El desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos) avanza según los planes previstos, con una primera fase que se está desarrollando con normalidad y sin incidencias significativas, ha indicado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras la última reunión del comité local de información.

En el encuentro, celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina, el CSN informó de que en 2024 se realizaron diez inspecciones a la instalación nuclear y solo se notificó un suceso, catalogado de nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), ya que no tuvo impacto ni en personas ni en el medio ambiente, ha indicado el CSN en nota de prensa.

La jefa de proyecto de Santa María de Garoña del CSN, María Teresa Sánchez Hernando, destacó que dada la normalidad con la que se aborda la primera fase de desmantelamiento de Garoña, sin incidencias significativas, no es necesario adoptar medidas a las adicionales a las recogidas en los planes de trabajo y los programas de seguimiento y supervisión.

En cuanto a calidad radiológica del medioambiente, datos recogidos por las estaciones de muestreo en el entorno de la central, comentó que dichos valores han estado dentro del rango histórico de la zona como fondo radiológico natural. La central nuclear Santa María de Garoña está en situación de cese de explotación desde julio de 2013, y se encuentra inmersa en un proceso de desmantelamiento, cuya primera fase aborda el desmontaje del edificio de turbina y la modificación de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes.

El combustible gastado se evacuará en contenedores desde la piscina de combustible al Almacén Temporal Individualizado del que dispone la central. La reunión del comité local de información, coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estuvo presidida por el subdirector general de Energía Nuclear del MITERD, José Manuel Redondo.

Contó con la presencia del alcalde de Valle de Tobalina, Jesús Ángel López de Mendoza; del director de la planta, Manuel Ondaro; además de la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos (AMAC).

El 18 de junio de 2013 el río Garona desató su fuerza y arrasó todo a su paso. Una decena de pueblos del Pirineo sucumbieron a las riadas y casi 400 personas tuvieron que ser evacuadas. Un intenso episodio de lluvias, sumado al deshielo de un gran manto de nieve que resistía desde el invierno, desbordó su cauce e inundó la comarca del Vall d'Aran, en la provincia de Lleida, destrozando puentes y carreteras y dejando a miles de personas sin suministros.

Estas inundaciones no son algo excepcional en la zona. De hecho, cada 30 años aproximadamente, alguno de los ríos de esta comarca pirenaica se desborda. Pasó en 1907, 1937, 1940 y en 1982. En suma, más de 300 personas han muerto a causa de las riadas. La diferencia con las inundaciones de 2013 es que hace once años nadie perdió la vida. Y fue gracias a unos sensores que esta zona de Catalunya tiene instalados en diversas cabeceras de ríos.

Después de las inundaciones que han arrasado la Comunitat Valenciana y algunas zonas de Catalunya, y en vista de la efectividad de este sistema, la Asociación de Cámpings y algunos Ayuntamientos de Lleida han pedido que los sensores se instalen en todos los ríos. De esta manera, estas instalaciones turísticas -la mayoría de las cuales están en zona inundable- evitarían tener que cerrar porque tendrían margen para evacuar sus instalaciones en caso de riada. Como ya pasó en 2013.

“Aquellas inundaciones fueron particulares. Actuamos muy rápido”, recuerda Andreu Cortés, hoy alcalde y entonces teniente de alcaldía de Les, uno de los pueblos que quedó más arrasados. El puente sucumbió y las carreteras que conectan esta población –que es el tercer acceso fronterizo más importante con Francia– quedaron impracticables durante días. Además, el 49,5% de viviendas de Les están construidas en zona inundable.

El Ayuntamiento evacuó a las 200 personas que vivían a menos de 50 metros del Garona, una quinta parte de su población total, y las reubicó en hoteles alejados del río justo antes de que desbocara y se llevara todo por delante. Gracias a eso solo hubo que lamentar daños materiales. “Sabíamos lo que iba a pasar desde hacía dos días. Los municipios estaban avisados”, recuerda Jordi Gavaldà, geólogo y técnico del Conselh Generau d’Aran (el órgano de gobierno autónomo del valle).

La prevención es clave en este lugar en el que periódicamente viven desastres así. Por eso, además de los sensores que el ACA (Agència Catalana de l’Aigua) y la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) colocan en algunos puntos de los ríos, el Conselh tiene desde hace nueve años unos detectores más complejos y completos en las cabeceras. Los colocaron justo tres meses antes de las inundaciones de 2013. “Fueron determinantes”, aseguran desde el Conselh.

Eisharc Jaquet es ingeniero y fundador de Arantec, la empresa local que los diseñó. “El problema de la mayoría de sensores es que funcionan como sistemas de información hídrica, no de emergencia”, explica. En cambio, los que han instalado en el Vall d'Aran tienen en cuenta el caudal en tiempo real, pero también se analiza la previsión de lluvias y temperaturas que pueden afectar a los mantos de nieve, así como la inclinación del terreno, la anchura del río, y las características de las cuencas para determinar cuándo y dónde hay riesgo de desborde.

“Es un sistema ultra personalizado que sirve de alerta temprana ante posibles inundaciones”, apunta Jaquet, que explica que “cada cuenca es un mundo y tiene un tiempo de reacción distinto”. Depende de diversos factores como, por ejemplo, la presencia de vegetación. Esta hace de esponja y da más margen para absorber que el asfalto. También depende de si el cauce del río se ha modificado para urbanizar o no.

Si los sensores detectan que se han conjurado suficientes factores, “saltan las alarmas” y se envía un SMS a los responsables de protección civil del Conselh. Una vez aquí, políticos, técnicos y cuerpos de seguridad evalúan la situación y alertan a los municipios. “Es mejor avisar siempre, aunque sea una falsa alarma”, considera Gavaldà. Jaquet le respalda. “Las herramientas técnicas preventivas están más que listas. Lo que falla es la acción humana, que a veces no reacciona cuando debería”.

Incomunicados durante días

Los municipios de la Vall d’Aran sabían que el 18 de junio sería complicado. Pero no sabían que lo sería tanto. Sí esperaban que, además de las precipitaciones, bajara mucha agua procedente del deshielo. Lo que les sorprendió fue que, como en València con la DANA, cayó mucha más lluvia de la que se esperaba y la acumulación llegó a ser histórica en ciudades como Vielha.

El caudal del río se duplicó en algunos puntos, provocando que las presas hidráulicas se llenaran demasiado y reventaran. Aquello causó “un efecto dominó” que multiplicó la fuerza del agua y se llevó por delante carreteras y puentes.

“Nosotros empezamos a ver que algo no iba bien a primera hora de la mañana, cuando vimos que el río bajaba más alto de lo que debería, incluso para la alerta que nos enviaron”, recuerda desde Les Andreu Cortés. Fue a las 14:00 horas cuando decidieron evacuar a sus habitantes. Y fue justo a tiempo, porque poco después el agua inundaba Les, llenaba sus calles de barro, dejaba a los vecinos sin servicios y destrozaba los accesos por carretera.

