El Gobierno de Suecia ha decidido crear un canon cultural (kulturkanon), una lista de 109 elementos que toda persona que viva en el país nórdico debería conocer y estudiar porque, según la medida, define los valores y la cultura del país nórdico. El Ejecutivo conservador, que se sustenta con el apoyo de la ultraderecha, considera que Pippi Långstrump (Pippi Calzaslargas), la tienda de muebles y decoración Ikea, el Premio Nobel y el cineasta Ingmar Bergman forman parte del patrimonio que define lo que significa ser sueco.

La creación de este canon cultural lleva años discutiéndose en Suecia y no ha estado exenta de polémica. El proyecto también fue una de las prioridades del partido ultra Demócratas de Suecia a cambio de dar su apoyo a la formación del Gobierno en 2022. Desde los sectores culturales y los partidos de la oposición se ha criticado mucho la elección de los elementos que pretenden definir a la cultura sueca, y se ha tachado el proyecto de excluyente, anticuado y nacionalista.

El Ejecutivo aún no ha especificado cómo se usará este canon cultural, aunque se ha señalado que la intención es que su enseñanza sea obligatoria en las escuelas y en los trámites para acceder a la ciudadanía. En la ecléctica lista también se han añadido inventos como el calefactor de cerámica o el avión de combate Viggen fabricado por la empresa Saab, junto con obras de literatura clásicas como Los emigrantes de Vilhelm Mober, e incluso el permiso de baja por paternidad, que se adoptó en Suecia de forma pionera en 1974.

Varios medios nacionales han protestado porque se haya dejado fuera de la selección al grupo musical ABBA, que ganó el festival de Eurovisión en 1974 con la canción Waterloo y que sigue siendo uno de los referentes culturales de Suecia más reconocidos internacionalmente.

El Gobierno ha explicado que el objetivo de sintetizar en una lista toda la cultura del país es “crear un marco de referencia común” para promover la integración de los extranjeros en los valores culturales propios del país nórdico. El primer ministro, Ulf Kristersson, ha defendido la iniciativa. “Comprender la cultura que ha dado forma a nuestro país es importante para todos. Pero quizás es más importante para quienes han llegado a Suecia y para quienes crecen en hogares donde faltan muchas referencias suecas”, dijo en sus redes sociales.

Por su parte, el portavoz de cultura de Demócratas de Suecia, Alexander Christiansson, celebró la aprobación del canon cultural asegurando que se trata de “una victoria histórica” de su partido. En un artículo de opinión publicado en el periódico Expressen, Christiansson escribió: “Consideramos el canon cultural como parte de un nacionalismo inclusivo. No excluye a nadie, pero demuestra claramente que Suecia tiene su propia historia y patrimonio”, escribió.

Supuesto remedio a la segregación social y educativa

Lars Trägårdh, el historiador y presidente del comité de expertos que ha elaborado la lista durante tres años, señaló en la presentación del canon que el proyecto “se opone al internacionalismo, al modernismo y al multiculturalismo” con el que “durante mucho tiempo se ha definido la identidad sueca”.

Trägårdh también ha defendido en varios artículos que el canon cultural nacional puede ser un remedio para contrarrestar “la fragmentación, la segregación, la falta de cohesión social, la integración fallida de los inmigrantes, la inseguridad percibida y la delincuencia sistémica” en un momento en que el país ha acogido a cantidades récord de personas extranjeras. En ese sentido, la ministra de cultura, Parisa Liljestrand, subrayó que la medida servirá “para crear igualdad de oportunidades para todas las personas de la sociedad”.

El canon se ha presentado como sucedáneo de una verdadera política cultural, en un momento en que el presupuesto estatal para la cultura es el más bajo en los últimos 20 años

Björn Wiman — Editor cultural del periódico 'Dagens Nyheter'

El criterio principal para elaborar el canon era que las obras seleccionadas tuviesen al menos 50 años; es decir, que se creasen antes de 1975. Una de las principales críticas que ha recibido el listado es que lo elaboró una mayoría de hombres con una media de edad de 67 años. Para Trägårdh esto no implica un problema, ya que “una tarea como esta requiere una cierta dosis de visión general y es necesario haber tenido tiempo de leer mucho”. En una de las sociedades más paritarias del mundo, en la lista hay finalmente 21 mujeres y 69 hombres.

Un canon “desfasado, poco interesante y opresivo”

Los actores culturales han vivido como un sinsentido la selección del canon cultural. El periodista Björn Wiman, editor cultural del periódico Dagens Nyheter, lo resumió diciendo que, si bien la idea de elaborar un canon “no es mala ni controvertida”, el resultado “es ridículo, y podría haber sido perfectamente creado por una inteligencia artificial”. Wiman denunció que “el canon se ha presentado como sucedáneo de una verdadera política cultural, en un momento en que el presupuesto estatal para la cultura es el más bajo en los últimos 20 años y se prevé que el Gobierno aún haga más recortes”. 

El sindicato de escritores considera, por su parte, que el canon es “poco interesante”, mientras que el sindicato de docentes escolares lamenta que el Gobierno no apueste por “invertir masivamente en escuelas y lectura”, en lugar de elaborar una lista. La escritora e histórica militante feminista Ebba Witt-Brattström también señaló que, desde una perspectiva de la inclusión, “Suecia ha experimentado un cambio enorme en la sociedad en los últimos 50 años”, por lo que no incluir nada de estos años le parece “una idea bastante desfasada”.

La asociación que reúne a las minorías reconocidas en el país (samis, romaníes y finosuecos), también ha criticado duramente al proyecto por haber ignorado por completo sus representaciones culturales, a pesar de estar reconocidas en la Constitución. Annette Kohkoinen, vicepresidenta de la Asociación Nacional Sueca de Tornedalianos —una minoría del norte— escribió en las páginas del Dagens Nyheter que el canon cultural les “afecta mucho”. “Significa escribir parte de la historia de Suecia, pero no se nos permite formar parte de la obra. Es absurdo, inaceptable y una opresión continua”, denunció.

Este 1 de octubre, Pablo Isla, que llevó durante años la batuta del grupo textil Inditex, se convertirá en presidente de Nestlé, el mayor grupo de alimentación de Europa. El nombramiento de Isla en la compañía suiza ha sido más acelerado de lo previsto, pero no es, ni mucho menos, un movimiento inesperado. Tampoco es un caso único. Hace unas semanas, Juvencio Maeztu se puso al frente de Ikea y, en los últimos años, los nombres españoles se han ido colocando al timón de Pepsico, Johnson & Johnson o Hyundai, entre otras sociedades. Una presencia que sigue siendo mayoritariamente masculina, pero que ha convertido a España en una cantera a la hora de elegir quién pilota compañías que facturan miles de millones de euros.

El porqué de esta presencia global está en las características y el carácter que aportan. “Es una confluencia de varias variables positivas”, explica Pedro César Martínez Morán, director del máster en Gestión de Talento de Advantere, de la Universidad Pontificia de Comillas. “Alcanzan ese escalafón porque tienen una alta formación y tienen una carrera con una experiencia internacional muy valorada”. A eso se suma “una adecuada gestión de la multiculturalidad y capacidad para buscar resultados, además de su adaptabilidad, porque son ágiles al responder en entornos turbulentos, como la incertidumbre actual”.

Aportan ingredientes que no tienen directivos de otros países, como indica Guido Stein, profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones y de la Unidad Docente de Negociación de IESE. “El español tiene una mezcla conseguida. Muestran creatividad, compromiso. Son directivos valientes aunque a veces un poco insensatos y tienen habilidades sociales”, enumera. “No son los mejores estrategas en cuanto a visión completa, pero son como una muy buena tortilla de patatas donde, en general, suele haber tortilla francesa”, compara. “Tienen una resistencia a la adversidad, lo intentan de nuevo y son inasequibles al desaliento”.

Estos son algunos de los directivos españoles que están al frente de multinacionales con presencia global.

1. Pablo Isla, presidente de Nestlé

Es uno de los directivos españoles con más renombre. Los más de 15 años que pasó al frente de Inditex, primero como consejero delegado y, después, como presidente, llevaron a la dueña de Zara a ser la primera compañía textil del mundo y la mayor de España por capitalización bursátil. Con ese bagaje, dejó la empresa de Arteixo en 2022. “No me voy a retirar”, prometía entonces. Y no lo ha hecho. Desde su adiós a la textil gallega, ha emprendido negocios que no tienen nada que ver con el 'retail', como poner en marcha la productora de cine Fonte Films o presidir el consejo rector de la universidad privada IE.

El paso más destacado lo dio hace unos meses. Tras un tiempo como consejero de Nestlé, la multinacional suiza confirmó que sería su nuevo presidente, no ejecutivo. Sin embargo, la marcha forzada de su ya ex consejero delegado, Laurent Freixe, por ocultar una relación con una empleada –destapada tras una investigación encabezada por Isla– ha colocado a este madrileño de 61 años ante la expectativa de devolver la tranquilidad al día a día del mayor fabricante de alimentos de Europa. Además, Nestlé tiene que hacer revivir un negocio marcado por la subida de las materias primas, como el cacao o el café, que quedó reflejada en sus últimos resultados. En la primera mitad del año, su beneficio se recortó casi un 10%, en un entorno de “riesgos e incertidumbres macroeconómicos”.

2. Juvencio Maeztu, presidente y consejero delegado de Ikea

Gaditano, de 57 años, comenzó a trabajar en Ikea, en 2001, como jefe de sección de uno de los establecimientos de Madrid. Y, de ahí, a dirigir tiendas, divisiones y a pilotar, a partir de noviembre, Ingka Group, el principal franquiciado de Ikea a nivel global. Gestionará el negocio en más de una treintena de países, España incluida. Maeztu será el primer directivo no sueco en llevar las riendas de la mayor cadena de muebles y decoración de Europa y una de las pocas firmas del sector que tiene presencia en varios continentes.

Su antecesor Jesper Brodin, reconoció que el gaditano no habla sueco y eso no ha sido un impedimento para su ascenso. Este tampoco le ha pillado por sorpresa, porque ya ejercía como consejero delegado adjunto y director financiero de Ingka Group. Tras su nombramiento, recalcó que una de sus prioridades es mantener la estrategia de precios bajos –que ha golpeado las ventas– en un contexto donde los aranceles presionan en algunos de sus principales mercados. Tras confirmarse su nombramiento, se ha embarcado en un tour por las tiendas de la multinacional, comenzando por Asia, para conocer, según explicó a Reuters, cuales son las prioridades de cada mercado.

3. Ramón Laguarta, presidente y consejero delegado de Pepsico

Si hay un negocio que está en proceso de transformación dentro del gran consumo, ese es el de los refrescos azucarados. Por eso, desde hace tiempo, compañías como Pepsico están inmersas en un rediseño de su negocio que pasa por la compra de competidores más pequeños, como Poppi, especializada en bebidas con prebióticos. Pepsico también es dueño de los aperitivos Matutano o del gazpacho Alvalle y tiene como primer ejecutivo a Ramón Laguarta. Barcelonés, de 62 años, es consejero delegado de la compañía estadounidense desde 2018 y presidente desde 2019, tras un recorrido de más de 20 años por diferentes divisiones. Por ejemplo, fue responsable del negocio en África. También ha sido el directivo español mejor retribuido, con casi 29 millones de dólares en 2024, el equivalente a unos 25 millones de euros.

Cuando le nombraron, Laguarta reconocía que el “futuro no iba a ser fácil”, según recogía 'The Wall Street Journal'. Desde entonces, una pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania en los precios de las materias primas y, ahora, los aranceles. De hecho, Pepsico fue una de las empresas que Francia puso en el foco por la conocida como 'reduflación': reducir el contenido de un producto sin bajar el precio. 

4. Javier López Segovia, consejero delegado de Decathlon

Las multinacionales están tirando de directivos de la casa a la hora de decidir quién lleva las riendas del negocio en los próximos años. Así lo ha hecho Decathlon, que esta primavera anunció el nombramiento como consejero delegado del español Javier López Segovia. Con una experiencia de 26 años en la cadena de ropa y artículos deportivos, este madrileño de 50 años pasó por las divisiones de logística, digital y 'retail' de la compañía francesa y estuvo al frente de las filiales alemana y española. 

López Segovia ha relevado en el cargo a Julian Leclercq, uno de los hijos del fundador de la empresa gala, que va a convertirse en presidente del gigante de las prendas deportivas. Aunque Decathlon es conocida como marca, por sí misma, se trata de una de las compañías que forman parte de Association Familiale Mulliez, un grupo del que forman parte enseñas como Leroy Merlin o Auchan/Alcampo. Un gigante corporativo de perfil bajo, controlado por la familia Mulliez que, según 'Le Monde', hizo suyo el lema “el ruido no sirve de nada'.

5. José Antonio Ramos, consejero delegado de Asos

Otra enseña del 'retail' que tiene un español como primer ejecutivo es Asos, centrada en la distribución online. José Antonio Ramós fue nombrado consejero delegado en 2022, cuando solo llevaba un año en la compañía y después de pasar por empresas como la portuguesa Salsa Jeans, Carrefour o Inditex, aunque comenzó su carrera en el mundo de la consultoría, en McKinsey & Company.

