Antonio Mantecón (Santander, 1971), representante de Santander Sí Puede y candidato en la confluencia de izquierdas que concurrirá en las próximas elecciones municipales bajo la marca Unidas por Santander, lleva una legislatura como concejal en el Ayuntamiento de la ciudad, aunque tres de esos cuatro años ha tenido que ejercer como edil no adscrito como consecuencia de una expulsión ilegal del grupo municipal del que era portavoz. Así lo ha reflejado una sentencia dictada recientemente por la Audiencia Provincial de Cantabria, que reconoce también muchas de sus reivindicaciones y que él califica de “victoria moral, política y ética”.

Acusa directamente de esa decisión irregular al equipo de Gobierno del PP, liderado en aquel momento por Íñigo de la Serna, que a su juicio tenía como objetivo “desactivar” su labor de oposición. Y es que en todo este tiempo ha tenido que trabajar en unas condiciones muy precarias. Tras su calificación como no adscrito fue señalado como “tránsfuga” por el Partido Popular, perdió todos los recursos económicos que le correspondían como portavoz de un grupo político, sus auxiliares fueron despedidos, se quedó sin despacho o cualquier otro lugar de reunión dentro de las instalaciones municipales, e incluso ha tenido que pagar de su bolsillo el material de oficina. Su único espacio en el Consistorio pasó a ser un buzón con su nombre instalado en un cuarto interior junto a los baños y la máquina de café, en el que posa para la foto que ilustra esta entrevista. “Se ha desarrollado una campaña de difamación a lo largo de toda la legislatura que trataba de deslegitimarnos, tanto políticamente como personalmente, frente a la opinión pública”, dice. Ahora pide una reparación inmediata.

¿Qué valoración hace de la sentencia que anula su expulsión del grupo municipal en el Ayuntamiento de Santander y que reconoce las reivindicaciones que viene reclamando en el Consistorio desde hace casi tres años? la sentencia que anula su expulsión del grupo municipal en el Ayuntamiento de Santander

La sentencia ha supuesto una gran alegría para nosotros, evidentemente. Es cierto que llega un poquito tarde, pero constituye un premio al trabajo, al esfuerzo y al tesón que hemos demostrado desde Santander Sí Puede durante tres años, que es el tiempo que hace que se nos privó de nuestro grupo municipal por defender nuestros derechos y por defender nuestra honestidad frente a lo que consideramos que era un golpe antidemocrático que se había pergeñado en el Ayuntamiento en connivencia entre el equipo de Gobierno del PP con esta organización política, o más bien, esa empresa que se dedica a obtener beneficios económicos de los diferentes grupos municipales que posee.

Es cierto que a partir de ahora queda muy poco tiempo de legislatura, es cierto que ya quizás, desde el punto de vista de la reparación de derechos y la obtención de recursos no tiene mucho sentido, pero sin duda se trata de una victoria moral, política y ética. A nosotros nos repara y nos da la razón en todo lo que habíamos defendido. Despeja todas las dudas que se habían generado sobre nosotros.

¿Cuáles son los mayores perjuicios que ha sufrido en su faceta de concejal a la hora de ejercer su labor de oposición como consecuencia de aquella decisión irregular de expulsarlo del grupo municipal y convertirlo en edil no adscrito?

Hay unos perjuicios evidentes que se han manifestado en las dificultades que hemos tenido para hacer política. Es cierto que, en un primer momento, dijimos que eso no nos iba a afectar porque la política la hacíamos en la calle, porque era ahí donde nosotros operábamos principalmente, pero la realidad ha sido que en el ámbito institucional, a la hora de confrontar con otras opciones políticas, o en nuestra labor de fiscalización de la labor de Gobierno del Partido Popular, es cierto que esos recursos, y no hablo solo de recursos económicos, sino del hecho de disponer de unos auxiliares que se encarguen de tareas administrativas dentro del Ayuntamiento, o el hecho de tener un lugar en el que recibir a la gente que va a preguntarnos o a transmitirnos un problema dentro del Consistorio, o de disponer incluso de material de oficina… es importante. No solamente no hemos percibido recursos económicos, sino que debido a no tener nada de todas esas cosas, yo mismo he tenido que poner dinero de mi bolsillo hasta para las cosas más insignificantes. Todo eso supone una carga importante.

Aun así, creo que nosotros nos hemos sobrepuesto a eso y hemos hecho una labor muy meritoria como oposición. Durante mucho tiempo creo que hemos sido referentes dentro de esa oposición y creo que, además, hemos cambiado la forma de hacer política en el Ayuntamiento. Tenemos la sensación de que, de alguna manera, hemos servido de ejemplo a aquellos que realizaban una oposición más silenciosa. Hemos demostrado que, a pesar de todas estas dificultades, podíamos presentar una alternativa al poder hegemónico desde hace 40 años en esta ciudad.

¿Y cómo lo ha vivido a nivel personal?

Bueno, luego están los problemas que se han generado en el plano personal, tanto para mí como para mis compañeros de Santander Sí Puede. Estas son las cosas que quizás la ciudadanía menos se imagina. Aquí ha habido una privación de derechos. En Santander se produjo un golpe antidemocrático ejecutado desde el Ayuntamiento contra una oposición legítima mintiendo conscientemente sobre el procedimiento que se llevaba a cabo. Se ha desarrollado una campaña de difamación a lo largo de toda la legislatura que trataba de deslegitimarnos, tanto políticamente como personalmente, en todos los órdenes, frente a la opinión pública.

Mi entorno más cercano lo ha vivido de una manera importante, mis compañeros se han visto afectados, pero además hay familia o amigos que sufren por la situación que se da y que es bastante difícil de llevar a veces. El objetivo final de estas campañas de difamación perfectamente orquestadas es precisamente ese, que tú te agotes, que tires la toalla y que lo que podía ser una opción política que ha presentado una dura batalla como oposición dejase de serlo.

¿Se lo llegó a plantear? ¿Pasó por su cabeza dejarlo?

Personalmente no es que llegara a pensármelo, es que nunca merece la pena el esfuerzo y el sacrificio que un cargo como el que yo llevo a cabo a nivel personal. Es decir, no hay ningún beneficio personal más allá de la satisfacción de saber que estás haciendo lo correcto. Es verdad que, a veces, sobreponerte a este tipo de circunstancias supone un refuerzo y ese ha sido muchas veces mi caso. En muchas ocasiones, ante este cúmulo de adversidades, nos hemos reforzado en nuestras posiciones. Si tan agresivos son contra nosotros será que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, será que hacemos algo que defiende los intereses de la ciudadanía contra los intereses de esa minoría privilegiada que el Partido Popular defiende, y será por tanto que nos estamos constituyendo en una amenaza real contra una forma de gobierno que creemos que está en declive y que estamos generando esa expectativa de cambio. Esta idea, esta perspectiva, esta coyuntura que nos hacía ver las cosas desde esta perspectiva nos ha hecho permanecer firmes, pero la ciudadanía tiene que tener claro que la mayoría de las veces esto no da satisfacciones.

Se le ha llamado tránsfuga en repetidas ocasiones a lo largo de la legislatura e incluso llevó a los tribunales al exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, por lanzar insinuaciones y acusaciones contra su actividad política. ¿Cree que esta sentencia va a acallar esas afirmaciones que se han vertido insistentemente desde el Partido Popular? ¿Espera una rectificación?llevó a los tribunales al exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna

Yo no espero del Partido Popular nada que tenga que ver con unos principios éticos. Por lo tanto, no espero ni disculpas ni rectificaciones. Supongo que tendrán el sentido común y la inteligencia suficiente para no volver a llamarme tránsfuga cuando hay una sentencia que realmente lo aclara todo. En realidad, la anterior sentencia, aunque no nos daba la razón, ya dejaba claro que yo no era un tránsfuga. Lo dejaba claro al señalar que yo no pertenecía a Ganemos, aunque también decía esa sentencia, y ahora se ha rectificado desde la Audiencia de Cantabria, que esa expulsión, que era irregular, no me había perjudicado políticamente. Pero en aquel momento ya estaba claro y han seguido llamándome tránsfuga durante todos estos meses en el pleno.

De la misma manera que otra de las acusaciones que habían hecho era aquel supuesto intento de llevarme dinero a una cuenta... Siempre he defendido que aquella cuenta que habíamos presentado se había hecho con el conocimiento en su totalidad del interventor municipal del Ayuntamiento, y en el propio juicio el interventor dijo que no había habido ninguna irregularidad en lo que habíamos hecho. Y aun así han seguido diciéndolo. Son dos cosas que quedaron claras en aquel juicio y que desmontaban sus acusaciones, y esas acusaciones se han seguido repitiendo, como las acusaciones de que yo no representaba a nadie. Ahí están los votos, ahí está el apoyo de la gente, ahí está la confluencia, ahí está el respaldo que tengo de una organización política que, a su vez, tiene el respaldo de una parte de la ciudadanía de Santander que debe ser tenida en cuenta. Esto lo ha negado siempre el Partido Popular y nos han insultado a raíz de esa negación de nuestra legitimidad, porque la única legitimidad que el Partido Popular entiende es la que supuestamente a ellos les da una mayoría que no tienen y que, a su vez, es menor con el paso del tiempo. No espero ninguna rectificación de ellos, pero sí se la vamos a exigir, por supuesto.

Hay un plazo de 20 días para recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo. ¿Cuenta con que ese recurso se presente y se retrase que sea firme?

No sé lo que van a hacer, pero creemos que, aunque presenten recurso, la sentencia es bastante clara y difícilmente se va a revertir. El recurso tiene que ser ante el Tribunal Supremo, lo que retrasaría los plazos. Es una situación que estamos valorando, porque solo hace tres días que conocemos el fallo, pero aunque se presente ese recurso cabe la posibilidad de que exijamos la restitución de los derechos que nos arrebataron ilegítimamente hace tres años, aunque sea de manera cautelar. Son cuestiones legales que hay que valorar a partir de ahora.

A falta de tres meses para que se celebren unas nuevas elecciones municipales, ¿va a pedir que se restituya su situación en el Ayuntamiento al momento previo a la expulsión?

Viendo la sentencia, creemos que su ejecución es clara. Al anular la expulsión del partido, que fue el motivo de mi expulsión del grupo municipal, creemos que están obligados a restituirme en las mismas condiciones en las que estaba. Eso pasa por devolverme al grupo municipal en la condición de portavoz. La sentencia hace referencia al reglamento interno que teníamos y que la otra concejal firmó, aceptando por tanto las condiciones que ahí se reflejaban Yo era portavoz y se establecían todos los procedimientos en cuanto a la toma de decisiones, por lo que intentaremos llevarlos a cabo en cuanto la sentencia sea firme. No es solamente devolverme al grupo municipal, sino hacerlo en las mismas condiciones en las que estaba. Todo lo que ha ocurrido posteriormente a mi expulsión del partido, y por tanto del grupo, debería quedar anulado al quedar anulada la causa que lo origina.

Distintos concejales y portavoces municipales de diferentes partidos políticos de la oposición lo han felicitado públicamente y han considerado que se hacía justicia con esta sentencia. ¿Por parte del PP ha habido alguna comunicación al respecto o algún movimiento del equipo de Gobierno para buscar una solución con la misma agilidad que se tuvo para concretar su expulsión del grupo?

[Ríe] Yo de quien esperaba la enhorabuena era de Íñigo de la Serna, que fue quien, al fin y al cabo, provocó la situación, pero todavía no se ha producido esa comunicación. No sé si la estará valorando… o no. [Ríe]. Es cierto que los portavoces de los grupos de oposición, Pedro Casares, José María Fuentes-Pila y Miguel Saro, han manifestado su enhorabuena por esta sentencia porque todo el mundo veía que se estaba cometiendo una auténtica injusticia y, además, así lo han defendido en varias ocasiones en el pleno. Todos tenemos muy claro que en la política, independientemente de las diferentes opciones que podamos defender e independientemente de que a veces el debate se vuelta tan arisco, existen líneas rojas que no se pueden traspasar. Sin embargo, el Partido Popular está demasiado acostumbrado a traspasar esas líneas rojas en esta ciudad. En acciones tan visibles como esta, y en otras difícilmente confesables públicamente pero que, por desgracia, se dan. Hacen que el PP actúe a veces más como una especie de mafia que como un partido político que representa cierta legitimidad. Creo que es producto de su poco talante democrático y de la creencia de que gobiernan una institución en esta ciudad que les pertenece por un derecho legítimo o divino que no alcanzo a saber cuál es o dónde se inspira, pero que se plasma en eso.