“Era una visión surrealista. Suerte de nuestra cultura de la prevención”, explica el alcalde, en referencia a la existencia pozos de agua potable, reservas de gas y baterías eléctricas que permiten que todo el pueblo subsista durante días. Eso fue vital porque, mientras otros pueblos recibían ayuda, ellos quedaron totalmente incomunicados y solo pudieron ser socorridos por algunos vecinos que ejercen como bomberos voluntarios.

“Los accesos principales, que llevan a Francia, se arreglaron en pocos días, pero el resto de carreteras, al igual que el puente, tardaron meses en recuperarse”, recuerda Cortés. De hecho, hay consecuencias que todavía hoy se siguen pagando. “Se nos llenó el pueblo de barro y la gente, con toda la buena intención, sacó las mangueras. Pero el lodo, cuando se seca, crea un tapón peor que el cemento”, añade el alcalde. Eso inutilizó la mayor parte del alcantarillado del pueblo y todavía hoy, diez años después, el Ayuntamiento tiene pendiente licitar la última obra de reparación.

“Aprendimos mucho de aquel episodio”, explican desde el Conselh. Todos los sensores fueron arrancados por el agua pero los volvieron a colocar al poco tiempo, con algunas mejoras. Además, optimizaron el sistema de alertas y la comunicación con los municipios. “Hemos tenido un par de alarmas desde entonces y hemos sido capaces de actuar rápido”, asegura Jaquet.

Hace años que tienen monitorizados todos los ríos del Valle y también se han expandido a otras comunidades como Extremadura o Castilla y León, pero es un tipo de prevención que “todavía es muy incipiente”, lamenta.

Este ingeniero considera que las administraciones deberían “ponerse las pilas”, sobre todo porque los sistemas de medición más básicos, que contemplan el caudal del río por un lado y la previsión meteorológica por otro, cada vez fallarán más. Y es que “los indicadores están cambiando”.

El cambio climático está alterando patrones y provoca que los métodos de predicción, que se construyen con datos históricos, no sean tan precisos. Por eso, Jaquet trabaja ahora con dispositivos que incorporan con inteligencia artificial y aprenden sobre la marcha, generando predicciones “mucho más concretas y fiables”.

Más concienciación ciudadana

Durante los días posteriores a catástrofes como las de la Vall d'Aran o València se discute mucho de prevención. Pero expertos en la materia como el geólogo Joan Manuel Vilaplana lamentan que, “aunque ahora todo el mundo tiene la prevención en la boca, dentro de unos meses lo olvidaremos”. Apunta que entre este tipo de eventos hay largos períodos de calma que se deben aprovechar para trabajar.

Apunta que el desarrollo de herramientas técnicas de alerta es importante, pero “debe ir acompañado de concienciación”. Vilaplana echa en falta una buena coordinación de protección civil con las administraciones y responsables políticos y un entrenamiento a la población en zonas de riesgo. “Hagamos más simulacros, como con los incendios, para que la gente sepa qué hacer y, sobre todo qué no hacer, en momentos de riesgo”.

Asegura que las inundaciones y riadas no se van a poder evitar, pero sí se pueden minimizar sus impactos. Por eso, desde el Colegio de Geólogos de Catalunya, apuestan por estudiar las cuencas de los ríos e instalar piscinas o tanques de contención como los que ya existen en ciudades como Barcelona.

Pero para Vilaplana la pregunta más importante es: “¿qué hacemos con el urbanismo?”. El experto apuesta por “deconstruir” ciertos edificios y recolocar los que sean más vulnerables, “aunque la gente ponga mala cara”. El problema es que hay zonas como el Vall d’Aran en las que muchos de sus municipios tienen una proporción importante de viviendas en zona inundable. Desde Les (49,5%), hasta Esterri d’Àneu (89,5%), pasando por Llavorsí o Rialp (38,2%).

“Vivimos en un valle. Las casas están donde pueden estar. En las laderas no podemos construir, así que vivimos con una gran cultura de la prevención y la ayuda mutua”, asegura Cortés. Los vecinos de este pueblo que no llega a los 1.000 habitantes pasaron días quitando barro a paladas, compartiendo víveres y reconstruyendo las calles. “Familias que hacía tiempo que no se hablaban se echaron una mano”.

Tenían un objetivo común, que no solo pasaba por recuperar su pueblo. Menos de 10 días después de la tragedia, Les celebra sus fiestas mayores y el municipio debía estar listo. “Fueron unos festejos extraños, pero los pudimos hacer. Fue el primer paso hacia la normalidad”, rememora el alcalde.  

Tras abandonar Álava por Sobrón, una carretera sinuosa bordea el río Ebro –muy caudaloso en esta época del año– y cruza túneles excavados en la roca. A unos kilómetros, ya en el Valle de Tobalina, un cartel de “Central Nuclear” obliga a poner el intermitente justo antes de llegar a Barcina del Barco, un pueblo de 75 habitantes de la provincia de Burgos. La ruta cambia el asfalto por otra superficie más rugosa y cruza el río por un puente. De frente, ocupando todo un meandro del Ebro y detrás de un cercado con verjas de unos cinco metros de altura, concertinas, cámaras y hasta tres jaulas con perros, se yergue Santa María de Garoña. El dictador Francisco Franco, grabado por el NO-DO, encendió esta planta de generación eléctrica en 1971 –“la más grande de Europa”, se dijo–, que cesó su actividad en 2012 sin que la producción energética española se resintiera, quedó clausurada definitivamente en 2017 y este 2023 ha empezado su desmantelamiento. “El cierre de Garoña es irreversible”, zanja Manuel Ondaro, ingeniero de minas, artífice del proceso de descontaminación de la central José Cabrera de Zurita y ahora al frente del equipo que, desde julio, ha empezado con las complejas tareas para acabar demoliendo la planta burgalesa que tenía tanto apoyo en la comarca donde estaba –a pesar de las pastillas de yoduro potásico almacenadas a montones para posibles emergencias– como oposición en las vecinas tierras vascas.

Santa María de Garoña era propiedad de Nuclenor, una sociedad participada al 50% por Endesa y al 50% por Iberdrola. Ahora se ha transferido a Enresa, una sociedad pública estatal especializada en la gestión de residuos nucleares. Dispone de diez años y de 655 millones de presupuesto –el equivalente a cuatro años y medio de la capacidad de gasto total de la Diputación de Burgos– para extraer con seguridad 2.505 'pilas' de uranio a razón de 270 kilogramos cada una, para desmontar el reactor y las turbinas y, tras otras complejas tareas, para acabar derribando los grandes edificios que han dibujado el 'skyline' del valle en las últimas décadas. Ondaro lidera un equipo de 31 profesionales de Enresa. La medida de la importancia de la operación la da que en Vandellós I fueron seis y, en la José Cabrera de Zurita, quince. Además, 70 trabajadores de Nuclenor se han quedado para esta nueva fase y se calcula en 185 los operarios de “empresas colaboradoras”. Serán casi 300.

