Desde su inicio el 28 de febrero, la guerra de Irán está siendo una contienda eminentemente aérea, y lo seguirá siendo siempre que Donald Trump no decida desplegar tropas sobre el terreno, una posibilidad con la que viene amagando desde hace semanas.

Mientras tanto, el conflicto se dirime entre la capacidad de resistencia de Irán, que sufre exhaustivos bombardeos por parte de EEUU e Israel, y sus propias posibilidades de contraataque, menos destructivas en términos absolutos, pero también con menores costes de producción. Ante la asimetría militar, la respuesta de Irán se basa en una estrategia de escalada horizontal en la que amplía el coste de la guerra para todo el mundo y la extiende a toda la región.

Este factor económico y el desconocido tamaño de los arsenales de cada contendiente son elementos fundamentales para entender el presente y el futuro del conflicto. A continuación, una guía visual por algunos de los principales arsenales de los contendientes.

Los misiles Tomahawk

El primer día del ataque coordinado de EEUU e Israel contra Irán que ha desatado una guerra sin fin a la vista, un misil Tomahawk impactaba en un complejo de la Guardia Revolucionaria iraní en el que hay una escuela de niñas y donde murieron 168 personas, la inmensa mayoría menores.

EEUU ha lanzado más de 850 misiles crucero Tomahawk en las primeras cuatro semanas de guerra, informaba The Washington Post citando a fuentes con conocimiento del asunto. El uso extensivo de esta munición en el conflicto plantea dudas en el Pentágono sobre la sostenibilidad y las reservas de estos potentes misiles, usados por primera vez en 1991 en la guerra del Golfo. Según el Center for Strategic and International Studies, EEUU tenía aproximadamente 3.100 misiles de este tipo antes de empezar la guerra.

Así funcionan los misiles Tomahawk

Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos.

Aletas de

control

Motor a

reacción

Celda de

combustible

Alas

retráctiles

Sistemas

de aviónica

Alcance:

1.250 - 2.500 km

5,56 m

Velocidad:

880 km/h

0,56 m

Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones

Sistema de navegación (basado en GPS)

3

Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar

2

Una vez fuera, se despliegan las alas y utiliza un sistema de guiado para maniobrar entre obstáculos terrestres

1

Puede ser lanzado desde un submarino o un barco

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Así funcionan los misiles Tomahawk

Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos.

Motor a

reacción

Aletas de

control

Celda de

combustible

Alas

retráctiles

Sistemas

de aviónica

Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones

5,56 m

Sistema de navegación (basado en GPS)

0,56 m

3

Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar

Velocidad:

880 km/h

2

Una vez fuera, se despliegan las alas y utiliza un sistema de guiado para maniobrar entre obstáculos terrestres

Alcance:

1.250 - 2.500 km

1

Puede ser lanzado desde un submarino o un barco

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los misiles Tomahawk son muy valorados, en parte, porque tienen un alcance de más de 1.600 kilómetros, lo que reduce la necesidad de enviar pilotos estadounidenses a un espacio aéreo bien defendido. Según documentos de la Armada, las versiones más recientes del misil pueden costar hasta 3,6 millones de dólares cada una y su fabricación puede tardar hasta dos años, informa el periódico.

Mención aparte merece el sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), que han sido esenciales para la defensa antiaérea de Israel y los países del Golfo. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ha registrado una efectividad del 90% con esta munición. Consiste en una batería móvil, con ocho interceptores por vehículo lanzador. Su mayor inconveniente es que es muy caro —más de 1.000 millones de dólares por batería— y escaso. Solo en la guerra de 12 días del verano de 2025, EEUU gastó alrededor del 25% de sus reservas de los misiles que emplean.

Misiles iraníes

La principal arma de la Guardia Revolucionaria iraní es su arsenal de misiles balísticos, cuya precisión y potencia se dedicó a mejorar a lo largo de la última década. Empleados junto con sus drones para saturar las capacidades de interceptación de la cúpula de hierro israelí, los misiles han logrado en varios casos penetrar el sistema de defensa y golpear objetivos en ciudades importantes como Haifa y Tel Aviv.

Misiles de las Fuerzas Armadas de Irán

Arsenal y alcance de los misiles iraníes con los que Teherán ha respondido en toda la región a los bombardeos de EEUU e Israel

N

200 km

TURQUÍA

SIRIA

LÍBANO

Teherán

AFGANISTÁN

IRAK

IRÁN

ISRAEL

PAKISTÁN

EGIPTO

ARABIA

SAUDÍ

OMÁN

YEMEN

SEJJIL

2000km

EMAD

2000km

KHEIBAR

SHEKAN

1450km

FATTAH-1

1400km

ZOLFAGHAR

700km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Misiles de las Fuerzas Armadas de Irán

Arsenal y alcance de los misiles iraníes con los que Teherán ha respondido en toda la región a los bombardeos de EEUU e Israel

N

200 km

TURQUÍA

SIRIA

LÍBANO

IRAK

IRÁN

ISRAEL

PAKISTÁN

EGIPTO

ARABIA

SAUDÍ

YEMEN

SEJJIL

2000km

EMAD

2000km

KHEIBAR

SHEKAN

1450km

FATTAH-1

1400km

ZOLFAGHAR

700km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Irán posee el mayor y más diverso arsenal de misiles en todo Oriente Medio, señala el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y son un elemento fundamental de su proyección de poder. Según informó Reuters la semana pasada, EEUU solo puede confirmar la destrucción de un tercio del arsenal de misiles iraní en las cuatro primeras semanas de guerra.

Sobre el alcance de los misiles ha habido gran especulación en las últimas semanas. Los analistas entendían que tenían un radio de alcance de unos 2.000 kilómetros, como recogía un informe del Proyecto de Misiles del think tank estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS), pero el 21 de marzo se registraron informaciones sobre un supuesto lanzamiento en dirección a la base militar de Diego García, en el océano Índico, empleada por Reino Unido e Israel y situada a más de 3.500 kilómetros.

Irán negó el lanzamiento y la OTAN admitió después que no podía “confirmarlo”, por lo que la autonomía de los misiles sigue siendo una incógnita. La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de EEUU afirmó en un informe el año pasado que Irán podría desarrollar un misil balístico intercontinental militarmente viable para 2035. El CSIS indica asimismo que Irán ha suministrado misiles balísticos y de crucero cada vez más avanzados a los rebeldes hutíes de Yemen, sus aliados en la región.

El escudo antimisiles de Israel

El más sistema defensivo israelí más notorio es la ‘cúpula de hierro’, desarrollada con la ayuda de EEUU y que Israel ha empleado desde hace más de una década para repeler los ataques con proyectiles de corto alcance, como los cohetes y morteros lanzados por las milicias palestinas desde Gaza. También puede interceptar drones, que son empleados cada vez más con una carga explosiva. 

¿Cómo funciona el sistema defensivo cúpula de hierro?

1

Un cohete enemigo es lanzado desde una distancia de hasta 70 km

2

El Radar de detección y seguimiento identifica el cohete y envía información clave del proyectil al centro de comandos y control

El interceptor estalla y destruye el cohete

3

El centro de control calcula dónde impactará el proyectil y si supone un riesgo

Según su fabricante, la cúpula de hierro, resulta efectiva en un 90%

4

En ese caso, lanza los misiles para interceptarlo. El sistema, ignorará aquellos proyectiles que no atenten contra la seguridad de zonas pobladas

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS.

¿Cómo funciona el sistema defensivo

cúpula de hierro?

1

Un cohete enemigo es lanzado desde una distancia de hasta 70 km

2

El Radar de detección y seguimiento identifica el cohete y envía información clave del proyectil al centro de comandos y control

El interceptor estalla y destruye el cohete

3

El centro de control calcula dónde impactará el proyectil y si supone un riesgo

Según su fabricante, la cúpula de hierro, resulta efectiva en un 90%

4

En ese caso, lanza los misiles para interceptarlo. El sistema, ignorará aquellos proyectiles que no atenten contra la seguridad de zonas pobladas

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS.

Como su nombre indica, el sistema crea una cúpula segura sobre las localidades donde está instalado y detecta los objetos sospechosos en un radio de 100 kilómetros, y los destruye si los considera una amenaza para la población. Pero su efectividad no es absoluta, como ha demostrado el contraataque iraní. La munición de racimo y los distintos enjambres que envía Teherán acaban saturando la capacidad de interceptación y permite que misiles y drones “agujereen” la cúpula.

Los distintos sistemas de defensa aérea de Israel

N

250 km

TURQUÍA

Sistema

Cúpula de hierro

SIRIA

70 km

IRAK

Sistema

Honda de David

IRÁN

Sistema

Flecha 2

Tel Aviv

300 km

ISRAEL

1000 km

Sistema

Flecha 3

EGIPTO

JORDANIA

2000 km

ARABIA

SAUDÍ

SUDÁN

OMÁN

YEMEN

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS.

Los distintos sistemas de defensa

aérea de Israel

N

250 km

TURQUÍA

Sistema

Cúpula de hierro

70 km

SIRIA

IRAK

Sistema

Honda de David

IRÁN

Tel Aviv

Sistema

Flecha 2

ISRAEL

300 km

Sistema

Flecha 3

1000 km

JORDANIA

2000 km

EGIPTO

ARABIA

SAUDÍ

SUDÁN

OMÁN

YEMEN

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: REUTERS.

Además de la cúpula de hierro, Israel cuenta con otro sistema llamado ‘honda de David’ diseñado para cohetes de mayor medida y misiles de corto alcance. Al igual que el otro sistema, fue desarrollado en colaboración con EEUU y está operativo desde 2017, según el Ministerio de Defensa. Ambos han sido fabricados por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems.

Los dos sistemas que ofrecen más cobertura, aunque trabajan mucho menos que los dos de menor radio, son los Flecha 2 y Flecha 3. Están diseñados para interceptar misiles balísticos disparados desde miles de kilómetros de distancia: Flecha 3 llega hasta 2.000 kilómetros, esto es, su radio de acción incluye Irán. El número 2 está optimizado para destruir misiles en la atmósfera de la Tierra, mientras que el número 3 puede alcanzarlos cuando vuelan a más altura, en el espacio, según la agencia de noticias Reuters.

Bombas de racimo

Uno de los métodos de Irán para eludir el escudo antimisiles de Israel es precisamente el uso de munición de racimo en sus misiles. Diseñadas para lanzar decenas de bombas menores sobre áreas extensas, deben interceptarse lo más lejos posible de su objetivo para limitar sus daños y, a ser posible, fuera de la atmósfera, según los expertos en armamento. Interceptarlas resulta prácticamente imposible cuando las submuniciones ya se han dispersado, incluso con los más sofisticados sistemas del escudo antimisiles.

Cómo funcionan las bombas de racimo

Un misil-contenedor cargado con submuniciones es liberado desde una aeronave o lanzado por artillería

1

La bomba está programada para abrirse a 10 altitudes distintas, entre los 90 y los 900 metros

El uso de este tipo de artefacto podría estar diseñado para agotar las reservas de misiles interceptores israelíes

2

3

Cuando se abre en el aire, libera la carga y se dispersa en el trayecto de caída

Para cuando llegan al suelo, pueden cubrir varios kilómetros

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Cómo funcionan las bombas de racimo

Un misil-contenedor cargado con submuniciones es liberado desde una aeronave o lanzado por artillería

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La bomba está programada para abrirse a 10 altitudes distintas, entre los 90 y los 900 metros

El uso de este tipo de artefacto podría estar diseñado para agotar las reservas de misiles interceptores israelíes

3

Cuando se abre en el aire, libera la carga y se dispersa en el trayecto de caída

Para cuando llegan al suelo, pueden cubrir varios kilómetros

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Entre los misiles que pueden cargar este tipo de munición —prohibida internacionalmente, pero que Israel también ha empleado en el pasado— está el Khorramshahr, con un rango de 2.000 kilómetros y de cuyos avances técnicos y capacidad destructiva presumía la cuenta en X de Ali Jamenei, gestionada por su equipo tras ser asesinado en los primeros ataques de la guerra. Ni Israel, ni EEUU ni Irán han firmado el tratado contra las bombas de racimo.

Los drones Shahed

Los ruidosos drones Shahed 136 fabricados por Irán, con alas en delta y un coste de producción de aproximadamente 50.000 dólares, también están teniendo un rol fundamental en la contienda. Los vídeos de impactos en las bases militares de EEUU y sus aliados en el golfo Pérsico han sido habituales durante el mes de conflicto.

Dron Shahed-136 de fabricación iraní

Carecen de óptica externa y, por lo tanto, no pueden ser dirigidos a distancia. Utilizan GPS.

Velocidad máxima de 185 km/h

Ojiva

explosiva

de 50 kg

MD 550 (50 hp)

3,5 m

Motor térmico de fabricación iraní de cuatro cilindros, refrigerado por aire.

2,5 m

Alcance 2000 km

DESPEGUE

OBJETIVO

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Dron Shahed-136 de fabricación iraní

Carecen de óptica externa y, por lo tanto, no pueden ser dirigidos a distancia. Utilizan GPS.

Ojiva

explosiva

de 50 kg

MD 550 (50 hp)

Motor térmico de fabricación iraní de cuatro cilindros, refrigerado por aire.

3,5 m

2,5 m

Velocidad máxima de 185 km/h

Alcance

2000 km

DESPEGUE

OBJETIVO

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los Shahed 136 miden 3,5 metros de largo y tienen una envergadura de 2,5 metros. Como cuestan relativamente poco y son fáciles de fabricar —mucho más que los misiles balísticos— Irán los usa con profusión. La mayoría son relativamente lentos y solo pueden transportar una carga explosiva de unos 50 kilos, suficiente para dañar un rascacielos, pero no para derribarlo. Sin embargo, su ruido, su gran tamaño y la trayectoria en picado que adoptan antes de impactar provocan terror.

Irán suministró Shahed a Rusia, que los ha empleado ampliamente en Ucrania y ha acabado fabricándolos de forma independiente, además de introducir mejoras en su velocidad y sistemas de navegación, según señalaba en 2025 un informe del International Institute for Strategic Studies (IISS). Ahora, algunas informaciones señalan que esos nuevos drones modificados están llegando de vuelta a Irán, como indicaban cargos europeos citados esta semana por AP. Rusia lo niega.

Bombardeos sin pausa

El intercambio de golpes —pese a las diferencias de escala— entre los aviones israelíes y estadounidenses y los misiles y drones iraníes continúan paralizando Oriente Medio. En el mapa elaborado con los datos recopilados hasta el de abril por el Institute for the Study of War se aprecia cómo los puntos rojos y amarillos han ido tiñendo la región.

Uno de los puntos llamativos es la presencia de ataques de ambos bandos en el interior de Irak, que reflejan la división dentro de la estructura institucional del país. EEUU e Israel han golpeado a las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), algunas de cuyas facciones respaldan a Irán y actúan sin seguir estrictamente las directrices de Bagdad, mientras que estos grupos proiraníes han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de EEUU en Irak en respuesta a la guerra.

En Israel y Líbano se aprecia el éxito creciente de los ataques de Irán y Hizbulá, que apoya a su aliado y libra una batalla con Israel, que ha invadido el país y promete aplicar al sur del río Litani la estrategia de devastación que empleó en Gaza.

