El diputado de Vox José María Sánchez ha sido expulsado este martes del pleno del Congreso tras encararse con una letrada y con el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en protesta por un supuesto encontronazo con otros parlamentarios de ERC. El altercado ha tenido lugar mientras el parlamentario republicano Francesc-Marc Álvaro intervenía durante el debate de una iniciativa sobre la memoria de los libreros, bibliotecarios, editores y autores represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

Sánchez intentó inicialmente hacerse escuchar a gritos desde su escaño, sin haber solicitado correctamente el uso de la palabra. Gómez de Celis no se la concedió y le llamó por primera vez al orden. Poco después, el diputado de Vox subió a la tribuna en la que se ubica la Mesa del Congreso para echar en cara a una de las letradas la situación, ante lo cual Gómez de Celis lo reconvino por segunda vez. Fue entonces cuando se enfrentó con el vicepresidente por su supuesta inacción ante esos supuestos insultos de ERC, lo que le valió la tercera y definitiva amonestación. Según el reglamento de la Cámara, tras una tercera llamada al orden no acatada por un diputado, la Presidencia está facultada a expulsarle de la sesión.

Minutos después del fin del pleno, Vox ha asegurado (sin pruebas) en un comunicado que el diputado de ERC Jordi Salvador ha llamado “en dos ocasiones” a Sánchez “criminal y asesino”. “Tras esa actuación, José María Sánchez se ha dirigido personalmente a la Mesa para denunciar esos insultos. La respuesta del vicepresidente ha sido llamar al orden al diputado de Vox en lugar de al autor de los insultos”, se queja la formación ultraderechista, que también afirma que, cuando Sánchez “se ha reincorporado a su escaño”, Salvador ha vuelto a tildarle de “criminal y asesino”.

Eso, siempre según Vox, es lo que habría motivado el enfrentamiento de Sánchez con De Celis y que haya “solicitado la opinión de la letrada” al respecto. “Tras esta situación, el diputado de Vox ha acudido al despacho de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ha solicitado que se llamase al orden al diputado de ERC sin obtener ninguna respuesta satisfactoria”, asevera el partido de Santiago Abascal.

El PSOE, por su parte, ha calificado de “graves” e “inauditos” los hechos por boca de su diputado Marc Lamuà. “Lo que hemos visto es que el diputado de Vox se levantaba agarrando el micro y chillando e interrumpiendo la sesión sin que su grupo pidiera la palabra, saltándose todas las normas que tenemos”, ha relatado Lamuà, que ha espetado al PP que “esa es la gente que quieren llevar a los Gobiernos de toda España”.

Sánchez es reincidente en este tipo de comportamientos. En el año 2021, durante la pasada legislatura, el diputado de Vox llamó “bruja” a la entonces parlamentaria socialista Laura Berja durante el debate de una propuesta para tipificar en el Código Penal el hostigamiento a mujeres que desean abortar. Entonces, Sánchez también fue llamado tres veces al orden y expulsado del pleno, pero se negó a marcharse del hemiciclo, una actitud que recibió el apoyo del resto del grupo parlamentario de Vox. La sesión debió de suspenderse durante diez minutos, y tras ese receso el diputado únicamente accedio a retractarse de su insulto con la fórmula “retiro que le he llamado bruja”.

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso que ha planteado la necesidad de una alianza de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE, es el dirigente de ese espacio progresista alternativo que los españoles de entre 35 y 55 años prefieren como presidente del Gobierno. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público este lunes, el dirigente independentista supera a Yolanda Díaz e Irene Montero como el representante de esa izquierda plurinacional favorito para presidir el país en la citada franja de edad.

No obstante, teniendo en cuenta el conjunto de la encuesta Rufián es el cuarto líder político preferido como presidente del Gobierno. Lo mencionan como favorito el 4,2% de los españoles, muy por detrás de Pedro Sánchez (al que prefieren el 25,3% de los encuestados); Santiago Abascal, que se sitúa en segundo lugar (con un 10,2% de menciones) y Alberto Núñez Feijóo, citado como favorito por el 9,9%. Entre todos los encuestados, Rufián está así por encima de quienes prefieren como presidentas del Gobierno a Isabel Díaz Ayuso (un 3,4%), Yolanda Díaz (3,1%), Luis 'Alvise' Pérez (1,6%) e Irene Montero (0,8%).

Si solo se tiene en cuenta a los líderes de la izquierda alternativa sobre los que pregunta el CIS –Rufián, Yolanda Díaz e Irene Montero–, el portavoz de ERC también se sitúa por encima de sus dos contrincantes entre los encuestados de entre 18 y 24 años, con un 4,7% de los apoyos. En esta franja, el CIS coloca a Rufián 1,2 puntos por encima de la vicepresidenta y ministra de Trabajo (mencionada por un 3,5%) y 3,8 puntos más arriba que la dirigente de Podemos (citada como preferida para presidir el país por un 0,8%). Pero la principal brecha se da entre los electores de entre 35 y 55 años. Rufián llega a sacar 2,1 puntos a Díaz y 6,2 a Montero entre los españoles de 35-44 años, y 3,8 puntos a la vicepresidenta y 6,4 a la portavoz de Podemos entre los de 45 y 54 años de edad.

Rufián, en cualquier caso, se sitúa al menos de momento muy lejos de los porcentajes alcanzados en el pasado por líderes de la izquierda alternativa o plurinacional cuando el CIS preguntaba sobre quién preferían como presidente del Gobierno. En 2022, Yolanda Díaz llegó a ser citada como favorita para llegar a la Moncloa por un 19% de los ciudadanos y, en 2019, Pablo Iglesias logró el respaldo del 11,1% de los españoles encuestados. Íñigo Errejón también llegó a estar por encima del porcentaje de ciudadanos que ahora citan como presidenciable a Rufián. En 2021, lo llegó a mencionar el 6,9% de los cuestionados por el instituto que dirige José Félix Tezanos.

Con la metodología actual –se modificó a principios de 2022–, Yolanda Díaz estuvo a la cabeza de las dirigentes de la izquierda alternativa como preferida por los ciudadanos para presidir el Gobierno casi tres años, justo hasta finales de 2025. La vicepresidenta ha registrado una caída pronunciada de entre el 13,8% que la mencionaba en los últimos meses de 2023 al 3,8% del final del año pasado. Desde entonces comenzó a repuntar el apoyo a Rufián y su máximo respaldo apenas superó el 5% el pasado diciembre.

Por recuerdo de voto, Rufián es el preferido para ser presidente para el 15,8% de los votantes de su propio partido y del 13,9% de los de Sumar, a solo cinco puntos de Yolanda Díaz, que es citada como preferida por el 18,6% de quienes votaron a su partido en 2023. Llama la atención que entre los votantes socialistas son más, un 5,4%, los que prefieren a Rufián como presidente del Gobierno que a Yolanda Díaz, al que cita solo un 3,2%. Por nivel de estudios, Rufián gana a Díaz y Montero entre quienes tienen la ESO, el Bachillerato o Formación Profesional. En cambio, Irene Montero vence entre los encuestados sin estudios y Díaz, entre los que tienen formación universitaria.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, y será recibido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la tarde, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, en la que será la segunda vez que el mandatario internacional esté en Madrid tras el inicio de la invasión rusa.

También ese mismo día tiene previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que acudirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 9.30 horas en el que será atendido por las autoridades.

Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad, pero ya está confirmada la visita el Congreso, donde será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. Se reunirá con ambos en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de la Cortes, según se detalla

Zelenski retoma así un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

El presidente de Ucrania estará el lunes en París, donde será recibido por su homólogo francés, Emmanuel Macron -con quien abordará las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia- y desde allí se desplazará a Madrid.

La agenda completa, aún por concretar

A falta de que se dé a conocer la agenda completa de este viaje a España, es posible que Zelenski acuda al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el 'Gernika' de Picasso, una obra de arte convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

El mandatario ucraniano estuvo en España en 2022, cuando pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937”.

El Gobierno aprovechará su presencia para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según anunciaron recientemente fuentes gubernamentales.

El pasado 21 de octubre Zelenski, acordó, en una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una nueva reunión entre ambos que aún no ha sido anunciada por Moncloa.

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz “justa y duradera”.

La posible aprobación de una ley de amnistía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tiene sublevados a los dos partidos de la derecha, PP y Vox, que pugnan ahora por ver cuál de los dos planta más cara al Gobierno en un intento de frenar sus intenciones. Este lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido presentará ante el Tribunal Supremo una nueva querella - la tercera- contra Pedro Sánchez por un presunto delito de cohecho y otra por “prevaricación” contra las Mesas del Congreso y Senado, en donde el PP tiene mayoría absoluta, si admiten a trámite la iniciativa. Según ha adelantado, Vox va a enviar “hoy mismo” una carta a las presidencias de ambas cámaras advirtiéndoles “de la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional”, como aseguran que es la de la amnistía.

