Los tribunales han rechazado el último recurso del Ayuntamiento de Madrid y han confirmado la absolución de dos personas acusadas de agredir a policías y quemar contenedores en los disturbios de 2018 en Lavapiés tras la muerte del senegalés Mame Mbaye. La Audiencia Provincial de la capital ratifica que la declaración de los antidisturbios que afirmaron haberles visto embozados con pañuelos palestinos y gorros no son suficientes para imponerles una condena de prisión. Otros dos jóvenes ya aceptaron en 2021 un año de cárcel tras reconocer su papel en estos disturbios y, entre otras cosas, haber pegado a un policía con un adoquín.

Decenas de personas se concentraron en el barrio madrileño de Lavapiés pocas horas después de la muerte de Mbaye. El joven senegalés que se desplomó en la calle del Oso después más de un kilómetro de huida a la carrera de la Policía Municipal desde la Plaza Mayor donde estaba vendiendo perfumes junto con otros manteros. La investigación desveló que el fallecido tenía una “patología cardíaca estructural” que provocó su muerte y vecinos y colectivos antirracistas se lanzaron a la calle para protestar contra una persecución policial que, entendían, había desencadenado la muerte del mantero.

Los disturbios se sucedieron durante varios días en diversas zonas del barrio con cargas policiales, lanzamientos de objetos y quema de contenedores, con cinco personas detenidas que quedaron en libertad poco después. Un primer proceso judicial contra dos jóvenes acabó con una conformidad: ambos aceptaron sendas condenas de un año de prisión tras reconocer que participaron en “numerosos incidentes”, la quema de contenedores o los destrozos en un parquímetro y varias sucursales bancarias de la calle Argumosa. Uno agredió a un policía con un adoquín y el otro a un segundo agente con varios manotazos.

Un segundo procedimiento judicial se dirigió contra un hombre y una mujer a los que varios agentes habían identificado como parte del grupo que protagonizó los disturbios. La Fiscalía les acusó bajo la afirmación de haber sido reconocidos “ocultando sus rostros” en la calle Santa Isabel con un gorro y un pañuelo palestino. Los policías, incluso, afirmaron que el hombre les había agredido cuando habían intentado identificar llegando a provocar lesiones en uno de los antidisturbios.

Un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo optó por absolver a ambos en una decisión que acaba de ser ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. La declaración de los policías, explican los magistrados, “no se estimaba suficiente para fundamentar un pronunciamiento condenatorio”. El recurso que buscaba su condena en segunda instancia era del Ayuntamiento de Madrid, que se quejaba de que el juzgado había tenido más en cuenta las declaraciones de otros testigos por encima de las de los agentes antidisturbios. A lo largo del proceso los jueces han cuestionado la legitimación activa del consistorio para acusar a los dos por “un delito de atentado contra un policía nacional”.

La Fiscalía pasó de acusar a los dos a impugnar el recurso del consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, que finalmente ha desistido y no ha llevado esta absolución hasta el Tribunal Supremo. El juzgado de lo penal, después de que el proceso tuviera que repetirse tras una reclamación de la defensa, dejó claro que el testimonio de los policías nacionales no era suficiente: “Hay datos o indicios que hacen dudar de la identificación que realizaron los policías”, dijo esa primera sentencia ahora confirmada.

Esa primera resolución revela, dice “lo endeble de la identificación”, ya que las “prendas oscuras” por las que les identificaron “son utilizados por la gran mayoría de jóvenes”. En esas situaciones “de alta tensión, nerviosismo y caos”, reconoció el juzgado, “es posible y admisible que se produjera una equivocación por parte de los agentes”.

Las sentencias del caso han dado más credibilidad a la versión de los dos acusados y absueltos: que estaban caminando por el barrio ayudando a una persona a buscar un perro que se había perdido. Así lo ratificó el dueño del perro y también varios testigos que iban con ellos, además de un periodista que presenció el altercado. “Uno de los policías me insultó llamándome puto retrasado de mierda”, relató uno de los acusados. Los policías dieron una versión distinta: que le dijeron que iba a ser detenido y que entonces “trató de huir y propinó una patada y un cabezazo al jefe del operativo”.

Lavapiés no olvida a Mame Mbaye, un vecino fallecido en 2018 a las puertas de su casa de la calle del Oso después de una larga persecución policial desencadenada por su circunstancial y obligada condición de mantero. Cada 15 de marzo, fecha de su muerte, en el lugar donde se desplomó y en la plaza de Nelson Mandela se le rinde un sentido homenaje guiado por la comunidad senegalesa y al que se suma el tejido social del barrio, así como numerosos vecinos.

Además de en ese momento puntual, la presencia de Mame es constante en Lavapiés, bien sea a través de placas conmemorativas, de su imagen en grafitis, pegatinas y camisetas o, simplemente, mediante la memoria de quienes lo conocieron y de las luchas contra el “racismo institucional y por los derechos de las comunidades migrantes” que se siguen librando cada día en la zona y para las que su figura se ha convertido en símbolo.

También, en cada una de las muchas acciones que a lo largo del año organiza la red Museo Situado, creada a partir de su muerte y de las protestas que éstas generaron, está él, de quien casi cualquier niño racializado de Lavapiés ha oído hablar.

Memoria colectiva traída al presente

Ahora, cinco años después de su muerte, Mame Mbaye se ha convertido también en libro y -a partir del lunes- en audiolibro en wolof (lengua mayoritaria en Senegal) gracias al proyecto de escritura y escucha que, puesto en marcha por el artista argentino Dani Zelko bajo el nombre de Reunión, recopila memoria colectiva sobre realidades de un territorio creando textos que tienen como objetivo y deseo “intervenir políticamente”.

El nuevo artefacto de Reunión, proyecto con más de una decena de libros a sus espaldas, “maduro y crecido”, aborda de forma concisa, directa y, a la vez, trágicamente bella, el periplo de Mame Mbaye, desde su llegada a España en patera 13 años antes de su muerte hasta, justamente, aquel 15 de marzo de 2018 en el que falleció; o hasta aquel 15 de marzo en el que “el racismo institucional lo mató”, como dicen muchos y también denuncia el libro, pues Mbaye no pudo lograr en todos esos años regularizar su situación en España y trabajar de forma legal por culpa de la actual Ley de Extranjería.

En 48 páginas sin desperdicio, el libro, que se presenta este domingo a las 18:30 horas, con entrada gratuita, en el auditorio del Museo Reina Sofía, viene a “materializar en un objeto” esa presencia tan fuerte que hay de Mame Mbaye en Lavapiés, “facilitando que llegue a otros ámbitos fuera del barrio y haciendo que su caso y la reacción de protesta del vecindario ante lo que sucedió, así como la denuncia de ese racismo del poder que lo mató sin necesidad ni de rozarlo, pueda servir quizá de aglutinante para esta misma lucha y para otras muchas en lugares distintos, donde la historia de Mame no es tan conocida”, indica Dani Zelko.

Zelko, quien experimenta con arte contemporáneo, poesía y activismo, se citó en mayo de este año con algunos miembros del Sindicato de Manteros de Madrid, compañeros, amigos y vecinos de Mame, proponiéndoles reconstruir su vida y su muerte a través de encuentros de memoria colectiva, el procedimiento habitual de su proyecto Reunión. Era algo que tenía pendiente desde que viviendo en Argentina se enteró de lo que había sucedido en Lavapiés y que, luego, la pandemia le impidió hacer en 2020.

En esas reuniones que mantuvo con sus antiguos compañeros, cada uno habló sobre Mame, una persona muy querida dentro de la comunidad senegalesa, cocinero y responsable del diseño gráfico en el Sindicato de Manteros.

“Dani escribió todo a mano, sin grabar. Cada vez que la persona que daba testimonio se detuvo a respirar, pensar o recordar, bajó de renglón. Luego leyeron los textos en voz alta, los corrigieron juntos y armaron este libro”, se dice en lo que podría ser el prólogo del texto sobre el proceso de creación en común del mismo, el cual parece surgir de una sola voz, aunque en realidad es fruto del “relato de varias personas mediante una práctica de memoria colectiva que trae lo sucedido al presente”, fijándolo por escrito de forma “íntima y directa”.

Cada uno de los libros del proyecto Reunión son “ediciones urgentes” que Zelko viene haciendo desde hace diez años; libros de muy fácil lectura, “incluso para los que no leen libros habitualmente”, comenta el artista, quien resume que el de Mame que ahora presenta reivindica las luchas antirracistas, al tiempo que hace que tras su lectura nos planteemos “ver cómo seguir”.

Presentación

Si bien el libro de Mame Mbaye ya se puede descargar gratuitamente en este enlace, lo que se presenta el domingo es su edición impresa, que se podrá comprar ese mismo día en el auditorio del Reina Sofía y que luego estará disponible en algunas librerías de la zona.

Todo el dinero que se obtenga de esas ventas se donará a la familia que Mbaye dejó en su Senegal natal y a la cual mantenía desde España enviándoles la mayor parte del dinero que recibía por aquellos trabajos que, sin papeles, pudo realizar.

La presentación del libro constará de una lectura coral de partes del libro y de una breve charla entre Zelko y miembros del Sindicato de Manteros, con coloquio posterior de participación libre.

La irrupción de las redes sociales en el periodismo y la comunicación de la ciudadanía a lo largo de la última década se han convertido en un quebradero de cabeza para los jueces españoles. Trasladar a Twitter, Facebook o Instagram una legislación pensada para formas más tradicionales de comunicación ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión y opinión, derechos fundamentales consagrados por la Constitución. Sentencias recientes explican que la difusión que permiten estas redes sociales han terminado por casi equiparar a cualquier ciudadano con un creador de contenido o incluso un periodista. Lo dijo el Tribunal Constitucional hace unos meses para resolver un conflicto entre dos periodistas y lo ha vuelto a decir ahora la Audiencia Provincial de Madrid al confirmar la condena de un 'tuitero' con miles de seguidores por acusar en falso a la Policía Municipal de Madrid de asesinar al senegalés Mame Mbaye en 2018 en el barrio de Lavapiés.

Lo dijo de manera explícita el Tribunal Constitucional el pasado febrero. “Los usuarios pueden llegar a desempeñar un papel muy cercano al que venían desarrollando hasta ahora los periodistas en los medios de comunicación tradicionales”. Los magistrados dijeron esto en la sentencia que confirmó que el periodista Antonio Naranjo tenía que indemnizar con 5.000 euros al también periodista Máximo Pradera por difundir falsamente en su cuenta de Twitter que había sido agredido físicamente por Pradera en una época de constantes enfrentamientos públicos entre ambos en los medios de comunicación donde participaban.

Naranjo, que en el momento de los hechos compartía tertulia con Pradera en las tardes de Onda Cero, alegó entre otras cosas ante el tribunal de garantías que debía prevalecer su libertad de expresión, que se dirigía solo a sus seguidores y no al público en general y que se limitó a emitir “su opinión sobre los hechos”. Expresó un sentimiento, dijo Naranjo en su recurso, y no se le podía exigir veracidad a sus tuits “dado que un sentimiento es imposible que se preste a una demostración de exactitud”.

El Constitucional rechazó su recurso porque atribuyó a Pradera una agresión física que no había existido y avaló, por tanto, la indemnización de 5.000 euros que había establecido la Audiencia de Madrid por la vía civil. Pero en su resolución estudió además el alcance que puede tener un ciudadano a través de las redes sociales y concluyó que el nuevo escenario comunicativo ha reducido las distancias: “Es preciso tener en cuenta que el uso de las herramientas digitales convierte a sus usuarios en creadores de contenidos, emisores, difusores y reproductores de esos contenidos”, dijeron en esta resolución.

Para el Tribunal Constitucional, con María Luisa Balaguer como ponente, los usuarios “pueden llegar a desempeñar un papel muy cercano al que venían desarrollando hasta ahora los periodistas en los medios de comunicación tradicionales”. Unos medios que “también pueden usar”, y usan, las redes sociales para difundir sus contenidos. Y recuerda que los periodistas pueden utilizar también “perfiles personales en los que no dejan de ser percibidos como periodistas por sus seguidores, y por el resto de usuarios”.

Para el Constitucional esto convierte en un problema diferenciar entre quién hace uso de la libertad de expresión y quién del derecho de información, con los baremos legales que se aplica a cada una. “Tampoco facilita la desagregación entre estos dos derechos, libertad de expresión y derecho a la información”, dice el Constitucional, que el sistema español “diferencie claramente” entre ambos no como en el Consejo de Europa o en la Unión Europea, “que se refieren a una genérica libertad de expresión que se concreta a través de la libertad de opinión, la libertad de transmitir información y la libertad de recibir información”.

De un periódico a un teléfono con internet

David Bravo fue el abogado que defendió a Máximo Pradera en este pleito que llegó hasta el Tribunal Constitucional, después de protagonizar con éxito también la primera condena a 'tuitear' una resolución judicial por difamaciones vertidas, precisamente, en Twitter. Entiende que esta sentencia de la disputa entre periodistas no cambió lo que ya decía la Ley pero sí analizó por primera vez un caso novedoso para los jueces. El listón de la veracidad se ha elevado pero, explica, por la capacidad de difusión que hoy permite internet a todo el mundo con acceso a una conexión.

“La Ley nunca ha expresado que esa exigencia de veracidad fuera exigible solo a los periodistas. Pero antes de la aparición de las redes sociales, lo cierto es que la voz que fundamentalmente llegaba al público era la de estos, y ahora sin embargo puede llegar la de cualquier persona que tenga una conexión a internet y tenga un cierto alcance”, explica en declaraciones a elDiario.es. Esta sentencia del Constitucional, explica, “no introduce ninguna novedad a lo que ya decía la Ley, que no hacía ese distingo, lo hacía la realidad. Eran solo los que tenían acceso a los medios de comunicación y ahora no. Ahora puede decir algo, no veraz o veraz, un ciudadano con conexión a internet y presencia en las redes sociales”.

