Había una vez un sistema sanitario totalmente público del que todo un país estaba orgulloso hasta que en algún momento todo empezó a cambiar. El éxito electoral de quienes piensan que el Estado debe funcionar como una empresa fueron reventándolo todo por dentro. Más de dos décadas después, ese proyecto neoliberal nos devuelve noticias de hospitales públicos gestionados por empresas privadas que priorizan la atención de pacientes en función de la rentabilidad de sus tratamientos sobre las necesidades de salud de la población a la que atienden. ¿Cómo hemos llegado a esto?  

Con Marcos Pinheiro, jefe de Sociedad de elDiario.es, explicamos en qué consiste el esquema del hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde la dirección del centro ha dado órdenes de maximizar los beneficios económicos por encima de los criterios médicos. Sergi Pitarch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, nos recuerda cómo fue el modelo Alzira en esta comunidad, la primera en privatizar la sanidad. Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es, repasamos el proceso privatizador de la sanidad madrileña que dos décadas después ha perdido la calidad asistencial que le caracterizaba mientras ha engordado el negocio de las compañías privadas.    

***

Si te gusta este podcast, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/apoya

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

En España, históricamente, las personas elegidas para gestionar la sanidad pública proceden del mismo sistema público. Suelen ser profesionales médicos que llevan toda su vida laboral en los servicios de salud que, en un momento dado, asumen más responsabilidades. Esto es así tanto en gobiernos de izquierdas como en comunidades donde gobierna la derecha.

Pero en algunos sitios esta tendencia empieza a cambiar, y no solo en las mecas de la privatización sanitaria, que son la Comunidad Valenciana o Madrid. Justo en un momento de máxima tensión entre lo público y lo privado, después de los recortes de 2012 y la pandemia de 2020, algunos gobiernos autonómicos están poniendo a gestionar la sanidad pública a personas que vienen de la sanidad privada. De empresas que superan cada año sus cifras de facturación por la contratación de seguros privados de salud, y también, por las adjudicaciones a dedo de esas administraciones públicas para que alivien unas listas de espera desbordadas.

Hablamos de todo esto con los compañeros de las ediciones de elDiario.es en Andalucía, Daniel Cela, en Extremadura, Santiago Manchado, en la Comunitat Valenciana, Carlos Navarro, y con Sofía Pérez Mendoza.

Episodio relacionado: ¿Cómo de privatizada está ya la sanidad en España?

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La mercantil sanitaria Ribera Salud reconoce que su presidente fue operado en el Hospital del Vinalopó, un centro de la red pública que gestiona esta misma empresa en Elche, pero niega que se cerrara una planta o se le diera un trato favorable. La empresa “desmiente rotundamente” la denuncia de Compromís, que ha hecho pública este jueves el diputado Carles Esteve en la sesión de control al Consell en las Corts Valencianes y que se basa en una queja de los trabajadores del centro hospitalario.

En la sesión de control y en declaraciones posteriores, Esteve difundió los testimonios de trabajadores del hospital privatizado en los que aseguran que hubo un trato preferente para atender a Alberto De Rosa, presidente de la compañía que gestiona el hospital, en una intervención realizada a finales de junio. Alberto de Rosa es además hermano del diputado en el Congreso por el PP Fernando de Rosa y de la directora territorial de la Conselleria de Igualdad, Carmen de Rosa.

La denuncia pública se basa en la de los trabajadores, que se realizó en clave interna. “Según una denuncia de personal, el pasado mes de junio, esta persona [Alberto de Rosa] cerró una hemiplanta para una intervención, dejando habitaciones vacías. Dedicó personal a sus necesidades fuera de sus funciones. No es una sanidad igual para todos” criticó el diputado de Compromís en una pregunta al conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Después, prosiguió: “Sabemos que el 28 de junio, en el hospital del Vinalopó, Alberto de Rosa, según dicen trabajadores del hospital, cerró una hemiplanta con varias habitaciones para ser atendido. Sabemos por los empleados que se dedicó en exclusiva a personal de enfermería para atenderle a él, custodiado por seguridad privada”, dijo en las Corts Valencianes. El diputado desconoce cuántas habitaciones se quedaron vacías, apunta que el personal “tiene miedo” y habla de “una hemiplanta” -media planta de un hospital-. Al mismo tiempo, la cuenta de X (antes twitter) de Compromís publicó el audio de un testimonio que atribuyen a un empleado del hospital, con la voz distorsionada, en el que narra lo denunciado por Esteve. “Claro que tengo miedo”, apunta esta voz, en un vídeo que se comparte como una recreación.

La reacción de Ribera Salud no se hizo esperar. A preguntas de elDiario.es, la empresa afirmó que la información es “totalmente falsa” y que cuando la analicen los servicios jurídicos determinarán si toman alguna medida adicional. Poco después, la mercantil sanitaria envío un comunicado en el que reconoce que a su presidente se le practicó una intervención en el Hospital del Vinalopó, aunque niegan el trato preferencial denunciado. “El Hospital Universitario del Vinalopó atendió al presidente del grupo Ribera por una urgencia cardíaca ocurrida mientras se encontraba en el centro por una reunión de trabajo el miércoles 28 de junio de 2023. Como consecuencia de esta atención médica urgente, al paciente se le intervino a cargo del servicio de Hemodinámica, y se le colocó un stent coronario. El centro no cerró ninguna hemiplanta y quiere dejar claro que no dispone de habitaciones especiales; todas sus habitaciones son individuales y exactamente iguales para todos los pacientes. ADR [como se refieren al presidente] ingresó en la segunda planta junto a otros 14 pacientes en el mismo pasillo, y fue atendido por el personal de enfermería que se encontraba de turno en ese momento”, afirma la empresa.

Sin embargo, fuentes sindicales consultadas por elDiario.es han asegurado que hubo empleados que elevaron una queja tanto a la dirección del hospital como al comisionado (personal de la conselleria encargado de supervisar a la empresa concesionaria) en la que dicen que se dejaron vacías las habitaciones de alrededor de aquella en la que se encontraba De Rosa, que se puso vigilancia privada para controlar el acceso y que se dispuso personal exclusivo.

En el comunicado de la empresa concesionaria se acompaña el desmentido con el testimonio de dos médicos. El primero, el gerente del hospital, Rafael Carrasco, dice :“Es rotundamente falso que se haya prestado atención exclusiva al presidente de la compañía. No es cierto tampoco que cerráramos ninguna planta para atenderle. Había pacientes en el mismo pasillo”. Tampoco, asegura, “ingresó en habitación especial”, algo que la denuncia de Compromís no recoge.

Por otro lado, trasladan una declaración del doctor Luis González Torres, jefe de la unidad de arritmia del Hospital del Vinalopó, que apunta que atendió “personalmente” a Alberto de Rosa y detalla la intervención médica. Según afirma, se trataba de “un problema cardíaco urgente” y fue una acción “como hubiera hecho con cualquier otro paciente y en cualquier otra situación similar a esta”. La intervención “impidió que el paciente pudiera desarrollar un infarto de miocardio con el consecuente riesgo de muerte súbita. Este es el procedimiento indicado en estos casos”, asegura el cardiólogo.

La Conselleria de Sanidad no ha realizado declaraciones sobre la denuncia. En el pleno de las Corts Valencianes, el conseller Marciano Gómez ha defendido que De Rosa es “un empresario como todos los demás”, dado que Esteve vinculaba el presunto trato favorable a la prórroga de la concesión del hospital.

La Conselleria de Sanidad rebaja la deuda de las empresas que gestionan los hospitales privados en 300 millones de euros. El presupuesto para 2024 del departamento que dirige Marciano Gómez prevé el pago de 350 millones de euros de las empresas concesionarias de la sanidad privada, frente a los 640 millones de euros de la última estimación que había elaborado su departamento.

En su comparecencia en las Corts Valencianes, el titular de Sanidad apuntó que se han “recalculado” los importes en estos primeros meses de gobierno de coalición PP-Vox, insistiendo en que “los valencianos no van a perder ni un céntimo de euro por las liquidaciones”. “A día de hoy las cifras son de 356 millones de euros”, afirmó el conseller, que afeó al Ejecutivo del Pacto del Botánico que “en ocho años no se hiciera ninguna” liquidación. La última cifra publicada corresponde a una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís Carles Esteve, en marzo de 2023, donde Sanidad indica que las empresas adeudan 641 millones de euros desde que en 2016 se hiciera la primera liquidación, correspondiente a los años anteriores hasta el 2009.

Fuentes de este departamento indican que la diferencia se debe a que algunas concesionarias han pagado su parte. En concreto, apuntan al departamento de salud de Dénia ha abonado su parte en estos meses, aunque el importe no cuadra. Tampoco se ha concretado qué anualidades se han liquidado. Según la citada respuesta parlamentaria, Ribera Salud adeudaba 130 millones por la gestión del hospital de Dénia. En total, siempre según este cálculo y en la mencionada fecha, el grupo que dirige Alberto de Rosa tendría pendiente el abono de 300 millones de euros: 86,9 millones corresponden al hospital de Elche-Crevillent, 83 al de Alzira, ya revertido a la gestión pública, y 130 al de Dénia. El restante, superior a otros 300 millones de euros, corresponde a Sanitas, gestora del Hospital de Manises. Esta mercantil abonó el pasado julio 21,9 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los años 2009 y 2010, en cumplimiento de una sentencia del contencioso-administrativo.