En una comparecencia en la sede del partido, Abascal ha adelantado también que sus 33 diputados en el Congreso “a título individual” presentarán recursos de amparo contra la futura ley –si se aprueba– ante el Tribunal Constitucional, dado que su grupo no cuenta ya en el Congreso con capacidad para hacerlo de forma conjunta al ser necesarios 50 diputados.

Además, según ha añadido, su partido va a continuar con la ofensiva contra el presidente del Gobierno y las negociaciones que está llevando a cabo con sus socios para lograr los apoyos a su investidura. La extrema derecha actuará en todos los frentes posibles, como de hecho ya lo está haciendo, no solo en los parlamentos donde gobiernan, en los que presentarán mociones contra la amnistía. También en la calle en donde están alentando manifestaciones en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz y en otras capitales. “Las manifestaciones van a ir a más para parar este golpe de los corruptos”, ha afirmado Abascal, advirtiendo a los suyos de que “no caigan en las provocaciones de los alborotadores profesionales” que intentan alterar “estas concentraciones pacífica y tranquilas”.

“Estamos ante un golpe de Estado, un golpe a la Constitución, y el delito más grave de corrupción cometido por un autócrata” ha sentenciado Abascal, en alusión a Sánchez. A renglón seguido le ha acusado de intentar “alcanzar el poder cometiendo actos inconstitucionales”. El dirigente de la extrema derecha cree que hay “un riesgo de que quede abolido el Estado de derecho”. “Sabemos de lo que este Gobierno es capaz”, ha añadido.

Una “mayoría golpista” en el Congreso

Vox quiere forzar que todos los grupos parlamentarios se manifiesten con la presentación de mociones sobre el tema en el Congreso. También invitan al PP a tomar iniciativas similares en aquellos lugares donde gobierna en solitario.

Abascal no tiene duda de que la Constitución prohíbe la amnistía. “El artículo 62 prohíbe expresamente los indultos generales en nuestro sistema político”, ha dicho. Y ha recordado que “fue expresamente excluida del texto constitucional durante el debate constituyente lo cual es una prueba más de la flagrante inconstitucionalidad de lo que en estos momentos pretende la mayoría golpista en el Congreso de los Diputado”. Además cree que lo que pretende Sánchez “va mucho más allá de un indulto general”.

El líder de extrema derecha ha destacado que tal medida “falta al respeto a la separación de poderes”, recordando que “la principal asociación de jueces ha denunciado la inconstitucionalidad de una ley de amnistía”, y “lo prueba el hecho de que ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces en España, hayan solicitado la celebración de un pleno extraordinario” para intentar frenar la aprobación de esta ley.

La tercera querella en pocos meses

Esta es la tercera vez en pocos meses vez que el partido de extrema derecha intenta sentar en el banquillo al presidente del Gobierno en funciones. A finales del año pasado Vox presentó una querella contra Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y todos los miembros de la llamada ‘mesa de diálogo’ en Catalunya por un presunto “delito de conspiración para la rebelión y, alternativamente, sedición”. Pero fue rechazada. El Supremo afirmó que no observaba ninguna base a la denuncia al tratarse de hechos presupuestos y no consumados y pidió de paso a Vox que no llevara a los tribunales conflictos que en opinión de los jueces deben resolverse en las urnas.

El pasado mes de octubre el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció en una rueda de prensa  que presentarían otra denuncia, también ante el Tribunal Supremo, para “ampliar” la  presentada anteriormente contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, e incluir en ella al expresidente catalán Carles Puigdemont y al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, “para demostrar que aquello que Vox aseguraba que iba a suceder ya está sucediendo de manera notoria”.

El PSOE propondrá a la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados. La dirección del partido planteará el nombre este miércoles al grupo parlamentario socialista. La votación de la presidenta del Congreso se llevará a cabo este jueves y el resultado está en el aire: PSOE y PP suman 171 apoyos, respectivamente, así que dependerá de la decisión de Junts, que se hará pública el mismo día.

Armengol ha sido la presidenta del Govern balear durante las dos últimas legislaturas gracias a los pactos con las fuerzas políticas de izquierdas (siempre de la mano de los ecosoberanistas de Més y, en la última legislatura, también con Podemos). Es un perfil muy bien valorado en potenciales aliados como ERC o EH Bildu. Desde el PSOE defienden que la ahora diputada representa “la lucha por la igualdad de las mujeres”, la apuesta por “la convivencia basada en el diálogo” y supone un “ejemplo de un país que convive con naturalidad en la riqueza que suponen las diversas lenguas que se hablan en España”. El diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso en la pasada legislatura, Gerardo Pisarello, afirmó este mismo martes en una entrevista que sería un buen nombre por su “sensibilidad plurinacional”.

Armengol ha agradecido a Pedro Sánchez “la confianza” y ha deseado iniciar una legislatura de “diálogo y consensos”: “La ciudadanía está esperando que podamos emprender una legislatura de diálogo, trabajo y consensos. Estamos en la política para solucionar los problemas de la gente, para transformar la sociedad y para avanzar hacia un futuro mejor”, ha escrito.

Tras perder las elecciones de mayo frente a la candidata del PP Marga Prohens, quien gobierna en las Islas gracias a un pacto con Vox, Armengol pasó a liderar la candidatura socialista en el archipiélago en las elecciones generales de julio. Antes fue concejal en el Ayuntamiento de Inca, diputada después en el Parlament de Illes Balears y consellera del Consell Insular de Mallorca.

Armengol se había descartado a sí misma como candidata hace una semana, cuando acudió a recoger su acta. La parlamentaria defendió ante los medios de comunicación que estaba “convencida” de que la Mesa será “plural” y reflejará “la España progresista”.

Se intensifican las negociaciones de cara al jueves

Las negociaciones sobre la Mesa del Congreso se han intensificado en las últimas horas. La votación del jueves será el primer test para vislumbrar las posibilidades de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo de cara a una hipotética investidura. Los siete diputados de Junts y, en caso de abstención, el de Coalición Canaria, inclinarán la balanza de la Mesa del Congreso: una mayoría progresista o de derechas al frente del Legislativo.

Ahora mismo, el bloque progresista tiene los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, siete de ERC, seis de EH Bildu, cinco del PNV y el del BNG. En total, 171. El PP suma los mismos 171: sus 137, los 33 de Vox y el de UPN.

La elección de la Mesa del Congreso es siempre clave porque es el órgano que determina en buena medida la vida parlamentaria: puede vetar leyes, comisiones de investigación, alargar o acortar los plazos de tramitación de una norma, entre otras muchas cuestiones.

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Cómo frenar las mentiras

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Compromís reclama al PSOE que la presidencia del Congreso la ostente uno de los partidos que den su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas y exdiputado en el Congreso, Joan Baldoví, se ha mostrado este martes partidario de que el máximo órgano refleje la pluralidad de la Cámara. “No tiene que ser sí o sí para el PSOE”, ha apuntado en declaraciones a las puertas del Congreso. “Me parecería muy bien y reflejaría la pluralidad de los resultados”, ha insistido, en compañía de los tres diputados de Compromís-Sumar que han obtenido el escaño por Valencia, Águeda Micó, Alberto Ibáñez y Nahuel González, que han recogido hoy sus actas.

Micó, número uno por Valencia, ha añadido que sería importante que la Mesa tuviera una composición mayoritariamente progresista, dado que sería “un primer paso para configurar un partido de izquierdas y valiente” y garantizar que se va a facilitar la tramitación de las leyes de la mayoría que sustenta al Gobieron.

“Es importante para el PSOE y el resto de partidos que estemos a la altura de esa negociación. Mente abierta para conseguir acuerdos (…). Que haya una Mesa plural puede ser un buen antecedente para formar un gobierno de izquierda. Toda la gente se tiene que sentir representada”, ha subrayado la nueva diputada y coportavoz de Compromís.

Compromís también reclama a Yolanda Díaz tener una portavocía adjunta en el grupo parlamentario Sumar en el Congreso. Micó ha defendido este martes que la formación debería “estar presente” en el Parlamento bajo esta fórmula. “Es una cosa que queremos que esté encima de la mesa, Compromís forma parte de esa pluralidad y por tanto sí que deberíamos estar presentes”, ha reivindicado en una entrevista con Radio Nacional de España. La parlamentaria aboga por dar la portavocía del grupo a una persona “con capacidad de negociar”, aunque ha evitado dar nombres: “Estamos delante de una legislatura con muchos acuerdos y creo que es importante que las personas que lideren tengan capacidad de representar a todo el mundo”, ha apuntado Micó.

