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Carmen Moraga

Naci en Madrid. Me licencié en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Hice mis primeros pinitos en la Cadena Ser, en el programa Hora 25, cuando todavía la palabra 'becari@' no existía.

He trabajado en Radio España, en varias revistas -Tribuna, Época, La Clave, Tiempo-, en la delegación de Madrid del diario catalán El Observador  y en el periodico digital diariocritico.com cubriendo información política y parlamentaria

La iniciativa socialista contra el maltrato animal decae en el Congreso entre críticas de oportunismo

El PSOE ha defendido en el pleno una iniciativa sobre maltrato animal

El PSOE ha salido este martes escaldado del debate de la proposición no de ley sobre maltrato animal que ha defendido en el pleno la diputada María Pilar Lucio. La socialista tuvo que oír una retahíla de reproches de los demás portavoces que, por distintos motivos, calificaron la iniciativa de "oportunista" y tildaron a los socialistas de "hipócritas" por haber traído ahora esa propuesta mientras su partido permite que el alcalde de Tordesillas siga celebrando el Toro de la Vega.

La iniciativa ha sido tumbada con los votos del PP, ERC, PAR y UPN. La han apoyado la Izquierda Plural, UPyD, Coalición Canaria, Geroa-Bai y Foro Asturias. Los nacionalistas de CiU y PNV se han abstenido por considerar que "invade competencias".

Precisamente, la proposición no de ley fue presentada por el PSOE en el Congreso a raíz de la promesa que hizo el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, a propósito de la polémica desatada con el Toro de la Vega, cuya abolición siguen pidiendo sin éxito los grupos animalistas -entre otros muchos colectivos- y algunos partidos políticos. 

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Los diputados de UPyD publican sus agendas y viajes pero sin detallar el coste

UPyD publica los viajes de sus diputados e invita a los demás grupos a imitarles

UPyD ha empezado este lunes a cumplir su promesa de hacer públicos los viajes y actividades de sus cinco diputados y ha incluido estos datos en las agendas diarias de sus parlamentarios. La formación magenta, sin embargo, aún no detalla el coste de cada desplazamiento aunque se ha comprometido a dar también estos datos mensualmente una vez que se los facilite el Congreso. La información incluirá el coste de los billetes de tren, barco, avión y taxi, así como los pagos en peajes y el gasto en kilometraje.

El pasado 13 de noviembre, Rosa Díez envió  una carta al presidente de la Cámara, Jesús Posada, en la que le apremiaba  a abrir una página web dentro de la del propio Congreso para tal fin. Posada accedió, pese a que ya dejó claro que él no es partidario de que la propia Cámara sea la encargada de hacer públicos estos datos.  De hecho, la Mesa del Congreso cerró un acuerdo la semana pasada -pactado entre el PPy el PSOE - por el que únicamente se compromete a dar trimestralmente una cifra global de estos desplazamientos. Ni por grupos ni mucho menos individualmente, por cada diputado.

La formación magenta, al igual que la Izquierda Plural e incluso el PNV, consideró "insuficiente" y decepcionante el acuerdo. Populares y socialistas se apresuraron entonces a asegurar que ellos estaban dispuestos a subir a sus perfiles del Congreso las agendas de cada diputado, pero no a desglosar los gastos de cada viaje.

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El PP no logra el respaldo de la oposición a su propuesta de regulación de lobbies

El Congreso intenta cerrar hoy la regulación de los lobbies en la reforma reglamentaria

El PP tiene  prisa por abordar la regulación de los lobbies, clarificar cuáles pueden ser sus actividades y límites y crear un registro donde se inscriban en el Congreso. Con este fin, la ponencia de Reglamento de la Cámara ha mantenido una reunión en la tarde de este lunes con una única propuesta encima de la mesa, la del PP, que no ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición.

En su texto, los populares instan al Congreso a crear un registro público en el plazo de seis meses para que se inscriban en él "los representantes de grupos de interés que mantengan encuentros con diputados y personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas". También queda en manos del Congreso las normas de su funcionamiento, la supervisión de que los grupos inscritos en el registro las cumplan y la elaboración de un Código de Conducta que traería aparejado un régimen sancionador en caso de inclumplimiento.  

Pero la oposición quiere clarificar primero qué se considera lobby y qué asociaciones entran en este concepto ya que una de las incógnitas que queda por saber es si se incluye a las ONGs y a los colectivos sociales, algo que no concreta el texto del PP.  Por este motivo, tanto la Izquierda Plural como el PSOE salieron desencantados de esta reunión.

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Anatomía del choque entre UPyD y Ciudadanos

Las posibilidades de acuerdo electoral entre UPyD y Ciudadanos se frustran.