La exigencia de veracidad no implica que uno tenga que ser condenado por algo que no se corresponda exactamente con la realidad. La doctrina largamente explicada por el Constitucional defiende que el periodista no puede ser infalible pero sí obliga a ser diligente en las comprobaciones de la información que publica. Por eso, puede ser condenado si además de transmitir datos falsos, lo hace a sabiendas y sin hacer la más mínima comprobación para no difundir, por ejemplo, un bulo que termine perjudicando a otra persona. El Constitucional ya ha dejado por escrito que una red social puede tener tanta o más difusión que un medio de comunicación tradicional. “Ello supone una capacidad para influir en la opinión pública exponencialmente superior a la de los medios de comunicación tradicionales que, por lo demás, también se sirven de las redes sociales para difundir sus contenidos, e incluso para manejar los tiempos y la capacidad de impacto de una determinada información”. Esto, concluyó también el tribunal de garantías, podía suponer “un mayor riesgo de vulneración de los derechos de la personalidad de terceros”.

Explica Bravo que esta sentencia decidió entrar al fondo del asunto, aunque según su criterio la legislación hubiera permitido inadmitir el recurso, y lo que hizo fue dejar por escrito que “con el nacimiento de las redes sociales y la potencial expansión amplificadora que dan al mensaje, ese canon de veracidad es también exigible a cualquier persona que en las redes sociales diga algo que no cumpla ese canon”. Antes de esa sentencia, entiende, la respuesta era la misma: “Era obvio que Antonio Naranjo, que era periodista, no tenía derecho ni nunca lo tuvo ni antes ni después del Constitucional a inventarse una agresión que nunca había sucedido, y esto habría sido aplicable y aplicado antes de la sentencia siendo periodista o sin serlo”, explica.

Añade Bravo que, en su experiencia como letrado, los jueces nunca han tenido problemas para adaptar sus dictámenes a la tecnología o, en este caso, a las redes sociales donde se puede vulnerar el honor de una persona, como sucedió en el caso de Luis Pineda, líder de Ausbanc, y el presidente de Facua Rubén Sánchez. Recientemente el Tribunal Supremo tuvo que estudiar hasta dónde podía llegar la adaptación de una condena penal a la realidad de las redes sociales: cuando condenó a un 'youtuber' a estar alejado de esta red social durante cinco años por humillar a un indigente, precisamente, en sus vídeos de YouTube.

Periodistas, “influyentes” y libertad de expresión

En pleitos relacionados con la libertad de expresión o la veracidad de una información, los jueces siempre explican que a una persona relacionada con el mundo de la comunicación cabe exigirle algo más a la hora de estudiar si lo que ha dicho era impreciso o directamente una mentira. La irrupción de las redes sociales y su capacidad de difusión sin necesidad de trabajar para ningún medio o ni siquiera ejercer la profesión o ser una personalidad pública de algún tipo ha cambiado el marco para todos los ciudadanos.

Esto queda reflejado en un proceso judicial que todavía no es firme pero que ya cuenta con dos sentencias condenatorias. El de Alfonso 'Fonsi' Loaiza, que en su cuenta de Twitter de 175.000 seguidores se define como “doctor en medios de comunicación” y que ha sido condenado a pagar 2.100 euros por acusar en falso a la Policía Municipal de Madrid de haber “asesinado” al mantero Mame Mbaye en 2018 en Lavapiés. Un juzgado le consideró culpable de un delito de injurias graves a este cuerpo policial, la Audiencia Provincial ha confirmado el dictamen y ahora todo está en manos del Tribunal Supremo y su sala de lo penal. El mantero había muerto tras sufrir un infarto después de una carrera para escapar de una redada de la policía. El atajo de convertir ese episodio en un asesinato y la difusión de esa tesis ante sus miles de seguidores motivó la condena.

La última sentencia del tribunal territorial cita expresamente lo que dijo el Constitucional en el caso de Naranjo y Pradera, después de que Loaiza alegase que él no es un periodista profesional y que en ese momento, además, era “escritor precario mileurista”. Los jueces aceptaron estudiar el caso “suprimiendo la referencia a la profesión del acusado” y analizar si por eso sus mensajes dejan de ser delito. Y concluyeron que no, porque acusó abiertamente a la Policía Municipal de haber asesinado a Mbaye cuando no era cierto.

Recuerdan lo que ya dijo el Constitucional en el caso del conflicto entre dos periodistas: “La diferencia que el recurrente pretende establecer entre quien es periodista y quien no lo es, se difumina cuando las libertades de comunicación se ejercían a través de las herramientas que facilita internet”, dicen, y añaden que en el caso de Loaiza “tiene estudios de periodismo”, tal y como ha reconocido él mismo mientras alegaba que se trataba de una crítica al racismo de las actuaciones policiales. “Asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa, y ese y no otro era el comportamientos que el recurrente imputaba a la policía local de Madrid, haber asesinado a un mantero sin papeles, pudiendo haber alcanzado la finalidad que se dice pretendida sin necesidad tan gravísima imputación”, contestan los jueces.

Los límites de su libertad de expresión fueron analizados en la sentencia de primera instancia. “No se trata de un mero ciudadano que contacta con sus amigos, o de un pequeño empresario o comerciante que lo hace con sus trabajadores o clientes, en un ámbito personal de 200 o 300 personas, sino de alguien que difunde sus mensajes a miles de personas”, explicó la primera sentencia del caso. Hablaban los jueces de “los llamados influyentes, conocidos y seguidos por amplios espectros de la población, sobre todo los más jóvenes, con preferencia a los medios de comunicación tradicionales”.

Las personas “influyentes” en las redes sociales y su actividad, dijeron los jueces, “no pueden quedar al margen de una regulación, que aún exigua, comprende la responsabilidad por los propios actos. No puede ser considerado un territorio al margen de la ley”. También invita el Constitucional a analizar la difusión que ha tenido un mensaje supuestamente injurioso. “No es lo mismo que tal mensaje haya sido leído por una persona o por un millón, porque la imagen pública del titular del derecho al honor, y la percepción de esa imagen por terceras personas, no han quedado afectadas con la misma intensidad en uno y otro caso”.

La Justicia ha decidido confirmar la absolución de Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros, por sus declaraciones contra la Policía Municipal de Madrid tras la muerte del mantero Mame Mbaye en las calles de Lavapiés en 2018. Los jueces confirman que la intención de Gueye no era atribuirle directamente a los agentes la muerte de su compatriota senegalés, sino protestar contra el racismo institucional dentro de la libertad de expresión. Los jueces también confirman la multa impuesta al usuario de Twitter Alfonso 'Fonsi' Loaiza al entender que su afirmación de que Mbaye fue “asesinado por la Policía de Madrid” es un delito de injurias contra el cuerpo policial.

Mame Mbaye falleció en la calle madrileña del Oso en marzo de 2018 por una afección cardíaca mientras huía de una redada de la Policía Municipal contra los manteros en el centro de la capital. Las protestas por la muerte del joven y por la acción policial contra el colectivo de manteros se concentraron en el barrio de Lavapiés, con duros enfrentamientos con la Policía que se prolongaron varios días.

Sindicatos del cuerpo policial denunciaron a varias personas al entender que habían atribuido la muerte del joven senegalés de manera directa a la actuación de los agentes que le perseguían por las calles de Madrid, cuando había sido víctima de un infarto. Uno de ellos fue Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros defendido en este proceso por el despacho Red Jurídica, que al día siguiente concedió una entrevista al digital 20 Minutos en la que cargó contra la Policía Municipal y las autoridades municipales de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena.

En esa entrevista, Gueye denunció que “había una persecución” y que, en ese momento, la víctima estaba con un amigo y que cuando esté intentó “ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua”, la policía lo empujó y le apartó. “Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió”, detalló el activista.

Un juzgado de lo penal decidió absolver a Gueye al entender que no imputó la muerte de Mbaye de forma directa a los agentes de Policía Municipal que le perseguían y que su denuncia sobre el racismo que sufren los manteros estaba ampliamente amparada por la libertad de expresión. Tuvo en cuenta esa primera sentencia tanto su condición de portavoz del Sindicato de Manteros como el hecho de que su dominio del español a la hora de hablar y expresarse no era total.

Tal y como explicó elDiario.es, fueron los sindicatos de Policía Municipal los que recurrieron esta absolución y pidieron, con el apoyo de la Fiscalía, que Gueye fuera condenado por un delito de injurias contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una opción que acaba de rechazar la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia dictada a principios de este mes de septiembre. El portavoz del Sindicato de Manteros, destaca la Audiencia, hizo “una crítica hacia la actuación administrativa en materia de extranjería y policial, admisible en un Estado democrático, respetuoso con el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

Malick Gueye, dice la Justicia en una sentencia que todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, simplemente “denunciaba la situación en que se encuentra el colectivo de inmigrantes en situación irregular del barrio y la represión del llamado Top Manta, por parte de las fuerzas policiales”, al mismo tiempo que “lamentaba la muerte de un amigo”. Los jueces explican que los recursos de los sindicatos policiales no contienen “ni una sola razón” para condenarle.

Los jueces destacan que, además, en ese momento todavía no estaba claro lo que había pasado. “No se infiere del contenido de la entrevista que se declarara probado que la intención del acusado fuera la de injuriar a la Policía Local de Madrid, responsabilizándola de la muerte de Mame Mbaye, sino la de denunciar la situación del colectivo de manteros y de la persecución policial a la que consideraba que estaban sometidos”, dicen los jueces. También confirman la absolución de una empresaria del barrio de Lavapiés, acusada de escribir comentarios igualmente injuriosos contra la Policía en un perfil de Facebook.

Confirman la condena de Fonsi Loaiza

La sentencia todavía no es firme y puede ser llevada ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La resolución sí confirma la condena de multa de 2.100 euros de uno de los tres acusados: el comunicador Alfonso Loaiza, conocido en Twitter como 'Fonsi Loaiza', red social en la que acumula más de 170.000 seguidores. Loaiza escribió en su cuenta de Twitter mensajes como: “Hoy ha muerto Mmame Mbage cuando era perseguido por la policía. Su único delito: carecer de unos papeles. No se ha muerto solo ni es una muerte natural, en un asesinato y es culpable el Estado policial español”. También dijo en otro mensaje que Mbaye fue “asesinado por la Policía de Madrid”.

El juzgado entendió que debía ser condenado y ahora la Audiencia Provincial confirma esa decisión. Loaiza denunciaba que la sentencia le había condenado al entender que su libertad de expresión debía ser analizada como la de un periodista de profesión, cuando él no ejerce como tal. La Audiencia admite esa posibilidad pero explica que “objetivamente” estos mensajes “constituyen la imputación a la policial local de Madrid del asesinato de Mmame Mbaye, lo cual es constitutivo de un delito de injurias graves”.

Este usuario de Twitter argumentaba que el término “asesinado” no se usaba en alusión al hecho de que un agente hubiera sido el autor material de la muerte, sino que no había sido una muerte natural: “Asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa, y ese y no otro era el comportamientos que el recurrente imputaba a la policía local de Madrid, haber asesinado a un mantero sin papeles, pudiendo haber alcanzado la finalidad que se dice pretendida sin necesidad tan gravísima imputación”.

La sentencia de la Audiencia de Madrid se apoya en otra dictada este año por el Tribunal Constitucional en la que dio la razón al periodista Máximo Pradera ante la acusación falsa de otro periodista, Antonio Naranjo, de haber sido agredido por él. Una sentencia que afirmaba que “el uso de las herramientas digitales convierte a sus usuarios en creadores de contenidos, emisores, difusores y reproductores de esos contenidos”, en este caso Twitter.

Varios sindicatos de la Policía Municipal de Madrid insisten en que Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros en la capital, sea condenado por sus declaraciones tras la muerte de Mame Mbaye en Lavapiés en 2018. Según ha podido comprobar elDiario.es, dos de las acusaciones han recurrido su absolución ante la Audiencia Provincial de Madrid mientras que la Fiscalía, que también pidió que Gueye fuera condenado, ha decidido no recurrir aunque todavía puede adherirse a lo que digan las acusaciones populares.

El senegalés Mame Mbaye falleció a los 34 años en la calle madrileña del Oso, en el barrio madrileño de Lavapiés, en marzo de 2018. Mbaye llevaba más de una década en nuestro país y en ese momento huía a la carrera de un control de la Policía Municipal contra manteros en el centro de la ciudad. El senegalés padecía una patología cardíaca y su corazón se paró sin que los servicios de Emergencias pudieran hacer nada por él. Las protestas por su muerte y contra la actuación policial convirtieron el barrio de Lavapiés en un campo de batalla a lo largo de varios días.

Tres personas se sentaron hace unas semanas en el banquillo del juzgado 20 de Madrid acusados de imputar falsamente la muerte de Mbaye a la Policía Municipal de la capital: el tuitero y periodista Alfonso 'Fonsi' Loaiza, el portavoz del Sindicato de Manteros en Madrid, Malick Gueye, y la dueña de una tienda del barrio de Lavapiés. El primero afirmó en su cuenta de Twitter que “la Policía lo ha asesinado”, el segundo reclamó en una entrevista que “los dos policías responsables paguen por eso” y la tercera fue acusada de escribir en Facebook: “Los hijos de puta de los guindillas son responsables de esta muerte y de muchas más”.

La acusación popular fue ejercida por varios sindicatos de la Policía Municipal e incluso la Fiscalía pidió condenar a los tres, pero el juez José Enrique Sánchez-Paulete rebajó notablemente sus pretensiones. Tanto Malick Gueye –defendido por el letrado Eduardo Gómez, de Red Jurídica– como la dueña de la tienda de Lavapiés fueron absueltos y el tuitero Loaiza fue condenado a pagar una multa de 2.100 euros. Ahora, según ha sabido elDiario.es, los sindicatos policiales vuelven a la carga mientras que la Fiscalía ha rechazado recurrir aunque todavía puede adherirse a lo que digan las acusaciones populares cuando el caso pase a manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

El sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) ha recurrido solo la absolución de Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros en la capital, para quien llegaron a pedir una multa de 16.200 euros. Aseguran que el senegalés no estaba criticando el racismo en términos generales sino que “estaba imputando la muerte de una persona a la Policía Municipal” y que lo hizo con “temerario desprecio a la verdad”. La decisión del juez de absolverle, según el sindicato, está “salpicada de subjetividad” y reclaman una condena para él.