A esto se suma la continua parálisis del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, que amenaza el suministro global de petróleo y gas natural y, por extensión, la buena marcha de la economía mundial. El último intento de mediación para reabrirlo, patrocinado por China y Pakistán, todavía no ha dado frutos, mientras Irán amaga con establecer un sistema de peajes caso por caso, en función de las relaciones bilaterales con los países de origen de las embarcaciones.

Terminó ayer la Navidad y uno habría esperado que los Reyes Magos le hubieran traído un poco menos de hipocresía del Gobierno español con respecto al estado genocida de Israel, pero no ha podido ser. A pesar de las pomposas declaraciones, de los grandes titulares y las retiradas de concursos como el de Eurovisión, España sigue manteniendo relaciones comerciales con Israel, incluso de carácter militar. En plenas Navidades, con Gaza destruida y ataques continuos a Cisjordania, al Gobierno de Pedro Sánchez le pareció una idea estupenda cerrar el año con la autorización de transferencias de material militar a Israel. Y eso que hace menos de cuatro meses, a dos años del inicio del genocidio, había anunciado que prohibía la importación y exportación de armamento con Israel. En realidad era agua de borrajas, pues el mismo real decreto-ley establecía que esas medidas se podían obviar “excepcionalmente” en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales”. Ahora sabemos que, para el Consejo de Ministros, Israel deja de ser un Estado genocida durante un ratito si así lo decide Airbus, que por lo visto dicta esas excepciones que menoscaban el interés general.

Sin lugar a dudas, la postura del Gobierno español con Israel –y suponemos que ocurrirá lo mismo con la que mantenga ahora a raíz del golpe de Trump en Venezuela– es una de las operaciones de marketing político mejor ejecutadas durante esta legislatura. Fuera de España, le ha granjeado a Pedro Sánchez una imagen de líder izquierdista firme y comprometido. Yo mismo lo pude comprobar en una cena con algunos amigos napolitanos, a los que visité hace un par de meses. Tienen a Meloni en el Gobierno, están abatidos, y veían en España algo así como el último reducto progresista de Europa, lo que por comparación, claro, puede resultar cierto.

Destacaban, entre otras medidas de las que parecían bien informados, y que envidiaban, la posición española con Israel. Me chocó enormemente. España acababa de dejar a merced de los genocidas a la flotilla, llevábamos desde siempre comerciando con armamento con Israel, Grande-Marlaska sudaba frío para disimular sus simpatías sionistas mientras intentaba seguir de tapadillo con el intercambio de armamento con los genocidas y unos meses antes, con las protestas ciudadanas contra la participación de un equipo proisrealí en la Vuelta de España, nadie del PSOE en el Gobierno había movido un dedo para que RTVE dejara de patrocinar el evento. ¿Cómo era posible que Pedro Sánchez se erigiera en líder de la confrontación con Israel? De hecho, tan solo un mes después, la revista italiana L'Espresso le nombraba persona del año entre otros motivos, precisamente, por denunciar “la hipocresía de Occidente ante el genocidio en Gaza”.

Lo que cuesta más digerir son las contundentes declaraciones que los ministros de Sumar llevan meses repitiendo en todos los medios. Tanto Bustinduy como la propia Díaz no han parado de urgir al Gobierno a reformular los ministerios, a reaccionar de manera urgente con cada nuevo escándalo, etc.

El giro histórico sobre el Sahara del Gobierno de Sánchez nos autoriza a pensar que el colonialismo no le preocupa en exceso, y que de hecho sus declaraciones contra Israel, nunca acompañadas de verdaderos actos, atienden únicamente a un cálculo electoral. Y es un cálculo fácil. Con una derecha tan arcaica como la española, que por sistema se coloca frente al Gobierno en cualquier asunto, incluso si debe negar su propio ideario, los réditos, como queda probado, resultan efectivamente favorables.

Lo que cuesta más digerir son las contundentes declaraciones que los ministros de Sumar llevan meses repitiendo en todos los medios. Tanto Bustinduy como la propia Díaz no han parado de urgir al Gobierno a reformular los ministerios, a reaccionar de manera urgente con cada nuevo escándalo, etc. Desde el verano pasado se suceden los ultimátums a Pedro Sánchez, que con los casos de corrupción y acosos sexuales se han multiplicado, es decir, que de ultimátums nada, y nadie parece ya tomarlos en serio. Es como si en Sumar se obcecaran en perder su propia credibilidad y ligar su destino de forma inexorable al del propio PSOE. Ni siquiera ahora, con la vuelta al comercio de armas con una potencia genocida, se atreverán a romper con la coalición de gobierno, de modo que otra vez se han limitado a nuevos ultimátums. Yo, tan ingenuo como siempre, el próximo año le pediré a los Reyes Magos un poco de coherencia.

Ojalá no repita entonces una columna como esta.

Podemos termina con el suspense y anuncia que facilitará la convalidación del decreto del Gobierno para establecer un embargo de armas a Israel. El partido ha confirmado este miércoles que sus cuatro diputados votarán a favor y permitirán que la medida salga adelante, a pesar de las duras críticas que han dirigido estos días contra una medida que consideran ya no insuficiente sino directamente “fake”, falsa.

“Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel, y hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto, precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake”, ha trasladado el partido.

La formación había multiplicado las críticas en los últimos días contra el decreto. Consideran en Podemos que tiene demasiadas lagunas y reclamaban al Gobierno que lo retirasen y llevasen uno “real y efectivo” al Consejo de Ministros. Finalmente, la dirección ha decidido votar a favor y facilitar que la medida salga adelante con los votos del bloque de investidura, incluido Junts.

Podemos alega que “no será la excusa del PSOE para no hacer nada”. “Como llevamos haciendo desde noviembre del 2023, nos vamos a dejar la piel en las calles y en las instituciones para que España rompa todas sus relaciones militares, económicas, tecnológicas, culturales o deportivas con los genocidas. Animamos a la ciudadanía movilizada a seguir organizándose para conseguirlo, también el próximo 15 de octubre en una huelga general en la que tenemos que pararlo todo”, trasladan fuentes de la formación.

La decisión final se produce después de que el martes las principales organizaciones propalestinas reclamaran a los grupos del Congreso que votaran a favor del decreto, a pesar de verlo insuficiente. El diagnóstico de asociaciones como RESCOP o el Centre Delàs sobre el decreto no difiere del esbozado por el partido de Belarra, pero pidieron priorizar lo que consideran un mínimo avance.

Podemos no cambia su visión sobre lo que se vota este miércoles. Las mismas fuentes trasladan que lo que aprobó el Gobierno es “un embargo fake que no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina”. “Por un lado, la compraventa de armas, y por otro, el tránsito de material militar con destino a Israel. Esto no lo dice solo Podemos, lo dicen también las organizaciones de la sociedad civil y las periodistas especializadas”, añaden.

El partido insiste en que el decreto no cambia nada de lo que el Gobierno lleva haciendo estos dos años, desde que Israel inició su ofensiva contra la Franja de Gaza. Podemos es muy crítico con que el Ejecutivo, sostienen, haya mantenido las relaciones armamentísticas durante todo este tiempo y también con el envío de la fragata para escoltar a la flotilla para que termise dándose la vuelta cuando las embarcaciones se acercaron a Gaza.

“El PSOE busca el titular por la fortísima presión social, pero no se atreve a actuar: a pesar de nuestra exigencia reiterada de que retiren este real decreto y aprueben un embargo integral y real de armas, el PSOE ha insistido en forzar hoy la votación en el Congreso”, lamentan.

El Gobierno llega, una semana más, sin los apoyos atados para sacar sus medidas en el Congreso. El embargo de armas a Israel que aprobó el Consejo de Ministros depende de los cuatro diputados de Podemos. 175 votos a favor y 171 en contra a la espera de que el partido de Ione Belarra decida. Si rechazan el texto, la votación empatará y decaerá si las tablas se repiten tres veces, pero basta con una abstención para que el texto quede convalidado. El tono de la formación es cada vez más duro, pero en el Ejecutivo confían en que termine facilitando su aprobación.

La votación llega en un contexto de ignición social contra el Estado de Israel. Después de las protestas contra La Vuelta, este fin de semana las calles de las principales ciudades de España se llenaron de manifestantes que clamaron por el fin del genocidio. La presión ciudadana ha coincidido este fin de semana con la detención por las fuerzas armadas israelíes de la Global Sumud Flotilla, la expedición de activistas de varios países del mundo, entre ellos varios españoles, que intentaron sin éxito llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de ir respondiendo al creciente clamor social contra Israel. Lo hizo cuando impulsó el reconocimiento del Estado de Palestina y también hace dos semanas con la aprobación de este embargo, que establece un marco legal para la prohibición de las exportaciones e importaciones de material militar al país que lidera Benjamín Netanyahu. El texto contiene una serie de medidas que, no obstante, las organizaciones propalestinas ven insuficiente. 

Además de la prohibición de exportar e importar armas, el decreto establece la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de armamento y combustibles que puedan tener un uso final militar, pero no establece protocolos de inspección para evitar escalas de barcos que participan en rutas de suministro de armamento a Israel. También reserva algunas excepciones cuando se alegue un “menoscabo para los intereses generales nacionales”.

Estos aspectos son los que han llevado a organizaciones como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) a criticar la iniciativa como un gesto meramente “simbólico”. En un comunicado, esta plataforma censura esas excepciones de interés general, también critica la ausencia de protocolos de inspección para los barcos y aviones que hagan tránsito en España con material militar hacia Israel y denuncia que no afecte “a los contratos adjudicados a la industria militar israelí o sus filiales”. “Tampoco se prohíbe que las empresas israelíes contraten con la administración pública española”, se quejan. El investigador del Centre Delàs de estudios por la paz Eduardo Melero también criticó el decreto en un artículo reciente por considerarlo “un colador”. 

Podemos ha usado argumentos parecidos para criticar el texto desde que el Gobierno lo aprobó en Consejo de Ministros, el 23 de septiembre. Fuentes del partido hablan de un embargo 'fake', falso, que según entienden no sirve para acabar “con la compra y el tránsito de armamento a Israel”. 

Tras analizar el texto, el partido morado considera que estamos ante un “engaño” del Gobierno y ante un “auténtico coladero para mantener la complicidad y las relaciones con los genocidas”, trasladaron fuentes del partido de Ione Belarra, que desde entonces han ido subiendo el tono contra el decreto, aunque en ningún momento hasta ahora ha querido aclarar qué votarán finalmente este martes. 

El partido señala las “numerosas omisiones y excepciones” de la norma, también critica, como la RESCOP, que no impida el comercio con las filiales y señala las excepciones contempladas cuando los contratos afecten al “interés general” del país, “lo que permite autorizar cualquier operación de forma completamente arbitraria, como ya venía sucediendo”.

“Nosotros lo que exigimos y demandamos al Gobierno es que escuche a la ciudadanía, hemos visto un auténtico clamor con miles de personas saliendo a las calles, exigiendo la ruptura de relaciones y demandando un embargo real y efectivo”, insistió este lunes el portavoz y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, en la reunión posterior a la Ejecutiva. “Queremos un embargo real y efectivo, que no tenga ningún subterfugio, que no tenga agujeros y que impida el tránsito por nuestro país de buques con armas para Israel”. 

Podemos, en cualquier caso, no ha querido hasta ahora desvelar el sentido de su voto, ni siquiera después de que Junts confirmara la semana pasada que votaría a favor. Esquerra Republicana, que también mostró sus dudas durante los últimos días, confirmó este lunes que avalaría la medida. “En principio lo avalaremos. La sensación que tenemos es que vamos tarde, pero más vale tarde que nunca”, dijo este el portavoz de los republicanos, Isaac Albert. 

El Gobierno confía en la abstención de Podemos

Pese a las duras críticas mostradas en público, el Gobierno confía en que Podemos permita que el decreto salga adelante al menos con su abstención. Ya la semana pasada en Moncloa daban por hecho que el embargo lograría el aval del Congreso. Una vez que Junts, que era una pieza más complicada por su posición tibia y equidistante respecto a Israel, ha anunciado su apoyo no ven mimbres para que los de Ione Belarra puedan justificar ante su electorado tumbar la iniciativa. 

En Moncloa sostienen que “España es el país del mundo” que más ha hecho por la población palestina, aunque la negociación del decreto de armas se prolongó hasta el último momento porque la versión inicial preparada por los Ministerios de Economía y Exteriores no incluía la prohibición expresa de las escalas de buques que transportaran armamento con destino a Tel Aviv, a pesar de que es una de las cláusulas específicas del Tratado del Comercio de Armas respecto a los embargos. Sumar se quejó y, finalmente, se incluyó un apartado específico.

En el Ejecutivo también tratan de minimizar la tensión con los socios. “Todas las semanas leo titulares de que se van a tumbar leyes y luego salen adelante”, expresa una fuente gubernamental.

Desde Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lanzaron este lunes un mensaje velado a los de Ione Belarra. “Esperamos que sus señorías estén a la altura de la votación y del momento histórico que estamos viviendo. Votar en contra del embargo es apoyar a los genocidas, no hay espacio posible para ponerse de perfil”, dijo en una rueda de prensa la coordinadora general de la formación, Lara Hernández.

Podemos no es el único partido que ha expresado sus pegas hacia la medida, pero el resto de las fuerzas que se han mostrado críticas han preferido convalidarla a la espera de poder introducir mejoras si se tramita como proyecto de ley posteriormente. Es una de las cosas que exigió Sumar cuando salió del Consejo de Ministros, después de comprobar que el decreto contenía algunas lagunas. También el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha avanzado que intentará enmendar el texto en el trámite parlamentario. 

Pero fuentes del partido desechan una negociación a posteriori y recuerdan que el Congreso tiene en el cajón todos los proyectos de ley que se aprobaron tramitar después de la convalidación de los decretos en esta legislatura. Lo que quiere Podemos, y así lo ha trasladado en público, es que el Gobierno retire el decreto y apruebe uno nuevo. Pero hasta este martes no desvelará su voto. “Mañana [por este martes] lo comprobarán”, vaticinó su portavoz. 

Activistas de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel han presentado una querella ante la Audiencia Nacional en la que reclaman el bloqueo a su llegada a los puertos españoles del buque Nysted de la naviera danesa Maersk, que, según denuncian, llevará a Israel componentes de aviones de guerra F-35. La embarcación cargará ese material de guerra en Marruecos tras su paso por España.

El texto de la querella solicita de manera urgente la retención y el registro de la embarcación, que hará escala en los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras los días 18, 20 y 26 de este mes, respectivamente. El barco, con bandera de Hong Kong, tiene previsto llegar al puerto israelí de Haifa el 5 de octubre tras varias escalas en el Meditérraneo, según la propia información de la compañía.

La campaña, apoyada por la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), señala que las piezas tienen como destinatario a la empresa “Israel Aerospace Industries Ltd.” y que serán usadas por el Ejército israelí durante los bombardeos en la Franja de Gaza.

La querella también recuerda que el Nysted Maersk, con bandera de Hong Kong, participó en al menos otros dos transbordos de material militar con destino a Israel que se efectuaron en Algeciras los días 14 de septiembre y 12 de octubre de 2024. Semanas después el Gobierno ordenó desviar el barco e impidió su escala en Algeciras tras las informaciones publicadas, entre otros, por elDiario.es.

El Nysted Maersk es además uno de los 36 barcos incluidos en la lista de bloqueo de la campaña global “Ningún puerto para el genocidio”, por su “sistemática complicidad” en la logística del genocidio. La empresa también es una de las señaladas en el informe de la Relatora Especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en un informe publicado el pasado julio en el que señala que el gigante logístico ha llevado armamentos y piezas de armas a Israel desde octubre de 2023.