La coalición negoció con la plataforma que lidera Yolanda Díaz un acuerdo para mantener su autonomía y perfil político en el Congreso y liderar la posición del grupo en los asuntos valencianos. Los valencianistas exigían un protocolo claro de actuación, que establecía la posibilidad de tener grupo propio si se daban las circunstancias. Los resultados electorales, con cuatro representantes -3 por Valencia y uno por Alicante, de los cuales los dos primeros por Valencia son de Compromís- para la candidatura Compromís-Sumar, impiden que puedan tener grupo parlamentario, pero el acuerdo prevé mantener la autonomía en el voto y la toma de decisiones. Según el pacto, siguiendo su funcionamiento habitual, Compromís tuvo un candidato para el País Valenciano -el número 1 por Valencia, Àgueda Micó- que ejercerá de portavoz de la formación o máximo representante en el Congreso.

Sobre las negociaciones para reeditar el Gobierno de coalición, la diputada electa de Compromís-Sumar considera que la conformación de la Mesa del Congreso será “el primer paso” para intentar también la investidura de Pedro Sánchez. La diputada considera que no habría que cerrarse a incorporar a partidos independentistas a la Mesa del Congreso. “Necesitamos acuerdos políticos, acuerdos en los órganos del Congreso y acuerdos de investidura, por tanto, yo no dejería a nadie atrás en relación a poder tener mayorías parlamentarias”, ha defendido.

De cara a la investidura, Micó señala como “esencial” la reforma del sistema de financiación autonómica, que está encima de la mesa estos últimos días ante las reivindicaciones también de los partidos independentistas.

Todo estuvo preparado durante horas para ver chocar a dos poderes del Estado. Aunque había sesión desde las 9 de la mañana, el jueves la actividad en la Carrera de San Jerónimo quedó completamente sepultada por otro pleno que se celebraba a escasos seis kilómetros de allí. En la sede del Tribunal Constitucional once magistrados encerrados en una sala mantenían en vilo a 350 diputados que entraban y salían agitados del hemiciclo para atender llamadas y, de paso, a los medios de comunicación. 

La jornada resultó asfixiante. Las direcciones de los grupos parlamentarios improvisaban reuniones de trabajo, los letrados se encerraban a debatir el inédito escenario en ciernes y los periodistas parlamentarios intercambiaban mensajes con sus compañeros de tribunales en busca de novedades de última hora. 

La batalla institucional entre el Congreso y el tribunal de garantías se convirtió en una carrera contra el reloj. El momento clave eran las tres de la tarde, la hora prevista para el comienzo de la sesión que tenía que debatir y votar la reforma del Código Penal. Así que lo fundamental era saber si para ese momento al Constitucional le daba tiempo o no a tener lista una resolución que podía paralizar automáticamente la actividad legislativa. 

El PSOE y Unidas Podemos consiguieron retrasar esa deliberación gracias a los recursos presentados. Y el PP maniobró pidiéndole a grupos afines como Ciudadanos o Vox que alargaran sus turnos de palabra en puntos del orden del día como la ley del aborto o la Política Agraria Común, para así retrasar el Pleno y apurar las opciones de que el TC acabara tumbando la reforma del Gobierno. Una auténtica partida a cara de perro. 

Los socialistas tenían el convencimiento de que el sector conservador del caducado Tribunal Constitucional no iba de farol y se disponía a llegar hasta el final. Algo que se podía constatar en las caras de preocupación, en contraste con una oposición especialmente risueña. Sin embargo, a media mañana un diputado del PP bien informado de los entresijos del Constitucional se atrevió a hacer un pronóstico: “No se van a atrever. En este país todo el mundo dice, pero poca gente hace. Y menos si te la juegas”, vaticinó. La amenaza de una hipotética querella por prevaricación a los magistrados que se disponían a intervenir el Legislativo, también sobrevolaba la sesión. 

Mientras, mucha gente paraba por los pasillos a Odón Elorza y le recordaba aquella tarde en la que el diputado socialista rompió la disciplina de voto de su partido para oponerse a la elección de Enrique Arnaldo, el ponente que ahora está encargado de dar respuesta al recurso del PP y cuya trayectoria está plagada de vínculos con los populares. Elorza sonreía, tímido, a modo de respuesta.

Los minutos pasaban y de la sede del Constitucional sólo llegaba la noticia de que el pleno se retrasaba un par de horas. Pero en la Mesa del Congreso todo el mundo tenía asumido lo que se venía: que iban a tumbar las enmiendas recurridas, que iban a hacer caer el dictamen de la reforma del Código Penal y que se iba a tener que parar el Pleno. La gran pregunta era qué se hacía después. 

En Unidas Podemos defendían desoír lo que pudiera decir el tribunal de garantías y seguir adelante. “El legislativo debe hacer respetar su soberanía y su independencia”, decían. Pero en el PSOE se ponían las manos en la cabeza cuando se les trasladaba el planteamiento de sus socios. “¿Pero estamos locos? ¡Lo que nos faltaba!”. Algunos grupos pensaban que si el Constitucional llegaba hasta el final y tumbaba las enmiendas sobre su propia renovación habría que convocar una reunión extraordinaria de la Mesa para tomar una decisión. Otros contemplaban la posibilidad de debatir y votar el resto de la reforma del Código Penal excluyendo las enmiendas tumbadas. En realidad, todos admitían no tener ni idea. O casi todos, porque Inés Arrimadas aseguraba haber vivido lo mismo en el parlament de Catalunya en 2017 y comparó el papel de la presidenta Meritxell Batet con el de Carme Forcadell, una de las políticas independentistas que acabó condenada y encarcelada por el procés. 

Entre el jaleo general, la Presidencia de la Cámara jamás dudó: si el Tribunal Constitucional notificaba la suspensión de las enmiendas a debatir, el Congreso acataría sin oponer resistencia alguna. No hizo falta llegar a eso. Los magistrados progresistas pidieron más tiempo para estudiar una decisión inédita en cuatro décadas largas de democracia. Y el pleno del Constitucional se suspendió. El conjunto de la izquierda, que había mentado a Tejero, señalado los agujeros de bala en el techo del Congreso y denunciado un golpe de Estado con togas, respiró aliviada. Sumida en su decepción, la derecha intentó aplazar el Pleno del Congreso para ganar tiempo y protagonizó un berrinche que por momentos recordó al día en que la reforma laboral salió adelante in extremis por el error de un diputado del PP. 

Ese mismo diputado, por cierto, no pudo contener la tensión generada en un debate repleto de interrupciones, de gritos y de acusaciones cruzadas de golpismo, y salió del hemiciclo encarándose a voces con el vicepresidente primero del Congreso. “¡No, no! ¡Ya te lo diré por escrito, Alfonso!”, amenazó Alberto Casero señalando con el dedo a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que preguntaba entre los diputados populares: “¿Qué le ha pasado?”. 

Lo que había pasado es que durante la intervención del diputado socialista, Felipe Sicilia, Casero se había excedido verbalmente con duros insultos al orador. Algo de lo que fue testigo una asesora técnica de la Mesa a la que el diputado del PP recriminó su presencia junto al hemiciclo, en una zona habilitada precisamente para técnicos y ujieres. La queja de Casero, como la reunión del Constitucional, quedó en nada, y la calma volvió a apoderarse de los pasillos del Congreso. Al menos, hasta el lunes.

Desde que la semana pasada los insultos machistas de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero, incendiaran el debate parlamentario, la escalada verbal en el Congreso no ha parado de crecer. Los continuados intentos de la presidencia de la Cámara por sofocar cualquier tipo de insulto o descalificación que se profiera en los plenos han caído, hasta el momento, en saco roto. Y en el caso de la ultraderecha se aprovecha cualquier turno de palabra para insistir en el uso de términos ofensivos hacia los grupos del Gobierno. 

En la sesión de este jueves, Vox ha utilizado un debate en torno a un Proyecto de Ley sobre el sistema de ferroviario para volver a las andadas. “Este Gobierno vuelve a ceder ante comunistas, separatistas, golpistas, malversadores y filoterroristas, además de pederastas y violadores”, dijo la diputada ultra Patricia de las Heras. La presidenta Meritxell Batet dejó concluir la intervención y esperó a que dejaran de tronar los aplausos de la bancada de la extrema derecha antes de lanzar una nueva reprimenda colectiva. 