Otro de los sindicatos que ejercieron la acusación popular, CSIT, ha recurrido las dos absoluciones después de haber pedido multas de 8.100 euros para todos los acusados. Asegura este recurso que “la Policía no persigue a nadie sin motivo alguno” y añade que “la realidad es que mientras no cambie la ley, la Policía está obligada a su persecución”. Esto, dice el sindicato, “supone el meollo de la cuestión ya que poco debiera importar si la muerte se produce porque la Policía le persigue o no le persigue”. Califican de “claramente injuriosas” las declaraciones de Gueye y cuestionan también la absolución de la dueña de una tienda de Lavapiés por falta de pruebas de que fuera ella quien escribiera el mensaje.

En este segundo caso el juez entendió que existía la posibilidad de que otra persona hubiera escrito el mensaje desde el ordenador que ella dejó en su tienda mientras acudía a un curso. El sindicato CSIT explica que pudo ser escrito desde el curso con un smartphone y que, por tanto, su absolución debe ser revocada. Afirman también que “el hecho de que posteriormente borre el mensaje denota, con toda claridad, que ha realizado una valoración de la trascendencia y consecuencias que puede tener dicho mensaje y decide eliminarlo por su contenido injurioso”.

La Fiscalía, por su parte, ha bajado una marcha con respecto a su actuación inicial. En un primer momento solicitó una multa de más de 5.000 euros para el portavoz del Sindicato de Manteros en Madrid por injurias a la Policía aunque al final del juicio redujo esta petición hasta menos de la mitad. Ahora, según fuentes del Ministerio Público madrileño, ha renunciado a recurrir su absolución aunque todavía puede adherirse a los recursos que han presentado los sindicatos policiales ante la Audiencia Provincial.

Las declaraciones de Malick Gueye

En el caso del portavoz del Sindicato de Manteros en Madrid, Malick Gueye, el juzgado de lo penal entendió que no intentó imputar la muerte a una acción dolosa de la Policía y cuestionó también que la dificultad con el idioma le impidiese expresar correctamente sus ideas en un momento de intenso dolor para él. En unas declaraciones concedidas al digital 20Minutos poco después de la muerte de Mbaye, Gueye exigió “que los que son responsables de la muerte de Mame paguen las consecuencias, que los dos policías responsables paguen por eso, y también el Ayuntamiento. Ellos han permitido estas agresiones”.

El juzgado entendió que en el momento en que hizo las declaraciones las distintas informaciones sobre el caso ya dejaban claro que había muerto por causas naturales aunque no quedaba claro si huía o no de la Policía Municipal, que Gueye estaba muy afectado y que, además, se expresó en una lengua que no es la suya sin que exista una grabación de lo que dijo. La sentencia aseguraba que “no puede afirmarse una intencionalidad vejatoria hacia la Policía Municipal, prevalente sobre la de criticar la política de extranjería”.

El magistrado asegura en la sentencia que “se desconoce lo realmente manifestado por el acusado” y avaló, además, su derecho a criticar la represión policial que sufren en ocasiones los manteros. Dice la sentencia ahora recurrida: “Lo que puede ser objeto de crítica, y así lo hace el acusado en el ejercicio de su libertad de expresión, es que se sitúe a dichas personas en la marginalidad, sin papeles”.

La Audiencia Provincial de Madrid niega que la muerte del mantero Mame Mbaye, que falleció de un paro cardíaco el 15 de marzo de 2018 en el barrio madrileño de Lavapiés, estuviera vinculada a la persecución policial contra los vendedores ambulantes que se produjo aquella tarde. Asimismo, descarta también que la atención médica que recibió Mbaye 18 minutos después de desfallecerse, no fuera la correcta.

De esta forma, la sección segunda de la Audiencia Provincial madrileña ha ratificado el archivo de la investigación que ya ordenó el año pasado el juzgado 48 de Madrid, según ha adelantado la Cadena Ser. En respuesta al recurso de apelación presentado por SOS Racismo Madrid como acusación popular contra el sobreseimiento del caso, desestimado el 7 de febrero, los jueces califican la muerte de “natural” y catalogan las acusaciones de “afirmaciones apodícticas y especulaciones y conjeturas carentes de sustento objetivo”, de acuerdo con el auto al que ha tenido acceso eldiario.es.

El Juzgado de Instrucción acordó el 11 de abril del año pasado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, por entender que de las diligencias de investigación practicadas “no se desprende indicio alguno de responsabilidad penal, al haberse producido el fallecimiento por causas naturales y no a causa de la intervención de terceros”, recuerda el auto.

Los magistrados rechazan que Mbaye fuera perseguido por la Policía, que sí persiguió a “otras personas”, aunque reconocen que pudo haber huido por “miedo a ser identificado” tras presenciar cómo un grupo de manteros bajaban corriendo delante de la policía procedentes de la Puerta del Sol, de acuerdo con el documento.

“De las actuaciones no se desprende el más mínimo vestigio de que el fallecido se hubiese visto sometido personalmente a ningún tipo de hostigamiento o persecución policial previa que pudiera haber desencadenado los letales efectos de la patología cardíaca que presentaba”, reza el auto.

Respecto a la atención médica tras el desvanecimiento del joven, cuestionada por la asociación antirracista en su recurso contra el archivo de la causa, los jueces descartan que la asistencia brindada por el Samur fuera “defectuosa” y afirman que “no indica la parte apelante cuál hubiese sido esa otra asistencia médica que pudiera haber evitado el fallecimiento”.

La asociación SOS Racismo fue la que llevó el caso de Mbaye a los tribunales, ahora archivado. En su recurso, la organización pedía que se practicaran nuevas diligencias alegando “la improcedencia de clausurar la fase de instrucción cuando existan sospechas razonables y despejables de que se ha podido cometer un delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes”.

Este lunes, Sos Racismo Madrid ha criticado la decisión de los jueces en un mensaje de Twitter. “Si Mame no fue perseguido en ese momento lo había sido en los más de 14 años que llevaba en España debido al racismo institucional. La presencia de agentes de policía persiguiendo a otros compañeros tiene el mismo resultado que si le siguieran a él. Pero la justicia tiene color”, ha dicho la asociación antirracista.

De origen senegalés, Mame Mbaye tenía 34 años y, aunque llevaba más de una década en España, no había logrado los papeles, por lo que se ganaba la vida con la manta. Su muerte levantó una oleada de indignación entre el colectivo y puso en el centro informativo la difícil realidad de los manteros ante las persecuciones policiales.

La concejala de Ahora Madrid, Rommy Arce, fue investigada junto a Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, por criticar el “racismo institucional”. “Acusamos al sistema. Dentro de este sistema se encuentran la Ley de Extranjería y esas persecuciones policiales que sufren los manteros todos los días. Mame se ha muerto porque es negro, pobre, mantero y sin papeles”, explicó Gueye en una entrevista con eldiario.es.

Tras las protestas desencadenadas en el barrio madrileño durante la noche de su muerte, Manuela Carmena defendió la actuación de la Policía Municipal así como la del Ayuntamiento. Una semana después del fallecimiento de Mbaye, el 23 de abril, el concejal de seguridad, Javier Barbero, sostuvo en el Pleno del Ayuntamiento que el vendedor ambulante falleció tras “venir huyendo” desde la Puerta del Sol, aunque negó que fuera perseguido directamente hasta Lavapiés.

“Esa tarde, Mame Mbaye se encontraba en la Puerta del Sol con su manta, se produjo una intervención policial como las que ejecuta de forma regular, él corre por la calle postas hacia la Plaza Mayor”, defendió Barbero. “Venía huyendo desde la Puerta del Sol, corriendo hasta la Plaza Mayor y andando desde la Plaza Mayor hasta calle del Oso, pero huyendo. Es cierto no hubo persecución directa desde Plaza Mayor hasta calle del Oso, pero también es cierto que Mame Mbaye llevaba 14 años huyendo”, agregó.

Un año más tarde de su fallecimiento, centenares de personas se congregaron en Lavapiés para recordar a Mame Mbaye y para exigir el fin del “racismo institucional”.

La placa simbólica que el Sindicato de Manteros colocó hace unos días en Lavapiés en honor al mantero Mame Mbaye, muerto hace un año de un infarto en la calle del Oso, ha sido retirada en las últimas horas. En ella se podía leer: “En esta calle murió el 15 de marzo de 2018 Mame Mbaye, víctima del racismo institucional del Estado español”.

Así lo ha lamentado Izquierda Unida Madrid en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que “mil veces que la quiten, mil veces que volverá a ser puesta”. “Amparada en la oscuridad, la ignominia ha quitado la placa en recuerdo de Mame Mbaye”, han expresado.

“Así amanecía hoy la Calle del Oso. Alguien ha querido borrar la imagen de nuestro hermano pero su memoria permanecerá viva. Nosotras no olvidamos”, ha apuntado el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid en la red social. El colectivo colocó la lámina, que imita el diseño de las placas conmemorativas que se esparcen por la capital, durante la concentración en recuerdo de su compañero Mbaye el pasado 15 de marzo.

La semana pasada, el candidato del PP y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, exigió a la alcaldesa, Manuela Carmena, que retirase “de forma inmediata” la placa colocada en Lavapiés sobre el mantero, porque “ofende gravemente a España” al aludir que su muerte se debió al “racismo institucional”. Sin embargo, en el Pleno de Centro votaron en contra de esta petición Ahora Madrid y el PSOE.

Fuentes del Consistorio aseguran a eldiario.es desconocer quién ha arrancado la placa simbólica. Lo mismo indican desde el colectivo de manteros. En el pleno de este miércoles se había incluido una moción de urgencia del PP en la que se volvía a solicitar al Gobierno de Carmena la retirada de la misma.

El pasado 16 de marzo, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, amenazó en su perfil de Twitter con que su partido quitaría la lámina si no lo hacía el Ayuntamiento. “Si no retira Carmena de forma inmediata la placa, lo tendremos que hacer desde Vox. No vamos a permitir relatos falsos”, dijo la representante de la formación de extrema derecha.

Mbaye murió la tarde del 15 de marzo de 2018 por un ataque al corazón --como luego determinó la autopsia por causas congénitas--, cerca de su casa, en la calle del Oso. Llegaba de una jornada en la manta en la que había sufrido una persecución policial en la Puerta del Sol. Mientras regresaba, comenzó a llegó encontrarse mal y fue auxiliado por varias personas y luego por policías municipales. Su muerte desencadenó la concentración en señal de repulsa de cientos de personas en Lavapiés, algunas de las cuales protagonizaron disturbios en las calles del barrio.

El vendedor ambulante senegalés murió a los 34 años, tras más de una década en España en la que no pudo regularizar su situación administrativa. Su fallecimiento agitó el debate sobre las condiciones que enfrentan las personas que se encuentran en situación irregular en España. “Acusamos al sistema. Dentro de este sistema se encuentran la Ley de Extranjería y esas persecuciones policiales que sufren los manteros todos los días. Mame se ha muerto porque es negro, pobre, mantero y sin papeles”, explicó el portavoz del colectivo, Malick Gueye, en una entrevista con eldiario.es.

“Era mi amigo, mi amigo de verdad”, repite Abdou (nombre ficticio), un joven mantero. Como otros compañeros, hoy ha acudido a la plaza Nelson Mandela del barrio madrileño de Lavapiés en recuerdo de su compañero Mame Mbaye, fallecido hace justo un año a escasos metros del lugar tras una jornada vendiendo en la manta en la que se había producido una persecución policial.

Al grito de “Mame, hermano, nosotros no olvidamos”, varios cientos de personas, en su gran mayoría migrantes y racializadas, se han dado cita en la tarde de este viernes para rendirle homenaje y exigir el fin del “racismo institucional”. 

“Ningún ser humano es ilegal”, coreaba con firmeza, megáfono en mano, Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, a medida que los asistentes comenzaban a llegar puntuales a la plaza portando fotografías del mantero. Detrás, una pancarta, como las que solía diseñar Mame Mbaye para el colectivo, en el que también participaba. “Vuestro racismo, nuestros muertos. Justicia y reparación”, podía leerse en ella. Otro cartel de color violeta se abría paso entre los manifestantes: “¿Quién repara nuestro dolor?”. 

“Recuerdo lo que pasó hace un año con mucha tristeza. Llevábamos mucho tiempo denunciando agresiones y persecuciones. Le pasó a él, pero le podría haber pasado a otro. Y nadie, tampoco la izquierda, ha hecho nada para solucionar nuestra situación”, apunta Gueye a eldiario.es. 

El vendedor ambulante senegalés murió a los 34 años, tras más de una década en España en la que no pudo regularizar su situación administrativa. Su fallecimiento agitó el debate sobre las condiciones que enfrentan las personas que se encuentran en situación irregular en España.

Abdou subraya que un año después, sus circunstancias siguen siendo las mismas. “Mame estuvo más de diez años sin papeles, como yo, vendiendo en la manta, sufriendo mucho. Ahora es muy difícil vender, siempre hay motos, no puedes poner nada. Entran en la Puerta del Sol, no se puede, es muy difícil. Lo intentamos en otros sitios, pero siempre nos están siguiendo”.

Pasadas las seis de la tarde, algunas consignas como “¡Justicia!” y “Sobrevivir no es delito” daban paso a la lectura del manifiesto. “Mame Mbaye odiaba vender, pero era la única alternativa para sobrevivir a su alcance”, indicaba Cheikh Ndiaye, de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España. “Un año después, seguimos esperando que se esclarezca la muerte de nuestro compañero. Mame, la sociedad que te dio la espalda mientras vivías, tampoco se ha esforzado en investigar cuál fue la causa de tu muerte. Por el contrario, han seguido persiguiendo, criminalizando e intentado callar a quiénes lo hemos denunciado”. 