Tenemos constancia de que cada vez que tienen una oportunidad de agredir o de debilitar a un grupo político de la oposición de una manera ilegítima, incluso a veces entrando en un ámbito privado de determinados cargos públicos, no dudan lo más mínimo en hacerlo. Eso es imperdonable y es lo que a nosotros nos ha hecho que no hablemos, no negociemos, que hayamos decidido hace tiempo que no merece la pena dialogar con quien entiende la política de esta manera. Sin embargo, con otros grupos con los que tenemos diferencias políticas importantes, en este marco de respeto mutuo, sí hemos llegado a acuerdos y hemos podido tener una relación fluida. Esto con las personas que forman actualmente el Partido Popular en Santander es absolutamente imposible. Digamos que esto es lo más visible, pero yo he tenido que soportar muchos insultos y muchas agresiones verbales en el pleno, al tiempo que he tenido que aguantar que luego intenten colgarme esa imagen a mí, cuando lo que yo digo o dejo de decir es público y notorio y se ve en los vídeos. Pero sí, hay un juego sucio soterrado que es totalmente inadmisible en política y creemos que en mayo será la ocasión de poner fin a todo esto y que se convierta en algo del pasado.

¿Y con su excompañera de partido es reconducible la situación si se restituye su posición dentro del grupo municipal?

Eso es totalmente imposible. Si me restituyen en la situación previa a la expulsión, veremos qué hacemos teniendo en cuenta los plazos que hay por delante. Pero una relación política con esta persona, o con Ganemos, es imposible porque han dado suficientes muestras de que no tienen ningún interés político, todo se reduce a un interés económico. Además, no han dudado en un momento concreto, porque era de conveniencia mutua, en aliarse con quien ejerce el poder de manera tan negativa para los intereses de la ciudadanía. Entonces, es absolutamente incompatible. Se nos coló una persona que no cumplía con los mínimos requisitos éticos, que nos mentía, y no vamos a contar con ella para nada.

¿Cree que esta decisión judicial le refuerza internamente de cara a la confluencia que se ha puesto en marcha entre las distintas opciones políticas de izquierdas?

Aunque nos ha costado, creo que habíamos conseguido que todo el mundo en el ámbito de la izquierda haya visto la realidad tal y como es. Es cierto que, al principio, había algunos compañeros que dudaban sobre quién podía tener la razón o la legitimidad, pero creo que ahora mismo ha habido un consenso absoluto. Yo he recibido muchísimos apoyos con el paso del tiempo de multitud de compañeros que han visto, no solo la injusticia que se cometía con nosotros, sino el tesón y la firmeza con los que nos estábamos defendiendo, así como la acción política que estábamos desarrollando. La calidad de las propuestas que hemos llevado al Ayuntamiento, aunque apenas se han tenido en cuenta por el equipo de Gobierno, quedan ahí. No nos queda duda de ese respaldo y no creo que tampoco nos vaya a reforzar internamente, no es el objetivo.

La confluencia se mueve por otras coordenadas, es un proyecto común en el que todos hemos puesto mucho esfuerzo. Se mueve más en el parte propositiva. Es cierto que va a haber unas primarias y que yo he dado un paso que considero legítimo y que me han pedido mis compañeros para intentar encabezar esa confluencia, pero luego el resultado que sea lo asumiremos con absoluta naturalidad y dentro de un evidente carácter democrático. No vamos a utilizar ni a instrumentalizar esto en ninguna medida. No le damos mayor importancia.

Pese a ese coste personal, ese desgaste que mencionaba antes, ha decidido dar el paso y repetir como candidato en las próximas elecciones municipales. ¿Por qué?

Me hace seguir adelante la expectativa de cambio y la capacidad de sacrificio. Yo soy consciente de que ese coste personal va a continuar de seguir adelante. Y sé que es un argumento muy manido el de la voluntad de servicio público o el hecho de que un cargo político diga que son los compañeros los que le empujan a seguir. Es cierto que es un argumento muy socorrido y, en un porcentaje muy grande de los casos, un argumento falso. [Risas] Pero no es mi caso. Se han producido esas dos circunstancias: las expectativas de cambio pueden ser un acicate para ese proyecto de confluencia y el hecho de que muchos compañeros me hayan animado a presentarme también.

Lo que sí tengo claro es que los cuatro años que vienen no pueden ser iguales que los cuatro años que he pasado. En eso también pesa el hecho de que vayamos en un proyecto más grande, donde se están estableciendo los mimbres para que se produzca una colaboración fructífera, para que el trabajo, la carga y la exposición estén bastante más repartidos, y creo que va a ser bastante más satisfactorio y en ningún caso tan tóxico como lo que hemos vivido en estos cuatro años. Si además de todo eso hay un cambio de gobierno, mejor que mejor. Es una experiencia que por otro lado apetece vivir. De todas formas, es algo que yo he dudado hasta el último momento, hasta el último día, y ha sido mi familia la que me ha ayudado a decidirme.

¿Cuál es el listón político que se pone esa confluencia? ¿Sería aceptable un buen resultado electoral que no permita por la aritmética municipal un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Santander?

No manejamos otra posibilidad que no sea un resultado que se concrete en un cambio de gobierno en Santander. Creo que tenemos que ir a las elecciones pensando que sería un fracaso que no hubiese un cambio profundo en la ciudad. Es cierto que estamos en un escenario muy volátil, pero esas tienen que ser nuestras aspiraciones. Cuando presentamos la confluencia nos preguntaban si estaríamos dispuestos a votar a favor de la investidura de otro alcalde y yo dije que nuestro objetivo es que el alcalde fuese de la confluencia, y que por lo tanto había que preguntar a las otras fuerzas políticas si estaban dispuestas a apoyar a un alcalde de Unidas por Santander, el nombre con el que nos presentamos.

En que es necesario un cambio político creo que hay un consenso entre toda la oposición. Y luego, como será el reparto de poder en este ambiente tan cambiante está por ver. Nosotros tenemos que ir a las elecciones con todas las expectativas abiertas. El drama que tiene Santander, y por el que la derecha gana repetidamente desde hace 40 años, es porque hay una población, un número importante de santanderinos, que están desencantados, que no han sido capaces de reconocer entre las diferentes opciones el proyecto político que puede responder a sus intereses y atender a sus necesidades. Eso tiene mucho que ver con el contexto de polarización social que hay en Santander y que no se da probablemente en otros municipios. Estamos hablando de un 35% de abstención en las últimas elecciones municipales. Es sobre todo a esa gente a la que hay que ofrecerle una alternativa que colme sus expectativas.

Santander Sí Puede ha decidido que Antonio Mantecón encabece la lista de la formación en las primarias que han de conformar una confluencia de izquierdas en la que también se integrarán  IU, Podemos, Equo e independientes de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.

La decisión se ha tomado en la asamblea ciudadana y Mantecón, actual concejal de la formación en el Ayuntamiento, irá acompañado en las listas por Susana Ruiz, coordinadora del comité ciudadano; José Gabriel Lastra, Begoña Ruiz y Julio Quintana, integrantes de la asamblea.

El orden de la lista definitiva y quiénes serán los candidatos a representar a la confluencia en el Consistorio se sabrá tras las primarias conjuntas, que se celebrarán previsiblemente a principios de marzo y en las que participarán todas las formaciones.

La confluencia de izquierdas en Santander aprobó el pasado diciembre su hoja de ruta y el Manual de Buenas Prácticas de cara a las elecciones municipales. El primer documento describe la situación actual del municipio santanderino y define los ritmos, así como la organización en grupos de trabajo del nuevo espacio político que se pretende abrir con la confluencia.

Así, marcaron los procesos y tiempos hasta la convocatoria electoral del próximo 26 de mayo. Además, se encargarán de preparar propuestas sobre el reglamento de primarias, el manifiesto político, el código ético común para los cargos públicos e incluso el nombre con el que esta confluencia de partidos y personas se presentará a los comicios de primavera.

La confluencia de izquierdas en Santander, que integran Santander Sí Puede, Izquierda Unida, Podemos y Equo, sigue avanzando con la aprobación de la hoja de ruta que marcará los procesos y tiempos hasta la convocatoria electoral del próximo 26 de mayo.

En un comunicado, han informado que representantes de los cuatro partidos, junto a miembros de movimientos sociales y personas independientes, se reunieron en el salón de actos de CCOO para dar luz verde a ese documento.

El orden del día del encuentro tuvo como ejes principales la aprobación por parte de la asamblea de dos documentos: la Hoja de Ruta y el Manual de Buenas Prácticas.

El primero de ellos describe la situación actual del municipio santanderino y define los ritmos, así como la organización en grupos de trabajo del nuevo espacio político que se pretende abrir con la confluencia.

De la misma forma, el Manual de Buenas Prácticas también es una guía de funcionamiento asambleario que servirá como documento base de trabajo de esa asamblea compuesta por los cuatro partidos, movimientos sociales e independientes.

Ambos documentos fueron aprobados después de “tres horas de intenso debate” pero estando todos de acuerdo en un “aspecto fundamental” y es que, según indican, “ambos son documentos vivos, que se irán adaptando a los ritmos y necesidades de la asamblea y los integrantes en la misma”.

Por otro lado, se abrieron a la participación ciudadana los grupos de trabajo en los que se va a constituir a partir de ahora esta confluencia para la elaboración, entre otras cosas, del programa municipal para Santander.

Asimismo, se encargarán de preparar propuestas sobre el reglamento de primarias, el manifiesto político, el código ético común para los cargos públicos e incluso el nombre con el que esta confluencia de partidos y personas se presentará a los comicios de primavera.

Santander Sí Puede, Izquierda Unida, Podemos y Equo presentarán una lista conjunta en las próximas elecciones municipales en la capital de Cantabria. Hay acuerdo para la confluencia y así quedará rubricado esta próxima semana, en un acto convocado en el Ayuntamiento y que contará con la presencia de los portavoces de estas cuatro formaciones políticas, que integrarán una lista de unidad tras llegar a buen puerto las negociaciones que habían emprendido hace meses.

La lista electoral se definirá mediante un proceso de primarias abiertas, con un factor de corrección para los partidos, y dejará espacio para independientes y representantes de movimientos sociales y organizaciones vecinales. Aunque aún no han trascendido los detalles, que se harán públicos en una rueda de prensa prevista para este lunes, la intención es que la integración sea total, y más allá de una suma de siglas, la convergencia se traduzca en un programa participativo, con grupos de trabajo multidisciplinares que definan las prioridades.

Este acuerdo a varias bandas, que había estado en serio peligro como consecuencia de la crisis interna desatada en Podemos en las últimas semanas, es considerado un “hito” por todos los participantes en el proceso, que reconocen las dificultades de cerrar un pacto de este tipo, en el que estarán representadas hasta cuatro fuerzas políticas con entidad propia, dos de ellas -Santander Sí Puede e Izquierda Unida- con representación en la actual Corporación municipal.

Supone también la primera confluencia de este tipo que se certifica en Cantabria y una de las primeras a nivel estatal, cuando aún restan más de seis meses para la convocatoria electoral en la que los ciudadanos estarán llamados a las urnas. Se da la circunstancia además de que este acuerdo coincide con el segundo aniversario de la investidura de Gema Igual como alcaldesa de Santander y en plena crisis de imagen del PP, tras hacerse público el fichaje del exalcalde Íñigo de la Serna por una multinacional tecnológica que fue adjudicataria habitual bajo su mandato.

“La legislatura del cambio”

Precisamente, la convulsa legislatura que se está viviendo en el plano político en la ciudad ha sido uno de los mayores argumentos para que esta confluencia se concrete definitivamente. Las protestas contra el Metro-TUS o los espigones de La Magdalena, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, el incendio del Museo de Arte Contemporáneo o el apoyo incondicional de un tránsfuga para salvar la minoría del PP en el pleno municipal han servido de detonante para confirmar una lista de unidad entre las fuerzas de izquierda.

En la rueda de prensa que se celebrará este lunes intervendrán los concejales Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) y Miguel Saro (Izquierda Unida), además de la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, y el representante de Equo Santander, Gabriel Moreno. Serán ellos los encargados de explicar la profundidad del acuerdo y el modo de elegir a los integrantes de la lista electoral, así como todos los detalles de esta convergencia.

En las direcciones de estos cuatro partidos existe el convencimiento de que la presencia de una candidatura “fuerte y unitaria” que irrumpa en el Consistorio tras los próximos comicios municipales puede acabar definitivamente con la hegemonía del PP en Santander, que ya perdió la mayoría absoluta en 2015 y vive uno de sus peores momentos electorales en la historia reciente de la ciudad, confirmando lo que definen como “la legislatura del cambio” en la ciudad.