“Subir a este tribuna tendría que ser algo sagrado”, comenzó su alocución. “Mientras siga habiendo diputados con la única voluntad de ofender a otros diputados y grupos parlamentarios y a los ciudadanos que representamos, no vamos a poder llegar al nivel de parlamentarismo que merece la democracia española. Les pido que no suban a esta tribuna a herir y ofender, que suban a defender sus posiciones políticas sin ofender ni herir”, dijo en tono solemne. 

Batet recordó que “para defender sus posiciones hay maneras mucho más eficaces y dignas para este parlamento y para la democracia española que muchas de las intervenciones que escuchamos aquí. Se lo vuelvo a pedir públicamente”, insistió, “quiero un compromiso de todos y cada uno de ustedes de colaborar para dignificar y para estar a la altura de lo que representamos. Por nuestra sociedad, por lo que se espera de nosotros. Están haciendo intervenciones que vulneran el reglamento”, concluyó. 

El llamamiento de la presidenta del Congreso de los Diputados cayó en saco roto. Pocos minutos después y en el turno para debatir un Proyecto de Ley sobre empresas emergentes el diputado de Vox, Rodrigo Jiménez, volvió a aludir a “los enemigos de España” enumerando a “comunistas, separatistas, secesionistas y filoetarras”. El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mandó retirar las expresiones del orden del día.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, apercibió durante la sesión de control de este miércoles a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por asegurar que el PP “promueve la cultura de la violación” en una respuesta parlamentaria al principal partido de la oposición en referencia a la llamada ley del 'solo sí es sí'. La diputada popular, Belén Hoyo, había pedido a la ministra en su turno de palabra que “deje de apropiarse del feminismo y de utilizarlo para dividir a la sociedad”. “Deje de exculparse insultando a los jueces”, dijo Hoyo en referencia a la ley y antes de criticar la última campaña de Igualdad contra el machismo. “Deje de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. Debería dimitir”, concluyó.

En su respuesta, la ministra defendió el texto legal y aseguró que “protege por primera vez a todas las victimas de violencias machistas y sexuales”. Y reivindicó el trabajo del Gobierno en materia de igualdad en contraste con la actitud que reprochó a la derecha. “Ustedes impulsan una campaña en Galicia que dice 'no debería pasar pero pasa', o que dice 'vigila tu copa, mujer', en la Comunidad de Madrid, o que 'quien siembra vientos recoge tempestades'. Es culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas”, exclamó.

La bancada de la derecha se revolvió al unísono contra las palabras de la ministra, hacia la que llegaron a dirigir insultos como “sinvergüenza”, y exigieron la intervención de la presidenta del Congreso. Batet pidió silencio y dejó acabar su intervención a Irene Montero, aunque posteriormente recriminó la expresión usada por la titular de Igualdad y mandó borrarla del diario de sesiones. “Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta cámara. Les pido por favor en términos generales que eviten un lenguaje inadecuado para el parlamento”. La intervención de la presidenta fue aplaudida por el PSOE. No por Unidas Podemos.

En ese punto pidió el uso de la palabra la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que calificó como “altamente ofensivo”, el comentario de Irene Montero. “Somos el partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país y porque se acabe la violencia de género. Lo que tiene que hacer la ministra es ser un poquito más responsable por respeto a las víctimas de las agresiones sexuales”. dijo.

La presidenta Batet volvió a darle la palabra a la ministra de Igualdad, que defendió el uso de su expresión insistiendo en las campañas institucionales llevadas a cabo por el PP en comunidades como Galicia o Madrid. “¿Cómo llaman ustedes a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor como han hecho en la campaña institucional de la Comunidad de Madrid? ¿O decirle a una mujer que no debería pasar pero pasa en lugar de pedirle al agresor que deje de agredir sexualmente a las mujeres? Póngales ustedes el nombre que quieran”, concluyó.

La renovación de todos los dispositivos móviles de los diputados ha generado polémica incluso entre los propios portavoces parlamentarios. Después de hacerse público que el Congreso va a destinar un presupuesto superior al millón de euros en la adquisición de teléfonos y tablets de última generación que sustituyan a los que fueron entregados en 2018, varias formaciones políticas se han mostrado abiertamente en contra de ese gasto. 

Los más críticos han sido los portavoces de Podemos y Ciudadanos. “Hemos analizado el tema y pensamos que todavía hay la posibilidad de que no se lleve a cabo un gasto suntuoso como este y vamos a trabajar para evitarlo. ¿Tienen que tener los diputados un terminal moderno y seguro? Sí, pero no hace falta que sea un móvil carísimo”, planteó Pablo Echenique, de Unidas Podemos. Más duro aún se refirió a esa partida de gasto Edmundo Bal, de Ciudadanos, que llegó a calificarla de “sinvergonzonería y bochorno''. Bal la definió también como una ”ofensa“ para los ciudadanos que sufren las consecuencias de la inflación. ”El precio es verdaderamente disparatado“, opinó. 

La partida fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Mesa del Congreso en una reunión celebrada el pasado mes de junio. En ese órgano tienen representación los grupos parlamentarios de PSOE, PP, VOX y Unidas Podemos. El portavoz de los morados aseguró este jueves en rueda de prensa que “al ver la noticia en prensa nos hemos puesto a investigar” porque, según su versión, “no teníamos localizada la aprobación de esa decisión” que también habían ratificado sus tres compañeros de filas presentes en la Mesa. “Descubrimos que nos la habían colado en una de las últimas reuniones antes del verano”, dijo Echenique. 

Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos recuerdan que en los últimos meses habían sido varios los casos de diputados que trasladaron problemas con sus teléfonos o con sus tablets relacionados con el uso, y que para ellos se habían planteado arreglos o sustituciones puntuales de sus terminales y no una renovación integral. Pero niegan haber apoyado conscientemente una partida que alegan que no estaba suficientemente explicitada en el orden del día de la reunión de la Mesa que dio el visto bueno. Sí reconocen, sin embargo, que en esa reunión hubo quien planteó abiertamente la sustitución de sus dispositivos y que incluso alguien llegó a comentar la posibilidad de “esperar un poco” a que saliese al mercado el último modelo de Iphone. 

Finalmente, la propuesta de los equipos técnicos de la Cámara no fue el último modelo sino el inmediatamente anterior, con todas las prestaciones de seguridad recomendadas pero con un precio algo inferior, cifrado entre 900 y 1250 euros por terminal. Fuentes de la presidencia del Congreso destacan que esa propuesta de los técnicos fue debatida “varias veces” en la Junta de Contratación, donde están representados los cuatro vicepresidentes de la Cámara, entre ellas la de Unidas Podemos, Gloria Elizo. Insisten esas mismas fuentes en que se trata de un gasto plenamente justificado al tratarse de una herramienta indispensable de trabajo para los diputados y para el personal de la casa y cuya última renovación se remonta a 2018 (en el Senado, por ejemplo, se suelen sustituir cada dos años). Y recuerdan que, en cualquier caso, es material propiedad del Congreso y no de los diputados, que tienen que devolverlo cuando dejen de ejercer sus funciones. 

Ciudadanos rechaza sus teléfonos

Aunque los servicios de la Cámara no creen que sea posible dar marcha atrás a un proceso que ya está licitado y publicado en el BOE, Ciudadanos ha registrado este mismo jueves una petición para que la Mesa lo frene. “Petición para que la Mesa retire la oferta de adjudicación para el suministro de terminales móviles, sistema de gestión de dispositivos y servicios asociados(...) antes del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes”, reza el escrito. Los de Inés Arrimadas anuncian, además, que en el supuesto de no ser retirada, “todos los diputados integrantes renunciarán a la entrega de los terminales y continuarán trabajando con el modelo del que ya hacían uso hasta el momento”. 

Entre el resto de grupos parlamentarios la sensación generalizada es que se trata de una polémica infundada. “Nos parece una polémica artificial”, comentan desde el PNV. “Si la Mesa o la Junta de Contratación ha tomado la decisión de renovar los teléfonos lo habrá hecho tras analizar que es necesaria su actualización. Es evidente que el móvil es una herramienta de trabajo indispensable y, por tanto, no parece que sea precisamente ejemplo de gasto innecesario. Cosas mucho más discutibles se han visto a lo largo de los últimos años”, apuntan los nacionalistas vascos. 