Sanitas llevó a los tribunales los criterios de la liquidación que efectuó la Conselleria de Sanidad, entonces gestionada por la exconsellera socialista Carmen Montón, un procedimiento judicial que ha terminado recientemente. La judicialización de los criterios ha llevado a cierta parálisis en la reclamación, según reconocen fuentes parlamentarias populares, que calibran la posibilidad de hacer una reclamación conjunta -de todos los años- para ver el saldo global, con unos criterios claros. Desde 2019 no se ha vuelto a reunir la comisión que aprueba los criterios y realiza el cálculo del importe, paso previo la reclamación de las liquidaciones, apuntan, algo que afeó el conseller del PP en su intervención.

El presupuesto de la Generalitat Valenciana, presentado la pasada semana, incorpora 350 millones de euros en concepto de liquidaciones de sanidad en el capítulo de ingresos. La oposición enmarca estas partidas en los “millones ficticios” que han servido para hacer crecer el presupuesto. Según denuncian, no hay garantía de que las empresas vayan a pagarlos, teniendo además en cuenta el proceso de reversiones de los hospitales privatizados.

Vox defiende el modelo de privatizaciones de la sanidad de Eduardo Zaplana y reclama a la Generalitat Valenciana que lo retome. El partido de extrema derecha ha presentado mociones en los ayuntamientos de la Vega Baja para instar al Gobierno autonómico, del que forma parte con el PP, para que el hospital de Torrevieja regrese al modelo de gestión anterior, conocido como el 'modelo Alzira'.

La formación defiende que las concesiones sanitarias no son una privatización, dado que “solo la prestación [del servicio] es privada” y alega que es un modelo de gestión más eficiente. En la moción impulsada desde Torrevieja, cuyo departamento de salud pasó a manos públicas en 2021 tras 15 años a cargo de la mercantil Ribera Salud, el partido indica que “en todo momento se garantiza la naturaleza pública del servicio de salud”.

El argumentario de la formación ultra recalca que con la externalización del servicio “la Administración no pierde el control de la prestación” y que “tiene capacidad de control y de inspección, así como facultad normativa y sancionadora”. El partido asegura que, al ser la administración quién financia y vigila, no se pierde la naturaleza pública del servicio: “Cabe destacar que no se trata de un modelo de privatización del servicio público, puesto que la financiación, el control y la propiedad son públicos”, indica el texto que defiende el modelo Alzira.

A su vez, en esta línea -en la que se denomina colaboración público-privada y no privatización-, apuntan que “no tendría como principal objetivo el lucro económico a costa del abaratamiento de la gestión sanitaria al ciudadano, puesto que el pago capitativo lo marca la Administración. Sería esta, en primera instancia, la encargada de controlar que se mantiene el nivel de calidad de cualquiera de los otros centros de la red, además de limitar de forma contractual el margen de beneficio de la empresa”.

En un comunicado, el grupo municipal de Torrevieja, que reclama que se saque un concurso público a través de una concesión administrativa “a la mayor brevedad”, justifican la decisión, que califican de necesidad“, en ”los nefastos resultados a nivel de eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano que ha venido ocurriendo en los últimos años, desde que se comenzó a gestionar de forma directa por la Conselleria de Sanitat, una vez tomada la decisión unilateral de no prorrogar el contrato de concesión que había prestado servicio hasta octubre de 2021“.

La consellera de Sanidad del PSPV en el momento de la reversión, Ana Barceló, denunció las malas condiciones en las que la mercantil dejó el centro hospitalario, con dos centenares de despidos, quirófanos cerrados y la supresión del servicio. Algunas quejas llegan hasta la fecha, como las referidas al sistema informático del centro.

Las mociones que reclaman la vuelta al modelo Alzira se han presentado en los ayuntamientos de Torrevieja, Guardamar, Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada y tendrán que valorarse en un pleno. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que fue secretario autonómico en la época en la que se impulsó este modelo, ha rechazado volver a externalizar departamentos de salud, pero se abre a prorrogar algunas de las concesiones en marcha. El titular de Sanidad aboga por esperar los resultados de una auditoría que realizan trabajadores de la conselleria antes de tomar alguna decisión.

Para insistir en la defensa del modelo de gestión externalizado, Vox remite a un informe de la Sindicatura de Cuentas que dice que “la asistencia sanitaria integral de la población protegida del Departamento de Salud de Torrevieja, en los términos recogidos en el contrato, supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales”. Esto implicaba “un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública de este tipo”, apuntan, para indicar que “ese 30% supuso que en los 15 años de concesión se produjera un ahorro de 676.385.715 euros”.

El partido alega que los indicadores de calidad asistencial eran mejores bajo la gestión de Ribera Salud, una cuestión que la conselleria de Sanidad pone en duda en un informe sobre el departamento de salud de Dénia. El texto, elaborado por técnicos de Sanidad, cuestiona los indicadores, que proporciona la empresa privada, señala la opacidad en los datos y cuestiona la comparativa que da como resultado el ahorro.

Vox presiona al PP para retomar las privatizaciones sanitarias en la Comunitat Valenciana. El partido de extrema derecha ha registrado mociones en municipios de la Vega Baja (Alicante) como Torrevieja, Pilar de la Horadada y San Miguel de las Salinas en las que reclama a la Generalitat Valenciana iniciar el concurso público para la gestión del Hospital de Torrevieja, revertido hace dos años por el Ejecutivo autonómico del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). La extrema derecha exige en estos ayuntamientos, cuyos municipios pertenecen al área de salud a los que da cobertura este departamento, que el procedimiento administrativo se haga por la vía de urgencia y que gestione la sanidad quien pueda hacerlo a un menor coste posible, pese a los informes de la Conselleria de Sanidad que cuestionan las privatizaciones por su coste.

La de Torrevieja fue la segunda gran privatización del PP con el Consell de Eduardo Zaplana, fruto del llamado 'modelo Alzira', que se desarrolló bajo el mandato del hoy conseller de Sanidad, Marciano Gómez, entonces secretario autonómico. El hospital de Torrevieja pasó a la gestión pública en octubre de 2021, después de 15 años en manos de Ribera Salud en virtud del contrato de concesión, el segundo que obtuvo tras el hospital de Alzira. La mercantil es propiedad de Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa.

Torrevieja fue también el segundo departamento de salud que el Gobierno autonómico formado por PSPV, Compromís y Unides Podem retornó a la gestión pública tras años de litigios con la empresa concesionaria, que recurrió hasta en seis ocasiones a la Justicia. Volvió a manos públicas en octubre de 2021, hace apenas dos años. Al finalizar el proceso de reversión, la entonces consellera de Sanidad con el PSPV, Ana Barceló, denunció en una intervención parlamentaria que la mercantil dejó el centro con 200 profesionales menos y varios quirófanos cerrados, con una actividad asistencial de mínimos. La compañía recibió por parte de la administración, solo en concepto de precio inicial del contrato un total de 1.688 millones de euros desde 2006.

Los pliegos de ese contrato establecían que la Generalitat Valenciana abona una cantidad fija por habitante atendido –una población aproximada de 160.000 habitantes en este caso–, que se revisan periódicamente, y también se hace cargo de gastos como el transporte sanitario, la farmacia o la ortoprótesis. En el caso de Torrevieja, la cápita –lo que la administración abona a la empresa por habitante susceptible de ser atendido– se fijó en el año 2006 en 494,72 euros y terminó el periodo de concesión en 896,34 euros, lo que representa un incremento del 80%, según datos de Sanidad.

Datos que chocan con los informes oficiales

En la moción presentada en los municipios, el grupo de extrema derecha asegura que bajo la gestión privada Torrevieja era “un referente en calidad asistencial y tecnología de vanguardia” y aluden al aumento de las listas de espera actuales: “Solo dos meses después de la reversión de la concesión, en el mes de diciembre las listas de espera pasaron de 1.157 a 1.992 pacientes, y el tiempo medio de espera en urgencias se duplicó”, indica Vox. Los datos chocan con los que trasladó la entonces consellera en sede parlamentaria en marzo de 2022, cuando indicó que: respecto a enero-marzo de 2021, cuando el departamento estaba en manos de Ribera Salud, “se ha incrementado el número de intervenciones quirúrgicas: de 2.147 a 2.457; se ha incrementado el porcentaje de cirugía mayor ambulatoria: de 74,4% a 79,7%; se ha disminuido la estancia media hospitalaria de 7,18 a 6,86 días; se ha disminuido la demora estructural a primera consulta especializada: de 30 a 25 días; se ha disminuido la demora estructural a primera consulta de 31 a 28 días; en resonancia magnéticas ha pasado de 30,01 días la demora de 2021 a 26,32 la de marzo de 2022; y en cuanto a TAC, ha pasado de 36,08 días de demora media en marzo de 2021 a los actuales 31,39”.

