La última vez que vieron a Ibrahima Diouf fue el 5 de enero de 2021. Su caso pronto se empezó a parecer demasiado al de Tidiany Coulibaly, al que se le perdió la pista el 16 de diciembre de 2013. Ambos eran migrantes, jóvenes y trabajaban en la campaña de la aceituna como temporeros en Villacarrillo, un municipio de Jaén de 10.000 habitantes. En común tenían también, para su desgracia, estar al servicio del mismo patrón: el empresario Ginés Vicente López, principal sospechoso en la investigación judicial de ambos casos. Ambos desaparecieron cuando le comunicaron su intención de abandonar el trabajo ante las condiciones de explotación que sufrían.

Ahora, el documental Jornaleros. El mal patrón, dirigido por Sergio Rodrígo y Lucía Muñoz, recuerda lo sucedido con el testimonio de los familiares y compañeros de los desaparecidos, cuyas voces retumban en la cinta clamando por una justicia que todavía no ha llegado. “Han pasado casi 13 años y todavía no se ha hecho justicia. Yo no sé nada de mi hermano”, dice Nama Coulibaly, el hermano de Tidiany Coulibaly, en conversación con elDiario.es.

Sergio Rodrigo, periodista y codirector de la película, asegura que el documental parte de una investigación realizada por su productora, Entrefronteras, sobre la explotación laboral en los campos de Andalucía y el sur de Portugal. “Vimos que era una buena oportunidad para contar la historia de Tidiany e Ibrahima, que desaparecieron en las mismas y extrañas circunstancias y en una situación vinculada a la explotación laboral severa”, relata al teléfono.

Tidiany, maliense, solo contaba con 23 años en el momento en que nunca se supo más de su paradero en diciembre de 2013. Tanto él como otros migrantes de la cuadrilla habían recriminado al patrón su bajo jornal, de solo 20 euros, cuando el convenio del campo estipulaba una cantidad que superaba los 50 euros. Tres años más tarde, la Audiencia de Jaén condenó a Vicente López a dos años y medio de cárce porl delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración de Justicia. El empresario también se sentó en el banquillo somo principal acusado de la desaparición forzada del joven, pero el juez lo absolvió porque sostuvo que, aunque existían indicios de que Ginés había hecho desaparecer a Tidiany, estos no eran suficientes para condenarlo.

Más de siete años después, Ibrahima tenía 32 años en el momento de su desaparición. La víspera del día de Reyes de 2021 llevaba consigo una maleta roja mientras se aproximaba a la casa de su patrón, Vicente López, para quien trabajaba en la recogida de la aceituna. Se quería ir de allí. La idea era reclamarle el dinero que le debía para poder marcharse a Huelva y empezar a trabajar en la campaña de los frutos rojos. Es lo último que se supo de él. Nadie le vio nunca más.

Tras una larga investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez decretó prisión provisional para Ginés Vicente por un presunto delito de homicidio en marzo del año pasado. Sin embargo, dos meses después, la Audiencia Provincial le dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros y la imposición de medidas cautelares. El proceso aún se encuentra en fase de instrucción. “Le acusan de homicidio y tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras pagar una fianza de una cantidad irrisoria”, denuncia el documentalista.

Desde su desaparición, la Guardia Civil ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazó hasta Villacarrillo una treintena de agentes. Rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

“Pudo haberme pasado a mí”

La familia de ambos desaparecidos siguen esperando justicia. Nama Coulibaly, hermano de Tidiany, tiene 33 años y se encuentra en Jaén. “Esto pasa por una cosa muy sencilla: hay gente que parece racista por naturaleza que está en contra de que tengamos derechos, cuando solo venimos para trabajar”.

Tidiany era el cabecilla de la cuadrilla. “Le reclamó que nos pagara lo que marca la ley. Era la tercera campaña en la que trabajaba con él. Mi hermano incluso le traía a otros migrantes. Yo nunca he visto un español trabajando junto a nosotros”, denuncia el hombre. En su memoria todavía queda aquel 16 de diciembre de 2013. Según recuerda, aquella jornada acompañó a su primo a la estación de autobuses. Al volver, no estaba Tidiany en casa. “Si no, yo también podría haber terminado como mi hermano”, precisa.

“Son cosas que hay que ver y vivir desde nuestros ojos. No somos ni animales ni esclavos. No venimos a robar. El trabajo que hacemos es el que no quiere hacer nadie”, cuestiona Coulibaly, cuyas palabras se contraponen con la imagen de la inmigración trasladada por la extrema derecha en España. “Yo trabajo todos los años, y es un trabajo duro, pero no he venido a mendigar. Tampoco tengo dónde vivir. Lo hago en la casa que nos dejan, entre campo y campo”, comenta.

En 2009 Nama Coulibaly llegó a las costas canarias, un año después de que lo hiciera su hermano Tidiany, cuando a él todavía le quedaban tres años para alcanzar la mayoría de edad. Lleva trabajando en el campo desde que salió del centro de menores. El senegalés aprovecha el estreno del documental para insistir en la necesidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido: quiere saber dónde está su hermano, qué pasó con él. “El patrón sigue viviendo su vida como si no hubiera hecho nada, pero Tidiany tiene familia, tiene una madre rota por lo sucedido”, lamenta.

Largo proceso de instrucción

Rodrigo se refiere al proceso judicial que investiga la desaparición de Ibrahima como lento y tedioso, incluso “vergonzante”, ya que desapareció hace cinco años y todavía ni siquiera ha terminado la fase de instrucción del juicio. “Eso denota que la justicia, en muchos casos, tiene prioridades”, apunta este responsable de EntreFronteras, la productora del documental radicada en Andalucía y especializada en migraciones. La búsqueda de Ibrahima por parte de agentes de la Guardia Civil ha sido constante en este tiempo. Por tierra, mar y aire, el Instituto Armado ha intentado sin resultado positivo encontrar el cuerpo del senegalés.

La primera condena que recibió Vicente López en 2016 no le impidió seguir contratando migrantes en condiciones abusivas. El año pasado, una investigación financiada por Journalism Fund Europe rastreó una treintena de agricultores acusados de vulnerar derechos laborales de toda la Unión Europea. Entre ellos estaba Ginés Vicente López. Según publicó El Salto, el empresario recibió entre 2014 y 2022 unos 118.500 euros en subvenciones públicas, incluidos los 17.000 euros que percibió incluso un año después de la desaparición de Ibrahima.

El círculo vicioso de la pobreza

El director de la cinta critica que en el campo español, y en particular en Andalucía, cientos de trabajadores sufren abusos laborales, pero su situación de vulneravilidad hace impide su acceso a herramientas para reivindicar sus derechos más allá que su propia voz y la unión entre iguales. “Esto hace que los patrones se crean prácticamente en el derecho de convertir en su esclavo a las personas que trabajan para ellos”, añade Rodrigo.

Asimismo, enfatiza que la explotación en la agricultura está vinculada a una migración concreta, que también es la más vulnerable, procedente de países subsaharianos, a la que la política migratoria suele ponérselo más complicado, empujándo a los migrnates a vivir en situación irregular durante años. “Eso al final le condena a seguir siendo pobre y vulnerable”, critica.

Rodrigo tilda de “lamentable” que trabajadores que recolectan los productos de los que España siempre hace gala, como su aceite y fruta, tengan que desempeñar sus labores en estas condiciones. “La gente consume de forma diaria el aceite de oliva sin saber que son personas como Tidiany e Ibrahima las que están atrapadas en los campos cultivando, recolectando y podando los olivos”, añade.

Desde el punto de vista del periodista, hacer justicia en el caso de Ibrahima y Tidiany es una forma de dignificar los derechos de muchas personas que malviven en el campo andaluz, y concretamente en Jaén durante la recolecta de la aceituna. “Es vergonzanyte verlos años tras año. Hay personas que recolectan durante 10 horas de trabajo, terminan la jornada y se van a un cajero o debajo de un puente a dormir”.

El documental profundiza en la dilatación del proceso judicial. “El no tener una red de apoyo como ocurre en otros casos de homicidio como el que se investiga lanza el mensaje a la familia de que no se puede quejar, ya que no tienen la posibilidad de venir desde sus países de origen y pedir la celeridad en el proceso”, critica Rodrigo. Coulibaly, el hermano de Tidiany, concluye: “Que investiguen y que busquen. Las cosas no se pueden quedar así”.

La Fiscalía ha solicitado penas de hasta tres años de prisión para el responsable de una empresa agrícola por la muerte del jornalero nicaragüense Eleazar Blándón, ocurrida en Lorca (Región de Murcia), tras sufrir un golpe de calor en el verano de 2020 mientras realizaba su jornada laboral bajo temperaturas que superaban los 40 grados, según ha informado el diario local La Opinión.

Según la investigación, el trabajador, de 42 años no contaba con contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social, lo que ya suponía una vulneración de sus derechos laborales. El jefe de Blandón comparecerá ante el tribunal —aunque todavía no se ha fijado una fecha para la vista— acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia, así como de otro relacionado con la vulneración de los derechos de los trabajadores.

Durante la jornada, el trabajador comenzó a encontrarse mal, mostrando síntomas de agotamiento, mareos y dificultades para respirar. A pesar de su estado, continuó trabajando y no recibió la atención adecuada. Las investigaciones apuntan a que tampoco se adoptaron medidas básicas de prevención frente al calor, como descansos suficientes, acceso a sombra o hidratación adecuada. 

Finalmente, cuando su estado empeoró gravemente, fue trasladado en una furgoneta hasta un centro de salud de Lorca, donde fue abandonado en la entrada ya inconsciente. Los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida, confirmándose posteriormente que la causa de la muerte fue un golpe de calor severo. 

A raíz de estos hechos, la Fiscalía considera que existió una posible responsabilidad penal por parte del responsable de la empresa. Por ello, solicita penas de prisión para el jefe directo del trabajador. La acusación sostiene que las condiciones laborales no se adaptaron a las altas temperaturas y que se incumplieron normas básicas de seguridad, lo que habría contribuido directamente al fallecimiento. 

Este suceso puso el foco en la situación de vulnerabilidad de muchos trabajadores temporeros, especialmente migrantes, que, en ocasiones, trabajan sin contrato y en condiciones precarias. También ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles laborales en el campo y mejorar la prevención de riesgos ante episodios de calor extremo.

Los Comuns y la CUP han reclamado más inspecciones laborales y atención sanitaria en el campo para proteger a los trabajadores tras la muerte del temporero en Alcarràs, en la comarca leridana del Segrià, este lunes en plena ola de calor.

En una entrevista en la Agència Catalana de Notícies (ACN), la coordinadora de los Comuns, Candela López, ha denunciado la “brutal” mortalidad causada por las olas de calor y ha reclamado al Govern “políticas y medidas estructurales” para hacerle frente.

La mortalidad laboral asociada a los picos de calor, ha expresado López, “requiere una respuesta” por parte de todas las instituciones. “Se necesitan políticas públicas activas para garantizar que los trabajadores conozcan sus derechos laborales y para evitar que vayan a trabajar en días en los que ponen en riesgo su vida”, ha argumentado.

La dirigente de los Comuns ha asegurado que no solo el Govern debe desarrollar estas políticas, sino que los ayuntamientos también deben actuar. Por eso, ha subrayado la necesidad de que haya una red consolidada de refugios climáticos en los municipios catalanes que garantice el acceso a sombras durante los episodios de altas temperaturas.

“Cuando hablamos de olas de calor, vemos que hay un tema de clase. Quien tiene recursos y puede permitirse quedarse en casa con aire acondicionado son unas clases determinadas, y quienes lo pasa peor son las clases vulnerables, que vive en pisos pequeños y no climatizados”, ha aseverado López.

Además, la diputada la CUP Pilar Castillejo ha propuesto que los Centros de Atención Primaria (CAP) alarguen sus horarios cuando hay olas de calor en época de cosecha para poder atender a los trabajadores y crear unidades que se desprenden.

“Lo que vemos es un sistema y una administración que no está adaptada ante las olas de calor en el campo”, ha lamentado Castilejo. La parlamentaria también ha reclamado crear un sistema “de denuncia rápida” para que los temporeros puedan alertar cuando no se cumplen las medidas laborales de protección.

“Es una persona que ha muerto abandonada”, ha denunciado Castillejo, que ha asegurado que el trabajador fallecido estaba contratado por una empresa de trabajo temporal y tenía las “condiciones de trabajo lamentables”, como otros temporeros.

“La Generalitat permite esta agroindustria que lo único que busca es producir para exportar, no porque podamos alimentarnos como país, y en ningún momento cuida de los trabajadores ni del medio ambiente”, ha afirmado la diputada de la CUP. “Es necesario que la Generalitat haga un cambio en este modelo productivo”, ha agregado.

A juicio de la parlamentaria, es necesario aplicar medidas obligatorias (y no solo recomendaciones) para adaptar el trabajo a las altas temperaturas, como realizar jornadas intensivas entre primera hora de la mañana y mediodía, con pausas para descansar y refrescarse, y procurar que los trabajadores tengan agua a su disposición.

La jueza de la localidad murciana de Lorca, Emilia Ros, ha decidido procesar por homicidio al empresario agrícola que en agosto de 2020 abandonó en la puerta de un centro médico al jornalero nicaragüense Elezar Blandón, de 42 años. Eleazar, que presentaba un cuadro de golpe de calor tras trabajar durante horas a pleno solo y sin agua en una plantación de sandías, fue abandonado a las puertas del servicio de urgencias del centro de salud Lorca-Sutullena el sábado 1 de agosto de 2020.

Ahora, cinco años después de los hechos, la jueza ha concluido la instrucción y considera que hay “indicios suficientes” para procesar al empresario agrícola por varios delitos: homicidio imprudente, contra el patrimonio, el orden socioeconómico y los derechos de los trabajadores. Según la resolución judicial adelantada por El País, “la jornada de trabajo de Eleazar se prolongaba desde las 7.00 horas hasta las 15.00 horas y solo disponía de un descanso a las 10.00 horas. La jornada de trabajo no se adecuaba a las condiciones climáticas”.

De acuerdo con el Servicio de Coordinación de Emergencias del 112 sobre las 15:30 el hombre fue arrojado de una furgoneta con el uniforme de trabajo puesto. Una unidad móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias prestó asistencia al trabajador pero no pudieron hacer nada por su vida. Las temperaturas registradas en Lorca aquel sábado sobrepasaron los 40 grados.

La Guardia Civil detuvo al día siguiente al patrón de Eleazar, aunque entonces se desconocía quién había abandonado al jornalero en la puerta de urgencias.

El sindicato Comisiones Obreras denunció entonces la falta de medios y de inspecciones a las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. El sindicato lamentó que las empresas incumplan la jornada intensiva, que no provean de agua fresca a su personal y que, a menudo, se nieguen a habilitar comedores para proteger a sus empleados de las inclemencias climáticas.

El cielo amenaza con venirse abajo removiendo el aire, salado, más fresco de lo habitual sobre el laberinto de caminos de tierra marrón, inconsistente y rebosante de nutrientes del Campo de Cartagena. Esto, en pleno julio, es un respiro que por desgracia, ellos lo saben, no durará mucho, pero es un alivio recoger melón bajo este manto de nubes aunque sea solo por un día. Un grupo de trabajadores faena al rebufo del rastrillo de un tractor que remolca un gran contenedor en el que van volcando los melones que sacan de la tierra. “Estos son bereberes. Del norte de África. No son árabes. Eran agricultores en Marruecos. Alguno que otro ya es jefe de cuadrilla. Aquí trabajan desde las seis de la mañana hasta la una y media o las dos, a pleno sol, con 35 grados. Este es un trabajo duro, duro de verdad”, cuenta Daniel, un agricultor veterano de la zona que maneja el tractor.