En unos términos parecidos se expresó la portavoz del PP, Cuca Gamarra. “Los móviles son de la Cámara. Le corresponde al gobierno de la Cámara tomar las decisiones oportunas sobre un instrumento y herramienta de trabajo de los diputados”, se limitó a responder tras ser preguntada por ello. “Me parecen debates bastante demagógicos porque son herramientas de trabajo de los diputados”, zanjó, por su parte, el portavoz socialista, Patxi López. Más escéptico se mostró el diputado de Más País, Íñigo Errejón: “Personalmente no necesito un terminal de nueva generación o más prestaciones porque con el que tenemos podemos hacer nuestro trabajo perfectamente”. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles 7 de septiembre una licitación por valor de 1.018.789 euros bajo el concepto de “Suministro de terminales móviles, sistema de gestión de dispositivos y servicios asociados” para la sustitución total de todos los antiguos aparatos por unos de última generación. Desde 2018, los diputados cuentan con un iPhone 8, que ahora será sustituido por el iPhone 13, un terminal de alta gama. El BOE especifica la compra de más de 800 terminales con dos tipos de perfiles en función del móvil que se requiera, que puede ser un iPhone o un Samsung. En concreto, se especifica la adquisición de 550 unidades de iPhone que deberán estar libres de operadora, contar con un sistema operativo iOS 15 o superior, pantalla OLED de 6,06 pulgadas, 512 GB de capacidad, reconocimiento facial y geolocalización. 

“Llamad a José, que se lo sabe” ha sido durante décadas una frase que han repetido en el PSOE cada vez que a sus dirigentes, diputados o asesores les surgía alguna duda acerca de la jurisdicción parlamentaria, para conocer los límites legales a la hora de preparar leyes e iniciativas, o en busca de precedentes que pudieran ayudarles en su desempeño político. José era José Luis de Francisco Herrero (Madrid, 1963 - 2022), que hasta este viernes, día de su muerte, ejercía como jefe de Gabinete de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Era el más veterano de los asesores parlamentarios de los socialistas, al que políticos y periodistas denominaban con cariño 'Google de Francisco', por su capacidad de encontrar cualquier cosa y su disposición a ayudar a todo el que se lo pidiese, independientemente del cargo o de la adscripción política. Todos quienes han trabajado con él en los últimos lustros coinciden en señalar que era un “apasionado” del parlamentarismo.

Su vinculación con el Congreso se remonta décadas atrás, cuando logró plaza como ujier de la Cámara Baja, en 1985. Licenciado en Derecho, después construyó toda una carrera que le llevó a convertirse en una “institución” en el Parlamento, según le define Óscar López, actual jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un “referente”, a juicio de innumerables periodistas que le preguntaban dudas sobre el reglamento parlamentario, o una “enciclopedia”, explican fuentes socialistas, que conocía a la perfección el funcionamiento democrático.

“Consternado tras conocer el fallecimiento de José de Francisco. Nos deja un magnífico servidor público y un gran compañero. Dedicó parte de su vida a la actividad parlamentaria y trabajó, de manera incansable, para fortalecer nuestra democracia. Mi sentido abrazo a su familia” escribió el propio Sánchez este viernes, en un mensaje en Twitter. “Siento una pena infinita por tener que decir adiós a uno de mis más estrechos colaboradores, José de Francisco. Amigo entrañable, brillante, inteligente, gran conocedor del parlamentarismo y una de las personas más queridas y respetadas en el Congreso”, apuntó, por su parte, su última jefa, Meritxell Batet.

Socialistas como el presidente del Senado, Ander Gil; los ministros de Justicia, Cultura y Educación, Pilar Llop, Miquel Iceta y Pilar Alegría, respectivamente; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; el líder del PSC, Salvador Illa; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la exportavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra; exministros como Carmen Calvo o exdiputados como Eduardo Madina, son solo algunos del largo listado de dirigentes de la familia del PSOE que han hecho público su pesar por el fallecimiento de De Francisco.

Reconocido por dirigentes de otros partidos

La “simpatía”, “humildad” y “capacidad de trabajo” destacada por quienes trabajaron con él también ha sido reconocida por dirigentes de otros partidos como la expresidenta del Congreso y actual vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor; la portavoz del PP en el Parlamento, Cuca Gamarra; el exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Gobierno de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón, o el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal. La tristeza por la pérdida de De Francisco ha sido compartida por un sinfín de periodistas, habituales en la cobertura de la información parlamentaria o del PSOE.

“Me llama mucho la atención su trayectoria, cómo llegó al Congreso como auxiliar y cómo se formó después, llegando a jugar un papel fundamental en el Grupo Socialista”, destaca en conversación con elDiario.es Héctor Gómez, el actual portavoz del PSOE en el Congreso.

Diplomado en Práctica Jurídica por la Universidad Pontificia de Comillas, De Francisco comenzó su trayectoria como asesor ejerciendo de letrado en los gabinetes de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto del Congreso, entre 1993 y 2000. Después se incorporó al PSOE como asesor en el Gabinete Jurídico del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales y, entre 2001 y 2003, fue además profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante en el Curso de Técnicas de Redacción Legislativa.

Director General de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia en la época de José Luis Rodríguez Zapatero (entre 2004 y 2009), posteriormente fue designado por Moncloa como secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. Cuando el PSOE pasó a la oposición, tras las elecciones de 2011, fue nombrado director del Gabinete Jurídico del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales. Y desde julio de 2019 fue el director del Gabinete de Batet.

Héctor Gómez: “Era una persona brillante”

Héctor Gómez insiste en destacar la “solvencia y el conocimiento de la Cámara” que tenía De Francisco. “Era una persona brillante, exacta en cuestiones de reglamento y un ser humano excepcional y humilde en el trato personal, que estuvo trabajando hasta el último momento”, añade el portavoz del PSOE en la Cámara Baja.

Su predecesora en el cargo y actual vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra, añade la siguiente reflexión: “Quienes conocimos a José de Francisco compartimos hoy un vacío inmenso y mucha tristeza. José ha sido un estupendo compañero. Siempre tenía la respuesta a cualquier pregunta, era la memoria del Congreso. Un compañero muy querido y admirado por todos los socialistas, con un sentido de la justicia ejemplar y, por encima de todo, mucha generosidad. Hoy la frase más repetida entre todos nosotros, sus compañeros y amigos, es que se nos ha ido una persona bondadosa en toda la extensión de la palabra. Ya le echamos de menos”.

“Fue una persona clave en el engranaje del parlamentarismo. Era el compañero al que siempre se recurría para consultarle sobre cuestiones jurídicas y políticas. Era imprescindible, se lo sabía todo”, apunta en declaraciones a este diario el periodista Rodolfo Irago, que fue director de Comunicación del Grupo Parlamentario Socialista entre 2014 y 2017, una de las etapas más convulsas para el PSOE a nivel interno. “José ejercía de pegamento del grupo y siempre mantuvo la sintonía con todos los sectores”, destaca.

De Francisco fue durante años, junto con el veterano José Enrique Serrano o el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido, una de las principales figuras dentro del PSOE a las que portavoces, ejecutivas y presidentes consultaban acerca de proposiciones legislativas y le pedían asesoramiento. Escribió discursos y de su puño y letra se redactaron leyes hoy en vigor, aunque por su “humildad”, apuntan quienes le conocen, nunca quiso que se conociera su autoría.

La familia socialista se confesaba este viernes “consternada” ante el “golpe duro” que ha supuesto para ella la pérdida de De Francisco. “Era un tipo que cualquier persona de cualquier partido reconoce que fue riguroso y honrado”, apunta, por su parte, la periodista Imma Aguilar, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que hasta julio ejerció como directora del Gabinete del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque y que a lo largo de su trayectoria profesional ha sido directora de comunicación y coordinadora de grupos parlamentarios.

Una hija fan de Pedro Duque

“Él me transmitió el amor y el respeto por el Parlamento. Era un oráculo sobre los intríngulis de la vida parlamentaria, con una historia preciosa por cómo llegó al Congreso y cómo fue formándose”, añade Aguilar. Como anécdota personal, ella cuenta cómo el único favor que le pidió De Francisco fue que consiguiera que el ministro Duque le firmara una foto a una de sus dos hijas, con interés en la aeronáutica. “Me lo recordaba cada vez que me veía y finalmente le entregamos a su hija la foto firmada en el Congreso”, recuerda, muy apenada.

José de Francisco murió a primera hora del viernes en Madrid, con 58 años, enfermo de cáncer. Deja una esposa y dos hijas.

