Ayudas públicas ilegales: la justicia europea ratifica la reclamación de 30 millones a Fiat y anula la de Starbucks
El tribunal de justicia de la UE ha resuelto las apelaciones de Starbucks y de Fiat Chrysler contra decisiones de la comisaria de Competencia europea, Margrethe Vestager, en relación con acuerdos fiscales supuestamente injustos. Y ha dado la razón a Bruselas en el caso de Fiat y se la ha quitado en el de Starbucks.
La Comisión Europea había reclamado en octubre de 2015 que las multinacionales Fiat y Starbucks devuelvan entre 20 y 30 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo y Países Bajos, respectivamente, al concluir tras una investigación que constituyeron ayudas públicas ilegales.
“Los 'tax rulings' (decisiones tributarias anticipadas) que reducen artificialmente la carga fiscal a las compañías no están en línea con las normas en materia de ayudas de Estado de la UE. Es ilegal”, declaró en aquel momento la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, tras anunciar la decisión de Bruselas. “Este mensaje lo van a escuchar los gobiernos de los Estados miembros y las empresas. Todas las compañías, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos”, añadió.
Ahora, tras conocer las sentencias, ha dicho la comisaria en un comunicado: “Las sentencias proporcionan importantes orientaciones sobre la aplicación de las reglas de la UE sobre ayudas de Estado. Al mismo tiempo, cada caso tiene sus especificidades y conlleva complejas cuestiones legales. Estudiaremos los fallos cuidadosamente antes de decidir los posibles siguientes pasos”.
En el caso de Fiat, respaldado por la justicia europea, el Ejecutivo comunitario concluía en su investigación que las autoridades luxemburguesas “redujeron indebidamente” la carga tributaria de la compañía en 2012 entre 20 y 30 millones de euros. La Justicia europea ha desestimado los dos recursos de la compañía automovilística y ha fallado que la recuperación de los impuestos no pagados no rompen con el principio de certidumbre legal ni infringe sus derechos de defensa.
Una cantidad equivalente es la que Bruselas consideraba que Países Bajos permitió una “ventaja selectiva” a la cadena estadounidense de cafeterías Starbucks en su territorio. En este caso, el tribunal con sede en Luxemburgo ha fallado en contra de la decisión del Ejecutivo comunitario por considerarla no suficientemente demostrada: entiende que la Comisión Europea no consiguió demostrar la existencia de una ventaja comparativa concedida a la multinacional frente a sus rivales a través de la ventaja fiscal.
Además de reclamar a estos dos países que recuperen entre 20 y 30 millones de euros por subsidios ilegales a las dos empresas, Bruselas advertía de que “ello también significa que las compañías no podrán beneficiarse más de las ventajas en el trato fiscal concedido por estos 'tax rulings'”.
Apple mira de reojo estos fallos de Luxemburgo. Las decisiones de Bruselas forman parte de la ofensiva de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, contra los arreglos tributarios por los que varios países de la Unión Europea (UE) han concedido ventajas ilegales a las multinacionales, que le ha llevado a pedir a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros de la estadounidense Apple o a investigar el trato que reciben la sueca Ikea y la estadounidense Nike en Holanda.
El eurodiputado de Catalunya en Comú y vicepresidente del grupo Verdes/ALE, Ernest Urtasun, ha comentado: “Las sentencias dictadas hoy por el Tribunal General de la Unión Europea demuestran que necesitamos normas mucho mejores a escala de la UE para poner fin a la evasión fiscal por parte de las multinacionales. Las sentencias evidencian los puntos fuertes y débiles de la utilización de las normas de la UE en materia de ayudas estatales para luchar contra el dumping fiscal. El hecho de que en dos casos similares haya dos sentencias diferentes demuestra que las normas no están suficientemente bien diseñadas y dejan resquicios que los países que hacen competencia fiscal desleal y las empresas, utilizan. Las normas de competencia han sido útiles para luchar contra el fraude, pero se ha llegado a su límite, necesitamos revisar y mejorar el marco de las ayudas estatales y el resto de herramientas dirigidas a luchar contra el fraude fiscal de las multinacionales”.