El Campo de Cartagena debía ser una tierra baldía y de secano que, milagros de la hidráulica, ha terminado siendo una de las tierras de cultivo más productivas de todo el mundo. Para que puedan hacerse una idea, en el año 2019, la Región exportó más de 2,5 millones de toneladas de productos agrícolas: melón, lechuga, brócoli, acelga, berenjena o alcachofa. Las tierras orientales de Carrascoy llenan las despensas de medio mundo. “Yo lo he vivido todo, cuando esto era secano puro. Había cuatro pozos nada más. La zona regable era una décima parte de lo que hay ahora. Esto empezó a cambiar con el trasvase, y con él vino la mecanización… y sobre todo, la inmigración. Sin inmigrantes esto no es viable. No es que no sea rentable, es que no es posible”, continúa.

La presencia masiva de trabajadores inmigrantes está justificada con la necesidad casi ilimitada de mano de obra de un campo que nunca jamás deja de cultivarse: “Aquí el 80% de la mano de obra son inmigrantes. Y si me apuras, en algunos tajos, el 100%. Si mañana los marroquíes, los latinos y los rumanos se van, aquí no se recoge ni un melón”. El sociólogo Andrés Pedreño explica a elDiario.es Región de Murcia que la mayor parte de los marroquíes que hoy pueblan Torre Pacheco provienen de la provincia de Uchda, en el oriente del país, una región históricamente minera que ya trasvasó en los años sesenta a muchos trabajadores a la Sierra Minera de Cartagena y que, al ver la metamorfosis del campo, cambiaron de sector. “Cuando se produce la gran transformación al regadío en los ochenta, se presenta un problema de escasez de mano de obra. El país se estaba modernizando y las bolsas de jornaleros del sur se iban a otros sectores de la economía que estaban en alza, como la construcción, la hostelería o el turismo. En el 86 entramos en la Comunidad Económica Europea (CEE) y en el 91 el mercado único europeo, y ahí es cuando Murcia especializa su territorio en lo que luego se llamó la 'huerta de Europa'”.

Daniel no quiere aparecer en cámara ni que se muestre su nombre, porque “luego vienen los sindicatos, las cámaras, la tele. Y ya te montan el circo de la esclavitud y no sé qué. Hace 30 años, vale. Pero ahora, sin papeles no trabaja nadie. Y por menos de ocho euros la hora no te viene ni Dios”. Brahim, trabajador marroquí de veinte años, lo confirma: “El trabajo es duro, a veces para morirse, pero está bien pagado. Yo llevo dos años trabajando en el melón y en la lechuga y merece la pena”. Pese a que los sigue habiendo, los casos de explotación laboral en el campo se han ido reduciendo paulatinamente con los años, en parte gracias a la presencia constante de inspectores de trabajo.

A pesar de su veteranía trabajando la huerta, Daniel lamenta que no se vaya a dar un relevo generacional: “Mi hijo, por ejemplo, es bioquímico. Tiene un máster en Enología en la Politécnica de Madrid. No quiere saber nada del campo. Los españoles no quieren trabajar aquí. ¿Por qué? Porque es más cómodo tener un sueldo, aunque sea pequeño, que ser empresario. No te imaginas la cantidad de papeles que se requieren para llevar esto medio en condiciones. Esto no es solo sudar: es papeleo, es responsabilidad, es desgaste. Y de mano de obra, mucho menos. Hay poca, y a veces problemática”.

De casa al trabajo, y del trabajo a casa

Entre la población marroquí, muchos de ellos naturalizados o nacionalizados españoles, sí que se está adquiriendo esa transmisión del oficio de padres a hijos. Según Daniel, “hay alguno que ya se mete a emprendedor. Les gusta la mecánica, montan talleres, venta ambulante, incluso alquilan fincas. Tienen iniciativa. Más que muchos de los nuestros, que se van a otros oficios y se olvidan del campo”.

A las dos de la tarde, cuando el calor rompe los relojes y el horizonte vibra por la temperatura, Omar pedalea de vuelta a casa. Son veinte minutos en bicicleta bajo la solanera. Veinte minutos de polvo, sudor y silencio, desde la finca hasta el piso donde vive con su familia. Lleva veinte años trabajando en el campo. Lo ha hecho todo: ha recogido melones, limones, ha trabajado en almacenes, sabe lo que es cargar cajas en agosto y arrancar lechuga con escarcha en diciembre. Omar habla con una sinceridad que corta: “Esto, si no fuera por nosotros, no tira. Nosotros hacemos el trabajo; ellos ganan, y nosotros cobramos. Y seguimos”. Se refiere a los patrones, a los almacenes, al engranaje entero. “En los melones, en los limones, solo trabajamos marroquíes. Españoles, ninguno. Solo como jefes o tractoristas”.

La semana pasada, cuando se desataron las cacerías racistas en Torre Pacheco, se encerró en casa con su mujer y sus hijos. “No salí para nada. Solo del trabajo a casa y de casa al trabajo. En bici, claro”. No pisó la plaza ni la tienda ni la calle, no asomó su rostro, reconocible para la turba solo por el color de su piel, por el umbral de la puerta. Solo al tajo y al hogar. “Los que montaron el lío no eran de aquí. Vinieron de fuera a buscar pelea. Pero nosotros seguimos con lo nuestro”.

Pese al relato que trata de imponerse, la población migrante de Torre Pacheco hace lo posible por convivir, trabajar y, sobre todo, prosperar. Ya hay familias con tres o cuatro generaciones que comienzan a medrar en la sociedad aupados por las espaldas dobladas de sus padres y abuelos. Mohammed es supervisor de finca. Llegó en 1990, cuando tenía veinte años, en una época en la que apenas había marroquíes y los pocos que había se repartían entre la industria y el campo. Empezó abajo del todo, haciendo lo que nadie quería, y ahora dirige cuadrillas, coordina cultivos y organiza la recogida.

Una cadena de mando bien jerarquizada

“No hay españoles haciendo nuestro trabajo”, dice. “Camioneros, tractoristas, jefes, sí. Pero en la tierra, muy pocos”. Habla con claridad, sin queja, sin heroísmo, asumiendo que forma parte de algo más grande que él, pero que también es suyo. “Esto sigue funcionando gracias a los que vinimos y a los que siguen viniendo”. Mientras en el centro del pueblo se multiplicaban los bulos y las agresiones, en los bancales de melón y lechuga apenas se notó el temblor. Como si el campo viviera al margen del ruido, ajeno al odio y entregado a otra lógica: la de madrugar, rendir y regresar a casa con lo justo para volver a empezar el día siguiente.

La llaman “la jefa” y lo es. Lleva 25 años en el campo y ha tenido a su cargo hasta 200 personas. Es ecuatoriana y aún recuerda cuando aterrizó en Barajas en un avión de la KLM lleno de compatriotas que venían, como ella, con la intención de trabajar hasta caer rendidos. Hoy, tras décadas de viajes en autobús y de horarios imposibles, gestiona peones, reparte tareas y decide quién vale y quién se queda fuera.

Para Andrés Pedreño, una de las claves de la altísima productividad, es el saber hacer de los capataces para llevar a sus trabajadores: “La explotación del trabajo marroquí se ha basado en mantenerlos en posiciones subalternas y subordinadas, no es contradictorio que los agricultores reconozcan que son indispensables y, al mismo tiempo, mantengan una posición racista, porque es una estrategia para tener trabajadores sumisos y ordenados. Lo sorprendente es que esto haya sido aceptado tan silenciosamente por la población migrante, y esto se debe a que se han encontrado un entorno político, institucional y social muy reacio a reconocerles la ciudadanía. Hay que preguntarse cuántas escuelas concertadas y privadas existen en un pueblo como este”.

“Yo me fijo mucho en el comportamiento. Si alguien se aprovecha, mañana no trabaja más conmigo”, cuenta, sin levantar la voz. Su liderazgo se basa en la firmeza y en haberlo pasado todo: “Jornales impagados, amenazas, botellas rotas, turnos de sol a sol...” explica la encargada.

A su lado, un agricultor español de poco más de treinta años asiente. Lleva meses sin encontrar gente para recoger y reconoce que ya no sabe qué más hacer. “Falta mano de obra, y faltan empresarios que quieran tirar pa’lante”. Sabe que el problema no es solo el rechazo de los jóvenes a trabajar en el campo, sino también el miedo de muchos pequeños propietarios a asumir el “problema” de contratar en regla: seguridad social, ETT, inspecciones laborales y costes; pese a los millonarios beneficios que este sector arroja todos los años. “Esto lo estamos sosteniendo entre cuatro”, suelta. Y se marcha a seguir recogiendo plásticos del bancal donde hace unos días aún se recogían melones que acabarán en las próximas horas en un supermercado de Berlín.

Pozo Estrecho, París, Londres

La productividad de estas tierras roza lo irreal, y casi brotan nada más cosecharlas, y llenan y llenan almacenes que trabajan sin descanso, llenan camiones que salen día y noche en dirección a cada capital europea; Pozo Estrecho-París-Londres, el barbecho no es una opción. Las cintas no paran: cajas y más cajas, lechugas calibradas al milímetro, melones enfriados en tiempo récord y hasta brócolis que se etiquetan por talla como si fueran trajes de chaqueta, que van todos a parar a hileras infinitas de camiones que vienen a explicar que cada ciclo de riego es un envío internacional y cada jornada de tajo acaba en una lonja poco después.

La Guardia Civil ha detenido esta mañana en la provincia de Jaén a un hombre de nacionalidad española como responsable de la desaparición forzosa de Ibrahima Diouf, temporero senegalés de 33 años desaparecido en enero de 2021 en la localidad de Villacarrillo, según informa La Contra de Jaén citando una nota del Insituto Armado en una nota de prensa. El detenido, según El Mundo, sería Ginés Valiente, responsable de la finca agrícola donde trabajaba Diouf, quien despareció tras discutir con su patrón. Valiente estaba en el foco de la Guardia Civil después de que se le vinculase con la desaparición de otro trabajador en 2013.

Esta investigación de la Guardia Civil está siendo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad jiennense de Villacarrillo, cuyas diligencias están declaradas secretas. Valiente ya fue arrestado y procesado por la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna y del que tampoco hay rastro alguno. Valiente fue absuelto en el juicio.

En aquel caso se trataba de Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección. Durante estos más de cuatro años, la Guardia Civil ha mantenido abiertos ambos casos.

Fue en julio de 2023 cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dió por finalizadas las labores de búsqueda y rastreo que durante más de dos semanas llevaron a cabo en diversos parajes de Villacarrillo para intentar localizar pistas que lleven a dar con el paradero de Diouf. Fue la última vez que se organizó un despliegue para este caso, aunque los agentes han seguido haciendo indagaciones de forma recurrente desde su desaparición.

Investigación al empresario

En esa ocasión participaron medios de apoyo como la Unidad de Caballería o drones, entre otros. Desde la UCO mantenían que sus desplazamientos a Villacarrillo serían frecuentes. El Instituto Armado ha venido desarrollando reiteradas búsquedas y pesquisas relacionadas con este caso, por el que un vecino de la citada localidad está investigado.

Desde su desaparición, la UCO ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazaron hasta Villacarrillo una treintena de agentes que rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

Se peinó la zona a caballo y se contó con la ayuda del Servicio Cinológico para que los perros rastrearan cualquier resto biológico que detectasen en el terreno. También se contó con la ayuda de un dron que sobrevoló la zona y los puntos de difícil acceso, como fue el caso de un barranco de gran profundidad.

En el primer momento de la desaparición de Ibrahima Diouf, hubo registros minuciosos en un garaje y una vivienda, en los que también participaron perros del servicio cinológico. Además, se contó con miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) para la inspección de un pozo ubicado en el inmueble. Después, se inspeccionó una finca de olivar propiedad del citado vecino en Villanueva del Arzobispo (Jaén).

La infravivienda, el hacinamiento y las elevadas tarifas por ocupar espacios ínfimos e insalubres o para conseguir un empadronamiento ilegal, son el pan de cada día para centenares de miles de trabajadores de origen extranjero que llegan a España en busca del sueño europeo. Eso, en el mejor de los casos, porque, según los datos que arroja el Proyecto piloto de recuentos nocturnos de personas sin hogar, elaborado en 2024 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España, el 58% de las personas sin hogar son extranjeras, la mayoría procedentes del Magreb.

Muchos de los que consiguen un techo tienen que enfrentarse al lado más oscuro y perverso del alquiler inmobiliario. Un drama humano que amenaza con fracturar socialmente ciudades que son verdaderas bombas demográficas y en las que la ultraderecha agita los sentimientos racistas mientras otros —a veces los suyos— obtienen jugosos beneficios económicos de un negocio sustentado, precisamente, en la mano de obra barata y temerosa en la exigencia de sus derechos.

En la costa mediterránea, la proliferación de viviendas que no reúnen las condiciones elementales de habitabilidad constituye uno de los ejes centrales de un grave problema social que tiene múltiples aristas. Un fenómeno asociado a un determinado modelo económico que ha transformado por completo ciudades enteras.

En Lorca, el tercer municipio con mayor número de habitantes de la Región de Murcia, el Ayuntamiento ha declarado la guerra a los pisos-patera que proliferan por toda la ciudad. Su alcalde, Fulgencio Gil (PP), ha anunciado el endurecimiento de sanciones para quienes realicen transformaciones en naves, almacenes e incluso cebaderos para destinarlos al alojamiento de personas.

La población extranjera roza el 30% del total de sus 98.334 vecinos (INE, 2024) y dobla la media del conjunto del país. En la conocida como ‘Ciudad del Sol’ conviven ciudadanos de 86 nacionalidades, aunque los procedentes de Marruecos, que superan los 11.000, seguidos de los de Ecuador, son mayoría. Un auténtico laboratorio demográfico.

Todo el universo de Atu, nigeriano de nacimiento, cabe debajo del estrecho somier del piso-patera donde vive desde que llegó a España hace seis meses. No hay huecos disponibles en la nevera ni en los armarios de la destartalada cocina para guardar su comida, así que bajo su estrecho camastro acumula la poca ropa que posee, el arroz que luego cuece para cenar y algunos paquetes de galletas.

Cada día, un autobús-tartana abarrotado de jornaleros como él le recoge a las cinco y media de la madrugada para llevarle a alguna explotación agrícola, a veces situada a más de un centenar de kilómetros de su casa, donde le pagan tres euros la hora por cortar lechuga o plantar brócoli. Pero él tiene que levantarse mucho antes para usar el único baño de una casa donde convive con otros trece trabajadores agrícolas.

Atu ni siquiera sabe quién es el dueño del piso-patera que habita. Él consiguió una cama a través de un intermediario y, posiblemente, comisionista. Y es que, el perfil de los propietarios y del resto de personajes que intervienen en el particular y lucrativo negocio en el que se ha convertido el alojamiento de trabajadores inmigrantes, ha cambiado radicalmente en los últimos años.

Algunos son españoles que se mudaron de los barrios de la periferia donde vivían, pero que conservaron su antiguo piso para convertirse en pequeños rentistas. Otros aprovecharon el buen precio de las viviendas que se vendieron masivamente en esas zonas hace una década para convertirse en grandes tenedores. En los últimos años, también se han sumado a la fiesta especulativa algunos ávidos migrantes venidos a más.

Lo cuenta sin tapujos Ahmed, un marroquí que no comparte estos métodos: “Compran un piso donde caben 12 camas por las que sacan 2.400 euros al mes. Con las ganancias invierten en más casas… No hay derecho a que algunos acumulen cuatro viviendas mientras hay familias que no tienen ninguna”, se lamenta.

Tarifas y “entradas” para ocupar viviendas vacías

Además del acceso a la vivienda, la otra gran preocupación de los trabajadores que llegan a España de manera irregular es conseguir empadronarse para poder solicitar un médico de familia. La vía rápida para hacerlo es pagar mil euros por adelantado a un conseguidor, aunque eso no solucionará definitivamente su problema.

Las mafias que mueven los empadronamientos ilegales acaban de imponer una nueva modalidad: la tarifa mensual. Pasados seis meses, el facilitador les dará de baja del registro, lo que les obliga a abonar otros 500 euros para volver a ser empadronados. Así, llegan a cobrarse hasta 3.000 euros por la adquisición de un derecho —y el cumplimiento de un deber— reconocido en la ley y que es la puerta de acceso a prestaciones básicas.