UPyD y Ciudadanos certificaron el pasado jueves que su relación es imposible por incompatibilidad de caracteres. Han bastado apenas cuatro citas para constatar lo que para muchos ha sido la “crónica de un fracaso anunciado” sobre la posibilidad de unir sus fuerzas. Al margen del desencuentro entre Rosa Díez y Albert Rivera, dentro de ambos partidos hay enquistada una rivalidad insalvable, alimentada por algunos de sus propios dirigentes desde sus inicios.  

Las dos formaciones políticas abrieron hace apenas dos meses un proceso de negociación para “explorar” una posible alianza electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Eldiario.es ha trasladado a los responsables de ambas formaciones un cuestionario para entender las razones del desencuentro.

1. ¿Cuáles han sido, desde el punto de vista de su partido, los motivos que han conducido al fracaso de las negociaciones entre ambas formaciones?

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El PSOE y la Izquierda Plural acusan al Gobierno de proteger a Fabra para dilatar su ingreso en prisión

Carlos Fabra, pendiente de la resolución de su indulto.

Los socialistas y la Izquierda Plural no tienen duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy está retrasando intencionadamente la resolución del expediente de indulto solicitado por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para dilatar lo más posible su ingreso en prisión. La ley establece un plazo mínimo de una semana y un máximo de doce meses para solucionar una petición de este tipo. “Si el Ministerio de Justicia sigue estirando los plazos, nos podríamos encontrar con la esperpéntica situación de que el señor Fabra podría estar en la calle hasta agosto de 2015", denuncia a eldiario.es el diputado del PSOE, Pablo Martín. 

Fabra tenía que haber entrado en la cárcel para cumplir los cuatro años de prisión a los que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo al quedar demostrado que defraudó al fisco cerca de 700.000 euros entre 1999 y 2003. Pero desde el pasado mes de agosto la orden quedó paralizada a la espera de que el Gobierno de Rajoy resuelva el expediente de indulto que no sólo pidió el propio exbarón del PP, sino también un grupo de compañeros de su partido, entre los que se encontraba su hija, la diputada por Castellón Andrea Fabra.

Precisamente, el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado socialista preguntó al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las intenciones del Gobierno de reformar la ley del indulto y los motivos de este retraso de ingreso en prisión de Fabra. En su respuesta, Catalá aseguró que el Gobierno estudia la reforma de la ley para dotar estas medidas de gracia "de mayor control y transparencia". Además, se jactó de que el Ejecutivo de Rajoy es el que ha hecho un uso “más limitado y restrictivo” de esa potestad, concediendo en esta legislatura tan sólo el 1% de las peticiones, frente al 11% de 2007 del PSOE. Una afirmación que los socialistas niegan tajantemente pese a reconocer que Zapatero concedió algunos "vergonzosos" como el otorgado al banquero Alfredo Sáenz.

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El PSOE y la Izquierda Plural acusan al Gobierno de proteger a Fabra para dilatar su ingreso en prisión

Carlos Fabra, pendiente de su resolución de indulto.

Los socialistas y la Izquierda Plural no tienen duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy está retrasando intencionadamente la resolución del expediente de indulto solicitado por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para dilatar lo más posible su ingreso en prisión. La ley establece un plazo mínimo de una semana y un máximo de doce meses para solucionar una petición de este tipo. “Si el Ministerio de Justicia sigue estirando los plazos, nos podríamos encontrar con la esperpéntica situación de que el señor Fabra podría estar en la calle hasta agosto de 2015", denuncia a eldiario.es el diputado del PSOE, Pablo Martín. 

Fabra tenía que haber entrado en la cárcel para cumplir los cuatro años de prisión a los que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo al quedar demostrado que defraudó a la Hacienda Pública cerca de 700.000 mil euros entre 1999 y 2003. Pero desde el pasado mes de agosto la orden quedó paralizada a la espera de que el Gobierno de Rajoy resolviera el expediente de indulto que no sólo pidió el propio exbarón del PP, sino también un grupo de compañeros de su partido, entre los que se encontraba su hija, la diputada por Castellón Andrea Fabra.

Precisamente este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado socialista ha preguntado al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las intenciones del Gobierno de reformar la ley y los motivos de este retraso de ingreso en prisión de Fabra. En su respuesta, Catalá ha recordado que el Gobierno estudia efectivamente la reforma para dotar estas medidas "de mayor control y transparencia". Además, ha presumido de que el ejecutivo de Rajoy es el que ha hecho un uso “más limitado y restrictivo” de esa potestad concediendo en esta legislatura tan sólo el 1 por ciento de las peticiones, frente al 11 por ciento de 2007 del PSOE. Una afirmación que los socialistas niegan tajantemente pese a reconocer que Zapatero concedió algunos "vergonzosos" como el otorgado al banquero Alfredo Sáenz.

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Congreso y Senado publicarán una lista global de viajes sin concretar los gastos y destinos de cada diputado

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Posada quedó satisfecho con el acuerdo de control de los viajes de los diputados.