Vox equipara la prestación de los servicios sanitarios con la recogida de basuras municipal: “Cuando en nuestros hogares nos deshacemos de los residuos, pagamos la tasa de basuras al ayuntamiento que a su vez contrata a una empresa que los recoge, por tanto, la provisión del servicio de recogida de basuras es pública al prestarla el ayuntamiento, pero la gestión es privada al recogerla una empresa y eso es extensible al saneamiento y al suministro de agua”, recoge la moción, que concluye: “Lo más conveniente es que la prestación del servicio sanitario lo realice quien lo haga al menor coste posible, con la máxima calidad y la mayor eficiencia”.

“Todos los escenarios están abiertos”

Las privatizaciones son un asunto espinoso en la coalición de gobierno. Si bien el PP ha recuperado como titular de Sanidad a Marciano Gómez, artífice de las privatizaciones a finales de los noventa, sus dirigentes se emplazan a una auditoría del sistema sanitario para tomar una decisión. En cualquier caso, Carlos Mazón lo ha rescatado este mandato, poniendo en valor que fue el “impulsor en la gestión sanitaria para la implantación de la colaboración público-privada de la eficiencia en la salud pública y de la normativa que regula las guardias médicas, tanto en el ámbito de la atención primaria como de la hospitalaria vigentes en la actualidad”.

En una entrevista este miércoles en À Punt, el nuevo titular de Sanidad se ha mostrado abierto a contar con los recursos del sistema privado de salud. Gómez ha admitido que “todos los escenarios están abiertos” en cuanto a la reversión del hospital de Dénia, pero ha negado tajantemente volver a privatizar los departamentos ya revertidos como Torrevieja.

En cualquier caso, preguntado por un plan de choque para mejorar las listas de espera, el nuevo conseller se ha mostrado dispuesto a emplear “absolutamente todos los recursos sanitarios para tratar al ciudadano. Previamente, intentaré mejorar la gestión de los servicios públicos y después, de manera complementaria, y lo digo sin ningún tipo de ambages, contar con la sanidad privada. Ya lo hicimos el 96. Si la cosa va bien y encima mejora el servicio, no tengo ningún problema a implantarlo”.

El conseller de Sanidad emplaza a una auditoría para planificar la hoja de ruta en los departamentos de salud y plantea cambiar el mapa sanitario para hacerlo “más eficiente”, según las variables poblacionales como la dispersión territorial. Gómez también ha hablado de optimizar los recursos para reducir la lista de espera diagnóstica –en la que el paciente aún no se ha realizado las pruebas– para evitar el estrés y el malestar que supone la incertidumbre.

El PSPV, que se ha hecho eco de la moción presentada por Vox, ha asegurado que la coalición de gobierno de las derechas “quiere clientes en lugar de pacientes y volver a hacer negocio con la salud de los valencianos”. Según Rafa Simó, responsable de sanidad del grupo socialista en las Corts Valencianes, “la ultraderecha se ha convertido en el brazo ejecutor del Partido Popular de Carlos Mazón”.

–––––––

Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

Si te preocupa el futuro de este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca porque nuestra labor es más necesaria que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

El hospital de Torrevieja y todo su departamento de salud volvió a la gestión pública directa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el pasado 16 de octubre, una vez finalizado el contrato de 15 años adjudicado en la época del PP a la empresa Ribera Salud.

Esta es la segunda área sanitaria gestionada por la mencionada empresa que recupera el Gobierno valenciano, tras hacer lo propio con la del hospital de Alzira en abril de 2018, el primero que se privatizó.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, reprochó a Ribera Salud las continuas trabas que puso para obstaculizar la recuperación del servicio al no remitir días antes de producirse la reversión la información requerida “pese a los cinco autos que el TSJCV ha dictado a lo largo de todo un procedimiento contencioso por la litigiosidad en la que convirtió Ribera Salud esta finalización de la concesión”.

Este jueves, en el pleno de las Corts Valencianes, interpelada por Ciudadanos, Barceló dio más detalles de la situación en la que Ribera Salud dejó el departamento de salud de Torrevieja una vez dejó de gestionarlo.

Según la consellera, en materia de recursos humanos, “la política de despidos llevada a cabo un mes antes de la reversión privó al departamento de 200 profesionales, dando por finalizados sus contratos”, lo que dejó una actividad asistencial de mínimo: “Quirófanos cerrados, plantas cerradas, múltiple equipamiento compartido con el departamento de salud del Vinalopó que gestiona la misma empresa (un equipamiento que días antes del 16 octubre había sido trasladado allí), el TAC en arrendamiento con finalización del contrato coincidiendo con la reversión, el equipo de resonancias con múltiples problemas técnicos, sin laboratorio de análisis clínicos, sin laboratorio de anatomía patológica, con un almacén inhabilitado y demoras por las nubes”.

Además, según Barceló, “varios jefes de servicio sinergiados entre Torrevieja y el Hospital del Vinalopó, regresaron al hospital de procedencia (el del Vinalopó), dejando vacantes jefaturas de servicio como las urgencias, urología, neurofisiología, rehabilitación, radiología o anatomía patológica”.

A esto se une que “varios cargos intermedios dejaron puestos estratégicos en el departamento (como el del supervisor de quirófanos, supervisora de atención primaria, o el jefe de zona básica de Guardamar tentados por la empresa con mejores contratos)” y servicios que partían de plantillas extremadamente reducidas: “un neurólogo, dos dermatólogos, un cirujano vascular, un cirujano torácico, cuatro radiólogos, dos reumatólogos, dos anatomopatólogos o tres urólogos”.

Por todo esto, la conselleria tuvo que que reconstruir desde recursos humanos el departamento: “Como explicaré ahora, la empresa concesionaria había procedido a la descapitalización progresiva del departamento, tanto en personal como en tecnología. Voy a explicarles cual era la política de la empresa concesionaria que desmanteló el departamento de Torrevieja justo antes de la reversión”, proclamó Barceló.

Eliminación de servicios

Según detalló la consellera, Ribera Salud eliminó algunos servicios y redujo otros como, por ejemplo, admisión y documentación clínica, informática y sistemas de información, radiología, anatomía patológica, laboratorio, microbiología y hematología.

Además, “mantenía una política de externalización de la actividad a empresas propias del grupo Ribera Salud como B2B, Ribera Salud Tecnologías, Ribera Salud Proyectos o Lab Ribera, siendo práctica habitual la externalización de la actividad asistencial a empresas privadas, entre otras, neurocirugía, neurorradiología, radiología intervencionista, radioterapia, reproducción asistida, la Unidad de Autismo, el hospital de día en salud mental, radiología, anatomía patológica, neurofisiología, medicina nuclear y cirugía cardíaca”.

La responsable de Sanidad afirmó que “el escenario descrito dejó poco margen para reaccionar, pero aún así se procedió de forma inmediata y, desde la incorporación del departamento a la gestión pública, a fecha 23 de marzo, la plantilla ha pasado de 1.043 a 1.793 trabajadores, un incremento del 58%”.

A pesar de la situación y en medio de la pandemia, la tendencia de los indicadores ha cambiado en el área quirúrgica y se ha contenido la demora en radiología y consultas mientras que la lista de espera quirúrgica está en 62 días, una de las mejores de la Comunitat Valenciana, 5 días por debajo que en febrero de 2021 (67 días).

Respecto a enero-marzo de 2021, cuando el departamento estaba en manos de Ribera Salud, “se ha incrementado el número de intervenciones quirúrgicas: de 2.147 a 2.457; se ha incrementado el porcentaje de cirugía mayor ambulatoria: de 74,4% a 79,7%; se ha disminuido la estancia media hospitalaria de 7,18 a 6,86 días; se ha disminuido la demora estructural a primera consulta especializada: de 30 a 25 días; se ha disminuido la demora estructural a primera consulta de 31 a 28 días; en resonancia magnéticas ha pasado de 30,01 días la demora de 2021 a 26,32 la de marzo de 2022; y en cuanto a TAC, ha pasado de 36,08 días de demora media en marzo de 2021 a los actuales 31,39”.

“La planificación sanitaria de la red pública se ha diseñado en los 20 años de gobiernos del PP en función de los intereses de las empresas adjudicatarias del modelo concesionario, y la decisión de incorporar el departamento de Torrevieja a la red de gestión pública sanitaria tras 15 años, una vez finalizó el contrato, le aseguro que fortalece y refuerza la sanidad pública”, concluyó Barceló.

El Gobierno valenciano recupera este sábado el departamento de salud de Torrevieja que en los últimos 15 años ha gestionado Ribera Salud, una vez finalizada la concesión otorgada por el PP y tras descartar el Gobierno del Botànic la posibilidad de otorgar una prórroga de cinco años.

Esta es la segunda área sanitaria privatizada por los populares que la Generalitat Valenciana recupera para la gestión pública, tras rescatar en abril de 2018 la del hospital de Alzira que también estaba en manos en Ribera Salud, propiedad de Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa (hermano del senador del PP Fernando de Rosa).

La compañía ha interpuesto una gran cantidad de recursos judiciales para tratar de frenar los procesos de reversión, pero hasta ahora ningún fallo les ha dado la razón. Las diferentes concesionas han interpuesto en los últimos años 62 procedimientos judiciales, de los que 59 corresponden a las concesionarias controladas por Ribera Salud: 26 en La Ribera, 18 en Torrevieja y 15 en Elx-Crevillent.