La ocupación es otra de las alternativas in extremis para que, quienes ni siquiera son admitidos en el mercado del alquiler regular, no digamos ya en el hipotecario, puedan vivir bajo un techo. “Si tienes mil euros, puedes recurrir a ciertas personas que te abren una casa vacía, cambian el bombín de la puerta principal y te dan la llave”. Ese mismo día, también te enganchan ilegalmente a las redes generales de luz y agua. Hace dos años, Saray consiguió solucionar de ese modo el problema habitacional que padecían ella, su marido —ambos parados de larga duración— y sus tres hijos menores de edad. Gastaron todo lo que tenían en aquel momento en pagar lo que ella denomina “la entrada”. “Era la única manera de darle un techo a mis zagales”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

Los facilitadores de la ocupación suelen recurrir a los pisos vacíos propiedad de entidades bancarias o fondos de inversión que no tuvieron salida tras la burbuja especulativa y el consecuente crack inmobiliario que se produjo en España en 2008.

No escogen este tipo de inmuebles por cuestiones ideológicas. Saben que los procedimientos judiciales de desahucio suelen alargarse unos tres años cuando se trata de pisos de bancos o fondos buitre. También que, en algunas ocasiones, estos ofrecen sumas de dinero para animar a abandonar la vivienda y evitar un desalojo traumático (y la consecuente mala prensa).

El último censo de viviendas del INE, correspondiente a 2021, muestra que en España hay 3,8 millones de viviendas vacías, casi el 14% del total.

Inmobiliarias partícipes de la crisis de la vivienda

“Lo compro todo en menos de 24 horas”, es el agresivo reclamo publicitario que encabeza los anuncios en redes sociales de algunas inmobiliarias. Son agencias a las que les vale cualquier tipo de vivienda: áticos, pisos, casas nuevas o viejas, para reformar o entrar a vivir.

Y es que, algunas empresas del sector se han lanzado también al movimiento especulativo generado en torno a la dificultad de acceso a la vivienda. Saben que la demanda de arrendamientos está disparada y que el precio de compra del inmueble será rápidamente amortizado si lo dedican al alquiler.

“Compran la vivienda, le hacen un pequeño lavado de cara si está en malas condiciones y luego añaden tabiques de pladur para sacar varias habitaciones de una sola”. Francisco Javier, fontanero, lo sabe porque recientemente ha sido contratado para arreglar las instalaciones de casas adquiridas por ciertas inmobiliarias. “Convierten las estancias en habitáculos en los que apenas cabe la cama y que, a veces, no tienen ni luz natural. Verlo genera claustrofobia, vivir ahí debe ser peor que estar en la cárcel”, sentencia.

Una crisis social derivada de un modelo económico

En Lorca, el campo mueve empleo. De los 58.162 contratos de trabajo registrados en el municipio el año pasado, más de la mitad, 38.373, estuvieron ligados a la agricultura. Eso sin contar los temporeros que, en situación irregular, son empleados de forma fraudulenta y precaria.

Como consecuencia del incremento poblacional derivado de ese modelo económico, en este municipio murciano se ha disparado la demanda de vivienda. Una necesidad vital que ha generado una espiral especulativa que ha llevado a que, en solo un lustro, el precio del alquiler se haya duplicado. Actualmente, alquilar un piso de tres habitaciones en este municipio, donde la renta media bruta es de 21.041 euros y la tasa de pobreza supera el 35%, cuesta en torno a los 900 euros. Así que, en este contexto de dificultad para muchos trabajadores, hay quienes han visto en los subarrendamientos y las ocupaciones un negocio muy lucrativo.

Por eso, en 2016, cuando el problema habitacional en Lorca empezaba a despuntar, el Ayuntamiento instó a los bancos a facilitar un censo de sus viviendas desocupadas. Del mismo modo, desde el Gobierno municipal se aseguró que se iban a tomar “todas las medidas oportunas” para favorecer que los grandes tenedores destinasen los inmuebles vacíos de su propiedad, en régimen de alquiler social, a familias en situación de exclusión económica. Mientras tanto, el Consistorio se comprometía a mantener el convenio firmado en 2013 con el Colegio de Abogados de la ciudad para hacer de Lorca un municipio “libre de desahucios”.

Casi una década después, nada se sabe de aquel censo y no se ha puesto en marcha ninguna medida para facilitar que esas viviendas cumplan con una función social, como bonificar el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que las cedan en alquiler para familias en situación de vulnerabilidad económica; o aplicar un recargo entre el 50 y el 150% en ese mismo tributo a los bancos que mantengan sus inmuebles deshabitados, una facultad que la ley otorga a los ayuntamientos.

Paradójicamente, hace apenas unos días, el pasado 12 de febrero, el alcalde anunció un nuevo convenio con el Colegio de Abogados que supone un giro de 180 grados respecto al anterior: ahora asesorarán a perjudicados por ocupaciones.

Escombros, ratas y basura en la casa de Fahd

Las condiciones de hacinamiento en las que viven miles de personas en Lorca se han convertido también en un problema de salud comunitaria que no deja de extenderse. En la confluencia de las calles Jerez y Almirante Aguilar, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad, a solo unos metros de los juzgados y del propio edificio consistorial, las fachadas esconden un auténtico vertedero del que da pistas la nube de pequeñas moscas que nos recibe, en pleno invierno, cuando visitamos la vivienda de Fahd y su familia.

En el patio interior de un edificio aparentemente abandonado, se acumulan decenas de bolsas de basura con materia orgánica en descomposición que tiran desde la terraza los ocupantes de otro bloque colindante. También hay infinidad de cristales, muebles desvencijados, restos de materiales de construcción, colchones y hasta el tronco de una palmera muerta.

En verano, el hedor es insoportable y las ratas suben por las paredes. Fahd cuenta que de noche se las oye correr por el falso techo. En una ocasión, una se coló por un agujero que había en el yeso y cayó a la cocina mientras su mujer, que ahora está embarazada, estaba preparando la comida. Ambos ya son padres de un niño asmático y les preocupa que no pueden ventilar su casa por temor al aire putrefacto e insalubre que se cuela por las ventanas. También les horroriza la idea de que algún día el fuego prenda en ese auténtico vertedero “y salgamos todos ardiendo”.

Ellos y otros vecinos afectados llevan desde 2022 intentando, en vano, que el Ayuntamiento tome medidas al respecto. Mientras tanto, hace unos meses, la Concejalía de Plagas del Consistorio, en manos de la edil de Vox, Carmen Menduiña, contrató el uso de rapaces para ahuyentar a las palomas que ensuciaban la plaza de toros municipal. El Gobierno local de coalición debió quedar satisfecho, porque acaba de anunciar una nueva licitación —valorada en 160.000 euros— para seguir luchando contra los excrementos de paloma.

Cada tres horas muere una persona en su puesto de trabajo. Cada tres horas, una vida se apaga en nombre de la productividad, del beneficio empresarial, del modelo económico que convierte a los trabajadores y trabajadoras en piezas reemplazables. En 2024, la siniestralidad laboral en España dejó 796 muertes y más de un millón de personas afectadas. Estas cifras no son un accidente ni una fatalidad: son el resultado de un sistema injusto que prioriza la rentabilidad sobre la vida humana.

Las muertes laborales no son hechos aislados. Son la consecuencia de un modelo económico que externaliza riesgos, precariza condiciones y erosiona los derechos laborales. El debilitamiento de la inspección de trabajo, la subcontratación en cadena y la falta de inversión en seguridad conforman un entorno en el que la vida de las personas trabajadoras es sacrificada en nombre de la eficiencia y la competitividad.

Los datos son demoledores: la construcción es el sector más afectado, con 135 muertes en 2024, seguido de la industria manufacturera (112) y el transporte y almacenamiento (98). Estos sectores comparten una característica fundamental: una alta tasa de precariedad y externalización, donde las empresas buscan reducir costes a expensas de la seguridad de sus trabajadores.

En Castilla-La Mancha, la situación no es menos grave. En 2024, 58 personas murieron en accidentes laborales en la región, de las cuales 50 fallecieron en jornada de trabajo y 8 en accidentes in itinere. En total, se registraron 27.549 siniestros, convirtiéndola en la segunda comunidad con más accidentes laborales de España. La provincia más afectada fue Toledo, con 8.959 accidentes en jornada laboral, seguida de Ciudad Real (4.922), Albacete (4.281), Guadalajara (4.207) y Cuenca (3.115). La incidencia de accidentes en esta comunidad es alarmante: casi 7 muertes por cada 100.000 habitantes.

Las principales causas de muerte en el trabajo siguen siendo evitables: caídas en altura, aplastamientos, atrapamientos, golpes con objetos en movimiento y accidentes de tráfico. Pero en los últimos años se ha sumado una nueva amenaza, vinculada a la precarización de las condiciones laborales: los infartos y derrames cerebrales derivados del estrés extremo.

No todas las muertes laborales reciben atención. Existen sectores donde la siniestralidad se oculta bajo un manto de invisibilidad. Trabajadoras del hogar expuestas a cargas físicas insoportables, migrantes en el campo sometidos a temperaturas extremas sin protección adecuada, repartidores y conductores de plataforma obligados a jornadas extenuantes sin derechos laborales básicos. La falta de contratos formales, la ausencia de inspecciones y el miedo a represalias impiden que muchas víctimas de la precariedad puedan siquiera denunciar.

En este contexto, la vulnerabilidad social y la siniestralidad laboral van de la mano. Quienes trabajan en condiciones más precarias son quienes más riesgo corren, y son también quienes menos posibilidades tienen de exigir cambios. La intersección de pobreza, migración, género y falta de derechos convierte a miles de personas en víctimas silenciosas de un sistema laboral que los desprotege.

El discurso empresarial insiste en que los accidentes laborales son inevitables. Pero no lo son. Son el resultado directo de decisiones políticas y empresariales que priorizan el ahorro de costes sobre la seguridad. La reducción de inspecciones, la insuficiencia de sanciones y la flexibilización del mercado laboral han creado un entorno donde las empresas saben que la impunidad está garantizada.

Las patronales, en lugar de asumir su responsabilidad, desvían la atención hacia debates artificiales como el absentismo laboral. Sin embargo, la verdadera crisis está en la falta de inversión en prevención, en la inexistencia de medidas de protección reales y en la precarización de las condiciones de trabajo.

Es imprescindible que la Inspección de Trabajo se refuerce con más personal, mayores recursos y sanciones severas para las empresas que incumplen las normativas de seguridad. Sin controles estrictos y penalizaciones ejemplares, la prevención seguirá siendo un trámite burocrático sin impacto real.

Las empresas deben asumir su responsabilidad directa y no delegarla en una maraña de subcontratas. En sectores de alto riesgo, la subcontratación en cadena debe prohibirse, garantizando que las empresas principales sean responsables de la seguridad de todas las personas trabajadoras en su ámbito de actividad.

Es urgente revisar los tiempos de trabajo y descanso. Jornadas extenuantes y ritmos de producción inhumanos están directamente relacionados con accidentes e infartos en el trabajo. La reducción de la jornada laboral y la implementación de tiempos de descanso adecuados deben ser una prioridad.

Los sectores más invisibilizados requieren protección específica. Trabajadoras del hogar, jornaleros y repartidores de plataformas digitales necesitan regulaciones que garanticen su seguridad y condiciones dignas. El Estado debe garantizar el acceso a la seguridad laboral para todas las personas, sin distinción de su tipo de contrato o situación administrativa.

La seguridad en el trabajo no puede depender solo de la voluntad de la empresa. Es imprescindible que las personas trabajadoras tengan voz en la prevención de riesgos laborales. Los comités de seguridad y salud en las empresas deben fortalecerse y contar con poder vinculante, de la mano de los sindicatos y organizaciones laborales.

Por último, es necesario un cambio cultural y político. La siniestralidad laboral no puede seguir siendo vista como un costo inevitable del modelo productivo. Debe ser considerada una emergencia social y política, que requiere respuestas contundentes y urgentes.

Cada muerte en el trabajo es una injusticia que podría haberse evitado. No podemos normalizar que una persona pierda la vida cada tres horas mientras realiza su labor. No podemos seguir tolerando que el sistema laboral funcione como una máquina de descartar vidas humanas en nombre de la rentabilidad.

La lucha contra la siniestralidad laboral no es solo una cuestión de derechos laborales: es una cuestión de justicia social y de dignidad humana. Necesitamos un cambio estructural urgente que no solo sancione a las empresas que ponen en riesgo a sus trabajadores, sino que transforme el modelo económico para garantizar que el trabajo nunca más sea una sentencia de muerte.

Es hora de alzar la voz. Es hora de exigir que la vida esté por encima del beneficio.

Quan divendres passat els inspectors de Treball i la Policia Nacional van irrompre a les instal·lacions de l'empresa Terracor després de la publicació, per part d'elDiario.es, de les seves condicions laborals i de l'habitatge, la por es va expandir per aquest conglomerat agrícola mallorquí. Les possibles conseqüències de la investigació oberta després de tenir coneixement el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per un presumpte cas d'explotació laboral han fet que alguns caps, segons relaten els treballadors, intentin coaccionar el personal davant d'una possible inspecció: “Si et pregunten, tu digues que treballes vuit hores”. Des de Terracor, no obstant, eludeixen fer declaracions sobre això.

La realitat, reconeixen molts, és una altra de ben diferent. Tal com ha pogut constatar aquest mitjà, els temporers van signar contractes per jornades de 40 hores setmanals, encara que la mitjana real de les treballades ronda les 70. “En algunes empreses del grup ens diuen que treballar els diumenges és opcional, en d'altres és obligatori, però només de 7 a 12 del matí”, expliquen. Mentre que alguns han aconseguit una còpia dels quadrants reals, altres asseguren que s'han vist “forçats” a signar-ne d'altres amb l'horari que els indicaven els seus caps. “Arriben al mig de la jornada, no et donen temps a parar i et diuen '¿però per què el vols llegir? Si està bé, tu signa'”. Tal com va revelar elDiario.es, els documents mostren jornades de 13, 14 i fins a 17 hores en alguns casos, cosa que suposaria més del doble de la jornada legal.

Segons ha pogut saber elDiario.es, la inspecció de treball duta a terme la setmana passada –a la qual va acudir el mateix Toni Gili, secretari general de Vox a Balears, malgrat que, segons la seva versió, va deixar de ser soci del grup a finals de juliol- ja ha tingut les primeres conseqüències. D'una banda, almenys un dels temporers ha interposat de manera oficial una denúncia davant de la Policia Nacional de Manacor per la seva situació laboral. De l'altra, una de les empreses investigades –Terracor agrupa fins a cinc companyies diferents– va anunciar als seus empleats que a partir d'ara treballaran només vuit hores diàries. És a dir, les que legalment estableix el contracte. “Però ens van advertir que s'havien acabat les hores extres, de manera que és força possible que a més ens abaixin el sou”, assenyalen.

Insults i pressions

La investigació oberta pel Govern ha generat nerviosisme a la cúpula de Terracor –una de la quatre majors empreses agrícoles de Mallorca- on, segons alguns dels seus empleats, els advertiments són constants. “Quan vaig arribar fa quatre mesos vaig dir que jo no volia treballar els diumenges. El meu contracte no ho posava i això significava no tenir ni un dia lliure, però aquí va començar tot”, recorda l'Enrique. Un nom fals amb què poder explicar la seva història.