Meritxell Batet (Barcelona, 1973) fue apodada “ministra para Catalunya” en cuanto Pedro Sánchez la escogió para hacerse cargo del ministerio de Administraciones Territoriales nada más superar la moción de censura contra Mariano Rajoy. La elección, en una legislatura que vuelve a estar marcada por la dificultad del encaje catalán en la política territorial del Gobierno, auguraba un mayor conocimiento de la realidad política catalana de la que tenía su predecesora, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Poco más de un año después, el federalismo del que siempre ha hecho gala, su cercanía a Miquel Iceta y su perfil dialogante la ha aupado a la presidencia del Congreso y a sustituir a Ana Pastor al frente de la primera institución del Estado. Desde el sillón de la presidencia, Batet deberá dirigir el debate en un hemiciclo en el que se estrenará la extrema derecha con Catalunya casi como tema único. 

Si su perfil contrastaba con el de Josep Borrell, bestia negra del independentismo y ministro de Exteriores, el conocimiento de Batet no bastó para impedir que la vicepresidenta Carmen Calvo dirigiera su operación diálogo, como hiciera en 2016 Sáenz de Santamaría con escasos resultados. 

Pese a estar afiliada en la sección del barrio barcelonés de Gràcia del PSC, en las generales de 2015, Batet fue la número dos de Sánchez en la lista del PSOE por Madrid para mostrar el talante federal de la candidatura socialista. Durante la breve legislatura, formó parte del comité negociador del acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Y en los comicios de junio de 2016, encabezó la lista por Barcelona del PSC, un partido en el que precisamente ocupa la secretaria de Impulso Federal.

Como una de las personas de máxima confianza de Miquel Iceta, Batet ocupó su primer puesto orgánico en el PSOE en la primera ejecutiva de Sánchez, antes del célebre Comité Federal del 1 de octubre de 2016 que derrocó al ahora presidente del Gobierno. Fue secretaria de Estudios y Programas, cargo que no revalidó tras las primarias que devolvieron a Sánchez el control del partido.

Batet se presenta a sí misma como un ejemplo de la socialdemocracia española: se pagó la carrera de derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con una beca del Gobierno de Felipe González y trabajando de camarera por las noches. Después de completar sus estudios universitarios, colaboró con el por entonces líder del PSC Narcís Serra como independiente. No se afilió al PSC hasta 2004, tras concurrir y ganar por primera vez un escaño en el Congreso en las elecciones que auparon a José Luís Rodríguez Zapatero a la presidencia. La mayor parte de su carrera política ha transcurrido en el Congreso de los Diputados: revalidó su escaño en 2008, 2011, 2015 y 2016.

Los inesperados 10 votos que sumaron PP y Ciudadanos a su bloque durante la elección de los miembros de la Mesa del Congreso y que ningún partido reconce siguen protagonizando la conversación política 24 horas después de la sesión.

Tanto el PNV como Convergència, los principales señalados por el resto de fuerzas, niegan que hubiera ningún pacto para apuntalar las posiciones de PP y Ciudadanos durante el reparto de las vicepresidencias de la Cámara. En la noche del miércoles, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, interpelaba en Twitter al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al portavoz del PSOE, Antonio Hernando.

Minutos después, le respondía Iglesias, quien señalaba que de algún sitio tendrían que haber salido los famosos 10 votos que permitieron asegurar a Ciudadanos la vicepresidencia primera del Congreso.

El misterio quedaba desvelado a primera hora de la mañana del miércoles. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguraba en una entrevista en la cadena Cope que los 10 votos venían de Coalición Canaria, Convergència y del PNV en virtud de un “acuerdo puntual” con las tres formaciones.

Iglesias ha respondido en Twitter a Ortuzar. Y ha citado un párrafo de una famosa canción de Javier Krahe que ya utilizó durante la campaña electoral de las catalanas del 25 de septiembre de 2015.

Ana Pastor ya es presidenta del Congreso. Y lo es gracias al apoyo de Ciudadanos, que se asegura una vicepresidencia de la Mesa y una secretaría. Y gracias también al voto en blanco de los nacionalistas vascos y catalanes, que han rechazado apoyar al candidato alternativo en la segunda vuelta, Patxi López.

CDC –ahora Partit Demòcrata Català–, que propuso en primera vuelta a Francesc Homs, espera garantizarse así el grupo propio en el Congreso.

Pastor ha explicado que este miércoles irá a ver al rey para dar cuenta de la sesión constitutiva del Congreso, paso previo para las consultas del monarca y posterior sesión de investidura: “Voy a trabajar con todos para llegar a acuerdos lo más pronto posible para que haya un gobierno estable en España. Necesitamos más que nunca estabilidad, diálogo, consenso y en esta Mesa encontrarán la mejor disposición”.

El resultado final de la sesión de este martes, tras 349 votos emitidos –un diputado del bloque PSOE-Unidos Poemos se ha ausentado de la votación– ha sido: 169 votos para Pastor; 155 para López; y 25 votos en blanco (PNV, ERC, CDC, Bildu y CC).

Unidos Podemos y las confluencias intentaron arrebatar la presidencia al PP con Xavier Doménech, que al final no pasó a la segunda votación por quedarse con 71 votos en la primera. En la segunda ronda, esos 71 votos fueron para Patxi López, que contaba previamente con los 85 escaños socialistas. Pero fueron insuficientes ante el pacto de PP y Ciudadanos y el facilitador voto en blanco de PNV, ERC, Bildu, CC y CDC.

Ciudadanos ha transitado así del no a Mariano Rajoy a reforzar el núcleo duro marianista. El propio portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha reconocido este martes que el PP “ofreció a su secretaria general [María Dolores de Cospedal] y al actual ministro del Interior en funciones [Jorge Fernández Díaz], y les dijimos que no hasta que salió el nombre de Ana Pastor”.

Esta decisión del partido de Ciudadanos supone un nuevo giro en sus posiciones políticas, que en los últimos meses y en la anterior legislatura, se mostró siempre favorable a que la presidencia del Congreso recayera en un grupo de la oposición. Sin embargo, Rivera ha pasado en seis meses de apoyar a López y a Pedro Sánchez, a votar a Ana Pastor y anunciar una abstención a Mariano Rajoy.

Antes de la votación, Pastor había asegurado su intención de ser la “presidenta de todos” y de actuar con “lealtad a la Constitución”. A su llegada al Congreso, Pastor ha admitido sentirse “muy honrada” y “agradecida” a Mariano Rajoy por elegirla para la tercera autoridad del Estado.

En efecto, tal y como la describe Antón Losada en su libro Código Mariano, Ana Pastor “es la agente especial del presidente, la amiga de toda la vida a quien encarga las misiones secretas y de mayor confianza porque casi siempre las ha cumplido bien y sin hacer preguntas”.

Pastor es una de las personas de mayor confianza personal y política de Rajoy. Confianza política, porque ha trabajado junto a Rajoy desde los tiempos de José María Aznar. Y con Rajoy al frente del Gobierno, ha diririgo el ministerio de Fomento.

Pero la confianza también es personal. El marido de Pastor, José Benito Suárez, máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Marín, es con quien Rajoy sale a caminar frecuentemente por la Ruta da Pedra e da Auga, un sendero que está enclavado entre los municipios de Ribadumia y de Meis, ambos en la provincia de Pontevedra.

Ana Pastor ha logrado la presidencia del Congreso con el apoyo de PP y Ciudadanos y el voto en blanco de nacionalistas vascos y catalanes. Con este mismo resultado en la próxima sesión de investidura, Mariano Rajoy sería reelegido presidente del Gobierno.

Ana Pastor es la elegida por Mariano Rajoy para la presidencia del Congreso. Y gracias al pacto con Ciudadanos, que ha pasado del no a Mariano Rajoy a reforzar el núcleo duro marianista.

“Hemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos para la Mesa del Congreso”, ha anunciado Rajoy este lunes tras el comité de dirección de su partido: “El PP tendría tres puestos, incluido la presidencia; el PSOE, dos, Ciudadanos, dos, y Unidos Podemos, dos. Y para la presidencia, propongo a la ministra de Fomento, Ana Pastor”.

Para que logre el objetivo, la suma de PP (137) y Ciudadanos (32) queda en 169, por lo que sólo podría presidir la Mesa un candidato alternativo si logra los 181 apoyos restantes. De momento, el PP da por descontado el sí de Coalición Canaria (un escaño) y la abstención de PNV (cinco).

Unidos Podemos y En Comú Podem (71 escaños en total) están negociando el apoyo de ERC (9) a la candidatura de Xavier Domènech, que pugnará con la del socialista Patxi López por pasar a la segunda votación, toda vez que ninguno parece tener asegurados los 176 votos que dan la mayoría absoluta. De momento, López cuenta con los 85 votos del Grupo Socialista (incluido el de Nueva Canaria).