PP y PSOE han llevado a la Mesa del Congreso un documento cerrado para regular los viajes de los diputados. El documento ha sido aprobado por unanimidad con las voces críticas de UPyD, la Izquierda Plural y el PNV. Según el pacto, los diputados tendrán que informar a sus grupos de sus desplazamientos. Pero sus destinos no se conocerán públicamente. El listado será global, ni siquiera por grupos, y se subirá a la web del Congreso trimestralmente, una vez se hayan realizado. Es decir, se seguirá sin saber con detalle cómo viajan los diputados. Poco más tarde, el Senado aprobaba en los mismos términos el control para sus parlamentarios, después de que todos los grupos se mostraran de acuerdo y la Mesa diera su visto bueno. 

El texto abre la puerta a que la Cámara publique en su página web cada tres meses un “informe global" con el listado de viajes que hacen los diputados, ya sean a su lugar de residencia habitual, a actos de partido o desplazamientos institucionales. El acuerdo descarta el listado individualizado y tampoco obliga a que se conozcan los viajes anteriormente realizados.

El presidente de la Cámara, Jesús Posada, por tanto, ha conseguido que se imponga su opción de no controlar más que de forma general los desplazamientos: "Yo personalmente creo que la Cámara no tiene por qué conocer y publicitar todos los viajes de los diputados. Lo que hacemos es garantizar que el dinero público se gasta correctamente", ha señalado.

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Instituciones Penitenciarias justifica el tercer grado a Matas por su "conducta ejemplar"

El responsable de Prisiones justifica el tercer grado a Jaume Matas.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha defendido este jueves la concesión del tercer grado penitenciario al exministro del PP Jaume Matas alegando que no ha habido ningún trato de favor y que la medida "no constituye ningún beneficio penitenciario ni privilegio gracioso". Simplemente, ha dicho, se le ha aplicado la ley como a cualquier otro recluso.

Yuste ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso "a petición propia" y de varios grupos de la oposición tras el escándalo que ha causado la puesta en semilibertad de Matas en contra de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Segovia, de donde salió el pasado mes de octubre tras cumplir tan sólo dos meses de condena.

En su primera intervención, el secretario general de Instituciones Penitenciarias se ha limitado a leer los informes de su departamento basados en los argumentos puramente jurídicos de la medida. Según ha sostenido, en la decisión de aplicar el tercer grado a Matas se han tenido en cuenta varios factores. Como el "comportamiento ejemplar" demostrado por el recluso; que es una persona "totalmente insertada en la sociedad"; cuenta con un trabajo "estable" como consultor y con suficientes "contactos sociales" para poder desarrollarlo, y con "apoyo familiar".

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Los partidos se retratan sobre la polémica de los viajes de los parlamentarios

Jesús Posada se muestra reacio a que el Congreso controle los viajes de los diputados.

La polémica desatada a cuenta de los viajes de los diputados amenaza con enfrentar nuevamente a los principales grupos de la oposición con el PP, donde no creen necesario hacer públicos los desplazamientos que realizan los diputados y que paga la Cámara.

Tanto el presidente del Congreso, Jesús Posada, como el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, se han mostrado reacios a que se hagan públicos estos viajes porque consideran que el Parlamento “no es un colegio”. No obstante, Alonso asegura que está “dispuesto a estudiar” las propuestas que haga el resto de los grupos parlamentarios y a consensuar medidas para hacer "más transparente" su funcionamiento.

La mayor parte de la oposición se muestra favorable a regular el uso de estos privilegios y a mejorar la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

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El Gobierno compara la asistencia de un militar a una manifestación con el consumo de drogas

El teniente Luis Gonzalo Segura.

Para el Gobierno es tan sancionable el hecho de que un militar consuma drogas o incurra en un delito de violencia de género como que acuda a una manifestación de apoyo a un compañero arrestado. Así al menos se lo hace saber a la diputada de UPyD Irene Lozano en  respuesta a una de las preguntas que la portavoz de Defensa de esta formación tiene registradas en el Congreso sobre el caso del teniente Luis Gonzalo Segura, autor del libro Un paso al frente, en el que denuncia corruptelas y abusos en el Ejército español. Por ello, el militar ha tenido que cumplir dos meses de arresto y está a la espera de saber qué otras sanciones recibe.

Entre otras cuestiones, Lozano pedía por escrito al Gobierno que confirmara si se había enviado a los cuarteles una circular interna con motivo de una manifestación convocada el 21 de septiembre en Madrid por la Plataforma de Apoyo al teniente Segura, en la que se advertía a los militares de las sanciones que acarrearía participar en la protesta.

La nota informativa, de la que se hizo eco eldiario.es, recordaba que "el militar está sujeto al deber de neutralidad política". "Se remite nota informativa sobre los límites en la participación en actividades políticas de los militares para que sea difundida a todo el personal militar", afirmaba la circular, para recordar a los 130.000 militares de los cuarteles españoles que es falta grave apoyar ese tipo de movilizaciones.

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