A partir d'aquí, diu, el van posar a treballar sol, separat dels seus companys. Després va arribar la “pressió” i els objectius impossibles. Després, els crits “ets ximple” perquè no complia els objectius. Quan inevitablement va arribar l'accident laboral, el van acompanyar al centre de salut de Manacor i el van deixar sol, segons el relat. “Com vaig dir que l'accident havia estat treballant, em van enviar a la mútua i el cap es va enfadar perquè no volen que diguem que ha estat treballant”, afirma. A tot això s'hi va sumar el problema de no tenir encara la targeta sanitària perquè els descompten del sou les hores que triguin a gestionar-la.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Terracor per corroborar les queixes dels temporers, però remeten al comunicat oficial que la setmana passada l'empresa va difondre després de la publicació del reportatge d'elDiario.es. “De moment, no farem més declaracions”, assenyalen aquest mitjà. A la nota, la companyia assenyala que el grup sempre ha posat el seu afany “a complir amb la normativa vigent” i que compta amb “l'aval” d'Unió de Pagesos. Així mateix, asseguren que l'empresa s'ha “sotmès i superat” verificacions dels allotjaments de temporers per part de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG). Tot i això, no concreten si les instal·lacions revisades van ser les mateixes a què fa referència el reportatge d'elDiario.es. Per part seva, Gili assegura que no és soci de l'empresa des del mes de juliol passat.

“A l'últim que va parlar el van enviar a Colòmbia”

Tot i que és la primera vegada que la denúncia dels temporers colombians ha desembocat en una investigació, les queixes internes a Terracor existeixen des de fa temps. Algunes, també, perquè, malgrat que el seu conveni estableix que arriben per treballar a la temporada agrícola, l'empresa ha destinat diversos dels treballadors de temporada com a ajudants de cuina del seu restaurant.

L'amenaça ha estat una de les formes amb què s'ha intentat contenir el descontentament de la plantilla de temporada. “Ens diuen 'et deixo una setmana a la casa' –cosa que suposaria una setmana sense feina i sou a la casa que comparteixen entre deu persones- i després et mano de tornada”, asseguren. El xantatge de tornar-los al seu país és sovint sobre la taula. Tant que ja s'ha estès entre els mateixos companys. “A l'últim que va parlar el van enviar per Colòmbia”, adverteixen els que arriben per primera vegada.

“Nosaltres vam caure innocents, no sabíem res de l'empresa. Fa anys que contracten colombians, però a la tornada ningú no explica res per por”, explica Ricardo, un altre dels temporers. La veritat és que tant si els acomiaden com si és un d'ells qui renuncia, la seva situació legal es torna força complicada, ja que el conveni pel qual arriben a Espanya lliga els seus permisos a l'empresa per a la qual treballen. “De fet ens terroritzen dient que si no treballem durant quatre anys per a ells perdrem el NIE perquè van ser ells els que ens van empadronar”, afegeixen.

“Unió de Pagesos no avala res”

Després de la publicació del reportatge d'elDiario.es i després que Terracor assegurés que compta “amb l'aval d'Unió de Pagesos” -un dels dos sindicats agrícoles que hi ha a Mallorca-, atès que supervisen “el compliment de totes les normatives”, el seu coordinador, Joan Gaià, puntualitza que l'única tasca del sindicat dins del conveni és la gestió i la tramitació dels permisos per a l'arribada dels temporers. “Actuem com una gestoria, nosaltres no avalem res perquè no som una entitat certificadora”, corregeix.

Gaià assenyala que cal que a Balears s'obri el debat de la situació dels temporers, que qualifica de “drama social”. “D'una banda, perquè fa vint anys que vénen i no l'hem pogut solucionar. De l'altra perquè es podria preguntar com pot ser que l'agricultura depengui de la mà d'obra exterior. És una cosa dramàtica que no siguem capaços de donar feina aquí”, assenyala en referència al fet que tots els contractes de temporers s'ofereixen primer al servei balear d'ocupació, el SOIB, però queden deserts.

Segons el coordinador d'Unió de Pagesos, el panorama dels temporers a Mallorca “no és tan greu” com a Andalusia, ja que la gran majoria estan regularitzats i arriben amb contracte. “De fet hi ha experiències molt positives que són les que hem de reivindicar”, subratlla. Pel que fa als allotjaments, reconeix que la normativa és “molt laxa”, cosa que pot desembocar en situacions residencials amb estàndards molt per sota del desitjable.

Si tens més informació sobre aquest cas o situacions similars, escriu-nos a pistas@eldiario.es

Cuando el pasado viernes los inspectores de Trabajo y la Policía Nacional irrumpieron en las instalaciones de la empresa Terracor tras la publicación, por parte de elDiario.es, de sus condiciones laborales y habitacionales, el miedo se expandió por este conglomerado agrícola mallorquín. Las posibles consecuencias de la investigación abierta tras tener conocimiento el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por un presunto caso de explotación laboral han llevado a que algunos jefes, según relatan los trabajadores, intenten coaccionar al personal ante una posible inspección: “Si te preguntan, tú di que trabajas ocho horas”. Desde Terracor, sin embargo, eluden hacer declaraciones al respecto.

La realidad, reconocen muchos, es otra bien distinta. Tal como ha podido constatar este medio, los temporeros firmaron contratos por jornadas de 40 horas semanales, aunque la media real de las trabajadas ronda las 70. “En algunas empresas del grupo nos dicen que trabajar los domingos es opcional, en otras es obligatorio, pero sólo de 7 a 12 de la mañana”, explican. Mientras que algunos han conseguido una copia de los cuadrantes reales, otros aseguran que se han visto “forzados” a firmar otros con el horario que les indicaban sus jefes. “Llegan en mitad de la jornada, no te dan tiempo a parar y te dicen ‘¿pero para qué lo quieres leer? Si está bien, tú firma’”. Tal y como reveló elDiario.es, los documentos muestran jornadas de 13, 14 y hasta 17 horas en algunos casos, lo cual supondría más del doble de la jornada legal.

Según ha podido saber elDiario.es, la inspección de trabajo llevada a cabo la pasada semana –a la que acudió el propio Toni Gili, secretario general de Vox en Balears, pese a que, según su versión, dejó de ser socio del grupo a finales de julio- ya ha tenido las primeras consecuencias. Por un lado, al menos uno de los temporeros ha interpuesto de manera oficial una denuncia ante la Policía Nacional de Manacor por su situación laboral. Por otro, una de las empresas investigadas –Terracor agrupa hasta cinco compañías diferentes- anunció a sus empleados que a partir de ahora trabajarán solo ocho horas diarias. Es decir, las que legalmente establece su contrato. “Pero nos advirtieron de que se habían acabado las horas extras, con lo que es bastante posible que además nos bajen el sueldo”, señalan.

Insultos y presiones

La investigación abierta por el Gobierno ha generado nerviosismo en la cúpula de Terracor –una de la cuatro mayores empresas agrícolas de Mallorca- donde, según algunos de sus empleados, las advertencias son constantes. “Cuando llegué hace cuatro meses dije que yo no quería trabajar los domingos. Mi contrato no lo ponía y eso significaba no tener ni un día libre, pero ahí empezó todo”, recuerda Enrique. Un nombre falso con el que poder contar su historia.

A partir de ahí, dice, le pusieron a trabajar solo, separado de sus compañeros. Luego llegó la “presión” y los objetivos imposibles. Después, los gritos de “eres tonto” porque no cumplía los objetivos. Cuando inevitablemente llegó el accidente laboral, le acompañaron al centro de salud de Manacor y le dejaron solo, según su relato. “Como dije que el accidente había sido trabajando, me mandaron a la mutua y ahí el jefe se enfadó porque no quieren que digamos que ha sido trabajando”, afirma. A todo eso se sumó el problema de no tener aún la tarjeta sanitaria porque les descuentan del sueldo las horas que tarden en gestionarla.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Terracor para corroborar las quejas de los temporeros, pero remiten al comunicado oficial que la semana pasada la empresa difundió tras la publicación del reportaje de elDiario.es. “De momento, no haremos más declaraciones”, señalan a este medio. En la nota, la compañía señala que el grupo siempre ha puesto su empeño “en cumplir con la normativa vigente” y que cuenta con “el aval” de Unió de Pagesos. Asimismo, aseguran que la empresa se ha “sometido y superado” verificaciones de los alojamientos de temporeros por parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Sin embargo, no concretan si las instalaciones revisadas fueron las mismas a las que hace referencia el reportaje de elDiario.es. Por su parte, Gili asegura que no es socio de la empresa desde el pasado mes de julio.

“Al último que habló lo mandaron a Colombia”

Pese a que es la primera vez que la denuncia de los temporeros colombianos ha desembocado en una investigación, las quejas internas en Terracor existen desde hace tiempo. Algunas de ellas, también, porque, pese a que su convenio establece que llegan para trabajar en la temporada agrícola, la empresa ha destinado a varios de los trabajadores de temporada como ayudantes de cocina de su restaurante.

La “amenaza” ha sido una de las formas con las que se ha intentado contener el descontento de la plantilla de temporada. “Nos dicen ‘te dejo una semana en la casa' –lo que supondría una semana sin empleo y sueldo en la casa que comparten entre diez personas- y luego te mando de vuelta”, aseguran. El chantaje de devolverlos a su país está a menudo sobre la mesa. Tanto que ya se ha extendido entre los propios compañeros. “Al último que habló lo mandaron pa' Colombia”, advierten a quienes llegan por primera vez.

“Nosotros caímos inocentes, no sabíamos nada de la empresa. Llevan años contratando colombianos, pero a la vuelta nadie cuenta nada por miedo”, explica Ricardo, otro de los temporeros. Lo cierto es que tanto si les despiden como si es uno de ellos quien renuncia, su situación legal se vuelve bastante complicada, ya que el convenio por el que llegan a España liga sus permisos a la empresa para la que trabajan. “De hecho nos aterrorizan diciendo que si no trabajamos durante cuatro años para ellos perderemos el NIE porque fueron ellos los que nos empadronaron”, añaden.

“Unió de Pagesos no avala nada”

Tras la publicación del reportaje de elDiario.es y después de que Terracor asegurase que cuenta “con el aval de Unió de Pagesos” -uno de los dos sindicatos agrícolas que existen en Mallorca-, dado que supervisan “el cumplimiento de todas las normativas”, su coordinador, Joan Gaià, puntualiza que la única labor del sindicato dentro del convenio es la gestión y tramitación de los permisos para la llegada de los temporeros. “Actuamos como una gestoría, nosotros no avalamos nada porque no somos una entidad certificadora”, corrige.

Gaià señala que es necesario que en Balears se abra el debate de la situación de los temporeros, que califica de “drama social”. “Por un lado, porque hace veinte años que vienen y no hemos podido solucionarla. Por otro porque cabría preguntarse cómo puede ser que la agricultura dependa de la mano de obra exterior. Es algo dramático que no seamos capaces de dar trabajo aquí”, señala en referencia a que todos los contratos de temporeros se ofrecen primero al servicio balear de empleo, el SOIB, pero quedan desiertos.

Según el coordinador de Unió de Pagesos, el panorama de los temporeros en Mallorca “no es tan grave” como en Andalucía, ya que la gran mayoría están regularizados y llegan con contrato. “De hecho hay experiencias muy positivas que son las que debemos reivindicar”, subraya. En lo que se refiere a los alojamientos, reconoce que la normativa es “muy laxa”, lo cual puede desembocar en situaciones habitacionales con estándares muy por debajo de lo deseable. 

Si tienes más información sobre este caso o situaciones similares, escríbenos a pistas@eldiario.es

En un intento de desvincularse del caso de los temporeros agrícolas de Terracor, el secretario general de Vox en Balears, además de conseller del Consell de Mallorca, Toni Gili, ha explicado a EFE que el pasado julio dejó su participación en una de las empresas que forman parte del grupo Terracor, al que el Gobierno investiga ahora por una posible explotación laboral después del reportaje publicado por elDiario.es. Una baja que aún no ha demostrado de manera oficial y que, en cualquier caso, es posterior a las condiciones laborales y habitacionales precarias recogidas por este medio.

Lo cierto es que la vinculación de Gili con el grupo Terracor ha continuado después de su presunta ‘baja’. De hecho, algunos testigos han remitido a elDiario.es datos e imágenes que demuestran que hoy viernes también ha estado presente en las instalaciones de la empresa en Manacor mientras la Delegación de Gobierno en Baleares y la Inspección de Trabajo gestionaban las actuaciones para aclarar la situación de los trabajadores. Además, durante una de las visitas realizadas por elDiario.es al alojamiento de los temporeros esta misma semana, cuando según Gili él ya no estaba vinculado a Terracor, los empleados no sólo indicaron a los periodistas que debían hablar con Toni Gili como uno de los responsables de la empresa, sino que hacía apenas veinte minutos que había abandonado el lugar.

En declaraciones a Efe, Gili ha manifestado que, “como trabajador autónomo prestaba sus servicios en el control de plagas y enfermedades” y que sus funciones se limitaban “al asesoramiento técnico agrícola”, sin tener ninguna responsabilidad en la contratación de personal. La realidad es que este mismo jueves, antes de la publicación del reportaje, elDiario.es consultó el organigrama del grupo Terracor en su página web, en el que figuraba de forma clara que Toni Gili era “socio” además de “responsable del área de Innovación y Producción de verduras”. Ni él ni la responsable de Comunicación del grupo desmintieron este punto cuando fueron consultados por elDiario.es. Sin embargo, este organigrama ha desaparecido por completo tras la difusión del reportaje.

Por otro lado, elDiario.es tiene constancia de que las condiciones habitacionales denunciadas esta semana en su reportaje llevan ocurriendo desde hace al menos un año cuando, según el propio Gili, sí era socio de Terracor. En 2023 periodistas de elDiario.es realizaron una primera visita a los alojamientos y vieron su situación precaria y casi insalubre, como muestran las siguientes imágenes que hoy se hacen públicas. Ya entonces, recibieron unas primeras informaciones que aseguraban que los trabajadores pagaban 80 euros por estas infraviviendas y que algunos compartían casetas prefabricadas entre hasta tres personas. De hecho, la existencia de esta suerte de poblado en una finca situada a escasos kilómetros de Manacor era también conocida por algunos de los vecinos, tal como confirmaron a elDiario.es

Cuando en agosto de 2023 elDiario.es publicó un reportaje sobre la llegada de temporeros agrícolas colombianos a Mallorca, los periodistas recorrieron las instalaciones de Terracor junto al propio Toni Gili, quien ofreció todo lujo de detalles sobre cómo había evolucionado la situación de los trabajadores de temporada en la empresa y en la isla. “El problema en Balears es que coincide la temporada alta turística con la agrícola y eso hace que la competencia por los trabajadores sea muy fuerte”, señaló entonces.

Desde entonces, elDiario.es ha hecho diversas gestiones para confirmar tanto la situación habitacional como laboral de estos empleados. Cabe recordar que muchos de estos temporeros –que llegan a trabajar hasta nueve meses en Mallorca- comenzaron en la empresa el pasado mes de abril y que los documentos de cuando los temporeros llegaron a la empresa facilitados a este periódico también están fechados en los meses en que Gili, según su propia declaración, sí era socio de Terracor. Este es el caso del cuadrante de horarios publicado en el reportaje y correspondiente a mayo de 2024, en el que la mayoría de jornadas son de 12 horas, pero se encuentran otras de hasta 17.Según ha podido saber elDiario.es, este viernes han comenzado ya las actuaciones para inspeccionar la situación de los trabajadores temporeros de Terracor. Además de la presencia del propio Gili, una de las primeras actuaciones de la empresa ha sido adelantar el final de la jornada de muchos de sus empleados a las 15 horas, según han explicado algunos testigos.

Por su parte, Terracor ha emitido un comunicado este viernes en el que señala que el grupo siempre ha puesto su empeño “en cumplir con la normativa vigente” y que cuenta con “el aval” de Unió de Pagesos. Asimismo, aseguran que la empresa se ha “sometido y superado” verificaciones de los alojamientos de temporeros por parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores (COAC). Sin embargo, no concretan si las instalaciones revisadas fueron las mismas a las que hace referencia el reportaje de elDiario.es

En su nota, Terracor no ha desmentido ni negado ninguna de las informaciones reveladas por elDiario.es y, de hecho, ha confirmado que durante este viernes se ha realizado una inspección de Trabajo que, según aclaran, ha concluido sin medidas cautelares. Por último, señalan que Gili, tal como él mismo ha aclarado después de la publicación del artículo, “dejó de formar parte de la propiedad del Grupo Terracor” el pasado mes de julio, pese a que figuraba en su página web como uno de los cinco socios del conglomerado incluso este mismo jueves 8 de agosto.  