Solo en el presente año la compañía ha puesto cinco recursos ante el Tribunal Superior de Justicia para lograr la suspensión tanto de las normas de reversión como de la notificación de la no prórroga solicitada por la empresa concesionaria, todos ellos desestimados.

La agresividad de la empresa a la hora de intentar adueñarse de un servicio público mediante una concesión con fecha de caducidad se explica con algunos datos económicos recabados por elDiario.es. Y es que, por toda la vigencia del contrato del departamento de Torrevieja, desde el 16 de octubre de 2006 hasta el 15 de octubre de 2021, Ribera Salud ha recibido por parte de la administración, solo en concepto de precio inicial del contrato un total de 1.688 millones de euros.

Solo durante el presente año se han abonado 115,6 millones, mientras que durante el pasado fueron 132,8 millones. Los gastos extraordinarios como productos ortropotésicos o desplazamientos, entre otros conceptos, no están incluídos en esta partida.

Cabe resaltar que la cápita, lo que la administración abona a la empresa por habitante susceptible de ser atendido (160.000 en el caso de Torrevieja), se fijó en el año 2006 en 494,72 euros, siendo actualmente de 896,34 euros, lo que representa un incremento del 80%.

En cuanto a la situación en la que Ribera Salud deja el departamento sanitario, actualmente es el que peor ratio tiene de niños por pediatra de toda la Comunitat Valenciana, en concreto 1.002 por pediatra, y el segundo con peor ratio de médicos de familia por habitante, con 1640 pacientes para cada doctor. El departamento con peor ratio en este sentido es el de Elx-Crevillente, también gestionado por Ribera Salud.

Pese a todo, este jueves el director gerente del departamento de salud de Torrevieja, José David Zafrilla, hizo un balance de gestión en los últimos 15 años y aseguró que es “el mejor de la Comunitat Valenciana en cuanto a indicadores asistenciales, de gestión y promoción de la salud”.

En este sentido, la gerencia del hospital asegura que el trabajo del equipo de profesionales durante estos 15 años ha sido impecable y que “hemos estado a la altura en cada situación difícil, especialmente durante la pandemia por COVID19, en la que este hospital ha sido un ejemplo para otros centros”. En esta crisis sanitaria el Departamento de Salud de Torrevieja atendió a un gran volumen de pacientes en comparación con otros hospitales y, sin embargo, registro la menor tasa de contagios entre profesionales de la Comunidad Valenciana y una cifra tres veces inferior a la media nacional.

“La concesionaria de Torrevieja se ha dedicado a obstruir el proceso de reversión al no atender los requerimientos de la Conselleria de Sanidad, acudiendo a la vía judicial mediante la interposición de recursos”, señaló este miércoles la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en su comparecencia a petición propia en la comisión de Sanidad de las Corts Valencianes para explicar la inminente recuperación pública del departamento de salud del hospital de Torrevieja a partir del próximo 15 de octubre, una vez finalizado el contrato de 15 años adjudicado en su día por el PP.

Barceló puso en evidencia las contradiciones del PP, precursor del modelo de privatizaciones, cuando en 2014 ya anunció por boca del entonces presidente Alberto Fabra, y de su conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que no prorrogaría ninguna concesión sanitaria, un modelo de concesiones que ahora el propio PP reivindica.

La consellera aseguró que la administración está preparada para que la transición se produzca con total normalidad para la ciudadanía, pero lamentó las trabas que ha puesto la empresa Ribera Salud para facilitar un rescate previsto explícitamente en una de las cláusulas del contrato.

De hecho, denunció que a tan solo nueve días de la recuperación de la gestión pública, la compañía sigue sin enviar la información relativa al personal, que según denuncia, comparte en algunos casos con el departamento del Vinalopó.

“Una información que se considera imprescindible para poder garantizar la continuidad del servicio a la población protegida del departamento de salud de Torrevieja, que está en torno a las 180.000 personas. Sin embargo, como ya ocurrió en el proceso de reversión del departamento de la Ribera, se ha repetido la obstaculización y la negativa a facilitar cualquier tipo de información por parte de la concesionaria”, lamentó.

La consellera aseguró que el modelo concesional impulsado por el PP de Zaplana es “un experimento fracasado que socializa pérdidas y privatiza beneficios, al tiempo que hipoteca la planificación de la red pública”.

Entre los problemas de este modelo destacó la falta de mecanismos de control de la administración sobre las empresas concesionarias, así como la elevada litigiosidad precisamente por la falta de claridad en las diferentes cláusulas de los contratos.

“Deficiencias y falta de claridad”

Según destacó Barceló, “las deficiencias y falta de claridad de los documentos contractuales que regulan la relación entre la administración y las concesiones y la desconfianza entre las partes ha propiciado la existencia de numerosas reclamaciones tanto en vía administrativa como judicial, interpuestas por las empresas adjudicatarias”.

De hecho, las concesionas han interpuesto en los últimos años 62 procedimientos judiciales, de los que 59 corresponden a las concesionarias controladas por Ribera Salud: 26 en La Ribera, 18 en Torrevieja y 15 en Elx-Crevillent.

La responsable de Sanidad Universal y Salud Pública recordó que el pasado 14 de octubre de 2020 se comunicó a la empresa concesionaria la no prórroga del contrato y se remitieron las normas de reversión encaminadas a recabar la información, verificación y comprobación del estado de situación para facilitar el proceso de transición del departamento de manos privadas a la red pública.

Desde ese momento, la compañía ha puesto cinco recursos ante el Tribunal Superior de Justicia para lograr la suspensión tanto de las normas de reversión como de la notificación de la no prórroga solicitada por la empresa concesionaria, todos ellos desestimados.

Por último, Barceló lamentó la situación denunciada por los sindicatos mayoritarios del departamento de Torrevieja, que protestaron recientemente porque desde el 30 de septiembre y ante la finalización del contrato, Ribera Salud no ha renovado a 200 trabajadores eventuales y ha cerrado agendas de citas de especialidades y camas en UCI, maternidad y cirugía.

Nuevo varapalo judicial para Ribera Salud en su enésimo intento por paralizar la recuperación de la gestión pública del departamento de salud de Torrevieja, tras vencer la concesión de 15 años que le adjudicó el Consell del PP. En concreto, será el próximo 14 de octubre cuando finalice el contrato, por lo que a partir del 15 de octubre toda la zona volverá a estar gestionada de forma directa por la Conselleria de Sanidad.

Tal y como ha informado elDiario.es, un nuevo fallo de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechaza las medidas cautelares solicitadas por la compañía, en concreto, la suspensión de las normas para hacer efectiva la reversión remitidas por la Conselleria de Sanidad el pasado mes de octubre. Este es el quinto pronunciamiento judicial contra los intereses de la mercantil en siete meses.

En su recurso, Ribera Salud justifica la solicitud de las medidas cautelares en un “hecho nuevo de especial relevancia y vinculación evidente”, refiriéndose a la sentencia del pasado mes de julio del Tribunal Supremo, que paradójicamente avala la recuperación del departamento sanitario del hospital de Alzira ejecutado en abril de 2018, una vez finalizado el contrato.

El fallo del Supremo confirma la legitimidad de la recuperación del servicio públicos una vez finalizado el contrato, pero reconoce que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública debe valorar la repercusión y efectos que la reversión tendría sobre el gasto público en cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Este ha sido el resquicio al que se ha acogido Ribera Salud para tratar de lograr la suspensión cautelar de la reversión del hospital de Torrevieja, también por finalización del contrato. Sin embargo, el auto del TSJCV tumba todos y cada uno de los argumentos de la compañía.

Los primeros, según el fallo judicial, “los argumentos relativos al cumplimiento de dicha obligación (informe sobre repercusión de la reversión) no están referidos al objeto de este procedimiento (suspensión de normas de reversión), sino a la decisión de no prorrogar el contrato”.

Además, el auto afirma, sobre la alegación relativa a que la omisión de esa valoración previa a cualquier actuación encaminada a la reversión “es vicio determinante de la nulidad de pleno derecho de la decisión de no prorrogar el contrato”, que “no es esta la conclusión de la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 952/21, cuya doctrina ya ha sido expuesta anteriormente y las matizaciones también, buena prueba de ello es que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la concesionaria”.

Por último, el juzgado considera que que “no es cierto, como afirma la demandante (Ribera Salud) que en ambos recursos (el referido a Alzira y el de Torrevieja) el acto impugnado es la decisión de no prorrogar el contrato. El objeto del presente, como ya se expuso en el auto de 22-2-21, por el que se denegó la medida cautelar, es la comunicación por la que se anuncia la intención de no prorrogar el contrato y las normas encaminadas a la recepción del hospital, centros, medios materiales y personales, de 14 de octubre de 2020”, es decir, las normas que dictó Sanidad para hacer efectiva la reversión.