La querella se dirige contra el capitán del buque y las empresas Maersk Logistics and Services Spain, S.L. y Maersk Spain, S.L., por su presunta participación en un delito de contrabando de material de defensa al haber infringido el régimen de autorizaciones administrativas previsto en la Ley 53/2007 de 28 de diciembre.

Los promotores de la querella consideran demostrada “la implicación de la naviera Maersk en una cadena logística de suministro militar que alimenta el genocidio en Palestina, con la complicidad de infraestructuras civiles y comerciales”. Esto constituye, entienden, “una violación flagrante de las obligaciones internacionales de no asistencia a crímenes internacionales, reconocidas por el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma”.

Esperando el embargo oficial

El tránsito por España de envíos de armas a Israel es la norma y no la excepción, según denunciaba en elDiario.es el pasado noviembre Alejandro Pozo, experto en conflictos armados del Centro Delàs. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció el pasado 8 de septiembre un embargo formal de armas, pero la medida todavía no se ha aprobado —por su complejidad técnica, según el Gobierno—, y está pendiente de lo que se decida en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

“Maersk y otras navieras están utilizando rutas comerciales y civiles para entregar a Israel maquinaria militar, sin la que sería imposible sostener una ocupación ilegal, un sistema de apartheid y una ofensiva genocida”, denuncia la RESCOP, que insiste en que “un genocidio no se detiene con palabras y promesas, sino con hechos”. La red pide asimismo a los trabajadores portuarios españoles que se nieguen a operar con barcos como el Nysted.

El curso político ha empezado y Pedro Sánchez ha querido remarcar la posición de España como antagonista de Israel. Y da un paso más: ha anunciado una ley para un embargo de armas a Israel. Porque aunque las declaraciones eran contundentes, había cosas por hacer. En elDiario.es hemos estado meses publicando que esto que decía Sánchez, que España había suspendido todas sus operaciones comerciales de armamento con Israel, no era exactamente cierto. ¿Qué sabemos de la letra pequeña? ¿Qué importancia política tiene en Europa que España siga dando pasos para presionar a Israel? 

Hablamos con la periodista y escritora Olga Rodríguez para entender mejor en qué se puede traducir este anuncio. Además, hablamos con la periodista de elDiario.es Irene Castro, que ha seguido la comparecencia de Pedro Sánchez. 

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La jueza ha rechazado decidir sobre el decomiso de la carga de acero que se encuentra en el Puerto de Barcelona y que prevé salir este martes 1 de julio en el barco ZIM LUANDA con dirección al puerto israelí de Haifa.

Según han informado fuentes de la comunidad palestina de Catalunya, que había solicitado la medida de decomiso del acero de la empresa Sidenor, la magistrada no ha apreciado las razones de urgencia (la salida del buque este martes) que había alegado la entidad palestina.

La llegada del barco ZIM LUANDA este lunes por la tarde al Puerto de Barcelona ha vuelto a movilizar a la comunidad palestina, que se ha concentrado ante las instalaciones portuarias para reclamar al Gobierno que impida la salida del buque.

Las 40 barras (122 toneladas) de acero de la empresa Sidenor, una metalúrgica española, se cargarán al buque ZIM LUANDA, que tiene previsto salir este martes el 1 de julio a las 13h. y llegaría a Haifa el día 10, previa escala en el puerto turco de Mersin. El acero estaría destinado a la empresa militar israelí IMI Systems.

A la petición de la comunidad palestina catalana se han sumado varios partidos de izquierdas. Los Comuns, que forman parte del Gobierno a través de Sumar, han reclamado este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que “pare inmediatamente” la carga de acero al buque. “Es hora de que Pedro Sánchez pase de las palabras a los hechos, porque sin acción no hay solidaridad sino complicidad”, ha aseverado el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello.

Por su lado, el Puerto de Barcelona ha asegurado que no le consta que ninguno de los contenedores contenga carga que vulnere la normativa internacional y que solo puede prohibir la entrada de buques en casos excepcionales, entre los que no se encuentra el del ZIM Luanda.

El abogado de la comunidad palestina catalana, David Aranda, ha avanzado que este martes llevarán el caso ante la Audiencia Nacional “para evitar la consumación” del delito de contrabando y de la posible “complicidad con el genocidio”.

“Israel no comete el genocidio solo, lo hace porque hay empresas que se lucran con él”, ha denunciado Alys Samson, de la plataforma Stop Complicitat. “El acero no se vende para hacer jarrones de flores, sino para seguir masacrando al pueblo palestino”, ha agregado.

“Hay que parar este genocidio, no podemos permitir que se continúe esta masacre”, ha indicado la portavoz de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Abu-Sharar, que ha reclamado al Gobierno “poner fin” al comercio de armas con Israel.

La comunidad palestina de Catalunya ha pedido este sábado al juez que decomise la carga de acero que se encuentra en el Puerto de Barcelona y que prevé salir el martes 1 de julio en el barco ZIM LUANDA con dirección al puerto israelí de Haifa.

En su querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la entidad Comunidad Palestina de Catalunya-Tierra Santa, representada por el abogado David Aranda, ha solicitado medidas “urgentes” al juez para impedir que la carga del barco llegue a Israel y pueda agravar el “genocidio” en Gaza.

La comunidad palestina catalana reclama que se registre el muelle del Puerto de Barcelona donde se encuentran las 40 barras (122 toneladas) de acero de la empresa Sidenor, la metalúrgica española contra la que se dirige la querella por un delito de contrabando.

Según describe la querella, las barras de acero se prevén cargar al barco este mismo lunes, para que el buque salga un día después con destino a israel, donde serían entregadas a la empresa militar IMI Systems. El barco saldría de Barcelona el 1 de julio a las 13h. y llegaría a Haifa el día 10, previa escala en el puerto turco de Mersin.

La comunidad palestina ha identificado ante el juez los contenedores del Puerto de Barcelona donde “presumiblemente” estaría el acero y pide el decomiso del material “que pueda usarse como material de defensa, de doble uso o del que no se precise la autorización administrativa preceptiva”.

Entre los documentos que la entidad palestina ha adjuntado al juez figura un informe del Ministerio de Economía sobre exportaciones de defensa en el que se indica que el Gobierno “no ha autorizado envío de material de defensa o tecnología de doble uso con destino a Israel”.

Esta falta de permiso lleva a la comunidad palestina a apuntar que los envíos de acero que Sidenor ha venido haciendo a Israel, al igual que el previsto para este martes, “han estado realizados sin la correspondiente autorización administrativa”. De ahí el delito de contrabando en el que se basa la querella.

Cualquier envío a Israel de material o productos que puedan ser destinados a defensa, como el acero, supone “un grave riesgo para la paz y la estabilidad mundial y para los derechos humanos de la población de Gaza”, advierte la comunidad palestina catalana.

“Afirmar que el Estado español podría haber autorizado el envío de los materiales a una empresa armamentística con destino final en Israel sería afirmar que el Gobierno estaría incumpliendo el Tratado sobre Comercio de Armas de Nueva York de 2023 y el derecho internacional humanitario”, agrega la querella.

Además del decomiso del acero, la querella de la comunidad palestina catalana solicita al juez que reclame al Ministerio de Economía sobre las autorizaciones administrativas concedidas a Sidenor para la comercialización de material d defensa, doble uso o con destino a Israel, y se tome declaración como investigado a un representante de la empresa.

La Comunidad Palestina de Catalunya y la Red Estatal contra la ocupación en Palestina (RESCOP) han denunciado el “tránsito continuo” por los puertos españoles de buques implicados en el comercio de armas con Israel. Para RESCOP, la llegada de un nuevo barco a Barcelona “es una prueba más de que el Gobierno no ha decretado un embargo integral de armas a Israel”

Sidenor ha vendido en total 1.207 toneladas de acero al fabricante de armas israelí IMI Systems desde agosto de 2024, según reveló recientemente el medio irlandés ‘The Ditch’, con envíos durante meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 suministró 239 toneladas de acero, en marzo de 2025 hizo un envío de 219 toneladas y en mayo se registró otra carga, de 356 toneladas.

El buque ZIM Atlantic transportó catorce contenedores que llegaron al puerto turco de Mersin el 25 de mayo de 2025 y a territorio israelí, Haifa, cuatro días después. El 10 de junio el buque MV VELA transportó 393 toneladas de acero de Sidenor desde territorio español con Israel como destinatario. Cuando se conoció ese envío de Sidenor desde territorio español, con escala en Turquía, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, demandó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran “que esa carga ilegal” llegara a Israel.

En su dictamen del pasado mes de julio, la Corte Internacional de Justicia pide a los países “medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación ilegal israelí.

En una entrevista publicada este jueves en elDiario.es, la relatora de la ONU recuerda que los Estados deben “imponer sanciones y cortar lazos con Israel, pero también los bancos deben dejar de invertir y las empresas dejar de lucrarse con la ocupación: no se puede tener tratos con Estados que cometen genocidio”.

El capitán del barco Nexoe Maersk ha negado esta tarde frente al juzgado n.º6 de Barcelona que llevara armas a Israel. El patrón, que estaba citado como investigado por su presunta implicación en, al menos, cuatro transferencias de armas a Israel por rutas que salen de Estados Unidos y hacen escalas en puertos españoles, ha comparecido mediante videoconferencia a pesar de que su navío se encuentra atracado desde hace unas horas en el puerto de la capital catalana.

Durante la comparecencia, el investigado se ha negado a responder a las preguntas de la parte denunciante y se ha limitado a contestar a su representante cuestiones técnicas sobre legislación marítima, tal como han explicado a este medio fuentes de la acusación.

El capitán ha destacado que él está exento de conocer el contenido de la mercancía que transporta y ha asegurado que desconoce si sus navíos han transportado o no armas en sus rutas hacia Haifa. También ha apuntado que sólo se le informa de lo que transporta cuando se trata de material peligroso. Aun así, desde la acusación destacan que “no es creíble” que el acusado no supiera qué transportaba, ya que el capitán “es el máximo responsable legal de la carga hasta que llega a destino”.

La citación se fijó aprovechando que el Nexoe Maersk tenía previsto hacer una escala en Barcelona. Ahora, si todo va tal y como está previsto por la compañía, el buque alzará anclas a las 20h, siguiendo la ruta planeada hacia Haifa (Israel), siendo que la acusación no ha requerido medidas cautelares ni para el navío ni para su patrón.

Según la Comunitat Palestina de Catalunya, entidad que se ha personado como acusación, esta ruta es usada por la naviera danesa Maersk con varias embarcaciones para transportar armas hasta Israel. “Pedimos a la jueza que aclare la responsabilidad de la empresa y del capitán y si estamos ante un delito contra la comunidad internacional, tráfico de armas y contrabando, ya que está prohibido el comercio de armas con países acusados de genocidio, como es Israel”, ha apuntado Marc Jamal, portavoz de la Comunitat, a las puertas de los juzgados.

Las acusaciones se sustentan en que la naviera Maersk ya había estado implicada en el pasado el envío de armas a Israel a través de puertos españoles -como desveló una investigación de elDiario.es. Por eso, cuando presentó la denuncia, la Comunitat Palestina pidió el registro y retención del navío, así como del capitán. Pero la jueza lo desestimó por falta de indicios de que en ese viaje en concreto el Nexoe transportara armas.

Meses después, los activistas han podido conseguir pruebas mediante bases de datos públicas y los han presentado ante la jueza. A través de la página web Panjiva, que expone las exportaciones desglosadas desde Estados Unidos, han podido constatar que los códigos de los envíos a Israel a través de esta naviera coinciden con el de armamento militar.

De las más de treinta mercancías que llegaron a Haifa en la ruta realizada por el Nexoe en abril, al menos cuatro estaban relacionadas con armas. En concreto encontraron el código 8710, que corresponde a tanques y otros vehículos armados, y el 9803, que es el del equipo militar no clasificado, tal como se expone en la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La denuncia

Hace ya más de dos meses que el juzgado n.º 6 de Barcelona abrió diligencias previas y requirió a la empresa que identificara a los patrones de los barcos Maersk Detroit y Nexoe Maersk. El primero, que forma parte del programa militar estadounidense Maritime Security Program, realiza siempre una ruta que va desde Estados Unidos hasta Tánger (Marruecos). Allí se encuentra con el Nexoe, que recorre el Mediterráneo -haciendo paradas en ciudades españolas como Algeciras, València o Barcelona- hasta llegar a Haifa.

Esta ruta se realiza de manera recurrente, tal como se puede comprobar en la misma página web de la naviera y, según los datos recogidos a través de las bases de datos públicas, los envíos en más de una ocasión han contenido material armamentístico. La mayoría de las veces se trata de componentes de aviones de combate F-35 que salen desde Estados Unidos y que hacen escala en puertos españoles.

Los demandantes subrayan que estos buques pueden recibir suministros, insumos básicos y combustible a su paso por Barcelona, Valencia y Algeciras y que, con ello, estos puertos españoles estarían facilitando la llegada del barco a las costas marroquíes para cargar ese material militar y llevarlo a Israel.

Cuando se presentó la denuncia, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguraron a elDiario.es que, “de acuerdo con la política anunciada por el Gobierno en mayo del año pasado a la vista de la crisis en Gaza, no se ha autorizado ninguna solicitud de tránsito por España de material de defensa con destino a Israel”.

Pero las organizaciones Progressive International y Palestinian Youth Movement constataron que en los seis meses posteriores al pacto se dieron 25 trayectos del Maersk desde Estados Unidos y hasta Algeciras con toneladas de material militar. Además de esto, otra investigación de elDiario.es desveló que otros once barcos de Maersk -a parte del Nexoe y el Detroit- tenían previsto hacer escala en España sólo durante el mes de noviembre de 2024.

Por su lado, en un comunicado publicado a mediados de marzo, la naviera Maersk afirmó que no transporta “carga clasificada o sensible, que incluye armas y municiones, sin un Plan de Transporte presentado por el transportista y aprobado por el Gobierno” de EEUU.

Pero las investigaciones internacionales y la demanda presentada en Barcelona no hacen referencia a carga clasificada, sino a material militar, entre el que ha habido suministros bajo la categoría 93, correspondiente a “armas y municiones”, como vehículos militares o sus partes o cuerpos de proyectiles, entre otros.

El transporte de armamento a territorio israelí es clave para el desarrollo de sus operaciones en Palestina. En los últimos meses, Estados Unidos ha seguido suministrando importantes paquetes de material militar a Israel, a través de diferentes rutas. España, por su ubicación geográfica, es territorio potencial de paso de algunos barcos.

Las seiscientas organizaciones integrantes de la campaña señalan que el tránsito por nuestros puertos de barcos implicados en el comercio de armamento con Israel es “otra prueba más de que el Gobierno de España no ha decretado un embargo integral de armas a Israel y de que debe hacerlo inmediatamente”.

También denuncian que Israel “no puede cometer un genocidio solo, lo hace con la complicidad de nuestras instituciones y ante la inacción de las autoridades competentes”.

La fábrica de armamento que la multinacional alemana Rheinmetall Expal Munitions dirige en la pedanía murciana de Javalí Viejo se encuentra en el centro de una pormenorizada investigación policial. El pasado 30 de enero una deflagración en sus instalaciones provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos, en un contexto marcado, se sabe ahora que las pesquisas avanzan, por una elevada carga de trabajo y por una serie de “irregularidades” en materia de seguridad laboral. 