“Sé que em pot perjudicar perquè igual no donen una bona referència de mi i l'any que ve… Però vull que es doni a conèixer la realitat, que les noves persones que vinguin no hagin d'estavellar-se contra el mur amb el qual ens donem nosaltres”, assumeix Fernando. El seu nom és fals perquè, d'una altra forma, la seva història no podria contar-se. La història de les condicions en les quals viuen i treballen els temporers de Terracor que han comptat la seva vivència a elDiario.es. Aquest conglomerat mallorquí està format per sis empreses dedicades al cultiu i venda de fruites i verdures. En el seu organigrama figuren cinc socis. Un d'ells, el secretari general de Vox en Balears i conseller del Consell de Mallorca, Toni Gili.

A 8.000 quilòmetres del seu país i sense més contactes que els seus propis companys, la majoria se senten atrapats en un panorama que no saben molt bé com resoldre. “Alguns hem demanat un augment de sou que se'ns ha denegat, i també hem parlat amb associacions de colombians aquí perquè ens puguin tirar una mà, però de moment no hi ha hagut cap millora”, afirma un altre dels afectats.

La realitat que expliquen els temporers de Terracor és que les condicions no són falagueres: segons la seva versió, el seu salari ronda els 6 euros l'hora i en les seves jornades el “normal” és que treballin dotze hores. En el quadrant del mes de maig que un dels empleats mostra a elDiario.es figuren també jornades de 13, 14 i fins i tot 17 hores. En les nòmines consultades no apareixen hores extra remunerades.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, quan ha tingut coneixement dels fets, a través de la seva Secretaria d'Estat de Migracions, ha actuat. En coordinació amb la de Delegació del Govern en Balears, ha localitzat a l'empresa i, una vegada realitzat aquest tràmit, ha notificat la denúncia a Inspecció de Treball perquè acudeixi i realitzi la visita pertinent de cara a, si és el cas, depurar responsabilitats.

elDiario.es va intentar posar-se en contacte amb Toni Gili abans de la publicació d'aquest reportatge, però el polític derivà la consulta a la responsable de comunicació del grup, qui va especificar que l'any passat l'empresa va superar una inspecció en els allotjaments dels temporers, però no ha sabut concretar quin organisme es va encarregar d'aquesta inspecció ni quines van ser les instal·lacions revisades. “Els treballadors no tenen cap luxe, és cert, però complim la normativa”, afegeix. Tampoc ha pogut proporcionar informació sobre les condicions laborals ni les jornades de treball actuals dels empleats. “El problema en Balears és que coincideix la temporada alta turística amb l'agrícola i això fa que la competència pels treballadors sigui molt fort”, explicava en un reportatge anterior Gili, enginyer tècnic agrícola i responsable d'Innovació i Producció de la companyia.

Amb tot, després de la publicació del reportatge, Terracor ha emès un comunicat en què assenyala que el grup sempre ha posat el seu afany “a complir amb la normativa vigent” i que compta amb “l'aval” d'Unió de Pagesos. Així mateix, asseguren que l'empresa s'ha “somès i superat” verificacions dels allotjaments de temporers per part de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Guanyadors (COAC). Tot i això, no concreten si les instal·lacions revisades van ser les mateixes a què fa referència el reportatge d'elDiario.es. Per part seva, Gili ha assegurat que no és soci de l'empresa des del mes de juliol passat.

Allotjament precari i sense higiene

Al migdia, el sol d'agost cau a plom sobre la carretera de Manacor. Una recta gairebé infinita d'asfalt flanquejada per camps on destaca un hivernacle blanc amb el logotip de Terracor. A sota, una frase: “Agricultura d'aquí, del dia”. El que s'aixeca darrere -un diria que estratègicament amagada- és precisament una de les dues instal·lacions on l'empresa allotja els seus temporers. “La primera vegada que vaig venir, ja fa gairebé vint anys, sí que em va sorprendre. Ara ja…”, reconeix un dels treballadors abans d'encongir-se d'espatlles.

Entre hivernacles d'hortalisses i planta aromàtiques s'aixeca una gran nau de pedra. Al lateral el buit de l'antiga porta dona pas a una mena de saló tan precari com els terres i les parets sense acabar. Més al fons, sobre un terra ja enrajolat, s'arriba a la cuina i a la successió de fogons i prestatgeries que guarden el menjar i estris de les 28 persones que hi viuen. Algunes treballadores permanents de l'empresa.

Les habitacions són de l'altra banda, on la nau adquireix més l'aspecte d'una antiga casa mallorquina de camp i encara conserva part de l'encallat de les parets. Allà on hi havia espai s'ha col·locat un llit. Fins i tot a l'antic saló. Les habitacions compartides se succeeixen a un costat i a l'altre. Algunes amb la porta oberta perquè és l'única ventilació que tenen, d'altres amb finestres tapiades per panells de fusta. En una encara dormen els que han cobert el torn nocturn: des de les sis de la tarda fins a les sis del matí per preparar les comandes dels hotels.

Tot el conjunt té un aspecte atrotinat. Els socis de l'empresa ho coneixen bé. Fa tot just vint minuts que Toni Gili ha marxat. Els cables pengen de les bigues, les columnes que sostenen l'immens porxo estan esquerdades i corcades. Sota el sostre hi conviuen rentadores, cadires, extintors i cartells que indiquen que està prohibit fumar. Aquí i allà s'acumulen caixes buides de fruita, bidons de Repsol i garrafes amb els productes utilitzats als hivernacles, alguns dels quals són a escassos metres de les habitacions. A més de la desena de sacs d'escombraries amuntegats al costat del mur exterior, un altre dels espais en pitjor estat és un cobert en què també s'ha habilitat un dormitori al costat d'un embull de cables, canonades, mànegues i ferros de més d'un metre d'alçada.

“Quan ens contracten ens diuen que tindrem allotjament, però no com serà. Després quan arribes tampoc tries si ets a la casa o als contenidors, però tots paguem el mateix: 80 euros al mes”, explica un dels temporers. Una quantitat que l'empresa els descompta directament de la nòmina i que suposa uns ingressos mensuals de 2.240 euros només amb aquestes instal·lacions. També inclou els serveis d'electricitat i aigua, de fet també tenen aigua corrent, “però no és apta per al consum”, diuen.

Quan ens contracten ens diuen que tindrem allotjament, però no com serà. Després quan arribes tampoc tries si ets a la casa o en els contenidors, però tots paguem el mateix: 80 euros al mes

Temporer

Prefabricats i la crisi de l'habitatge

“Jo no visc així al meu país, jo tinc una casa, però no està tan malament. Al final es tracta de no gastar gaire i poder enviar a casa tots els diners possibles”, explica una treballadora. Alguns han tret el cap al mercat immobiliari de Mallorca -on la mitjana del lloguer supera ja els 1.400 euros- i han tornat horroritzats i encara més resignats. D'una banda, la crisi de l'habitatge fa pràcticament impossible plantejar-se qualsevol alternativa. De l'altra, per als qui han arribat emparats per l'ordre del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen, la posada a disposició del treballador d'un allotjament adequat és una de les obligacions de l'empresari. Un allotjament que ha de complir, diu l'article 2, les condicions d'“habitabilitat i higiene adequades”. El seu compliment, afegeix, “podrà ser objecte de certificació i/o verificació”. Però entre la temporada 2023 i 2024 no hi ha constància oficial que algú hagi inspeccionat les instal·lacions de Terracor.

“Sincerament, jo esperava una mica millor. Els meus amics es van inscriure per a altres llocs a Espanya i van arribar abans”, relata un altre dels temporers. Les fotografies que li van enviar quan encara ell era a Colòmbia eren les d'un apartament “normal” compartit. Allò el va animar a fer el pas. Tenia experiència al camp i passar nou mesos en una illa del Mediterrani no sonava malament. La seva intenció era aconseguir diners per poder tornar a la Universitat –va haver d'abandonar Medicina per manca de recursos– i ajudar també la seva germana a pagar els estudis. “En arribar vaig veure que tot era diferent, però no em vaig plantejar anar-me'n. A Colòmbia diem 'ja que fiquem les potes, fiquem també el cos”, recorda.

Un dels treballadors va haver d'abandonar la carrera de Medicina a Colòmbia per falta de recursos i va decidir venir a Mallorca per a aconseguir diners. Quan li van ensenyar les fotografies dels apartaments, assegura que eren 'normals'. No obstant això, diu que 'en arribar' es va adonar que 'tot era diferent

Ell és un dels nois dels contenidors. Des de fa mesos comparteix una caseta prefabricada amb dues persones més. La llitera, el llit, la taquilla i l'armari plegable amb prou feines deixen espai per moure's. L'ordre del Ministeri assenyala que “és recomanable” que “l'espai total habitable del dormitori arribi a un mínim de 3,5 metres quadrats per persona”. “Em va fer vergonya explicar-ho als meus amics. No els vaig enviar cap foto i només els vaig dir que les condicions no eren gaire aptes. A la meva mare ni d'acudit li explico”, afirma. Aquesta és la confessió més estesa entre els companys: que la família no sàpiga, no es preocupi.

A més del seu, una altra mitja dotzena de contenidors prefabricats es reparteixen pel terreny. Fins i tot la caseta on encara penja el rètol d'oficina allotja ara dues treballadores. En una altra s'acumulen neveres, fogons i bombones de butà en una mena de segona cuina. Més allunyat, un nou mòdul fa de bany, segons expliquen, per als nois senegalesos. Un bany de cortines arrelades, desguassos embossats i floridura. L'infern al paradís del turisme.

Premi al millor productor sostenible

La situació dels temporers de Terracor surt a la llum després que elDiario.es dediqués un reportatge als temporers colombians que des de fa anys arriben a Mallorca per a salvar la temporada agrícola davant la falta de mà d'obra local. Només en els dos últims anys, entre 400 i 500 ciutadans d'aquest país han desembarcat a l'illa de la mà d'Unió de Pagesos, Asaja i empreses particulars per a dedicar-se a la recollida i distribució de fruites i hortalisses. Al costat d'ells, recorren els camps i els hivernacles altres tants treballadors del Senegal o Romania, alguns d'ells amb contractes permanents.

Constituït el 2017, Terracor Grup té la seva seu principal a Manacor, encara que treballen més de 305 hectàrees tant en aquest municipi com a Petra, Felanitx i Porreres. Entre els seus principis hi ha el “compromís molt ferm amb el respecte per la nostra terra” i el medi ambient, i un dels seus eslògans principals és “democratitzam el rural perquè tota Mallorca ho gaudeixi”. A través de les seves sis marques, no només es dedica al cultiu i comercialització de fruita i verdura, sinó que també compta amb el seu propi restaurant -amb vista a un dels seus hivernacles- i organitza “experiències agrícoles i gastronòmiques” per a locals i turistes.

L'any 2022 l'empresa va inaugurar el nou centre agrícola a la finca de Sa Teulera (Petra), des d'on comercialitzen fins a 8 milions de quilos de producte local a l'any. A més de col·laborar amb diverses entitats públiques i privades de Mallorca, així com amb ONG, el 2021 va rebre el premi BBVA als Millors Productors Sostenibles.

“Sé que me puede perjudicar porque igual no dan una buena referencia de mí y el año que viene… Pero quiero que se dé a conocer la realidad, que las nuevas personas que vengan no tengan que estrellarse contra el muro con el que nos damos nosotros”, asume Fernando. Su nombre es falso porque, de otra forma, su historia no podría contarse. La historia de las condiciones en las que viven y trabajan los temporeros de Terracor que han contado su vivencia a elDiario.es. Este conglomerado mallorquín está formado por seis empresas dedicadas al cultivo y venta de frutas y verduras. En su organigrama figuran cinco socios. Uno de ellos, el secretario general de Vox en Balears y conseller del Consell de Mallorca, Toni Gili.

A 8.000 kilómetros de su país y sin más contactos que sus propios compañeros, la mayoría se sienten atrapados en un panorama que no saben muy bien cómo resolver. “Algunos hemos pedido un aumento de sueldo que se nos ha denegado, y también hemos hablado con asociaciones de colombianos aquí para que nos puedan echar una mano, pero por el momento no ha habido ninguna mejora”, afirma otro de los afectados.

La realidad que explican los temporeros de Terracor es que las condiciones no son halagüeñas: según su versión, su salario ronda los 6 euros la hora y en sus jornadas lo “normal” es que trabajen doce horas. En el cuadrante del mes de mayo que uno de los empleados muestra a elDiario.es figuran también jornadas de 13, 14 e incluso 17 horas. En las nóminas consultadas no aparecen horas extra remuneradas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos, a través de su Secretaría de Estado de Migraciones, ha actuado. En coordinación con la Delegación del Gobierno en Balears, ha localizado a la empresa y, una vez realizado este trámite, ha notificado la denuncia a Inspección de Trabajo para que acuda y realice la visita pertinente de cara a, en su caso, depurar responsabilidades.

elDiario.es intentó ponerse en contacto con Toni Gili antes de la publicación de este reportaje, pero el político derivó la consulta a la responsable de comunicación del grupo, quien especificó que el año pasado la empresa superó una inspección en los alojamientos de los temporeros, pero no ha sabido concretar qué organismo se encargó de dicha inspección ni cuáles fueron las instalaciones revisadas. “Los trabajadores no tienen ningún lujo, es cierto, pero cumplimos la normativa”, añade esta persona. Tampoco ha podido proporcionar información sobre las condiciones laborales ni las jornadas de trabajo actuales de los empleados. “El problema en Balears es que coincide la temporada alta turística con la agrícola y eso hace que la competencia por los trabajadores sea muy fuerte”, explicaba en un reportaje anterior Gili, ingeniero técnico agrícola y responsable de Innovación y Producción de la compañía.

Tras la publicación de este artículo, Terracor ha emitido un comunicado en el que señala que el grupo siempre ha puesto su empeño “en cumplir con la normativa vigente” y que cuenta con “el aval” de Unió de Pagesos. Asimismo, aseguran que la empresa se ha “sometido y superado” verificaciones de los alojamientos de temporeros por parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores (COAC). Sin embargo, no concretan si las instalaciones revisadas fueron las mismas a las que hace referencia el reportaje de elDiario.es. Por su parte, Gili ha asegurado que no es socio de la empresa desde el pasado mes de julio.

Alojamiento precario y sin higiene

A mediodía, el sol de agosto cae a plomo sobre la carretera de Manacor. Una recta casi infinita de asfalto flanqueada por campos en los que destaca un invernadero blanco con el logo de Terracor. Debajo, una frase: “Agricultura de aquí, del día”. Lo que se levanta detrás -uno diría que estratégicamente escondida- es precisamente una de las dos instalaciones en las que la empresa aloja a sus temporeros. “La primera vez que vine, hace ya casi veinte años, sí me sorprendió. Ahora ya…”, reconoce uno de los trabajadores antes de encogerse de hombros.

Entre invernaderos de hortalizas y planta aromáticas se levanta una gran nave de piedra. En el lateral el hueco del antiguo portón da paso a una suerte de salón tan precario como los suelos y paredes sin acabar. Más al fondo, sobre un suelo ya embaldosado, se llega a la cocina y a la sucesión de fogones y estanterías que guardan la comida y enseres de las 28 personas que viven aquí. Algunas, trabajadoras permanentes de la empresa.

Las habitaciones están del otro lado, donde la nave adquiere más el aspecto de una antigua casa mallorquina de campo y conserva aún parte del encalado de sus paredes. Allí donde había espacio se ha colocado una cama. Incluso en el antiguo salón. Las habitaciones compartidas se suceden a uno y otro lado. Algunas con la puerta abierta porque es la única ventilación que tienen, otras con las ventanas tapiadas por paneles de madera. En una de ellas aún duermen quienes han cubierto el turno nocturno: desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana para preparar los pedidos de los hoteles. 

