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El Defensor del Pueblo recrimina al delegado del Gobierno en Cantabria su aplicación estricta de la Ley Mordaza

Enumera una serie de recomendaciones que Samuel Ruiz (PP) se ha visto obligado a acatar tras una protesta de un activista de la PAH de Santander

Este organismo exige que antes de que se impongan las sanciones se escuche a todas las partes y que se respete la presunción de inocencia de los acusados

"Si Samuel Ruiz tuviera la más mínima integridad dimitiría, pero dudamos que la tenga, por lo que seguirá agarrado a la poltrona", critica la PAH

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Samuel Ruiz (PP), delegado del Gobierno en Cantabria.

Samuel Ruiz (PP), delegado del Gobierno en Cantabria.

El Defensor del Pueblo ha recriminado al delegado del Gobierno en Cantabria,  Samuel Ruiz (PP), su aplicación estricta de la Ley Mordaza, enunciando una serie de recomendaciones que el responsable político ha tenido que acatar,  tras una queja formulada por el miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Óscar Manteca, multado y posteriormente indultado tras una ocupación en la sede de un banco.

Manteca fue denunciado ante la Delegación de Gobierno por agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante una acción en una oficina de Liberbank. Tras lo que este colectivo ha definido como "una instrucción nula", Samuel Ruiz firmó una sanción de 601 euros para el activista, confirmada después por el Ministerio del Interior.

Más de un año después, el juez anuló esa multa por basarse solo en la versión policial. La sentencia estimó que se habían "vulnerado sus derechos fundamentales" al centrar el procedimiento sancionador "exclusivamente en la versión del denunciante"."Decretó la nulidad del procedimiento por haber violado Samuel Ruiz y la instructora del procedimiento la presunción de inocencia de nuestro compañero", han recordado desde la plataforma.

Los agentes policiales sacan en volandas a Óscar Manteca tras una protesta en una oficina bancaria.

Los agentes policiales sacan en volandas a Óscar Manteca tras la protesta por la que fue multado.

Posteriormente, "y con intención de que una situación así no se repitiese", según afirman desde este colectivo, "se presentó una queja ante el Defensor del Pueblo que ha resultado en una serie de recomendaciones que el delegado del Gobierno ha tenido que aceptar".

Este organismo le ha instado a que en la tramitación de los procedimientos sancionadores de la Ley de Seguridad Ciudadana "el instructor practique de oficio todas aquellas pruebas que puedan llevar a un mejor esclarecimientos de los hechos denunciados y a que, al solicitar la ratificación de la denuncia, exija a los agentes denunciantes que se refieran explícita y detalladamente a las alegaciones formuladas por los interesados".

"Intención de amedrentar"

Como consecuencia de ello, para la PAH "ha quedado"más que demostrado que la sanción solo tenía intención de amedrentar a los activistas sociales para no realizar protestas públicas usando la Ley Mordaza de forma ilegal". "Esto es un paso más en la intención represiva de las instituciones frente a los que usan su derecho a protestar, con casos sonados como el de los estudiantes juzgados por 'Preguntar No Es Delito'o acciones contra periodistas y líderes sindicales", han denunciado desde este colectivo.

"Si Samuel Ruiz tuviera la más mínima integridad dimitiría, pero dudamos que la tenga, por lo que seguirá agarrado a la poltrona y tendrá a la PAH delante para evitar que vuelva a violar la presunción de inocencia de nadie", han concluido desde la PAH. 

Cuando se sucedieron los hechos relatados, Cantabria se situaba a la cabeza en las tramitaciones de esta ley desde que entró en vigor el 1 de julio de 2015, de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde esa fecha hasta el 28 de enero de 2016, la Delegación del Gobierno en Cantabria dio luz verde a 3.320 expedientes sancionadores, lo cual equivale a 551 multas por cada 100.000 habitantes.

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