En sus tres años al frente del gigante online, ha tenido que hacer frente a un replanteamiento del negocio, que se vio reflejado en la caída de ventas del pasado ejercicio (más de un 13%). “Desde el comienzo de este viaje, tenemos la determinación de tomar la medicina necesaria para afrontar nuestros problemas de cara, aunque sea doloroso”, reconoce Ramos en la última memoria anual del grupo. “Estoy más convencido que nunca de que estamos en el camino correcto para convertirnos en el destino favorito de los veinteañeros que aman la moda”. Una de esas medidas dolorosas fue la venta de la cadena de tiendas Topshop.

6. Joaquin Duato, presidente y consejero delegado de Johnson&Johnson

Después de la pandemia, el gigante de los productos farmacéuticos Johnson&Johnson nombró consejero delegado al español Joaquín Duato que, como curiosidad, es hermano de la actriz Ana Duato. Con nacionalidad española y estadounidense, el directivo lleva más de tres décadas en una multinacional que suma más de 130.000 personas en plantilla en todo el mundo. Duato también es uno de los directivos del sector mejor pagados, más de 24 millones de dólares en 2024.

Como todas las farmacéuticas, J&J está enfocada en la investigación de nuevos fármacos, pero en las últimas semanas una de sus medicinas históricas ha acaparado titulares. La multinacional ha sido dueña durante 70 años de Tylenol, el paracetamol, que hace dos años segregó dentro de una nueva compañía, Kenvue. En la última semana, el presidente estadounidense Donald Trump ha achacado el autismo al uso de paracetamol durante el embarazo, a pesar de que no hay ninguna prueba científica de ello. 

7. Belén Garijo, presidenta y consejera delegada de Merck

Belén Garijo es la única mujer en este 'Top 13' de directivos españoles que han llegado a lo más alto de multinacionales con presencia global. Nacida en Albacete y licenciada en Medicina, lleva más de 30 años trabajando para los grandes nombres de la industria farmacéutica: Abbott, Aventis, Sanofi y, desde 2011, para el grupo alemán Merck, que dirige desde 2021. Su presencia en la gran empresa no se queda ahí, porque también es consejera independiente de BBVA y, hasta hace unos meses, del grupo francés L'Oréal.

“El poder no me interesa. Mi objetivo es tener impacto”, aseguró en una entrevista en 'El País'. Garijo es el ejemplo de cómo tener bagaje internacional ayuda a llegar a la alta dirección. Ha vivido en Chicago, Nueva Jersey, Barcelona, París, Ginebra y Darmstadt (Alemania). También es una de las voces españolas que resuenan en foros internacionales, como el de Davos. En el último, defendió la necesidad de tener un marco compartido entre Bruselas y los Estados de la UE para mantener la competitividad y la inversión de su sector.

8. Enrique Lores, presidente y consejero delegado de HP

Lores es uno de los directivos españoles asentados en el ecosistema de Silicon Valley. Una presencia de gestores internacionales que ahora está en el punto de mira de Donald Trump. De nuevo, Lores es prácticamente un 'one club man' porque ha desarrollado su carrera profesional en el gigante HP. Entró como becario y ha ido ascendiendo, hasta llegar a ser consejero delegado en 2019. Antes, en 2015, fue uno de los artífices de la reestructuración de los negocios de la antigua Hewlett-Packard Company.

Lores, nacido en Madrid en 1960, se reconocía en una entrevista como “madrugador” y aseguraba que iba a la oficina “entre tres y cuatro días a la semana”. Una gestión que, desde hace meses, está marcada por la política arancelaria que ha diseñado la Casa Blanca. En el caso de HP, los recargos al comercio internacional le han llevado a plantearse un aumento de la producción dentro del territorio estadounidense. También ha tenido que asumir un impacto en las ventas y la necesidad de recortar puestos de trabajo.

9. José Muñoz, consejero delegado de Hyundai

Hasta la llegada de Muñoz al frente de Hyundai, ningún directivo que no fuera de origen coreano había ocupado el puesto de consejero delegado del mayor fabricante de coches del país asiático. Doctor en Ingeniería Nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid, su carrera ha estado centrada en el mundo automovilístico, con puestos directivos en multinacionales japonesas como Toyota o Nissan, donde fue responsable de operaciones en América del Norte. Llegó a Hyundai en 2019 como director de operaciones a escala global. 

Como ocurre con otros directivos españoles, desde hace meses, la realidad de su día a día empresarial se ve marcada por los aranceles y el impacto que van a tener en una industria automovilística que, además está en proceso de transformación hacia la electrificación. “Desde hace años, llegamos a la conclusión de que EEUU es nuestro mercado más importante. Tenemos fábricas en Alabama y Georgia, donde acabamos de poner en marcha una nueva fábrica. Producimos el 40% de los coches que vendemos en EEUU dentro de EEUU”, defendió en Bloomberg. También reconoció que una planta de coches no se construye “de la noche a la mañana” y que la industria necesita marcos estables para poder operar a largo plazo“.

10. Luis Gallego, consejero delegado de IAG

Directivo clave del sector aéreo, Gallego pasó de pilotar Iberia a desembarcar al frente de International Airlines Group (IAG) en pleno 2020. El consorcio cabecera de British Airways, Iberia, Vueling, Level y Aer Lingus le designó consejero delegado solo un par de meses antes de que se decretase la pandemia por coronavirus. Fue un momento más que complicado para el sector aéreo, con los aviones sin volar y un futuro completamente incierto. Sin embargo, tras levantarse las restricciones al transporte, el apetito por viajar disparó las operaciones de las aerolíneas y su rentabilidad. 

Al frente de Iberia, Gallego, ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, puso en marcha Iberia Express. Y, ya al frente de IAG, intentó la compra de Air Europa, aunque acabó renunciando. La operación fue frenada por la Comisión Europea, al entender que restringía las opciones de los consumidores, sobre todo, en España. Sin embargo, IAG mantiene su apetito comprador y baraja la adquisición de más del 50% de la portuguesa TAP, que Lisboa busca privatizar. 

11. Alejandro Reynal, presidente y consejero delegado de Four Seasons

Dos años después del inicio de la pandemia, el grupo hotelero de lujo Four Seasons nombró presidente y consejero delegado a Alejandro Reynal. Nacido en Valencia y licenciado en Ingeniería Mecánica del Instituto de Tecnología de Georgia y MBA por Harvard ha pasado por sectores muy diversos antes de llegar a la cúpula directiva de una multinacional hotelera. Reynal trabajó en Coca-Cola y Telefónica. También fue responsable de la salida a bolsa de la teleoperadora Atento antes de desembarcar en el sector turístico, en Apple Leisure Group. De hecho, sigue vinculado en cierta medida a Telefónica, porque se sienta en su consejo de administración en calidad de independiente.

Asegura que su “regla de oro” es que “si tratas bien a las personas, ellas harán lo mismo”. Four Seasons está considerada una de las hoteleras de lujo de alta gama –por ejemplo, una noche en su hotel de Madrid supera los 1.000 euros– y tiene como accionista clave a Bill Gates, que controla más del 70% del capital a través de la sociedad Cascade Investment. 

12. Miguel Ángel López Borrego, consejero delegado de ThyssenKrupp

López Borrego ha pasado gran parte de su carrera profesional en Alemania y, sobre todo, en un gigante industrial como Siemens. Desde hace dos años está al frente de Thyssenkrupp, una de las grandes multinacionales germanas con presencia en sectores que van desde la automoción, al hidrógeno, pasando por la fabricación de latas para la industria alimentaria. 

Unos sectores golpeados por los aranceles, por la incertidumbre global y por el frenazo de la economía germana, prácticamente coincidiendo con su nombramiento como CEO de ThyssenKrupp. “La complejidad y la rápida evolución de la situación geopolítica hacen que sea más importante que nunca analizarla constantemente sin sacar conclusiones apresuradas. Que Europa quiera fortalecerse en transformación verde, digitalización, infraestructuras y defensa brinda grandes oportunidades a nuestra empresa, aunque también hay contrapartidas”, aseguró en una entrevista, en referencia a la reconversión del sector acerero que su grupo está afrontando.

13. Iñaki Ereño, consejero delegado de Bupa (Sanitas)

Como en otros nombres anteriores, Iñaki Ereño llegó a la presidencia de Bupa (Sanitas) en plena pandemia, en 2021. Se convirtió en el primer español al frente del grupo sanitario privado de origen británico. Ereño se incorporó a Sanitas en 2005, como responsable de Marketing, Clientes y Desarrollo de Negocio y tres años después fue nombrado CEO de la filial española. A su espalda, su trabajo en multinacionales muy diferentes, como Telefónica o Continente (una de las cadenas que dieron origen a Carrefour).

Nacido en Melilla en 1964, tiene entre sus prioridades la digitalización de la actividad de la sanidad privada. “Al analizar el desempeño de Bupa en 2021, el año en que asumí el cargo de CEO del grupo, nos imaginábamos como un elefante dormido que necesitaba despertar y empezar a correr”, afirmó Ereño en esta entrevista. “Elegimos al elefante intencionalmente porque es el único animal de cuatro patas que, al correr, siempre mantiene una pata en el suelo. Queremos correr, pero de forma responsable”, comparó.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha anunciado que “el 100% del alumnado afectado por las riadas iniciará el curso 2025-2026 ya instalado en sus municipios”. Así, ha señalado que “esto será posible ya que todos los centros que necesitan reparaciones las tendrán finalizadas en septiembre y los ocho colegios que deben reconstruirse tendrán instaladas sus aulas prefabricadas para el 8 de septiembre”.

El jefe del Consell ha asistido a la presentación del balance de actuaciones en infraestructuras educativas dañadas por la riada acompañado por el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

A preguntas de los periodistas sobre si en la reconstrucción de los centros escolares se tendrá en cuenta el 'modelo Ikea', es decir, construcciones en altura ante futuros episodios de inundaciones, Rovira ha confirmado que es un criterio con el que están trabajando: “En algunos sí que subirán, incluso las prefabricadas en algunos casos las hemos puesto en altura, por si pudiera venir alguna otra DANA. Se está valorando técnicamente”.

En concreto, fuentes de Educación han especificado que en el CEIP Carme Miquel de Algemesí las aulas prefabricadas irán en altura y en el caso de Utiel lo que se va a hacer es dejar la planta baja diáfana, lo mismo que en el nuevo edificio anexo: “Las medidas y criterios constructivos a adoptar en los centros a reconstruir o reponer se basan estrictamente en criterios técnicos en base a la clasificación del suelo por parte del Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Y contando con las recomendaciones de cada Ayuntamiento, siguiendo instrucciones de la Conselleria de Medio ambiente, Infraestructuras y Territorio”.

Tras las riadas, 115 centros resultaron afectados total o parcialmente por lo que, tal y como ha indicado el jefe del Consell, “se atendió al análisis, el diagnóstico y las aportaciones de la comunidad educativa para valorar prioridades, necesidades y preferencias a la hora de plantear una solución en cada uno de los casos”.

En este sentido ha recordado que “fruto de ese esfuerzo de escucha y coordinación, logramos que antes de Navidad el 100% de los 48.721 alumnos que quedaron sin la posibilidad de asistir a sus centros, retomaran su actividad lectiva bien en sus colegios o reubicados en poblaciones cercanas o en diferentes modalidades”.

“Desde ese momento, las tareas de recuperación han continuado con la misma intensidad, en un esfuerzo sin precedentes en el que la Generalitat ha movilizado 140 millones de euros de fondos propios” ha trasladado Mazón.

De estos 140 millones de euros, 70 millones de euros van a ir destinados en varias anualidades a la construcción integral de 8 centros en 7 municipios -Alfafar, Algemesí, Alginet, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Utiel-, otros 26,89 millones de euros para la reparación de infraestructuras dañadas y para la instalación de prefabricadas el Consell va a invertir cerca de 11 millones de euros.

Asimismo, parte de ese dinero se ha destinado a servicio de transporte y comedor al alumnado y profesores que tuvieron que ser reubicados, a arbitrar permisos retribuidos de no asistencia para personal docente y a la incorporación de 20 psicólogos de las Unidades de Detección Precoz, compra de material y equipamiento escolar o limpieza de centros.

Mazón exige fondos al Gobierno

Durante su intervención, Mazón ha manifestado que “la recuperación está un poco más cerca hasta el punto de poder compartir hoy con toda la comunidad educativa lo que para la Generalitat supone un hito especialmente significativo en este proceso”. En esta línea, ha indicado que “el Consell ha estado a la altura y gracias a la aprobación de las nuevas cuentas públicas podemos garantizar la ejecución de las distintas actuaciones que ya se están acometiendo”.

En este sentido, ha considerado “imperativo” que el Gobierno de España “se implique de una forma real y efectiva en la reconstrucción, con fondos directos del Estado para todo el proceso que queda por delante”. “Unas tareas que hemos vuelto a exponer hoy y cuyo alcance exige algo más que una aportación de cero euros, que es lo que nos ha transferido el Ejecutivo central para reconstruir nuestros colegios” ha lamentado Mazón.