Todo el conjunto tiene un aspecto destartalado. Los socios de la empresa lo conocen bien. Hace apenas veinte minutos que Toni Gili se ha marchado. Los cables cuelgan de las vigas, las columnas que sostienen el inmenso porche están agrietadas y carcomidas. Bajo su techo conviven lavadoras, sillas, extintores y carteles que indican que está prohibido fumar. Aquí y allá se acumulan cajas vacías de fruta, bidones de Repsol y garrafas con los productos utilizados en los invernaderos, algunos de los cuales están a escasos metros de las habitaciones. Además de la decena de sacos de basura amontonados junto al muro exterior, otro de los espacios en peor estado es un cobertizo en el que también se ha habilitado un dormitorio junto a una maraña de cables, tuberías, mangueras y hierros de más de un metro de altura.

“Cuando nos contratan nos dicen que tendremos alojamiento, pero no cómo será. Luego cuando llegas tampoco eliges si estás en la casa o en los contenedores, pero todos pagamos lo mismo: 80 euros al mes”, cuenta uno de los temporeros. Una cantidad que la empresa les descuenta directamente de la nómina y que le supone unos ingresos mensuales de 2.240 euros sólo con estas instalaciones. También incluye los servicios de electricidad y agua, de hecho también tienen agua corriente, “pero no es apta para el consumo”, nos dicen. 

Cuando nos contratan nos dicen que tendremos alojamiento, pero no cómo será. Luego cuando llegas tampoco eliges si estás en la casa o en los contenedores, pero todos pagamos lo mismo: 80 euros al mes

Temporero

Prefabricados y la crisis de la vivienda

“Yo no vivo así en mi país, yo tengo una casa, pero no está tan mal. Al final se trata de no gastar mucho y poder mandar a casa todo el dinero posible”, cuenta una trabajadora. Algunos se han asomado al mercado inmobiliario de Mallorca -donde la media del alquiler supera ya los 1.400 euros- y han vuelto horrorizados y aún más resignados. Por un lado, la crisis de la vivienda hace prácticamente imposible plantearse cualquier alternativa. Por otro, para quienes han llegado amparados por la orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen, la “puesta a disposición del trabajador de un alojamiento adecuado” es una de las obligaciones del empresario. Un alojamiento que debe cumplir, dice el artículo 2, las condiciones de “habitabilidad e higiene adecuadas”. Su cumplimiento, añade, “podrá ser objeto de certificación y/o verificación”. Pero entre la temporada 2023 y la 2024 no hay constancia oficial de que alguien haya inspeccionado las instalaciones de Terracor.

“Sinceramente, yo esperaba algo mejor. Mis amigos se postularon para otros puestos en España y llegaron antes”, relata otro de los temporeros. Las fotografías que le enviaron cuando él aún estaba en Colombia eran las de un apartamento “normal” compartido. Aquello le animó a dar el paso. Tenía experiencia en el campo y pasar nueve meses en una isla del Mediterráneo no sonaba mal. Su intención era conseguir dinero para poder volver a la Universidad –tuvo que abandonar Medicina por falta de recursos- y ayudar también a su hermana a pagar los estudios. “Al llegar vi que todo era diferente, pero no me planteé irme. En Colombia decimos ‘ya que metimos las patas, metamos también el cuerpo”, recuerda.

Uno de los trabajadores tuvo que abandonar la carrera de Medicina en Colombia por falta de recursos y decidió venir a Mallorca para conseguir dinero. Cuando le enseñaron las fotografías de los apartamentos, asegura que eran 'normales'. Sin embargo, dice que 'al llegar' se dio cuenta de que 'todo era diferente

Él es uno de los chicos de los contenedores. Desde hace meses comparte una caseta prefabricada con otras dos personas. La litera, la cama, la taquilla y el armario plegable apenas dejan espacio para moverse. La orden del Ministerio señala que “es recomendable” que el “espacio total habitable del dormitorio alcance un mínimo de 3,5 metros cuadrados por persona”. “Me dio vergüenza contárselo a mis amigos. No les envié ninguna foto y sólo les dije que las condiciones no eran muy aptas. A mi madre ni de chiste le cuento”, afirma. Ésa es la confesión más extendida entre sus compañeros: que la familia no sepa, no se preocupe. 

Además del suyo, otra media docena de contenedores prefabricados se reparten por el terreno. Incluso la caseta en la que aún cuelga el rótulo de “oficina” aloja ahora a dos trabajadoras. En otra se acumulan neveras, hornillos y bombonas de butano en una suerte de segunda cocina. Más alejado, un nuevo módulo hace las veces de baño, según explican, para los chicos senegaleses. Un baño de cortinas raídas, desagües atorados y moho. El infierno en el paraíso del turismo. 

Premio al mejor productor sostenible

La situación de los temporeros de Terracor sale a la luz después de que elDiario.es dedicara un reportaje a los temporeros colombianos que desde hace años llegan a Mallorca para salvar la temporada agrícola ante la falta de mano de obra local. Sólo en los dos últimos años, entre 400 y 500 ciudadanos de este país han desembarcado en la isla de la mano de Unió de Pagesos, Asaja y empresas particulares para dedicarse a la recogida y distribución de frutas y hortalizas. Junto a ellos, recorren los campos y los invernaderos otros tantos trabajadores de Senegal o Rumanía, algunos de ellos con contratos permanentes. 

Constituido en 2017, Terracor Grup tiene su sede principal en Manacor, aunque trabajan más de 305 hectáreas tanto en este municipio como en Petra, Felanitx y Porreres. Entre sus principios están el “compromiso muy firme con el respeto por nuestra tierra” y el medio ambiente, y uno de sus eslóganes principales es “democratitzam lo rural per a que tota Mallorca ho disfruti” (“Democratizamos lo rural para que toda Mallorca lo disfrute”, en castellano). A través de sus seis marcas, no sólo se dedica al cultivo y comercialización de fruta y verdura, sino que también cuenta con su propio restaurante -con vistas a uno de sus invernaderos- y organiza “experiencias agrícolas y gastronómicas” para locales y turistas. 

En 2022 la empresa inauguró su nuevo centro agrícola en la finca de Sa Teulera (Petra), desde donde comercializan hasta 8 millones de kilos de producto local al año. Además de colaborar con diversas entidades públicas y privadas de Mallorca, así como con ONG, en 2021 recibió el premio BBVA a los Mejores Productores Sostenibles.

Si tienes más información sobre este caso o situaciones similares, escríbenos a pistas@eldiario.es

1.200 hectáreas de olivos, alcachofas, habas y brócoli pueden tener el valor simbólico de una utopía y, a la vez, tanto peso en kilos como para sostener materialmente un pueblo. En un despacho presidido por las banderas de Marinaleda (con su emblema “una utopía hacia la paz”), la andaluza y la republicana española, bajo la mirada del Che Guevara y ante una mesa dominada por unos puños encadenados, el alcalde de Marinaleda dice: “Si no fuera por El Humoso, porque damos viviendas por 15 euros al mes, guardería por 12 euros… Si no fuera por todo eso, hace tiempo que esto sería un pueblo fantasma”.

Por primera vez en democracia, el alcalde de Marinaleda (Sevilla, 2.577 habitantes) ya no es el histórico líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, sino Sergio Gómez Reyes (Con Andalucía: IU + Podemos), maestro de profesión, sindicalista como su mentor y candidato vencedor en las elecciones de 2023. El 28 de mayo su candidatura obtuvo seis concejales, por cinco de la Agrupación Municipalista Avanza Marinaleda. Vox, PP y PSOE sumaron 18 votos y cero ediles.

Gómez, que sigue la senda de su antecesor, se ha encontrado con un problema al que da categoría existencial: El Humoso (o Los Humosos), la histórica finca muchas veces ocupada y finalmente expropiada al Duque del Infantado, pende de un hilo tal y como es hoy. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de descartar que las ocho cooperativas que la explotan desde los 90 se queden con ella, y el ayuntamiento asegura que no puede comprarla al precio que pone la Junta de Andalucía, que es su propietaria. Pero es que, además, en Marinaleda no quieren comprar.

“El objetivo nunca ha sido la propiedad. Aquí los beneficios van a la inversión para dar más trabajo, y no se llevan a Suiza. El Humoso es el pan de Marinaleda. Si algo une a este pueblo es El Humoso”, insiste el alcalde, que estos días pretende reunirse con la consejera de Agricultura para plantearle alternativas que garanticen que la tierra siga en manos de los trabajadores.

La Junta de Andalucía se limita a explicar que los servicios técnicos están “valorando” la sentencia para dar cumplimiento. Si no hay acuerdo, los cooperativistas recurrirán ante el Tribunal Supremo para ganar tiempo frente a la orden de desalojo suspendida desde 2021.

En paralelo, Adelante Andalucía ha registrado ante el Parlamento andaluz una moción “en defensa del modelo cooperativo de Marinaleda”. Pide al Gobierno andaluz que garantice “la propiedad pública, la gestión cooperativa y la planificación comunal” de Los Humosos, que explotan las cooperativas marinaleñas aunque se sitúe en el término municipal de Écija.

Los jornales de Los Humosos

A las puertas de la planta envasadora, Juan Prieto da cuenta de la producción: la sequía está poniendo las cosas muy difíciles. Las alcachofas, que dan trabajo de octubre a mayo, se venden por anticipado y se destinan a Navarra ya en botes, lo que evita intermediarios y retiene el valor añadido en Marinaleda, pero este año se recogerán menos de la mitad que habitualmente. Y el brócoli y el pimiento hace ya tiempo que no se cultivan. De los 40.000 jornales que El Humoso puede dar en un buen año, la sequía ha dado un tajo a la mitad.

Prieto echa cuentas para resaltar que, si hay agua, Los Humosos funciona: cien personas trabajando a diario en los dos meses del verdeo y el molino de aceite; 40 o 50 con las alcachofas… “Cuando empiezan las habas, todo el mundo que quiere se viene. Y si se junta la alcachofa con el olivar, también”. Esos cultivos dan beneficios con los que ahora se repara el tejado del molino y el año pasado se compró una caldera de pellet. También compensan pérdidas: “Nadie siembra cultivos que pierdan, pero nosotros sí, porque dan trabajo”.  

“Este cortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda”, se lee en la fachada que da paso a Los Humosos. Los jornales son la vara de medir. Las ocho cooperativas agrupan hoy a entre 50 y 60 cooperativistas, 35 de los cuales trabajan la finca junto a una decena de empleados fijos. El resto son eventuales, jornaleros de temporada que salen de listas de Whatsapp con unas 400 personas que rotan, según Prieto. El pueblo tiene en torno a 1.600 personas en edad de trabajar y un paro registrado del 8,20%, de las tasas más bajas de Sevilla.

Cuando la cosecha es buena, hay labor para todo el que quiere, asegura el cooperativista; si no, se asigna por rotación en asambleas con la intermediación del municipio. Un sistema que abona periódicamente las sospechas de clientelismo. El alcalde las niega. “En las cooperativas hay gente que no son votantes nuestros. Aquí el que quiere trabajar, trabaja”.

El reparto de jornales, el acceso a vivienda barata y las facilidades para conciliar mantienen con vida a Marinaleda, según Gómez. Desde 1981 ha ganado 355 habitantes, aunque hace años que el crecimiento se estancó y en los últimos diez ha perdido casi 200, según las cifras del INE. “Si se acabara la gente se moriría de hambre, porque no podrían ni echar el desempleo. Aquí no hay nada, y cada día hay menos”, lamenta Prieto.

Más allá de Los Humosos no hay mucho. Hace dos años que se marchó Agroalimentaria Los Lugares, tras años de enfrentamientos con Sánchez Gordillo. Los pocos bares ofrecen la triste estampa de la persiana bajada. Marinaleda, en tierra de jornaleros y bandoleros, dista casi hora y media tanto de Sevilla como de Málaga. No existe ni un hotel, pero sí hay un taxi. “Taxi Pedrito pa’ viajar agustito!”, se anuncia en una cochera de la calle Alcalde Vicente Cejas.

Expropiada en 1991

Aquí la agricultura es supervivencia. Por eso, la historia reciente de El Humoso hunde sus raíces en las primeras luchas jornaleras de la democracia y la victoria de la CUT (Colectivo de Unidad de los Trabajadores) en 1979; en las ocupaciones de sedes oficiales en Sevilla; en las huelgas de hambre de medio pueblo por el empleo (en 1980) y por el agua (en 1982); en las marchas desde Marinaleda al pantano de la Cordobilla y a la finca del Duque del Infantado para pedir tierra y labor.

En 1991 la Junta de Andalucía expropió el terreno, que entregó a los jornaleros de Sánchez Gordillo bajo un artificio: debían constituirse un puñado de cooperativas (formalmente ocho, aunque funcionen como una), a las que se cedería la tierra a cambio de un canon. Debían tener un mínimo de cooperativistas, y ahí radica ahora el problema: sendos decretos de 2015 y 2021 obligan a la Junta de Andalucía a vender las antiguas tierras del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y los cooperativistas que quedan son insuficientes para quedárselas, según acaba de concluir el TSJA. Ampliar la nómina hasta el centenar haría inviable no sólo el reparto del trabajo en el pueblo, sino el mismo proyecto, aseguran las cooperativas.

El problema no es nuevo. Los cooperativistas y la Junta de Andalucía nunca concretaron las negociaciones abiertas en la década pasada para el traspaso del Humoso, cuando la Junta llegó a plantear un precio superreducido de seis millones de euros, aplicando un descuento de un 65%. “A 30 años, lo hubiésemos averiguado”, lamenta Prieto, un cooperativista jubilado que ahora hace las veces de relaciones públicas de las cooperativas. Ahora ya es tarde.

“Llevamos treinta años allí y tienen que contar con nosotros”, exige el hombre, que calcula que en este tiempo se habrán generado un millón de jornales e invertido 10 millones de euros: los últimos 300.000, en una nueva calibradora para las habas. “Si nos echan, alguien tendrá que pagarnos esas inversiones”, advierte.

Temor a los fondos de inversión

El ayuntamiento ha tomado las riendas de la negociación y pide a la Junta que modifique la norma para ceder las tierras al ayuntamiento o mantenerlas en régimen de concesión. El alcalde, que maneja un presupuesto anual de 3,9 millones de euros, subraya que el derecho de adquisición preferente que ahora tienen es papel mojado si El Humoso se pone en el escaparate con un valor de mercado de 30 millones. Menos aún, en un contexto de apetito voraz de los fondos de inversión por las tierras de labor.

Sobre la mesa está también el pago de los 170.000 euros anuales, que no se abonan desde que la Junta instó al desalojo: una situación similar a la que se produjo en los orígenes de El Humoso.

“Si la Junta tiene interés de verdad en fijar población que trabaje en el territorio, aquí tiene la oportunidad”, dice Gómez, que vaticina que un fondo establecería un modelo de producción intensiva que acabaría con la relación de los marinaleños con El Humoso y con el trabajo que proporciona. “Este es el proyecto de un pueblo y no vamos a consentir que nos echen”, advierte Prieto: “No queremos la propiedad, queremos el uso de la tierra, para siempre. Lo que queremos es que nos dejen trabajar”. 

Un empresario intermediario de Valladolid ha sido detenido por proporcionar a un viticultor de La Seca una cuadrilla de 16 jornaleros de origen rumano, que pese a estar de forma regular en España estaban sin contrato, sin alta la Seguridad Social y con jornada maratonianas de “trabajo a destajo”. 

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado que el hombre ha sido detenido como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

El 13 de septiembre del pasado año, una inspección en un viñedo de La Seca localizó e identificó a una cuadrilla que se encontraban realizando labores de vendimia, dando lugar a una investigación.

El viñedo era explotado por una familia de la zona, que ante la necesidad de cumplir con los plazos de entrega de la uva decidió contratar a un empresario intermediario dedicado a la prestación de servicios agrícolas para que les facilitara trabajadores para la vendimia.

El empresario les proporcionó una cuadrilla compuesta por dieciséis jornaleros, y era él quien recibía el pago del propietario de la explotación, para después distribuirlo entre los trabajadores.

Ese mediador se quedaba con una parte de cada uno, por lo que su beneficio personal aumentaba en relación al número de trabajadores contratados.