Pero, además, CDC (8), ahora Partit Demòcrata Català, ha anunciado que presenta a Francesc Homs. Esta maniobra les evita tener que votar a Domènech en primera vuelta y, para la segunda, el PP da por sentado que se abstendrán entre los dos candidatos finales que prevén los conservadores: Pastor y López.

Tal y como la describe Antón Losada en su libro Código Mariano, Ana Pastor “es la agente especial del presidente, la amiga de toda la vida a quien encarga las misiones secretas y de mayor confianza porque casi siempre las ha cumplido bien y sin hacer preguntas”.

Y también es, según relata Losada, quien mejor define a Rajoy: “Su manera de entender el ejercicio del poder la resume a la perfección una de sus más estrechas colaboradoras y, sobre todo, tan pontevedresa de adopción como él, Ana Pastor. Preguntada por aquello que Rajoy más valora en un político, responde 'que te dediques a lo que se te encomienda y que no te enredes' [citado por María Jesús Güemes y Pablo A. Iglesias en el libro Si yo fuera Presidente]. No se puede sintetizar en menos palabras la esencia del código mariano”.

La aún ministra de Fomento en funciones es una de las personas de mayor confianza personal y política de Rajoy.

Confianza política, porque ha trabajado junto a Rajoy desde los tiempos de José María Aznar, donde fue subsecretaria de Presidencia cuando Rajoy ocupaba la vicepresidencia primera; y fue nombrada subsecretaria de Interior cuando el actual presidente en funciones asumió las competencias de Interior en la vicepresidencia.

Con Rajoy al frente del partido, Pastor se encargó del área de Participación Social del PP; y con Rajoy al frente del Gobierno, ha estado al frente del ministerio de Fomento.

Pero la confianza también es personal. El marido de Pastor, José Benito Suárez, máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Marín, es con quien Rajoy sale a caminar frecuentemente por la Ruta da Pedra e da Auga, un sendero que está enclavado entre los municipios de Ribadumia y de Meis, ambos en la provincia de Pontevedra.

Las imágenes de Rajoy en ropa deportiva caminando por los alrededores de la casa rural en la que se aloja en Pontevedra se repiten cada año en verano. Y siempre acompañado por José Benito Suárez.

Con la decisión de Rajoy de proponer a Ana Pastor para presidir el Congreso, Ciudadanos asume dos grandes renuncias de su discurso: concede que el presidente del Congreso pueda ser del mismo color político que el jefe del Ejecutivo; y refuerza el núcleo duro de Rajoy, a quien tantas veces han señalado como contaminado por la corrupción en el partido; como incompatible con la regeneración democrática.

Pero, a pesar de que Pastor es el núcleo duro marianista, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ya deslizó que la veían con buenos ojos antes del 26J. Girauta, a quien sus compañeros corrigen más por indiscreto que por dar noticias equivocadas, afirmó en Catalunya Radio el pasado 17 de junio que su partido vetaba a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría para presidir el Gobierno, pero no a “Cristina Cifuentes, Alberto Núñez Feijóo, Pablo Casado y Ana Pastor”.

Como escribía Jesús Cintora, Pastor es “de conexión gallega y mariana: con amplia experiencia de gobierno en varias legislaturas, sin levantar ampollas en el partido y, sobre todo, con la tranquilidad para Rajoy de que no le va a traicionar”.

Por el camino de la negociación entre el PP y Ciudadanos, algunas fuentes dicen que se han caído nombres como María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo y Jorge Fernández Díaz.

“Habían salido otros nombres que no nos terminaban de satisfacer, y después de mucho buscar y proponer el PP, hay un nombre que recoge los requisitos que deseábamos: constitucionalista y sin tacha de corrupción”, ha explicado Albert Rivera este lunes.

Y, sin embargo, esta decisión de Rajoy aleja precisamente a Pastor del destino que le señalaba Girauta, la sucesión. Y esta decisión de Ciudadanos también hace que cada vez le quede para que termine de recorrer el camino que arrancó con vetar a Rajoy, ha seguido con apoyar a su núcleo duro para presidir el Congreso y tiene su final en respaldar directamente al propio Rajoy en una investidura para que deje de estar en funciones.

El dirigente de Ciudadanos ha vuelto a cambiar de opinión. En apenas unos meses ha pasado de defender que la presidencia del Congreso recaiga en un diputado de un partido de la oposición, a apoyar que lo haga un miembro del mismo grupo del Gobierno, en este caso, del PP.

La primera vez que Albert Rivera lanzó la idea fue poco antes de que arrancara la anterior legislatura. Entonces la justificó asegurando en que era muy “saludable” para la democracia mantener una separación de poderes entre “el Ejecutivo” y “el Legislativo”. Por ello, poco antes de la constitución de las anteriores Cortes, incluso se erigió en mediador entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, y consiguió que alcanzaran un pacto para que el socialista Patxi López presidiera la institución.

Rivera presumió del acuerdo aunque dejó claro que el dirigente vasco no era su “candidato ideal”.  Las negociaciones las realizó por separado dada las malas relaciones que ya por entonces mantenían Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El líder del PP no tuvo más remedio que ceder y renunció a plantear un nombre alternativo.

Frustrado el acuerdo entre su partido y el PSOE para la formación de un Gobierno “reformista”, Rivera siguió apostando porque la persona que ocupara el sillón de la segunda institución del Estado fuera de otro partido ajeno al Gobierno. De hecho, en campaña, el líder naranja fue preguntado en diferentes ocasiones si seguía manteniendo su postura de que el cargo debería ir a parar a un partido de un color político diferente al del Gobierno. Y dijo que sí.

No obstante, aunque mantuvo su opinión, una vez celebradas las elecciones se cuidó mucho en dar de nuevo su apoyo al PSOE y evitó especificar si ese cargo debería recaer nuevamente en Patxi López. A finales del pasado mes de  junio, los de Rivera insistían en que ese puesto no debería ocuparlo el PP.

Sin embargo, la necesidad de Rajoy de recabar el apoyo para su hipotética investidura de los 32 diputados naranjas ha desembocado en un nuevo cambio de opinión de Rivera. El líder de Ciudadanos, viendo esa necesidad, incluso llegó a pretender que el diputado de su grupo, Ignacio Prendes, fuera apoyado por los populares para ocupar la presidencia del Congreso. En el PP hubo amagos de aceptar. Pero no a todos les entusiasmó la idea y finalmente Rajoy optó como alternativa cederles dos sillones de los cuatro a los que tienen ellos derecho en la Mesa: la vicepresidencia primera y una secretaría. Una oferta bastante ventajosa si se tiene en cuenta que a Ciudadanos, por aritmética parlamentaria, no les correspondía ni un solo puesto en ese órgano. Con ello, además, Rajoy se garantiza una mayoría conservadora en el órgano de gobierno del Congreso.

El trato fue cerrado telefónicamente por ambos dirigentes este lunes por la mañana mientras Rivera aseguraba en los cursos de verano de El Escorial que su deseo era que el presidente de la Mesa del Congreso fuera un “constitucionalista, razonable y moderado”, y defendía que el órgano tuviera un carácter “plural”.

Ahora todos los esfuerzos se centran en afirmar que este acuerdo con el PP no es la antesala a un enésimo cambio de postura de Rivera para convertir la anunciada abstención de los 32 diputados naranja en la hipotética investidura de Rajoy en un “'sí' con condiciones”.

El pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos está dando sus primeros frutos. Primero fue el anuncio de Albert Rivera de abstenerse en segunda votación en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. El segundo, conocido este lunes, el pacto para la Mesa del Congreso, que situaría a la ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, como presidenta de la Cámara.

Rajoy ha hecho el anuncio de la candidatura de Pastor, que se vota este martes en el Congreso, tras la junta directiva nacional del PP: “No tengo intención de que se produzcan cambios en los puestos del Senado ni del Congreso, salvo por el hecho de que hemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos para la Mesa del Congreso. El PP tendría tres puestos, incluido la presidencia; el PSOE, dos, Ciudadanos, dos, y Unidos Podemos, dos. Y para la presidencia, propongo a la ministra de Fomento, Ana Pastor”.

Así, Rajoy ha dado por descontado que seguirán en sus puestos el actual presidente del Senado, Pío García Escudero, y el portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro. Queda por confirmar este martes a primera hora la continuidad de Rafael Hernando como portavoz parlamentario del PP, que ha estado en duda durante las últimas semanas.

Diferentes sumas

La suma de PP (137) y Ciudadanos (32) queda en 169, por lo que sólo podría presidir la Mesa un candidato alternativo si logra los 181 apoyos restantes. De momento, el PP da por descontado el sí de Coalición Canaria (un escaño) y la abstención de PNV (cinco).