Esto significa, prosigue el auto, “que tampoco es cierto, como señala la solicitante (Ribera Salud), que la diferencia entre ambos recursos, es que en el expediente del departamento de Salud de la Ribera existían informes estimados suficientes por el Tribunal Supremo y en el presente caso no y no lo es porque en el expediente tomado en consideración en la STS 952/2021 el acto es posterior a los trámites que ahora nos ocupan”.

La empresa hasta ahora se acogía a este recurso judicial para no facilitar a la administración la documentación necesaria para hacer efectiva la reversión, un hecho que ha motivado la apertura de un expediente por parte de la delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez.

Tras conocer el contenido de la sentencia, la Conselleria de Sanidad que dirige Ana Barceló ha exigido a la empresa concesionaria de la gestión del departamento de salud de Torrevieja que cumpla de forma inmediata con las instrucciones trasladadas por la Generalitat Valenciana en las normas de reversión y facilite toda la información requerida para garantizar que la reversión se realice en las mejores condiciones.

“Ni es sorprendente la voluntad de la administración de no prorrogar los contratos de concesión, ni lo son las normas y también entonces la concesionaria, sin pandemia, anunciaba una situación de caos en la reversión que nada tuvo que ver con la realidad producida, más allá de la normal alteración en la rutina del servicio que produce la misma”.

Así de contundente es el auto por el cual la sección 5 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) deniega la solicitud presentada por Ribera Salud de suspensión cautelar de las normas que le comunicó la Conselleria de Sanidad el 14 de octubre del pasado año para asumir la gestión del departamento de Salud de Torrevieja un año más tarde, al cumplirse los 15 años de la concesión.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en uno de sus puntos, desmonta una de las argumentaciones de la compañía basada en que las mencionadas normas son un copia y pega de las dictadas en 2017 para recuperar la gestión pública del hospital de Alzira en un momento en el que no existía la pandemia y, pese a todo, según Ribera Salud, iban a causar un grave impacto en la organización y gestión del recinto sanitario.

La sala abunda más en la improcedencia de este argumento: “No le asiste la razón a la demandante (Ribera Salud), porque olvida que éste es un procedimiento entre una concesionaria de un Departamento de Salud y la Conselleria de Salud Universal y Sanidad Publica, cuya finalidad y competencias van dirigidas, precisamente, a la finalidad pública que parece atribuirse con carácter exclusivo y excluyente”.

El auto es un auténtico varapalo a la compañía cuyo consejero delegado es Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, actual senador del PP por la provincia de València, ya que desmonta una por una todas las cuestiones argumentadas para tratar de frenar la recuperación del departamento de salud de Torrevieja, basadas en la imposibilidad de dar cumplimiento a las mencionadas normas como consecuencia de la situación de pandemia.

“Se trata de un argumento que no tiene cabida en la medida que analizamos, así, a lo largo de siete apartados la demandante expone la incidencia de la pandemia y parece partir de bases que no son aceptables: como si no estuviera previsto en el contrato que el momento de la reversión iba a llegar y que aquello supondría la necesidad de llevar a cabo estas actuaciones; como si la pandemia le hubiera afectado exclusivamente a su área de actuación; como si la administración sanitaria no hubiera llevado a cabo ninguna de las actuaciones que afirma haber tenido que afrontar por la situación; como si nada de la documentación solicitada existiera y tuviera que ser elaborada ex profeso para ello; como si todo lo solicitado solo pudiera tener un tratamiento manual y personalizado”, dice el auto.

El fallo solo atiende una de las peticiones que hace la compañía relativa a una ampliación de plazo de presentación de documentación que Sanidad había exigido antes del 1 de diciembre y que la sala prorroga al 31 de marzo. Además, da un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición ante la propia sala.

La estrategia de la mercantil de judicializar el proceso de reversión para tratar de frenarlo o retrasarlo no es nueva, con o sin pandemia. Ante el anuncio del Gobierno valenciano de la reversión del hospital de Alzira para el 1 de abril de 2018 con el objetivo de hacer cumplir una de sus promesas estrellas, los departamentos gestionados por Ribera Salud presentaron medio centenar de contenciosos de todo tipo en un intento, aseguraron entonces fuentes de Sanidad, “de obstaculizar el funcionamiento de la conselleria”.

Todos cayeron en saco roto, como los nueve recursos judiciales que presentaron antes de que se agotara el plazo del rescate de la concesión. Incluso a posteriori, una vez que se materializó el rescate del hospital de la Ribera y su departamento de salud, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo, dio la razón al Gobierno valenciano, avalando su decisión.

Este 1 de abril se cumple un año de la reversión a la gestión pública del área de salud y del Hospital de la Ribera, el que pasó por ser el primer hospital en el que un gobierno del PP (el de Eduardo Zaplana) privatizara la gestión, en lo que dio nombre al 'modelo Alzira'. Del mismo modo este hospital también fue pionero 20 años después de la primera reversión por parte de un gobierno (el del Botànic) y la vuelta a la gestión pública.

Esta reversión tras 20 años de administración privada ha sido uno de los estandartes del gobierno del de Ximo Puig y Mónica Oltra y ha tenido entre sus principales frutos el incremento de personal y de las inversiones en infraestructuras e instalaciones.

La transición en Alzira se ejecutó con “absoluta normalidad y sin incidencias”, según aseguró la entonces consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, quien había conseguido el objetivo que se marcó nada más llegar al cargo en verano de 2015. El nuevo equipo directivo lo encabezó su gerente, Isabel González, que casi un año después se ha jubilado y ha sido sustituida por Liliana Fuster, la hasta ahora directora del Hospital de La Ribera.

De abril a diciembre de 2018 el Departamento de Salud ha destinado más de 7,8 millones de euros para mejorar la asistencia sanitaria de la comarca, un millón para las infraestructuras y el resto para la adquisición de equipos diagnósticos y de tratamiento de última generación.

Durante un balance de los primeros nueve meses tras la reversión, la consellera Ana Barceló destacó un incremento del 4% de las intervenciones quirúrgicas, un 2,6% más de consultas de Atención Especializada y un 4,5% más de pruebas diagnósticas. Además, subrayó el incremento de la cartera de servicios en el Hospital de Alzira, con la inclusión de la especialidad de Cirugía Pediátrica, la potenciación de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) y la apertura de una Unidad de Preingreso, así como un aumento de plantilla en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y la incorporación de nuevas especialidades.

Sanidad anunció para 2019 una inversión de 400.000 euros para la construcción de un nuevo quirófano, la ampliación de la zona de Hemodiálisis, la adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el traslado del Hospital de Día al jardín de la zona de Hemodiálisis.

Espera para el Hospital de la Marina

Tras la reversión del Hospital de la Ribera el Consell tenía como meta recuperar también el Hospital de la Marina, en Dènia, que pretendía cerrar en esta legislatura pero que de momento no va a poder ser. En unas gestiones al límite de cerrar el periodo de gobierno el intento se frustró, según explicó la misma consellera de Sanidad, porque uno de los propietarios -DKV-rechazó la oferta de 16 millones para comprar sus acciones, en una compra que sí aceptaba Marina Salud.

De este modo el siguiente paso en la reversión pública sanitaria se traslada a la próxima legislatura, puesto que la concesión de la gestión del hospital se alarga hasta el año 2023. Esto significa que, si se repite otro gobierno progresista con la misma meta tras el 28 de abril, los titulares de la concesión tienen los próximos años para negociar una compra que cada día debería ser más barata, puesto que tras la expiración de la concesión en 2023 la Consellería volvería a asumir su gestión de forma gratuita como ya lo ha hecho en Alzira.

A enemigo que huye, puente de plata. El Hospital del Vinalopó de Elche ha soplado sus ochos años de vida con la esperanza de que la salida de Carmen Montón de la Conselleria de Sanidad reconduzca el diálogo hasta ahora ausente entre este centro hospitalario público de gestión privada con el Consell. Una relación que el año pasado ya tacharon de “nula” y que viene precedida por la recuperación del hospital de Alzira para la gestión pública el pasado 1 de abril. El centro hospitalario, que desde Elche da cobertura a la mitad de esta población, más la de Crevillent, Aspe y otras localidades, acaba concesión en 2025.

A falta de saber la persona que se encargara de esta cartera, que la socialista Montón ha cedido para acceder al ministerio de Sanidad en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, el director adjunto del Hospital del Vinalopó, José David Zafrilla, ha sido claro. “Sí que tenemos esperanzas de que con el cambio de consellera por lo menos tengamos comunicación y colaboración”, ha afirmado ante preguntas de los periodistas.

Esta aseveración ha llegado después de mostrar su “orgullo” por la “muy buena noticia” de que “una profesional de la sanidad valenciana ocupe el máximo puesto de responsabilidad sanitario de España”. Con todo, Zafrilla se ha quejado de que “en estos tres años de gobierno no hemos tenido ninguna visita de ningún miembro de la Conselleria de Sanidad”, y eso, asegura, que han cursado “más de 40 invitaciones a actos oficiales e importantes”.

“Tampoco somos conscientes de haber hecho ninguna cosa para que estos hechos sean así”, se ha lamentado por su parte el gerente, Ramón Navarro. “Lo ideal es que estas circunstancias cambiasen y hubiera comunicación”, ha esgrimido.