Es un proceso de dos fases, una primera de tres años y una segunda de siete. Si todo va bien, este lugar será historia en 2033 y solamente quedará aquí un almacén temporal con los residuos más peligrosos. España no prevé abrir un cementerio nuclear –técnicamente “almacenamiento geológico profundo”– hasta 2073 y ni siquiera baraja una ubicación aún. Los restos menos peligrosos –de radiación muy baja, baja o media– viajarán a El Cabril, en Córdoba. Hay una estimación de que se enviarán allí unas 2.000 toneladas. El resto de materiales no radiactivos, otras 2.000 toneladas, si son reciclables, se reaprovecharán, como los de cualquier industria. Enresa entiende que Nuclenor ha mantenido en “buenas” condiciones las instalaciones durante estos años y facilitado el proceso. Se le devolverá el solar al término del plan.

En España, según datos de Enresa, apenas el 20% del 'mix' energético actual lo aportan las nucleares. De hecho, el consumo máximo ronda los 40.000 ó 45.000 MW/hora cuando la capacidad máxima es de 100.000. Quedan cinco plantas atómicas abiertas, con siete reactores. Son relevantes en el sistema pero no imprescindibles. De hecho, cuando se desconectó Garoña no hubo un apagón. Ni mucho menos. 300 ó 400 aerogeneradores pueden producir los 460 MW/hora de electricidad que tenía como pico máximo de producción esta planta burgalesa.

Zona 1: La entrada

“Bienvenidos a Enresa”, saluda Ondaro a los visitantes a los que, con carácter excepcional, se les han abierto las puertas de Santa María de Garoña. Antes, ya han superado un primer filtro de seguridad. Cualquier externo que cruce el perímetro verá cegadas las cámaras de su teléfono móvil y tendrá que firmar un compromiso de someterse a posibles controles de drogas, superar diferentes barreras y detectores, cambiarse el calzado y recibir un pequeño aparatito. Todo ello se firma con bolígrafos verdes de Enresa. “¿Todos tenéis el dosímetro?”, pregunta alguien. Ese utensilio, hecho en Finlandia, permite ir midiendo las dosis de radiación recibidas. Se chequea en cada zona introduciéndolo en una máquina a la que hay que meter varios códigos y ofrece un número ininteligible para los no iniciados junto al nombre y los dos apellidos del titular. “¿0,04? En un TAC recibes en segundos más dosis que la que he recibido yo en en 40 años trabajando en centrales nucleares. En un avión de Madrid a Nueva York puedes coger 20. Las dosis son bajísimas”, tranquiliza Óscar González, otro de los responsables de Enresa. La visita muestra que en algunos rincones hay un pequeño robot con un semáforo y señales acústicas: si la máquina está encendida, 'respira' el mismo aire que los humanos y avisa de los posibles riesgos.

En el edificio que hace las veces de recepción, donde hay una sala de conferencias y una cafetería, una especie de Atomium bruselense muestra en bolas futuristas de metacrilato maquetas de los pueblos del entorno, como la bella ciudad de Frías. Una placa aplaude la “trayectoria ejemplar” de la central nuclear y una pantalla invita a los vecinos de la comarca a una “merienda” navideña para el 15 de diciembre. Nuclenor se ganó a los vecinos con apoyo a la vida social de la zona. También hay avisos del comité de empresa, que alerta de recortes en los derechos de los trabajadores. En la pared, un póster con unos cervatillos dibujados junto al edificio del reactor reza “Garoña, una apuesta medioambiental”. “Transparencia total. Esto es un retorno a la sociedad”, justifican desde Enresa para explicar la jornada de puertas abiertas que, además, coincide con una inspección de Euratom, agencia europea de control de la energía nuclear. Por aquí pasan habitualmente también el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear español) o la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica).

—¿Hay ciervos?

—Tenemos seis gamos. Hembras la mayoría.

Preguntado por el póster, un guardia de seguridad, con 28 años de experiencia en la instalación y la fe de que nunca ha pasado nada peligroso allí, explica que dentro del complejo hay “muchos” animales. “Pero antes había más, ¿eh?”, apostilla. No hay posibilidad de comparar pero la realidad palmaria es que, en pleno día de Acción de Gracias, decenas –o quizás cientos– de pavos reales, algunos con llamativos plumajes azulados, se arremolinan en el lugar.

Zona 2: el reactor

Para entrar al reactor, apagado ya desde hace más de una década, la seguridad se redobla. Un vestuario permite al visitante cambiarse nuevamente de calzado –el de ahora promete eliminar el 99% de los virus “en apenas seis horas”– y enfundarse un mono negro, un verduguillo, un casco y unas gafas. Un aviso: hay que portar el mínimo de objetos porque, si se cae algo, podría “interferir” con las preceptivas medidas de seguridad. “Cultura de la seguridad”, recalcan los veteranos para recordar la importancia de observar siempre protocolos muy rigurosos. “Tres puntos de apoyo en las escaleras”, se escucha también. Un sistema de esclusas protege la atmósfera del entorno del reactor del resto del edificio. Son capas para evitar posibles fugas. La decoración es antigua, propia de una construcción de hace medio siglo. No hay iluminación natural ni ninguna referencia del exterior. Sin relojes, se pierde la noción del tiempo. Metros y metros de tuberías se entrelazan y todas las portezuelas tienen avisos de peligro. Se trata de zonas de “permanencia limitada”: cuanta menor exposición a la radiación, mucho mejor.

El reactor de Garoña es gemelo del de Fukushima, donde se produjo un accidente tras la actividad sísmica en Japón de 2011. Es de primera generación, el único en España de esas características. Un ascensor conecta los diferentes niveles del edificio. En la planta superior está la piscina que enfría las unidades de uranio, el peligroso pero potentísimo alimento de la central. Se trata de una pileta de 11 metros de profundidad, 14 de largo y 10 de ancho. Bajo cuatro o cinco metros de agua hay halos fluorescentes. “Es el efecto Čerenkov”, razona González, el guía en esta parte de las instalaciones. Se produce cuando las partículas viajan más rápido que la luz. Todas las 'pilas' de uranio, estrechas y alargadas (cuatro metros), empleadas durante cuatro décadas de generación de energía por fisión se enfrían aquí. El nivel de agua de la piscina es crítico. También su temperatura. Estos “elementos”, fabricados por una empresa llamada ENUSA y que tiene su sede en Juzbado (Salamanca), donde también se exporta al extranjero, son especialmente peligrosos durante sus doce primeros años de vida, pero también después durante un largo tiempo que nadie sabe definir. El agua por encima es un aislante portentoso, pero cuando se produjo la fuga en Fukushima llegó el desastre.

Los inspectores de Euratom revisan el lugar antes que los visitantes.

–Es la zona más comprometida.

–¿Qué pasaría si se extrae una de las barras?

–Es lo último que haríamos.

Una de las labores principales del desmantelamiento es precisamente sacar ese material con seguridad. Se van a preparar 49 contenedores. Se ha llenado ya uno con 52 barras y hay cuatro más listos para montar a partir de la segunda quincena de enero. Cada contenedor requiere dos semanas de trabajo y movilizar una grúa de grandes dimensiones que pesa 75 toneladas. Esa caja, que tiene varias capas de seguridad, tiene que ser gestionada con agua y máxima prudencia. Nada puede fallar. Eran 2.505 piezas de uranio y 2.453 siguen en la piscina. Hay mucho trabajo por delante.