Así, ha reclamado que “necesitamos que el Gobierno entienda de una vez que recuperar Valencia es una urgencia y no puede devaluarse con discusiones de competencias, trámites, peleas jurídicas que no interesan nada a unos afectados que exigen decisiones, acciones y resultados”.

Compromís critica problemas en el transporte y lentitud de las obras

El portavoz de Educación de la Compromís, Gerard Fullana se ha pronunciado sobre la presentación del balance de actuaciones en infraestructuras educativas afectadas por la dana del 29 de octubre, que han realizado Carlos Mazón y su conseller de Educación, José Antonio Rovira.

En palabras de Fullana, “lo más grave es que el presidente de la Generalitat y el conseller de Educación, después de la negligencia que demostraron durante el fatídico 29 de octubre, continúen en el cargo y presuman de gestión cuando ninguna de las promesas hechas se ha cumplido. La situación todavía está muy lejos de la normalidad y hay miles de familias esperando esas instalaciones, esa vuelta a la normalidad que prometieron ya hace meses”.

Hay que recordar que el día de la tragedia el conseller de Educación ya estaba en su casa mediodía, que no estableció ninguna medida preventiva como sí hizo la Universitat de València o que una de las víctimas mortales era el director de un instituto de Cheste.

Desde Compromís se ha recordado que las poblaciones afectadas continúan con muchos problemas con el transporte escolar de alumnos que se desplazan a otros centros de acogida y, sobre todo, con la rehabilitación de las infraestructuras escolares, tanto en la reconstrucción de centros afectados como también con relación a las obras de reparación de decenas de escuelas e institutos.

Centros como el CEIP Villa Romana de Catarroja o el Blasco Ibáñez de Beniparrell siguen con el alumnado desplazado y las obras prácticamente paradas. En cuanto a la puesta en marcha de aulas prefabricadas, prácticamente la totalidad de las promesas están incumplidas, es el caso del CEIP Lluís Vives y la EI Ausiàs March de Massanassa, el CEIP Orba de Alfafar o el IES Alameda de Utiel.

Un negocio que hace unos años ni se planteaban, pero que tras la irrupción de aplicaciones donde los usuarios compran y venden productos de segunda mano –como Wallapop o Vinted– y al calor, también, de la exigencia de la sostenibilidad, se ha convertido en una oportunidad para generar ingresos con los que antes no contaban. Las multinacionales del comercio se han lanzado a capitalizar la venta de artículos de sus marcas o de terceros a los que se puede dar una segunda vida. Así lo han hecho en España gigantes del gran consumo, como Inditex, Ikea o Decathlon, pero no son los únicos porque otras empresas, como H&M, Zalando o Amazon, también han apostado por la misma estrategia.

Estas compañías más que hablar de una estrategia comercial prefieren definirla como una apuesta por la “economía circular”. De ese modo la llama la cadena francesa de prendas y productos para hacer deporte, Decathlon. La compañía, controlada por la familia francesa Mulliez –la misma que es dueña de otras multinacionales del comercio como Alcampo o Leroy Merlin–, ha puesto en marcha espacios en parte de su red de tiendas para dedicarlos a la compraventa de estos artículos a los que se puede dar otra oportunidad, ya sea porque los compradores están concienciados con la sostenibilidad, porque buscan ingresos extra o porque quieren comprar a precios más económicos.

“Si está limpio y en buen estado, te lo compramos”, asegura Decathlon como lema comercial. Básicamente, realiza una tasación y abona el importe de esta al vendedor y, después, lo revende. No compra todo lo que comercializa de primera mano, pero sí una gran parte de artículos, desde bicicletas a patines, pasando por esquís, equipos de fitness o de golf, hasta tiendas de campaña o tablas de surf. ¿Qué diferencias de precio puede haber? Por ejemplo, la filial española vende online, de primera mano, una bicicleta plegable de 20 pulgadas por 330 euros y, de segunda mano, por 280 euros. Eso sí, la propia compañía matiza que las fotografías de estas últimas “no son contractuales”. Es decir, no se corresponden al 100% con la bicicleta original. 

Da información sobre los clientes

En el caso de Decathlon, habla de un proyecto de economía circular porque, además de esa venta de segunda mano, también ha puesto en marcha un proceso de reparación y de alquiler de artículos, ya sean bicicletas o tablas de paddle surf. Se ofrece por días o por meses, en una especie de servicio de suscripción similar al de las plataformas de contenidos audiovisuales y que le permiten abrir una nueva vía de negocio.

Algo similar ocurre con Ikea. Hace unos días, la filial de la multinacional sueca comunicó que ampliaba a todo el territorio español el servicio de la plataforma online 'preowned', que básicamente permite la compraventa de muebles de segunda mano, pero también su donación. Antes de ampliar esta actividad lo testó con una prueba piloto en Madrid. Hizo algo similar en Noruega, en Oslo, antes de lanzarlo al conjunto de ese mercado. 

Ikea explica que este modelo funciona y, además, deja entrever que es una fuente de información. Hace unos días, comunicó que la prueba piloto ha sido satisfactoria porque ha tenido casi 120.000 visitas mientras ha estado operativa, desde agosto hasta diciembre, y casi la mitad de los usuarios eran personas de menos de 35 años. Y con ella la compañía ha podido analizar cuáles son los hábitos de compra de sus clientes de artículos de segunda mano.

Por ejemplo, seis de cada 10 ya compraban muebles usados –en las tiendas físicas Ikea ya contaban con un espacio para estos productos– y los más vendidos son artículos para el salón, los dormitorios o de almacenaje. En cuanto a las series de muebles, “las más vendidas han sido Hemnes, Malm y Besta”, enumera.

La multinacional nórdica no da detalles económicos de cuánto le genera el negocio de segunda mano. Es lo habitual. Tampoco Inditex ha desglosado, al menos hasta el momento, datos financieros de cuánto le aporta Zara Pre-Owned, que permite tres tipos de acciones. Por un lado, contratar la reparación de prendas de la marca. Por otro, la donación de estas. También, la venta online de ropa o complementos de segunda mano, que tienen que ser de la marca del grupo gallego. 

En sus resultados de este año, la compañía de Arteixo ha ido desglosando que, hasta octubre, Zara Pre-Owned estaba operativo en 17 países, entre ellos España. Hay otras empresas del negocio textil, como H&M y Zalando, que tienen en marcha servicios similares. Esta última, sí indica en el informe anual que, a través de su plataforma, comercializa cerca de 270.000 artículos. 

Un negocio que ha crecido con la inflación

Las empresas no dan detalles sobre cuánto aporta la venta de productos de segunda mano, pero sí hay análisis de terceros de cuánto puede suponer. En 2022, con el despegue de la inflación, en todo el mundo se llegó a alcanzar el equivalente a 170.000 millones de euros, según un análisis publicado por la agencia Bloomberg. Una cifra que representó un repunte del 30% respecto al año anterior, cuando los precios estaban bajo control. Según ese mismo análisis, en 2027, la facturación del sector podría despegar hasta los 336.000 millones de euros.

Algunas compañías no desvelan cifras exactas, pero sí dan pistas. Por ejemplo, uno de los responsables de Amazon en Reino Unido cuantificó su actividad de segunda mano en Europa en cerca de 1.000 millones de libras (alrededor de 1.200 millones de euros) y afirmó que, solo en el Reino Unido, vendió en 2023 alrededor de cuatro millones de artículos usados, según recogió la agencia Reuters. 

Que el negocio funciona se ve en las valoraciones de algunas empresas, que no cotizan, pero sí han dado entrada a inversores para reforzar su accionariado. Una de ellas es Vinted. La plataforma lituana vendió en noviembre parte de su capital a la firma TPG, en una operación que le supuso valorarse en cerca de 5.000 millones de euros. De momento, Vinted vende fundamentalmente ropa, pero está sondeando ampliar su presencia en otros productos como teléfonos móviles o artículos de lujo, como relojes.

“A qui li agrada viure entre mobles tirats per les cantonades o entre caques i pixums de gossos en carrers o camins?”. Aquesta pregunta és la pedra angular d’una de les noves iniciatives del govern local, gestionat pel PSPV i Compromís, per a conscienciar els veïns de Dénia que han d’evitar aquesta mena de comportaments. I que no fer-ho comporta sancions econòmiques serioses. Són problemes eterns en aquesta localitat de la comarca de la Marina Alta, i també en qualsevol altra localitat, que naixen del més feroç dels incivismes. Ja s’han fet nombroses campanyes per a erradicar-los, però aquests fenòmens continuen reproduint-se als carrers.

Les actuacions del govern local, amb molta cartelleria en la via pública, així com falques publicitàries, han sigut dissenyades per una premiada agència de comunicació, Sapristi, i són tan originals com intenses. No volen deixar indiferent ningú, ni els veïns ni, especialment, els visitants, perquè aquests problemes s’agreugen en els períodes vacacionals.

La campanya que combat el marasme de sofàs, matalafs, taules, cadires i altres estris tirats pels carrers de Dénia es diu 'Brutea'. Així que és fàcil imaginar que és considerada com la pitjor col·lecció de mobles que podria tindre una ciutat. També suposa un balafiament per a les arques municipals, perquè el consistori podria utilitzar els recursos humans i tècnics que gasta en la retirada d’aquestes andròmines en altres tasques més productives.

Les estadístiques aportades per la regidora de Medi Ambient, Sandra Getrúdix, no deixen lloc als dubtes: la regidora explicava que en temporada baixa s’arrepleguen 2.400 quilos d’aquestes andròmines, i que en l’alta es disparen fins a 7.200 quilos. Pitjor és una altra dada: quan no hi ha turistes, de les 50 ubicacions d’estris localitzades, tan sols es va alertar de la seua existència en una quinzena de casos. Per contra, en període vacacional, com per Setmana Santa o l’estiu, es van localitzar 150 llocs en què hi havia estris o andròmines abandonades en la via pública, dels quals únicament es va advertir de 40. Aquestes són les xifres de l’incivisme.

Batalla contra el pixum

Per part seua, el departament que combat els excrements i el pixum canins posa l’accent en dues coses: d’una banda, el cost tan elevat que suposa per a les arques municipals, tot un malbaratament de diners públics. Reposar un banc afectat pel pixum de les mascotes costa 444 euros; un fanal, 441 euros; una paperera, 185, un bol·lard, 72...

El regidor de Seguretat, Javier Scotto, subratlla que en els cartells d’aquesta segona campanya apareixen imatges de gossos que s’han abandonat per a conscienciar de la necessitat de tractar bé els animals. A més, incorporen un codi QR que enllaça amb les ordenances que tipifiquen multes de fins a 750 euros per no arreplegar les caques, no diluir el pixum o fins i tot –és una matisació important– per no portar la botella per a aquesta actuació d’higiene.

“¿A quién le gusta vivir entre muebles tirados por las esquinas o entre cacas y orines de perros en calles o caminos?”. Esa pregunta es la piedra angular de una de las nuevas iniciativas del gobierno local, gestionado por el PSPV y Compromís, para concienciar a los vecinos de Dénia de que han de evitar este tipo de comportamientos. Y que no hacerlo conlleva serias sanciones económicas. Son problemas eternos en esta localidad de la comarca de la Marina Alta, y también en cualquier otra localidad, que nacen del más feroz de los incivismos. Ya se han hecho múltiples campañas para erradicarlos, pero estos fenómenos siguen reproduciéndose en las calles.

Las actuaciones del gobierno local, con mucha cartelería en la vía pública, así como cuñas publicitarias, han sido diseñadas por una premiada agencia de comunicación, Sapristi, y son tan originales como intensas. No quieren dejar indiferente a nadie, ni a los vecinos ni, especialmente, a los visitantes, porque estos problemas se agravan en los periodos vacacionales.

La campaña que combate el marasmo de sofás, colchones, mesas, sillas y otros enseres tirados por las calles de Dénia se llama Brutea. Así que es fácil imaginar que es considerada como la peor colección de muebles que podría tener una ciudad. También supone un despilfarro para las arcas municipales, porque el consistorio podría utilizar los recursos humanos y técnicos que gasta en la retirada de esos trastos en otras tareas más productivas.

Las estadísticas aportadas por la concejala de Medio Ambiente, Sandra Getrúdix, no dejan lugar a las dudas: la regidora explicaba que en temporada baja se recogen 2.400 kilos de estos trastos, y que en la alta se disparan hasta los 7.200 kilos. Peor es otro dato: cuando no hay turistas, de las 50 ubicaciones de enseres localizadas, tan sólo se alertó de su existencia en una quincena de casos. Por el contrario, en periodo vacacional, como en Semana Santa o verano, se localizaron 150 lugares en los que había enseres o trastos abandonados en la vía pública, de los que únicamente se advirtió de 40. Estas son las cifras del incivismo.

