Hace medio año sustituyó a Gregorio Gordo en el cargo de coordinador general de Izquierda Unida de Madrid. Eddy Sánchez analiza en esta entrevista las buenas perspectivas electorales que dan las encuestas a su formación.

Los resultados son realmente para que estén contentos pero, ¿qué valor le dan a unas encuestas hechas casi a dos años vista de las elecciones municipales y autonómicas?

Las encuestas son una foto fija, y esa foto nos dice que el cambio en Madrid es posible, que el PP en Madrid ha perdido la mayoría. Los madrileños y las madrileñas no queremos que se nos gobierne a golpe de recortes y eso ha provocado una movilización social cada vez más vertebrada, más unitaria, y esas movilizaciones son las que están acabando con 25 años de mayoría del PP en Madrid. Ahora es el momento de construir una alternativa que haga que lo que hoy es mayoría en la calle sea mayoría en las urnas en 2015, objetivo para el cual IU Madrid ha hecho un llamamiento a la convergencia política y social de todos los sectores sociales que sufrimos la crisis, para construir una alternativa de cambio en Madrid.

La bicefalia, de la que renegaba Esperanza Aguirre, pero de la que se ha hecho valedora, tiene muchos sentidos. Y uno de ellos, evidentemente, es el de controlar el Partido Popular de Madrid. Es decir, tener una importantísima cuota de influencia en la designación de candidatos, a la Comunidad y al Ayuntamiento. Ignacio González es protegido de la presidenta del PP madrileño, pero no tanto Ana Botella, quien llegó a la política local con Alberto Ruiz-Gallardón. La alcaldía siempre fue coto del exalcalde, y su salida propicia un movimiento de mano de Aguirre y los suyos. El problema, dicen fuentes del PP, es que "la operación ha de ser global", por lo que a Ignacio González le podría interesar "hacer piña con Botella", para que las cosas sigan como están.

Eso sí, con unas encuestas que colocan al PP sin mayoría absoluta en la Comunidad y en el Ayuntamiento y con una severa pérdida de diputados y concejales. Los dirigentes madrileños se escudan en el desgaste derivado de los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero lo cierto es que las medidas sanitarias y educativas de la Comunidad están siendo muy contestadas y que la alcaldía, fuertemente endeudada por las obras de la M-30 y la gestión de Ana Botella, en particular durante la tragedia del Madrid Arena, colocan al PP madrileño en su peor momento de los últimos 20 años.

La última encuesta, realizada por Metroscopia el día 13 y publicada por El País este miércoles, vaticina: PP, 21 concejales (-10); PSOE, 15 (los mismos); IU, 14 (+8); y UPyD, 7 (+2). El Ayuntamiento tiene 57 ediles, por lo que la mayoría absoluta está en 29. Es decir, al PP ni siquiera le valdría una hipotética alianza con el partido de Rosa Díaz. El cuadro para el PP es semejante al que dibujaba otra encuesta de El País para la Comunidad de Madrid. En este caso, González también perdía la mayoría absoluta: PP, 54 diputados (-18); PSOE, 30 (-6); IU, 29 (+16) y UPyD, 16 (+8).

La sentencia del Tribunal Constitucional que invalida los nombramientos de los miembros de los gobiernos municipales no electos no ha afectado solo al Ayuntamiento de Madrid, sino a otros muchos que también tendrán que acatar la decisión del alto tribunal. Sin embargo, los afectados no se quedarán en la calle puesto que con toda probabilidad van a ser recolocados en otros puestos de la administración pública, como ha hecho ya Ana Botella, lo que ha desatado las críticas de los grupos de la oposición.

La sentencia del Constitucional, cuyo origen parte de un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat de Cataluña, determina que las Juntas de Gobierno de los Ayuntamientos “han de estar formadas, únicamente, por concejales electos”, tras la anulación del precepto de la   Ley de Grandes Ciudades que permitía nombrar como miembros de estos órganos de gobierno a personas que no han concurrido a las elecciones locales en las listas electorales.

La decisión ha levantado un gran revuelo político entre los cargos de la administración local en donde es una costumbre antigua y bastante extendida que los alcaldes fichen para formar parte de sus gobiernos a indepenientes o a dirigentes afines del propio partido aunque no hayan concurrido a las elecciones.

Mientras la ley de Transparencia sigue su curso en el Congreso con comparencias de personalidades a puerta abierta, hay otras reuniones en la Cámara baja que trabajan cerradas a cal y canto. El reglamento establece que las ponencias y las subcomisiones, en las que suelen comparecer expertos en las materias a tratar, se celebrarán a puerta cerrada salvo que la Mesa del Congreso autorice lo contrario. Pero también hay comisiones cuyos debates tienen carácter ‘secreto’, como son la de Gastos Reservados, la de Peticiones o la del Estatuto del Diputado.