Zona 3: la turbina

Del reactor se pasa a la turbina. Son grandes máquinas rotuladas por la casa “General Electric” de color verde militar. “Está contaminada por dentro, porque el vapor de agua iba con uranio”, explica ahora Marta Gómez, que es la jefa de Protección Radiológica. Ello obligará a trabajar con ello con estrictas medidas de seguridad, una vez más. Una simple comprobación con un medidor muestra cómo suben los niveles rápidamente.

El edificio de la turbina tiene cuatro plantas. En la superior están estas piezas más grandes, pero hay más estructura debajo, como calentadores y válvulas, indica Gómez. En la primera fase del desmantelamiento, este espacio se va a convertir en “edificio auxiliar de desmantelamiento”. Es decir, cuando se desmonte la turbina y se vacíe, se irán almacenando allí residuos radiactivos –salvo el uranio– y los “no clasificados” o normales. Se ordenarán, se prepararán con seguridad y, en caso de requerirlo, se irán enviando a Córdoba. En la calle esperan decenas y decenas de bidones numerados para esta misión. “Hay que revisar todo tornillo a tornillo”, bromea su colega González.

Toca abandonar la zona “comprometida”. El calzado se desinfecta con vapor frotándolo en unas máquinas especiales. Después hay que tirar el buzo, los guantes y otras protecciones. Finalmente, cada visitante tiene que encerrarse en una cabina en la que una máquina pide hacer determinados movimientos para sus comprobaciones, no muy explicadas. Los objetos son analizados en otro escáner independiente. “Cinco, cuatro, tres, dos, uno”, se escucha por un altavoz interno dentro de la cabina. “¡Limpio!”, despacha finalmente la voz grabada de una mujer antes de abrir la puerta y permitir la salida.

Zona 4: el ATI

Las siglas ATI, en Garoña, responden a “Almacén Temporal Individualizado”. Es el espacio a cielo abierto de nueva construcción donde se irán colocando los contenedores con el uranio que se saca de la piscina del reactor. Son cilíndricos y blancos y se ubican en vertical. No se parecen en nada a los de la marina mercante. En el suelo, se distinguen losas de dos colores. En las más grises van los contenedores. Esa zona en concreto “está diseñada para que en el caso del peor terremoto” no se derrame el uranio, algo que sería catastrófico.

Ahora se yerguen cinco contenedores en el ATI, rodeado de verjas, avisos y cámaras de videograbación. Uno está lleno –el único que tiene cableado para su monitorización– y cuatro más están listos para ser cargados. Hay espacio pensado para 60, pero con 49 se podrán recoger las 2.505 barras, en principio. Vacíos pesan 60 toneladas y llenos superan las 70. Los inspectores de Euratom pueden acceder a datos y comprobaciones de todos los recipientes. Sabrían en el acto si se han manipulado una vez sellados y España se expondría a una sanción. “Estamos sometidos a reguladores internacionales para que el material nuclear no sea empleado para otros usos”, cuenta Ondaro.

Zona 5: la sala de control

La sala de control es el cerebro de Santa María de Garoña. Es un espacio operativo las 24 horas del día y monitoriza cada movimiento dentro del recinto. Ahora lo gestionan un supervisor, un operador y dos auxiliares. Cuando la central estaba operativa eran el doble: un supervisor, su ayudante, dos operadores y cuatro auxiliares. El espacio tiene unas mesas centrales de trabajo rodeadas por un enorme panel de controles que ocupan varios metros de pared. Es imposible ofrecer una cifra aproximada del número de botones que se pueden pulsar y mucho menos la función de cada uno de ellos. Enresa indica que el 80% de esas conexiones ya están desactivadas. “Se van desconectando poco a poco”, indica Montse Pérez, responsable de Comunicación de la sociedad estatal. De hecho, hay ya paneles enteros tapiados. Eso sí, se han colocado dos monitores nuevos para medir el “nivel y temperatura” de la piscina y hacer seguimiento de los contenedores del exterior.

Cada mesa de trabajo tiene tres teléfonos. Uno, el blanco, permite llamadas al exterior. Otro, el negro, es para comunicaciones internas. El tercero, antiquísimo, es para dar avisos por megafonía. Tiene una palanquita metálica para que ese mensaje llegue alto o muy alto a las personas en el interior de la planta, en función de la gravedad de la comunicación. En realidad, los pasillos de Santa María de Garoña están llenos de viejas cabinas telefónicas que siguen operativas y que ofrecen una comunicación interna ágil y estable. Hay que usar esos teléfonos siempre con guantes.

El desmantelamiento de Garoña es irreversible y desde la segunda mitad de 2024 cogerá velocidad de crucero. Ya no hay decisión administrativa o capricho político de gobernantes de aquí o allá, por muy gallardos que sean en sus declaraciones, que le dé marcha atrás. “Sería más barato hacer una nueva entera que remodelar esto”, coinciden varias fuentes. No se aprecia vértigo en el equipo de Ondaro, como se titulaba la primera canción del disco de U2 'How to dismantle an atomic bomb' que la banda irlandesa lanzó en Estados Unidos un 23 de noviembre (pero de 2004), un día antes en el Reino Unido. Uno, dos, tres: “¡Limpio!”.

El proyecto para el desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es “factible, viable y se puede ejecutar respetando las normas de seguridad”, tal como han comprobado miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una visita realizada este martes a las instalaciones burgalesas.

El presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, ha encabezado la delegación, en la que han participado también los consejeros Francisco Castejón y Elvira Romera, con el objetivo de conocer in situ los trabajos que se van a desarrollar en la primera fase del Proyecto de Desmantelamiento y Clausura de Garoña, ha informado el CSN en nota de prensa.

La delegación ha estado acompañada por el presidente de Enresa, José Luis Navarro; por el director del proyecto de desmantelamiento, Manuel Ondaro; y el director de ingeniería de Enresa, Mariano Navarro, y ha recorrido lugares clave de la instalación como la sala de control, el edificio del reactor y la piscina de combustible.

“Vemos un proyecto factible, viable y, sobre todo, destacamos que se puede ejecutar respetando las normas de seguridad, tanto para los trabajadores, como para la población en general y el Medio Ambiente”, ha afirmado el presidente del CSN.

Además, la delegación ha accedido al edificio de Turbina, que a lo largo de la Fase 1 será reacondicionado como nuevo Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (EAD), así como al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central donde se almacenará el combustible gastado.

“Enresa ha tomado ya el control del emplazamiento y tiene perfectamente planificadas las actuaciones que tiene que realizar para un desmantelamiento adecuado”, ha aseverado Lentijo.

La jornada ha concluido con una reunión en la que se han abordado asuntos relativos al estado actual del Proyecto de Desmantelamiento y Clausura.