Batalla contra los orines

Por su parte, el departamento que combate a los excrementos y orines caninos pone el acento en dos cosas: por un lado, el elevado coste que supone para las arcas municipales, todo un derroche de dinero público. Reponer un banco afectado por el pis de las mascotas cuesta 444 euros; una farola, 441 euros; una papelera, 185, un bolardo, 72...

El concejal de Seguridad, Javier Scotto, subraya que en los carteles de esta segunda campaña aparecen imágenes de perros que han sido abandonados para concienciar sobre la necesidad de tratar bien a los animales. Además, incorporan un código QR que enlazan con las ordenanzas que tipifican multas de hasta 750 euros por no recoger las cacas, no diluir los orines o incluso –es una matización importante– por no llevar la botella para esta actuación de higiene.

Tras un control interno, la empresa IKEA FOOD SUPPLY AG de Suecia, ha comunicado la presencia de fragmentos de metal en una tarta helada de almendras y chocolate que comercializa en sus centros.

La empresa ha trasmitido la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

No obstante, la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), mediante una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Suiza. La alerta hace referencia al producto tarta helada de almendras y chocolate de 400 gr Daim, fabricado por Almondy.

Los datos del producto implicado son:

Según AESAN, la alerta afecta a las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid, Murcia y C. Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Por el momento, y con la información disponible, no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. De todos modos, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

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La expansión de Ikea, que irrumpió en el mercado europeo hace décadas y disparó la demanda y el consumo de madera, ha dado sus primeros pasos en América Latina. El vendedor de muebles más grande del mundo selló una alianza con el grupo chileno Falabella para desembarcar con una decena de locales en la región. La primera tienda abrió en Santiago de Chile, y anuncian que habrá más Ikea en Perú y Colombia, donde están previstas nuevas inauguraciones hasta el 2023.

La llegada del más importante consumidor mundial de madera abre una interrogante ante las posibles consecuencias sobre esa materia prima en la región. ¿Cómo impactará la llegada de Ikea en los bosques amazónicos? Los datos sobre el comercio global analizados por OjoPúblico revelan un aumento de las importaciones de madera desde Brasil de parte de Falabella en Chile y Perú en los últimos dos años.

Brasil se convirtió desde 2018 en uno de los países que más madera aportó para esta cadena chilena de retail que maneja las tiendas de Ikea en Latinoamérica. Esta tendencia creciente en la importación de madera brasileña y la negativa de Ikea a revelar el origen de la materia prima que usará en las tiendas latinoamericanas despierta la preocupación de los expertos en el comercio de madera.

“Con su legado de escándalos sin resolver en Europa, la entrada de Ikea en nuevos y enormes mercados en América Latina es preocupante. El continente alberga algunos de los bosques más críticos para el clima que nos quedan, y como mayor consumidor de madera del planeta, su negativa a responder a las preguntas sobre la procedencia de la madera que usará en estas nuevas tiendas debería hacer saltar las alarmas”, dice a OjoPúblico Tara Ganesh, investigadora de Earthsight. 

Esta organización ambientalista reveló el año pasado que Ikea abastecía el mercado europeo con muebles realizados con madera proveniente de la tala ilegal en Rusia. 

Como parte de esta investigación, OjoPúblico preguntó a la empresa sueca y a su franquicia Sudamericana (Falabella) sobre el origen de la madera que utilizarán en sus tiendas latinoamericanas, pero ambas se negaron a dar información precisa sobre el tema. Tampoco negaron que sus proveedores para abastecer a las tiendas Ikea de América Latina sean brasileños.

“Los proveedores de Ikea se abastecen de materias primas y fabrican productos en muchos países y regiones del mundo. No especificamos el origen del material de productos concretos, ya que éste puede variar en función del tiempo y la disponibilidad. Sin embargo, exigimos a todos los proveedores que se abastezcan de madera que cumplan nuestros requisitos de fuentes más sostenibles: Madera certificada por el Forest Stewardship Council (FSC) o reciclada”, respondieron a OjoPúblico desde la oficina central de Ikea, en Londres.

Ante la falta de información oficial, expertos como Tara Ganesh advierten: “Las investigaciones recientes han revelado que Ikea ha utilizado cuero y madera de fuentes muy controvertidas en los últimos años. Con los problemas sistémicos que subyacen a estos escándalos sin resolver, la entrada de Ikea en nuevos mercados que albergan algunos de los recursos forestales más críticos para el clima de la Tierra debería hacer saltar las alarmas a los consumidores de la zona”.

Crece la  demanda de madera

Las importaciones de madera de Falabella aumentaron en Chile y Perú en los años posteriores a la firma del acuerdo con Ikea: tanto la madera sin procesar como los recortes de madera procesada, ambos clave para la confección de muebles, aumentaron entre 2018 y 2021, según los datos de exportaciones e importaciones analizados por OjoPúblico para esta investigación.

En 2021, el año previo a la apertura de la primera tienda de Ikea, el grupo Falabella importó madera sin procesar como nunca antes en los últimos años en Chile: fueron casi 80.000 toneladas, más del doble de lo que ingresó en 2020, cuando ni siquiera se habían alcanzado las 40.000 toneladas. Las importaciones también superaron con amplitud las cifras previas a la pandemia.

También se duplicaron las importaciones de madera procesada de Falabella Chile en 2021: los envíos saltaron hasta superar las 25.000 toneladas. La tendencia se repitió en Falabella Perú, donde se tiene previsto abrir la nueva tienda en los próximos meses. Los ingresos de madera procesada crecieron un 50% en 2021. 

Las 32.000 toneladas importadas por este grupo de retail representan más de la mitad de toda la madera procesada que ingresa a los puertos peruanos.

¿Cuál es el origen de la madera que importó Falabella? Brasil es uno de los principales proveedores, cuyas exportaciones hacia Chile y Perú tuvieron un llamativo crecimiento en el último año, según los datos oficiales revisados por OjoPúblico. La madera brasileña sin procesar pasó de 2.000 toneladas a 15.000 toneladas para la sede chilena del holding. 

La mayoría de la madera sin procesar importada desde Brasil son tableros como el Oriented Strand Board, un compuesto de retazos de conglomerado. El 32% de esas importaciones son estas tablas compuesta habitualmente por virutas de madera de pino encoladas a presión, que suelen utilizarse para la construcción de muebles o, incluso, por su aspecto pintoresco, también para decoración. 

Tanto el pino como el eucaliptos son maderas que suele utilizar Ikea para sus muebles, cuyas plantaciones pueden encontrarse en el nordeste de Brasil y en el estado de Mato Grosso do Sul, según los expertos consultados.   

“Es muy difícil tener la certeza de que la madera brasileña utilizada para la construcción de muebles es legal porque el sistema que tenemos es fallido. Ya  identificamos decenas de maneras de falsificar nuestro sistema. Prácticamente no hay controles de las autoridades. El 85% de los planes forestales que auditamos tenían indicios de fraudes”, indicó a OjoPúblico Romulo Batista, responsable de la Amazonia para Greenpeace Brasil. 

El especialista indicó, además, que el propio sistema brasileño permite “maquillar” la madera que es extraída ilegalmente para importarla legalmente a otros países.

Brasil es el más grande proveedor de la madera procesada que utiliza Falabella Perú. Este holding aumentó las importaciones de maderas procesadas desde Brasil hacia Perú el último año en un 50% hasta llegar a 28.000 toneladas. ¿Qué tipo de madera procesada? El código aduanero no indica la especie de madera, pero sí que son muebles o partes de muebles. 

Las importaciones de madera procesada son menores en Chile, pero el crecimiento se multiplicó por diez justo en el año previo a la inauguración de la primera tienda de Ikea hasta llegar a las 3.100 toneladas. El código arancelario indica que la mayoría de esos cargamentos también traían “muebles de madera”. Además del pino y eucaliptus, la empresa sueca indicó que también suelen utilizar abedul, haya, roble, acacia y álamo. 

Miguel Ángel Soto, especialista en madera de Greenpeace en España, estudió la composición de los muebles de Ikea. “La empresa suele utilizar maderas templadas, solo maderas duras. Nunca los he visto trabajar con maderas tropicales. La madera que se vende en las tiendas de Europa tiene como origen bosques boreales del norte de ese continente”, explicó ante la consulta de OjoPúblico.

“Ikea empieza a usar madera de eucaliptus, cuyas plantaciones están en Brasil. También el sur de Chile y Argentina tienen muchas plantaciones de maderas coníferas como las que suele utilizarse para sus muebles. De todas formas, no veo a Ikea metiéndose en el Amazonas, en el jardín de la madera tropical, porque podría tener un importante problema más de reputación”, sostuvo Soto.

El tipo de acuerdo con Falabella

Ikea, líder a nivel mundial para la venta de muebles, firmó en 2018 un acuerdo con el grupo Falabella –una de las compañías retail más importantes de América Latina– para desembarcar en una de las últimas regiones en las que no tenía presencia comercial. 

El anuncio oficial de la empresa sostiene que desembolsará más de 600 millones de dólares para abrir una decena de locales de Ikea para los próximos años, operados por este holding chileno, en Santiago de Chile, Lima y Bogotá. Se sumarán a otros locales de Ikea ya abiertos en México y República Dominicana, que son administrados por el gigante sueco por fuera de este reciente acuerdo con el grupo chileno.

La familia Solari, una de las familias más ricas de Chile y accionistas mayoritarios de Falabella apostaron a la exitosa fórmula de Ikea: muebles baratos y bonitos, los mismos productos que uniforman las casas de la clase media europea, ahora pretende conquistar el mercado sudamericano. 

La compañía chilena está lanzando una nueva estrategia que incluye el cierre del 10% de distintas tiendas de sus históricas marcas en Perú, Chile y Colombia para fortalecer sus canales de e-commerce, donde también juega este nuevo acuerdo con Ikea.

La expectativa por la llegada del gigante sueco fue tan alta que hasta Mario Marcel, ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, participó en la inauguración del primer local, en agosto pasado. La revolución Ikea continuó por varias semanas más cuando, incluso, llevaba 40 minutos de espera el ingreso a la tienda. La apertura de un segundo local en la capital chilena está prevista para este año en el Mallplaza Oeste. 

¿Cómo funciona el sistema de franquicias del gigante sueco? 

“Una empresa paga a otra un canon de franquicia por el derecho a utilizar su propiedad intelectual. La oferta de franquicia de Ikea incluye nuestras marcas y conceptos. Los franquiciados de Ikea le pagan al Grupo Inter Ikea un canon anual del 3% sobre sus ventas netas. A cambio, están autorizados a comercializar y vender nuestros productos, a gestionar las tiendas Ikea y otros canales de venta”, explicaron desde sus oficinas centrales de prensa. 

Ikea obtuvo casi 1.500 millones de dólares de ganancias netas durante 2021, según informó en su memoria financiera, aunque esas ganancias incluyen casi 4.500 millones de dólares de utilidades brutas de sus accionistas. Los aumentos por los canon que entregan las franquicias crecieron en comparación con el año anterior, pero aún así representan sólo el 5% del total de los ingresos de la compañía. 

El pago de impuestos es otro de los puntos que mantuvo a Ikea bajo la lupa tras las revelaciones de los Luxembourg Leaks y los Panama Papers. Las filtraciones lideradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelaron que la empresa, que se convirtió en un emblema de Suecia, había armado un complejo entramado en jurisdicciones europeas de baja tributación como Luxemburgo, Liechtenstein y Holanda, entre otros, para pagar la menor cantidad de impuestos posibles.

Ikea facturó casi 25.000 millones dólares en 2021, pero su aporte impositivo fue de apenas 2.000 millones de dólares, según indica la memoria del grupo. El 3% de las franquicias que aporten las tiendas latinoamericanas serán incluidos entre esos fondos millonarios que se canalizan a través de complejas estructuras jurídicas que se suele utilizar para la elusión impositiva, una práctica legal pero cuestionada.

“Pagamos impuestos en los países donde operamos en función del valor creado allí y de la realidad económica de nuestro negocio. Y esperamos lo mismo de nuestros franquiciados. Nuestros ingresos por el canon anual de franquicia tributan en Holanda a través de la entidad jurídica Inter IKEA Systems BV, mientras que los ingresos por Ikea Chile tributan en Chile a través de Falabella”, explicaron desde la empresa.

Falabella, por su parte, ya tiene antecedentes de presencia en paraísos fiscales. La familia Solari, accionista mayoritaria del holding, manejó sus negocios y sus fortunas particulares a través de una trama de sociedades offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, según relevaron los medios Ciper y La Bot en la filtración conocida como Pandora Papers de ICIJ.

El desembarco sudamericano

América Latina era una de las últimas regiones del mundo donde Ikea todavía no había podido ingresar. La combinación entre la baja cantidad de renta per cápita en la región y el gran volumen de ventas que necesita el gigante de los muebles para operar relegó por años al continente. 

Una única tienda de Ikea, una especie de probeta de ensayo, había abierto en 2010 en Santo Domingo, República Dominicana. Fue la única tienda de la empresa durante diez años en la región. 