Asimismo, a nivel político, desde Podemos se ha denunciado que la “alta producción” de la planta está relacionada con la fabricación de armamento para Israel, al ser la compañía alemana una fuente confirmada de suministro a las tropas israelíes en su ofensiva sobre Gaza, tal y como destacó en octubre de 2024 un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz. Los datos públicos de Comercio del Gobierno de España revelan que la Región de Murcia ha recibido desde comienzos del 2024 una gran cantidad de explosivos. Se trata de una situación inusual hasta la fecha en esta comunidad autónoma.

Según confirman fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica, ésta operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallan las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

Pero ese intenso ritmo de trabajo va un poco más allá. Un trabajador de la fábrica explica a este periódico que, desde finales de 2023, la producción en la planta de Rheinmetall murciana ha aumentado “al menos un 70%” de lo que era habitual. “Cuando pasó el accidente, ese taller que deflagró, y también el resto del complejo, se encontraba fabricando armamento al límite, a todo lo que podía dar”, señala.

En el marco de la investigación policial del suceso, la Policía Nacional ha detectado, sostienen fuentes del cuerpo armado, “irregularidades” en seguridad y salud laboral que motivaron la detención, el 27 de mayo, de dos responsables de Rheinmetall Expal Munitions, que ahora afrontan presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de homicidio imprudente y también de lesiones por imprudencia. Asimismo, prosiguen las fuentes policiales, otros tres empleados de la fábrica están siendo investigados por su posible implicación en la deflagración, cuya llamarada tuvo la furia suficiente como para calcinar una extensión de tres kilómetros cuadrados de matorral hacia las afueras de la pedanía.

Tal y como informó El Español, el trabajador fallecido, de 42 años, acabó con el 70% de su cuerpo quemado y pasó doce días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, sin que se pudiera finalmente salvar su vida.

“La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó”

“Las condiciones de seguridad eran inadecuadas y totalmente obsoletas. Las instalaciones, además, son muy antiguas”, trasladan desde UGT a través de los delegados sindicales de la fábrica.

El trabajador de Rheinmetall consultado por este diario afirma que el taller que ardió “necesitaba una remodelación urgente” para “reducir el peligro”, pero que la compañía no acometió dicha remodelación de seguridad en ningún momento. “La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó. Querían fabricar a tope, y eso están haciendo, pero en esas instalaciones no se puede fabricar a tope”.

Por su parte, UGT manifiesta también que Rheinmetall Expal Munitions obligó a los trabajadores del turno inmediatamente posterior al de la deflagración, que se produjo el 30 de enero sobre las 16.30 horas, a acudir a su puesto de trabajo. “Pero no hubo producción durante aquel turno”, matizan. Los empleados, sostienen las fuentes sindicalistas, tuvieron que pasar las ocho horas de rigor en su puesto cuando la llamarada se había producido tan solo unos momentos antes, hiriendo de gravedad a varios de sus compañeros.

En Javalí Viejo los vecinos miran de reojo y con recelo a la fábrica tras los dos accidentes acaecidos en los últimos doce meses -hubo otro el 25 de enero de 2024 que causó dos heridos-. El complejo es grandísimo, y la pedanía, tan pequeña, está construida en gran parte junto a las tapias, que abarcan varios kilómetros en línea recta. Hay casas separadas de las instalaciones por apenas un par de metros. En cualquier momento temen que sobrevenga otra deflagración y ésta les pille cerca. La última se produjo más lejos, en el límite último de la planta, en la falda de la sierra. 

Podemos vincula la producción de la fábrica con Israel

A medida que avanzan las pesquisas sobre las causas y las responsabilidades de la llamarada vuelve a salir a la palestra la vinculación de Rheinmetall con la exportación de armamento y municiones con destino Israel desde que comenzó su asedio sobre Gaza. En septiembre de 2024, una denuncia pública del diputado murciano en el Congreso, Javier Sánchez Serna, de Podemos, ponía el foco directamente en la fábrica de Javalí Viejo y en la llegada de material explosivo al puerto de Cartagena con rumbo a dicha planta. La empresa ha sido señalada reiteradamente en Alemania por su implicación en la exportación de armamento al ejército israelí, aunque también produce equipo militar para Ucrania, España y varios países de la OTAN.

Ya en enero de 2024, el diario Der Spiegel informó que Alemania accedió a la solicitud de Israel de entregar 10.000 cartuchos para tanques de 120 mm producidos por Rheinmetall. La firma alemana también aparece en un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz publicado por este diario en octubre de 2024, en el que se reportan datos de ataques a civiles y a edificios en Gaza con armas y munición de artillería proporcionadas por la compañía, cuya sede central está ubicada en Düsseldorf.

En su página web, la multinacional asegura que Rheinmetall Expall Munitions, que es el nombre que poseen las fábricas de la empresa en España, incluida la de Murcia, “es la responsable de la fabricación y entrega de cohetes que tienen un alcance máximo de 300 km”. La compañía cuelga en su página notas de prensa sobre pedidos por valor de decenas de millones de euros para suministrar munición de lanzacohetes del calibre 155mm a “clientes internacionales”, sin entrar en detalles sobre cuáles son esos destinatarios.

El trabajador de la fábrica murciana cuenta a elDiario.es que allí se produce armamento “para la OTAN, y para lo que recomienda la OTAN”. “Fabricamos para Ucrania, para España, para Alemania, Holanda o Eslovenia, entre otros. A Israel directamente no va lo que se hace aquí, aunque puede ser que una parte acabe allí de forma indirecta, con terceros países”, reconoce.

Sin ir más lejos, Rheinmetall arrastra acusaciones de exportar armas a Israel saltándose las restricciones alemanas y comunitarias por medio de intermediarios ubicados en otros países con políticas comerciales menos estrictas.

Cuando la Policía Nacional hizo pública el 27 de mayo la detención de los dos responsables de la planta de Javalí Viejo, el diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Víctor Egío, reiteró el posible uso de la fábrica por parte de Rheinmetall “con el objetivo de abastecer de pólvora a las tropas israelíes”. La multinacional adquirió la planta en agosto de 2023 a la empresa Expal (Explosivos Alaveses). En octubre de ese mismo año comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza. Desde esa fecha, Egío sostiene que aumentó “significativamente la circulación de explosivos en el puerto de Cartagena”. 

Flujo al alza de explosivos que recalan en Cartagena

El creciente tránsito de armamento en las terminales portuarias de Cartagena ha sido, asimismo, denunciado en varias ocasiones por la Campaña Fin al Comercio de Armas, integrada por más de 500 organizaciones. Los datos públicos revelan que ese incremento es un hecho constatable. Según la información accesible en la base de datos de Comercio del Gobierno de España, la Región de Murcia importó en 2024 explosivos preparados por valor de 1,2 millones de euros. En los años anteriores, en concreto 2021, 2022 y 2023, el volumen total de importaciones de dicho material había sido de 0 euros.

Desde el 1 de enero de 2024, según las cifras recopiladas por la Campaña a través de la información disponible en la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena, al menos 23 barcos han descargado explosivos en el puerto de Cartagena. Muchos de ellos han estado vinculados a la venta de armas a Israel. La cantidad total de explosivos que han recalado en la ciudad portuaria en el último año y medio, coincidiendo con ese aumento en la producción de la fábrica, es de 258 toneladas. 

Como sucedió, por ejemplo, con el buque Danica Sunrise en febrero, los contenedores con explosivos se descargan en la terminal cartagenera, y éstos salen a continuación del puerto en camiones que los transportan por carretera hasta la planta murciana. El buque Danica Violet, cuyo desembarco fue paralizado el pasado 23 de mayo después de que la Campaña lo asociara al comercio con Israel -el barco procedía directamente del puerto israelí de Haifa-, pretendía descargar una tonelada de explosivos en Cartagena.

La Campaña ha apuntado, asimismo, desde 2024, a la India como uno de los grandes exportadores de munición al puerto de Cartagena. Varios barcos, como el Borkum, que también fue denunciado por su relación con Israel, o como el Marianne Danica, al que el Gobierno le impidió la escala en la ciudad por el mismo motivo, descargaron explosivos en Cartagena procedentes del país asiático. Una investigación de Progressive International sacó a la luz que en diciembre de 2024 el propio Danica Violet entregó más de 18 toneladas de explosivos desde la India hasta Israel.

El portal de datos comerciales global Panjiva posee registros que enlazan directamente la importación de explosivos en Cartagena procedentes de la India con destino la fábrica de Rheinmetall en Javalí Viejo. En lo que llevamos de 2025 se han contabilizado un total de nueve referencias de exportación de explosivo de India a Cartagena para la planta de armamento murciana. En 2024, la cifra computada fue de 32 referencias de exportación.

Para la Campaña Fin al Comercio de Armas, los datos dejan claro que en la Región de Murcia se está produciendo munición en las instalaciones de Rhienmetall con destino y procedencia dudosos. Víctor Egío solicita desde Podemos “saber si en Javalí Viejo ese armamento se está fabricando para Israel”. “Si se quiere ser coherente”, añade, “el Gobierno debería negar a la multinacional alemana operar en España. No podemos permitirnos en Murcia una fábrica que comercia armas con un estado genocida”, señala el diputado.

Este periódico se ha puesto en contacto con Rheinmetall Expal Munitions y con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sin obtener respuesta.

Las declaraciones públicas de las autoridades españolas deben ser plenamente compatibles con lo que sostienen los datos proporcionados por el propio Estado. El propósito de estas líneas es presentar algunas discrepancias identificadas, con la intención de fomentar la formación de una opinión propia, facilitar la comprobación y el contraste y señalar asuntos que todavía requieren de clarificación. También añadimos información complementaría, por si se quedan hasta el final.

Las relaciones armamentísticas entre España e Israel tienen, al menos, 10 ámbitos, que pueden solaparse: 1) Las exportaciones; 2) las importaciones; 3) la adquisición de productos israelíes a través de contratos públicos; 4) la incorporación de componentes israelíes en sistemas de armas no israelíes; 5) la cooperación empresarial para vender a terceros países; 6) el tránsito o el transbordo por puertos y aeropuertos españoles; 7) la colaboración entre entidades israelíes y españolas, incluyendo las universidades, en programas de investigación; 8) la colaboración en los marcos de la OTAN (Israel no es miembro, pero participa con frecuencia en sus actividades y tiene acceso a sus estándares de producción armamentística) y la cooperación europea y bilateral en materia de inteligencia y seguridad; 9) el suministro de material de defensa y seguridad israelí en armerías españolas; y 10) la participación en eventos armamentísticos en ambos países, como las ferias o los foros de seguridad y defensa.

El informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz “Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023”, publicado el 7 de mayo, detalla los primeros seis tipos de relaciones. En informes anteriores, hemos analizado el resto de esas relaciones, por lo general establecidas con anterioridad al 7 de octubre de 2023. La colaboración universitaria también ha sido analizada por el Centro Delàs en el ámbito estatal y el catalán.

No son datos “según el Centre Delàs”, sino “según el Estado español

La información que contiene el informe y lo que sostiene el Gobierno no casan bien. Nuestras publicaciones incluyen interpretaciones y análisis por los que debemos y podemos rendir cuentas. Sin embargo, los datos son públicos y fácilmente verificables. Encontrarlos y recopilarlos ha supuesto mucho esfuerzo, pero comprobar su veracidad apenas requiere de unos minutos haciendo clic en los hiperenlaces. No se trata de datos “según el Centre Delàs”, sino “según el Estado”. 

La adjudicación de contratos 

Hace tres semanas, el Centre Delàs adelantó un anexo en su informe con una lista con 46 adjudicaciones de contratos para el suministro o mantenimiento de material de defensa o seguridad israelí. No estaban todos los que eran, hay probablemente más, y algunos periodistas, como en Crític, han sabido encontrar adjudicaciones adicionales. La información que aparece en ese anexo no es imprecisa o errónea. Es fácil confirmar a través de los hiperenlaces que el 100% del contenido de esa lista proviene de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dado que ese anexo no incluye valoración ni interpretación. 

En la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior de este miércoles 21 de mayo, preguntado por la posibilidad de futuras adjudicaciones de contratos, el ministro dio a entender que no volverán a producirse. Sin embargo, eso no será posible a menos que se decrete una prohibición administrativa, porque sin ella no se puede impedir que empresas israelíes o sus representantes puedan seguir siendo adjudicatarias.  

Y no será posible, además, si no se prescinde de los productos ya adquiridos, porque serán sus fabricantes o sus representantes las que ganarán los contratos para el mantenimiento y la modernización de sus propios productos, porque nadie más puede hacer eso, sea por capacidad, por derechos de propiedad o por cualquier otra razón. De hecho, el anexo del informe muestra que en una mayoría de contratos la empresa adjudicataria fue la única licitadora, la única oferta presentada.  

Sin medidas administrativas, las empresas fabricantes israelíes, sus filiales, sus representantes en España u otras empresas que cuenten con su certificación y visto bueno seguirán encargándose de mantener, reparar o modernizar esos productos. Y en todos los casos se seguirá alimentando a la industria militar israelí y abaratando y haciendo viable lo que hace el Ejército de ese país. 

Las exportaciones desde España a Israel  

Las autoridades españolas han insistido en que las exportaciones de material de defensa a Israel han sido temporales con fines de mantenimiento y reparación. Sin embargo, según DataComex, portal de la Secretaría de Comercio, entre octubre de 2023 y febrero de 2025 España exportó un total de 1.262.960 euros a Israel de material calificado por el código 93 (“armas y municiones”).  

De esa cantidad, 125.240 euros (el 9,9%) tenía como destino a Filipinas y 987.000 euros (otro 78%) correspondieron a municiones transferidas desde Nammo Palencia, en España, hasta Elbit Systems, en Israel. Esas dos transferencias, que suponen el 88% del total por el código 93, requieren de clarificación sobre su encaje en la narrativa de las reparaciones. En Noruega, que prohíbe las exportaciones a Israel, Nammo redirigió su responsabilidad (la empresa es mayoritariamente noruega) al Estado que autorizó esas exportaciones: España. Esa transferencia está analizada al detalle en el informe del Centre Delàs, con sus correspondientes fuentes y referencias. 

Los datos de las exportaciones de España a Israel difieren sobremanera si quien informa son instituciones públicas españolas o israelíes. Desconcierta que, tratándose de datos técnicos aduaneros regulados internacionalmente, no coincidan los códigos. Estas diferencias son fáciles de comprobar, entrando en DataComex, (datos de España) y en las Estadísticas de Importaciones en Israel y haciendo en ambos portales la consulta para el código 93 (“armas y municiones”). Entre octubre de 2023 y marzo de 2025, las estadísticas israelíes listan 88 envíos desde España por una suma de 5,3 millones de euros. En DataComex, sin embargo, en ese periodo apenas aparecen 1.262.960 euros, 4,2 veces menos que lo referido por Israel.  

Un dato sugiere que quizá —es una mera conjetura que puede resultar equivocada— Israel computa con código 93 lo que España identifica con otros códigos: en el primer semestre de 2024 (el único periodo posterior al 7 de octubre de 2023 del que disponemos de datos del material de defensa exportado), España informó de un volumen económico de exportación de “material de defensa” (bajo numerosos códigos Taric, las claves usadas para clasificar mercancías en la UE) de 1,25 millones de euros, similar a lo que Israel cataloga con un único código, el 93. No puede determinarse con precisión, porque los datos israelíes están en su moneda, el shekels, la tasa de cambio es tan desconocida como el día en el que se formalizó la transferencia y existen hasta siete formas comerciales distintas en esas exportaciones, cada una de las cuales asigna unos costes de transporte diferentes. 