Unidos Podemos y En Comú Podem (71 escaños en total) están negociando el apoyo de ERC (9) y CDC (8) a la candidatura de Xavier Domènech, que pugnará con la del socialista Patxi López por pasar a la segunda votación, toda vez que ninguno de los tres parece tener asegurados los 176 votos que dan la mayoría absoluta.

De momento, López sólo parece contar con los 85 votos del Grupo Socialista (incluido el de Nueva Canaria).

Pacto con Ciudadanos

El PP cede a Albert Rivera dos de los cuatro puestos que le corresponden en la Mesa –al margen de la presidencia– a cambio del apoyo de la formación naranja en la votación que se celebrará este martes durante la sesión de composición de las Cortes. Ciudadanos ha informado de que ocupará la vicepresidencia primera del Congreso y una secretaría.

Según algunas fuentes citadas por El Español, durante las negociaciones Ciudadanos vetó, entre otros, el nombre de María Dolores de Cospedal como candidata a la presidencia del Congreso.

En la anterior legislatura, la corta que alumbró el 20D, Ciudadanos insistió en que una de las medidas de regeneración democrática más importantes era que el presidente del Congreso fuera de un diferente color político al del jefe del Ejecutivo. Esa idea parece haber decaído tras el 26J. Y así explicó su apoyo a Patxi López como presidente del Congreso.

Ignacio Prendes será el diputado de Ciudadanos que ocupe la vicepresidencia primera del Congreso y Patricia Reyes la secretaría que Rajoy ha cedido, informa Carmen Moraga.

Ambos formaron parte de la Mesa en la legislatura pasada, aunque en aquella ocasión el acuerdo fue con el PSOE, que le cedió uno de sus puestos a cambio del respaldo a Patxi López.

Jornada de reuniones para que los partidos políticos decidan quién presidirá el Congreso de los Diputados esta legislatura. En Comú Podem ha insistido este lunes en la oferta para que Xavier Domènech lidere la Mesa del Congreso, pese al escepticismo mostrado este domingo por ERC y Convergència. Domènech ha ofrecido uno de los puestos de la Mesa a los partidos independentistas, y ha asegurado que facilitaría la formación de grupo propio para los convergentes (reglamento en mano no podrían formarlo). “Ayer hablamos con el PSOE y a lo largo del día de hoy tendremos reuniones. Está todo muy abierto”, ha augurado Domènech, que ha visto “factible” presidir la Cámara.

La operación planteada por En Comú Podem, con el aval de las demás confluencias y Unidos Podemos, no tiene una salida fácil. Para empezar, los partidos independentistas han afeado a En Comú las formas con las que ha presentado la oferta. No han dado un 'no' rotundo, pero de entrada no lo ven con buenos ojos. “Estamos sorprendidos porque nos han interpelado por Twitter. ¿Por qué no quedan con nosotros?”, se ha preguntado el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en Catalunya Ràdio.

Rufián también ha salido en defensa del Partit Demòcrata Català (PDC), que el 26J se presentó con su antiguo nombre de Convergència. El republicano ha criticado a En Comú Podem por tildar de “mafia” a CDC durante la campaña y ahora buscar su apoyo para presidir el Congreso.

Mientras Rufián criticaba a los de Ada Colau, Domènech ha explicado en RAC-1 que ha hablado sobre la operación para presidir el Congreso con el líder de Convergència en el Congreso, Francesc Homs, con Joan Tardà (ERC) y con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. También ha asegurado que Pablo Iglesias y Puigdemont han estado negociando.

“Estamos haciendo política y la situación se tiene que desbloquear”, ha afirmado Domènech, que ha hecho énfasis en la posibilidad de que CDC o ERC tengan un representante en la Mesa de la Cámara para rehacer los “puentes rotos” entre el Govern de Junts pel Sí y el Gobierno y otras instituciones del Estado.

Para que Domènech sea presidente del Congreso, necesita los votos afirmativos de los partidos independentistas y del PNV -que prevé abstenerse. La estrategia de En Comú pasa por superar al candidato del PSOE en la primera votación (Domènech sumaría 88 votos si logra el apoyo de CDC y ERC, por 85 el candidato socialista a presidir el Congreso). Así, en la segunda votación, el PSOE tendría que escoger entre dar su apoyo al candidato del PP o a Domènech. Por otro lado, el líder de ECP ha dicho que Ciudadanos está negociando para que PP y PSOE apoyen a su candidato a presidir el Congreso, Ignacio Prendes.

Patxi López será el nuevo presidente del Congreso. La lucha entre PSOE y PP por presidir la Cámara ha conllevado una negociación sobre los puestos de la Mesa del Congreso, cuya composición tiene que aprobarse este miércoles 13 de enero en la primera sesión de la Cámara baja. El acuerdo, alcanzado dos a dos mediante un pacto de PSOE y Ciudadanos y los de Albert Rivera y Mariano Rajoy, para que López releve a Jesús Posada se ha cerrado, según han confirmado tanto el PSOE como Ciudadanos, este martes por la tarde. Esta decisión cierra la puerta a la pretensión de Podemos de garantizar grupo parlamentario propio a las confluencias catalana, gallega y valenciana, que había puesto esta condición a cambio de su apoyo a López.

Mariano Rajoy, por su parte, ha asumido ante la Junta Directiva de su partido que no presentará candidato a presidir el Congreso. Según el acuerdo difundido por la Cadena SER, el PP tendrá tres puestos en la Mesa; el PSOE, uno además de la presidencia; Ciudadanos, dos; Podemos, uno; y otro las confluencias en las que participa Podemos.

Los representantes del PP en la Mesa del Congreso, según ha comunicado esta misma tarde el presidente del partido a su junta directiva, serán Celia Villalobos (vicepresidenta primera), Rosa Romero (vicepresidenta) y Alicia Sánchez Camacho (secretaría). El PSOE, además de Patxi López como presidente, tendrá a Micaela Navarro como vicepresidenta. Podemos contará en el órgano con una vicepresidenta, Gloria Elizo, y un secretario en nombre de las confluencias: Marcelo Expósito, de Barcelona en Comú. Ciudadanos no ha desvelado aún quiénes serán sus representantes en la Mesa.

Según la confirmación del PSOE, “hay un principio de acuerdo PSOE-Ciudadanos para que Patxi López sea presidente. Acuerdo al que se puede unir el PP por necesidad. Pedro Sánchez se ha reunido con Rivera y Pablo Iglesias. Hemos priorizado la máxima pluralidad en la Mesa y el diálogo con todos. Queríamos acuerdo con Podemos pero ha sido imposible porque han priorizado sus exigencias orgánicas y tensiones internas para tener cuatro grupos, algo que no era posible. El PSOE no votará a los candidatos del PP”.

El propio Pedro Sánchez lo ha confirmado este martes por la tarde cuando ha acudido a recoger el acta de diputado, y ha anunciado que los socialistas votarán a los candidatos de Ciudadanos y viceversa. Los diputados de Ciudadanos, por su parte, harán lo propio con los del PP, que no presentarán candidatos para la presidencia como ha confirmado el propio Rajoy. Los socialistas pierden un puesto en la Mesa del Congreso, donde inicialmente pretendían que estuviera también Pilar Cancela, número dos del PSOE de Galicia.

Fuentes de la Ejecutiva socialista habían confirmado por la mañana a eldiario.es que López tenía todas las posibilidades. La dirección de Ciudadanos también se ha deshecho en elogios hacia el socialista vasco. Su vicesecretario general, José Manuel Villegas, reconocía este lunes que el exlehendakari era “un buen candidato” para presidir la Cámara. Además, el partido de Rivera siempre se ha mostrado a favor de que el nuevo Parlamento reflejara en sus órganos de gobierno la pluralidad de los resultados de las últimas elecciones.

Hasta ahora, el PP sigue manteniendo que el hecho de haber sido el partido más votado el pasado 20 de diciembre le confería la legitimidad para ostentar también la presidencia del Parlamento. De hecho, Jesús Posada no ha escondido su aspiración de seguir en el cargo cuatro años más. Así, todo hace pensar que esta tarde Rajoy volverá a anunciar su nombre como candidato ante la Junta Directiva de Génova, aunque el miércoles no salga victorioso de la votación.

A partir de las 10.00, los nuevos diputados introducirán la papeleta con el nombre en la urna. En una primera ronda, el elegido debe recabar la mayoría absoluta con 176 apoyos. Si no lo logra, la segunda ronda se disputa entre los dos candidatos, por lo que gana quien obtenga la mayoría simple.