Ambos responsables sanitarios han denunciado también haber recibido “presiones externas”. “Somos del modelo de concesión administrativa de colaboración público privada y con todo el proceso de reversión del Hospital de Alzira sí que es verdad que los profesionales sienten que no se les valora por parte del gobierno valenciano con el trabajo y la sanidad pública que hacemos todos los días”, ha añadido el director adjunto.

En este sentido, tanto Navarro como Zafrilla no han alcanzado a comprender por qué desde Conselleria se está autorizando la derivación de pacientes -que precisan de cirugía cardiaca, torácica, maxilofacial o hemodinámica- que, en lugar de ser atendidos en el centro de Elche, son trasladados a otras unidades de Alicante o San Juan.

“Son por motivos extrasanitarios, es decir, políticos”, apunta Zafrilla. “Cuando hablamos con los profesionales nos dicen que la colaboración privada sí que existe con la Conselleria pero no con la público privada”. De hecho, a este respecto asegura que la actividad que deriva la Conselleria a los hospitales privados “es la misma o superior que otros gobiernos de otras siglas”.

Gestión

En la rueda de prensa ofrecida este miércoles, la dirección del Hospital del Vinalopó ha asegurado que cuenta “con mejores resultados que el resto de hospitales de la Comunidad Valenciana”.

El Hospital del Vinalopó cumple su primer año como centro sanitario acreditado por la Joint Commission International. Junto con Torrevieja, también gestionado por Ribera Salud, “son los únicos hospitales públicos valencianos” con esta certificación de calidad. “Una acreditación exigente y que se ha mantenido durante este año gracias al trabajo de los 1.100 profesionales que forman parte de la organización”, ha explicado Navarro.

El equipo directivo del centro ha presentado el balance del último año en el que han destacado “los mínimos tiempos de espera” en comparación con la Comunidad Valenciana, “la alta satisfacción de pacientes”, el cribado de violencia de género, “los excelentes resultados” en salud reflejados en los Acuerdos de Gestión de la propia Conselleria y la inversión realizada por habitante. Unos indicadores también avalados por el informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana sobre el modelo concesional.

En cuanto a inversión, Vinalopó Salud es el departamento de la Comunidad Valenciana con mayor inversión por habitante y año, “una apuesta de la Organización por ofrecer la mejor asistencia y, además, de forma sostenible, ya que la gestión privada del departamento permite ahorrar más de 400 euros al bolsillo del ciudadano en impuestos. Dicho de otra forma, si el departamento fuera gestionado de forma directa por la Administración, el coste del paciente sería un 25% mayor, según datos de la propia Conselleria de Sanitat”, explicaba Jose David Zafrilla.

La Conselleria de Sanitat ha anunciat aquest dimecres que ampliarà la plantilla de l'hospital d'Alzira i de la resta del departament sanitari de la Ribera en 303 professionals des de l'1 abril, data en què la gestió passarà de les mans privades de Ribera Salud a l'administració pública, fins a final d'any.

La consellera, Carmen Montón, ha assegurat sobre aquest tema que no solament no es suprimiran serveis, sinó que se'n crearan nous que fins ara no existien pròpiament, com el de cirurgia pediàtrica.

Montón ha comentat que l'augment de personal sanitari, al costat de la inversió prevista de 5,7 milions d'euros que es destinaran a la millora de les instal·lacions, marcaran “el renàixer d'aquest departament després de 18 anys de privatització”.

Sobre el supòsit esborrat de dades sensibles denunciat per diferents sindicats, la consellera ha informat que segueix en marxa la inspecció engegada per a esclarir els fets i que aquest mateix dimecres s'ha confirmat un presumpte esborrat de dades relatiu a la Unitat de Conductes Addictives (UCA).

Sobre aquest tema, ha explicat que una vegada finalitze la inspecció determinaran si emprenen accions administratives o d'algun altre tipus si procedira contra Ribera Salud.

Quant a les suposades objeccions del Consell Jurídic Consultiu per l'aprovació del decret llei previst per a aquest divendres relatiu a la subrogació dels empleats, Montón ha explicat que el text legal s'ha redactat atenent a aqueixes objeccions i que és un aval jurídic a la llei d'acompanyament aprovada en la qual es regula la nova condició dels treballadors.

D'aquesta manera, l'1 d'abril la plantilla del departament quedarà integrada per 1.423 personal indefinit no fix, 310 estatutaris, i substituirà als 254 temporals amb professionals entre els 14.000 treballadors que s'han inscrits en la borsa de treball. La titular de Sanitat ha destacat que ja s'estan cridant per a cobrir aquestes places i que l'1 d'abril estiguen ja aquests llocs.

Per tot açò, Montón ha garantit que l'1 d'abril la situació serà de “normalitat” i ha demanat “tranquil·litat” perquè “no va a haver-hi cap tipus de ruptura assistencial ja que els professionals seguiran en els seus llocs” i la direcció s'anirà nomenant igual que en la resta de departaments.

Un análisis “pormenorizado” del sindicato de médicos (Simap) sobre el coste que está suponiendo para el contribuyente el funcionamiento de los hospitales públicos con concesión administrativa, un modelo de gestión privada de la sanidad pública que da cobertura al 20% de la población valenciana, ha concluido en la existencia de un sobrecoste al erario público del llamado modelo Alzira, que se implantó de forma progresiva en cinco de los veinticuatro departamentos de salud en la Comunitat Valenciana: Alzira, Manises, Dénia, Torrevieja y Vinalopó.

Explican desde Simap que se promulga “constantemente” por los impulsores y defensores del modelo Alzira un supuesto ahorro económico para la Conselleria de Sanidad en comparación con los departamentos que se gestionan de forma pública, sobre todo en pleno proceso de reversión del departamento de la Ribera, tras 19 años de gestión privada por una sociedad mercantil (Ribera Salud). Esta aparente reducción de costes se ha apoyado en un informe que la Sindicatura de Comptes que publicó respecto de una auditoria en Manises, “del que discrepamos por la metodología seguida para comparar costes reales entre concesiones y los departamentos de gestión pública, ya que, si se confrontan los mismos bloques de gasto sanitario ejecutado, los resultados son distintos de aquel informe”.

En el modelo Alzira, la Conselleria abona a la gestora privada un canon anual por habitante del departamento por la atención sanitaria, la cápita; “pero corre a cargo de la Administración gastos de difícil control como son la farmacia ambulatoria extrahospitalaria, endoprótesis y exoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario, salud pública (vacunas, etc.) y los gastos proporcionales generados por la existencia de unos servicios centrales de gestión de la Conselleria”.

Información procedente de dos fuente

En el análisis han comparado el gasto efectivo de los departamentos de gestión directa con los de concesión administrativa según el modelo Alzira, obtenidos de dos fuentes: Las Memorias de Gestión 2015 y 2016 que dan a conocer el gasto del capítulo 1 (Comisionados en las concesiones / Gasto de personal en los demás departamentos), el gasto del capítulo 2 (Cápita en las concesiones / Gasto corriente en los demás departamentos) y los gastos proporcionales que corresponden a salud pública y a servicios centrales; y de fuentes directamente relacionadas con Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se han obtenido los gastos correspondientes a farmacia extrahospitalaria, endoprótesis y exoprótesis, oxigenoterapia ambulatoria y transporte sanitario.

Para poder comparar departamentos de similares características se han retirado del cálculo los datos de los siete departamentos con hospitales de referencia provincial de la comunidad valenciana e incluso nacional, clasificados por la propia administración sanitaria, para evitar el sesgo de actividad sanitaria muy costosa como unidades de quemados, trasplantes, UCI pediátrica, etc..... y que no están en la cartera de servicios de las concesiones sanitarias.

Conclusiones del estudio

Según se desprende del estudio elaborado por el sindicato, en 2015 el modelo Alzira supuso un sobrecoste de 44 euros por habitante con tarjeta SIP y en el año 2016 el sobrecoste pasó a 28 euros. En cifras globales, por el total de habitantes con tarjeta SIP atendidos bajo régimen de concesión administrativa, en 2015 prácticamente se alcanzó 40 millones de euros de sobrecoste y en 2016 unos 25 millones. En definitiva, 65 millones de euros de sobrecoste efectivo basándonse en el gasto ejecutado en los ejercicios 2015 y 2016, “que han pagado los ciudadanos de la Comunitat Valenciana por el modelo Alzira”.

Estos datos, explican, contradicen los publicitados por la empresa, “que sigue expresando que su gestión ha ahorrado entre un 20-25 por ciento al erario valenciano, el equivalente a 50 millones de euros anuales”. “Llama la atención la constante repetición de ese concepto desde hace años, imposible de cotejar y auditar hasta 2015, que es cuando se publicó la primera memoria de gestión de la Conselleria de Sanidad en 17 años, realizada tras la llegada del nuevo gobierno valenciano”, apuntaban. Tampoco se debe perder de vista el “rescate” de la concesión en 2003, una indemnización, tras cuatro años de pérdidas, obtenida con el pretexto de incluir la asistencia primaria, proceso censurado por el propio Sindic de Comptes en un informe ad hoc.