Este martes, sin ir más lejos,  se reúnen en el Congreso dos ponencias. A las diez de la mañana comenzará la “de estudio de las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales” en la que comparecerán tres expertos en la materia: Lorenzo Armenteros del Olmo, responsable del Área de Drogodependencias de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia;  Miguel Casas Brugué, catedrático de Psiquiatría de Barcelona, Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebrón en Barcelona, y Josep Basora, Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC). Sus opiniones serán escuchadas únicamente por los diputados que forman parte de la citada ponencia y solo transcenderán si se ‘filtra’ algo a la prensa o a la salida alguno de ellos decide hacer declaraciones. A las once  también se reúne la ponencia “encargada de informar del proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”, dependiente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero también se celebra a puerta cerrada.

¿Por qué, si se trata de asuntos de interés general?. Según se explica en la página web del Congreso, las subcomisiones y ponencias son “órganos de estudio y propuesta que se constituyen en el seno de las Comisiones”. “Tienen una importancia considerable –se añade-  ya que es donde se efectúa el estudio más detenido de los diversos asuntos sometidos a la consideración de las Comisiones. Las ponencias se forman para cada asunto, actúan a puerta cerrada, y se integran normalmente por una pluralidad de miembros, que representan entre los distintos grupos parlamentarios.”. Lo paradójico es que si esas comparecencias de expertos son en Comisión entonces si tienen carácter público.

Este jueves, 2 de mayo, ingresará en la prisión militar de Alcalá Meco el agente de la Guardia Civil, Juan Carlos Alonso, para cumplir una pena de tres meses y un día de cárcel acusado de menosprecio e "insulto" a un superior. Le acompañarán hasta la cárcel representantes y afiliados de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) -a la que pertenece el guardia-, que consideran su condena "injusta" y "desproporcionada". La AUGC denuncia que se les siga aplicando el Código Militar cuando están cumpliendo "misiones policiales".

Los hechos se remontan a junio de 2010 cuando un numeroso grupo de vecinos del municipio de Mogán, en Gran Canaria, se manifestaron delante de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Según el relato de sus compañeros, al agente le encomendaron integrarse en un dispositivo de seguridad para evitar el 'asalto' al recinto. En un momento dado, un cabo, que no participaba en el operativo, se puso a dar órdenes ante lo cual el agente le dijo, "tocándole en el hombro", "échate para allá y déjame trabajar". Esta frase fue considera por el tribunal castrense que lo juzgó, en aplicación del Código Penal Militar, como "insulto a un superior" por lo que se le condenó a tres meses y un día de cárcel con la consiguiente suspensión de cargo público y de derecho de sufragio durante ese tiempo.

Su abogado defensor ha pedido reiteradamente, sin éxito, que el guardia civil no ingrese en prisión al carece de antecedentes penales y ser la condena inferior a dos años, pero la fiscal jurídico militar considera que los guardias civiles son miembros del Ejército y no tienen derecho a la aplicación de esta medida. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (UGGC), sin embargo, recuerda que la ley disciplinaria de la Guardia Civil, de 2007, abolió la aplicación del código militar a los agentes cuando se encontraran cumpliendo "misiones policiales", como sostienen que hacía Juan Carlos Alonso, y creen que este caso es un paso más en la "remilitarización" del instituto armado.

Emiliano García-Page es uno de los nuevos barones del PSOE y, además, con mando en plaza puesto que en las pasadas elecciones municipales consiguió mantener la alcaldía de Toledo pese al fuerte avance que experimentó el PP. Ocupa un escaño en el Senado por la Comunidad de Castilla La Mancha. Es vocal de la Ejecutiva del PSOE. Su próximo reto, salvo sorpresas, será disputar el Gobierno de esa comunidad a la actual presidenta, Maria Dolores de Cospedal, del PP, aunque por medio andan unas primarias en el PSOE para elegir líder del partido y próximo cabeza de cartel de las elecciones generales. Su nombre siempre sale en las quinielas. Él se deja querer. 
 

¿Por qué cree que Rubalcaba ha dado marcha atrás tan de repente anunciando ahora que el secretario general será elegido por primarias por toda la militancia? ¿No le ha extrañado?

A mí no me ha extrañado demasiado porque la verdad es que desde hace semanas la Ejecutiva ya venía trabajando en esa hipótesis. Eran muchas las federaciones que lo demandaban y era un debate inevitable. Rubalcaba ha querido conciliar y ha asumido el planteamiento de Galicia aunque ahora tenemos que trabajar y depurar mucho ese planteamiento. El PSOE es un partido que está en la vanguardia, innovador, empeñado en que las inquietudes de la militancia siempre tengan un canal de expresión.
 
Sin embargo, la sensación que da es que ha sido una rectificación en toda la regla para no verse desautorizado por el PSdG  y ganar tiempo.