Los dieciséis trabajadores, ciudadanos de origen rumano, carecían de contrato laboral y alta en el Sistema de la Seguridad Social aunque se encontraban en situación administrativa regular en España, por lo que no existía ningún impedimento legal para su contratación y alta como cotizantes.

Los trabajadores realizaban jornadas maratonianas, trabajando “a destajo” para finalizar cuanto antes y poder ser trasladados a otro campo.

De acuerdo a las mismas fuentes, además era el empresario quien les proporcionaba alojamiento en un municipio de la provincia de Segovia, y era el encargado de entregarles el salario, descontando gastos derivados de la vivienda y transporte al lugar de trabajo.

“Al final, nada cambia. Vienen, preguntan, graban y sigue todo igual”.

Hamsa Yabad lleva “casi” tres años en España. Subraya el adverbio: cuando los cumpla, podrá solicitar el arraigo que da acceso a un permiso de residencia. No será fácil: el ayuntamiento probablemente dirá que no le consta que vive en Níjar, él no podrá aportar un contrato y tendrá que demostrar que ha trabajado durante al menos seis meses. Así que exclama: “La ley española no funciona: dice que sin papeles no puedo trabajar, pero si no puedo trabajar, ¿cómo voy a demostrar que estoy trabajando?”.

El hecho es que trabaja: cada día, este ghanés de 28 años baja a la rotonda de San Isidro: “Si tienes suerte, trabajas. Si no, no”. Normalmente a cinco euros la hora, otras veces a cuatro y pico. Este jueves no ha habido suerte. La campaña de la sandía va peor de lo esperado.

Por eso, pasa la mañana en Atochares, el más grande de los asentamientos chabolistas de Níjar. Aquí viven unos 700 de las 3000 personas que, según las estimaciones más conservadoras, habitan entre palés, plásticos y muros de hormigón, los que tienen más suerte. Es el caso de la zona que ocupan los ghaneses, arrasada hace años y luego reconstruida: una calle donde hay ropas y bidones a uno y otro lado, una pequeña aula al aire libre, y que culmina en una plazoleta en cuyo centro brota una tubería. Es agua de riego, no potable, la única que aquí tienen. La tubería la tendieron ellos mismos y sindicalistas del SAT hace un par de años, con dinero de una asociación británica, Ethical Consumer. Es esencial para mantener la higiene y evitar enfermedades.

Yabad sabe que este domingo hay elecciones. “¿Te gustaría votar?”. “¿Sin papeles?”, repregunta mientras se ríe. “Los españoles no van a dejar votar a los inmigrantes. Los blancos sí pueden votar. Los morenos no”.

Sin derecho a voto

En Níjar, hay 16.803 españoles empadronados por 15.013 extranjeros, la inmensa mayoría de los cuales no tendrá derecho a votar en estas elecciones, porque tienen la nacionalidad de países que no han firmado un convenio bilateral de reconocimiento. Es el caso de Marruecos (10.160 empadronados, dos de cada tres extranjeros) o Senegal (374).

La situación se reproduce en el resto de la provincia, cuyos invernaderos se nutren de mano de obra inmigrante. Los 162.000 extranjeros (incluyendo de la UE) empadronados en Almería representan al 22% de la población total, y de ellos, la mayoría no pueden votar: 83.279 son nacionales de algún país africano. En Almería podrán votar 12.825 extranjeros, según los datos de la Oficina del Censo Electoral. La mayoría (6.118) son rumanos. Les siguen los británicos, 3.012.

“La esencia de la democracia es que las personas que quedan sometidas a un ordenamiento puedan participar en el proceso de designación de representantes. Excluir a una parte por su nacionalidad afecta al principio democrático”, apunta Rafael Naranjo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga y autor del artículo Elecciones municipales y derecho al voto de los extranjeros no comunitarios: estado de la cuestión y propuestas de reforma (2017).

La restricción no es absoluta, pero el reconocimiento del derecho se condiciona a la aplicación estricta del criterio de reciprocidad: sin reconocimiento bilateral, no lo hay en España. Esto provoca casos singulares, como que los nacionales de Cabo Verde o Trinidad y Tobago, que representan una proporción ínfima en nuestro país, sí disfruten de ese derecho el próximo domingo.

Casi uno de cada cuatro extranjeros que viven legalmente en España no tienen derecho a votar. El motivo histórico es casi una razón de Estado: que la formación de la voluntad popular sea llevada a cabo por los nacionales. Sin embargo, se diluye a medida que se rebaja la capacidad normativa de los cargos en liza. Naranjo cree que es cuestión de tiempo que las exigencias se vayan suavizando: “Empezando por donde la soberanía nacional no está en juego, y es evidente que el ámbito municipal es el más propicio para ello, porque no tiene capacidad legislativa”.

¿Qué trascendencia tiene esto? “Esa población no tiene peso sobre las decisiones de los cargos públicos, porque no votan. Y los cargos públicos no tienen incentivos porque no necesitan el voto de ese sector de la población”. La cuestión no es nueva. En 2003, Andalucía Acoge lanzó la campaña “Aquí vivo, aquí voto”, en la que proponía cambiar la ley para reconocer el derecho de sufragio activo a personas extranjeras con residencia legal de carácter estable.

Sin derecho a voto, a los migrantes que sostienen el campo almeriense ven cegada la vía política para exigir el cumplimiento de derechos que sí les reconoce la Constitución y las leyes. En 2019, el PSOE obtuvo en Níjar el 48,44% de los votos, el PP el 27,2% y Vox el 13,71%. Hasta ahora, el auge de Vox en la provincia se limita a las elecciones generales, y no se refleja tanto en las municipales, donde PSOE y PP siguen repartiéndose las alcaldías.

Derecho a luz y agua: “No he visto nada así en mi vida”

Mediodía, y no hay mucho movimiento en Atochares. La mayoría están en el tajo. Se calcula que unas 30.000 personas trabajan en los invernaderos de Níjar, que oficialmente se extienden por más de 6.000 hectáreas. En toda la provincia la superficie bajo plástico es de 32.000 hectáreas, tanta que hasta a la NASA le ha llamado alguna vez la atención la vista desde el espacio.

Una parte sustancial de esa mano de obra malvive sin un techo digno, sin suministro eléctrico, sin transporte, sin agua potable. Esta situación suele pasar desapercibida hasta que ocurre un incendio o un reportaje televisivo en el extranjero expone a la industria agroalimentaria almeriense ante sus distribuidores europeos.

“Este sitio es muy malo. Yo nunca había visto algo así en mi vida. ¿Por qué los españoles tenéis a la gente de esta forma?”, cuestiona Kuaku, senegalés, que ha venido desde Turín a visitar a un amigo. “En Italia si tienes trabajo, puedes alquilar. Y si no, vas a un alojamiento”.

Aquí no hay casas para alquilar, y menos con lo que cobran. Por eso viven en chabolas. El pasado 30 de enero, el ayuntamiento de Níjar derribó el asentamiento de El Walili, donde se hacinaban 500 personas. Era el más visible desde la carretera. “Ese asentamiento que da una imagen que no es la que corresponde a un lugar competitivo en Europa va a ser el primero”, dijo la alcaldesa Esperanza Pérez en febrero de 2022“.

Derecho a techo: 62 “unidades de alojamiento” para miles de candidatos potenciales

Media tarde en Los Grillos. A los últimos del Walili se les ofreció quedarse en unos barracones en este polígono industrial, pero cuatro meses después no hay más de 40 personas en el alojamiento temporal. De un vistazo, el gran módulo con cientos de literas apenas tiene unas 20 camas ocupadas por marroquíes, mientras que otros 15 o 20 subsaharianos viven en los módulos contiguos. La mayoría se fue a otras chabolas porque están más cerca de sus lugares de trabajo.

El ayuntamiento está construyendo aquí 62 “unidades de alojamiento transitorio protegido”. No hay ni una tienda alrededor, ni un bar, ni una plaza. Cuando las casas estén listas, poco se podrá hacer allí más que dormir después del tajo.

El consistorio recibió 1,5 millones de euros de la Junta de Andalucía y el Estado para construir las casas en octubre de 2021 y vinculó la actuación con la erradicación del chabolismo. Es una incógnita cómo se asignarán. También ha adquirido suelos por 400.000 euros para ir desarrollando promociones de este tipo.

Por ahora, las primeras viviendas de Los Grillos no llegaron a tiempo para los de El Walili y siguen sin terminar. Por dentro todo parece preparado, incluso los enchufes. Pero fuera, los operarios se afanan ahora por recrecer las arquetas. No sabe cuándo concluirán, pero uno de los trabajadores explica su visión del retraso y más: “Se meterán 17… Trabajan dos semanas hasta que les dan un contrato y luego vuelan. Cobran más que yo. Los españoles estamos desapareciendo. Yo por mí el que tenga papeles que se quede, y el que no a su casa”. Pregunta: “La mayoría trabaja en la zona. Si eso ocurriera, ¿trabajaría usted en el invernadero?”. “Yo no, ya no tengo edad para eso”.

A poca distancia, junto al módulo de acogida, una veintena de subsaharianos esperan sentados para regresar a Roquetas. Vienen de recoger calabacines y llevan una hora aquí por un autobús, que pone su empresa, y que no llega. “Así todos los días. ¿Esto quién nos lo paga?”, dice Ibrahim Lion. Los puños de su sudadera delatan su procedencia senegalesa. Las manos, que trabaja duro: “Soy buen trabajador. Recojo lo que haga falta, sé echar abono, sulfatar…”. Llegó en 2015 y hasta 2021 no consiguió el permiso de residencia. Seis años estuvo trabajando sin que su empresa lo regularizara o pagara las cotizaciones.

Lion posa para la foto. Detrás de él, una pintada azul del SAT: “Llegó la hora: al campo con derechos”. Un poco más a la derecha, “Vota Vox”.  

Derecho al trabajo: sin vacaciones ni horas extra

Tarde en la carretera que une Níjar con San Isidro. A la puerta de Biosabor, presidida por Francisco Belmonte (Medalla de Honor de Andalucía 2019), ondean banderas andaluzas con el emblema del SAT-SOC. Rompe el hielo José García Cuevas, portavoz del sindicato, y china en el zapato de la patronal agrícola almeriense: “¡Llegó la hora, al campo con derechos!”, y le siguen una veintena de marroquíes han venido a apoyar a Ibrahim Sowe, recién despedido, teóricamente por bajo rendimiento.

Este guineano, que lleva desde 1998 en España y desde 2014 en la empresa, cree que es una represalia. Sowe no se conforma con la indemnización, que sí han recibido otros compañeros despedidos: quiere volver a trabajar. “Ocho años trabajando sin un expediente, y lo despiden ahora por motivos disciplinarios”, denuncia García Cuevas, mientras aparece un responsable de la empresa para grabar la protesta. Al otro lado de la rotonda observa una pareja de la Guardia Civil.

Muchos de los 700 trabajadores de la empresa, todos con los papeles en regla, son fijos discontinuos, y el sindicato reclama que también se les aplique el salario mínimo interprofesional y se les reconozcan 2,5 de vacaciones al mes, porque el convenio estaría caducado, según defiende el sindicato. Esgrimen varias sentencias que reconocen el derecho. “Es la tercera vez que vengo a protestar. No pasa nada, solo estamos pidiendo nuestros derechos”, dice Nourredine, que asegura que nunca ha visto a un inspector de trabajo en el invernadero.

A falta de derechos políticos, la conflictividad laboral parece la única vía para mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores. Este mismo jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al SAT y declaró nulo el despido de 39 trabajadores en otra empresa, Casa Nueva Monforte.

Derecho al empadronamiento: de 200 a 1.500 euros

Tarde noche en San Isidro. En la sede del sindicato, Javier Giménez, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, imparte un taller sobre el arraigo, la herramienta de los trabajadores migrantes para regularizar su situación. Por ejemplo, les explica que, como muchos trabajan sin contrato, el arraigo laboral depende de las pruebas que tengan de sus peonadas: “Si no, os van a decir: ”Yo a esta persona no la conozco. Búscate la vida“.

En esta pedanía se concentra la mayor parte de quienes trabajan en los invernaderos, que habitan en garajes, chabolas o cortijos semiderruidos. Esta realidad apenas se refleja en las cifras oficiales. Hace tres meses, el ayuntamiento denegó el alta en el padrón a 99 personas que lo habían solicitado, la mayoría marroquíes, esgrimiendo que no había podido notificarles en la chabola.

“Tenéis derecho a empadronaros, pero hay que pelearlo”, les dice Giménez, que denuncia que el ayuntamiento ni siquiera les devuelve copia sellada de sus solicitudes. Ahora está entregando al consistorio un mapa de Google Maps junto con las coordenadas de la chabola, el primer paso de una estrategia para lograr el empadronamiento.

El letrado cuenta que se ha encontrado con una realidad donde los contratos de trabajo se venden (de 5.000 a 8.000 euros). También el empadronamiento: de 200 a 400, unos 1.500 euros si la casa está limpia (sin muchos padrones). En la charla, alguno cuenta que tardan cuatro meses para dar cita para el informe de arraigo. “Si lo quieres más rápido, paga 300 euros a un abogado”, suelta otro.

La inscripción en el padrón es obligatoria para todas las personas que vivan en España, con independencia de su situación legal. Y aunque una resolución de febrero de 2020 establece que “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”, y de que una sentencia dictada en Huelva ya ha reconocido el derecho, solo uno de cada cuatro personas que habitan en los asentamientos chabolistas de Almería están empadronadas, según un informe reciente de Andalucía Acoge titulado Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar.

El documento califica el proceso de “quimera”, y recoge que del 26,9% que dice estar empadronado, “prácticamente la totalidad lo ha conseguido de manera irregular”: pagando por él o empadronándose en otras localidades. El documento cifra el precio entre 100 y 600 euros, aunque admite que depende de “la demanda”.

Esta situación ha provocado una investigación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz (pendiente de resolver) que en noviembre pidió a Níjar que explicara los criterios que aplica para empadronar. “El empadronamiento es la prueba de que viven aquí. Al municipio le interesa para mejorar su financiación, pero no lo hacen. No sé por qué. Puede que interese no regularizar y mantener esta economía sumergida”, apunta Giménez.

El informe de Andalucía Acoge, que cifra en 44 los asentamientos en el municipio, recuerda que el empadronamiento “tan sólo depende de voluntad política y de hacer cumplir la normativa” y señala que en Níjar la dificultad está en el procedimiento. Este medio ha preguntado al consistorio cuántas personas están empadronadas en los asentamientos y por los requisitos, sin respuesta.

Un carril bici para los trabajadores

Noche en la carretera de San Isidro a Níjar, que cruza cada poco una bicicleta o un patinete de vuelta a las chabolas. La única mejora visible para quienes viven en los asentamientos ha sido un carril bici, todavía en ejecución, entre San Isidro y Campohermoso. El ayuntamiento ha puesto 1,3 millones de euros para construirlo. De esa forma, cientos de trabajadores migrantes se desplazan cada día de forma más segura de la chabola al invernadero, y vuelta.

En los últimos años, la industria hortofrutícola almeriense ha mejorado sus márgenes de beneficio, en parte gracias a los sellos de producción sostenible: en la campaña 2021/2022 exportó 2.864.211 toneladas de frutas y hortalizas (-4,4 %) por valor de 3.701,5 millones de euros (+17,4 %), lo que supone un nuevo máximo histórico, según el último informe de campaña de Cajamar. 

Sobre las nueve, llega al sindicato una decena de trabajadores de El Ciruelo. Denuncian que un encargado les cobra por trabajar, que les trata mal, que les identifican a diario para “evitar suplantaciones” aunque algunos llevan años en la empresa. Si este viernes no acuerdan mejoras (“reconocimiento de vacaciones, bocadillo, transporte, respeto”, enumera Said Hijanatem), el martes irán a la huelga.