En una hipotética clasificación por coste sanitario ejecutado por habitante según su departamento de salud y detrayendo de la misma los departamentos con hospital de referencia provincial al efecto de comparar los de similares características, “se objetiva que los departamentos concesionales se encuentran o bien por encima de la media o bien cercanos o ligeramente por debajo, puesto que cada uno de ellos tiene su especial idiosincrasia”. “Estos datos también desmienten la afirmación de que el modelo en sí y de forma general ahorra dinero al erario, como se asevera constantemente”, resaltan.

Incrementos “difíciles de justificar”

Finalmente, en términos de eficiencia, insisten en que el incremento del importe por la asistencia sanitaria en los departamentos de salud del modelo Alzira “resulta difícil de justificar cuando otros conceptos que inciden directamente en la calidad asistencial son significativamente menores en estos respecto a los departamentos de gestión directa”. Tales serían, por ejemplo, el número de trabajadores sanitarios o el número de camas hospitalarias, que en estudios anteriores el sindicato ha puesto de relieve con los siguientes datos:

El número de trabajadores es más bajo en los departamentos del Modelo Alzira que tienen 7,63 trabajadores por cada mil habitantes, cifra que en los públicos es de 9,69 profesionales, lo que supone un 21% menor.

Los departamentos del Modelo Alzira tienen 1,42 camas por cada mil habitantes, cifra que es muchos más baja que la de los hospitales comarcales públicos que tienen una media de 1,77 camas. Es decir, los hospitales modelo Alzira tienen un número de camas 20 % inferior que los comarcales públicos.

Por todo ello, el Simap se ratifica en la tesis de que en esta forma de gestión privada no se confirma el supuesto ahorro de costes y prima, como resulta lógico en cualquier empresa, el beneficio empresarial. “Este fundamento no puede aplicarse en la sanidad pública, ya que de entrada distorsiona la esencia de la misma”, matizan. El beneficio que se pudiera derivar de una gestión eficiente de la sanidad pública “debe repercutir en mejorar la propia sanidad pública y, por lo tanto, redundar en el bienestar de toda la población que es quien la financia con sus impuestos. Nuestro estudio, que trata de esclarecer los datos, demuestra que el modelo Alzira es más caro de mantener y confirma que los servicios públicos sanitarios y socio-sanitarios nunca debieron ser considerados objeto de negocio. La reversión es una buena noticia, y está justificada tanto por razones económicas como por razones políticas de búsqueda del mejor servicio al ciudadano”, concluyen desde el sindicato de médicos.

El próximo 31 de marzo de 2018 finaliza la primera concesión sanitaria que el Gobierno valenciano en la etapa del PP entregó a la empresa Ribera Salud y que acabará con la recuperación para la gestión pública del departamento sanitario de Alzira (València), que atiende a unas 200.000 personas. Las últimas inspecciones para acelerar el proceso de liquidaciones entre la empresa privada y la administración autonómica han revelado el falseo de los datos que presenta la empresa y que le permiten incrementar los ingresos de dinero público.

El último presunto falseo de datos lo revela un informe de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat que concluye que Ribera Salud ha presentado como ingresos de pacientes en las urgencias hospitalarias muchas de las atendidas en los centros de salud, mucho más económicas para la concesionaria. En total, los funcionario entienden que la empresa que dirige Alberto de Rosa habría ingresado 2, 6 millones de euros de más en el año 2016 sólo en el departamento de Alzira. Ribera Salud gestiona también Elx, Torrevieja, Manises y Dénia, casi un millón de pacientes valencianos.

Los inspectores han detectado esta práctica de hinchar facturas gracias al cruce de datos y ya habían alertado a principios de 2017 que esta manera de actuar se había realizado en los años de gestión del PP, aunque nunca fue denunciado ni tampoco reclamado el dinero que se habría cobrado de más. Los funcionarios concluyen que los datos que ofrece la concesionaria no son fiables y deben rechazarse “de plano”, un disparo en la línea de flotación de Ribera Salud que defiende su modelo como transparente y eficiente.

El informe, que adelantó Levante-EMV, desvela que el centro de salud de Cullera, un municipio eminentemente turístico y al que acuden numerosas personas ajenas al departamento sanitario, realizó 7.903 atenciones que posteriormente Ribera Salud contabilizó como hechas y atendidas en el hospital de Alzira. Esos pacientes nunca habrían acudido a este centro de referencia. En Sueca, también un municipio de costa y turístico, el desfase de atenciones es de 2.371.

Además, directamente, los inspectores han detectado nueve asistencias de urgencias que “no han existido” y par las que la concesionaria se habría embolsado 1.705 euros. Los inspectores también critican la manera de contabilizar las asistencias porque impiden la transparencia. De hecho, el 51 % de los registros de asistencia urgente el alta se define con el epígrafe “otros”, lo que debería ser “residual”.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Carmen Montón, han convertido el rescate de las concesiones sanitarias que el PP privatizó en uno de los objetivos de la legislatura y uno de los logros a brindar a sus votantes. El 1 de abril de 2018 caduca la primera de estas concesiones y la guerra entre la empresa beneficiaria, Ribera Salud, y la Generalitat lleva meses librándose en los medios de comunicación y los juzgados.

En esa contienda a cara de perro, la firma Ribera Salud -participada al 50 % por el Banco Sabadell y la nortemericana Centene- y en especial su director general, Alberto de Rosa, no han escatimado en recursos y estrategias. La última, la presentación del libro “La gobernanza de la salud pública. Excelencia o ideología”, en la que importantes cargos socialistas y economistas defienden la privatización sanitaria en general y la no reversión de las concesiones sanitarias en la Comunitat Valenciana en particular. La estrategia va a la línea de flotación de los socialistas, puestos que personas cercanas o miembros de su partido se salen de la línea marcada por Montón y Puig.

El libro ha sido impulsado por Ramiro Aurín, presidente de la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos, y Ribera Salud se comprometió a adquirir muchos de los ejemplares de la obra para facilitar su edición. La introducción la realiza Enrique Linde Paniagua, ex subsecretario de Cultura con Felipe González y participa también el exministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez. Gómez ya ha visitado la Comunitat Valenciana en otra ocasión para defender el modelo de los hospitales privatizados invitado por Ribera Salud.

El libro está coordinado por Ramón Tamames y en él se defiende la tesis de que el rescate de los hospitales privatizados son fruto de la “ola de populismo” y del “sectarismo” político. Tamames defiende que la Sindicatura de Comptes de la Generalitat ha realizado un informe en el que concluye que el modelo Alzira de gestión es más de un 20 % más barato que el público.

Por su parte, Alberto de Rosa ha asegurado en su intervención en la presentación del libro que durante el proceso de rescate de las concesión “nunca se había intentado desprestigiar tanto la colaboración publico-privada”. Para De Rosa existen en la actualidad modelos de colaboración “buenos y malos”, en referencia a otras concesiones o conciertos entre la administración autonómica y el sector privado.

El exministro de Trabajo y exsindicalista, Valeriano Gómez, critica el rescate porque considera que “aparecen un conjunto de problemas que en la perspectiva laboral pueden llegar a cuestionar no solo la virtualidad del rescate sino la propia viabilidad del modelo concesional como instrumento de la política pública”. El exministro llega a alertar de un posible caso de “sucesión empresarial” en el paso de la gestión privatizada a la pública. Cabe recordar que el rescate valenciano del modelo Alzira es el primer intento de reversión del sistema sanitario en España.

Gómez asegura que los mayores problemas con los que se encontrará Sanidad será con la asunción del personal de Ribera Salud en la conselleria. Para ello se utilizará la contratación del “indefinido no fijo”, figura legal sobre la que el exministro pone muchos interrogantes. También duda que el rescate cumpla con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. De momento, ni sindicatos ni el Gobierno central han puesto problemas al final de la concesión que caduca el 31 de marzo de 2018.

Por su parte, Enrique Linde en la introducción del libro defiende que el sistema privado sanitario ha evitado “el colapso” del público. Para el ex alto cargo socialista -también expresidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana-, el rescate supondría un inasumible incremento de la deuda pública. “Esta solución ni sería aceptada por la UE no conviene al interés general”, afirma.

Para Linde, el modelo Alzira debiera analizarse “sin prejuicios ideológicos no amparados por nuestra Constitución”. “Si la nuestra debe ser una época de innovaciones organizativas no deben despreciarse las variadas fórmulas colaborativas que permite nuestro ordenamiento jurídico, entre ellas las concesionales”, apunta.

Para este exalto cargo socialista y abogado, las administraciones públicas sanitarias “lejos de cualquier dogmatismo deben ser extraordinariamente pragmáticas para conseguir el objetivo constitucional de la protección de la salud sin volver a viejos modelos intervencionistas que establecían líneas rojas entre lo público y lo privado, conducidos por dogmatismos que marginan los intereses de los ciudadanos”.

Ribera Salud està intentant tot el que té a les mans per a parar el procés de reversió de la privatització dels hospitals públics valencians, en concret de l’àrea d’Alzira (la Ribera). Jurídicament ha anunciat aquest dijous que ha presentat ja el recurs contenciós administratiu que ha de tombar la intenció de la Conselleria de Sanitat de rescatar la concessió l’1 d’abril de l’any que ve i que ha demanat també mesures cautelars.