El nombre del mantero se entremezclaba con otros como los de Samba Martine, Alpha Pam, Mohamed Bouderbala o Lucrecia Pérez. “Hoy nos reunimos  para decir no olvidamos ni perdonamos, no solo la muerte de Mame sino también todas las muertes de nuestros hermanos y hermanas por culpa de la Ley de Extranjería”, ha agregado Ndiaye. “Recordamos a todos los que han perdido la vida en el mar y en las concertinas de la valla, intentando acceder a la Europa Fortaleza. ¿Quién repara nuestro el dolor cuando perdemos un hermano por el racismo institucional?”.

“Era un chico genial”, comentaba emocionado uno de los vecinos congregados en la plaza. Una joven charlaba con otras asistentes. Son muchos, asegura, los motivos para estar aquí. “A las personas no blancas, se nos invisibiliza. Solo somos visibles como ahora, en las elecciones, para instrumentalizarnos, para acusarnos, para victimizarnos. Esto es la punta del iceberg de todo el racismo que sufrimos. Me da igual que no le dispararan, porque esto no es EEUU, pero su muerte es culpa de un sistema que continuamente nos hace estar alerta y no nos deja vivir en paz”.

Durante la concentración, también ha habido palabras de condena al atentado que ha acabado con la vida de 49 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda. “Estos asesinatos no son una excepción. No son hechos aislados, ni actos individuales de personas enfermas o desequilibradas, sino que son el resultado de quienes buscan mantener un orden racial que impera y opera principalmente desde las instituciones”, ha denunciado ante los micrófonos el activista antirracista Youssef Ouled. “Es una barbaridad que en un centro de culto islámico se cometan masacres a plena luz del día. En Nueva Zelanda hemos visto la manifestación más violenta del racismo antimusulmán”.

A continuación, los asistentes han caminado hasta el portal de la calle del Oso en el que vivía Mbaye. La misma calle en la que cayó desplomado y donde se desencadenaron las primeras protestas contra su muerte. Un integrante del Sindicato de Manteros y Lateros ha colocado en la pared una lámina simbólica imitando a las las placas conmemorativas que se esparcen por la capital. “En esta calle murió el 15 de marzo de 2018 Mame Mbaye, víctima del racismo institucional del Estado español”.

Uno de los momentos más emotivos se ha producido poco después, cuando decenas de personas han guardado silencio y recordado con cánticos de oración al vendedor ambulante frente a su portal. 

La concentración finalizaba en torno a las siete de la tarde de nuevo en la plaza. La misma en la que Mbaye se reunía con sus compañeros y vecinos. A la que, probablemente, también habría acudido este viernes para gritar con fuerza. “Mame, hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo. Hoy y siempre, seguiremos tu camino, para con tu fuerza, denunciar y pelear para acabar con el racismo institucional. Hoy, Mame Mbaye te recordamos”.

El 15 de marzo de 2018 en España gobernaba Mariano Rajoy, Vox casi no ocupaba titulares y fallecieron un día antes Stephen Hawking en su casa y Marielle Franco a tiros en Brasil. Ese 15 de marzo a las 16:58 Mame Mbaye caía desplomado en la calle Oso del céntrico barrio madrileño de Lavapiés. 18 minutos después, a las 17:16, llegaba una ambulancia que poco más pudo hacer que certificar su fallecimiento. Mame Mbaye murió a los 34 años, tras más de una década en España en la que nunca pudo regularizar su situación administrativa y que terminaron en Lavapiés después de una jornada vendiendo en la manta.

Aquella no fue una muerte cualquiera. Acabó con una vida, abrió un debate sobre el racismo y los manteros, y tuvo repercusiones políticas.

La vida

Daour Fall trabaja en Plasencia desde hace varios años. Llegó a España como menor de edad desde Senegal, donde creció con Mame Mbaye. “Nos veíamos todos los días, hasta que él se fue a trabajar con su padre a la ciudad. Luego nos volvimos a encontrar en España. Yo siempre que podía, iba a Madrid y me quedaba en su casa”. No duda en señalar que era como un padre y una persona “responsable” porque, tanto su hermano como él, “le consultábamos todo antes de hacer cualquier cosa”.

Relata que para nada se esperaba la noticia que recibió ese 15 de marzo. “Estaba trabajando. Cuando pasó, me llamaron varios amigos suyos de Madrid y hasta de Senegal, pero yo había dejado mi teléfono en una camioneta. No podían contactar conmigo”. Fue instantes después, cuando cogió el móvil y vio decenas de llamadas perdidas, cuando se enteró.

Un año después, el cuerpo de Mame Mbaye ya está enterrado en Senegal tras un proceso de repatriación que no tuvo lugar hasta el 28 de marzo. “Tardó todo mucho por la autopsia, pero pudimos reunir el dinero gracias a las donaciones de la gente de toda España”, abunda Fall. Desde entonces, asegura que “los familiares de Senegal están esperando justicia para que se aclare lo que pasó”.

Él trató de iniciar un proceso intentando presentar un certificado procedente de su país para constatar el parentesco con Mame Mbaye. Pero Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de Red Jurídica que se encargó del caso y acompañó a Daour Fall en el proceso, lamenta que tuvieron que desistir porque “el juez consideró que era un familiar lejano”.

Pintando las pancartas para la concentración en memoria de Mame Mbaye un año después de su muerte, Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, al que ambos pertenecían, recuerda a su compañero de lucha más que nunca. “Él era el que diseñaba las pancartas y ahora mientras las hacemos, estamos tristes”. De él destaca que hacía mucho por cuidar a los demás: “Era nuestro cocinero, el primero que hacía los trabajos de cuidar a todo el mundo”.

Más allá del vacío que deja en el día a día de la organización la ausencia de Mame Mbaye, desde el Sindicato de Manteros creen que nada ha cambiado porque, aseguran, “siguen las persecuciones y la criminalización”. Aunque sí ven que “la gente del sindicato es más consciente de lo que hay en la manta, ahora nos intentamos juntar más para defender la injusticia que sufren todos los días los manteros. Pero en la parte de los hechos, todo está igual o incluso peor”.

La política y el racismo

Uno de los nombres propios del 15 de marzo de 2018 y los días posteriores fue Javier Barbero, concejal de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. La actuación del consistorio fue cuestionada tanto por grupos activistas como el Sindicato de Manteros, que pedían el “fin del racismo institucional en el Ayuntamiento”, como por los partidos políticos de la oposición. El PP dijo que el Gobierno de Carmena intentó ocultar la muerte de Mbaye por infarto y Ciudadanos les acusó de “infundir bulos”.

Un año después, el concejal recuerda la que asegura que fue “la semana más dolorosa” de su mandato y apunta a que las cosas han cambiado. “Hemos puesto en marcha una instrucción para el trabajo policial que les dé herramientas para proteger los bienes jurídicos que puedan estar en peligro. Un sistema que pueda ser garantista”, señala. Barbero ahonda en que además “se ha puesto en marcha la tarjeta de ciudadanía con gente haciendo cursos y buena perspectiva de integración. Tenemos que apuntar mucho más en este tipo de medidas. La cuestión de la venta ambulante es una cuestión social, no de seguridad”.

Los datos de la Policía Municipal de Madrid recopilados en 2017 señalaron que las actuaciones policiales habían crecido, pasando de 8.274 en 2016 a las 11.495 de la temporada siguiente. Pero el parámetro de medición ha cambiado, según el concejal. “No es fácil hacer comparativas con lo anterior porque la metodología de identificación y evaluación de la actuación policial ha cambiado. Eso sí, no hemos dado indicaciones de restringir ni de ampliar la actuación, sino de seguir trabajando con los criterios técnicos”.

El Sindicato de Manteros de Madrid no piensa lo mismo. Un año después de la muerte de Mame Mbaye, su portavoz Malick Gueye afirma tajante que “las promesas de Carmena eran todas mentira, no pusieron ninguna alternativa real para que los manteros no vendan en la calle”. Sostiene además que “ellos mismos sacaron un informe para decir que han perseguido más a los manteros que la derecha, ellos lo saben y los manteros lo saben, es una realidad”.

Hay un nombre surgido en los días posteriores y que une al Ayuntamiento de Madrid y al Sindicato de Manteros. Es Rommy Arce, concejal del consistorio de la capital española y que forma parte de la causa judicial contra ella, Malick Gueye y otras tres personas acusadas de un delito de injurias graves por el que irán a juicio. Uno de los tuits de Arce tras las protestas desencadenadas por la muerte del mantero decía lo siguiente: “Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a #MameMbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios!”.

“No me arrepiento de nada de aquel tuit”, dice Rommy Arce desde el otro lado del teléfono preguntada un año después si cambiaría sus mensajes. “Los cargos políticos tenemos que posicionarnos del lado de los que más sufren, lo tengo bastante claro”, añade la edil del Gobierno de Ahora Madrid que considera que se está enfrentando a un “juicio político”. De una opinión similar es Malick Gueye, también encausado: “Nos denuncian para que nos callemos”. Gómez Cuadrado, abogado de Gueye, lamenta que “es el único procedimiento abierto respecto a la muerte de Mame, algo que me parece desproporcionado y que sirve para desviar la atención”.

365 días después, el Sindicato de Manteros convoca una concentración en recuerdo de su compañero fallecido. La muerte de Mame Mbaye supuso un punto de unión entre la vida, la política y el racismo de un caso que por ahora no cae en el olvido.

Las reflexiones sobre el tiempo siempre son injustas, pero a la vez inevitables porque casi todo lo medimos con el tiempo. Suena a tópico, pero hay pocas cosas más ciertas que decir que el tiempo es relativo, y en el racismo/antirracismo no es menos. En el último año -contando desde el 11 de noviembre de 2018 hacia atrás- recuerdo los minutos que parecían años y las horas que se almacenaron en la mente como secuencias fugaces.

La muerte de Mame Mbaye me pilló cogiendo un vuelo de dos horas que se me hicieron infinitas. El modo avión y la falta de respuestas a miles de kilómetros del suelo contribuyeron notablemente a esa percepción. No quiero ni pensar (o sí) en cómo fue ese tiempo para sus amigos y familiares, para los que estaban cerca, en Lavapiés, y para los que aguardaban desde Senegal la fatídica llamada. Allí la manta era la excusa, pero fue el racismo quien lo mató.

El episodio de las jornaleras marroquíes de Huelva resultó ser el último eslabón de la engrasada máquina colonial y patriarcal y se convirtió en una dosis de dolorosa realidad. Por la situación en sí misma y por el tibio (diría que inexistente) rechazo social. La comparación con la reacción en otros casos fue sangrante. Allí las fresas eran la excusa, pero fue el racismo lo que las marcó.

En el otro lado recuerdo la manifestación antirracista del 12 de noviembre de 2017 como si fuera ayer, y cuando echo la vista atrás me vienen caras, abrazos, puños en alto y gritos, también lágrimas, aunque todo son flashes. Tres o cuatro horas que mi cerebro ha reducido a pocos segundos, en breves instantes de orgullo y felicidad que comparten cajón.

Reflexionando sobre el tiempo me viene a la cabeza una frase que pronunció el líder del PP, Pablo Casado, en octubre: “La Hispanidad es el momento más brillante de la humanidad porque nunca antes había conseguido trasladar la cultura, la historia, la religión a tantos sitios a la vez”. Si la frase de Casado fuera cierta habría que cuestionarse qué hemos hecho en todos los años de humanidad para que un concepto como la Hispanidad sea lo más brillante. Un hecho que el catedrático Antonio Acosta resume en que “la presencia de España en América fue el resultado de una conquista violenta y muy dura”. ¿Será el momento más brillante de la historia de la humanidad para quienes sufrieron esa violencia? ¿Su percepción del tiempo sobre esta época será la misma que la de Casado? Algo me dice que no.

En 2017 se celebró una marcha que tenía como lema “por una sociedad sin racismo” y que supuso un punto de inflexión porque puso en el centro que estaba liderada por personas migrantes y racializadas. Un apunte nada menor porque supuso un giro en el discurso y en las prácticas que hasta ahora, a veces por circunstancias sociales y otras por planteamientos morales, nos relegaba a migrantes y racializados a lugares secundarios o solo encerrados en el papel de víctima. Un año después, con sus altos y bajos, idas y venidas, momentos bonitos y horribles, la lucha sigue, se amplía y marcha firme al objetivo del curso anterior: construir una sociedad sin racismo.

Tras 364 días –lo sé, pero nada es perfecto– desde la manifestación anterior hay instantes a los que echaré la vista atrás y me parecerán eternos, dignos de ser olvidados por el dolor y el sufrimiento que reflejan, pero también de ser recordados por su memoria o para tomar nota. Pienso en Mame Mbaye, en las jornaleras de Huelva, en Jesús y el abuso en la Renfe, en las muertes en las fronteras construidas por tierra, mar y aire; en la brutal paliza a Miguel Ángel, en las personas cercanas que sufren ante unas leyes y su burocracia racista que las aplasta una y otra vez, en la esclavitud o en los niños obligados a crecer con la piel más dura por los golpes del racismo. Por desgracia también habrá hueco –siempre lo hay- para pensar en todo aquello que hicimos mal o pudimos hacer mejor, y sobre todo en quienes arrimaron el hombro al lado para luego perder la cercanía y marcharse.

Un año de antirracismo es poco si lo comparamos con los siglos de racismo que venimos sufriendo, pero es mucho para las comunidades racializadas y migrantes cuando vemos que los pasos adelante pueden mejorar nuestras vidas. El objetivo es claro y los atajos no existen: la prudencia en la pelea antirracista solo muestra el privilegio de a quien no le importa o no le va la vida en ello. Por eso es importante poner el cuerpo y la fuerza en las acciones cotidianas y en las extraordinarias como las distintas marchas alrededor del 11 de noviembre.

