000 euros.

La recuperación del plus para los altos cargos de la península que fijen su residencia en el archipiélago es una de las medidas incorporadas a las cuentas autonómicas de 2024, que se encuentran bajo tramitación en el Parlament balear después de que, la semana pasada, Vox levantase su 'veto' a la aprobación del techo de gasto no financiero de las islas, paso previo -y necesario- a la aprobación del próximo año. Un respaldo que los ultraderechistas brindaron a sus socios de investidura después de que estos, a su vez, se plegaran a las pretensiones de los de Santiago Abascal de desmantelar la educación pública en catalán en el archipiélago balear.

La aprobación del techo de gasto, cifrado en 6.365,5 millones de euros, desencalló así la crisis abierta entre ambos partidos desde el pasado 17 de octubre, cuando, en uno de los plenos más tensos de los últimos años, los diputados de extrema derecha con representación en el Parlament balear retirasen su apoyo a las cuentas del Ejecutivo del PP. Una 'vendetta' inesperada con la que Vox castigó a los populares, que apenas unas horas antes, en la misma sesión, 'boicoteaban' una Proposición No de Ley (PNL) con la que sus socios pretendían -y finalmente han conseguido- eliminar el catalán como lengua vehicular en la escuela en lo que la derecha califica de 'libre elección de lengua'.