La colaboración industrial: más allá de la adjudicación de contratos

La adjudicación de contratos públicos es solo una de las cuatro maneras de colaboración empresarial identificadas entre España e Israel. La tabla anexo mencionada antes incluye los contratos públicos adjudicados a empresas de defensa israelíes, a sus filiales en España y a empresas españolas o establecidas en España que proporcionan productos o servicios de productos israelíes con certificación o acuerdos de transferencia de tecnología de las empresas israelíes, y por las que estas últimas reciben un beneficio económico. Insistimos: “productos israelíes”.  

La gran mayoría de las empresas adjudicatarias son israelíes o sus representantes en España. Pero también hay otros casos, entre los que destaca el sistema lanzacohetes SILAM: las adjudicatarias no son israelíes, pero sí lo es el producto original, de Elbit Systems, que obviamente hace negocio cediendo su tecnología, sin cederla toda, dejando una parte esencial en manos israelíes y generando dependencia. Lo mismo ocurre con el misil antitanque Spike. La adjudicataria fue la filial de Rafael en España, Pap Tecnos, una empresa “española”, pero también filial de Rafael, una compañía que pertenece a las Fuerzas Armadas de Israel. En su web, en la sección “Rafael Group” pueden localizar la bandera de España junto a otras dos para Europa (Alemania y Reino Unido). Allí aparece el logo de Pap Tecnos.

Quizá este caso inspiró el criterio del Gobierno de permitir las adjudicaciones a “empresas con sede y producción en España”. Al respecto, caben dos apuntes. El primero: qué más dará dónde se fabriquen los misiles y las torretas si lo que debatimos no son puestos de trabajo, sino la cooperación con un gobierno acusado de cometer genocidio. El segundo, no toda esa producción se realiza en España, al menos la tecnología esencial que la industria israelí guarda con celo. Y por eso importamos y seguiremos importando. 

La segunda forma de cooperación empresarial es la incorporación de componentes israelíes en sistemas de armas que no son israelíes. Es decir, lo “israelí” no es el sistema de armas o el producto finalizado, sino algunos componentes. En el informe utilizamos el ejemplo del vehículo blindado Dragón 8x8, un producto que se publicita como “español”, pero dispara misiles Spike de Rafael, incorpora un blindaje de la israelí Plasan, utiliza una radio de la empresa israelí Elbit Systems y sistemas de protección activa de Elbit y Rafael. Aquí no median directamente contratos públicos. Las adjudicatarias son empresas no israelíes que utilizan material de defensa israelí.

La tercera es la distribución en España de productos de seguridad y defensa israelíes. El ejemplo más destacado es la empresa Guardian Defense & Homeland Security, filial en Madrid del grupo Guardian LTD Israel. La empresa es clara en su web: “Guardian representa en España los principales fabricantes israelíes de material policial y militar”, y especifica que proporciona más de 100 “productos de seguridad” en más de 70 “distribuidores en España” tras más de 20 “años de experiencia”. La empresa concluye en su web que “los números lo dicen todo”.

Esa empresa ha sido adjudicataria de 19 contratos de instituciones públicas desde el 7 de octubre de 2023, pero su negocio en España va más allá de la contratación pública. Por ejemplo, proporciona un curso de “combate y protección” en Israel, “dirigido a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (GC, PN, Policías locales, Militares etc.) y al personal habilitado de seguridad privada” (sic). Entendemos que las siglas corresponden a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Elbit Systems es la principal suministradora del Ejército israelí, y lo que sucede en Gaza explica el enorme aumento de sus ingresos

La cuarta es la colaboración empresarial para productos conjuntos. En el informe se utiliza el ejemplo del vehículo blindado Sabrah para el Ministerio de Defensa de Filipinas producido entre la empresa General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS, que aporta los vehículos ASCOD –también conocidos como “Pizarro”) y la israelí Elbit Systems (que incorpora una torreta de mando y control y un cañón de 105 mm).

El grueso de las exportaciones se realizó antes del 7 de octubre de 2023, aunque el informe identifica 908.200 euros (de un total de cerca de 45 millones) que probablemente fueron exportados con posterioridad. Esta colaboración empresarial fue particularmente controvertida por aprovecharse del acceso privilegiado de Elbit al gobierno de Rodrigo Duterte, por su experiencia en combate y por no poner pegas a los acuerdos. Ese contrato fue firmado cuando el presidente filipino estaba siendo investigado en la Corte Penal Internacional. Hoy está detenido. Pero ¿qué relación tiene esto con lo que pasa en Gaza?

Elbit Systems es la principal suministradora del Ejército israelí, y lo que está sucediendo en Gaza explica el enorme aumento de sus ingresos. Así lo reconoce la propia compañía en su informe de resultados en el primer trimestre de 2025, en el que reporta unos ingresos de 1.900 millones dólares, un “impresionante” aumento del 22% en relación con el primer trimestre de 2024, y sitúa la cartera de pedidos en nada menos que 23.100 millones de dólares. Según ese informe, “aproximadamente el 66% de la cartera actual de pedidos corresponde a pedidos fuera de Israel. Está previsto que aproximadamente el 51% de la cartera de pedidos se ejecute durante lo que resta de 2025 y 2026”.

Esta estimación augura un aumento exponencial de sus ingresos en el corto plazo, a pesar de que la propia Elbit reconoce que “algunas operaciones han experimentado interrupciones debido a limitaciones operativas y de la cadena de suministro”. Dos de los factores que argumenta son la “escasez de materiales y componentes” y las “limitaciones impuestas por algunos países a las exportaciones a Israel”. Es decir, esas “limitaciones” tienen un impacto en el suministro en Gaza. Imagínense un embargo.  

Con todo, su presidente y CEO, Bezhalel Machlis, declaró en ese informe: “creemos que Elbit está bien posicionada para aprovechar las oportunidades que ofrece el aumento de los presupuestos de defensa a nivel mundial y en particular en Europa, gracias a nuestras filiales consolidadas en todo el continente, como lo demuestran los contratos conseguidos”. Solo en España, Elbit, sus filiales y las empresas que suministran, desarrollan y mantienen sus productos se han adjudicado 17 contratos públicos desde el 7 de octubre de 2023, por un total de 585 millones de euros. En su informe, Elbit anunció que el 7 de julio pagará los dividendos a los accionistas. 

GDELS - Santa Bárbara Sistemas se “benefició colateralmente” (en este sentido titulamos nuestro informe) de la adjudicación del contrato a Elbit en Filipinas. Esa misma colaboración va a repetirse. El Ministerio de Defensa de Letonia adjudicó en enero de 2025 un contrato de 373 millones de euros a Santa Bárbara para que le suministre 42 vehículos blindados ASCOD que serán previsiblemente fabricados en Trubia (Asturias). En abril, se conoció que Santa Bárbara “adjudicó”, a su vez, a Elbit Systems un contrato de 88 millones de euros para que arme esos vehículos con una torreta UT30MK2. No sabemos si Elbit hará negocio gracias a Santa Bárbara o si es Santa Bárbara la que se beneficia de Elbit, porque la oferta ganadora incluía su torreta, un atractivo “probado en combate”: esa expresión aparece en ocho ocasiones en la publicidad de ese producto. 

Lo que sí sabemos es que dentro de algunos meses aparecerán titulares señalando exportaciones de material de defensa a Israel. Por el ASCOD, pero también por la dependencia generada con la industria israelí. También seguirán adjudicándose contratos y continuarán el resto de los 10 ámbitos de relaciones armamentísticas que señalamos al principio. La única manera de que eso no suceda es oficializar administrativamente lo que se ha manifestado en la política: imponiendo un embargo integral.

El Congreso ha iniciado este martes los trámites para pedir que España pueda establecer un embargo total de armas a todos los países que estén siendo investigados por genocidio por la Corte Penal Internacional. La proposición de ley, presentada por Sumar, Podemos y el BNG está pensada para impedir el comercio militar con Israel. La mayoría absoluta de la Cámara ha anunciado el voto a favor de la admisión a trámite, incluidos el PSOE, el PNV y Junts, además de ERC y EH Bildu. En contra se han posicionado PP y Vox.

Se trata de una iniciativa impulsada por numerosas organizaciones de la sociedad civil en defensa del pueblo palestino. El texto también incluye instrumentos para mejorar la inspección de cualquier medio de transporte, en puertos y aeropuertos para evitar el tránsito de armas hacia Israel. La votación ha salido adelante por 176 votos a favor y 171 en contra.

La iniciativa fue impulsada el pasado verano por la Red Estatal Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP) y la semana pasada tanto Sumar como Podemos decidieron llevarla al Pleno para su toma en consideración. La ley fue registrada en aquel momento con la firma de esos partidos y la de EH Bildu, ERC y el BNG. Si este martes reúne una mayoría del hemiciclo, la ley podrá empezar su camino parlamentario. Con el apoyo del PSOE y de los socios de izquierda, todo depende ahora de Junts y del Partido Nacionalista Vasco, que no han avanzado su posición, aunque fuentes de la negociación creen que votarán a favor.

La proposición busca modificar la ley sobre el control de material de defensa para incluir en ella la posibilidad de aplicar embargos a la compraventa de armas en países en los que se están cometiendo genocidios, crímenes de guerra o crímenes internacionales. La idea es prohibir explícitamente operaciones como las que ha desarrollado España con Israel a partir de octubre de 2023, tal y como ha desvelado elDiario.es en una serie de informaciones desde febrero del año pasado.

Con esta ley, las organizaciones sociales y las formaciones de izquierda que han impulsado el texto buscan evitar que esos contratos se completen. “La aplicación del embargo supondrá la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación que tenga como destino directo o indirecto el territorio del estado destinatario del embargo, por parte de personas físicas o jurídicas nacionales o residentes en España”, dice el texto al que ha tenido acceso este diario.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, quien ha sostenido que las masacres israelís sobre la población palestina “no admiten indiferencia y silencio”. “No miramos a otro lado y no comerciamos con estados genocidas”, ha señalado.

Pisarello ha señalado las contradicciones en las que, en su opinión, cae su socio de Gobierno, el PSOE, que “por la mañana se dice una cosa y por la tarde se hace otra, lo valiente se convierte en falaz e hipócrita. Si se ampara el negocio, lo que parecía denuncia se convierte en complicidad”. El diputado catalán ha sostenido que es un “insulto que Marlaska, Albares o Robles pretendan minimizar o degradar” las denuncias.

Por parte de Podemos, Martina Velarde ha reclamado al Gobierno de PSOE y Sumar que aprueben el embargo por decreto, lo que implicaría su entrada en vigor de forma inmediata e impediría posibles lastres en la tramitación parlamentaria.

Dudas de Junts y PNV

A favor del inicio de la tramitación parlamentaria del embargo se han mostrado también el PSOE, Junts y el PNV, aunque los nacionalistas vascos de derechas han mostrado sus dudas sobre el resultado final de las negociaciones para la aprobación definitiva de la ley.

El diputado Mikel Legarda ha anunciado que el PNV “facilitará la tramitación” para “incorporar a la ley el objeto” de la proposición de ley. “Es un documento válido para iniciar los trabajos”, ha sostenido.

Más duro ha sido Isidre Gavin, quien ha mencionado a Rusia, Irán, Corea del Norte, Sudán o China, que “invade militarmente” el Tíbet, ha denunciado, y eso no ha impedido un viaje de Pedro Sánchez al país asiático. “Votaremos a favor de coherencia y por respeto a los derechos humanos como principio irrenunciable de nuestra acción exterior”, aunque ha advertido de que Junts presentará “enmiendas”. “No nos vamos a hacer corresponsables de que esta iniciativa se use como arma política”, ha zanjado.

El embargo afecta a material de defensa, productos y tecnologías específicas, así como a armas de fuego y municiones para uso civil o material policial y antidisturbios. También combustibles para “aeronaves, carros de combate y otros vehículos” destinados a propósitos militares. El embargo no solo afecta a la venta o a la exportación, también a la importación de todo ese tipo de material y engloba a entidades públicas pero también a empresas privadas.

El SIPRI (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo) calcula que el gasto militar mundial alcanzó en 2024 los 2,7 billones de dólares, aumentando un 9,4% respecto al año anterior, lo que supone un incremento de aproximadamente el 20% desde 2022. Los períodos anteriores comparables a la militarización actual son los años 2008 y 2009, cuando en tan solo dos años el gasto militar mundial creció un 13%, un aumento que coincidió con la ofensiva israelí Plomo Fundido en la Franja de Gaza a finales de 2008 y principios de 2009, que intensificó la violencia y el gasto militar en la región; o las guerras de Afganistán e Irak entre 2002 y 2004, período en el que se acumuló un incremento del gasto militar mundial del 21%.

La lógica direccional entre guerra y gasto militar explica que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y la ofensiva militar israelí que desencadenó el genocidio —todavía en ejecución— en Gaza tras el 7 de octubre de 2023 han sido motores de la militarización actual. Un efecto que, sin embargo, no produjo la invasión y anexión de Crimea en 2014, lo que nos lleva a pensar que las prisas en el plan de rearme europeo, que pretende inyectar 800.000 millones de euros más al gasto militar en los próximos años, no se deben a la amenaza de una invasión rusa en Europa. Las acciones militares rusas para influir o controlar regiones, países o gobiernos con ascendencia rusa en la que el Kremlin considera su área de influencia no son nuevas: los casos de Georgia y Moldavia son un buen ejemplo.

Pero cabe también preguntarse si la militarización —cuyo principal combustible es el gasto militar— pueda generar cierta direccionalidad hacia la guerra, ya que en ese caso las decisiones políticas serían las responsables de construir o llevar a su sociedad a escenarios bélicos o pacíficos.

Así, ante los aumentos generalizados de los gastos militares y el impulso de la militarización en muchos países, debemos preguntarnos si estos son casuales, aislados o puntuales. A este respecto, recuerdo con preocupación la frase de un mando militar congoleño que, en unas conversaciones sobre el terreno acerca de la pertinencia de las acciones militares en el este de la RDC, en un contexto en el que la urgencia humanitaria pedía a gritos el cese de las hostilidades, afirmó con sorna: “Para hacer una tortilla hay que romper los huevos”. Ante aumentos del gasto militar del 24% en Europa Occidental, del 7-8% en Asia Oriental y del 15% en Oriente Medio, parece que son muchos los gobernantes que comparten la visión del comandante congoleño.

EEUU amenaza con ocupar militarmente Groenlandia con la arrogancia que le facilitan sus 997.000 millones de dólares en gasto militar (el 37% del total mundial); Rusia aumenta su presupuesto al calor de la guerra en Ucrania un 38%, mostrando la intención de seguir “rompiendo huevos” para conseguir sus objetivos, adaptando su economía a una guerra que le va como anillo al dedo al Kremlin. Se entiende así la complicidad entre Donald Trump y Vladímir Putin, a la que bien podríamos sumar a Benjamin Netanyahu, quien saca pecho con descaro de su plan de limpieza étnica y perpetración de un genocidio en Gaza y Cisjordania, aumentando un 65% su gasto militar, que no sería posible financiar sin los ingresos de sus exportaciones de armas, entre un 75% y un 80% de su producción armamentística.