¿Se imaginan a Ada Colau defendiendo la Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios ante el pleno del Congreso?. Difícil, si. Sobre todo teniendo en cuenta que incluso fue expulsada de la tribuna de invitados el día en el que se debatió la ILP presentada por la PAH con el aval de un millón y media de firmas ciudadanas. Pero si la propuesta de IU y del PSOE sale adelante en la Comisión de Reglamento del Congreso, los promotores de las ILP podrían defenderlas en el futuro. Esta iniciativa será uno de los puntos a discutir en el debate que por enésima vez se abre este miércoles en el Congreso para reformar su Reglamento, la gran asignatura pendiente de la Cámara baja desde hace más de treinta años.

La idea principal es hacer más ágiles los debates, regular mejor la actividad de sus señorías acercando su trabajo a una ciudadanía cada vez más alejada de la clase política, e impulsar una mayor transparencia a su funcionamento. Todo un reto que, tal y como están ahora las cosas, parece difícil de alcanzar teniendo en cuenta el precedente de que no ha habido legislatura en la que la reforma no se haya intentado, con el mismo final: el fracaso absoluto.

Bien es verdad que el que más cerca estuvo del consenso fue el anterior presidente, el socialista Manuel Marín. Sin embargo, la exigencia de los nacionalistas sobre el uso de las lenguas, como han conseguido en el Senado, frustró el acuerdo. La reivindicación sigue encima de la mesa, pero en el Congreso, hoy por hoy, insistir en hablar en las lenguas cooficiales supone la expulsión del pleno, como les ocurrió la semana pasada a los diputados de ERC. Aquel día, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, invitó a los republicanos a que lo plantearan en la Comisión de Reglamento.  Y así lo harán aunque saben que volverá a correr la misma suerte. No obstante, esta vez el hecho de que rechacen su petición no significará el desmarque del acuerdo final al que pueda  llegarse en otros aspectos y que realmente son muchos.

Tal y como se barruntaba, el PP se ha quedado solo a la hora de aprobar el texto de la ponencia que teóricamente refunde la ILP de los colectivos antidesahucios con la reforma de la Ley Hipotecaria presentada por el Gobierno. Ningún grupo parlamentario ha dado su voto favorable al borrador al considerar que no recoge ni una sola de las enmiendas que planteaba la oposición ni soluciona el drama en que viven miles de familias que son desalojadas a diario de sus viviendas.

"El PP ha impuesto la mayoría absolutista", clamó el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, mientras los demás portavoces acusaban al Martínez-Pujalte, del PP, de "mentir" y "engañar" a los afectados.

"Ha sido todo tremendamente rápido. Una reunión exprés", reconoció la portavoz socialista en la ponencia, Leire Iglesias, quien ha declarado sentirse "frustrada" por el desenlace de todas estas semanas de trabajo. "El PP se ha quedado solo política y socialmente", lamenta, secundada por los demás portavoces parlamentarios dado que el PP se ha cerrado en banda a aceptar, no solo la dación en pago, sino a modificaciones tan elementales en la ley como la llamada "segunda oportunidad" pedida por varios grupos parlamentarios como solución alternativa ante un desahucio.

La delicada salud del Rey y los numerosos episodios que están salpicando a la Casa Real han reabierto el debate sobre la necesidad de abordar la ley de abdicación, aún sin desarrollar, que siente las bases de cómo debería abordarse el proceso si el rey Juan Carlos pasara el testigo al príncipe Felipe. El Gobierno y el PSOE, por separado, trabajan ya en ello, así como en despejar algunas de las lagunas existentes sobre el papel del heredero cuando ejerza las funciones temporales del rey o asuma la agenda del monarca, como está ocurriendo ahora.

En Moncloa, no obstante, aseguran no tener prisa pendientes como están de ver cómo evoluciona el caso Urdangarin y cómo se solventa la imputación de la infanta Cristina. Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno afirman a eldiario.es que en este momento están totalmente centrados en ver cómo "encajar" a la Casa Real en la Ley de Transparencia, conjugando "la seguridad nacional" y "la protección de datos". "No es fácil encajar ambos asuntos", reconocen las mismas fuentes.

Estos trabajos y los contactos con los grupos parlamentarios los está llevando a cabo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso. Eso no quita para que el Ministerio de Justicia lleve trabajando desde hace tiempo en otros asuntos que afectan a la Corona, como la ley de abdicación. De hecho, el diario El Mundo informó el domingo que Gallardón ha encargado a un grupo de expertos estudiar los mimbres de la futura ley orgánica que incluiría la posibilidad de aforamiento para algunos de los miembros de la familia real.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha sancionado a 18 personas que participaron en el escrache en la vivienda de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, promovido por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), han informado a eldiario.es fuentes cercanas a la delegada, Cristina Cifuentes.

Tres de las sanciones son graves, cuya multa es de 1.500 euros, y otras quince leves, con multas que oscilarán entre los 200 y los 250 euros.

Según estas fuentes, el pasado viernes la Policía identificó a 30 personas que participaron en el escrache en la casa de Sáenz de Santamaría y realizó un informe particupar de todas ellas que posteriormente envió a la Delegación del Gobierno.