Todos los trabajadores de El Ciruelo son marroquíes. “Muchos tienen miedo de hablar. Tienen hijos”. Llevan más de una década en España. Solo uno de ellos vota desde 2010, porque adquirió la nacionalidad. Aunque alguno más podría haberlo hecho, prefieren exigir a la empresa que pedir a los políticos. “El ayuntamiento no va a hacer nada por los extranjeros, pero si votáramos nos tendrían en cuenta”, opina Hijanatem, antes de recordar: “Estamos trabajando para la empresa. Somos trabajadores. No somos animales”.

Nada se sabe aún del paradero de Tidiany Coulibaly e Ibrahima Diouf, los dos jornaleros desaparecidos en Villacarrillo (Jaén) cuando trabajaban para el mismo empresario agrícola. Por eso, la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha hecho nuevos registros para tratar de encontrar pistas que permitan dar con el paradero de los dos trabajadores del campo desaparecidos en 2013 y 2021 respectivamente. Esta misma semana, según confirman fuentes del Instituto Armado, se han llevado a cabo nuevas indagaciones.

Agentes de la Guardia Civil han buscado pozos en diferentes viviendas de este municipio, aunque sin hallar, en principio, ninguna prueba que pueda aportar más información a la investigación. Las fuentes consultadas confirman los trabajos, que enmarcan dentro de las pesquisas que se están llevando a cabo, pero guardan con celo los datos que se están recogiendo para encontrar a Coulibaly y Diouf, dado que se trata de un asunto en el que el principal sospechoso de su desaparición, el empresario agrícola Ginés V.L. está en libertad y llegó a ser absuelto en el caso del primer jornalero del que no se ha hallado rastro.

Estos registros se suman a las búsquedas que se han llevado a cabo tanto en las fincas agrícolas propiedad de Ginés, así como en los inmuebles de Villacarrillo en los que los dos jornaleros estuvieron en algún momento de su estancia en esta localidad jienense. Hasta el momento, no han trascendido detalles o pistas que puedan indicar que la investigación está avanzando, aunque sí se sabe que en los últimos meses también se han buscado restos en una escombrera próxima a la autovía A-32 que se está construyendo entre Linares y Albacete.

Sin rastro

Cabe recordar que entre las dos desapariciones hay un lapso de tiempo de casi diez años. Tidiany Coulibaly fue visto por última vez en 2013 y los trabajos que se iniciaron para dar con su paradero permitieron dar con una serie de objetos que elevan las sospechas sobre Ginés, el empresario agrícola que le había contratado. Un perro de la Guardia Civil rastreó posibles restos humanos en una finca propiedad de este hombre, ubicada en La Moratilla y también se encontraron unas orejeras que habían pertenecido a Coulibaly. Sin embargo, al no ser pruebas concluyentes, Ginés fue absuelto en 2016.

Pero su nombre vuelve a estar en el centro de la polémica porque Ibrahima Diouf también está en paradero desconocido. Ginés vuelve a ser el principal sospechoso porque Diouf, que tenía 32 años cuando desapareció en enero de 2021, había trabajado con este empresario y, según cuenta el hermano de Ibrahima, no volvió a saber de él después de que tuviese un encuentro con Ginés para reclamarle dinero que le correspondía por su trabajo. Por eso, la familia de Diouf da por hecho que está muerto ya que más de dos años después no se sabe nada de su paradero.

Como parte de las investigaciones, la UCO también ha estado llevando a cabo pesquisas en una piscina natural conocida como El Molinillo, buscando posibles restos humanos o pistas que puedan conducir hasta en principio hasta Ibrahima Diouf, pero sin descartar a Tidiany Coulibaly. En este lugar, perteneciente a la pedanía de Mogón, han trabajado especialistas subacuáticos en busca de cualquier indicio que permita avanzar en la investigación. Este punto es importante porque dicha piscina se llena con el agua del río Guadalquivir que discurre desde la montaña, lo que abre diversas hipótesis sobre la desaparición de Ibrahima Diouf. De momento, el caso sigue bajo secreto de sumario.

Hace 22 años, en el 2000, había 150 inmigrantes subsaharianos censados en la localidad de Alcarrás (Lleida). En 2010, más del 20% de su población oficial era inmigrante, aunque solo podían empadronarse los que tuvieran contrato de trabajo, por lo que esa cifra podía multiplicarse por decenas y se disparaba con las campañas de recogida de la fruta. En la renombrada Alcarrás, película de la cineasta Carla Simón que ha sido aclamada desde su estreno en este 2022, hay una fugaz escena que da cuenta de la naturaleza de la convivencia entre la población local y la migrante (que en aquel año 2000 se consideraba en El País como “un ejemplo de integración social”, aunque los temporeros contaban que nadie les alquilaba una casa). Se trata de una escena, casi un solo plano, en que se muestra a los trabajadores del campo de origen subsahariano. Son jornaleros en una zona donde se cultiva melocotón. Es el día de descanso y están sentados en la calle. A pesar de que esas personas forman una parte esencial, y presuntamente integrada, de la vida del pueblo y del drama social que se cierne sobre sus habitantes, no hay ninguna persona blanca sentada con ellos, charlando con ellos, descansando con ellos, pasando el rato con ellos. Como haría cualquier persona del pueblo con la gente del pueblo. Con ellos solo están ellos: los extranjeros, los negros. Los iguales. Aunque en la película la persona que más empatiza con la niña protagonista sea precisamente un jornalero. 

Los jornaleros casi no existen hasta que se mueren de frío. Es lo que sucedió el fin de semana pasado en Benimaclet, municipio de Valencia. Los jornaleros negros están en pie desde las cuatro o las cinco de la mañana, buscan trabajo antes de que amanezca y recogen por 6 euros la hora las frutas que nos deleitan, pero duermen entre el raso y un sótano, en las ruinas de una antigua fábrica de leche. Se cree que el cuerpo de Martín F., que había llegado de Ghana, había cumplido 57 años y tenía buena salud, no soportó las bajas temperaturas y por eso lo encontraron muerto al despertar. Ahora hemos conocido su nombre y quizá sepamos algún día, fugazmente también, que alguien lo esperaba en su país, que tenía una casa humilde, que allí casi no existía tampoco porque se moría de hambre. Antes habían muerto Abraham I., de 52 años, enfermo de cáncer, y Richard A., de 43 años, con buena salud, que también murieron presuntamente de frío.

Después de recoger cerezas, podar almendros o cosechar albaricoques y nectarinas, los jornaleros reciben precariedad por parte de sus contratistas, hostilidad en la calle y hostigamiento policial. Como los que volvían a Lorca la semana pasada de recoger coliflores y se mataron en la carretera, muchos y muchas hacen decenas y hasta cientos de kilómetros diarios para ir a trabajar. Después de jornadas de hasta doce horas de trabajo, muchos y muchas descansan en infraviviendas; o ni eso, como los de la fábrica de Benimaclet. En 2003, El País calificaba de “infrahumanas” sus condiciones de vida en Alcarrás. Veinte años después, sus vidas no han cambiado y los ayuntamientos no hacen nada por ellos. Hacen Cáritas, las parroquias y el voluntariado.

En Alcarrás se concentran al alba en la plaza o en el campo de fútbol y son elegidos a dedo, tú, tú. Seguramente, los más fuertes, los más jóvenes, los de apariencia más sana; sin duda, los más callados, los más obedientes, los más sometidos. Si el patrón pasa de largo, se abre ante ellos otra jornada vacía. Sin trabajo, sin casa, sin familia, solo les queda deambular, dormitar, desquiciarte. En 2020 detuvieron en Alcarrás a un traficante de inmigrantes. Les cobraba 200 euros por pasarlos a Francia. “Tienen dinero, porque no gastan”, espetó por su parte Ginés Valiente, empresario de la aceituna, patrón conocido en su pueblo por su pésimo trato hacia los jornaleros, sospechoso del asesinato de dos de ellos: Ibrahima Diouf, de 35 años, nacido en Senegal, desaparecido en Villacarillo, Jaén, en enero de 2021, y Tidiany Coulibaly, de 22 años, nacido en Mali, desaparecido en Villacarillo, Jaén, en diciembre de 2013. Le habían reclamado el jornal. “Aquí el negro soy yo”, volvió a escupir Valiente.

Cuando Carla Simón, que irá a los Oscar con su Alcarrás, dio el pregón de la Mercè, en las fiestas de Barcelona, su ciudad natal, dijo que “a veces nos cuesta ponernos en el lugar de las personas recién llegadas, nos impresiona la alteridad y somos incapaces de identificarnos con los sentimientos de aquellos que llegan adonde nosotros ya vivimos”. Ojalá solo fuera a veces. Que se lo digan a Martín, a Richard o a Abraham, a Ibrahima o a Tidiany. Pero ya es imposible, ya murieron presuntamente de frío, ya fueron presuntamente asesinados. ¡Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos!

La red de albergues de la provincia de Jaén, destinada a temporeros que se desplazan para trabajar en la recogida de la aceituna suma la apertura de los centros ubicados en Porcuna, Villacarrillo y Alcalá la Real.

El primero abrió sus puertas el pasado lunes, coincidiendo con el inicio de la horquilla planteada por el Foro Provincial para la Integración de las Personas de Origen Migrante --entre los días 21 y 25 de noviembre-- mientras que el de Villacarrillo está operativo desde este miércoles, cuando también tiene previsto abrir el alcalaíno.

El albergue porcunense cuenta con capacidad para 24 personas y hasta el momento ha atendido a un usuario, según ha explicado el alcalde del municipio, Miguel Moreno.

Por su parte, en Alcalá la Real el albergue del Coto cuenta con 18 plazas, que desde ahora se ponen a disposición de estas temporeras con una estancia máxima de cuatro días. Su apertura estaba prevista el pasado lunes, si bien no llegó a producirse ante la “ausencia de demanda”, según han indicado desde el Ayuntamiento.

Competencia municipal

El Consistorio facilita también el alquiler de las casas turísticas de Las Cruces a empresarios agrícolas que no dispongan de alojamiento para los temporeros que contraten. En caso de inclemencias meteorológicas adversas se habilitará, como dispositivo de emergencia, el antiguo Centro de Participación Activa ubicado en la avenida de Iberoamérica.

Cabe recordar que, pese a la recomendación del referido foro, la competencia para abrir los albergues es municipal y son los ayuntamientos los que deciden finalmente cuándo ponen a disposición estos centros en función, sobre todo, de la demanda que pueda darse en cada municipio.

170 plazas en la capital

De este modo, el Ayuntamiento de Jaén activó con antelación, el pasado 17 de noviembre, su dispositivo de atención a personas temporeras. Esta misma semana ha pedido coordinación y diligencia en la apertura del resto de la red provincial de albergues, tras registrar casi 120 usuarios.

En la capital, se dispone de 170 plazas en el Centro Municipal de Acogida, instalaciones que el resto del año cuentan con 48 plazas. Además, hay un punto de información atendido por mediadores interculturales la estación de autobuses.

Junto a ello, sigue este año habilitada la bolsa de vivienda que tramita la Oficina Municipal de Vivienda (Somuvisa) para facilitar el arrendamiento de viviendas o habitaciones para estancias temporeras y otra para trabajadores demandantes de empleo desde la agencia de colocación del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe).

Igualmente, se ha impulsado un sistema de alojamiento alternativo en régimen de alquiler con una tasa pública de ocho euros por día. Cuenta con 20 plazas en el citado centro de atención municipal para temporeros que acudan a la campaña de la aceituna. En este caso, se brinda a empresarios autónomos del término municipal de Jaén para sus jornaleros, previa presentación de toda la documentación reglamentaria de sus contratos.

Úbeda y Martos

Con respecto al dispositivo preparado ante la aceituna en otros municipios jiennenses, el Ayuntamiento de Úbeda ha anunciado para el próximo 1 de diciembre la apertura del albergue, situado en el edificio multiusos del recinto ferial.

Esta misma fecha, “salvo que las necesidades requirieran de un adelanto”, ha anunciado este miércoles el Consistorio de Martos tras la reunión del Foro Local de la Inmigración. Además, en la Estación Municipal de Autobuses y en horario de mañana funciona desde principios de noviembre el Punto de Información a la persona temporera, atendido por un mediador intercultural.

Este servicio será reforzado por el Ayuntamiento “con un trabajador del albergue municipal para atender a las personas no alojadas, en horario de tarde, facilitándoles billetes o informando de los recursos existentes en la localidad”.

Por otro lado, Cáritas prestará el servicio de cenas calientes en las instalaciones de Casa Betania, ofreciendo también el servicio de lavandería y duchas a los no alojados, mientras que Cruz Roja realizará salidas nocturnas asistenciales.

Menos jornales

Desde el citado Foro Provincial para la Integración de las Personas de Origen Migrante de Jaén --que reúne a institucionales, sindicales, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones agrarias y colectivos de inmigrantes-- se ha hecho un llamamiento para que no haya desplazamientos sin contrato.

Y ello ante la importante merma en la cosecha como consecuencia de la sequía, con un descenso estimado en la provincia de Jaén del 60 por ciento respecto a la campaña anterior. Esto supondrá también menos jornales que se nutrirán básicamente de mano de obra autóctona.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un hombre por seis delitos continuados de abuso con acceso carnal y prevalimiento a 42 años de cárcel, siete por cada uno de los delitos cometidos. Además, el acusado no podrá acercarse a las víctimas y una vez que cumpla su condena en prisión deberá permanecer cinco años en libertad vigilada.

La Audiencia considera probado que el procesado facilitaba trabajo agrícola a mujeres migrantes en situación irregular en España, en su mayoría con cargas familiares en su país, carentes de apoyos cercanos y desconocedoras del castellano.

Además, “aprovechando la situación de dichas personas que dependían de él para su subsistencia, y de que las llevaba a solas, mantuvo relaciones sexuales no deseadas por ellas”, se explica en la resolución.

Así, uno a uno, los magistrados relatan seis casos en los que el acusado “valiéndose de las ventajas que le proporcionaba ser quien facilitaba trabajos a una persona sin recursos” mantuvo relaciones sexuales con compatriotas, que acudían a él en busca de ayuda para conseguir un empleo.

En algunas ocasiones el procesado actuaba de intermediario entre las trabajadoras extranjeras en situación irregular y empresarios agrícolas y, en otras, las empleaba para sí en su pequeña explotación.

En todos los casos descritos, abunda la resolución, “tanto para lograr las relaciones sexuales como para que las víctimas volvieran al lugar de los hechos a trabajar” el acusado además de aprovechar su situación de “conseguidor” les advertía, para disuadirlas de denunciarle, “de su posible deportación”.

Tras constatar la vulnerabilidad de las denunciantes, los magistrados advierten de que hay pruebas abrumadoras, además de las manifestaciones de las interesadas, sobre la realidad de las relaciones sexuales mantenidas por el acusado con varias de las víctimas en el lugar indicado por estas. Así aluden al informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en relación con el colchón hallado en una de las dependencias de la finca, indicada por dos de las víctimas, en los que se identifica unos restos orgánicos que coinciden con el perfil genético del acusado y en el que se obtienen perfiles de cuatro mujeres.

El tribunal destaca, además, entre otros elementos probatorios la grabación de la llamada telefónica con una de las denunciantes en la que el procesado, entre otras expresiones obscenas dice que “si quiere trabajar follamos si no, que se vaya a la mierda”, y “si no follo a ninguna, tampoco doy trabajo a ninguna”. Conversación que primero reconoce haber mantenido, y su contenido, si bien asegurando que era una broma, de lo que se desdice en el juicio “sin aportar ninguna explicación convincente”.

Los magistrados descartan por “inconsistencia” la hipótesis de venganza o la posibilidad de una confabulación o trampa de las denunciantes, sugerida por la defensa, con el objeto de regularizar su situación.

Finalmente, el tribunal “llega a la convicción de que la declaración de las denunciantes se corresponde a la realidad en cuanto a la existencia de una pluralidad de relaciones sexuales, en un contexto muy parecido, con las diferencias suficientes propias de tratarse de episodios y personas distintas”.

La Audiencia condena también al acusado a indemnizar con 30.000 euros a cada una de las víctimas y a 3 años de prisión como autor de un delito contra los trabajadores.

La resolución no es firme, contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.