Aun así, es la OTAN, con sus 32 miembros, la que mantiene en 2024 el 55% del gasto militar mundial con 1,5 billones de dólares (los países europeos ya contribuyen con el 30% del total). China, con 314.000 millones de dólares en presupuestos militares, supone el 12% del gasto militar mundial, y Rusia, con 141.000 millones, representa el 5,8%. Los países europeos de la OTAN, con 451.000 millones de dólares de gasto militar, superan en un 44% el gasto militar chino y en un 220% el ruso.

Los tres principales bloques geopolíticos consumen tres cuartas partes de la militarización mundial y, sin lugar a dudas, impulsan también la de algunos de sus aliados y potenciales competidores. Todo indica que el aumento de los gastos militares de los dos últimos años muestra una fase de crecimiento sin precedentes, que puede llevar al mundo a niveles de militarización propios de la Guerra Fría o, en el peor de los casos, similares a uno de los períodos previos a las guerras mundiales, en los que las tensiones, la desconfianza y la carrera de armamentos fueron los ingredientes necesarios de lo que acabó ocurriendo.

Recuerdo con angustia que durante la Guerra Fría surgió el término “Destrucción Mutua Asegurada” (MAD, por sus siglas en inglés), a medida que EEUU y la Unión Soviética desarrollaban arsenales nucleares hasta el punto en que su utilización no podría darse en circunstancias racionales: el simple hecho de que eran suficientes para aniquilar ambos países ejercía un efecto disuasorio por sí mismo.

Hoy en día existen armas nucleares no solo para destruir EEUU y Rusia, sino el conjunto de la civilización humana. Pero no solo hay armas nucleares: cada año se dedican ingentes recursos, y cada vez más, a preparar una hipotética guerra que nadie quiere, pero que nadie hace nada por evitar.

Existe hoy en día una militarización, más allá de la nuclear, capaz de asegurar la destrucción de nuestro modo de vida. Donald Brennan se refirió en 1962 al término MAD para señalar el doble sentido de la palabra “mad” (demente, loco, lunático) y denunciar el insano concepto de una supuesta disuasión que nos preparaba para destruirnos mutuamente.

Un término que bien puede utilizarse en el momento histórico actual, en el que líderes que no muestran precisamente cordura apuestan por la militarización de las relaciones internacionales como fórmula para asegurar la paz mundial. Lo más preocupante, por la parte que nos toca, es que la enajenación ha llegado también a Europa y al Gobierno español, que de forma imprudente nos llevan a escenarios en los que la guerra es, desgraciadamente, probable.

En 2025 se celebra el centenario del nacimiento de Manuel Sacristán. En su escrito La OTAN hacia dentro, de 1984, planteaba que, ante el hecho de que la mayoría de la población española estaba en contra de la integración en la OTAN, el Gobierno adoptaría medidas para manipular a la opinión pública con el fin de que España entrara en la OTAN. Estas medidas inocularían un sentimiento de impotencia política, de necesidad de obedecer en la población española, lo que sería más grave que la integración en la Alianza. Y terminaba con la siguiente frase: “Hacia dentro es la OTAN para España tan temible como hacia fuera, y más corruptora”.

La guerra de Gaza también está teniendo consecuencias “hacia dentro” de la democracia en España. No me refiero a la tensión que ha surgido dentro del Gobierno a propósito del contrato de adquisición de munición para la Guardia Civil adjudicado a la empresa israelí IMI Systems. Eso es algo anecdótico, mero salseo político. Resulta mucho más relevante denunciar la campaña de desinformación que el Gobierno lleva poniendo en práctica desde hace meses para impedir que la opinión pública conozca la intensidad de las relaciones armamentistas que existen entre España e Israel, y el papel real que está desempeñando España en relación con la guerra de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos por valor de 1.044.558.955 de euros a empresas israelíes, sus filiales o conglomerados en las que participan empresas israelíes. Este hecho pone de manifiesto el apoyo del Gobierno español a la industria de defensa israelí y la importancia que están adquiriendo las relaciones entre empresas militares españolas y empresas de defensa israelíes. En realidad, estas relaciones se han reforzado desde entonces, a pesar de que el apoyo a la industria israelí de defensa contribuye, aunque sea indirectamente, al mantenimiento del régimen de ocupación y apartheid en Palestina y a los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel en Gaza.

El Gobierno español ha perdido toda la credibilidad en sus declaraciones sobre los contratos adjudicados a empresas israelíes o a filiales de empresas israelíes. Cualquier afirmación que haga el Gobierno solo será convincente si aporta documentos que la soportan y si, finalmente, se concreta en hechos. También hay que destacar que todavía no se ha cancelado el contrato adjudicado a IMI Systems. Si se siguen los trámites jurídicos necesarios, aún tendrán que pasar algunos meses antes de que la revocación del contrato sea una realidad.

De nuevo, el Ejecutivo está actuando como si pudiera adoptar las decisiones que quisiera libremente. Según el artículo 1 de la Constitución española, estamos en un Estado de Derecho, lo que significa, básicamente, que el poder político debe ejercerse por los cauces que establece el ordenamiento jurídico. Las leyes de contratación pública, de procedimiento administrativo y de expropiación forzosa establecen garantías que deben respetar los poderes públicos, Ministerios y Gobierno incluidos. Unas garantías que parece que le sobran al Gobierno al intentar apagar cuanto antes la crisis política en la que se encuentra.

Según la nota de La Moncloa del 24 de abril, la vía que se va a seguir para rescindir el contrato con IMI Systems es la siguiente: “la Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato”.

Esta nota pone de manifiesto las prisas del Gobierno. No existe una “junta de inversión de material de doble uso” en la Administración pública española. El nombre correcto es “Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso”, más conocida como JIMDDU. La JIMDDU es el órgano administrativo que decide si se otorgan las autorizaciones de exportación de material de defensa y también las autorizaciones de importación.

El Gobierno ha adelantado ya que no se va a otorgar la autorización administrativa para la importación de la munición fabricada por IMI Systems. Esta es una decisión que le corresponde adoptar a la JIMDDU. Los criterios legales establecidos para otorgar las autorizaciones de importación dan bastante libertad a la JIMDDU para conceder las autorizaciones de material de defensa. Que sepamos, hasta ahora no han denegado ninguna y no existen precedentes de denegación de autorizaciones de exportación de material de defensa israelí.

Sin embargo, el Gobierno ya sabe de antemano qué decisión va a adoptar la JIMDDU en este caso, sin necesidad de que este órgano interministerial se reúna previamente. La nota de prensa de La Moncloa pone de manifiesto que la JIMDDU es un órgano político que toma sus decisiones con base en los criterios políticos que le impone el Gobierno.

Esta es una cuestión muy relevante. Permite explicar, al menos en parte, por qué la JIMDDU no ha revocado ni suspendido ninguna de las autorizaciones de exportación de material de defensa con destino a Israel que siguen vigentes. Porque ha seguido, a pies juntillas, los criterios políticos que le ha dictado el Gobierno. Eso es lo que explica que la JIMDDU haya actuado como si no existiera el Tratado sobre el Comercio de Armas, cuyo artículo 6.3 prohíbe otorgar autorizaciones de exportación de armamento a países implicados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques contra la población civil y otros crímenes de guerra. Y cuya aplicación exigiría revocar o, al menos, suspender las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel.

El Ministerio del Interior también afirmó, en una nota del 29 de octubre de 2024, que había excluido a otras empresas israelíes de contratos licitados por la Guardia Civil. Esto es algo que no se puede hacer según nuestro ordenamiento jurídico. Solo se puede excluir a una empresa de un procedimiento de licitación de un contrato administrativo si la empresa incurre en una prohibición de contratar. Ni la Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, ni la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establecen prohibiciones de contratar que puedan aplicarse a las empresas israelíes por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad que está cometiendo Israel en Gaza.

De hecho, después de octubre de 2024, la Guardia Civil ha seguido adjudicando contratos de material de defensa a Guardian Homeland Security, empresa constituida en España con capital israelí y que representa a la industria israelí de defensa. En noviembre de 2024, se le adjudicó un contrato para la adquisición de placas balísticas para prendas de vestir de protección antibalas por valor de 206.610 euros (número de expediente 2024/ETSAE0906/00001385E). Y en febrero de 2025, se le otorgó un contrato con el mismo objeto por valor de 182.400 euros (número de expediente X240177GAGAE). Las placas balísticas tienen la consideración de material de defensa según el Real Decreto 679/2014 (Anexo I.1, categoría ML13.d.2).

El Gobierno español no ha querido imponer un embargo de armas a Israel. Mantiene que ha adoptado medidas que implican un embargo de hecho. Esta es otra de las medias verdades que pregona. El Gobierno podría haber acordado un embargo integral de armas que incluyera las exportaciones, las importaciones, la prohibición de la financiación a la industria israelí o la prohibición de contratar con empresas armamentistas israelíes o sus filiales, entre otras medidas. Este embargo integral hubiera impedido que se adjudicaran contratos a empresas de defensa israelíes y lo impediría para futuros contratos.

Si el Gobierno tuviera voluntad política, podría adoptar un decreto ley de embargo integral en el Consejo de Ministros del próximo martes y que fuera efectivo el próximo miércoles tras publicarlo en el BOE.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adoptado medidas fundamentalmente simbólicas, como el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero ha hecho más bien poco en la realidad para intentar dificultar los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel en Gaza. Ha contribuido al mantenimiento de la industria de defensa israelí con más de 1.000 millones de euros en adquisiciones y ha preferido mirar para otro lado cuando buques o aeronaves cargados de armamento procedente de Estados Unidos, cuyo destino final era Israel, han hecho escala en puertos y aeropuertos españoles, e incluso en la Base de Rota. Y todo ello ocultándoselo a la opinión pública española, con bulos y medias verdades, sin importarle el déficit democrático que ello implica.

En España, hacia dentro, la guerra de Gaza no es tan temible como el sufrimiento que padece la población palestina. Pero, como afirmaba Manuel Sacristán, es “más corruptora”.

La organización NOVACT (Instituto Internacional por la Acción Noviolenta) y la campaña “Fin al comercio de armas con Israel” han presentado este martes una queja formal ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Denuncian la “colaboración militar entre España e Israel y la inacción del Gobierno español ante el genocidio en Palestina”.

Según los datos difundidos por las organizaciones, tras más de 18 meses de masacre israelí, más de 50.000 personas palestinas han muerto y el 80% de la población de Gaza ha sido desplazada forzosamente. Pese a este contexto, denuncian que España continúe “comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas a Israel, vulnerando tanto el derecho internacional como sus propios compromisos en materia de derechos humanos”.

Durante el acto de presentación de la queja ante el Defensor del Pueblo, celebrado este miércoles en Madrid ante la sede de la institución, las actrices Ana Fernández, Elisabet Gelabert e Irene Anula; la cantante Cristina del Valle; y los actores Iñaki Ardanaz, Raúl Prieto y Cristóbal Suárez, junto al periodista palestino Muath Hamed, leyeron el manifiesto titulado Desarma la complicidad con Israel: embargo de armas ya.

La campaña, respaldada por unas 600 organizaciones de la sociedad civil y por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), reclama al Gobierno “la imposición de un embargo total de armas, el fin de la colaboración militar con Israel y la alineación de su política exterior con el derecho internacional humanitario”.

“El Gobierno sigue importando, exportando y permitiendo el tránsito de armas a Israel, y por ello está contribuyendo directamente al genocidio del pueblo palestino”, denunció Alys Samson, portavoz de NOVACT. “Pedimos al Defensor del Pueblo que actúe”.

Por su parte, Saeda Ghodaieh Curiel, de la Comunidad Hispano-Palestina, advirtió: “Lo que ocurra en Palestina sienta un precedente para el mundo entero. Si la comunidad internacional permite que Israel actúe con total impunidad, ¿qué mensaje se está enviando?”.

Davi Montesinos, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, instó al Ejecutivo a “detener de manera inmediata todas las exportaciones de armas a Israel, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que prohíbe este comercio si existe riesgo de que se utilicen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

Este acto forma parte de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel y movilización que exige al Gobierno español “coherencia con su discurso político y la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo un embargo de armas inmediato y total a Israel”. 

En este marco, el día 10 de mayo convocan una manifestación en Madrid “para movilizar a la sociedad civil de todo el estado para exigir el fin del comercio de armas con Israel”. 

Protesta por la visita de Netanyahu a Hungría

Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han mostrado “su rechazo más rotundo a la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Hungría, propiciada por la invitación del presidente húngaro Viktor Orbán, pese a recaer sobre él una orden de detención internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad emitida por la Corte Penal Internacional (CPI)”.

“Cabe recordar que la CPI encontró motivos razonables para creer que B. Netanyahu (primer ministro) y Y. Gallant (ministro de Defensa) tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, explica el comunicado difundido por las dos entidades.

Y añaden: “Queremos poner de manifiesto que, ante el anuncio por parte de Hungría de no ser parte del Estatuto de Roma, que rige la CPI, la retirada no se haría efectiva hasta un año después de la notificación oficial, por lo que Hungría estaría obligada a detener a B. Netanyahu”.

El colectivo de expertos en derecho Juristas por Palestina ha expresado hoy en un comunicado su “más absoluto rechazo” a que el Gobierno siga permitiendo el envío de armas a Israel, como reveló una investigación publicada por elDiario.es, y se ha sumado a las reclamaciones de Sumar –IU y comunes– y Podemos, que exigen que el Ejecutivo aplique efectivamente un embargo al Gobierno hebreo.

“La actual ministra de Defensa [Margarita Robles], y el ministro de Asuntos Exteriores, [José Manuel Albares], aseguraron de forma pública, notoria y reiterada, que desde el 7 de octubre [de 2023] no se habían producido operaciones de exportación de armas españolas a Israel. Sin embargo, lo cierto es que España sí envió material militar a Israel en octubre, noviembre y diciembre de 2023, y siguió haciéndolo en enero, febrero y abril de 2024, hasta la actualidad”, afea la agrupación de juristas, que señala que el Tribunal Internacional de Justicia señaló el pasado verano que los Estados no deben facilitar “ayuda o asistencia” a Israel por su ocupación de Palestina ni tener “tratos económicos o comerciales” con el país.

“El Gobierno ha incumplido flagrantemente [...] el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) [...], cuyas disposiciones le obligan a no autorizar ninguna transferencia de armas a un Estado cuando tengan conocimiento de que podrían utilizarse para cometer genocidio, debiendo haber procedido al embargo inmediato de las mismas”, recoge la nota, que insiste en pedir el “cese inmediato” del suministro de armas o tránsito de las mismas hacia Israel e impedir que se produzca, así como romper relaciones diplomáticas con su Gobierno.

Dirigentes de Sumar y Podemos han afeado las omisiones del Gobierno. “No hay excusa alguna para seguir permitiendo el tráfico de armas a Israel. No hay excusa alguna para no suspender el comercio y las inversiones en territorios palestinos ocupados por colonos”, ha señalado el portavoz de los Comunes en el Congreso, Gerardo Pisarello, mientras que Enrique Santiago (IU), diputado de Sumar y secretario general del PCE, ha expresado en la comisión de Exteriores que el grupo apoya en la cámara una proposición no de ley en apoyo a Palestina, pero necesita “hechos, no palabras”. “El Gobierno está incumpliendo el acuerdo de no enviar armas. Y la UE permite la impunidad de Israel, mientras Trump pretende construir un resort cuyos cimientos son un genocidio”, ha reiterado en la red X.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado, a su vez, que la respuesta del Gobierno a las revelaciones haya sido “lo estamos mirando”. “Hay que tener muy poca vergüenza para llevar mintiendo más de 16 meses sobre la compraventa y transporte de armamento a Israel”, ha dicho.