El partido municipalista Santander Sí Puede ha aprobado por unanimidad impulsar un proceso de confluencia con Podemos e IU de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el año que viene. Para ello, ha sacado adelante una hoja de ruta que se presentará en los próximos días a los diferentes partidos, colectivos y plataformas de Santander y de la comunidad.

El objetivo, según detallan desde esta formación, es promover el proceso en Santander y, si es posible, también a nivel regional. En el documento final, que consta de 50 páginas, se detallan toda una serie de cuestiones previas relativas a los inconvenientes y conflictos que se pueden generar en una confluencia, por lo que, tal y como explican desde este partido, “se profundiza en el 'quiénes somos' colectiva e ideológicamente como 'aviso a navegantes' y se hace un análisis sobre las expectativas electorales en 2019”.

Para Antonio Mantecón, concejal del colectivo municipalista, “es de gran trascendencia no volver a cometer los mismos errores de 2015”. “En ese momento no hubo acuerdo y volvió a gobernar el PP”, recuerda, y “eso no puede volver a pasar”, recalca. “No podemos permitirnos otros cuatro años con la extrema derecha parasitando el consistorio santanderino, de nuevo con el apoyo de la nueva derecha (C’s)”, subraya el edil de Santander Sí Puede.

En relación a las expectativas de voto, Roberto Mazorra, uno de los ponentes del documento aprobado, cree que se podrían mejorar los resultados de 2015. Recuerda que entonces, la suma de los votos de los partidos que podrían ir en confluencia en 2019 fue cercana a los 12.000, lo que “hubiera representado cuatro concejales, es decir, uno más de los obtenidos por Santander Sí Puede por separado”.

“Para obtener cinco ediles y competir con el PSOE por ser el partido más fuerte de la oposición habría que superar los 14.000 votos, algo perfectamente factible si se hacen las cosas con cabeza y, sobre todo, con un poco de corazón”, sostiene Mazorra. Asimismo, el documento establece la estructura en el funcionamiento diario de la confluencia “mediante asambleas, grupos de trabajo y métodos directos de toma de decisiones, como que las consultas sean online o in situ”, y diferencia un calendario para el proceso en Santander y otro para el de Cantabria.

Asamblea abierta

Así pues, una vez consensuados los puntos mínimos de la hoja de ruta que se presentará a los diferentes colectivos, será “debatida, enmendada y aprobada en asamblea abierta a toda la ciudadanía”, tal y como detallan desde Santander Sí Puede. Aseguran que la fecha de esa asamblea está por concretar, pero que posiblemente se celebre a mediados de septiembre.

“A partir de esa asamblea se iniciará el camino donde se discutirán y aprobarán las diferentes propuestas y documentos sobre el funcionamiento de las confluencias antes, durante y después de las elecciones”, sostienen. Por ahora, los documentos previstos son el manual de buenas prácticas, manifiesto, compromiso ético, documento económico-legal, reglamento de primarias y programa.

Todos ellos “se elaborarán, debatirán y aprobarán según una metodología participativa”, recalcan desde el partido municipalista. “Si todo va bien, el proceso culminará en enero o febrero de 2019 con la elección mediante primarias abiertas y proporcionales de las candidaturas electorales”, concluyen.

Santander Sí Puede ha denunciado el “caos exasperante” del funcionamiento del MetroTUS en los días estivales que, según la formación municipalista, no solo “no ha reducido los tiempos de espera, sino que de hecho estos se han visto sustancialmente incrementados”. La formación ha reiterado su compromiso de anular el nuevo sistema en caso de llegar a la alcaldía de Santander.

En declaraciones del concejal de Santander Si Puede en el Ayuntamiento de Santander, Antonio Mantecón, el “cabreo” de los ciudadanos es absolutamente comprensible: “Nosotros estamos en línea con la opinión que están manifestando los usuarios del servicio y creemos que deben hacerla llegar al equipo de gobierno por todos los cauces que consideren oportunos”.

Para Mantecón, los cambios que se han implementado en el nuevo modelo de transporte urbano “no han satisfecho las reivindicaciones de los usuarios, apaciguado su enfado o sus quejas por los inconvenientes ocasionados ni atenuando lo más mínimo las protestas que a lo largo de seis meses se han sucedido sin descanso”. En este sentido, ha subrayado que las últimas modificaciones introducidas, “que según anunciaron iban a resolver los hipotéticos inconvenientes, tampoco parecen haber respondido a las expectativas”.

Así, el concejal ha indicado que los usuarios “han incendiado las calles de la ciudad y las redes sociales” en los últimos días con críticas que hablan de retrasos de hasta tres cuartos de hora, colas interminables en las paradas bajo un calor sofocante, grupos de autobuses que parecen llegar en manada o mal funcionamiento de la aplicación móvil, son algunos de los problemas que ha enumerado Mantecón. Un largo etcétera de quejas más que justificadas para Santander Sí Puede que de nuevo quedan sin solución.

Según Mantecón, el equipo de gobierno estaba avisado de que esto ocurriría, ya que en uno de los últimos debates del pleno del ayuntamiento en el que se abordó el asunto del MetroTUS, desde la oposición ya se les “advirtió” de que estas modificaciones estaban abocadas al fracaso. “Lo que falla es la base de un sistema, que por otro lado no tiene sentido para una ciudad como la nuestra. Les dijimos que cualquier cambio sobre el planteamiento inicial solo serviría para generar más caos y confusión”, asevera el concejal.

Santander Sí Puede a través de su concejal en el ayuntamiento de Santander, Antonio Mantecón, ha calificado este miércoles como “desproporcionada” la inversión de mejora del entorno de los Campos de Sport del Sardinero. Las obras, que ha anunciado esta semana el equipo de gobierno del PP y que estarían previstas para ser finalizadas en la primavera  de 2019 se han cuantificado en 1,7 millones de euros, una cantidad “excesiva” a juicio de la formación municipalista.

Tal exceso radica, sostiene Santander Si Puede, en que las actuaciones previstas por el PP “son superiores a las estrictamente necesarias de mejora del firme y pavimentación de la acera perimetral del estadio”. Una mejora del firme y de la pavimentación, que consideran pertinente y necesaria. También quieren señalar que es una actuación que “le pidió la oposición al equipo de gobierno en septiembre de 2016 y entonces el voto del PP fue contrario a la propuesta”. Una negativa que, según Santander Sí Puede, ha tenido como consecuencia que durante todo este tiempo se haya estado “poniendo en peligro la integridad física de quienes acuden al estadio o transitan por esta zona.”

Ahora, en el mismo proyecto se pretenden acometer otras actuaciones que, remarca Mantecón, son  “innecesarias y que en ningún momento han sido demandadas”, como son la sustitución de las redes de saneamiento y de abastecimiento que según sostiene el edil “deberían ir con cargo al canon de Aqualia”. O también la absoluta falta de prioridad en la acometida de otras actuaciones que incluye el proyecto como “ampliar otras aceras, urbanizar aparcamientos o crear nuevas zonas verdes.” Actuaciones que según ha apuntado podrían llegar a “duplicar” el coste de la obra.

Por otro lado, la falta de consignación presupuestaria para esta obra en el presupuesto de 2018, que el equipo de gobierno ha anunciado irá con cargo al remanente de tesorería, es para Mantecón una nueva “loa a la improvisación en la que vive el PP en el capítulo de inversiones en la ciudad.” Esto, según Mantecon, ocurre cuando “en vez de una gestora o una alcaldesa con una idea concreta de ciudad y un conocimiento exacto de las necesidades más apremiantes de la misma, lo que tenemos al frente del consistorio es meramente una cortacintas sin mucho más que contar”.

Asimismo, para la formación municipalista, “resulta inconcebible” que estas actuaciones carezcan de una partida en los presupuestos de 2018. Más aún cuando algunas de ellas se vienen demandando desde septiembre de 2016. Al tiempo que ha recordado que las actuaciones con cargo al remanente de tesorería “solo pueden efectuarse si se ejecutan en el año correspondiente a su aprobación”. Por lo tanto, ha afirmado Mantecón, “si ahora se aprueba esta actuación y se ejecuta el año que viene se estaría incumpliendo la ley”.

Unos incumplimientos que para Mantecón solo vienen motivados “por la necesidad que el PP de Santander tiene de promocionarse de cara a la cita electoral del año que viene, después de una accidentada legislatura plagada escándalos y despropósitos”. Aunque para ello el PP tenga que “despilfarrar recursos en actuaciones innecesarias y con sobrecostes” y “perpetuar un modelo de gestión deslavazado y errático, en el que las inversiones previstas no se ejecutan, y las que se ejecutan están fuera de presupuesto o se planifican de la noche a la mañana.”

Mantecón ha querido recordar que Tribunal de Cuentas ha señalado al ayuntamiento de Santander en varias ocasiones por esta deficiente gestión y por la proliferación de los “sobrecostes injustificados” en las adjudicaciones que realiza. Así se ha referido, por ejemplo, al último informe del citado tribunal publicado en febrero de este año en el que se censuraba la gestión económica del PP en el ayuntamiento de Santander o también a casos concretos como “el sobrecoste de más del 32% que supuso el Centro Princesa Leticia y que el TC no consideraba justificado o el 26% del sobrecoste en el Palacio De Riva Herrera o el 28% de sobrecoste del modificado de la Calle Menéndez Pelayo, entre muchos otros”.

Para Mantecón parece que esta va a ser la dinámica del equipo de gobierno de aquí hasta el final de legislatura, un anuncio tras otro de obras “innecesarias y de costes desproporcionados”. En lo que, según sus palabras, “es un vano intento de tratar de impedir lo inevitable, un cambio de signo político en el ayuntamiento en 2019 después del desastre de gestión a la que han sometido a Santander en los últimos años”.

La Fiscalía de Cantabria ha presentado su escrito de conclusiones en la causa que debe dirimir si hubo vulneración de los derechos fundamentales del concejal de Santander Antonio Mantecón tras ser expulsado de Ganemos y el Ministerio Fiscal se decanta finalmente por dar la razón a este partido instrumental que prestó su marca para concurrir a las elecciones municipales de 2015.

Así se puede deducir del documento al que ha tenido acceso eldiario.es y que en tan solo dos párrafos descarta la tesis de la acusación, no entra a valorar el fondo del asunto y se limita a solicitar la desestimación de la causa, al considerar que el edil conserva aún todos sus derechos políticos intactos pese a ser apartado del grupo municipal de Ganemos y ser relegado a concejal no adscrito.

El fiscal José Ignacio Tejido defiende en sus conclusiones que “Antonio Mantecón no fue nunca afiliado de Ganemos, por lo que nunca pudo ser expulsado de Ganemos”. A su juicio, la solicitud de que se declare vulnerado su derecho fundamental de libertad de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, debe ser rechazada puesto que “la consecuencia del expediente fue la pérdida de la posibilidad de usar la marca Ganemos y eso no constituye la pretendida violación del derecho de asociación”.

Además, respecto a la petición de que se declare vulnerado el derecho fundamental de acceso a cargo público, también reflejado en el articulado constitucional, “se considera que tal vulneración no se ha producido”, según el fiscal. En este caso, Tejido subraya que en su escrito que Mantecón “conserva su condición de concejal en el Ayuntamiento de Santander para el que fue elegido y no se ha acreditado que por parte del demandado se haya impedido hacer uso, o se haya obstaculizado de alguna manera el ejercicio de tal cargo público”.

A la espera de sentencia

El escrito del Ministerio Fiscal llega tras la celebración de la vista oral, que no aclaró en ningún momento si este partido instrumental tenía potestad para expulsar a Mantecón o si la fórmula para declararlo edil no adscrito fue correcta. Además, la prolongada duración del juicio provocó que el caso ni siquiera quedara visto para sentencia el pasado 15 de febrero puesto que la jueza permitió, con carácter excepcional, y a petición del abogado de la acusación, que las partes presentaran sus conclusiones por escrito.

En una vista muy accidentada, con enfrentamientos constantes y llamadas al orden de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, se habló más de temas colaterales como las posibles causas que motivaron supuestamente la expulsión del actual concejal no adscrito que del fondo del asunto. Ahora sí, una vez recibidas las conclusiones de todas las partes implicadas, el caso queda visto para sentencia.