Angela Davis lo dijo en su última visita a Madrid: “Las manifestaciones son ensayos de revolución”. Hagamos caso porque no vamos sufrir más tiempo y son muchos siglos de racismo pesando sobre las espaldas. Salgamos a la calle y transformemos esto, porque son vidas las que están en juego.

Malick Gueye llega acelerado. Después de un día “intenso” en la granja escuela donde trabaja como monitor, el también portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid atiende a eldiario.es cuando se cumplen dos meses de la muerte del vendedor ambulante Mame Mbaye en Lavapiés. Sus declaraciones sobre el fallecimiento de su compañero le empujaron a un proceso judicial por un posible delito de injurias y calumnias sobre la Policía Municipal, de la que tantas veces escapó cuando se dedicaba a la manta.

Hace poco más de una semana Gueye declaró ante el juez junto a la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce, también investigada por un tuit en el que criticaba el “racismo institucional” ligado a la muerte de Mame Mbaye. En los juzgados, el portavoz del Sindicato de Manteros asegura que defendió “lo mismo” que ha denunciado en los últimos años: “Entregamos documentación sobre las denuncias de agresiones racistas registradas en el Ayuntamiento y la Defensoría del Pueblo: eso es el racismo institucional que criticamos”, dice el senegalés. 

Las palabras que más repite: Ley de Extranjería y Penalización de la manta. Ambas regulaciones son las que, a su juicio, están detrás de las persecuciones sufridas por los vendedores ambulantes. Las que, dice, “provocan el estrés por el que murió Mame”. La “raíz del sistema racista” que trata de arrancar. 

Tras la muerte del mantero Mame Mbaye se enfrenta a un proceso judicial como investigado por un posible delito de injurias y calumnias debido a sus declaraciones sobre el fallecimiento de su compañero. El sindicato Unión de la Policía Municipal está detrás de la querella. ¿Cuál es su valoración?

La denuncia me parece racista. No es casualidad que justo nos hayan denunciado a Rommy Arce y a mí. Somos voces dentro de la comunidad migrante que intentamos denunciar el racismo institucional y hablar de lo que pasa en Madrid. Es su forma de callar a quienes alzamos la voz. Por eso nos han denunciado.

Se le investiga por, supuestamente, haber dicho que la Policía mató a Mame Mbaye. ¿Hizo esas declaraciones?

Nunca, ni yo ni nadie de mi colectivo hemos acusado a la Policía directamente de matar a Mame. Acusamos al sistema. Dentro de este sistema se encuentran la Ley de Extranjería y esas persecuciones policiales que sufren los manteros todos los días. Mame se ha muerto porque es negro, pobre, mantero y sin papeles.

Dentro de la Ley de Extranjería él no podía hacer nada, la única forma de sobrevivir era vender en la calle. Y por ello sufría persecuciones y estrés todos los días. Y por eso se ha muerto. Eso es lo que denunciaba.

Recientemente tuvo lugar su primera declaración ante el juzgado. ¿Cómo fue?

Bien. Le dije lo mismo que hemos denunciando durante estos tres años. No hay nada nuevo. Todo lo que hemos declarado son nuestras quejas en relación a la situación de los manteros. Llevamos las denuncias de agresiones racistas por parte de la Policía Municipal que están en el registro del Ayuntamiento, en el Defensor del Pueblo. 

¿Por qué considera que la Policía Municipal trata de silenciar sus denuncias?

Cuando se murió Mame había un foco en los medios sobre esta situación. Desde nuestro colectivo, intentamos visibilizar cómo se ven obligados a vivir nuestros compañeros desde hace mucho tiempo. Pero como somos muy pocos, como quienes venden en la calle son negros y no importan y no tienen papeles, nunca hemos tenido esta atención.

Cuando la tuvimos, intentamos mostrar la situación del colectivo, denunciar la Ley de Extranjería, que es responsable de que haya manteros en Madrid, y denunciar las persecuciones brutales que sufren. Entonces, han decidido denunciarnos para silenciarnos. Pero no lo van a conseguir.

¿Han tenido acceso a la autopsia de Mame Mbaye? ¿Saben algún dato nuevo sobre su muerte?

La Asociación de Senegaleses ha tenido acceso, pero yo no tengo información sobre ella. Desde el Sindicato de Manteros denunciamos su muerte en los tribunales para que fuesen investigados los hechos. El juzgado la ha desestimado, pero vamos a recurrirla.

El cuerpo de Mame ya ha sido repatriado. El Ayuntamiento de Madrid ofreció dinero pero lo rechazasteis. ¿Cómo os organizasteis finalmente?

Cuando murió Mame la primera reacción del Ayuntamiento de Madrid fue intentar darnos dinero para la repatriación. Lo rechazamos. También el Consulado de Senegal, que no se preocupa de la situación de los senegaleses, ha intentado ofrecer dinero. Lo descartamos.

La asociación de senegaleses organizaron una colecta y en 30 minutos ya tenían el dinero para la repatriación. Lo hemos dicho mil veces: no queremos dinero de los políticos. Se ha repatriado porque cada uno ha puesto lo que ha podido y lo hemos hecho.

¿Cómo funciona la caja de solidaridad dentro del colectivo de manteros?

Los manteros siempre han tenido solidaridad entre ellos. Muchas veces, cuando nos quieren criminalizar, utilizan justificaciones morales como acusar a los manteros de mafiosos. Y no, los manteros no son mafiosos. Son gente que vende porque no tienen nada más. Son muy solidarios entre ellos. Tienen cajas sociales donde la gente pone cada mes cinco euros que utilizan para ayudarse mutuamente cuando tienen problemas, cuando están enfermos, cuando les pilla la Policía o tienen multas por las ordenanzas municipales.

Es gente que intenta comprar una mercancía a 5 euros para intentar venderla a 10, pero no es ninguna mafia.

¿Cómo se encuentra la familia de Mame?

Está fatal. Les hemos dado apoyo moral y hemos intentado aportar lo que hemos podido. Todos los colectivos senegaleses se han puesto en contacto para intentar ayudarles en lo que se pueda. Pero imagínate cómo están... Era una persona que llevaba 13 años fuera y se ha muerto.

Tras la muerte de Mame Mbaye, ¿se han reunido con el Ayuntamiento de Madrid?

El Ayuntamiento de Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros. Estos últimos días hemos tenido noticia de que quizá Manuela Carmena quiere reunirse con nosotros pero llevamos tres años haciéndolo, explicando la situación y tampoco nos interesa que nos utilicen para fines partidistas. No queremos que nos utilicen como campaña en las elecciones del 2019.

Durante la última legislatura, el Ayuntamiento de Carmena no ha resuelto el problema. Igual que el PP ha sido responsable de la Ley de Extranjería y de que la manta haya sido delito de nuevo. O Ciudadanos, que usa a los manteros para criminalizar a la población migrante y, a nivel estatal, tampoco han apoyado la propuesta de la despenalización de la manta. El PSOE es responsable de las duras políticas en las fronteras y Rubalcaba es responsable directo de las redadas racistas que había en 2007 y 2008. Son todos responsables de la situación que vivimos.

¿Ha cambiado en algún aspecto la situación de los manteros en su día a día desde la muerte de Mame Mbaye?

Mucho cambio no ha habido. Lo único, a lo mejor, la Policía ahora sabe que la gente está apoyando a los manteros. Hay gente en la calle que va a tener los ojos muy abiertos para denunciar las agresiones policiales que sufren. Vamos a ver qué va a pasar pero las persecuciones continúan. Los manteros sufren de las agresiones de la Policía Municipal, físicas o verbales. 

El problema está en la raíz. Por un lado,  la Ley de Extranjería, que discrimina a la gente por no tener los papeles y es la responsable de que acaben en la manta. 

Por otro, hay que conseguir la despenalización de la manta: no puede ser que metan a gente en la cárcel por vender en la calle. La idea es luchar para cambiar el problema de fondo. 

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, admitió que la situación de exclusión social en la que vivía Mame Mbaye podía generar un “estrés crónico” que derivase en problemas de salud.

Barbero juega al ratón y al gato. Hemos hablado muchas veces con él para hacérselas llegar y nunca ha hecho nada. Y nunca ha hecho un posicionamiento en público para denunciarlo.

Él se ha callado, solo hemos tenido reuniones que no han servido para nada. Porque, hasta que no haga un posicionamiento público, está dando barra libre para este tipo de persecuciones. Barbero es responsable también de la situación de los manteros. Es la primera persona que sabía todo lo que estaba pasando pero no ha hecho nada para solucionarlo.

Sobre las alternativas laborales, el Sindicato de Manteros de Barcelona ha creado una cooperativa para lanzar su propia marca de ropa, Top Manta. ¿Trabajan en algún proyecto parecido?

Siempre se intenta hacer, buscamos alternativas laborales, se organizan comidas, fiestas para obtener dinero… Pero todavía no hemos llegado al punto de crear una marca. Pero, si lo hacen los compañeros de Barcelona, ellos también son nuestros compañeros, trabajamos juntos y cualquier cosa que hagan ellos nos representa.

La lucha de los manteros a nivel estatal es la misma. No hemos llegado a conseguir hacerlo porque, quizá, Madrid es una ciudad más conservadora de Barcelona. Pero  esta iniciativa ayuda a unas 30 personas cuando los manteros y lateros son muchos más. Por eso insisto, hay que ir a las raíces: derogación de la Ley de Extranjería y despenalización de la manta.

Con ambas medidas buscan acabar con lo que usted suele denominar como la “jaula de la manta”. ¿A qué se refiere con ello?

La manta es una jaula sin salida. Tú no tienes papeles, no puedes trabajar y vendes en la calle para sobrevivir. Después, hay ordenanzas municipales por las que te ponen multas. Por esas multas que no puedes pagar o por los antecedentes derivados de la venta, te pueden denegar los papeles. También está la Ley de Extranjería, por la que, cada vez que te pilla la Policía, te pueden meter en el CIE. Entonces, nunca puedes salir de esta jaula de la venta ambulante.

La manta no es plato de buen gusto para nadie. Es gente que tenía sus oficios pero llegan aquí y se ven empujados a vender para sobrevivir.

Usted logró salir de la jaula de la manta y regularizó su situación. Ahora, desde esa posición, se encuentra en primera línea del activismo antirracista, a pesar de que puede acarrear riesgos, como el proceso judicial al que se enfrenta. ¿Por qué lo hace?

Yo no puedo desentenderme. Sé cómo es la situación y ahora tengo la suerte de no dedicarme a la venta. Yo puedo denunciar, yo puedo poner la cara, pero muchas veces el mantero no puede hacerlo. Porque algunos no tienen papeles y son personas que están todo el día en la calle con la Policía, por lo que pueden sufrir acoso o represalias.

Por ello la gente que no vende en la calle debería denunciar más estas situaciones. Si no, nadie lo va a hacer. Y es una injusticia. Hay que hacerlo sí o sí.

El magistrado titular de Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado la puesta en libertad de las cuatro personas detenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado por haber participado supuestamente en los incidentes ocasionados en el madrileño barrio de Lavapiés, tras el fallecimiento de Mame Mbaye, han informado fuentes jurídicas.

Sobre los cuatro detenidos pesa una imputación de daños. El Juzgado de Instrucción número 8 se ha inhibido sobre el Juzgado de Instrucción nº 2, que fue el órgano judicial que abrió diligencias previas el día de los hechos por encontrarse de guardia.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, algunos videos, filmados durante los altercados y colgados en diversas redes sociales, han facilitado la investigación, que se inició el pasado 15 de marzo tras los “graves” disturbios ocurridos en el barrio de Lavapiés tanto la noche de este día como al día siguiente.

Durante los altercados, se produjeron destrozos en el mobiliario urbano y en bienes particulares de vecinos del barrio. Los días siguientes a los hechos se interpusieron más de 40 denuncias, gran parte de ellas con motivo de los daños sufridos en vehículos estacionados en la zona. La reparación se estimó en más de 30.000 euros.

En los disturbios, en los que, según ha recordado la Jefatura, resultaron agredidos varios policías, se incendiaron contenedores de basura y papeleras del mobiliario público. Los incendios provocados eran realizados para formar barricadas que “impidieran a los agentes garantizar la seguridad del barrio”, explican.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro individuos como presuntos responsables de los disturbios ocurridos durante los días 15 y 16 de marzo en el madrileño barrio de Lavapiés, tras el fallecimiento de un mantero senegalés, Mame Mbaye, que sufrió una parada cardiorrespiratoria en plena calle.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, algunos vídeos, filmados durante los altercados y colgados en diversas redes sociales, han facilitado la investigación, que se inició el pasado 15 de marzo tras los “graves” disturbios ocurridos en el barrio de Lavapiés tanto la noche de ese día como al día siguiente. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también anunció una investigación el mismo día en que falleció Mame Mbaye para aclarar las causas de su muerte.

Durante los altercados, se produjeron destrozos en el mobiliario urbano y en bienes particulares de vecinos del barrio. Los días siguientes a los hechos se interpusieron más de 40 denuncias, gran parte de ellas con motivo de los daños sufridos en vehículos estacionados en la zona. La reparación se estimó en más de 30.000 euros.

En los disturbios, en los que, según ha recordado la Jefatura, resultaron agredidos varios policías, se incendiaron contenedores de basura y papeleras del mobiliario público. Los incendios provocados eran realizados para formar barricadas que “impidieran a los agentes garantizar la seguridad del barrio”, explican.

Durante la tarde de este jueves se dispuso un operativo en el distrito Centro en el que se produjeron las cuatro detenciones. A los detenidos se les imputan delitos de desórdenes públicos, daños y atentado a agentes de la autoridad.

La operación policial continúa abierta y no se descarta la identificación y detención de otros participantes en los disturbios.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha citado a la edil de Ahora Madrid y concejal presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, a declarar el próximo 4 de mayo por un delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal de Madrid por los mensajes difundidos a través de una red social tras la muerte el pasado 15 de marzo del senegalés Mame Mbaye.