Esta censura se suma a las críticas de ONG españolas y presentes en Palestina, que piden al Gobierno el fin “real” del comercio de armas con Israel, que tras reunirse con el ministro Albares han insistido en que las medidas para impedir el flujo de armas medidas tomadas por el Gobierno español “dada la gravedad de la situación son insuficientes”.

Raji Sourani, fundador y director de la ONG Centro Palestino de Derechos Humanos, y miembro del equipo legal de Sudáfrica en la demanda por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha pedido este lunes en España que el Gobierno tome todas las medidas para que “su papel de liderazgo sea completado” con un embargo de armas total a Israel, que prohíba también el tránsito de material bélico con los puertos españoles.

El abogado, que consiguió salir de la Franja de Gaza en noviembre, ha intervenido en un acto en el Congreso de los Diputados, bajo el título “El rol de los embargos militares en los procesos de construcción de paz” y ha aprovechado para dar las gracias a grupos de la sociedad civil y a partidos políticos de España que –ha asegurado– están desempeñando un papel fundamental en el apoyo al pueblo palestino y en contra del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza desde hace trece meses.

“Estamos aquí sentamos mientras hay personas que están siendo asesinadas en Gaza con armas estadounidenses y europeas, y eso viene sucediendo en los pasados trece meses”, ha denunciado. “Este genocidio lo estamos viendo en tiempo real y el mundo continúa como si fuera normal. Nadie reacciona, nadie actúa, este es el mayor crimen que se puede cometer contra civiles y nadie mueve un dedo”.

Sourani ha lamentado que los palestinos no han recibido el mismo apoyo de la comunidad internacional que los ucranianos, cuando Rusia invadió su país en febrero de 2022. “Cuando Rusia invadió y ocupó Ucrania fue un gran escándalo, y todos dijeron que los ucranianos tienen derecho a defenderse y a resistir contra los rusos, con todos los medios disponibles. Rusia ha sido sometida a sanciones sin precedentes para detener [la guerra], Europa y Estados Unidos activaron la CIJ y la Corte Penal Internacional (CPI), y han hecho lo posible para que Rusia rinda cuentas”, ha recordado el abogado.

Sin embargo, respecto a la ofensiva israelí contra Gaza –en la que han muerto casi 44.000 personas desde octubre de 2023–, EEUU y Europa no han actuado de la misma forma contra el Estado hebreo. “Europa vive en una laguna muy profunda y debe despertar su conciencia, como han hecho España, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, etc. Estos países, desde el primer momento, han tomado posturas independientes y han dicho 'estamos en contra de los crímenes de guerra y contra la humanidad, y a favor del reconocimiento del Estado Palestino'; España incluso ha pedido suspender el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel”.

Pero el abogado ha señalado que el Ejecutivo español aún no ha tomado todas las medidas posibles para evitar el genocidio en Gaza, como suspender el tránsito de armamento dirigido a Israel por los puertos del Mediterráneo, algo que ha revelado recientemente elDiario.es en una investigación. “Espero que el papel de liderazgo de España sea completado y que estas pequeñas cosas puedan cambiar”, ha deseado Sourani en el acto organizado por la campaña “Fin del comercio de Armas con Israel”.

Cientos de organizaciones sociales que participan en esa campaña presentaron el pasado mes de julio una iniciativa parlamentaria para reformar la ley sobre el comercio exterior de armas (53/2007) y que incluya la figura del “embargo” para aquellos países que vulneran los derechos humanos o son investigados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crimen de genocidio, como es el caso de Israel.

En el acto de este lunes, también ha intervenido telemáticamente la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, quien ha afirmado que se ha dedicado a documentar el genocidio durante el último año y “no tiene dudas de que lo que ha estado haciendo Israel a las personas de Gaza desde octubre de 2023”, cuando dio comienzo el brutal asalto a la Franja.

Albanese ha recordado que la CIJ dictaminó que todos los Estados tienen la obligación de evitar que las armas se utilicen para violar la convención contra el genocidio y, por ello, “imponer este embargo de armas es una obligación de todos los Estados” que reconocen el máximo tribunal de la ONU. Además, la relatora ha destacado que el emborgo debe incluir las importaciones, exportaciones y transferencias de material militar y de doble uso. “El embargo es lo más básico, el siguiente paso es terminar todos los vínculos académicos, económicos y militares que pueden ir en detrimento de los derechos de los palestinos”, ha añadido.

La respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 no puede calificarse adecuadamente con el adjetivo desproporcionada. Es un calificativo claramente insuficiente, que oculta el descomunal sufrimiento humano que Israel está causando en Gaza. Jurídicamente es muy problemático emplear el término genocidio, dado este crimen internacional exige demostrar la intención de destruir total o parcialmente a los palestinos como comunidad nacional, algo que va a ser muy difícil de probar. En cualquier caso, no debería haber ninguna duda de que Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, actuaciones que son de una gravedad extrema. Israel está llevando a cabo un ataque sistemático y generalizado contra la población civil en la Franja de Gaza.

Esta situación no ha modificado en lo esencial las relaciones militares entre España e Israel. Estas relaciones de despliegan en los siguientes ámbitos: 1) las exportaciones de material de defensa desde España a Israel, 2) las importaciones de material de defensa por España desde Israel, 3) la adjudicación a empresas israelíes de contratos de productos y servicios por las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad en España, 4) la colaboración empresarial entre empresas españolas e israelíes para acceder a terceros mercados, 5) la colaboración entre universidades, empresas e instituciones en proyectos de investigación y formación, y 6) la colaboración bilateral entre los dos países en materia de inteligencia y seguridad.

En cuanto al comercio de armamento con Israel, no está claro qué decisiones ha tomado el Gobierno español. El Ministro de Asuntos Exteriores aseguró el 5 de diciembre de 2023 en el Congreso de los Diputados que, desde el 7 de octubre, no se habían producido “operaciones de exportación de armas españolas a Israel”. El Ministro mintió en sede parlamentaria. Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, demostró, con la información que suministra la base de datos oficial DataComex, que la empresa Nammo Palencia había exportado 987.000 euros en municiones a Israel en noviembre de 2023. Parece que no se han otorgado nuevas autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 2023, aunque no sabemos si se ha tomado una decisión formal al respecto ni cómo se ha hecho jurídicamente. Y también parece que no se han suspendido ni revocado las autorizaciones de exportaciones a Israel otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023, lo que le habría permitido a Nammo Palencia exportar municiones a Israel en noviembre de 2023.

¿Está vulnerando el Gobierno la legislación sobre comercio de armento? Como jurista, me resulta difícil explicar esta cuestión a legos en derecho, porque la normativa reconoce un amplio margen al Gobierno al interpretar y aplicar la legislación. Me explico. Hay leyes que no reconocen ningún margen de interpretación, por ejemplo, la prohibición de conducir a más de 120 kilómetros por hora en una autopista. Este tipo de normas son la excepción en la regulación sobre el comercio de armamentos, como sucede cuando hay un embargo acordado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Unión Europea. La adopción de un embargo de este tipo implica que el Gobierno español no puede autorizar la exportación de armamento al país afectado por el embargo. Otro tipo de leyes no son tan taxativas, sino que establecen que han de tenerse en cuenta distintas circunstancias a la hora de adoptar una decisión (técnicamente se entiende que se impone una obligación de ponderación). Siguiendo con el mismo ejemplo, sería algo así como si la norma estableciera que el Gobierno determinará la velocidad máxima permitida, teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas o el estado del firme y el número de carriles de la calzada. Este tipo de normas se encuentran mayormente en la regulación del comercio de armas. Los estados deben tener en cuenta las vulneraciones del derecho internacional humanitario, la existencia de conflictos armados o el comportamiento del país comprador frente a la comunidad internacional, pero no se establecen prohibiciones claras.

Una lectura sistemática del artículo 6.3 del Tratado de Comercio de Armas debería incluir la obligación de suspender o revocar las autorizaciones de exportación a aquellos países que hayan cometido los crímenes internacionales mencionados en dicho precepto.

Según el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas: “Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales […], si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.

Este precepto se sitúa dentro de las normas que establecen prohibiciones taxativas. El artículo 6 del Tratado de Comercio de Armas lleva por título “Prohibiciones”. Su redacción es claramente imperativa y no reconoce ningún margen de interpretación a las autoridades encargadas de aplicarlo. Una lectura sistemática del artículo 6.3 debería incluir la obligación de suspender o revocar las autorizaciones de exportación a aquellos países que hayan cometido los crímenes internacionales mencionados en dicho precepto.

No sabemos cómo está interpretando y aplicando el Gobierno español el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas. En una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en marzo de 2024, la Secretaria de Estado de Comercio afirmó que “cumplimos de forma estricta no solo con la ley, sino con esos compromisos internacionales”. Una afirmación que, tras la lectura del artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas puede ponerse seriamente en duda. Más bien, habría que presumir que el Gobierno español está incumpliendo las obligaciones que le impone el Tratado sobre el Comercio de Armas, un convenio internacional que ha sido ratificado por España y que forma parte del ordenamiento jurídico español.

En mi opinión, la actuación de Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 encaja perfectamente en los supuestos previstos en el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas. Es un supuesto “de libro” por la excepcional gravedad de las violaciones de derechos humanos que está cometiendo Israel en Gaza. Las autoridades españolas deberían denegar las solicitudes de autorización de exportación de material de defensa a Israel. Y también deberían revocar o, al menos, suspender todas las autorizaciones de exportación de armamento a Israel que sigan estando en vigor.

España es el octavo exportador mundial de armamento, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIRPI). Pero, sobre todo, el Gobierno utiliza la legislación para legitimar su propia actuación ante la sociedad y presumir del estricto cumplimiento de la ley.

Para terminar, creo que resulta pertinente plantearse para qué está utilizando el Gobierno la legislación sobre el comercio de armas. En primer lugar, para otorgar seguridad jurídica a las empresas exportadoras de armamento, al no haber suspendido o revocado las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023. Esto forma parte de la política gubernamental de fomento de las exportaciones de material de defensa. Conviene recordar, aquí, que España es el octavo exportador mundial de armamento, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIRPI). Pero, sobre todo, el Gobierno utiliza la legislación para legitimar su propia actuación ante la sociedad y presumir del estricto cumplimiento de la ley. En este sentido, me parece destacable que, en la Comisión de Defensa de marzo de 2024, ningún diputado planteara abiertamente que el Gobierno está incumpliendo el Tratado sobre el Comercio de Armas.

Uno de los efectos que tiene el derecho es establecer una frontera entre los legos y los que saben de la materia. Sin una fuerte presión por parte de la sociedad civil será muy difícil que el Gobierno aplique de forma más exigente la legislación en materia de comercio de armamento. Para ello es fundamental poner en cuestión la política del Gobierno con información contrastada. Esa es la finalidad del reciente informe publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz: “Business as usual”. Análisis del comercio de armas español de 2022-23 y argumentos para un embargo de armas a Israel.

España siguió mandando material de defensa a empresas israelíes hasta al menos el pasado diciembre, a pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido varias veces tanto en medios como en sede parlamentaria que las exportaciones de armas al país hebreo están congeladas desde el 7 de octubre, cuando empezó el actual conflicto en Gaza.

elDiario.es reveló hace unas semanas que en noviembre se mandó casi un millón de euros en munición a Israel. Los envíos, sin embargo, han continuado: las estadísticas oficiales del portal de comercio exterior muestran que también en diciembre se llevaron a cabo exportaciones de material de defensa a Tel Aviv, según los datos analizados por el investigador del Centre Delàs Alejandro Pozo.

En el último mes de 2023 se exportaron “estabilizadores de bombas de aviación” por un valor 125.240 euros, desde la Comunidad de Madrid. El Gobierno precisa en la base de datos de comercio que, en esta ocasión, el envío a Israel tenía una “finalidad de reexportación” a Filipinas, “que es su destino final”. 

La Secretaría de Estado de Comercio también indica a este medio que la exportación “corresponde a una licencia autorizada con anterioridad al 7 de octubre”, un argumento similar al que ofreció hace pocas semanas. La respuesta da a entender que todas las exportaciones de armamento a Israel aprobadas antes del inicio del conflicto se acabarán enviando a pesar del embargo anunciado por el Ejecutivo.

El hecho de que la exportación estuviese autorizada no impide que se pueda revocar el permiso. Según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa, las autorizaciones pueden cancelarse si existen “indicios racionales” de que el material puede usarse en acciones “que perturben la paz”, que puedan “exacerbar tensiones” o “que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”, entre otros preceptos.

“A pesar de haber anunciado un embargo, España sigue colaborando y comerciando con empresas israelíes que publicitan sus productos como probados en combate”, apunta Pozo, en referencia a que el principal campo de pruebas de estas compañías es la Franja de Gaza.

Desde Amnistía Internacional opinan de manera similar: “Más allá de mantener las relaciones comerciales con Israel y el abaratamiento de los costes unitarios de producción de las armas fabricadas en ese país con sus exportaciones, España debe tener plena coherencia entre la política exterior y la de exportación de armas”, apunta Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas de la organización. 

La ONG celebra los pasos diplomáticos dados por el Ejecutivo respecto a la guerra en Gaza, pero considera que deberían ir acompañados de hechos en su política de comercio de armas. “Se debe ampliar la suspensión temporal de transferencias de armas a Israel a las licencias autorizadas antes del 7 de octubre”, insisten desde Amnistía Internacional. También pide que se hagan públicas las exportaciones autorizadas a Israel entre julio y octubre de 2023, para evitar que cada mes haya “sorpresas” en las estadísticas de exportaciones que demuestren que se sigue mandando armamento a Tel Aviv.

El Gobierno ocultó el envío de munición con “carga explosiva”

Cuando elDiario.es desveló el pasado febrero que se había mandado munición a Israel en noviembre desde la compañía Nammo Palencia, el Ejecutivo aseguró que el material mandado era para “pruebas” y “sin carga explosiva”. No era del todo cierto. 

La matriz de Nammo Palencia, radicada en Noruega y participada por el Gobierno noruego, aseguró el pasado febrero al diario Vårt Land –que se había hecho eco de la noticia publicada en este periódico– que en el envío que salió de España había 200 cartuchos “normales”. Es decir, con carga explosiva.

Preguntados por este aspecto, que el Gobierno ocultó el mes pasado, desde la Secretaría de Estado de Comercio explican que “los fabricantes de sistemas” hacen “la mayor parte de sus pruebas con disparos inertes”, pero “compran una pequeña cantidad de otras configuraciones de disparos” para “verificar que el sistema funciona correctamente”.

La empresa exportadora también indicó a la prensa noruega que el destinatario de la munición era Elbit Systems y confirmó que los proyectiles eran “para pruebas”. Elbit Systems es la principal empresa de defensa israelí y publicita sus productos como “probados en combate”. La compañía israelí fue excluida del Fondo de Pensiones Global de Noruega en 2009 por su “conducta en contravención del derecho internacional”.

El envío de munición desde una filial de una empresa semi pública noruega generó cierto revuelo en el país nórdico, donde las exportaciones de armamento a Israel están prohibidas desde hace 20 años. Lo que se constató fue que las empresas están utilizando filiales en otros lugares para seguir comerciando con el país hebreo.