Es tiempo de reflexiones. O al menos eso parece. Nos hemos despertado estos últimos meses con artículos de opinión, algunos acertados, otros no tanto, en los que se hace un pormenorizado análisis de los males que aquejan a esta izquierda herida y en horas bajas. No solo la nuestra, sino también la ajena. El resurgimiento de la ultraderecha en las últimas elecciones en países más o menos cercanos trae el monstruo a nuestras puertas. Y el auge de un ultranacionalismo patrio fanatizado, como respuesta al independentismo catalán, no despeja ningún horizonte para este país.

¿Pero cuál es realmente el diagnostico? Y, sobre todo, ¿cuál es la solución? De entrada la mayor parte de esos relatos obvian un aspecto fundamental: son absolutamente auto-referenciales, es decir, hablan de los problemas que tiene la izquierda a los mismos sujetos que los suscitan, en un círculo infernal de lamentos sobre lo que se hace mal sin ofrecer alternativas. Pero la cuestión es si hay alguien ahí fuera escuchando. Y si se sienten identificados con ese discurso. Y yo creo que no.

Tenemos una izquierda que se muestra como antagónica al adversario. Identificando al contrario como el mal, podemos asegurarnos esa superioridad moral de luchar siempre en el lado correcto de la batalla, aunque perdamos. Pero se nos olvida que la forma real de construir no se funda únicamente en el enfrentamiento continuo con el enemigo. En esa postura acabamos siendo nada más que el reverso, en una suerte de acción-reacción ante las políticas del otro. Y no quiero decir con esto que esa política del antagonismo, de mostrarnos como lo contrario al monstruo (llámese capitalismo feroz, machismo, racismo, desigualdad, antiecologismo…) sea completamente errónea. Al fin y al cabo también nos definimos por lo que no somos, además de por lo que somos. Pero falta construcción en positivo, no como contraposición sino como posición. Y eso solo se puede hacer escuchando y reflexionando.

Gran parte de las organizaciones de izquierda no se articulan desde ese punto de vista. Reproducen viejos sistemas de organización en los cuales, o bien se intenta cooptar las formas del asociacionismo periférico (plataformas reivindicativas, movimientos sociales, asociaciones...) penetrando en ellas e intentando dominar su discurso, o se trabaja desde arriba con espacios de trabajo desconectados del entorno. Si nos tapamos los oídos o les tapamos la boca, ese proceso de escucha no se producirá. Y las necesidades comunes no se pueden traducir en políticas para la gente. Jamás.

La izquierda tradicional y gran parte de la penúltima nueva izquierda solo son parte del sistema. Una pieza más del engranaje. No producen ruptura, no producen contrapoder. Siguen apelando demasiado al discurso decimonónico de la dicotomía que produce la lucha de clases entre el proletariado y el capital. Cuando en realidad esa dualidad entre clases, entendida desde el punto de vista del obrero industrializado frente a gran burgués, ha estallado hace ya años, al menos en Occidente.

No hemos dejado de ser clase trabajadora. No hemos dejado de compartir esos referentes de lucha obrera que cuando apelamos a la memoria todos tenemos presentes. Pero ahora tenemos una clase nueva, precaria, atomizada, muy vinculada al sector terciario pero no solo, sin identidad palpable pero llena de identidades, que se resignifica de forma constante, con nuevos significantes. A la que le interesan muy poco las teorías sesudas o no comparten señas de identidad con la idea de 'proletariado'. Solo hay que analizar los resultados de C's en el Cinturón Rojo de Barcelona. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo podemos facilitar esa unión?

Desde luego, no se hace desde los despachos, intentando diseñar estrategias discursivas fantásticas; o llenando significantes muy llenos hace tiempo por ese adversario al que pretendemos derrotar (nacionalismo, patria, banderas). No se hace dirigiéndose a una clase que no se identifica como tal y preguntándonos por qué no nos escuchan. Y no se hace dejando de lado la parte de la política que está más cercana a los ciudadanos: el municipalismo.

Quizás por militancia o por querencia personal, creo que estos pequeños proyectos municipalistas están llamados a tomar el protagonismo en la política de lo que tradicionalmente se ha denominado 'izquierda'. Recordando al gran cómico M. Rajoy: “Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”. O traducido al vulgar castellano, somos los ciudadanos los que decidimos en mayor medida las políticas que se llevan a cabo en nuestros municipios. ¿Por qué dejar ese espacio a quienes han utilizado los ayuntamientos para convertirlos en nidos de corrupción?

El municipalismo es la política más cercana al ciudadano, más de base, donde la democracia se toca con la punta de los dedos. A diferencia de otros estamentos institucionales, se puede sentir el aliento de los votantes día a día. Y es desde donde se pueden experimentar y poner en práctica toda la experiencia de democracia participativa que estos colectivos municipalistas llevamos acumulada. Nos hablamos de tú a tú con cada vecino y escuchamos activamente, intentando traducir esas necesidades diarias y corrientes en políticas en los consistorios. ¿Y por qué podemos hacerlo? ¿Qué nos dota de capacidad de interlocución? Ser ellos.

Los que participamos en política municipalista no nos diferenciamos en nada del resto de nuestros conciudadanos. Somos gente precaria, en paro, sin recursos, con dificultades para llegar a fin de mes, que transitamos por las mismas calles sin iluminación que ellos, que sufrimos el Metro-TUS, que no tenemos acceso a una vivienda digna, que hemos sido desahuciados. Todos y cada uno de nosotros comprendemos cada reivindicación porque las sufrimos. Y nos colocamos al lado de ellos en cada concentración o manifestación. Esa es la verdadera transversalidad. Y no las zarandajas academicistas sobre estrategias discursivas.

Esa participación, esa cercanía, es de lo que adolecen las grandes estructuras de partido. Y sabemos que sin eso cada proceso electoral está abocado al fracaso. En el momento político que nos ha tocado vivir, con una derecha en descomposición en Santander, es importante que se comprenda que, para dotarnos de fuerza suficiente para romper 80 años de gobierno municipal, necesitamos ir juntos. Todos a una. Pero con una base sólida que no haga que nuestros cimientos se tambaleen. Necesitamos un proceso participativo en el que estemos todas. Construyendo programa, tejiendo redes, generando espacios de confianza y apoyo mutuo. Nosotros creemos que es posible. Los ciudadanos de Santander también. ¿Y el resto de la izquierda? Tenemos la convicción de que sí. Nuestros vecinos jamás nos perdonarían que no lo intentáramos.

Como dijo Friedrich Nietzsche: “Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”. Cuidémonos entonces de transformarnos en todo aquello contra lo que luchamos. Escuchando, creando, participando, apoyando, construyendo. Eso nos permitirá seguir contemplando el abismo.

El juicio en el que se debe dirimir si hubo vulneración de los derechos fundamentales del concejal de Santander Antonio Mantecón tras ser expulsado de Ganemos, un partido instrumental en el que no militaba y que únicamente prestó la marca para concurrir a las elecciones municipales de 2015, ha dejado más preguntas que respuestas después de casi cinco horas de vista oral.

A pesar de los testimonios de los múltiples testigos llamados a declarar por ambas partes, la cuestión fundamental, si Ganemos siguió un procedimiento legal y garantista en la tramitación del expediente disciplinario en el que se decidió expulsar a Mantecón, ha pasado casi de puntillas a lo largo de todo el juicio, en el que no se ha aclarado si esta formación política tenía potestad para actuar así contra un cargo electo o si este hecho suponía su expulsión del grupo municipal, como interpretó el Consistorio y aplicó de forma inmediata.

Sin embargo, las declaraciones de algunos testigos, como la también edil Tatiana Yáñez, con quien Mantecón compartió candidatura, o el fundador de Ganemos, Julián de Fabián, que instruyó el proceso que provocó la demanda, han estado plagados de evasivas, respuestas contradictorias y acusaciones que no han podido sostener con pruebas, y que incluso han llegado a apuntar posibles delitos como amenazas, coacciones o daños que no se han denunciado ante la justicia hasta el momento.

En una vista muy accidentada, con enfrentamientos constantes entre las partes y llamadas al orden de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, se ha hablado más de temas colaterales como las posibles causas que motivaron supuestamente la expulsión del actual concejal no adscrito que del fondo del asunto, algo que ha quedado aún más evidencia después de que el Ministerio Fiscal rechazara interrogar al propio Mantecón, que no ha tenido oportunidad de explicar su versión de los hechos.

Lo que sí ha quedado claro tras la declaración de Julián de Fabián como máximo dirigente de Ganemos a nivel nacional o de Ángel Luis Conejo como representante legal del partido es que esta formación política no tiene afiliados ni militantes en Cantabria ni dispone de estructura ni organización interna y que su única vinculación con la candidatura que encabezó Mantecón fue a través de Santander Sí Puede, que no pudo formalizarse como partido antes de las elecciones y llegó a un acuerdo para utilizar la marca como paraguas legal con el que concurrir a los comicios.

A partir de ahí, las versiones son divergentes: mientras la parte demandada acusa a Mantecón de incumplir el Código Ético de Ganemos y asegura que todos los cargos electos estaban sometidos a la fiscalización de Julián de Fabián y su gente -una tesis que ha mantenido Tatiana Yáñez, por ejemplo-, Mantecón y sus compañeros Roberto Mazorra, Susana Ruiz o José Gabriel Lastra han defendido que no se pactó ninguna contraprestación por el uso de la marca Ganemos, que no existían esas “directrices éticas” y que la autonomía del grupo municipal era “absoluta”.

Transparencia y coordinación

En sus intervenciones, otros testigos como el teniente alcalde de Santander y portavoz municipal del PP, César Díaz; el concejal y líder del PSOE en la ciudad, Pedro Casares; el interventor municipal, Ignacio Gómez, o el secretario general del pleno, José María Menéndez, han confirmado que no les constaba “ninguna acción ilegal o irregular” por parte de Mantecón, uno de los argumentos de Ganemos para provocar su expulsión y limitar sus derechos políticos en el Ayuntamiento al dejarlo como edil no adscrito.

De hecho, el interventor ha certificado que Mantecón fue “absolutamente transparente” e “informó en todo momento” en relación a la cuenta bancaria que se abrió para recibir las aportaciones que correspondían al grupo mixto cuando estaba integrado en él, una cuenta en la que nunca llegó a haber dinero ni a producirse ningún movimiento y que sin embargo ha sido objeto de la polémica porque tanto Fabián como Yáñez han utilizado para insinuar presuntos desvíos de fondos públicos y que han llegado a calificar como “una técnica análoga a la que se emplea en el blanqueo de capitales”.

“Ni Ganemos ni ninguna organización aceptaría que ningún cargo electo se monte su propio chiringuito y desvíe hacia allá la voluntad popular. En sí mismo es motivo más que suficiente para la expulsión”, ha reiterado Fabián sobre la creación de Santander Sí Puede, otra de las causas que alegan desde el partido instrumental para justificar su actuación, a pesar de que esta agrupación política ya existía a falta de registro en el Ministerio del Interior cuando se pactó con Ganemos concurrir a las elecciones.

También el fundador de Ganemos ha acusado a Mantecón de “montar pollos ante la prensa”, “manejar a su antojo las asambleas locales utilizando a sus familiares”, “manipular a la opinión pública con mentiras” o “actuar con gravísima deslealtad”, hechos que, en su opinión, “han quedado sobradamente probados” en el expediente que instruyó, que no incluía pruebas fehacientes de tales acciones como él mismo ha reconocido y ante el que el concejal sancionado presentó “abundantes alegaciones”.

El abogado de Mantecón ha tratado de demostrar cómo el expediente se tuvo paralizado durante meses, y que solo se tomó la decisión de expulsarlo del partido cuando se constituyó el grupo municipal Ganemos Santander Sí Puede, dejando a Yáñez como único miembro, con todas las atribuciones económicas y políticas, ejerciendo de portavoz y disponiendo de todos los recursos disponibles.

Finalmente, dada la duración de la sesión oral, el juicio ni siquiera ha quedado visto para sentencia puesto que la jueza ha permitido, con carácter excepcional, y a petición del abogado de Mantecón, que las partes presenten sus conclusiones por escrito.

Antonio Mantecón tendrá la oportunidad de demostrar esta semana ante la justicia que su expulsión del grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Santander se basó en un “procedimiento irregular” y que su declaración como concejal no adscrito, que limitó sus derechos políticos en el Consistorio a lo largo de buena parte de la legislatura, fue una “decisión ilegal” del equipo de Gobierno del PP que lideraba entonces Íñigo de la Serna.

Será en el juicio que se celebrará este jueves 15 de febrero, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, donde el líder y portavoz de la formación municipalista Santander Sí Puede tendrá ocasión de exponer su versión de los hechos, en una vista en la que están llamados a declarar también compañeros de partido y altos cargos del Ayuntamiento de la capital de Cantabria.