Ikea abrió su segunda tienda latinoamericana en Ciudad de México en 2020, en plena pandemia, y otra en San Juan, Puerto Rico, en 2021. Estas tres tiendas son gestionadas directamente por el holding sueco. Pero dos años antes, la empresa ya había firmado el acuerdo para extender su marca en Sudamérica a través de una franquicia con Falabella que implicaba la apertura de nueve tiendas en una década incluyendo locales en Chile, Colombia y Perú.

El gerente general de Falabella, Gastón Bottazzini, adelantó en una entrevista con la prensa que la próxima tienda será en Bogotá durante el primer semestre de 2023. Por fuera del acuerdo de franquicia, Ikea también tiene prevista una apertura de una tienda en Puebla, México, para el año próximo, donde ya funciona su canal de venta online.

La Red Investigativa Transfronteriza, con presencia de colaboradores en varios países de Latinoamérica, refleja los crímenes ambientales, el crimen organizado y la situación de los derechos humanos y la democracia en la Amazonía. Esta investigación de Iván Ruiz y Gianfranco Huamán contó con la colaboración de Matías Jara.

Más de 230.000 personas trabajan en el sector de los grandes almacenes que tienen por delante unos meses clave para determinar cómo van a ser sus condiciones laborales durante los próximos cuatro años. A partir de enero echarán a andar las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Como paso previo, las inminentes elecciones sindicales donde los representantes de los trabajadores buscan arañar cuota de representatividad.

La cita con las urnas que se llevará a cabo este noviembre estará marcada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas. Por ello, los sindicatos ya adelantan que tratarán de lograr en el futuro convenio una subida salarial histórica, aunque también tendrán peso otras cuestiones como ampliar el número de fines de semana de descanso. 

El objetivo de los representantes de los trabajadores es empezar a negociar tan pronto como sea posible, en cuanto arranque 2023. 

El convenio afecta a todas las compañías que forman parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). En ella hay enseñas con perfiles muy diferentes: desde grandes almacenes como El Corte Inglés; hipermercados como Carrefour, Eroski o el grupo Auchan (Alcampo), pasando por grandes cadenas especializadas como Ikea, Fnac, Media Markt, Leroy Merlin, Aurgi, Bricomart, Conforama, Costco o Dufry. También ligadas al comercio textil, como C&A o Tendam (Cortefiel, Springfield o Women’Secret) o la división de tiendas de Apple, entre otras.

Una variedad de foco de negocio y de implantación territorial donde patronal y sindicatos negociarán un marco común, porque luego cada compañía podrá pactar su propio sistema de incentivos y pluses, lo que deriva en una disparidad de condiciones finales entre las diferentes empresas con representatividad en Anged y empleos que, con funciones similares, tienen retribuciones distintas. Además, quedan fuera de este ámbito y de esta negociación las empresas de supermercados, aunque su foco de actividad pueda parecer similar, como Mercadona, Lidl o Dia, que tienen otras patronales y convenios propios.

La clave de todo, la subida salarial

En el caso de las compañías integradas en Anged, la línea de salida está en el convenio pactado en la primavera de 2021, cuando el comercio aún contenía la respiración por el golpe que había supuesto la pandemia a las economías domésticas, a la afluencia a sus tiendas y a las ventas. Entonces, los sindicatos Fetico, Fasga y CCOO firmaron un convenio que contempló una subida del 2% en dos años, a razón de un 1% en 2021 y otro porcentaje similar para el año aún en curso. En ese momento, las plantillas se apretaron el cinturón pero ahora, con la inflación en el 9%, el escenario es muy distinto.

“Con la COVID, los trabajadores fuimos responsables y ahora a quien le toca la responsabilidad es a los empresarios”, apunta Antonio Pérez, secretario general de Fetico, que tiene una representatividad actual en el conjunto de Anged de más del 50%. Mientras, Fasga está por encima del 15% –pero es mayoritario en El Corte Inglés– y CCOO y UGT están en torno al 10%. Unos porcentajes que pueden cambiar después de las elecciones de noviembre, aunque las organizaciones asumen que, de cara al convenio, irán todos a una.

Las diferentes fuentes sindicales consultadas recalcan que, aunque hay otras cuestiones sobre la mesa –tanto de cara a las elecciones, como en lo que tiene que ver con el convenio– el eje de todo el debate es la subida salarial. CCOO ya adelantó a finales de septiembre que iba a proponer una recuperación del poder adquisitivo, con un incremento salarial mínimo del 18% en cuatro años, a razón de un 4,5% anual. Por su parte, Fasga reclama un alza del 6%, tanto en 2023 como en 2024; y del 3,2% en los dos años posteriores, 2025 y 2026. Esas subidas salariales suponen un incremento del 18,4%, pero, en cambio, en el salario base el incremento se elevaría al 19,6%.

Ese es otro de los aspectos donde se quiere poner el foco, el salario base, que en el último convenio se quedó ligeramente por encima de los 15.000 euros. Tanto CCOO como Fasga instan a llegar a superar los 18.000 euros. 

En cambio, Fetico de entrada no quiere adelantar qué pedirá en la negociación. “Me gusta separar el electoralismo de las negociaciones”, asegura su secretario general, que sin embargo apunta: “Vemos que vamos al mayor crecimiento salarial de la historia, pero hasta el 1 de enero no se abre la negociación. Vamos a estar hablando de una [subida] del 18%, con un complemento o primas; hay mucho detalle económico, de varios puntos de crecimiento que tiene que ir en la negociación”. 

El presidente de Fasga, Miguel Venegas, también se posiciona en el mismo sentido: “La negociación va a ser compleja; porque es la revisión salarial más potente de la historia”. Este sindicato apunta otras medidas que también se van a poner sobre la mesa, como bajar ocho horas la jornada anual, a 1762 horas; aumentar a 32 el número de días de vacaciones; reducir de 23 a 17 domingos y festivos trabajados en aquellos centros donde se abre todo el año y aumentar en uno el número de fines de semana donde se descansan las dos jornadas. También CCOO ha apuntado propuestas para aumentar la capacidad de captación de profesionales, como fijar un mínimo de 28 horas en caso de jornada parcial y reducir el número máximo de domingos trabajados, compensándolos con 60 euros por jornada y garantizando un fin de semana libre al mes.

Las empresas aumentaron un 10% sus ingresos en 2021

De momento, la patronal Anged no entra a valorar cuál es su planteamiento de cara a las próximas negociaciones. “El convenio actual sigue vigente hasta que termine este año”, indican desde Anged. “Primero vamos a esperar a que se inicien esas negociaciones el próximo año y poder compartir en la mesa de negociación con todos los representantes de los trabajadores y las empresas las distintas visiones”, se limitan a indicar.

Las empresas llegan a la negociación después de haber incrementado un 9,7% sus ingresos en 2021. En conjunto, las compañías de Anged facturaron en el último año 40.049 millones de euros, una cifra que roza los niveles prepandemia. Para el año en curso señalan el impacto del aumento de precios en sus negocios. “La inflación es el peor enemigo de la sociedad, también de la distribución, porque depreda los márgenes empresariales y recorta la renta y el consumo de los hogares”, aseguró el presidente de Anged, Alfonso Merry del Val hace unas semanas, al presentar cómo le había ido a las empresas de grandes almacenes en el pasado año.

“No todas las empresas van igual de bien, que nos demuestren los datos que tienen”, asegura el presidente de Fasga. “Toca subir los salarios. O cuidan o incentivan o se van a quedar sin plantilla”, concluye Miguel Venegas.

Ya se conocen los detalles del estudio de viabilidad del proyecto del puerto seco y plataforma logística intermodal de Albacete 'Eco-Port' que ha sido elaborado por la empresa Indra tras el acuerdo alcanzado en su día con la Consejería de Fomento Castilla-La Mancha. Un estudio que determina la 'hoja de ruta' a seguir en la estrategia de logística, movilidad y transporte de mercancías, de la mano de múltiples empresas interesadas y del impulso de las administraciones.

Con el apoyo directo de la Junta de Castilla-La Mancha, el Grupo Candelo será 'tractor' de este proyecto. Esta empresa ya cuenta con más de 50 hectáreas de terrenos junto a sus instalaciones en la A-31 y, entre los proyectos que en su día presentaba a los fondos europeos, estaba el de la plataforma logística para Albacete.

Las infraestructuras logísticas se situarán en pleno corredor ferroviario Madrid-Levante, en la confluencia de las autovías A-31, A-30 y próximas a la A-32, actualmente en obras, con acceso a la línea de tren convencional electrificada.

El proyecto de puerto seco supone una inversión de 8 millones de euros para infraestructura y equipos. Según los cálculos de la consultora para el año 2027 (fecha en la que se alcanza el ramp-up del proyecto o momento económico álgido) el puerto generará casi 800.000 euros de ingresos llegando de forma progresiva hasta los 2,4 millones de euros en el año 2051, acumulando en este mismo año un EBITDA o beneficio bruto de más de 16 millones de euros.

A su vez, el desarrollo de la plataforma logística supone una inversión de 41,93 millones de euros, llegando a tener ingresos anuales siempre superiores a 1,8 millones de euros, (alcanzando algún año hasta los 6,4 millones de euros) hasta el año 2051.

Esta nueva área logística en la ciudad de Albacete se llevará a cabo en dos fases, ocupando en la primera fase un total de más de 400.000 metros cuadrados, de los cuales 282.000 metros cuadrados serán de superficie útil comercializable, con una ocupación objetivo de más de 189.000 metros cuadrados, lo que representa el promedio de ocupación del conjunto de polígonos industriales de la ciudad de Albacete.

Con los datos que se manejan hoy, el Eco-Port podría llegar a acoger de forma directa, 34.700 contenedores de su entorno más cercano, pudiendo llegar incluso a los más de 116.000 contenedores si se analiza su zona de influencia potencial.

En clave urbanística, solamente contempla la opción de un modelo de layout (diseño en cuanto a la disposición) flexible y que permita que cada cliente pueda diseñar su proyecto “llave en mano”. 

Según el estudio, “las tendencias de regionalización logística por el e-commerce y los cambios en los patrones de consumo contribuyen a que el parque logístico en España esté creciendo fuertemente en los últimos años” y Albacete entra en las posibilidades de la tendencia de futuro que demanda suelo logístico especializado.

Trenes de hasta 750 metros

El estudio de viabilidad ha analizado “cinco proyectos comparables en Zaragoza y en Burgos-País Vasco, dos nodos concentradores de carga en el norte de España”, según se detalla, en concreto la terminal intermodal de Júndiz y el polígono logístico Arasur (ligados al puerto de Bilbao) o el puerto seco de Pancorbo, en el País Vasco así como las terminales en Zaragoza, ligadas al puerto de Barcelona.

Se ha llevado a cabo un estudio de mercado, una proyección de la demanda, una evaluación de las alternativas de modelos de gestión y un estudio de pre-viabilidad. “Los resultados son claros: esta plataforma logística es viable”, asegura el informe, porque “hay infraestructuras, hay buena conexión, hay demanda, se sitúa en el eje ferroviario más corto entre Madrid y un puerto, va en línea con los objetivos de sostenibilidad y el transporte intermodal por ferrocarril a través del Puerto Seco y ofrece una alternativa competitiva para un sector empresarial que ya está y va a seguir creando empleo”.

Una de las principales ventajas, al margen de su posición geográfica, que destaca el estudio es que dentro del conjunto de los principales corredores intermodales que hay, “este que planteamos aquí hoy es el único que permitiría el tráfico de trenes más largos de hasta 750 metros”. El puerto de Valencia tiene acceso ferroviario en sus tres terminales y ya se está trabajando para ampliar la longitud máxima de los trenes admitidos. De hecho, incide en que ya se están llevando a cabo inversiones superiores a los 125 millones de euros para mejorar la accesibilidad ferroviaria.

¿Qué actores están ya interesados?

Entre quienes ya apuestan por implicarse están desde navieras como Maersk Line, las autoridades portuarias de Valencia y Alicante, operadores portuarios como TMS, CSP SPAIN, desarrolladores de infraestructuras ferroviarias como ADIF, operadores ferroviarios como MEDLOG o Laumar Cargo, cargadores como IKEA o TIBA o los grupos Gran Europa (vinculado al puerto seco de Azuqueca de Henares, en Guadalajara) y Hercesa (empresa de Guadalajara implicada en el desarrollo logístico de la capital y Marchamalo, donde se ubicará otro puerto seco en 2023).

Se han realizado hasta 21 entrevistas con potenciales usuarios de esta infraestructura. Entre ellos Airbus, Eiffage, grupo vinculado a infraestructuras de energía o construcción, la cárnica Incarlopsa o la cuchillera Arcos; operadores logísticos e intermodales como MEDLOG, Conterail, Transportes Caudete o TIBA. Se ha contado también con la opinión de los operadores portuarios y navieras como CSP Spain, Boluda o Aleatica; y con promotores inter-logísticos como Panattoni, entre otros.

“Proponemos una alianza amplia, una apuesta compartida, que cuenta con lo mejor que podemos ofrecer como región: por un lado, la potenciación del sector agroalimentario; y, por otro lado, la apuesta por sectores industriales como el aeronáutico y el energético que están afrontado procesos de inversión y de ampliación en la región”, señala el estudio.