Tanto el partido Izquierda Socialista de Noruega, socio presupuestario del Ejecutivo, como articulistas y organizaciones humanitarias condenaron la exportación. “Como propietario de Nammo, el Gobierno [noruego] debe dar un mensaje claro de que debe cesar el envío de armas a Israel”, señaló Ingrid Fiskaa, portavoz del mencionado partido. “No importa si la producción se realiza fuera de las fronteras de Noruega: Nammo es responsable de toda la cadena de producción, ya sea que las armas se produzcan en Arizona, Palencia o Raufoss”.

¿Embargo, restricción o declaración de intenciones?

Las respuestas ofrecidas por la Secretaría de Estado de Comercio a este periódico y las exportaciones a Israel que figuran cada mes en las bases de datos plantean la duda de si el “embargo total” a Israel que ha anunciado en varias ocasiones Albares es real o no.

El pasado 20 de enero, Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en comercio de armas, registró una solicitud de acceso a la información pública para saber si el Gobierno había “acordado la suspensión temporal de las autorizaciones de exportación de material de defensa con destino a Israel” y, en caso de ser así, poder acceder a “una copia de la decisión administrativa adoptada en la que se acuerda la suspensión temporal”.

“Quería saber qué tipo de orden específica se había dado, si un embargo o cualquier otra forma de prohibición o restricción oficial a través de un proceso formal o si, simplemente, estábamos ante una declaración política de intenciones”, explica este jurista.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa no quiso aclarárselo: en su respuesta recordó que se trata de “materia clasificada” protegida por la ley de secretos oficiales. Tras la desestimación de su solicitud, Melero ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que a lo largo de doce páginas expone las razones por las que considera que la ciudadanía de un Estado democrático tiene derecho a conocer la información solicitada.

elDiario.es también ha preguntado a la Secretaría de Estado de Comercio si el embargo es una declaración política o figura de manera formal en algún acto administrativo. Comercio no ha respondido a la pregunta y se ha remitido a un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que se precisa que no se han aprobado más operaciones de venta de armas a Israel tras el 7 de octubre.

España cuenta con una Ley de Transparencia y otra sobre el control del comercio de armamento (2007). Además, ratificó en 2014 el Tratado sobre el Comercio de Armas, pero todo ello se topa en la práctica con muros y agujeros negros originados por la Ley de Secretos Oficiales del año 1968 (modificada parcialmente en 1978) y por dos acuerdos posteriores aprobados en sendos Consejo de ministros.

Uno de esos dos acuerdos, el de 1987, suscrito bajo mandato de Felipe González, convierte en secretas todas las actas de la junta interministerial encargada de aprobar las exportaciones de armas, y el otro, de 2010, autoriza la clasificación de catorce áreas completas de la política exterior española.

Varias organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y FundiPau, se unieron hace un tiempo a través del programa “Armas bajo control” precisamente para exigir el acceso a la información sobre las exportaciones de armas.

El mercado de las reexportaciones

No es excepcional que se envíen componentes españoles a empresas de defensa israelíes, que los ensamblan para después exportar el producto final. Según los informes oficiales que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, también en 2021 se exportaron componentes a Israel con la finalidad de ser reexportados a la India, Filipinas, EEUU e, incluso, para que después regresaran a España.

El reenvío a Filipinas –un país en el que la ONU ha documentado “violaciones de derechos humanos generalizadas e impunidad persistente”– tampoco está exento de polémica: sólo en 2022 se denegaron seis exportaciones a Israel ante el riesgo de que el material acabara en Filipinas.

Preguntados por este aspecto, desde el Gobierno señalan que en el pasado se rechazaron esas exportaciones porque otros países de la Unión Europea habían denegado operaciones similares ante el riesgo de que los productos acabaran en la guerra de Ucrania. “La sensibilidad de las dos operaciones no era la misma en el momento de la evaluación de riesgo de cada una”, añaden.

Amnistía Internacional también viene denunciando desde hace un lustro que el sistema de reexportaciones de armamento desde Israel es “opaco” y permite exportaciones de armas a países donde se han usado para cometer “violaciones graves de derechos humanos”.

Esta entidad recuerda que el propio Gobierno español recomendó a Filipinas en 2017 “establecer los mecanismos necesarios para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias”, e intensificar “los esfuerzos” para “erradicar el uso de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes”.

“Desde el mismo día 7 de octubre de 2023 no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel”. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue tajante el pasado 23 de enero en la SER cuando le preguntaron por qué no se impulsaba un “embargo total” de armas al país hebreo. “Desde luego, es algo que España ha realizado”, afirmó, refiriéndose al embargo. El 7 de octubre se produjo el ataque de Hamás a Israel que causó 1.200 muertos, al que ha seguido una ofensiva israelí sobre Gaza que ha causado casi 28.000 muertos de momento y el desplazamiento forzoso de dos millones de personas.

Albares había asegurado lo mismo en sede parlamentaria el 5 de diciembre. “Desde el 7 de octubre no se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel”, afirmó en el pleno tras la reclamación de EH Bildu de que se impusiera un embargo. “Por lo tanto, por ahí descuiden, que eso no se va a producir”. El 29 de enero volvió a repetir lo mismo en la Comisión de Exteriores del Congreso.

El pasado noviembre, sin embargo, se exportó munición a Israel desde España por valor de 987.000 euros, según los datos que figuran en el portal oficial de comercio exterior Comex analizados por el investigador del Centre Delàs Alejandro Pozo y verificados por elDiario.es.

En concreto se exportaron bienes correspondientes a una subcategoría que incluye “bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos” para ser utilizadas por “armas de guerra”, según precisa otra de las subcategorías de esta base de datos en las que figura la importación de material. 

Desde la Secretaría de Estado de Comercio aseguran a este medio que la exportación “corresponde a licencias autorizadas antes del 7 de octubre” y sostienen que contiene “material para pruebas o demostraciones, en ningún caso para su uso final ni ser susceptible de ser utilizado en el conflicto”. Al día siguiente volvieron a contactar con elDiario.es para precisar que lo que se ha enviado es “munición sin explosivo de calibre medio”.

El hecho de que la exportación estuviese autorizada no impide que se pueda revocar el permiso, según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa. El texto señala que las autorizaciones pueden cancelarse si existen “indicios racionales” de que el material puede usarse en acciones “que perturben la paz”, que puedan “exacerbar tensiones” o “que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”, entre otros preceptos.

No es la única vez que se ha mandado munición a Israel durante 2023. España exportó en total 1,48 millones de euros en material bélico de esa categoría durante 2023. Dos tercios de estas importaciones se hicieron en noviembre, después de que España hubiese presuntamente congelado los envíos por el conflicto en Gaza.

Toda la munición enviada el pasado noviembre a Israel proviene de Palencia, donde hay tres empresas de armamento pero solo una que fabrica municiones: Nammo Palencia, una empresa cuyo 50% pertenece al Gobierno noruego y el otro 50% a una empresa pública finlandesa. 

Por mucho que el capital de la empresa sea extranjero, ese envío de munición se ha exportado desde España. Por ello tiene que ser autorizado por la Junta Interministerial de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), un organismo del Gobierno en el que participan diversos ministerios y cuyas deliberaciones sobre si aprueba o rechaza una exportación de armamento son secretas.

Si bien no es posible determinar con exactitud qué tipo de munición se mandó en ese envío a Israel del pasado noviembre, sí que se puede saber qué tipo de armas de esta empresa tiene el ejército israelí. 

La filial de Nammo en EEUU vendió en 2010 a Israel más de 5.000 lanzacohetes M72, un arma que ha sido vista en la Franja de Gaza durante la última década. La misma filial mandó en octubre de 2023 casi 2.000 lanzacohetes de otro modelo, según informó el diario israelí Haaretz.

“Lo que fabrica Nammo es como mínimo controvertido”, apunta Pozo. “No son cartuchos de perdigones precisamente”.

El conflicto en Gaza y Ucrania ha disparado la venta de material de esta empresa y sus filiales. El portal Infodefensa señalaba el pasado noviembre que Nammo Palencia pasaba por un “buen momento” después de que “la demanda de munición” hubiese “disparado” la facturación. Este periódico se ha puesto en contacto con Nammo Palencia para recoger declaraciones de la compañía pero no ha obtenido respuesta. 

“El Gobierno debe convertir la suspensión temporal de exportaciones de armas a Israel en permanente hasta que se elimine el riesgo de que se usen para cometer o facilitar crímenes de guerra”, señala Alberto Estevez, portavoz de Amnistía Internacional España sobre comercio de armas. “Eso debería incluir las licencias de exportación autorizadas antes del 7 de octubre”.

Continúan las adjudicaciones a empresas de defensa israelíes

Lo que tampoco ha frenado han sido las adjudicaciones de contratos de material de defensa a empresas de Israel, un flujo comercial difícil de rastrear puesto que, a diferencia de las exportaciones, no se resumen todas en un documento oficial, tal y como contó este periódico el pasado noviembre.

Según el análisis del Centre Delàs, la Plataforma de Contratación del Sector Público muestra que, desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre, España ha seguido comprando material y cerrando nuevos contratos con compañías armamentísticas de Israel. La Secretaría de Estado de Comercio ha admitido a elDiario.es que las importaciones tampoco se han suspendido.

El 15 de diciembre, por ejemplo, se adjudicó un contrato de más de 576 millones de euros para el suministro de un sistema de lanzacohetes para un proyecto conjunto con dos empresas españolas. El 22 de noviembre se adjudicó por 237 millones a otra compañía israelí el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro y se adquirieron de Israel inhibidores de frecuencia para las fuerzas armadas por valor de 1,4 millones. Al día siguiente, el 23 de noviembre, se cerró otra adjudicación de tecnología militar por 82.600 euros. Al cabo de una semana, se formalizó otro contrato de tecnología militar con otra empresa de Israel por 3,7 millones. 

Diversas ONG han pedido al Ejecutivo español un “embargo integral” que incluya tanto exportaciones como importaciones. Según estas organizaciones, adquirir armamento de Israel contribuye a legitimar a unas empresas que publicitan sus productos como “probados en combate” (en Gaza) y también permite a estas compañías abaratar costes y poder así armar al ejército israelí a un precio menor. La industria militar del país hebreo exporta tres cuartas partes de todo lo que produce.

“Los indicios apuntan a que España no ha formalizado ninguna prohibición para exportar armas a Israel”, apunta Pozo, “la tragedia en Gaza tampoco ha sido óbice para seguir adquiriendo los mismos productos y servicios con los que se materializa esa barbarie”.

El reconocimiento por la Corte Internacional del riesgo de genocidio obliga a la UE a suspender el acuerdo comercial

Francesca Albanese, relatora de la ONU

Responsabilidad jurídica de los países que envían armas a Israel

Juristas, expertos en genocidio, organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales llevan tiempo solicitando a los gobiernos una suspensión de la compra y venta de armas al Gobierno de Tel Aviv. El fallo provisional emitido hace dos semanas por la Corte Internacional de Justicia –máximo tribunal de la ONU–, en el que establece que es verosímil que Israel esté cometiendo acciones que constituyan un genocidio, ha abierto la puerta a consideraciones sobre la responsabilidad de los países que facilitan armas y cobertura diplomática a Israel.

En ese sentido, la relatora de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, Francesca Albanese, ha indicado en varias ocasiones que una de las vías para ayudar a que se cumplan las órdenes jurídicamente vinculantes dictaminadas por la Corte Internacional de Justicia es “la suspensión urgente de la compra y venta de armas a Israel”. Albanese menciona el acuerdo económico existente entre la Unión Europea e Israel, que en su artículo 2 estipula como condición el “respeto de los derechos humanos”. “El reconocimiento por parte de la Corte Internacional de Justicia del riesgo de genocidio obliga a la Unión Europea a suspender el acuerdo”, ha señalado la relatora de la ONU.

La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel y representa el 30% de su comercio de bienes. La escasa capacidad de consenso en el seno de la misma dificulta una decisión en torno a este acuerdo, pero cada Estado por sí mismo puede adoptar medidas.

Los países que envían armas a Israel pueden ser demandados por ayuda e incitación al genocidio contra los palestinos

Francis Boyle, abogado y profesor de derecho internacional

Tras el fallo provisional del máximo tribunal de la ONU, el abogado estadounidense y profesor de derecho internacional Francis Boyle, que ganó dos casos de protección por genocidio en Bosnia, ha advertido de que los Estados que respaldan a Israel con envíos de armamento pueden “ser demandados ahora ante la Corte Internacional de Justicia por ayuda e incitación al genocidio” contra los palestinos “en violación del artículo 3e de la Convención sobre Genocidio, que penaliza la complicidad”.

En la misma línea se ha expresado estos días el exfiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien destaca que el máximo tribunal de la ONU cita en en su fallo provisional el artículo III de la Convención de Genocidio, relativo al concepto de complicidad. En declaraciones a elDiario.es, Moreno Ocampo ha explicado que “la complicidad de genocidio requiere que el Estado que hace un aporte material sustancial sepa que hace un envío [de armas] a un grupo que tiene una intención genocida”. En ese sentido, señala que “si la Corte Internacional de Justicia considera que hay un genocidio en Gaza, los envíos [de armas a Israel] pueden ser considerados genocidio” también.

A su vez, Moreno Ocampo advierte de que “las reglas dicen cosas, pero los líderes creen que las pueden ignorar”, y pone el ejemplo de Azerbaiyán: “Israel es el principal proveedor de armas para Azerbaiyán, que cometió un genocidio contra la gente de Nagorno Karabaj en 2023. A su vez, al dictador de Azerbaiyán la UE lo considera un socio energético en el que se puede confiar. Ese es el mundo en el que vivimos”.

Por su parte, Raz Segal, profesor israelí de la Universidad Stockton (EEUU), experto en genocidio, insiste estas semanas en que con la decisión del máximo tribunal de la ONU “todas las universidades, empresas y países del mundo tendrán que considerar con mucho cuidado su compromiso con Israel y sus instituciones. Estos vínculos ahora pueden constituir complicidad con el genocidio”.

Si la Corte Internacional considera que hay genocidio en Gaza, los envíos de armas a Israel pueden ser genocidio

Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Qué dice el Tratado sobre el Comercio de Armas

En el marco de los derechos humanos y el derecho internacional, son numerosas las organizaciones de derechos humanos que reclaman una suspensión de las ventas de armas a Israel y recuerdan que el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas establece que no se autoricen transferencias si estas suponen “una violación de las obligaciones internacionales” o “si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.

Diversos juristas expertos en derecho internacional indican que la propia “transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado” constituye un crimen de guerra: “el crimen más grave que Israel comete en Cisjordania”, señalaba hace unos días el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en una entrevista con elDiario.es.

Este fin de semana el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, denunciaba que Israel está destruyendo “todos los edificios en Gaza dentro del radio de un kilómetro de la valla” que separa este territorio de Israel. “La destrucción generalizada de bienes, no justificada por necesidades militares, y ejecutada de forma ilegal y sin motivo, constituye una grave violación de la Convención de Ginebra y un crimen de guerra”, ha añadido.

Según cifras de la ONU, hay más de 27.000 muertos palestinos en la Franja, casi 70.000 heridos y más de un millón setecientos mil desplazados, así como un escenario “acechado por el hambre, las enfermedades y la muerte”.