Y es que el periplo político de Mantecón se vio lastrado en la primavera de 2016, cuando el partido instrumental Ganemos -cuya marca fue utilizada para presentarse a las elecciones- anunció su expulsión y solicitó al equipo de Gobierno del PP que también lo apartara del grupo municipal que encabezaba hasta entonces, algo que los populares realizaron de inmediato “sin las mínimas garantías jurídicas”, según denunció el edil.

De hecho, el que fuera candidato de esta marca electoral en los últimos comicios municipales señaló la “connivencia” entre el responsable de Ganemos a nivel nacional, Juliá de Fabián, y el Partido Popular, para “apuntalar” la mayoría de Íñigo de la Serna como alcalde de la ciudad.

Para Mantecón, esta “trama organizada” y “ejecutada por la persona que gestiona un partido instrumental de dudosa procedencia” sirvió para cumplir “una estrategia trazada por el equipo de Gobierno del PP para intentar laminar a los nuevos grupos municipalistas” que surgieron en todo el país a la sombra de Podemos.

A su juicio, Íñigo de la Serna y el PP utilizaron a la otra edil del grupo, Tatiana Yáñez-Barnuevo, como un “peón útil” para expulsarlo porque se había convertido en “una oposición incómoda, molesta y combativa” y que “estaba logrando que por fin los intereses de los ciudadanos se viesen representados en el Ayuntamiento con un lenguaje directo e irreverente”.

La consecuencia más directa de la expulsión de Mantecón del grupo municipal fue que el edil perdió prácticamente todos sus derechos políticos en el Consistorio, junto con los recursos económicos y humanos que había contado hasta entonces para ejercer su labor de oposición y control, además de ser acusado reiteradamente de “tránsfuga” por parte del PP.

Además, Mantecón siempre ha defendido que su expulsión se debe única y exclusivamente a “una represalia” por no haber aceptado las “prácticas mafiosas y chantajistas” del propietario de la marca electoral de Ganemos a nivel nacional, al que más de una decena de concejales del partido en todo el país han acusado de poner en marcha “una red de extorsión para desviar fondos públicos”.

Vulneración de derechos

Ante esta situación, el concejal no adscrito y portavoz de Santander Sí Puede presentó en los juzgados de Cantabria una demanda con diversos documentos que, según su criterio, “prueban las actividades ilícitas” protagonizadas por los responsables de la marca Ganemos que promovieron su expulsión.

En la demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por Mantecón se expresaba “una cronología de las circunstancias que confluyeron en la expulsión del edil que no deja muy bien parado al Ayuntamiento, además de confirmar que la estrategia de Ganemos era única y exclusivamente poder acceder a los fondos públicos derivados de la conservación del grupo municipal”.

Asimismo, recogía que Ganemos “no aportó prueba alguna” sobre los hechos que presuntamente provocaron la expulsión de Antonio Mantecón, y señalaba muchos de ellos como “falsos”. También hacía hincapié en la “imposibilidad jurídica” de expulsar de un grupo municipal a un cargo público independiente, es decir, que no está afiliado al partido, hechos que deberá valorar ahora el juez asignado al caso.

El concejal de Personal y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, ha comparado este jueves las agresiones protagonizadas por un grupo de personas de ultraderecha en un acto de Pablo Iglesias contra periodistas y simpatizantes del partido morado con las concentraciones y movimientos antidesahucios.

El edil ha hecho esta comparación durante el trascurso de un debate plenario con motivo de una moción presentada por el portavoz de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, para pedir la dimisión o cese del Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, por no haber presentado ante el Juzgado las identificaciones de los presuntos agresores en el mitin que el líder de Podemos dio el pasado mes de octubre en el Palacio de Festivales.

En la moción, Santander Sí Puede denunciaba la “doble vara de medir” del Delegado del Gobierno a la hora de aplicar la Ley Mordaza, por ser “excesivamente celoso” cuando se trata de activistas sociales y, en cambio, “no se detenga ni se multe a miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.

Mantecón hacía así alusión al archivo de la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión que fue zarandeada y recibió golpes mientras realizaba su trabajo debido a la “falta de autor conocido”. El concejal de la oposición ha acusado a Ruiz de no haber mandado al Juzgado estas identificaciones, sabiendo que “el nuevo ordenamiento contempla el archivo de causas si no hay autor conocido”.

Asimismo, ha recordado que Cantabria es la comunidad autónoma en la que mayor número de sanciones ha habido en virtud de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y ha incidido en la reprobación realizada por el Defensor del Pueblo por la multa, anulada por la justicia, al activista de la PAH de Santander Óscar Manteca.

En el turno de réplica, Nalda ha enumerado distintas concentraciones pacíficas, en su mayoría organizadas por la PAH, en las que ha participado el líder de Santander Sí Puede, comparándolas con las agresiones de ultraderecha sucedidas en el acto de Podemos y ha subrayado que tanto unos como otros no habían sido sancionados por ello.

El responsable de Protección Ciudadana, que ha mostrado fotografías personales de Mantecón en dichos actos, también ha citado, además de las movilizaciones antidesahucios, la plantada de árboles que se hizo en homenaje a Amparo Pérez, la anciana que falleció en la UCI el día en el que el Ayuntamiento de Santander comenzó a derribar la casa que ella misma había levantado décadas atrás con sus propias manos y que fue expropiada para construir un vial en plena zona de expansión urbanística de la ciudad.

“¿Le ha sancionado a usted la Delegación de Gobierno? No ¿Le han multado a usted por participar en la concentración no comunicados como el homenaje a Amparo en la que usted estuvo y publicó en su Facebook fotos?”, ha espetado Nalda, quien ha acusado a Mantecón de “mentir, faltar a la verdad, hacer demagogia y criticar sin fundamentos” al Delegado de Gobierno. Aunque el concejal del equipo de Gobierno ha evitado referirse a los actos de ultraderecha, ha condenado “toda violencia, venga de donde venga”.

La moción, que también reclamaba que se condenaran las agresiones, solo ha encontrado el respaldo de IU, Ganemos y el propio Mantecón y ha contado con el voto en contra de los concejales del PP y de los tránsfugas de Ciudadanos, David González y Cora Vielva, mientras que PSOE, que había formulado una transacción pidiendo la reprobación de Ruiz en lugar de su cese, y PRC se han abstenido.

Iniciativa de Podemos

Por su parte, Podemos ha pedido la comparecencia del Delegado del Gobierno ante la Comisión de Presidencia y Justicia por la “incapacidad de su administración para identificar a las personas responsables de las agresiones realizadas a la entrada del acto público” organizado por la formación.

En un comunicado, el diputado Alberto Bolado ha firmado que “tanto el Delegado del Gobierno como el jefe de la Policía me aseguraron en una reunión que todos los agresores habían sido identificados. Sin embargo, mintieron”, ha denunciado Bolado, que se ha mostrado poco confianzado en que Ruiz acuda al Parlamento a dar explicaciones, pero “al menos tendrá que retratarse y demostrar su gestión opaca y en apoyo de los que están contra la democracia”.

Las agresiones del 27-O

El pasado 27 de octubre un grupo de miembros de ultraderecha se concentraron en el exterior del Palacio de Festivales con el objetivo de revantar un acto público de Pablo Iglesias en Santander. Antes de que comenzara el evento se produjeron insultos, amenazas e incluso agresiones a simpatizantes del partido morado y periodistas, las cuales por el momento han quedado impunes.

El Juzgado de Instrucción ha archivado por “falta de autor conocido” la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión que fue zarandeada y recibió golpes mientras realizaba su trabajo, a pesar de los múltiples vídeos e imágenes que reflejan los hechos y que muestran los rostros de buena parte de la treintena de personas que se congregó ese día.

No obstante, aún queda abierto otro proceso judicial por una querella criminal presentada por el periodista Óscar Allende, director de El Faradio, que también sufrió la acción de los participantes en esa protesta. La Fiscalía ya se ha pronunciado y ha rechazado que existan “delitos de incitación al odio y de convocatoria ilegal de manifestaciones”, pese a que en el chat creado para organizar la protesta se instó a “llevar bates y abrir la cabeza” a Iglesias, así como a acudir al evento con banderas “del águila” o “de la falange”.

Santander Sí Puede exige la dimisión o el cese del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), por su “doble vara de medir” para aplicar la Ley Mordaza. Le recriminan que la aplique de una manera “excesivamente celosa” cuando se trata de activistas sociales y, en cambio, “no se detenga ni se multe a miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.

Así pues, esta formación registra una moción al pleno a través de su concejal Antonio Mantecón en la que también reclamará que se condenen “de forma expresa y taxativa las agresiones fascistas” producidas durante el mitin que llevó a cabo Pablo Iglesias en el Palacio de Festivales de Santander el pasado mes de octubre.

El edil de Santander Sí Puede compara la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en dos acontecimientos para justificar la “doble vara de medir” en la gestión del delegado del Gobierno. Por un lado, recuerda la multa que se le interpuso al portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, Óscar Manteca, tras una ocupación en la sede de un banco en el año 2015.

“La multa al portavoz de la PAH se enmarcaba en esa campaña de multas a activistas, con pretensión ejemplarizante, para evitar en la medida de lo posible las movilizaciones ciudadanas”, subraya Mantecón. “Y resultó ser un procedimiento bastante chapucero: el multado acabo exonerado por los tribunales, y el delegado de Gobierno apercibido por el Defensor del Pueblo, en contestación al requerimiento de dicho portavoz”, relata.

Esta institución, tal y como explica el concejal, afirmó que “ni Samuel Ruiz ni la persona encargada de la instrucción del procedimiento respetaron los derechos fundamentales del acusado”, un hecho que califica de “gravísimo” y que, según recalca, “solo demuestra que la política del delegado del Gobierno es aumentar la represión, incluso saltándose la ley”.

A partir de ahí, el edil señala que “parece que Ruiz le cogió el gusto a eso de multar”, y Cantabria acabó siendo la comunidad autónoma donde más sanciones de esta ley se tramitaron desde que entró en vigor el 1 de julio de 2015, de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy, hasta el 28 de enero de 2016.

“Fascistas sin sanción”

En contraposición a ello, Mantecón recrimina a la Delegación de Gobierno que “no haya enviado las identificaciones que dice haber practicado al juzgado, cuando es práctica habitual”, tras la denuncia de una periodista que fue agredida por un grupo de ideología fascista en el acto de Pablo Iglesias en Santander, cuya causa fue archivada por “falta de autor conocido”, a pesar de los numerosos vídeos e imágenes que muestran los altercados.

En el texto de la moción también critica que se tratara de una manifestación convocada a través de Whatsapp por simpatizantes de la extrema derecha, sin autorización previa en Delegación de Gobierno, en la que otro periodista, el director de El Faradio, fue agredido y amenazado. Este profesional presentó una querella con capturas de las conversaciones en las que se instaba a “llevar bates y agredir” al líder de Podemos, entre otras citas que el fiscal no ve propias de delito de odio.

Mantecón reprocha que no haya sanciones para “ninguno de los fascistas que insultaron incluso a menores de edad”, algo que para el concejal de Santander Sí Puede es “una foto del trabajo de Delegación de Gobierno que no queremos que se siga produciendo”. “Esas dos varas de medir en la aplicación de la justicia en nuestra comunidad autónoma son intolerables. Y por ello consideramos que el ahora Delegado de Gobierno, Samuel Ruiz, no puede seguir ni un solo día más en su cargo”, concluye.

El jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local de Santander, investigado por acosar de forma reiterada a una subordinada, mantiene su puesto y sigue desempeñando funciones como las de supervisar la unidad de vigilancia y protección de las víctimas a pesar de que tanto la Fiscalía de Cantabria como el Juzgado de Instrucción han detectado hasta cuatro presuntos delitos graves derivados de su actitud contra esta agente.

Tal y como se conoció esta misma semana, el Ministerio Público ha solicitado un año de cárcel por un presunto delito de acoso laboral para este responsable policial, con rango de sargento, al que acusan de actos de “humillación, denigración o aislamiento” hacia la querellante, que debía asumir órdenes y actuaciones que “solo eran adoptadas para ella”.

Tras el periodo de instrucción, la Audiencia de Cantabria ya había detectado indicios de delito en la actuación de este mando policial por incurrir en “trato degradante, lesiones, infidelidad de custodia de documentos y falso testimonio en causa judicial”, en un caso que está pendiente de que se señale fecha definitiva para celebrar el juicio.