Joint Venture como modelo de gestión

Además, se han estudiado hasta cinco modelos de gestión para la plataforma logística. Para los autores del estudio, el modelo “más atractivo” es una alianza (Joint Venture) público-privada en la que se compartirán los costes de la aportación de los terrenos, los costes asociados a la construcción y urbanización, así como la gestión de la comercialización. Es una forma, explican, de “compartir riesgos y co-dirigir el proyecto”.

No obstante, hay otra posibilidad no descartable que pasa por el desarrollo y concesión a tercero, a través de una autoridad pública.

La filial francesa de la compañía sueca Ikea ha sido multada este martes con un millón de euros por un tribunal francés por espiar a sus trabajadores, en un caso que se remonta a 2012. Además, el antiguo director general de Ikea en el país galo, Jean-Louis Baillot, ha sido condenado a dos años de prisión, aunque suspendidos, y a una multa de 50.000 euros por el Tribunal Correccional de Versalles.

Otros diez antiguos empleados o directivos de la firma han sido sentenciados a penas menores de cárcel, que también quedaron suspendidas, así como a sanciones económicas más leves, mientras que dos más fueron absueltos.

El caso se remonta a un período en el que Ikea Francia recolectó entre 2009 y 2012 datos personales de cientos de sus trabajadores “por medios fraudulentos, desleales ilícitos, de forma habitual”, señala la sentencia, a la que tuvo acceso Efe.

El asunto estalló en mayo de 2012, cuando la compañía despidió a varios responsables administrativos en Francia tras descubrir un sistema para recabar y almacenar datos y antecedentes de sus empleados.

El entonces responsable de seguridad de la empresa en Francia, Jean-François Paris, confesó poco después en la prensa que se recogían esos datos a través de varias empresas privadas, aunque aseguró que esa práctica era habitual en las filiales de otros países.

Ikea Francia ha señalado en una declaración enviada a Efe que “siempre condenó con firmeza estos hechos antiguos” y recuerda que desde 2012 se ha excusado por estos hechos y ha puesto en marcha medidas para que esas prácticas “no pudieran reproducirse”.

La Junta de Extremadura está pendiente de reunirse con representantes de la multinacional sueca Ikea y otras empresas interesadas en adquirir madera extremeña con certificación FSC.

Así lo ha desvelado el director general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz Barco, en la Comisión de Agricultura de la Asamblea en respuesta a una pregunta del diputado de Cs Fernando Baselga sobre el nuevo plan forestal y el aprovechamiento maderero de los montes públicos.

En su intervención, ha destacado que los aprovechamientos de maderas de los montes públicos de la Junta se están licitando “a buen ritmo” y que Extremadura es la región donde más ha aumentado la certificación de la gestión sostenible de sus montes.

En este punto ha señalado que la Administración regional tiene pendiente reunirse con Ikea y otras firmas interesadas en adquirir madera extremeña con certificación FSC, que reconoce las prácticas forestales respetuosas con el medio ambiente.

Según ha precisado Muñoz Barco, desde el 1 de enero de 2019 hasta el pasado 1 de junio, la Comunidad Autónoma ha licitado más de 50 expedientes de aprovechamiento con un total de 80.000 metros cúbicos en la provincia de Badajoz y casi 600.000 en la de Cáceres por un importe superior al millón de euros.

El director general ha ofrecido estos datos después de que Baselga haya instado a la Junta a convocar más concursos madereros para no tener que traer la materia prima de fuera y porque todo el trabajo que se realiza en el monte es preventivo de incendios forestales.

“No nos dejemos ir lo que tenemos”, ha señalado en alusión a las empresas madereras tras advertir de que hace 25 años años el sector contaba con 29 industrias en la región y hoy solo tiene siete aserraderos.

Plan Forestal

Asimismo, el diputado ha pedido explicaciones por el estado del nuevo plan forestal de Extremadura, a lo que Muñoz Barco ha recordado que su elaboración se encargó a la empresa Tragsa el pasado verano.

El director general ha apuntado que el pasado mayo se finalizó la redacción del documento de síntesis para la evaluación integral estratégica para dar paso a la fase de consultas sectoriales e información pública.

Según ha apuntado, se espera tener el documento definitivo redactado en el primer semestre de 2022 para someterlo a la consideración del Consejo de Gobierno.

Por otra parte, en respuesta a otra pregunta del PP, la secretaria general de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, María Curiel, ha desgranado los proyectos en materia de política forestal presentados por la Junta al Gobierno de España para que sean financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia.

Según ha informado, se han propuesto actuaciones por importe de 9,3 millones de euros para la restauración de zonas afectas por incendios forestales y degradadas y por 6,5 millones para la modernización y digitalización del sector de los agentes del medio natural con medidas como la adquisición de cien vehículos, entre otras.

Asimismo, se ha planteado una inversión de 3,1 millones para la regeneración de dehesas de menos de 200 hectáreas y la certificación de su gestión sostenible; otra por 4 millones para ejecutar planes periurbanos de protección de incendios en medios rurales sensibles; y una más también por 4 millones para la adquisición de vehículos todoterrenos motobombas contra incendios.

El alcalde José Antonio Serrano, acompañado por el concejal de Empleo, Comercio y Mercados, Juan Vicente Larrosa, y el director de IKEA Murcia Daniel Molina han presentado este jueves la iniciativa ‘Alianza Ikea' que busca impulsar la empleabilidad entre colectivos vulnerables. 

Así, gracias a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Murcia, Ikea y distintas ONG, se seleccionará a 15 alumnos, 11 de ellos mujeres, inmigrantes monoparentales en situación de vulnerabilidad. Según las previsiones, se celebrarán tres ediciones llegando así a formar a 40 familias en riesgo de exclusión. 

Los participantes, en su mayoría mujeres, podrán conocer y aprender realizando prácticas en el centro logístico de ventas de una gran empresa como IKEA así como de diferentes organizaciones del tejido empresarial murciano. 

El programa Alianza IKEA contempla un total de 80 horas de actividades formativas en el centro Municipal García Alix y un total de 200 horas prácticas formativas en diferentes empresas de la Región de Murcia adscritas al convenio. La instrucción se centrará en Logística y Ventas, siendo éstas sus dos temáticas principales. 

De esta forma, los participantes recibirán competencias básicas y profesionales y serán formadas en ocupaciones que mejoren su posición en el mercado laboral actual, promoviendo un proceso formativo integral que potencie sus habilidades sociales y competencias profesionales.   

El alcalde José Antonio Serrano ha agradecido la colaboración “a Ikea y a las ONG participantes para desarrollar esta iniciativa que está plenamente centrada en las personas. Gracias a ‘Alianza Ikea' ofrecemos soluciones a las necesidades sociales, laborales y de convivencia, impulsando políticas activas de empleo en el municipio”. 

“Contribuir a la formación y empleabilidad de personas en riesgo de exclusión es para nosotros primordial y con este programa formativo los participantes adquirirán unas habilidades y herramientas que les ayudarán a conseguir empleo en un futuro. Un futuro que esperamos que sea muy cercano”, ha finalizado el alcalde.

Daniel tiene 27 años, lleva varios meses en España y trabaja como tasker. Es un chico delgado y bajito: mide poco más de metro y medio. Cada día, va en transporte público a donde toque y monta muebles de IKEA en casas de gente que los ha comprado. “Busqué aplicaciones y me salió esta. Yo no sabía nada de muebles ni he trabajado nunca de eso, pero uno necesita vivir y no hay otra. Ni siquiera tenía herramientas propias, me las ha prestado un amigo. En la app te lo preguntan, pero ¿qué voy a decir?”, ríe. “¿Que quiero trabajar y no tengo herramientas?”.

Daniel —cuyo nombre está modificado— repartió un tiempo para Uber Eats en bicicleta hasta que se hartó e investigó otras opciones. Dio con una aplicación llamada TaskRabbit y se registró. “Te piden el certificado de alta como autónomo. Pones la disponibilidad y ya”, continúa. “Es como Glovo o Amazon. Igual”.

En TaskRabbit, que tiene una app para clientes y otra para taskers (del inglés task, tarea en español), el trabajador selecciona las labores que puede hacer. Hay de todo: desde limpieza, recados, entretenimiento (cantar y bailar en fiestas) y ayuda informática hasta introducción de datos en hojas de cálculo, investigación y colas. Uno puede ofrecer su “habilidad” haciendo colas en restaurantes, tiendas o eventos a partir de 9 euros la hora, la tarifa recomendada. El cliente pagará un 15% más por la comisión del servicio. La aplicación anima a “explicar por qué eres una buena elección” para esa tarea, así que hay taskers que en su perfil dicen que se les da “muy bien hacer cola”, que tienen “cinco años de experiencia haciendo cola en sitios públicos” y que cuentan “con paciencia suficiente” o “una batería externa” para aguardar.

Pero hacer cola no es una habilidad muy demandada. Al menos de momento. TaskRabbit desembarcó en España hace apenas un año, en enero de 2020, y su actividad principal es la de montar de muebles de IKEA. Al comprar en ella, tanto en tienda como en web, la compañía sueca ofrece el servicio de montaje con TaskRabbit. Así que al registrarse como tasker, la aplicación indica que el montaje de IKEA tiene “alta demanda”. Operan como marcas y compañías independientes, pero no lo son: IKEA compró TaskRabbit en 2017. TaskRabbit nació en 2008 en Boston, se trasladó a San Francisco y llegó a recaudar 38 millones de dólares de financiación. Su fundadora es Leah Busque y en la actualidad se dedica a invertir.

TaskRabbit llegó a España sin grandes despliegues. Empezó por Barcelona, se extendió al resto de Catalunya y más tarde a Madrid, Ávila, Segovia, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Cáceres. “El servicio está disponible para más de 17 millones de españoles”, apuntan desde la empresa a elDiario.es. Ha salido en los medios (tanto en reportajes como anunciando que buscaba mil montadores de muebles en Barcelona) pero no ha puesto anuncios en Facebook ni en Instagram para captar taskers.

Apenas tiene infraestructura aquí: no hay teléfono de atención al cliente ni sociedad creada en España. Toda la atención es a través de un chat en el que no siempre atienden en español. No tiene perfiles propios en redes sociales. Y ningún empleado en nuestro país: la operativa se lleva desde Londres “incluyendo un country manager y varios especiailstas españoles centrados en el marketing, la localización y la gestión del mercado” y hay personal de atención al cliente trabajando desde Portugal.

Historias desastrosas

Olga es clienta de IKEA. Hace pocas semanas, compró una cama y un armario. “Pedí transporte y montaje. Me dijeron que ya no hacen montaje pero que trabajan con otra empresa. La dependienta miró en su ordenador el presupuesto, dijo que serían 80 euros y que tenía que mandarme un enlace al móvil. Lo abro, entro en TaskRabbit y ya está anotado. Al rato me salta un tipo que dice: hola, soy quien va a montar tus muebles”, cuenta. “Los muebles eran para mi madre, que tiene 89 años y quiere una habitación para la persona que la cuide. Llegó el montador y se tiró cuatro horas solo con la cama. Al rato, llamé para ver cómo iba y me contó que el armario se había roto por completo y el chico se había marchado. Le llamé a través de la app, me dijo que había avisado a TaskRabbit y que tenía que esperar. Y con la empresa solo te puedes comunicar a través de un chat”.

El calvario de Olga continuó varios días. Por lo que le contó el montador, el armario se rompió al ponerlo de pie. “Era un chico joven. Me dijo que cuando hay otros hombres en la casa, suelen ayudarle. Pero claro, aquí estaba solo mi madre”, relata. A la hora de reclamar, IKEA se desentendió y lo gestionó todo a través del chat de TaskRabbit. Hizo fotos del percance y consiguió que le abonaran el precio del armario y el transporte. “Me tuve que hacer cargo del armario roto, tirarlo e ir a comprar uno nuevo. IKEA se ha desentendido de un servicio que sigue ofreciendo, precarizándolo. El montador tampoco sabía si le iban a pagar. Cuando en la tienda te lo ofrece la dependienta, te fías”, zanja. Afortunadamente, el armario cayó al suelo y el joven montador no sufrió ningún daño.

TaskRabbit se queda con el 27% de lo que paga el cliente en los servicios de montaje de muebles

Si Olga pagó 80 euros, el montador se llevó poco menos de 60. Este diario ha analizado los precios de varios servicios de montaje y el reparto es así: el tasker cobra el 73% del importe y TaskRabbit/IKEA se queda el 27% de comisión. Las tarifas son distintas para tareas no relacionadas con IKEA (como hacer cola) y para el montaje de muebles. Cuando un autónomo se ofrece para otras tareas, la aplicación permite fijar la tarifa y la comisión es del 15%. Pero cuando se apunta al montaje, el precio lo fija la empresa y la comisión aumenta.