En una campaña electoral en pleno mes de julio y tras otros comicios en los que diagnosticaron falta de movilización, el PNV ha convertido los actos vespertinos previos a las generales en “mítines-fiesta”. Así ha sido este jueves en Vitoria, exactamente en el mismo punto en que hace una semana estaba EH Bildu, bajo la Diputación. Antes de acceder al escenario y a las sillas hay que cruzar una zona con hinchables, juegos, “pintxos y txakoli gratis” y un 'dj' que combinaba el 'Feo, fuerte y formal' de Loquillo con éxitos más recientes de Dua Lipa. Dos actrices, “Loli y Amaia”, llevan acompañando a Aitor Esteban desde hace dos semanas bromeando que han “sacrificado” sus vacaciones en Benidorm porque son sus “followers”. Han conseguido hasta que el siempre serio lehendakari, Iñigo Urkullu, ponga “morritos” para un selfi.

-¿Sabes que Aitor habla sioux?

-¿Qué es eso?

-Lo que hablan en Azpeitia.

Después de mostrar algunas palabras en esa lengua nativa americana, que no guipuzcoana, Esteban ha pasado a los discursos políticos en castellano y en euskera (vizcaíno). Diputado desde 2004 es de los pocos oradores que no lleva preparadas de arriba abajo sus intervenciones. “¡Que no nos toquen las narices, vale ya!”, ha clamado para criticar que la izquierda abertzale les acuse de pactar con PP y con Vox. Por el contrario, ha criticado que la coalición soberanista haya anunciado ya su apoyo a Pedro Sánchez sin negociar nada para Euskadi. Los “diputadillos” del PNV sí han sacado réditos de su presencia en las Cortes Generales. Y, ahí sí, ha leído una larga relación de proyectos e infraestructuras, desde Lezo hasta La Puebla de Arganzón pasando por Carranza y Donostia.

Que PNV y EH Bildu compiten por ser la primera fuerza vasca es una obviedad. Esa pugna ha aparecido también en las palabras del presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar. “Todos los días. Copiar y copiar. Han sido el eco del PNV y sus propuestas en esta campaña. Pero, como el eco, respecto al original pierden intensidad y se deforman enseguida. ¡El original es el PNV!”, ha clamado Ortuzar entre aplausos de los asistentes, en su gran mayoría cargos públicos de todas las instituciones. “Plagioa da bide bakarra”, ha ironizado imitando el histórico lema “borroka da bide bakarra”

En Álava, donde el tema ha tenido históricamente una importancia social muy relevante, Ortuzar ha puesto como ejemplo de la eficacia del PNV el proceso de desmantelamiento de Garoña iniciado ahora. Ha contado que el cierre definitivo, acordado en 2017, “se fraguó” en La Moncloa en una reunión entre Mariano Rajoy y el PNV y que el expresidente se la comunicó personalmente con un mensaje de móvil. Incluso ha esgrimido su terminal. “El PNV estuvo de lleno en el cierre de Garoña”, ha enfatizado. De hecho, ése es el titular del mitin que ha ofrecido el propio partido.

“Nunca lo habíamos contado. Mantuvimos nuestra discreción y nuestro perfil bajo”, ha afirmado Ortuzar. Sin embargo, aquel día de verano de hace seis años el PNV indicó por boca del propio Ortuzar que durante “meses” habían “redoblado” su esfuerzo en Madrid “en el marco de la nueva relación” que entonces habían establecido con el PP. Y el líder en Álava, José Antonio Suso, añadió: “El trabajo hecho por el PNV en Madrid ha tenido sus frutos”. Y ha añadido el líder peneuvista que si el PNV “sigue fuerte” en la villa y corte la central nuclear ubicada en Burgos pero muy cerca de la muga “será pasado para siempre” por mucho que Vox quiera reabrirla. No se ha mencionado que en 2022, también en verano, el PNV votó con PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento europeo a favor de incluir la energía nuclear en la denominada “taxonomía verde”.

También ha intervenido Urkullu, quien no participó en la primera parte de la campaña pero que lo está haciendo a diario en esta recta final hacia el 23J. Su alocución ha estado muy pegada a defender capacidad de gestión. Ha indicado que el salario anual vasco es 5.000 euros más alto que la media española. Y ha afirmado que la FP vasca, la RGI, el fondo para las víctimas del amianto y otras políticas sociales de su Ejecutivo son “referencia” para planes posteriores estatales. No es la primera vez que afirma que la medida estrella que abandera Yolanda Díaz, vicepresidenta y candidata de Sumar, fue idea también del PNV. “Propusimos los ERTE”, ha subrayado el lehendakari.

Almudena Otaola, candidata alavesa al Senado, ha destacado el buen resultado de 2019 en la Cámara alta y la confianza de que se puede repetir. Con nueve escaños electos y uno décimo por designación autonómica, el PNV ha tenido diez representantes, solamente superado por PSOE y PP y por delante de Vox, Podemos o Ciudadanos, que se presentaron en medio centenar de circunscripciones y no solamente en tres. Y el aspirante alavés al Congreso, Mikel Legarda, con un tono mucho más institucional, ha leído que el PNV está “a las puertas de ser la primera fuerza” en Álava.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro, ha asegurado que “no es posible técnicamente” revertir el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en alusión a las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre la posibilidad de reabrir la central si Vox llega al Gobierno.

Navarro ha hecho estas declaraciones durante el acto de transferencia de titularidad de Nuclenor a Enresa para acometer la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, en el que también ha participado el director de la planta, Miguel Ángel Cortés.

En este sentido, ha asegurado que el cierre “es inevitable”, ya que “en su componente real” se produjo en diciembre de 2012 y administrativamente se confirmó en agosto de 2017. “Estos son los hechos consumados”, ha advertido.

Al mismo tiempo, Navarro ha asegurado que “sin entrar ni de lejos ni tangencialmente en temas de política energética que no corresponden a Enresa”, el supuesto planteado por García-Gallardo, “no está previsto en ninguna normativa”.

Sin embargo, ha dado su opinión “contundente”, asegurando que “técnicamente” la reapertura de la central, independientemente de quien entre al Gobierno, “no es posible”, ha zanjado.

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC) confía que el desmantelamiento de la central de Garoña, autorizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “suponga una oportunidad de empleo para la zona”.

En concreto, el Miteco ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña mediante una orden ministerial que también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, responsable del desmantelamiento, que tendrá lugar en los próximos días.

El proyecto, informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear, consta de dos fases, abarca hasta 2033, está presupuestado en 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.

En este sentido, el presidente de AMAC, Pedro Sánchez Yebra, ha señalado en una nota que espera que esta operación de desmantelamiento “suponga una oportunidad de empleo para la zona y que se priorice la contratación de empresas y personas de los municipios afectados por el cierre en el proceso de desmantelamiento”.

La central de Santa María de Garoña, con una potencia instalada de 466 MW, está situada en el Valle de Tobalina (Burgos), se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014.

Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El Miteco, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.

En mayo de 2021, el Miteco, la Junta de Castilla y León; el Gobierno Vasco y los municipios -por medio de la FEMP y AMAC-, firmaron el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, los municipios de AMAC beneficiarios en la zona de Garoña son: Valle de Tobalina, Partido de la Sierra en Tobalina, Frías, Pancorbo, Santa Gadea del Cid, Encío, Cascajares de Bureba y Lantarón.

Los proyectos que se van a desarrollar son de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental y de gestión de biomasa; además, se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos.

Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.

El presidente de AMAC confía en que estos proyectos impulsados gracias al apoyo del convenio de Transición Justa “permitan mitigar en la medida de lo posible los efectos derivados del cierre de la instalación en los pueblos de la zona, generando nuevas oportunidades de empleo y actividad que garanticen el desarrollo a futuro de estos pueblos”.

Asimismo, ha reiterado el agradecimiento realizado en su día al Miteco por contar con la Asociación, como representante de la población de la zona, como un actor más en el diseño y estrategia de planes de desarrollo para parte de sus municipios integrantes y que serán esenciales para el futuro de los mismos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. La orden también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor (empresa conjunta de Iberdrola y Endesa) a Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares que será responsable del desmantelamiento.

La previsión es que los trabajos empiecen en los próximos días. El Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente sobre el desmantelamiento el pasado mayo. El desmantelamiento costará 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea y se alargará hasta 2033.

Esta central está situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que la empresa de Iberdrola y Endesa presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Fases

En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

En la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para concluir con la restauración del emplazamiento.

La gestión del combustible ha sido un tema polémico ya que las propietarias de la central, Iberdrola y Endesa, cerraron unilateralmente hace una década dejando en su piscina todo el combustible. Transición Ecológica tuvo que poner en marcha un nuevo reglamento sobre instalaciones radiactivas para que no se volvieran a repetir situaciones así. 

De hecho, el Plan General de Residuos Radiactivos, cuya aprobación fue en 2006, prevé que el desmantelamiento de una central nuclear se tenga que empezar tres años después de la parada definitiva.

Garoña se desconectó de la red en diciembre de 2012 por decisión unilateral de su propietaria, Nuclenor, sociedad conjunta de Endesa e Iberdrola, lo que le valió una multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que confirmó el Tribunal Supremo a finales de 2018.

Las mayores eléctricas estaban enfrentadas entonces al Gobierno del PP por los impuestos al sector que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Trataron de presionar usando como moneda de cambio el futuro de esa pequeña central, de solo 466 megavatios (MW) de potencia. Tras desconectarla, llegaron a plantear que volviera a operar hasta 2031, cumplidos 60 años. Hasta el último momento, el gobierno de entonces intentó frenar su cierre, pero mantuvo los impuestos a las eléctricas. Finalmente se dio por vencido en 2017. 

En Garoña hay 2.245 elementos de combustible gastado, 440 toneladas de uranio. De ellos, hay 14 “clasificados preliminarmente como dañados”, según el CSN, porque “presentan falta de estanqueidad” y van a requerir de un nuevo tipo específico de contenedor, según la última revisión del plan de gestión del combustible gastado de la central de principios de este año.

Una vez descartada la opción de un almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos, hace unos días los máximos responsables de Enresa y el CSN pedían que una ley blinde el futuro AGP para que su ubicación se elija con el máximo consenso.

Revitalización de la zona

El Ministerio colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales para revitalizar la zona. Los proyectos abarcan el ámbito sociosanitario, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa.

Según el Ministerio se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona. 

El coste del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) asciende a 475 millones de euros, según la estimación del Gobierno.

Ese sería el coste, según ha manifestado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a Vox al respecto, tras la publicación en un medio de comunicación de esa provincia que el coste del desmantelamiento ascenderá a 600 millones de euros.

Así, el Ejecutivo responde que de acuerdo con la información facilitada por Enresa, la Empresa Estatal de Residuos, el coste estimado del desmantelamiento asciende a 475 millones de euros en 2023, un presupuesto que incluye las actividades desde la transferencia de la titularidad e inicio de las obras de desmantelamiento hasta la declaración de clausura.

El pasado 17 de mayo el Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente la solicitud de cambio de titularidad de Nuclenor (la empresa propietaria hasta la fecha) a Enresa así como para iniciar --con límites y condiciones-- la primera fase del desmantelamiento de la central burgalesa. Asimismo, el organismo regulador informó favorablemente el correspondiente plan de protección física, presentadas por Enresa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd).

Igualmente, el pleno del CSN autorizó a Enresa a constituir un nuevo servicio de protección radiológica específico para la central, así como el traslado del combustible gastado de la piscina al Almacén Temporal Individualizado de combustible gastado (ATI) en contenedores metálicos de doble propósito (almacenamiento y transporte) así como el desmantelamiento de equipos y componentes del Edificio de Turbina, para su acondicionamiento como Edificio Auxiliar para la siguiente fase del Desmantelamiento (EAD).

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente, con límites y condiciones, las solicitudes de autorización del cambio de titularidad de Nuclenor a Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), así como la correspondiente al Plan de protección física, presentadas por Enresa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, el Pleno del CSN ha autorizado a Enresa la solicitud de constitución de un nuevo Servicio de Protección Radiológica específico para la central, según un comunicado del consejo, recogido por Europa Press. En la evaluación de estas solicitudes han intervenido de forma coordinada más de 15 áreas del CSN.

Las actividades que son objeto de estas autorizaciones son el traslado del combustible gastado de la piscina al Almacén Temporal Individualizado de combustible gastado (ATI) en contenedores metálicos de doble propósito (almacenamiento y transporte) así como el desmantelamiento de equipos y componentes del Edificio de Turbina, para su acondicionamiento como Edificio Auxiliar para la siguiente fase del Desmantelamiento (EAD).

Asimismo, el CSN podrá remitir directamente al titular instrucciones técnicas complementarias para garantizar el mantenimiento de las condiciones y requisitos de seguridad de la instalación y para el mejor cumplimiento de los requisitos establecidos en la autorización, de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 6 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emita, en su caso, las autorizaciones para proceder a la primera fase del desmantelamiento y el cambio de titularidad a Enresa de la central, el Consejo de Seguridad Nuclear publicará instrucciones técnicas reglamentarias para precisar y detallar los requisitos que desarrollen esas autorizaciones en lo referente a la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación.

Antecedentes

La central nuclear Santa María de Garoña está situada en la mancomunidad de municipios de Valle de Tobalina, en el margen izquierdo del rio Ebro.

Esta instalación se encuentra en situación de cese definitivo una vez que el 3 agosto de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), por la que se denegó la solicitud de renovación de la autorización de explotación.

La instalación contaba con un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición, del tipo BWR-3, y recinto de contención del tipo Mark-1, suministrado por la empresa norteamericana General Electric Company.

Previamente, en 2013 (mediante la Orden IET/1302/2013) se declaró el cese de la explotación de esta instalación, que no ha vuelto a estar en operación desde el 16 de diciembre de 2012, cuando el titular efectuó una parada programada y la descarga de los elementos combustibles del núcleo del reactor a la piscina de almacenamiento de combustible gastado. Desde entonces, el titular ha vuelto a analizar los sistemas necesarios para mantener las funciones de seguridad requeridas en la situación de cese definitivo.

En verano de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica emitió la Resolución correspondiente a la autorización de la modificación de diseño para la puesta en servicio del Almacén Temporal Individualizado de combustible gastado (ATI) previo informe favorable del CSN.