Según denuncian responsables sindicales en el Ayuntamiento de Santander, el acusado “sigue trabajando en el mismo puesto”, a pesar de que se han pedido medidas cautelares de forma reiterada y por escrito. Además, denuncian la “connivencia” del PP y acusan a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, de “mirar para otro lado” tras ser informada de este caso cuando tomó posesión de su cargo en sustitución del ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Además, recuerdan que el Ayuntamiento es responsable subsidiario en un caso de acoso laboral como el que se está investigando, pudiendo tener consecuencias económicas para las arcas públicas, puesto que ante la situación que se estaba viviendo en el seno de la Policía Local tuvo que intervenir la sección de Prevención de Riesgos del Consistorio, que emitió informes que “se han ignorado”.

Medidas disciplinarias

Ante este escenario, la formación municipalista Santander Sí Puede, que encabeza el concejal no adscrito Antonio Mantecón, ha registrado esta pasada semana una moción que se debatirá en el próximo pleno de la Corporación en la que exige al equipo de Gobierno que tome medidas disciplinarias y suspenda cautelarmente de sus funciones al jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local.

“Nosotros no vamos a ser quienes no salvaguardemos la presunción de inocencia de cualquiera, pero tampoco podemos mirar para otro lado en cuestiones como la que nos ocupa”, señala en el texto Mantecón, que insiste en que “las fuerzas de seguridad del Estado, así como cualquier otro estamento de nuestra administración, deben de dar ejemplo constante a la ciudadanía”.

“Las mujeres víctimas de violencia machista son un colectivo muy vulnerable y al que hay que tratar con una sensibilidad especial. Acompañarlas, protegerlas, asesorarlas, es cometido de todas como sociedad y más desde la posición de poder que da el representar a las instituciones del Estado, tanto en el ámbito policial, como en administrativo o el judicial. Y creemos que, reiterando la presunción de inocencia y el derecho a su legítima defensa, debemos tomar medidas para que esto sea así”, concluye la moción de Santander Sí Puede.

Antonio Mantecón (Santander, 1977) entró en política hace dos años y medio y en este tiempo puede decirse que no ha tenido tiempo para aburrirse. Ha sido uno de los concejales más combativos dentro y fuera del Ayuntamiento de Santader. Sus enfrentamientos verbales con los responsables del equipo de Gobierno han sido sonados en los plenos; ha denunciado por calumnias al entonces alcalde -hoy ministro de Fomento- y a su excompañera de formación; ha ido a la Fiscalía por el derrumbe del edificio de la calle del Sol y fue expulsado del grupo municipal de Ganemos por negarse a desviar dinero al propietario de la marca. 

“Creo que hemos hecho una oposición bastante reconocible”, afirma este ingeniero técnico industrial, que destaca que “Santander Sí Puede ha roto en varias ocasiones la agenda política que tenía el PP durante las últimas legislaturas en las que les resultaba bastante cómodo el día a día”. En este sentido, vaticina que el desgaste que han sufrido los populares les dejará fuera del poder tras las próximas elecciones. “Estamos en disposición de que haya un cambio político en Santander”, asegura tajante.  

Empiezo por lo más reciente. Si se confirma que el Ayuntamiento ha cometido irregularidades en la contratación de personas desempleadas a través de la Orden de Corporaciones Locales, ¿piensan reclamar que se depuren responsabilidades políticas?

Lo más probable es que lo hagamos. Venimos de una legislatura donde se están sucediendo los escándalos, los desatinos y los errores de todo tipo por parte del equipo de Gobierno, y esto, en un tema tan sensible como es el empleo, ya desborda un vaso que ya estaba a rebosar. Que se dé este tipo de contrataciones fraudulentas pagando de menos a trabajadores es una corrupción política y ética que no podemos tolerar.

Está siendo una legislatura muy movida. Ya han reclamado las dimisiones del concejal de Obras por la anulación del PGOU y el derrumbe de Sol; de la responsable de Cultura por el incendio en el MAS y hasta de la alcaldesa por mentir en su currículum. Anteriormente ya cesó la concejala de Empleo por el desfalco en una empresa pública. ¿Esto es parte del juego político? ¿Es la oposición muy exigente o cree que ha habido motivos suficientes para pedir todas estas dimisiones?

Para nada estamos siendo demasiado exigentes. Estamos hablando de décadas de poder del PP y de un equipo de Gobierno que no ha llegado esta legislatura. Su labor no empieza hace dos años y medio, sino que la mayoría ya llevan varios años en sus respectivos puestos, y lo que estamos viendo ahora es una acumulación de errores que en un momento determinado se precipitan en un hecho concreto de grandes dimensiones. De lo que estamos hablando es del fracaso de sus políticas. Lo hemos visto en el Plan General, en el Anillo Cultural, en las políticas sociales y de empleo, en la ejecución de los presupuestos, donde se incumple el 80% del capítulo de inversiones, en la opacidad de las sociedades municipales, etcétera.

Hemos pedido la dimisión de algunos concejales pero, por ejemplo, no se ha pedido la dimisión de otros que también están llevando una gestión lamentable, como puede ser el área de Medio Ambiente, donde hay constantes denuncias sobre las deficiencias del servicio de limpieza, por el que pagamos 17,5 millones de euros. O la situación en la que se encuentra la zona del litoral norte con la senda costera, que es un auténtico desastre. Tenemos una legislatura en la que el equipo de Gobierno va de error en error, de escándalo en escándalo, y creemos incluso que se podían haber pedido más dimisiones.

Con respecto a la concejala de Cultura, en el último Pleno se presentó una moción para reprobar su gestión del incendio en el MAS, pero durante la votación hubo varios concejales de la oposición que no estuvieron presentes. ¿Por qué?

El expediente está abierto y estábamos pendientes de varios documentos que habíamos pedido, como la respuesta de las empresas implicadas. Por lo tanto, entrar en un debate en profundidad sin tener toda la información, considerábamos que no era el momento adecuado para presentar esa propuesta. Ganemos la presentó sin hablar con nadie y todos estábamos de acuerdo con que la información era incompleta como para desarrollar un debate suficientemente amplio.

Pero sí se habían manifestado públicamente a favor de pedir su dimisión.  

Sí considerábamos que teníamos elementos suficientes para pedir el cese, pero una cosa es eso y otra celebrar un debate en el Pleno sobre el asunto en cuestión. Nos faltaba información y creíamos que ese no era el momento.

También está muy cuestionado el concejal de Movilidad por un proyecto muy concreto: el Metro-TUS. ¿Cuál es su opinión?

Nosotros ya matizamos una moción del PRC para pedir una paralización cautelar del proyecto, no definitiva, para que se redefiniera. No estamos en contra del Metro-TUS, pero sí consideramos que está mal ejecutado y no va a resolver en gran medida los problemas de movilidad que tiene Santander. Aunque sí creemos que tiene que haber una infraestructura de ese estilo.

Nos habría gustado que hubiera habido una mayor participación ciudadana y de los grupos de la oposición, como es la definición de las distintas líneas de transporte, la ubicación de los intercambiadores y sus características. Los datos que nos han dado respecto a los tiempos de ahorro entre los dos extremos de la línea principal no son lo suficientemente importantes para una inversión de esta magnitud.

Y otra de las cosas en la que hemos insistido es que las medidas de fomento del transporte público en una ciudad como Santander tienen que ser pensadas con una visión no introspectiva, sino hacia al exterior, en coordinación con los municipios colindantes. Hay mucha gente que se ha marchado de la ciudad, que vive en los municipios del entorno y que viene a trabajar. Entre otras cosas, lo que le falta al Metro-TUS es esa perspectiva.

En los últimos datos difundidos por el ICANE, Santander vuelve a perder población y se queda por debajo de los 172.000, igual que en los años 70. ¿Quién es el responsable y qué se puede hacer para revertir la situación?

El equipo de Gobierno tiene una gran responsabilidad. Ellos se defienden hablando de un contexto generalizado de pérdida de población con motivo de la crisis, pero si uno compara los datos de Santander con otras ciudades de otras comunidades de similar tamaño, comprobará que los datos de pérdida de población son mucho mayores.

Pero es que además es un problema que se viene dando desde el año 95. Hay una confluencia de dos factores fundamentales: la falta de empleo y el encarecimiento de la vivienda, e incluso hoy en día no se está trabajando de forma adecuada en ninguno de los dos temas. Que el plan municipal de empleo, que es el gran buque insignia, esté dotado con 140.000 euros al año nos parece una broma. Nosotros en la negociación de los presupuestos hemos propuesto dotarlo con 5 millones y todos los años se rechaza. No hay un compromiso del equipo de Gobierno con el empleo y eso se nota.

El PP alega que ha promovido decenas de promociones de VPO.  

Promocionan VPO como un eslogan político, pero en realidad las promociones de la Sociedad de Vivienda y Suelo en una ciudad donde hay 10.000 viviendas vacías, lo que hacen es contribuir a mantener el precio por encima de la regulación del mercado de la que siempre hablan ellos. Santander es la quinta o sexta capital de provincia con los precios de vivienda más altos de España. La Sociedad de Vivienda tiene alquileres sociales a razón de unos 400 euros en viviendas públicas y eso no es un alquiler social. Y con todo ello, se han rechazado todas las propuestas que nosotros hemos hecho, incluso algunas aprobadas en Pleno, como establecer cláusulas sociales en los contratos con las entidades bancarias para obligarlas a ceder hasta un 30% del parque de vivienda que tienen.

La alcaldesa ha despedido al auxiliar contratado por Ganemos por no acudir al Ayuntamiento en un año. ¿Se siente reafirmado en la denuncia que hizo sobre la extorsión de los dueños de esta marca política?

Evidentemente. El equipo de Gobierno es conocedor de esto desde el primer día, entre otras cosas porque estaban advertidos. La contratación de auxiliares es una de las vías que habitualmente utiliza Ganemos para recaudar dinero de los diferentes grupos municipales que tiene por el territorio.

¿Por qué se toma la decisión ahora?

Creo que una hay una estrategia de distanciamiento que no sé si es acordada entre el equipo de Gobierno y la concejala de Ganemos... Quieren escenificar una especie de confrontación que desde luego no hubo en el momento de mi expulsión. Siempre hemos defendido que hubo una connivencia para deshacerse de mí y de Santander Sí Puede porque era una oposición muy incómoda para el PP.

Nosotros ahora vamos a tener un juicio por la demanda con Ganemos y las posibilidades de que nos sea favorable está ahí y probablemente a ambas partes les conviene escenificar una confrontación que resulta bastante artificial y bastante insustancial. Si fuese una reacción seria del equipo de Gobierno, supongo que ya tendría que haber ido a los tribunales a reclamar el dinero de ese auxiliar.  

¿Conoce personalmente a Francisco Seguido?

No. No he conocido personalmente a ningún miembro de Ganemos. Solo hablé por teléfono una vez con Julià de Fabián.

Cora Vielva y David González abandonaron este verano Ciudadanos y parece que ahora siguen caminos distintos en su línea política. ¿Cómo lo interpreta?

Lo interpreto igual que en el caso de Ganemos, es una escenificación pura y dura. Al PP le vale con el apoyo de un concejal y ese rol lo está asumiendo González, probablemente, porque está más quemado al haber sido el portavoz de Cs y al haber llevado el peso de ese apoyo inquebrantable y bastante desvergonzado al equipo de Gobierno, sobre todo porque nunca da explicaciones de su postura.

Y la posición de la señora Vielva no hay más que hacer un seguimiento de su actividad política hasta el momento de su salida de Cs y la posterior. Es la incoherencia personificada. No hay ningún trazo de sinceridad en su actuación porque sabe que es intrascendente.

¿Se ha resentido la oposición que he llevado a cabo Santander Sí Puede desde el comienzo de la legislatura? ¿Qué balance hace de su propia actividad?

Creo que la labor que hemos hecho en estos dos años y medio es muy positiva. No puedo decir si se ha resentido o no porque no soy capaz de ver cómo podría haber sido posible con todos los recursos a nuestra disposición. Creo que hemos hecho una oposición bastante reconocible y bastante importante al equipo de Gobierno dentro de nuestras limitaciones. También creo que de alguna manera hemos arrastrado a quienes ya estaban a hacer una oposición más fuerte, más agresiva. Santander Sí Puede ha roto en varias ocasiones la agenda política que tenía el PP durante las últimas legislaturas en las que les resultaba bastante cómodo el día a día.

El deterioro de la imagen del PP se puede percibir en el hecho de que han iniciado la campaña electoral prácticamente un año y medio antes de las elecciones. Sin embargo, no son capaces de desarrollar ninguna iniciativa política que ponga solución a los problemas de los que hemos estado hablando antes.