“Los taskers fijan sus propias tarifas y horarios y no tienen obligación de aceptar tareas. Se llevan el 100% de su tarifa y el 100% de las propinas”, indica la compañía por email. “Los clientes de IKEA pagan una tarifa plana por el montaje de muebles a través de TaskRabbit. Los muebles se clasifican en distintas tipologías para simplificar los precios”.

Los precios de montaje varían en función de la experiencia: son más bajos si te describes como “principiante” que si te describes como “experto”. La app pone varios ejemplos de tarifas: por un sofá-cama cobras 19 euros como principiante, 20 como intermedio y 21 como experto. TaskRabbit no comprueba la experiencia, así que los taskers que quieren ganar más se autodefinen como expertos.

Es lo que ha hecho Daniel. “Alguna vez me he confundido y he tenido que volver a empezar. Al principio me pasó dos veces porque no supe leer bien las instrucciones. El trabajo es algo hostigante: uno va despacio, necesita su tiempecito y a veces los clientes se enojan y te tratan mal”, cuenta. “Ahora que tengo un poco más de experiencia, me he puesto en nivel experto. Y por eso me pagan más”. En un servicio reciente, dos montadores consultados cobraron 86 euros por cabeza por quince muebles: cama, sillón, mesa grande, mesa pequeña, sofá, armario y varias sillas y taburetes.

Cuando son muchos muebles o muy grandes, la app envía a dos taskers que no se conocen entre sí. “Envían otra invitación, la persona acepta y nos reunimos el día de la tarea. No tenemos otro contacto”, añade Daniel.

El montador vino con su hijo. Empezaron con un armario y no paraban de discutir porque no sabían cómo hacerlo

Beatriz — Clienta de IKEA

La falta de experiencia es una constante en historias de clientes que han contratado el montaje con TaskRabbit. “Compré dos armarios, un estante y un mueble de la tele. IKEA ofrecía el servicio, así que dije: pago a profesionales y que quede bien. Eran cien euros”, relata Beatriz, una joven que contó su caso en redes. “El montador llegó una hora tarde. Vino con su hijo: no le di importancia pero a los de TaskRabbit les sorprendió. Empezaron a montar un armario y no paraban de discutir porque no sabían cómo hacerlo. Tardaron cuatro horas, pero salió. Fueron a montar el otro y rompieron una pieza, que repararon como pudieron. El mueble de la tele no lo terminaron porque faltaban piezas. Para el estante no tenían taladro. Quedaron en venir al día siguiente y no se presentaron”.

Para reclamar, TaskRabbit pidió a Beatriz que aportara todo tipo de pruebas (fotos del armario roto, de la hora a la que los montadores estaban en casa) y acordó reembolsar el precio del armario y un bono para montarlo de nuevo. “Como el roto era más estético que funcional, me quedé el dinero y punto. Para cambiarlo tendría que haber hecho otra compra y que viniera otra persona a montarlo. No quería saber más de esta empresa. E IKEA escurrió el bulto desde el primer momento: me dijeron que TaskRabbit es otra empresa y que lo gestionara con ellos”.

El episodio de la columnista Sol Aguirre es similar. No era la primera vez que tenía problemas con el montaje de IKEA, que antes de TaskRabbit hacían otros proveedores. “La otra vez me hicieron un estropicio. Tengo la sensación de que IKEA tenía muchas quejas y por eso ahora lo hace a través de TaskRabbit”, cuenta. En esta ocasión, “el montador llegó tarde, tardó cuatro horas y media en montar un sofá y una mesa y cuando pasó a colgar las lámparas y una barra de cortina no pudo, porque no tenía escalera ni tacos ni tornillos ni sabía hacer la conexión con la electricidad. Si yo he pagado por un servicio, entiendo que traen el material y saben hacerlo. Le dije: encárgate de que no me cobren esto. Al final TaskRabbit me devolvió los 24 euros que correspondían a la lámpara y la cortina”, cuenta. “Fue un desastre”.

Habilidades “auto-certificadas”

TaskRabbit descarga toda la responsabilidad en sus taskers, “profesionales independientes y responsables del servicio que ofrecen a los clientes”. “Cuando se unen a la plataforma, autocertifican que cuentan con las habilidades y experiencia requerida para realizar las tareas que seleccionan”, justifica. “Aceptan las condiciones del servicio y el acuerdo de que solo ofrecerán servicios para los que tienen conocimiento y que lo harán de forma segura y respetando la ley”. La empresa no supervisa las tareas que se realizan, pero cuenta con una garantía de hasta 10.000 euros “en caso de que los clientes o taskers no puedan solucionar el problema de mutuo acuerdo”.

El perfil de los autónomos es variado. En Madrid, un vistazo a la app muestra que la mayoría son hombres y, en gran medida, latinoamericanos. Hay quien no tiene experiencia alguna y necesita trabajar de lo que sea, como Daniel, y quien ya tiene un negocio y busca nuevos clientes ahí.

Javier es feriante, tiene una noria y la pandemia ha mandado al traste su actividad. “Dicen de la hostelería, pero nosotros estamos peor”, cuenta. Su hermana le habló de TaskRabbit y lleva una semana metido. “He hecho dos trabajos de electricista y un montaje de sofá. Es muy cómodo. Como cliente que ha sufrido el servicio pésimo de IKEA me parece estupendo: así sabes quién va a venir y tienes referencias. Y como autónomo está muy bien. Si no me interesa, no acepto. Por el sofá me pagaron 13 euros pero era al lado de mi casa. Lo bueno es la facilidad”.

Mario (nombre ficticio) lleva desde noviembre. Es autónomo, tiene una furgoneta y acostumbra a trabajar en plataformas. “Esto es mejor que repartir paquetes: estás en casas y ahorras gasoil”, cuenta al teléfono. Aunque la tarifa esté prefijada, le sale a cuenta. “La experiencia se coge montando. Donde antes tardaba tres horas y media, ahora igual tardo dos”.

La poca experiencia de otros taskers también le afecta: porque tiene que solucionar malos montajes (“todas las semanas, dos o tres”) o porque le tocan de compañeros. “El otro día me tocó una persona sin experiencia ni ganas. Tardamos más, hizo la mitad que yo y cobró lo mismo”, apunta. “El problema es que no tenemos un teléfono para contarlo, solo un correo. También he denunciado la subcontratación: que aparezca un compañero y venga subcontratado”. Al igual que en Glovo, asegura, en TaskRabbit existe el alquiler de cuentas a personas sin papeles.

Como en aplicaciones similares, los clientes puntúan al autónomo y dejan una reseña. Si un tasker no está de acuerdo con una valoración, “puede solicitar una revisión por parte del equipo de confianza y seguridad, que investiga cada caso”, dice la empresa.

TaskRabbit tiene mala pinta. Al final, está funcionando como una subcontrata de IKEA.

María José Landaburu — Secretaria general de UATAE

TaskRabbit llega a España cuando el debate sobre el trabajo autónomo en las plataformas está más que avanzado. El Supremo concluyó que un repartidor de Glovo era falso autónomo y diversas sentencias han dictado lo mismo en varios casos de todo el país. Glovo y Deliveroo son las tecnológicas que más atención reciben, de ahí que la futura ley de plataformas digitales —que, previsiblemente, obligará a convertir en personal laboral a los repartidores— sea conocida como Ley Rider.

Para María José Landaburu, secretaria de la asociación de autónomos UATAE, las plataformas deberían ser “un instrumento de intercambio de bienes y servicios” por el que cobraran una cantidad “simbólica”. Si el autónomo es libre de fijar tarifas y descartar encargos, no debería haber problema. No parece el caso de TaskRabbit, al menos en lo relativo al montaje de muebles. “Tiene mala pinta. Al final, funciona como una subcontrata de IKEA”, dice Landaburu. “En vez de establecer un servicio de montaje, lo externalizo, monto un ejército de autónomos y sigo ganando dinero porque me llevo la comisión. La explotación de esos trabajadores es una línea de negocio más”.

Como en otras plataformas, el discurso de la empresa y el de sus autónomos difiere. Mientras TaskRabbit insiste en que los taskers ganan “muy por encima del salario mínimo” y que sus ingresos medios superan los 19 euros por hora, su versión es más precaria. Sobre todo cuando la usan como principal fuente de ingresos y no como un nuevo canal de facturación.

“Me depositan unos 1.100 euros al mes. Pero con la cuota de autónomos y el IVA se queda en unos 700. Y yo porque voy en metro, pero si usas tu furgoneta tienes que pagar esos gastos”, concluye Daniel. “¿Cuánto aguantaré? No sé, pero no tengo otra opción. No tengo otro trabajo. Y para sobrevivir en España, ¿cómo lo voy a hacer?”.

La Comisión Europea ha ampliado este jueves la investigación que tiene abierta sobre el tratamiento fiscal de IKEA en los Países Bajos, que se abrió inicialmente en diciembre de 2017, según ha informado este jueves.

La investigación en curso de Bruselas se refiere a dos resoluciones fiscales a favor de la filial holandesa de Inter Ikea, Inter IKEA Systems, otorgadas por los Países Bajos en 2006 y en 2011.

En relación con la resolución fiscal de 2011, la investigación de la Comisión de 2017 concluyó provisionalmente en que el precio de transferencia de los derechos de propiedad intelectual (PI) de IKEA puede ser demasiado alto, lo que permite a Inter IKEA Systems pagar menos impuestos y darles una ventaja injusta sobre otras empresas, en violación de las normas de la UE sobre ayudas estatales.

Tras la apertura de la investigación en profundidad, algunos de los hechos y suposiciones de la decisión fiscal de 2011 han cambiado: en particular, Inter IKEA Systems ha comenzado a amortizar los derechos de propiedad intelectual de IKEA.

Las autoridades fiscales holandesas confirmaron la deducción de dicha amortización en sus evaluaciones fiscales anuales de las declaraciones de impuestos de Inter IKEA Systems.

En la decisión de este jueves, la Comisión amplía el alcance de su investigación a las evaluaciones impositivas anuales para examinar si la deducción de la amortización de los derechos de propiedad intelectual de IKEA proporcionó una ventaja a Inter IKEA Systems, en violación de las normas de la UE sobre ayudas estatales.

Un estudio de Tax Justice Network revela que los estados miembros de la UE están dejando de ingresar unos 9.200 millones de euros en impuestos de sociedades al año en beneficio de Países Bajos, el país que más oposición está ejerciendo a una respuesta conjunta y ambiciosa de la UE a la crisis del coronavirus.

Las pérdidas fiscales fueron mayores en los cuatro países de la UE con los casos más altos de COVID-19, explica Tax Justice: Francia, con más de 150.000 casos, dejó de recaudar más de 2.400 millones de euros en impuestos corporativos a los Países Bajos; Italia, con más de 178.000 casos, perdió más de 1.350 millones; Alemania , con más de 145.000 casos, también perdió más de 1.300 millones; y España, con 195.000 casos, perdió casi 1.000 millones en el refugio fiscal holandés.

La Comisión Europea ya reclamó en octubre de 2015 que las multinacionales Fiat y Starbucks debían devolver entre 20 y 30 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo y Países Bajos, respectivamente, al concluir tras una investigación que constituyeron ayudas públicas ilegales.

“Los 'tax rulings' (decisiones tributarias anticipadas) que reducen artificialmente la carga fiscal a las compañías no están en línea con las normas en materia de ayudas de Estado de la UE. Es ilegal”, declaró en aquel momento la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, tras anunciar la decisión de Bruselas. “Este mensaje lo van a escuchar los gobiernos de los Estados miembros y las empresas. Todas las compañías, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos”, añadió.

En septiembre de 2019, el tribunal de justicia de la UE resolvió las apelaciones de Starbucks y de Fiat Chrysler contra las decisiones de Vestager, en relación con acuerdos fiscales supuestamente injustos. Y dio la razón a Bruselas en el caso de Fiat, pero se la quitó en el de Starbucks.

Ikea Ibérica, sociedad con la que el gigante sueco de la decoración opera en España, ha pagado a la Agencia Tributaria una multa de 62,2 millones de euros, de los que 51,7 millones corresponden a cuotas no pagadas y 10,5 millones, a intereses de demora.

El pago de esa sanción, que avanza Cinco Días, está recogido en las cuentas anuales de Ikea Ibérica del ejercicio 2018 y ha sido el paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo contra las actas que firmó en disconformidad unas semanas antes.

En la memoria del ejercicio anterior, finalizado el 31 de agosto de 2017, la empresa cifraba en 61,1 millones la propuesta de sanción que había realizado Hacienda en octubre de ese año. La cifra es inferior a la multa finalmente abonada por el incremento de los intereses de demora.