El Gobierno no quiere que se repita la experiencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que sus propietarias, Iberdrola y Endesa, cerraron unilateralmente hace una década dejando en su piscina todo el combustible y endosando el problema de su gestión a la empresa pública Enresa.

A falta de cinco años para el arranque del apagón nuclear progresivo pactado en marzo de 2019 con las eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a consulta un nuevo reglamento sobre instalaciones radiactivas que sustituirá al vigente, de 1999.

El texto transpone parcialmente la normativa europea en esta materia y, además, en él “se detallan más las condiciones previas al inicio de un desmantelamiento para garantizar que, salvo situaciones excepcionales justificadas, Enresa pueda iniciar las labores encomendadas sin que haya combustible en el reactor o en las piscinas de almacenamiento”, explica el departamento de Teresa Ribera.

El nuevo texto, a consulta pública hasta este martes, trata en suma de que no se reedite la historia de la central burgalesa. En Garoña, por “circunstancias particulares”, como señala el nuevo plan de residuos radiactivos que prevé aprobar el Gobierno próximamente, “no ha sido posible planificar su desmantelamiento ni las actividades preparatorias durante la etapa final de operación”.

Según fuentes gubernamentales, el nuevo reglamento persigue “evitar que se reproduzca lo que ha sucedido con Garoña, donde Enresa se tiene que hacer cargo de la central con combustible en la piscina”, cuando el cometido de esta empresa pública es desmantelarla y gestionar el almacenamiento de sus residuos en condiciones de seguridad.

El reglamento vigente ya especifica que el titular de una nuclear, antes de la concesión de la autorización de desmantelamiento, debe “haber descargado el combustible del reactor y de las piscinas de almacenamiento”, cosa que no ocurrió con Garoña y sí con la otra nuclear clausurada en las últimas décadas, la de Zorita, que era propiedad de la antigua Unión Fenosa (la actual Naturgy) y cerró en 2006.

Si no se ha descargado el combustible, la norma vigente dice que el titular debe disponer de un plan de gestión del combustible gastado aprobado por el ministerio, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el caso de Garoña, este organismo no ha dado su visto bueno a ese plan hasta este año.

Nuevo artículo

El nuevo reglamento incluye un nuevo artículo sobre “Condiciones previas a la concesión de la autorización de desmantelamiento de centrales nucleares”.

En él se aclara que el titular “deberá haber acondicionado los residuos radiactivos generados durante la explotación”, como ahora, “o, en su caso, haber establecido los acuerdos oportunos con el futuro titular de la autorización de desmantelamiento”, Enresa.

“Adicionalmente, deberá haber descargado el combustible nuclear del reactor y de las piscinas de almacenamiento”. “Con carácter excepcional”, el Gobierno puede eximir de esta obligación. Pero con condiciones: se deberá aportar un estudio justificativo “de la necesidad de que el desmantelamiento se inicie sin que se haya descargado el combustible gastado de la piscina de almacenamiento, en el que se detallen las circunstancias excepcionales que concurren”; una memoria “que detalle la asignación de responsabilidades”; un estudio económico comparativo entre esta alternativa y la de sacar los residuos; y un calendario de actuaciones.

Garoña se desconectó de la red en diciembre de 2012 por decisión unilateral de su propietaria, Nuclenor, sociedad conjunta de Endesa e Iberdrola, lo que le valió una multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que confirmó el Tribunal Supremo a finales de 2018.

Las mayores eléctricas estaban enfrentadas entonces al Gobierno del PP por los impuestos al sector que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Trataron de presionar usando como moneda de cambio el futuro de esa pequeña central, de solo 466 megavatios (MW) de potencia. Tras desconectarla, llegaron a plantear que volviera a operar hasta 2031, cumplidos 60 años. Hasta el último momento, el gobierno de entonces intentó frenar su cierre, pero mantuvo los impuestos a las eléctricas. Finalmente se dio por vencido en 2017. 

Según fuentes gubernamentales, “si se hubiera esperado a que Garoña vaciara la piscina, el comienzo del desmantelamiento se habría retrasado, con la consiguiente pérdida del personal de Nuclenor y del empleo asociado al desmantelamiento” y a las actuaciones para revitalizar la actividad económica en la zona mediante las denominadas políticas de transición justa.

Dos fases

El cierre precipitado de Garoña obligó a Enresa a diseñar el desmantelamiento en dos fases. La primera, que todavía no ha empezado (la actual se denomina “de transición”), consiste en sacar el combustible de la piscina y cargarlo en contenedores metálicos de doble propósito para su posterior traslado al almacén temporal individualizado (ATI) construido por Enresa en 2018.

En paralelo, empezará a realizarse el desmantelamiento de equipos y componentes del edificio de turbina. Y en la segunda fase, se desmantelará el edificio del reactor, incluida la piscina de combustible.

Ante la experiencia de Garoña, el nuevo plan de residuos apuesta por “asegurar un tiempo suficiente”, de “al menos” tres años“, antes de que las nucleares dejen de operar, ”para diseñar y planificar adecuadamente el desmantelamiento teniendo en cuenta los plazos de evaluación del CSN, e iniciar las actividades relativas al vaciado de piscinas“ que se utilizan para enfriar el combustible gastado. 

Eso fue imposible con Garoña. Casi todos sus residuos están todavía en su piscina y solo este año Enresa ha podido empezar a trasladarlos al ATI. El primer contenedor de residuos, fabricado por la compañía española Ensa, y con una altura de 4,85 metros, 2,1 metros de diámetro y un peso (una vez cargado) de 71 toneladas, se almacenó en el ATI el pasado verano. Las operaciones, dirigidas por Nuclenor, todavía hoy titular de la planta, requirieron de más de 160 horas para preparar el contenedor, trasladarlo a la piscina, cargar los primeros 52 elementos de combustible gastado, extraerlos y trasladarlos al ATI.

Tras la carga y traslado de los otros cuatro contenedores que hay disponibles, ya durante la primera fase del desmantelamiento y con la central bajo la titularidad de Enresa (se espera que el traspaso se materialice en 2023) se sacará el combustible que queda en la piscina con otros 44 contenedores en proceso de fabricación.

En total hay en Garoña 2.245 elementos de combustible gastado, 440 toneladas de uranio. De ellos, hay 14 “clasificados preliminarmente como dañados”, según el CSN, porque “presentan falta de estanqueidad” y van a requerir de un nuevo tipo específico de contenedor, según la última revisión del plan de gestión del combustible gastado de la central de principios de este año.

Las operaciones de carga de todos los contenedores y el vaciado de la piscina se prolongarán hasta finales de 2025 si no hay retrasos. En la segunda fase, con siete años de duración, se desmantelará el reactor y el resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo con las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.

Con el ATI de Garoña convertido en el futuro en un almacén temporal descentralizado (ATD), los residuos permanecerán allí durante cerca de medio siglo hasta que esté en funcionamiento la solución definitiva para enterrarlos a medio kilómetro de profundidad, el futuro almacenamiento geológico profundo (AGP).

Una vez descartada la opción de un almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos, hace unos días los máximos responsables de Enresa y el CSN pedían que una ley blinde el futuro AGP para que su ubicación se elija con el máximo consenso.