Las elecciones se acercan. ¿Tiene intención de repetir como candidato a la Alcaldía?

Es una decisión que no tengo tomada de manera definitiva. Somos varias formaciones políticas las que compartimos un mismo espacio y antes de hablar de nombres necesitamos saber qué proyecto político podemos configurar…

Habla de formar una confluencia.

Sí. La alternativa política que podemos llegar a desarrollar por un lado Santander Sí Puede y si es posible en confluencia con otras formaciones políticas es de tal magnitud que hablar ahora mismo de nombres se me antoja muy apresurado.

¿Con Podemos e IU?

Puede ser, pero no solamente con partidos políticos. La confluencia más importante tiene que darse en lo social, en la base. También creemos que la experiencia que estamos teniendo en el Ayuntamiento de Santander marca un antes y un después. Hasta ahora, cuando se hablaba de un proyecto común siempre se hacía desde posiciones que estaban fuera de las instituciones; ahora llevamos dos años y medio dentro, sabemos cómo funciona y qué necesidades tiene que tener un proyecto común.

El pasado jueves amanecíamos con la publicación de los datos del estudio elaborado por el ICANE advirtiendo de la dramática caída de población que en los próximos veinte años sufrirá Cantabria y por supuesto su capital, Santander. Las previsiones para nuestra ciudad, aproximadamente unos 150.000 habitantes para 2037, no son más que el resultado de una dinámica en la cual llevamos ya casi una década instalados. De hecho, nos acercaríamos a cifras poblacionales nunca vistas desde la década de los 70 del pasado siglo. Tendencia cuyas consecuencias han sido en múltiples ocasiones denunciadas por Santander Sí Puede, y otras tantas veces negadas por el equipo de gobierno del Partido Popular tildándonos de alarmistas irresponsables. Suponemos que tendrán la misma opinión sobre el ICANE.

Por otra parte, a primeros de noviembre, el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo (ISCOD) de UGT publicaba 'La guía de acción de ISCOD-UGT, 'Trabajo decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)' en la que alertaba del aumento significativo del riesgo de exclusión social y de pobreza que había experimentado tanto Cantabria, como su capital que ya en 2015 acumulaba un porcentaje de población en riesgo de exclusión social cercano al 30%. Situación que también hemos denunciado en reiteradas ocasiones con la consabida respuesta por parte del Partido Popular.

Durante todos estos años el Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Santander ha ignorado esta realidad, confiriendo un papel irrelevante a las políticas sociales, las de estímulo del empleo o las de vivienda, entre otras. Precisamente aquellas áreas que, aplicadas las medidas adecuadas, habrían frenado hace tiempo la pérdida de población y el aumento de la pobreza.

No solamente las partidas y las iniciativas han sido insuficientes, sino que en la mayoría de los casos han sido ejecutadas solo de manera parcial o directamente se les han “olvidado”. En este mismo año tenemos que, a día de hoy, en partidas tan importantes como la de “Gastos para menores en exclusión social'”-con presupuesto total de 241.000- solo han ejecutado 32.980 euros, o lo que es lo mismo, un 13,6% de lo previsto. Circunstancia que se repite en apartados tan significativos como los “Programas sociales de Centros de Acogida”, “Gastos para el menor” o “Gastos para la tercera edad”, que apenas superan el 40% y el 25% de ejecución. La lista de incumplimientos es interminable

Capítulo aparte merecen las inversiones para fomento del empleo. Agárrense: “Programa Erasmus emprendedores” con 106.000 euros presupuestados y 0 ejecutados, el “Taller de empleo Santander avanza” con 42.577 euros presupuestados y 491 ejecutados, el “Proyecto construcción Centro de Iniciativas empresariales” con 50.000 euros proyectados y 0 ejecutados, la “Escuela Taller Nuevas Tecnologías II” con 89.000 euros presupuestados y 0 ejecutados, el “Taller de empleo Avanza” con 270.000 euros presupuestados 0 ejecutados….¿Cómo se han quedado?

Pero vamos con las inversiones reales, ese capítulo que resulta incumplido año tras año en un 70 u 80 %. De hecho, a día de hoy, de lo previsto para este año no se ha ejecutado ni un solo euro del presupuesto para proyectos como la Integración de Espacios Portuarios, la Regeneración urbana de la Ladera Sur de General Dávila, el Plan de mejora urbana de los barrios Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo, la Integración de Espacios Ferroviarios, la Fase I de la Renovación urbana del Cabildo de Arriba -ni por supuesto de la Fase II-, la Urbanización de San Martín del Pino, la Fase I de la rehabilitación del Barrio Pesquero, o las obras consignadas al Presupuesto Participativo de 2017, entre un largo etcétera de promesas incumplidas. Inversiones cuyo montante irá a parar al remanente de tesorería acumulado para el ejercicio siguiente, cuyo destino principal, legalmente establecido y por lo tanto obligatorio, será el pago de la deuda bancaria. Por eso no se ejecutan estas partidas. Ahí está el quid de la cuestión. Si presupuestamos y no ejecutamos, si prometemos y no cumplimos, todo ese dinero que no va a parar donde realmente debería solo sirve para amortizar deuda. Gana la banca, como siempre.

Por supuesto, los presupuestos para 2018 no son ni serán una excepción a esta norma. Con las mismas bases de ejecución, las mismas partidas con idénticas cuantías y los mismos gestores, su ineficacia, además de su incumplimiento, están más que garantizados. Quizás porque la alcaldesa Igual y su equipo viven asentados en la placidez que les supone el saber que sus iniciativas contarán con el apoyo seguro de dos concejales, los ex de Ciudadanos, que en ningún momento han demostrado aptitud ni merecimiento para ocupar los puestos que ocupan.

Durante la presente legislatura han sido rechazadas cuantas propuestas a los presupuestos hemos formulado para fortalecer las políticas de empleo, los servicios sociales, los servicios públicos de limpieza, los de abastecimientos, las políticas de vivienda, educación, transporte público y movilidad, etc.

Escudados siempre en que muchas de estas áreas son competencias de otras administraciones, la alcaldesa Igual y sus compañeros no quieren asumir que la voluntad política y la responsabilidad ni entienden ni son cuestión de competencias, sino de valores éticos, de empatía y de sensibilidad hacia las necesidades de aquellos cuyo bienestar depende de la iniciativa de políticos que son elegidos para servirles y resolver sus problemas.

Y por supuesto en Santander Si Puede sabemos que, al margen de excusas, hay capacidad suficiente de actuación dentro de las competencias municipales. Razón por la cual hemos decidido presentar enmiendas por valor de más de veinte millones de euros a los presupuestos de 2018 dirigidas precisamente a atacar los tres pilares básicos de las dinámicas de decadencia que lastran nuestra ciudad: empleo, lucha contra la exclusión social y la pobreza, y mejora del acceso a la vivienda. 

Volvemos a poner encima de la mesa presupuestaria un Plan de Empleo Municipal que, con el ayuntamiento como contratante de último recurso, consiga generar trabajo para unos dos mil desempleados, centrándonos en la franja más desfavorecida: los parados de larga duración. Creemos que merecen una dotación económica acorde a la magnitud del objetivo, como son los cinco millones de euros que proponemos destinar a sufragar la iniciativa.

También proponemos ayudas directas complementarias a la Renta Básica para parados de larga duración (alrededor de 8000 en nuestra ciudad) por valor de ocho millones de euros, y que constituyen el grueso de la lucha contra el riesgo de exclusión social que afecta a un 30% de nuestros vecinos. Una medida que se suma a una batería de propuestas de ayudas para suministros, alimentación, vivienda, contra la pobreza energética, etc…O la creación de un Parque Público de Vivienda en régimen de alquiler social. Todo por valor unos tres millones de euros. Medidas presupuestarias que representan, en definitiva, una forma mucho más humana y sensible de gestionar la ciudad de Santander y que, a buen seguro, serán rechazadas por el Partido Popular.

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Santander es a día de hoy lo más parecido a un equipo de liquidadores de empresas dispuestos a ponerle precio hasta a las farolas del Paseo Pereda, mientras conceden carta blanca a sus socios, amigos, empresarios y promotores afines, mediante decisiones políticas “ad hoc” para estrujar al máximo la ubre seca en la que han convertido nuestra querida ciudad.

En Santander Si Puede hace tiempo que sabemos que la que libramos en el ayuntamiento de Santander es una batalla política en la que nos jugamos mucho más que la posibilidad de poner en práctica visiones distintas de lo que implica la gestión municipal. Lo que nos jugamos es el futuro de nuestra ciudad, con toda la carga de dramatismo y trascendencia que eso implica en cada una de las decisiones que tomamos.

Los presupuestos del Partido Popular son el reflejo de sus políticas y estas no son sino un arma de destrucción masiva contra el bienestar social presente y futuro de todos nosotros. ¿Estaremos dispuestos a cambiar eso?

Santander Sí Puede ha preparado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario en la que pide la reprobación pública del jefe de Cultura del Ayuntamiento de la capital cántabra, Enrique Álvarez, por sus declaraciones contra el Islam. La formación que encabeza el edil Antonio Mantecón también instará al Consistorio a la apertura inmediata de un expediente disciplinario por “falta muy grave” y que sea apartado cautelarmente de su cargo hasta que este sea resuelta.

El texto de la iniciativa, consultado por eldiario.es, contrapone la actitud de la mayoría “negándose a culpabilizar o responsabilizar en lo más mínimo a la comunidad musulmana española”, frente a una minoría que “ha aprovechado la barbarie producto del fanatismo de unos pocos para sembrar el odio en nuestra sociedad hacia un colectivo que es víctima mayoritariamente del propio terrorismo yihadista”.

En ese contexto, encuadran el artículo de opinión firmado por Enrique Álvarez y publicado en El Diario Montañés, que califica el Islam como una religión “mala y perversa” porque “niega la cualidad esencial de Dios, el Amor” y la responsabiliza de haber traído al mundo “desde el minuto uno hasta el día de hoy, un sinfín de guerras, de odios y de divisiones irreconciliables”.

De igual forma, el jefe de Cultura del Ayuntamiento santanderino cree que “es tremendamente insensato reaccionar ante el terrorismo yihadista favoreciendo al Islam moderado en nuestras sociedades”, al tiempo que urge a “restaurar la religión de Cristo y limitar al máximo la de Mahoma” porque, de lo contrario, “habrán derramado inútilmente su sangre”.

Al igual que han expresado otros partidos, como el PSOE, y distintas asociaciones, como Pasaje Seguro o Libres, para Santander Sí Puede estas afirmaciones son “inadmisibles” e incluso “vulneran los límites de la libertad de expresión y podrían ser constitutivos de un delito de odio”.

En este sentido, en la moción el partido municipalista hace referencia al Código Penal, así como al código de conducta del empleado público, que en su artículo 53, titulado 'Principios Éticos', dice que la conducta de los funcionarios “se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Así, en base a este régimen disciplinario, Santander Sí Puede sostiene que las manifestaciones del jefe de Cultura pueden considerarse como una “falta muy grave”, que “podrá ser sancionada con la separación del servicio del funcionario en cuestión”.

Tras subrayar que “una administración pública debe actuar con decisión y sin contemplaciones en la erradicación de cualquier actitud racista, xenófoba, excluyente o discriminatoria en nuestra sociedad, y en particular si se da en el propio seno de dichas administraciones”, Santander Sí Puede defiende que el equipo de Gobierno que encabeza Gema Igual (PP) “debe actuar de manera inmediata”.

Por todo ello, piden que el pleno repruebe públicamente al jefe de Servicio de Cultura y que se proceda a la apertura inmediata de un expediente disciplinario por falta muy grave, apartando cautelarmente de su cargo al funcionario en cuestión.

También demandan que Álvarez se retracte públicamente en el mismo medio de las opiniones y valoraciones efectuadas en el mencionado artículo en el plazo máximo de siete días, y que haga lo propio Gema Igual por mostrar su “máximo respeto” a tales manifestaciones.

De la Serna guarda silencio

Quien no ha querido pronunciarse públicamente sobre la polémica ha sido el ministro y exalcalde de Santander hasta hace menos de un año, Íñigo de la Serna, quien ha desestimado valorar las afirmaciones de Álvarez pese a las preguntas de los periodistas. “Yo no valoro. Esta es una cuestión que ya ha contestado la alcaldesa de Santander y por tanto a sus palabras me remito”, ha zanjado el titular de Fomento.