La citación se produce después de que este juez haya acumulado en una misma investigación las querellas interpuestas por varios sindicatos policiales sobre este tema, admitiendo a trámite las relativas a la Asociación de Policia Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal.

En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, también se cita a declarar en calidad de investigado al portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye.

La querella de la UPM se dirigía contra Rommy Arce, el cofundador de Juan Carlos Monedero y Malick Gueye por un presunto delito de incitación al odio contra la Policía. Mientras que la acusación de la APMU se basaba en un delito de injurias y calumnias contra Arce, Malick Gueye, el Partido Comunista de Madrid e Izquierda Unida de Madrid, así como otras personas no identificadas.

En cuanto al delito de incitación al odio, el juez destaca que en el presente caso no concurren los supuestos tipificados en el artículo 510 del código penal, los cuales tienen “carácter taxativo, y son de interpretación restrictiva, no pudiendo atribuirse relevancia penal a las conductas dirigidas contra otros grupos sociales”.

El juez señala que los hechos “contenidos en el relato de ambas querellas pueden ser calificados inicialmente, sin perjuicio de posterior calificación en el momento procesal oportuno, como de un delito de injurias y calumnias con publicidad contra el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid”. Por ello, indica que procede admitir la querella contra Rommy Arce Legua, Malick Gueye.

Además, señala que no procede admitir la querella contra Monedero ni contra el Partido Comunista e Izquierda Unida al no revestir carácter penal las afirmaciones por los mismos realizadas en las redes sociales.

Por otra parte, sobre los mensajes supuestamente injuriosos de individuos anónimos, al no estar determinadas las personas contra las que se dirige la querella, el juez acuerda la práctica de las diligencias necesarias para la comprobación de la identidad de los autores de tales mensajes en redes sociales.

Para ello, librara oficio a la unidad de policía judicial adscrita a los juzgados a fin de que identifiquen a los autores de los mensajes en los anteriores perfiles de twitter y Facebook.

Arona Diakhate, el vecino de Lavapiés que fue herido por un porrazo en la cabeza de la Policía Nacional durante las protestas por la muerte del mantero Mame Mbaye, ha presentado una denuncia contra los agentes por un delito de lesiones, tortura y omisión de socorro. En una entrevista con eldiario.es, Diakhate ya anunció que llevaría a los tribunales su caso y este miércoles ha formalizado su denuncia ante los tribunales madrileños de Plaza Castilla.

La principal dificultad para una posible investigación judicial, según comentan los abogados de Red Jurídica que prestan sus servicios en este caso, radica en que muchos de los agentes que participaron en el dispositivo antidisturbios aquella noche no cumplían con la norma que les obliga a llevar un número visible sobre su uniforme, lo que puede complicar que los agentes que golpearon al herido sean identificados.

Diakhate se encontraba en la Plaza Nelson Mandela cuando los antidisturbios cargaron contra grupos de manifestantes a su alrededor. En las imágenes que pronto se difundieron en redes sociales, se aprecia que Diakhate se encontraba en actitud pacífica en el centro de la plaza y cómo los agentes se acercan. Uno de ellos le golpea dos veces, una de ellas claramente en la cabeza, y el hombre cae desplomado. 

El herido no recuerda gran cosa de lo que le ocurrió desde entonces. Los abogados de Diakhate explican que han armado la denuncia al rededor del relato reconstruido con diferentes fuentes por eldiario.es sobre lo que ocurrió aquella noche con este vecino de Lavapiés, nacido en Senegal y con nacionalidad también española.  Además de acusar a los agentes de un delito de lesiones por los golpes a su juicio injustificados recibidos por Diakhate, la denuncia también pide al juez que los impute por delito de torturas y omisión de socorro, por lo que ocurrió después. 

Después del golpe, los agentes antidisturbios estiran el cuerpo de Arona Diakhate sobre el suelo y salen corriendo para continuar con las cargas sin asistirle. Se queda solo, sin moverse, durante unos momentos.

Desde la retaguardia del operativo acuden entonces otras unidades de seguridad ciudadana. Los policías cogen en volandas al herido, que sigue desfallecido tras el golpe en la cabeza, y se lo llevan corriendo de la plaza. Los agentes no se llevan a Diakhate al hospital ni al punto de atención sanitaria que había habilitado el SAMUR durante los disturbios, sino a la comisaría de Leganitos, a unos 15 minutos en coche desde Lavapiés, según confirmó la Policía a eldiario.es tras la publicación de lo sucedido. Ahora sí, recurren al Samur para que lo traslade al Hospital de la Fundación Jiménez Díaz. La llegada al hospital está registrada a las 23.32h, más de dos horas después de sufrir la contusión en Lavapiés.

Este caso no constaría nunca en el registro de heridos del operativo policial, aunque aparecería luego en el registro general del Samur, sin relación alguna con los disturbios. En el hospital, el primer informe médico demuestra que Arona sufre traumatismo craneoencefálico con hematomas internos, pero sin riesgo de lesión neuronal. Le ponen 15 puntos en la cabeza. En el informe se habla de que la herida en la cabeza se debe a un golpe con “un objeto duro y desconocido”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce para que declare como querellada por un posible delito de incitación al odio, según informa el diario El País. La jueza ha admitido a trámite la querella presentada por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) por los tuits que publicó la concejala sobre la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye tras una persecución policial.

En la denuncia, el sindicato acusa a Arce de incitar al odio en sus publicaciones en Twitter. El primer tuit que se incluye en la querella, según la información de El País, es el siguiente:

La concejala deberá declarar el próximo 25 de abril en calidad de querellada, junto con su abogado. El secretario general del CPPM, Francisco Torres, está citado para declarar como querellante el 12 de abril.

En declaraciones a los medios tras anunciarse la querella unos días después de la muerte de Mbaye, la alcaldesa, Manuela Carmena, respaldó a su equipo de gobierno. “¿Dimisión por qué? No. ¿Por qué va a haberla? Me sorprende. Nadie ha tenido una actitud que genere algún tipo de reproche”, manifestó cuando le preguntaron por la denuncia.

¿Es posible leer la coyuntura política, no simplemente como una disputa entre distintos grupos por el poder, sino como un choque entre diferentes percepciones de la vida social, entre diferentes sensibilidades de la vida en común?

Vamos a ensayarlo tomando apoyo en el sugerente concepto de “pedagogía de la crueldad” propuesto por la antropóloga Rita Segato. Lo explico muy resumidamente a continuación.

En nuestras sociedades, la vida se vuelve cada vez más precaria: la indefensión y la desprotección son tendencias generales, transversales.

El capitalismo hoy no mira simplemente por su reproducción regulada, sino que busca incesantemente la conquista de nuevos territorios objetivos y subjetivos: nuevas tierras y nuevas capas del ser que explotar. Es un capitalismo de rapiña.

Esta conquista permanente requiere, no sólo de la abolición de las viejas regulaciones y protecciones (fruto muchas veces de las luchas de la gente de abajo), sino de una insensibilización radical.

En la guerra de todos contra todos, la competencia general y el sálvese quien pueda, el otro debe percibirse ante todo como obstáculo o amenaza: como enemigo.

El principio de crueldad es la disminución de la empatía: el otro es desechable y prescindible, ningún hilo me une a él, nuestros destinos no tienen nada en común.

Hay toda una “programación neurobélica de la baja empatía” en nuestras sociedades. Y la violencia aquí es clave como herramienta: lanza el mensaje aleccionador de que el otro (mujer, viejo, migrante, pobre, negro, disidente) sobra, es eliminable.

Lo que sostiene pues las políticas de precarización de la vida es una cierta configuración (o desconfiguración) de la percepción y la sensibilidad. Estas son asuntos políticos de primer orden, pero los análisis de coyuntura no reparan apenas en ellas, enfocados más bien en reseñar las maniobras partidistas y las intrigas palaciegas, las relaciones de fuerza entre organizaciones y facciones, el estado de los sondeos y la “opinión pública”. Es necesario y urgente dotarse de una sensibilidad poética sismográfica para adentrarse y describir este plano de realidad.

Derechización afectiva

Se ha repetido mucho. El 15M ha funcionado como un “cortafuegos” del ascenso del populismo derechista que se extiende a nivel micro y macro por toda Europa: Frente Nacional, Brexit, Alternativa para Alemania, Pegida, Liga Norte, Casa Pound, Amanecer Dorado.

Pero, ¿qué tipo de “cortafuegos” era? Por nuestra parte, hemos insistido en pensar y describir el 15M como un efecto de sensibilidad. Un fenómeno de sensibilización colectiva. A partir de mayo de 2011, se desplegó un poco por todas partes en la sociedad una especie de “segunda piel” en y por la cual se sentía como algo propio y cercano lo que les sucedía a otros desconocidos.

Esto no quiere decir que todo el mundo estuviese presente en cada desahucio en los barrios, en cada acompañamiento de un migrante sin tarjeta sanitaria, en cada encierro en un colegio amenazado de recortes, sino más bien que había un clima social general que abrazaba, conectaba y amplificaba cada acción, cada iniciativa. El 15M creó un común sensible en el que era posible sentir a los otros y con los otros, como semejantes.

Esa piel se ha retirado o adormecido, debilitada en buena medida por una “verticalización” de la atención y el deseo, depositados y delegados durante el “asalto institucional” en la promesa electoral de la nueva política. Cautivados por los estímulos que venían de arriba (tele, dirigentes, partidos), descuidando mientras lo que sucedía a nuestro alrededor, la piel se rajó.

En realidad no hemos salido de ninguna crisis: simplemente se ha perdido el contacto sensible entre los “hundidos” y los “salvados” (o quienes se creen salvados de momento). La retirada del “cortafuegos” 15M deja vía libre a las fuerzas que están siempre ahí: la profundización y consolidación de la precariedad existencial general, la guerra de todos contra todos y el sálvese quien pueda.

El veneno de la amargura que anida en cada cual por tantas humillaciones recibidas en el cotidiano -sean grandes o pequeñas, reales o imaginarias- se convierte en el aguijón del resentimiento victimista que circula hoy a placer por las redes sociales entre zascas y booms.

La “derechización” de que se habla últimamente, sobre todo a raíz de lo que ha “despertado” el conflicto en Catalunya, no es en primer lugar una cuestión ideológica, identitaria o política, sino una crispación social y afectiva. Un endurecimiento de la percepción y de la sensibilidad.

El fondo del contenido de las banderas españolas que aún se pueden ver en los balcones (ya hasta el Mundial...) es el miedo, la amargura, la soledad, un deseo reactivo de orden, consumo y mano dura contra todo lo que se desvíe o desestabilice la ficción de normalidad, con el anti-catalanismo como elemento aglutinador primario.

Es sin duda Ciudadanos el partido que de manera más desenvuelta agita hoy esa “pasionalidad oscura” (Diego Sztulwark) con el fin de recogerla más tarde electoralmente y hacer de ella la base del proyecto político de convertir la sociedad en una empresa total. Donde sólo haya lugar para los ganadores, donde no tengan lugar los adversarios (destituidos como interlocutores mediante la represión, la censura y la criminalización), ni tampoco las “anomalías” (como los centros sociales en las ciudades o los manteros).

En ese fondo oscuro y crispado aparecen sin embargo voces y movimientos que convocan otra sensibilidad, activan otra percepción y abren otra piel. Sin ningún ánimo exhaustivo o totalizante, voy a centrarme en tres ejemplos (hay más). El 8 de marzo, la voz de Patricia Ramírez, madre del “pescaíto”, las movilizaciones en torno a la muerte de Mame Mbaye.

El mandato de masculinidad

Según Rita Segato, la primera expresión de la pedagogía de la crueldad es la violencia machista. El capitalismo de rapiña instala un campo de batalla en el cuerpo de las mujeres.

En la precariedad general, la posición del hombre está fragilizada: no puede proveer, no puede tener, no puede ser. Pero al mismo tiempo tiene que probar que es un hombre. Los varones estamos sometidos a un “mandato de masculinidad” que nos obliga, para ser, a demostrar fuerza y poder: físico, intelectual, económico, moral, bélico, etc. El mandato de masculinidad se traduce hoy así en un mandato de violencia.

La violación no es erótica o de placer, sino una demostración de poder. El poder del impotente, ansioso por demostrar que es, que sigue siendo un hombre. Es un mensaje que manda un hombre a otros hombres: puedo, soy capaz, soy dueño de las vidas. No es un hecho excepcional, cosa de algunos varones monstruosos o “psicópatas”. Se asienta en una base compuesta de mil violencias cotidianas y transversales: en el espacio público y en el íntimo, en la calle y en casa, en el trabajo y en las relaciones.

La mujer no es simplemente un cuerpo-víctima de la violencia. Lo que se agrede en ella es precisamente su fuerza insumisa al mandato de masculinidad, la capacidad de creación de vínculos, de lazos, de redes, de complicidades, de empatía y de comunidad.

El 8M visibilizó a miles de mujeres en todo el mundo diciendo basta. Sus cánticos y pancartas pueden leerse como un registro detallado de las mil violencias cotidianas que habitan la “normalidad”. No se vuelve a ella igual después de haber vivido una jornada así excepcional, sino más enredadas y más fuertes. El 8M sólo es la cresta de la espuma de una ola de fondo que empuja para cambiar completamente la vida cotidiana, ese “caldo de cultivo” de la violencia más espectacular que vemos en las noticias.

Y puede asumirse también como ocasión por los hombres que desean desobedecer el mandato de masculinidad y salir de ese bucle funesto entre la indigencia existencial extrema y la obligación de demostrar poder. Como una invitación a la metamorfosis.

Las acciones bonitas

La desaparición y la búsqueda de Gabriel Cruz, el “pescaíto”, ha sido un fenómeno altamente mediatizado.

Los medios de comunicación y las redes sociales son hoy -sobre todo de un tiempo a esta parte- los vehículos privilegiados de la pedagogía de la crueldad. Las tendencias a la espectacularización (el morbo), la simplificación de la realidad (el zasca) y la polarización social (la lógica de bandos, buenos y malos) los atraviesan transversalmente. Pero da igual que la realidad se instrumentalice a favor de la derecha o de la izquierda: se contribuye en cualquier caso a la destrucción de la sensibilidad, el pensamiento y la autonomía.