El conflicto está relacionado con la deducibilidad de los servicios que prestan las sociedades filiales de Ikea Ibérica, además del deterioro de sus activos, por discrepancias relativas al impuesto de Sociedades, IVA y retenciones a cuenta de rendimientos del trabajo, profesional y no residentes, correspondientes al periodo 2010 y 2014

Este es uno de los contenciosos fiscales que la multinacional tiene abiertos en España. En sus últimas cuentas, su filial recuerda que al cierre de su último ejercicio, la Audiencia Nacional todavía debía pronunciarse sobre el recurso que Ikea interpuso a un acta de Hacienda relativa al pago de Sociedades en el ejercicio 2007, que conllevó una multa de 13,9 millones. Este litigio fue resuelto el pasado 6 de marzo de forma favorable para Ikea, como ya sucedió con las actas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

La filial, que tenía provisionados 31 millones ante estos litigios a 31 de agosto de 2018 y calculaba que recuperaría 20 millones por resoluciones favorables, registró el año pasado un beneficio neto de 81,4 millones, un 12% menos, y para el ejercicio actual aspira a mejorar las ventas un 5%, hasta 1.473 millones, y alcanzar los 5.000 puntos de recogida de compras online.

IKEA IBERICA S.A., encargada de gestionar el establecimiento de la cadena escandinava IKEA en Murcia, ha sido denunciada ante la Inspección de Trabajo por varias irregularidades laborales cometidas en los últimos siete años. Varios de sus trabajadores han asegurado que desde la empresa “ha habido persecución sindical” y que, además, “ha aumentado la precariedad laboral”.

La empresa mobiliaria acumula más de varias quejas formales hechas desde una sección sindical, a las que eldiario.es ha tenido acceso, y que abarcan cuestiones de riesgos laborales, desconexión digital y precarización, entre otros. De hecho, el pasado 15 de febrero se celebró un acto de conciliación con el fin de “acercar posturas” entre ambas partes, pero no se consiguió llegar a ningún tipo de acuerdo.

Los delegados sindicales han indicado que una de las problemáticas que han afectado a los empleados en los últimos años ha sido la “injerencia” en la acción sindical. Además, han denunciado que desde la empresa se ha intentado impedir la participación en sus elecciones internas, aduciendo que “solo han permitido hacer acción sindical en la cantina”, donde los trabajadores disponen de entre 10 y 45 minutos para comer.

Actualmente está abierto un proceso judicial por acoso laboral de varios mandos a un extrabajador, por el que la empresa no ha querido hacer declaraciones a la espera de que el juicio se celebre el próximo 6 de marzo. En la misma línea, desde el departamento de comunicación de IKEA han afirmado que respetan “la acción sindical de cada uno de los sindicatos que forman el comité de empresa”. 

Asimismo, “la precariedad laboral en estos años”, según un extrabajador, “se ha incrementado y varios asalariados encadenaban contratos temporales de un año durante un período largo”. En este sentido, han señalado que cuando estas prácticas se denunciaban desde el sindicato “la empresa achacaba la no renovación de un contrato fijo a la acción sindical y no a la vulneración de derechos de la empresa”. IKEA ha negado la concatenación de las contrataciones, afirmando que los indefinidos “han aumentado un 20%”. 

También varios empleados se han quejado de la constante contratación de trabajadores temporales que “no disponen de derechos y no pueden realizar ningún tipo de petición a la empresa como conciliación laboral, permisos de exámenes o bajas laborales porque tienen miedo a ir a juicio”.

Por otra parte, la empresa mobiliaria también ha acumulado varias faltas relacionadas con la seguridad laboral frente a la Inspección de trabajo de Murcia, y a las que eldiario.es ha tenido acceso. Por esto, IKEA fue obligada en 2017 a regular la circulación de la maquinaria que suponía un “riesgo grave para las personas”.

Además, lKEA previó 20 festivos de apertura para 2019, para los sindicalistas “un horario que no contemplaría puentes, fines de semana o casi sin ellos, con horarios irregulares y continuos cambios, trabajando más tiempo de la jornada sin cobrar horas extras ni complementarias, con carga de trabajo físico y mental y con un salario miserable”. También, se ha señalado que esto supondría para los trabajadores “un mal panorama para conciliar la vida laboral y familiar”. En este sentido, la empresa ha afirmado que “se han ceñido a la normativa a nivel nacional”.

Por otro lado, la empresa mobiliaria habría vulnerado el derecho a la desconexión digital, según han indicado sindicalistas, que han declarado que “en IKEA Murcia, se prohibieron por parte de la empresa los grupos de 'Whatsapp' en 2014. Esto quedó reflejado en un acta del Comité de Empresa y jamás se ha cumplido, solo se obligó a un mando a cerrar uno de estos por discriminar a dos trabajadoras y por insultar por el mismo grupo a una trabajadora, aunque al poco tiempo volvió a realizar otro volviendo a discriminar a nuestra compañera Delegada del Comité”.

A día de hoy, todas las secciones disponen de un grupo de 'Whatsapp' ya que “IKEA lo tolera, donde se mandan mensajes e información fuera de horario, en festivos o días libres, incluso se gestionan cambios de horario y otras tareas de trabajo a cualquier hora”. Actualmente, IKEA cuenta con 'Yammer' una aplicación similar a 'Whatsapp' pero dedicada a las empresas.

En el panorama internacional, una queja se entregó en el año 2018 al Punto de Contacto Nacional holandés de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por irregularidades similares a las del caso de la Región de Murcia.

La Audiencia Provincial de Zaragoza sancionó en febrero con 5.000 euros a la multinacional estadounidense por considerarla responsable civil subsidiaria de unos hechos ocurridos en mayo del 2013. Aunque en primera instancia la denuncia fue desestimada y el acusado salió absuelto, la familia del menor presentó un recurso por “error en la valoración de las pruebas” ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, que lo admitió a trámite.

En la sentencia, que puede consultarse en la página del Poder Judicial, un hombre es acusado de un delito contra la integridad moral de un menor por subir un vídeo a YouTube en el que aparecía disparando al cuerpo y a la cabeza del niño. El vídeo mostraba imágenes muy sangrientas, ya que es producto de las intenciones del acusado por “criticar y ridiculizar” el anuncio de televisión original de una marca de muebles. Al final del vídeo entra en escena “un dinosaurio que se come al menor manchando la pantalla de sangre”, describen los jueces.

Si eres insolvente paga Google

Tanto los padres del menor como el propio chico vieron el vídeo al poco tiempo de ser subido a YouTube, quedando “horrorizados”, según la sentencia. A pesar de ello, “el menor no presentó sintomatología significativa que requiriera tratamiento médico o psicológico”. Lo que sí decidió su familia fue emprender acciones legales contra el autor del vídeo.

El acusado era un estudiante de comunicación audiovisual “que no pensó en que podía ofender a persona alguna”, ya que su objetivo principal era “criticar el anuncio”. Aunque confesó ser el autor del vídeo e incluso llegó a escribir una carta a los padres del menor para disculparse, la Justicia lo acusa de un delito contra la integridad moral, contenido en el Artículo 173 1º del Código Penal. También lo condena a pasar seis meses en prisión y pagar 5.000 euros al niño.

El clip, en el momento de su retirada, contaba con unas 22.000 reproducciones. Fue borrado a petición de la Fiscalía, pero la sentencia no especifica cuánto tardó la plataforma de vídeos en eliminar el contenido.

El acusado fue condenado a pagar 5.000 euros, aunque en caso de insolvencia es la multinacional quien se hace cargo del pago. Google se tuvo que hacer responsable, en un primer momento, de pagar la cantidad, ya que la sentencia detalla que la responsabilidad civil subsidiaria de la multinacional “queda patente” a través de la aplicación del artículo 120-2 del Código Penal. Finalmente la multinacional no pagó nada porque el acusado desembolsó la cantidad a comienzos de este verano.

Además, la publicación del vídeo en YouTube le causó al niño ser objeto de bullying en el colegio cuando el clip fue visto por el resto de sus compañeros. El fallo de los jueces explica cómo el menor dejó de salir a la calle “por miedo a que le ocurriera lo que salía en el vídeo”, causándole un “daño moral efectivo” con el agravante de que se trata “de un niño de 10 años”, lo que constituye “un grave daño moral”.

No es la primera vez que la multinacional tiene que responder por un contenido que alguien ha subido a YouTube. En enero del 2014, Google ya tuvo que indemnizar a varios miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cuando denunciaron que la plataforma de vídeos albergaba numerosos clips en los que existía una “intromisión ilegítima en sus derechos a la imagen y al honor”, según el fallo del Tribunal Supremo.

Nota al pie: en una primera versión de esta noticia, el titular estaba en presente y existía un segundo subtítulo, ya borrado, que decía lo siguiente: “La Audiencia Provincial de Zaragoza considera que la multinacional es responsable civil subsidiaria ya que el acusado se declara insolvente”. Esto es incorrecto. Una resolución posterior consultada por eldiario.es deja patente que el acusado finalmente terminó pagando los 5.000 euros y, por tanto, la responsabilidad subsidiaria de Google decayó.

Teruel Existe, y nosotros también, así que vamos a aliarnos. Algo así han debido pensar los directivos de la compañía Ikea, que han elegido esta provincia, y el eslogan con el que reclaman inversiones desde hace más de 20 años, para presentar su nuevo catálogo de temporada. Una relación que parece provechosa para ambos, teniendo en cuenta que el objetivo de Teruel, una de las provincias más afectadas por la despoblación, es hacerse oir para reclamar servicios. Y que encaja perfectamente en las originales campañas que caracterizan a la compañía sueca.

“Teruel Existe lucha desde hace 20 años porque el resto del país sepa de su existencia”, comienza el anuncio principal y, “si alguien les entiende, es Ikea, cada año lanzamos más de 2.000 novedades, pero para mucha gente no existen”. Por eso justifican que hayan decidido “unir fuerzas” y lanzar todas las novedades del año desde Teruel.

En las imágenes puede reconocerse la plaza del Ayuntamiento de la capital turolense -donde se abrazan turolenses y empleados-, o las murallas de Albarracín, desde donde se despliegan dos grandes pancartas en las que se lee “Teruel Existe” y “Las novedades de Ikea también”. Sobre ese eslogan está articulada toda la campaña, que puede verse ya en el canal de la compañía en Youtube, y que acaba de lanzarse de manera oficial en todas las televisiones.

Cuenta con el anuncio principal y otros dos de menor duración. En uno de ellos aparece una reproducción de un dinosaurio que está en el parque paleontológico de Teruel, Dinópolis, el Torvosaurus. En el otro, se ve una representación de jóvenes tocando el tambor y el bombo en el claustro de la Fundación Amantes de Teruel, escenificando la Ruta del Tambor y el Bombo, declarada de Interés Turístico Internacional.

En todos ellos aparecen figurantes de Teruel, unos 300, que participaron en el rodaje durante el mes de julio, además de cinco empleados de la planta que la compañía tiene en Zaragoza y que en el canal de Youtube cuentan con su propio vídeo de “estrellas” en clave de humor.

La compañía se puso en contacto con la plataforma ciudadana Teruel Existe poco después de la última gran manifestación realizada en Zaragoza el pasado 6 de mayo, con la que los turolenses retomaban el espíritu reivindicativo que reclama mejoras para la provincia en materia de inversiones como la línea de ferrocarril, principal bandera de las demandas.

El fundador del gigante sueco del mueble Ikea, Feodor Ingvar Kamprad, ha muerto a los 91 años tras una vida dedicada a su exitosa empresa, que convirtió de la nada en mito, y a la que transmitió su obsesión por el diseño y la eficiencia. La compañía ha informado este domingo de que Kamprad falleció ayer en su casa en Småland (sur de Suecia), “en paz” y rodeado de sus familiares y amigos tras una “corta enfermedad”.

Kamprad ha muerto “en paz” en su casa de Smaland, la localidad donde nació en 1926. “Estamos profundamente entristecidos por la muerte de Ingvar. Recordaremos su dedicación y compromiso para siempre estar del lado de muchas personas. Para nunca darse por vencido, mejorar y liderar con el ejemplo”, ha declarado Torbjörn Lööf, CEO y presidente de Inter IKEA Group.

Según la revista Forbes, Kamprad era una de las 500 personas más ricas del mundo: junto a su familia llegó a poseer un patrimonio de 39.554 millones de euros en 2017, tan sólo por detrás del fundador de Inditex, el español Amancio Ortega, y el millonario francés Bernard Arnault, propietario del conglomerado de moda de lujo LVMH. “Ingvar Kamprad fue un gran empresario del tipo típico en el sur de Suecia: trabajador, tozudo, muy efusivo y con un guiño travieso en sus ojos”, ha indicado la compañía en un comunicado emitido este domingo.

Asimismo, han recordado como utilizó “todo su empeño en levantar de la nada la mayor cadena de muebles del mundo”. Y es que, actualmente esta red cuenta con 412 tiendas y 149.000 empleados en un total de 49 países y regiones. “Su legado será admirado por muchos años y su idea de crear un día a día mejor para la gran mayoría seguirá guiándonos e inspirándonos”, sostiene Jesper Brodin, director ejecutivo y presidente del grupo Ikea.

Incidiendo en su interés por mejorar la calidad de vida de la clase media, el primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, también ha recordado la figura del fundador de Ikea en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias sueca TT. Sin embargo y pese a ser una figura poco mediática, Kamprad era conocido en Suecia por su modo de vida “espartano”, por comprar en tiendas de segunda mano, coleccionar cupones de ahorro en el supermercado, volar en clase Turista y conducir un viejo Volvo.