Segundos antes, Gema Igual había evitado nuevamente reprobar las declaraciones de Álvarez, que no comparte pero sí respeta, según ha manifestado. Así, la alcaldesa ha insistido en que “respeta” las opiniones de este funcionario público “y la de cualquiera” porque “cree en la libertad de expresión”.

Código de buenas prácticas

Por otro lado, Santander Sí Puede incide en la responsabilidad de los medios de comunicación en este tipo de cuestiones y por ello también demanda “suspender en el futuro cualquier colaboración económica del tipo que sea, por ejemplo pago por soporte de publicidad institucional, con cualquier medio de comunicación local que difunda, en el formato que sea, contenidos de corte xenófobo, racista, homófobo o que fomenten el odio, el desprecio, la estigmatización y escarnio público contra cualquier colectivo, por cuestiones de religión, raza, condición sexual o de otras índoles”.

Igualmente, considerar oportuno elaborar un código de buenas prácticas junto a la Asociación de Prensa de Cantabria para que sea utilizado por los profesionales y medios de este ámbito a la hora de abordar y tratar informaciones o artículos de opinión que por su temática pudieran estar dotados de un carácter discriminatorio.

El partido municipalista Santander Sí Puede muestra “su más profundo rechazo” al apoyo mostrado por el Ayuntamiento de la capital cántabra al programa 'Víctor Barrio' que promociona y enseña la tauromaquia entre los menores. Considera que “vulnera los derechos del menor a estar alejado de cualquier forma de violencia”.

“No entendemos que un ayuntamiento promocione una actividad dirigida a niños desde los cuatro años que muestra la tortura animal como una actividad lúdica y divertida”, señala Susana Ruiz, portavoz de esta formación, ya que, según subraya, “hay otras formas de entretener a los más pequeños alejadas de la violencia que implica una corrida de toros”.

La jornada infantil del programa 'Víctor Barrio', celebrada el pasado 29 de julio, se inició con un teatro de guiñol, con guión adaptado del libro de Juan Iranzo 'Toro para niños'. Después de la función, los niños de entre cuatro y 14 años participaron en talleres en los que los más pequeños confeccionaron caretas de toreros y, el resto, fabricaron sus propias banderillas y muletas, que pudieron llevarse a sus casas.

En la actividad, llevada a cabo en la Plaza de Toros de Santander, participó la alcaldesa Gema Igual, y los toreros Enrique Ponce, Cayetano Rivera y Ginés Marín. Al finalizar la jornada se hizo entrega a los menores de un diploma y se sortearon cuatro entradas triples -para un adulto y dos niños- entre los participantes mayores de ocho años para asistir a la corrida que se celebró con posterioridad durante ese mismo día.

“Probablemente nadie entendiera que este tipo de jornadas se dieran en otros contextos, como el de las peleas de perros”, sostiene Ruiz. “¿Se imaginan talleres infantiles enseñando a niños de cuatro años como se azuza a perros adiestrados para destrozarse? ¿Qué se regalasen entradas para que los pequeños pudieran asistir a ese tipo de espectáculos? ¿Que el slogan de la campaña fuera 'Las peleas de perros no hay que defenderlas, hay que enseñarlas'? Pues eso es exactamente lo que se hace en estos talleres.”, manifiesta la portavoz de Santander Sí Puede.

El partido incide en que nuestro país “es un caso excepcional” en este sentido, ya que otros con tradición taurina como Portugal, México, Venezuela, Perú, o Colombia “ya han regulado, o están estudiando regular, el acceso a menores a los cosos taurinos”, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, quienes señalan “la enorme violencia que supone la tauromaquia y la peligrosidad de exponer a los menores a este tipo de espectáculos”.

“Tenemos una legislación que protege a los menores de la pornografía o de las películas y videojuegos de contenido violento. Incluso se ha regulado la emisión por televisión de las corridas de toros para que estén fuera del horario infantil, pero nos encontramos con que el acceso a las plazas está permitido y que programas como el 'Víctor Barrio' se fomentan desde las instituciones”, reprocha Ruiz.

“Nuestro país no puede avanzar en protección animal si el toro de lidia queda fuera de la regulación, si los menores están expuestos a la violencia que supone la tauromaquia. Es una cuestión de principios”, recalca la portavoz de la formación municipalista de Santander.

“Incumplimiento plenario”

En el mes de mayo del 2016 se aprobó por mayoría, gracias a los votos favorables de toda la oposición, una iniciativa de Santander Sí Puede que, además de prohibir las subvenciones municipales a las corridas de la feria de toros de Santiago, obligaba al ayuntamiento a regular, mediante Ordenanza Municipal, la entrada a los menores de 18 años a la Plaza de Toros con motivo de la celebración de espectáculos taurinos de cualquier índole.

“No solo se ha incumplido un acuerdo plenario –que recordamos es una muestra de la voluntad popular –, que implicaba una regulación o prohibición de la entrada de menores a espectáculos taurinos, sino que se apoyan iniciativas como esta, que fomentan la violencia contra los animales desde la más temprana edad”, concluye la coordinadora de Santander Sí Puede.

El concejal no adscrito y portavoz de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, ha presentado en los juzgados de Cantabria una demanda con diversos documentos que, según asegura, “prueban las actividades ilícitas” protagonizadas por los responsables de la marca Ganemos, Julià de Fabián y Ángel Cornejo.

En particular, la denuncia incorpora una declaración firmada ante notario del fundador y expresidente de la formación, Emilio Vera, en la que este afirma haber renunciado a su cargo al descubrir la “estrategia” de Fabiá y Cornejo para “presionar” a los cargos electos de Ganemos con el fin de “manipular” el dinero de las subvenciones estatables y “asignarse un salario mensual”.

El partido Ganemos tuvo su origen en las protestas sociales previas a las elecciones municipales de 2015, a las que presentó candidaturas en diferentes ciudades de España, sirviendo como sorporte a numerosos movimientos y plataformas ciudadanas que quedaron desamparadas a raíz de que Podemos decidiera no presentarse a los comicios locales bajo sus siglas.

Tras lograr buenos resultados en unos cuantos municipios, distintos cargos públicos de la formación denunciaron “chantajes y extorsiones” del dueño de la marca electoral. El propio Mantecón aseguró haber sido amenazado con “actitudes mafiosas” por parte de Juliá de Fabián, que acabó por expulsarlo del partido ante su negativa a desviar fondos públicos a su cuenta, según la versión del edil de Santander.

Aquella polémica expulsión de Mantecón de Ganemos y del grupo municipal fue el pistoletazo de salida de un movimiento estatal de afectados por las prácticas y manejos de Julià de Fabián. Se trata de la plataforma Desmontando Ganemos, que se ha ocupado de “investigar” durante el último año las actividades de los responsables de la formación política.

Una de las pruebas documentales de “mayor relevancia” obtenida por la plataforma, y que Mantecón presenta en su querella, es la declaración jurada de Emilio Vera García, expresidente y fundador del partido Ganemos, quien presentó su dimisión de todos sus cargos el 24 de mayo de 2015 -día de la celebración de las elecciones municipales- para no verse “involucrado en delitos económicos ni políticos”. 

En ella, señalaba que su decisión “fue motivada por la acumulación de sospechas de presunta deshonestidad política”. “Esa misma noche de las elecciones del 24 de mayo de 2015, conocí que el Sr. Juliá de Fabián López, miembro oculto de la coordinadora y propietario de Ganemos y Hartos.org, y el Sr. Ángel Luís Conejo González, también de ambas formaciones, tenían planeada toda una estrategia para manipular personalmente y asignarse un salario mensual”, relata Vera.

Concretamente, cuenta que Fabián y Conejo querían “presionar” a los concejales “en cuanto tomaran posesión de su cargo” para que ingresaran en sus cuentas bancarias los fondos de dinero público asignados a los grupos municipales, así como las subvenciones estatales. “Todo eso bajo mi absoluto desconocimiento y descontrol legal”, asevera en su declaración.

Varias demandas

La querella de Mantecón no es la primera presentada contra Julià de Fabiá. El concejal de la localidad cántabra de Camargo, Marcelo Campos, ya había presentado una demanda por su expulsión de Ganemos, siendo esta desestimada. Otros ediles de Hospitalet denunciaron los hechos con el mismo resultado, aunque en este caso ha sido recurrida “poniendo en valor” esta nueva prueba.

En este sentido, desde Santander Sí Puede consideran que las afirmaciones de Vera “invalidarían todos los procedimientos de expulsión” llevados a cabo desde finales de 2015 y, sobre todo, expresan “la presunta comisión de diferentes delitos” tipificados en el Código Penal. 

“Acceder a fondos públicos”

En la demanda sobre protección de derechos fundamentales presentada por Mantecón se expresa “una cronología de las circunstancias que confluyeron en la expulsión del edil que no deja muy bien parado al Ayuntamiento, además de confirmar que la estrategia de Ganemos era única y exclusivamente poder acceder a los fondos públicos derivados de la conservación del grupo municipal”.

Asimismo, recoge que Ganemos “no aportó prueba alguna” sobre los hechos que presuntamente provocaron la expulsión de Antonio Mantecón, y señala muchos de ellos como “falsos”. Hace hincapié en la “imposibilidad jurídica” de expulsar de un grupo municipal a un cargo público independiente, es decir, que no esté afiliado al partido.

Santander Si Puede, la formación municipalista representada en el consistorio santanderino por el concejal Antonio Mantecón, ha criticado el anuncio de peatonalización de la Calle Cervantes hecho por el equipo de gobierno (PP) el pasado lunes “como un nuevo ejemplo de la unilateralidad respecto a las decisiones de carácter urbanístico con las que se prodiga el PP en este ayuntamiento.”

El concejal Antonio Mantecón ha recordado al responsable de urbanismo Cesar Díaz que tanto él como su formación mostraron su disposición a colaborar en este proyecto, ante el convencimiento de que realmente era necesaria una actuación para mejorar el tráfico en esta zona.

Si bien, el edil de Santander Si Puede ha querido recalcar que, “tanto nosotros como el resto de grupos municipales pedimos en una Comisión ordinaria de Desarrollo Sostenible, los borradores de proyecto que se estaban manejando, así como la incorporación a las reuniones que iba a mantener el equipo de gobierno con los vecinos y con el Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte de la Universidad de Cantabria. Es cierto que se nos dieron los borradores del proyecto pero no se ha contado con ningún grupo de la oposición en esas reuniones, faltando en este caso a la palabra dada el máximo responsable de urbanismo en el ayuntamiento.”

Respecto a la solución adoptada, Mantecón considera que “sigue sin tener en cuenta en su justa medida el incremento de tráfico en otras arterias, principalmente en la calle Cisneros”. “Quiero recordarle a Cesar Díaz que, por esta misma razón, se han presentado otras alternativas, como la consistente en la reducción de la vía a un solo carril con el ensanchamiento de las aceras. Las simulaciones realizadas con esta opción por el Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte de la Universidad de Cantabria daban como resultado un flujo de tráfico automovilístico y peatonal equilibrado y aceptable, tanto en la Calle Cervantes como en las vías adyacentes”.

Sobre este punto, el concejal de Santander Sí Puede ha añadido que “desconocemos si existen otros motivos inconfesables por parte del PP que justifiquen su empeño en realizar esta actuación, pero la elección entre ambas opciones ha sido absolutamente unilateral por parte del equipo de gobierno. A nuestro entender ya se tenía decidida de antemano la idea peatonalizar la calle de forma completa, independientemente de los trastornos que esto ocasione en todo el entorno, tal y como expuso hace meses en la mencionada Comisión de Desarrollo Sostenible”.

Moción conjunta

En este sentido, Santander Sí Puede anuncia que impulsará la presentación de una moción conjunta para el pleno de este mismo mes de mayo. “Nuestra intención es paralizar la actuación y revertir una decisión que nos parece producirá un caos considerable en el tráfico rodado de la zona en cuestión. Queremos que se impulse una consulta ciudadana, que los vecinos y vecinas sean quienes decidan que se va a hacer con sus calles. Esto no es una novedad: venimos defendiendo la realización de procesos de participación para la redacción del nuevo PGOU de la ciudad”, señala.

Por último, Mantecón ha invitado al equipo de gobierno a que recuerde las “más de mil firmas en contra de la peatonalización total de la calle que en su momento recogieron y presentaron al alcalde algunas de las asociaciones de vecinos de la zona. Abogaban por el establecimiento de un solo carril y el ensanchamiento de las aceras en la calle Cervantes”. Y añade que, en todo caso “antes de proceder a la ejecución definitiva de las obras, se deberían hacer pruebas de funcionamiento de todos los supuestos a considerar, tal y como también se ha aconsejado desde la oposición”.