Pese a todo, los medios y las redes facilitaron durante varios días la activación de mucha gente que ayudó en la búsqueda de Gabriel o quiso hacer sentir de algún modo a su familia calor y solidaridad. El apoyo se trastocó en odio al conocerse la identidad del asesino: mujer, extranjera, de color. En este contexto, la voz de Patricia Ramírez, madre de Gabriel, resonó como salida de otro mundo, cuando en realidad provenía del amor más común que existe: el amor de madre.

Su mensaje principal: no poner el foco en la rabia y el enemigo, sino en la solidaridad y las “acciones bonitas”. Desplazar la atención hacia los gestos de apoyo que habían “sacado lo mejor de las personas” durante aquellos días. Que lo que permanezca, en el sinsentido absoluto de la muerte de Gabriel, sea el recuerdo cálido del abrazo social. “Porque otras personas lo van a necesitar en el futuro”.

¿De dónde sacaba Patricia las fuerzas para no dejarse envenenar por el deseo de venganza? Es la pregunta que le hacían los periodistas una y otra vez, perplejos e impresionados. Y ella respondía siempre lo mismo: “en honor al pescaíto, él no era así y yo tampoco”. Es decir, no es que Patricia haya conservado la “sensatez” y la “cabeza fría”, como si los afectos llevasen directos al odio y la rabia y sólo “la razón” pudiese contenerlos. Es la típica visión masculina. En realidad es justo al revés: la voz de Patricia salía del amor hacia su hijo, del agradecimiento hacia quienes se habían movido por él y del deseo de que su recuerdo no quedase asociado a la rabia vengativa. De los afectos.

Palabra precisa y preciosa, cargada de humanidad y ternura, rica en metáforas muy físicas (relacionadas muchas veces con el agua: el río abierto, la marea de solidaridad, la resaca de dolor…), la voz de Patricia ha conseguido desarmar por momentos la voracidad de los medios de comunicación y las redes sociales, basados en las lógicas de espectacularización, simplificación y polarización social.

Y nos ha dejado caer, indirectamente y como de regalo, algunas indicaciones que cada cual puede convertir en modos de resistencia a la destrucción de la empatía y de cultivo de otra sensibilidad: estar con los que nos quieren (“muy juntitos”), buscar la intimidad y el silencio, agradecer el cariño, transformar los afectos reactivos en afectos activos, evitar la instrumentalización, no dejar que otros hablen en nuestro nombre, no tomar excesivo protagonismo, “mirar siempre dentro del corazón”.

Guerra entre pobres

Sin lugar a dudas, a Mame Mbaye le ha matado un sistema de maltrato cotidiano que, como explica muy claramente Sarah Babiker, inyecta a diario el miedo, cercena la felicidad y enferma, destruyendo el derecho humano a la despreocupación, el descanso y la serenidad.

Ese sistema de maltrato cotidiano -ley de extranjería, desigualdad económica, redadas policiales, etc.- es justamente la “pedagogía de la crueldad”. Más que perseguir objetivos concretos, como la erradicación de la manta, lo que se busca es producir insensibilidad: marcar y hacernos ver al otro como otro, distinguir entre los hundidos y los salvados, entre los que están dentro y los que están fuera, cortar la empatía y toda solidaridad posible.

Atizar una guerra entre pobres, cuando en realidad el colectivo mantero sólo es la punta más extrema de las tendencias generales de las que hoy nadie está a salvo: la precarización, desprotección e indefensión de la vida.

Un día después de la muerte de Mame Mbeye, los discursos que se improvisaron en la concentración de la plaza Nelson Mandela de Lavapiés mezclaban la digna rabia (por una muerte intolerable) y las palabras que apelaban una y otra vez a la igualdad, a la humanidad común, a la empatía. Contra el mandato de crueldad: no sentir, no sentir con otros, no con-moverse.

Los oradores hablaron nada menos que en tres lenguas (inglés, francés, español), mostrando así de pasada la potencia que hay en las vidas migrantes: la energía, las capacidades y los saberes que habitan en estos cuerpos acostumbrados a los trayectos más difíciles, al aprendizaje y la realfabetización constantes, a la creación de redes de apoyo y complicidad.

No sólo son pobres o víctimas que merezcan nuestra compasión, sino que en ellos habita una gran riqueza, un gran potencial que nuestra sociedad no sabe ni quiere acoger. Como recordaba Malick Gueye, portavoz del sindicato de manteros, Mame no era sólo un “mantero”, sino una persona implicada en la pelea por derechos sociales y un artista, al que no se permitió ejercer su profesión en España.

Lágrimas felices

Lo confieso:

Se me saltaron las lagrimas el 8M viendo a primera hora de la mañana un “piquete” de chicas sub16 (y chicos, a la zaga) recorriendo el barrio, con energía a chorros e infinita lucidez en sus consignas.

Se me saltaron las lágrimas escuchando a Patricia Ramírez pidiendo a la gente que “se sacase a la bruja de la cabeza” y recordase más bien las “acciones bonitas” que tuvieron lugar durante la búsqueda de Gabriel.

Se me saltaron las lágrimas escuchando a los oradores de la plaza Nelson Mandela de Lavapiés apelar, sólo un día después de la muerte (muerte política) de Mame, a la humanidad compartida, a la igualdad de todas las personas.

El filósofo y escritor George Bataille decía que hay “lágrimas felices”. No son exactamente lágrimas de alegría, sino de emoción por ver acontecer algo “milagroso”: imprevisible, inesperado, impensable, imposible pero cierto.

Es “milagroso” escuchar a quien ha sufrido el daño más grande hablar de pelear por más vida y no por más muerte, por más humanidad y no por menos, por más empatía y no por más guerra de todos contra todos.

Que se nos humedezcan más a menudo los ojos de estas lágrimas, para despertar y reactivar nuestra piel endurecida por el principio de crueldad.

Gracias Marga, Marta, Diego, Ema, Guille, Jabuti, Miriam, Juan, Leo por las conversaciones.

Este artículo en italiano

Este artículo en francés

Este artículo en portugués

Este artículo en inglés

Odiar y amar son sentimientos, no delitos. Y como tales son parte del ser humano. Es cierto que el odio cuando se expresa nos incomoda, nos inquieta, nos preocupa y hasta nos ofende.

Se equivocan quienes pretenden hacernos creer que el odio, de por sí, es un delito y que quien lo expresa, un criminal. No son las emociones ni los sentimientos lo que se juzga con los denominados, y tan de moda, delitos de odio. Nada más lejos de la realidad. Pero viendo el clima que se está creando al respecto parece que el hecho de expresar sentimientos hostiles hacia representantes públicos o políticos es motivo suficiente como para verse inmerso en ese proceso penal.

En los últimos meses nos hemos encontrado con sujetos que –lejos de pertenecer a uno de los colectivos que las declaraciones de derechos humanos califican como vulnerables por el color de su piel, su identidad de género, su origen, su orientación sexual, sus ideas…– trasladan a la opinión pública un mensaje distorsionado sobre lo que son los delitos de odio. En sintonía con esta distorsión y a partir de los incidentes de Lavapiés y la muerte por aclarar de Mame Mbaye, tenemos noticia de cómo diferentes sindicatos de la Policía Municipal de Madrid que han acudido a la Justicia dicen ser víctimas de un delito de incitación al odio.

Al hacerlo están tergiversando una tipificación penal que no está para protegerles del insulto, la crítica, la rabia, la indignación o la mentira. Ignoran yendo a esta vía legal, que la calumnia, los delitos contra el honor, las injurias e incluso el atentado contra la autoridad tienen su propia tipificación penal. Sin embargo, con este uso inadecuado dejan en el imaginario social una huella peligrosa de estigma hacía lo que representan quienes acusan como autores de esa incitación: la legítima rabia e indignación.

Olvidan quienes promueven estas denuncias que los delitos de odio no están para castigar sentimientos, actitudes vitales o modos de pensar (por muy reprochables que sean). Tampoco están para proteger su ‘integridad’ ni su ‘verdad’. Los delitos de odio están para salvaguardar a esos colectivos más vulnerables que sufren sistemáticamente la violencia que promueven o amparan las instituciones públicas por motivos prohibidos en las leyes. De hecho, Mame Mbaye pertenecía a uno de esos colectivos por el color de su piel y salir corriendo detrás de él por el solo hecho de ser mantero no se corresponde a lo que en derechos humanos entendemos por proteger.

En España vivimos un momento de gran confusión entre lo que es el ‘lenguaje del Odio’ y el ‘lenguaje con odio’. El primero, es la antesala de la violencia que se dirige a una persona por pertenecer a uno de esos colectivos vulnerables, y para su reconocimiento jurídico hacen falta mucho más que palabras. El segundo, es parte de la expresión de sentimientos que (como dice Antonio Damasio) representan la forma que tenemos los humanos de comunicar nuestros estados mentales. Con esta diferenciación no se trata de negar la influencia que tienen los sentimientos en la comisión de los hechos delictivos, pero sí se quiere no interferir en un derecho clave (el de la libertad de expresión) y no olvidar a quienes necesitan de una mayor y mejor protección (los nadie).

Si lo que se juzga con los delitos de odio no es lo que se piensa y expresa sino las palabras y acciones que propagan, incitan, promueven o justifican el odio hacia alguien por el color de su piel, orientación sexual, religión, origen, identidad de género, etnia, situación económica, capacidades, género… ¿por qué hay miembros de la Policía Municipal de Madrid que se sienten legitimados como víctimas de este tipo penal? Son autoridad, no colectivo en situación de vulnerabilidad. ¿Acaso no tienen otra vía penal para reclamar lo que sienten que es justo? La tienen. Pero el argumento del discurso del odio tiene en este momento mucho más tirón para lograr atención.

La denuncia, la rabia e indignación que contienen los mensajes de las personas denunciadas por distintos sindicatos de la Policía Municipal de Madrid (Rommy Arce, Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar y Malick Gueye) es perfectamente legítima dentro del derecho a la libertad de expresión:

Si quienes ostentan una posición de autoridad o de poder pervierten el sentido de un instrumento legal que surgió para amparar a quienes necesitan de especial protección, se corre el riesgo de entrar en dinámicas que son, precisamente, las que se busca combatir con los delitos de odio: las de la arbitrariedad pública y discriminación injustificada que dan pie a las violaciones de derechos humanos.

No podemos aceptar que se persiga la rabia de luchar contra lo que nos indigna o nos oprime porque ese es (y ha sido) el sentimiento motor detrás de muchas de las acciones colectivas pacíficas que nos han hecho avanzar en libertad e igualdad. Porque la rabia ante la injusticia es Dignidad.

La construcción de la realidad es un acto voluntarioso, no fortuito. La interpretación que hacemos de los hechos, la imagen que tenemos del mundo es construida socialmente. Cuando en una sociedad dada el poder tiene todos los mecanismos de interpretación de la realidad, educación, gran prensa, televisión… estos operan siempre en favor de los grupos privilegiados frente a las personas desempoderadas. Fácil es recordar que la esclavitud fue legal en su tiempo, ergo escaparse de un secuestro esclavista o incluso cuestionar dicha institución estaba perseguido y penado. Hasta la centuria 118 EH* (siglo XIX) los poderes financieros apoyaban la esclavitud, pero también la Iglesia Católica la apoyaba, y por supuesto el poder político incluyendo la monarquía, así como la mayoría de los filósofos y catedráticos de las instituciones culturales y educativas.

La esclavitud se basaba en la idea de “justa lid” esto quiere decir que se suponía que la esclavizada o el esclavizado debían haber sido capturados en una “guerra justa” generalmente aprobada por el papa de Roma, algo así como las que aprueba hoy en día el consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con el correr del tiempo, cuando se comprobó que dicho argumento no se aplicaba a casi ningún caso, apareció una nueva idea, la de la inferioridad de la persona llamada “negra”. La persona “negra” era “inferior, inmoral, torpe y perezosa”, y había que civilizarla, aunque fuese a la fuerza, es decir esclavizándola, si eso era posible claro. Por eso las leyes sobre esclavitud de la centuria 115 EH (Siglo XVI) decían que no se debían llevar a Abya Yala (“América”) Ladinos es decir afrodescendientes hispanizados, “Mulatos” es decir personas de doble ascendencia y Jelofes, es decir Wólofs de Senegal. El motivo: que “….han intentado y probado muchas veces de se alzar y han alzado… y malaconsejaban a otros esclavos”. O sea, que no se dejaban someter.

Hoy en día algunas cosas no han cambiado tanto, los argumentos del poder para sojuzgar a las y los desempoderados de hace unos siglos y los de ahora se parecen más que bastante. Se podrían dar muchos ejemplos: las leyes sobre esclavitud prohibían a las y los esclavizados vender productos sin consentimiento de su secuestrador (“amo”) y a los españoles libres les prohibía comprar nada de los esclavizados porque podían ser objetos robados (cámbiese “robados” por objetos falsificados y ya tenemos el principal argumento contra la manta). También se prohibía a las y los esclavizados circular libremente, especialmente de noche sin la correspondiente cédula ¿les suena familiar? También existía la exculpación para el perseguidor de “negros”. Una ordenanza de la Isla Española decía: “…que, si en la persecución o prosecución de los dichos esclavos alguno se defendiere o le mataren, porque de otra manera no les pueden prender, que no tengan por ello pena alguna, ni lo sean obligados a pagar.”