Mediàticament no ha estat menor l’esforç, perquè fa setmanes que està amb importants campanyes publicitàries en mitjans de comunicació que venen les bondats del model publicoprivat sanitari. Abans, ha convidat amb pagament previ a exministres socialistes, com ara Valeriano Gómez, perquè defensen la privatització de la sanitat en una administració, i una conselleria, on governen els socialistes.

El penúltim cartutx l’ha cremat aquest dijous amb la presentació d’un pla estratègic per al període 2018-2028 per al departament de salut de la Ribera, el que precisament deixarà de gestionar d’ací a poc més de quatre mesos i mig.

I per què?, s’han preguntat els periodistes. Javier Palau, director gerent de l’Hospital Universitari de la Ribera, ha explicat que aquest informe, que quasi amb seguretat total no es podrà aplicar, “s’ha fet per a llançar un missatge i traslladar a la societat que hem fet les coses bé i d’una manera seriosa i responsable”. Per a Palau, la projecció econòmica servirà per a saber “cap on anar i quines són les necessitats per cobrir en els pròxims anys”.

Per al gerent de l’Hospital de la Ribera, aquest pla estratègic pot servir a la seua empresa, si guanyen en els tribunals o aconsegueixen la pròrroga de cinc anys que reclama, “o a la Conselleria de Sanitat quan comence a gestionar” l’àrea de salut.

Segons el Pla Estratègic de Ribera Salud, el departament de la Ribera necessita una inversió de 72,3 milions en els pròxims deu anys “per a mantenir la qualitat actual”. Segons l’informe, s’haurien de destinar 29,2 milions d’euros per a ampliar i remodelar nous serveis i àrees de l’hospital. A més, preveu invertir 30 milions més en noves tecnologies i més de huit milions al pla de transformació digital.

El document, que serà complicat d’aplicar si finalment la Generalitat recupera el servei, també reflecteix que calen 4,8 milions per a construir nous centres de salut i 185.000 més per a reformar els actuals. L’informe també explica que en els pròxims deu anys l’àrea de salut necessitarà 350 professionals més per a implementar nous serveis.

Mentre Ribera Salud intenta mantenir la batalla jurídica i mediàtica viva, en la Conselleria de Sanitat continuen el camí per a rescatar la concessió l’1 d’abril de l’any que ve. De fet, els pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve ja preveuen les despeses de personal per als 2.000 treballadors sanitaris que passaran del sector privatitzat el públic amb el procés.

“Serà la primera vegada en la història que un procés de privatització es revertisca”, ha arribat a reconéixer Palau. Això sí, a parer seu, aqueixa incògnita podria esdevenir un “caos”. O no. En menys de mig any se sabrà.

La Conselleria de Sanidad y el grupo Ribera Salud han mantenido este lunes una primera reunión tras iniciarse el proceso de reversión del departamento de La Ribera en la que la administración ha pedido a la empresa que cumpla los plazos de traslado de información y se ponga al paciente “por encima de todo”.

Así lo han asegurado a EFE fuentes de la Conselleria, que han agregado que durante el encuentro se ha planteado cuál a va a ser la “dinámica de envío de información” y se ha comentado a Ribera Salud que esperan que haya “normalidad” en el envío de la información que se le ha requerido.

Al encuentro han asistido, por parte del grupo Ribera Salud, el gerente del Departamento, Javier Palau, y por parte de la Conselleria el director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, y el subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos.

Según las fuentes, después de las vacaciones de Pascua celebrarán un nuevo encuentro con personal técnico para “entrar en más detalles”.

El pasado 27 de marzo, el grupo Ribera Salud recibió las normas de reversión del departamento de La Ribera, un proceso que se inició el 1 de abril, justo un año antes de que la concesión pase a la gestión pública directa.

En estas normas se les solicitaba que entregaran diversa información sobre el departamento sanitario y se les recordaba que la Conselleria de Sanidad tendría que autorizar cualquier decisión que adopte durante estos doce meses.

El gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Javier Palau, ha asegurado este jueves sobre el anuncio de la consellera Carmen Montón de que los trabajadores del Departamento de Salud de La Ribera pasarán a la condición de “indefinidos no fijos” tras la reversión, que esta figura “convierte a los trabajadores laborales del departamento de fijos a no fijos y les augura un futuro marcado por la inestabilidad e incertidumbre”.

Palau ha recordado que la figura de indefinido no fijo no se puede mantener “sine die” ya que “obliga a la Administración pública a convocar oposiciones. De lo contrario podría reclamar con derecho cualquier aspirante a trabajar en La Ribera”. En el marco de la subrogación planteada por la Conselleria, los 1.836 empleados contratados por la compañía para el hospital de La Ribera pasarán a ser indefinidos no fijos, por lo que se arriesgan a perder su puesto de trabajo si la Generalitat convoca una Oferta Pública de Empleo (OPE).

Palau ha asegurado que “sin duda, los 1.836 trabajadores laborales de La Ribera saldrán perdiendo en este proceso ya que 370 personas, que actualmente tienen un contrato temporal, se quedan sin trabajo y los 1.466 restantes, muchos de los cuales llevan casi 20 años trabajando en la sanidad pública valenciana, con un puesto consolidado y fijo, podrían perder de la noche de la mañana su puesto de trabajo”.

Actualmente, explica el gerente que el 92,81% de los trabajadores laborales de la Ribera son fijos, mientras que en los demás centros sanitarios públicos de la Comunitat Valenciana tan solo un 62,5% son fijos (personal estatutario).

Los trabajadores laborales de La Ribera “al pasar a no fijos, en caso de despido o de no superar las obligadas oposiciones, sólo tendrían derecho a 12 días de indemnización por año trabajado, frente a los 45 o 33 que tienen actualmente”.

“Ningún tipo de ventaja”

En el caso de concurrir a las oposiciones y al aplicarse la normativa nacional como ha afirmado la propia consellera “no habría ningún tipo de ventaja por haber trabajado cerca de 20 años en La Ribera, lo que sin duda generará una gran frustración a nuestros profesionales”. “Subrogar a los trabajadores con las mismas condiciones es cumplir lo que marca la ley. Lo contrario sería ir contra la ley”. El problema, afirma Palau “es por cuanto tiempo van a mantener sus puestos de trabajo y las facilidades que se generan para su despido al pasar a temporales”.

“Buena prueba del éxito del modelo laboral que rige en el hospital de La Ribera es que más del 70% de los profesionales contratados por Ribera Salud en sus centros procede de hospitales públicos de gestión directa”, insiste el gerente, que sostiene que estos profesionales “eligieron el modelo ofrecido por la compañía, según las encuestas internas, atraídos por el modelo de gestión, la flexibilidad, la autonomía de gestión, desarrollo y carrera profesional”.

Mayor salario con Ribera Salud

Por otra parte, el gerente ha recordado que actualmente los profesionales de la Ribera tienen un mayor salario que los estatutarios, en todas las categorías tanto en conceptos fijos como en variables, “por lo que también perderían en salario, o bien la conselleria tendría que instaurar para todos los profesionales públicos sanitarios de la Comunitat Valenciana un sistema de salario variable como el que actualmente tienen los profesionales de La Ribera, con el consiguiente incremento presupuestario público para esta partida”.

Máxima colaboración

Palau ha indicado que desde Ribera Salud siempre se ha mostrado la máxima colaboración hacia la Conselleria de Sanidad y prueba de ello es que “toda la información respecto a la plantilla de La Ribera, retribuciones, etc. que la consellera ha indicado no conocer, ha sido entregada en sucesivas ocasiones, tanto a los servicios centrales de la Conselleria, como al Comisionado, con registro de entrada. No obstante, y a pesar de la premura con la que hemos sido convocados a la reunión del lunes -el aviso ha llegado hoy [jueves] a las 9.20 horas- acudiremos el director económico y yo el próximo lunes tal y como nos han solicitado”.

Por último, Palau ha asegurado que desde Ribera Salud van a seguir defendiendo a los profesionales con todos los mecanismos legales, para que no pierdan derechos ni ventajas laborales, y ha lamentado que “esta decisión política no solo afecta a los profesionales. También los ciudadanos van a percibir cambios pues tan solo la gestión privada les garantiza dos meses menos de lista de espera para ser operados, o el mantenimiento de grandes especialidades solo disponibles en grandes centros de referencia, por no hablar de las inversiones previstas que se quedan sin ejecutar como los nuevos centros de salud en Corbera y Algemesí, el proyecto de ampliación de camas o la Unidad de Reproducción Asistida”.

El grupo Ribera Salud afirma que la pérdida de condiciones laborales del personal del centro redundará en un deterioro de la calidad asistencial del Hospital de La Ribera, cuyo nivel de satisfacción de los pacientes y cifras de gestión “supera al de los centros hospitalarios de gestión pública directa”. Por ejemplo, apuntan desde la empresa, los pacientes de La Ribera han esperado una media de dos meses menos que los pacientes del resto de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana para someterse a una intervención quirúrgica. Además, “el 85,99% se muestra satisfecho o muy satisfecho con la atención recibida en el centro”.