Cuando África fue repartida y dividida entre las potencias europeas en la conferencia de Berlín de 11884-85 EH (1884-85 EC**), no se hizo alegremente. Se dieron buenas y reflexivas razones para hacerlo, la declaración de Berlín decía: “DESEANDO concertar de común acuerdo las condiciones más favorables al desarrollo del comercio y de la civilización en ciertas regiones de África […] y atendiendo además a la manera de aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones […] A fin de dar nueva garantía de seguridad al comercio y a la industria, y de favorecer con la conservación de la paz el desarrollo de la civilización en las comarcas mencionadas...”. Esto dio paso a la invasión de todo un continente, la destrucción de sus culturas, estructuras sociales y políticas, a lo que cabe añadir el trabajo forzado de decenas de millones de personas. Tras la descolonización se logró mantener el esquema de explotación a distancia y contener a las y los refugiados económicos. De hecho, con la deslocalización de empresas no hace tanta falta tenerles esclavizados por aquí.

Cada momento tiene su discurso. En España el discurso contra la manta apela a la ilegalidad de la actividad, obviamente es ilegal porque las autoridades quieren que lo siga siendo, no hay otro motivo. De este modo podrá perseguirse a quienes la ejerzan, ¿de qué otro modo podría justificarse su persecución? El caso es que no hemos visto policías persiguiendo porra en mano a los integrantes de la plataforma Uber o a los dueños y dueñas de los pisos turísticos sin licencia. Tampoco a los miles de negocios que presentan alguna irregularidad ni a las decenas de miles de profesionales que preguntan si lo “quieres con IVA o sin IVA”. Mucho menos a los corruptos que campan a sus anchas en las instituciones públicas. A esas personas no se las azota con el látigo, es decir la porra, si acaso se les notifica por carta certificada su sanción, y con cuentagotas no vaya a ser que se hunda la economía de España. El argumento de que los empresarios africanos no regularizados que se conoce por manteros, “no pagan impuestos” también se cae por su propio peso, ya que en España la mayor carga impositiva para cualquier persona, en situación regular o no, son los impuestos indirectos, incluso, a efectos de cuantificar la riqueza nacional, se recogen estadísticamente los que provienen de actividades ilícitas en el cómputo del Producto Interior Bruto.

La cuestión no es la manta, la cuestión es que no se quiere africanos aquí y eso que siempre hemos estado en España, siempre hubo personas africanas negras y en muchos momentos en proporción muy superior a la actual: en la Prehistoria, la Antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y en la Contemporánea. Hoy, al igual que las leyes contra las españolas y los españoles de origen africano llamados “moriscos” que finalmente fueron masivamente expulsados, las leyes contra el migrante africano son mucho más severas y los requisitos de estancia legal mucho más difíciles de cumplir. El numero de visados concedidos a solicitantes de países africanos es ínfimo en relación con el de visados concedidos a países extracomunitarios no africanos, y para nacionalizarse (salvo Guinea Ecuatorial) son necesarios diez años de estancia regular frente a los dos años de otros muchos países. Todo ello forma parte de un esquema anti-africano, y en consecuencia la violencia sufrida por los disidentes migratorios africanos en la frontera de los territorios africanos de España; Ceuta, Melilla y Canarias es infinitamente superior a la de Barajas o la Junquera. Esa violencia continúa en las calles una vez dentro. Mientras tanto Europa se sigue beneficiando de las desigualdades en el comercio internacional y continúa sustentando el saqueo de materias primas, vendiendo armas a dictaduras y países en conflicto, etc.

La mentira, como sabían los encargados de propaganda del partido Nazi, depende de la vehemencia y reiteración con que se transmita para que sea considerada verdad. También es importante que las mismas víctimas, es decir, en este caso las personas denominadas “negras” la crean y colaboren en consecuencia al mantenimiento de la estructura que les oprime. Lo importante es sembrar la duda, una vez que hay duda cualquier bando vale y puesto que cualquier bando vale mejor posicionarse con el más fuerte. En el caso de Mame Mbaye y Ousseynou Mbaye fallecidos y Arona Diakhaté herido, debemos prepararnos para que la realidad sea puesta del revés, para que la verdad sea llamada “bulo” y la mentira sea llamada verdad. Debemos prepararnos para ver vídeos troceados, declaraciones fuera de contexto, acusaciones políticas, querellas desproporcionadas sobre falsos delitos de Odio y todo lo que sea necesario para que el entramado del poder, los grandes medios y las redes clientelares en las que están determinadas ONGs se sigan lucrando con el tema africano. Unos por la perpetuación del sistema de explotación internacional, otros por el subvencionismo del tutelaje sobre la comunidad africana y afrodescendiente.

Omowale (Malcolm X), Noam Chomsky y otros muchos filósofos ya nos han advertido sobre el discurso del poder a través de los medios de comunicación y la educación para justificar el estatus de una minoría enriquecida. No es casualidad que esto suceda tras la cruel muerte de un niño inocente. Es fácil para muchos asociar color y criminalidad, sólo basta exponer un rostro negro en los grandes medios de comunicación constantemente, aunque la madre de la víctima (víctima ella también) haya dicho que eso no es lo que quiere. Hecha esta asociación ideológica negros=crimen, los golpes pueden darse más fuerte y con menos cargo de conciencia. Y que nadie me malinterprete, entiendo a las y los policías que quieren defender los derechos de la ciudadanía, son aquellos agentes que hartos de aguantar al compañero nazi, violento, racista y xenófobo son valientes y lo denuncian. Estoy con quienes sea que hayan destapado los mensajes infames del chat de la Policía Local de Madrid. Estoy con quienes paran un porrazo a tiempo, con quienes tienen claro lo que es la proporcionalidad, con quienes asisten a un accidentado y hacen una RCP no sólo porque la omisión de socorro les obligue sino porque les obliga el humanismo.

Hace bastantes años algunos advertíamos de posibles estallidos sociales, cuando sucedió lo de París en 12005 EH, (2005 EC) se nos dijo que eso en España era imposible. Advertíamos que la nacionalización debe ser posible para todas y todos los extranjeros por igual independientemente de su país de origen o que se deben regularizar las actividades económicas no lesivas, o que se debe incluir en la educación y en la memoria colectiva el pasado colonial y esclavista de España para que haya una consideración de respeto igualitario hacia la comunidad africana y afrodescendiente. Y advertíamos también que no se debe subvencionar a las entidades mediadoras y aduladoras que sólo le dicen al poder lo que quiere oír, esas que hablan en nombre de los Afros, pero sin Afros. Son similares a las instituciones encargadas de la vigilancia del racismo en España que no integran a los movimientos sociales africanos en su estructura y por ello pueden elaborar informes favorables en Naciones Unidas diciendo básicamente que “aquí no pasa nada”. Al decir todo eso, obviamente, se nos tachó de extremistas.

A pesar de que existe una extendida costumbre nacional de matar al mensajero voy a repetir ese mensaje: si no hay una regularización masiva, nacionalización viable y rápida, legalización de todo lo que no sea de orden criminal, si no hay un cese de las identificaciones policiales raciales y una depuración profunda de elementos policiales violentos, vamos a ver muchos más sucesos como los de Lavapiés. Sucesos que, cuando son violentos, condeno y condenaré, es más que obvio, como condeno la violencia policial cuando se produce, como condeno la tergiversación que se hace en este país del concepto de Delito de Odio, (algo que ya ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como condeno que se criminalice a los movimientos sociales populares y las movilizaciones justas y espontáneas igualando lo que se denomina extrema derecha con la llamada extrema izquierda. Y como condeno también el mirar a otro lado cuando hay un problema social que nos acucia a todas y todos porque en cada sitio donde mueren los Derechos Humanos muere la Humanidad entera.

Mientras los medios de comunicación y los poderes públicos sigan sosteniendo sus versiones sobre los muertos del Tarajal, los muertos en los CIEs y los muertos en custodia policial la ciudadanía podrá dormir tranquila, como cuando a las niñas y niños se les cuentan cuentos antes de ir a dormir. Pero sepan que la verdad sigue ahí, en medio del salón, y un día se levantará orgullosa y el sueño habrá acabado. Descansen en paz Mame Mbaye, Ousseynou Mbaye y Gabriel Cruz Ramírez y despertemos todas y todos los demás.

* Era de la historia

** EC, Era común o era cristiana

Malick lo llama “la jaula sin salida”. Llegan a España en situación irregular, pasan por un CIE, pero las autoridades acaban dejándoles en libertad. Ni tienen papeles, ni podrán trabajar legalmente hasta, como mínimo, el cumplimiento de los tres años de estancia en España. Ven en la manta una alternativa para sobrevivir hasta regularizar su situación pero, llegado el momento, las sanciones generadas de la venta ambulante en la que encontraron sustento se convierten en uno de los mayores obstáculos para obtener la documentación anhelada. Es la jaula de la clandestinidad.

La misma en la que acabó Mame Mabaye, el mantero fallecido en Lavapiés, poco después de desembarcar en patera en las Islas Canarias el 29 de mayo de 2006. “Empezó en la manta cuando llegamos de Madrid, después de estar durante unos meses en A Coruña. Aquí nos dimos cuenta de que, sin poder trabajar, la única opción era vender en la calle”, recuerda Serigne Mbaye, quien viajó en patera a España junto al fallecido.

En sus casi 12 años en el país, el joven senegalés nunca pudo regularizar su situación. Más de una década en la que intentó conseguir los papeles sin éxito “en dos ocasiones”, relatan a eldiario.es dos de sus compañeros del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, que aseguran desconocer los motivos de la denegación.

Abogados expertos en Extranjería, el Sindicato de Manteros de Madrid y la Asociación sin Papeles explican a eldiario.es que casos como el de Mame Mabaye llegan de forma habitual a sus despachos y asambleas en busca de asesoramiento. La llave de la jaula se encuentra en la Ley de Extranjería. El candado lo cierran las multas administrativas ligadas a la manta y el Código Penal, con la introducción de la venta ambulante como delito.

La llave de la 'jaula': la Ley de Extranjería

El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería establece una serie de requisitos para las personas que no tienen familiares en España, tras llegar de forma irregular al país, buscan regularizar su situación. Para optar a la regularización deben haber vivido en el Estado español tres años de forma continuada, presentar un contrato de trabajo indefinido de jornada completa (40 horas semanales) y no contar con antecedentes penales ni multas pendientes con la administración.

A ello se añade que, generalmente, las oficinas de Extranjería -dependiendo de la comunidad- exigen una serie de requisitos a las empresas que haya ofrecido empleo a quien pretende obtener los papeles, como la solvencia o la inexistencia de deudas. “En Madrid están solicitando que la compañía debe estar libre de deudas, para lo que exigen la presentación de la declaración de la renta y el impuesto de sociedades de los dos últimos años”, detalla Marta Herrero, abogada de la Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM).

El primer obstáculo para el cumplimiento de los requisitos se sitúa en el mercado laboral, explica Herrero. “Desde la crisis, a partir de 2007, conseguir un contrato indefinido a jornada completa es muy complicado, ni muchos españoles lo conseguimos y las personas sin papeles lo tienen aún más complicado”, indica la letrada de la ASPM.

Paco Solans, abogado experto de Extranjería y exportavoz de la Fundación del Consejo General de la Abogacía coincide con la visión de Herrero. “La reforma laboral ha hecho que todos los requisitos sean muy complicados de cumplir. Tener un contrato de un año y a jornada completa es casi un lujo para los españoles, imagínate para un inmigrante irregular”.

Algo parecido ocurre, apunta, con las exigencias impuestas a las empresas que buscan emplear a una persona sin papeles: “Tras la crisis, cuántas compañías han tenido algún mes en el que que no han estado al día, por errores, o por alguna deuda”, dice Herrero. El contrato generado por una empresa nacida recientemente, apunta, tampoco serviría para regularizar la situación de una persona sin papeles.

“Nos encontramos cada día con personas con titulaciones universitarias: médicas, ingenieras, periodistas, abogadas... Que se encuentran condenadas a permanecer tres años sin poder trabajar y, después, que no consiguen un contrato indefinido de jornada completa y, si lo hacen, los empleadores no cumplen los requisitos impuestos”, sostiene la abogada de la Asociación Sin Papeles.

El segundo candado: las sanciones por vender en la calle

Estas son las trabas con las que se choca cualquier persona en situación irregular en España. Si, como Mbaye, quienes buscan regularizar su situación han recurrido a la venta ambulante para sobrevivir durante los tres primeros años en los que no pueden conseguir los papeles, la situación se oscurece aún más, resumen los expertos consultados.

La venta ambulante está tipificada como delito en el Código Penal desde 2015. Cuando los manteros son interceptados por agentes policiales, pueden abrirles expedientes por la vía penal, lo que, si acaba en condena, genera antecedentes penales. Con ellos, la jaula permanecerá cerrada: la ausencia de estos es uno de los requisitos impuestos por la Ley de Extranjería para obtener la documentación.

A ello se añaden las multas derivadas de las ordenanzas municipales que sancionan la venta ambulante por la vía administrativa. “Los manteros que, por vender en la calle, han sido objeto de multas y se les ha decomisado el material tampoco podrán regularizar su situación hasta que no haya sido pagada”, explica Herrero.

“Son multas grandes a las que no pueden recurrir y que muchas veces, dada la situación precaria de los manteros, no pueden financiarlas. Al ser acumulativas, la deuda con la administración va creciendo. He llegado a ver 3.000 o 6.000 euros”, añade la letrada.

“En estos casos, una persona sin papeles, aunque haya estado tres años en el país, logre un contrato de trabajo indefinido en una empresa sin deudas; la oficina de Extranjería no aprobará su regularización hasta que no pagué la multa”, añade la abogada. Costearla, en muchas ocasiones, se torna imposible.

“Cuando te dedicas a vender, porque no tienes otra opción al llegar en patera, y la manta es un delito, tienes expedientes penales por vender en la calle y multas por incumplir ordenanzas municipales. Necesitas un contrato de 40 horas que, en estos tiempos es muy difícil de lograr. Cuando lo consigues, no puedes pagar las multas que has generado durante los años de vendedor”, resume el portavoz del Sindicato, Malick Gueye.

“Es así como deniegan los papeles a muchos de tus compañeros. Por eso, Mbaye lo intentó y no lo consiguió. Es la jaula sin salida. Nos condenan a la clandestinidad”, concluye el compañero y amigo del fallecido en Lavapiés.