La primera fase del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, en Burgos, comenzará en marzo de 2023. Esa es al menos la fecha que manejan tanto ENRESA, la empresa nacional de gestión de los residuos radiactivos en nuestro país, como el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Este jueves representantes tanto de ENRESA como del regulador nuclear español participaban en una jornada informativa sobre la seguridad y la protección radiológica en Trillo (Guadalajara), dentro de una ronda informativa nacional dirigida a los alcaldes -y en general a la población- de los municipios de las áreas de influencia de las centrales nucleares, organizada por el CSN en colaboración con la Asociación de Municipios con Centrales Nucleares (AMAC).

Allí, y a preguntas de elDiarioclm, Francisco Castejón, consejero del CSN, se refirió a la central nuclear de Garoña. Será la siguiente tras la primera fase de desmantelamiento iniciada en Vandellós I - la segunda está prevista para 2030- y del desmontaje que arrancó en 2010 en la central ‘José Cabrera’ de Almonacid de Zorita (Guadalajara) cuya clausura total está prevista para 2024.

En marzo de 2023, el CSN “estará en posición de aprobar el plan de gestión relativo al acondicionamiento de residuos y hacer la transferencia de la titularidad de Nuclenor, la propietaria, a ENRESA para iniciar el desmantelamiento”, explicaba Francisco Castejón.

El proceso se hará por fases y será muy diferente a cómo se ha actuado en Zorita. “En la ‘José Cabrera’ será más sencillo. La propietaria, Unión Fenosa, fue la encargada de sacar el combustible y trasladarlo hasta el Almacén Temporal Individual (ATI)”. Pero en Garoña lo hará ENRESA. “En un desmantelamiento ordinario suele hacerlo la empresa titular y suele durar unos tres años”.

¿Qué implica sacar el combustible de la central nuclear? Por un lado, los residuos de media y baja actividad, los menos peligrosos, se pasan a barriles asegurando la protección radiológica. Después, los de alta actividad, se sacan de la ‘piscina’ -el sistema común de almacenamiento del combustible gastado del reactor- para ser trasladados al ATI.

“En Garoña no será así porque el reglamento permite una alternativa que pasa por someter al Consejo de Seguridad Nuclear un plan de gestión del combustible gastado. Es lo que ha hecho ENRESA. Asumirá la titularidad con el combustible todavía en la piscina porque una central de agua en ebullición como Garoña tiene más residuos de media y baja actividad que una central con agua a presión”.

Se requiere un tratamiento diferente. “Se ha propuesto ir sacando los residuos y usar el edificio de la turbina como una especie de taller general para acondicionar los residuos. Es factible y es lógico porque ahorra tiempo”. 

El 'no' mayoritario del CSN a reforzar la seguridad en Vandellós II: “Me he quedado en minoría”

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pedirá por carta a los propietarios de la central nuclear Vandellòs que instalen filtros HEPA en siete salas de las instalaciones en las que se manipular residuos radiactivos.

Y lo hará sin atender al voto particular planteado por uno de los consejeros del organismo regulador español, Francisco Castejón, que advirtió que una carta no es el sistema más adecuado para dirigirse a Endesa e Iberdrola, las propietarias de la central, y que ese tipo de filtros no son suficientes.

El antecedente de su postura está, según ha explicado durante la jornada celebrada en Trillo, en el incidente de liberación de partículas en la central nuclear de Ascó en abril de 2008, tras el que se requirió a todo el parque nuclear español revisar la filtración en los sistemas de ventilación de los edificios de las centrales nucleares para comprobar el riesgo de emisiones al exterior.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) relacionó la procedencia de estas partículas con las maniobras realizadas el 26 de noviembre de 2007, al finalizar la recarga, para el vaciado y limpieza del canal de transferencia de combustible.

La central nuclear de Vandellòs II tiene un reactor Westinghouse. Francisco Castejón recuerda que la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de Estados Unidos, el regulador nuclear de aquel país [los reactores Westinghouse de la nuclear de Vandellòs II son americanos], así lo exige“, lamenta el consejero. Pero en España, eso no se aplicará a esta central.

“Todos los reactores nucleares Westinghouse han puesto filtración completa en las salas donde se manipulen residuos radiactivos. Aunque no sean importantes para la seguridad, se están manipulando y resulta que Vandellòs II no tiene este tipo de filtros”, explica.

El consejero detalla que el Consejo de Seguridad Nuclear elaboró una instrucción complementaria en 2021 para pedir a la empresa propietaria de Vandellòs II la instalación de filtros en las siete salas en las que se manipulan residuos. “El cuerpo técnico nos comunicó que se dirigirían a los propietarios de la central por carta para comunicarles que debían poner simplemente filtros EPA. Y yo hice un voto particular por esta razón”.

Y es que, afirma, “una carta no es el medio adecuado para requerir nada porque el titular la recibe y no tiene ninguna obligación. No. Hay que enviar una instrucción técnica con un mecanismo regulador obligatorio”.

Por otro lado, añade, “en dos de las siete salas se manejan yodos radiactivos. Un filtro HEPA no los detiene y pedí instalar filtros además filtros de carbón activo que sí lo hacen. Me quedé en minoría. Sigo pensando que es absolutamente sensato, aunque sea más caro. Ya que te pones, ponlos completos”.

La central nuclear Vandellòs está situada en el término municipal de L`Hospitalet del Infant, a orillas del mar Mediterráneo. Funciona mediante un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera a presión, suministrado por la empresa norteamericana Westinghouse. Vandellòs inició su actividad el 8 de marzo de 1988 y tiene concedida la renovación de la autorización de explotación hasta el 27 de julio de 2030.

El proceso de cierre de las centrales nucleares en España ha hecho sonar la voz de alarma entre los alcaldes de los municipios en la zona de influencia - un radio de 20 kilómetros- de este tipo de instalaciones. Han venido recibiendo importantes compensaciones económicas por albergarlas en sus términos municipales. Pero eso se acaba.

Beatriz Sánchez Cruz es alcaldesa de Almonacid de Zorita, en Guadalajara. En su término municipal se encuentra lo que queda de la central nuclear ‘José Cabrera’, la primera de España en desmantelarse por completo, después de que Vandellós I, en Tarragona, se desmontase solo en parte.  

Las ayudas para compensar el cierre de la nuclear no terminan ni de llegar, ni de concretarse, según la alcaldesa. “Primero las elecciones en 2019 y luego la pandemia lo han paralizado, pero siempre hay una excusa”, lamenta.

En 2005, un año antes del fin de la actividad de la nuclear a esta comarca de Guadalajara se le prometió un plan alternativo de desarrollo económico. El entonces consejero de Industria y Tecnología José Manuel Díaz-Salazar presentaba a los alcaldes un borrador del llamado ‘Plan de Desarrollo para la zona de influencia de la central nuclear José Cabrera’. Se vendió como “una alternativa para el mantenimiento de la actividad, el empleo y el desarrollo de la zona una vez se termine la actividad de la central”.

Pero era solo un borrador y se abrió un periodo de debate para buscar un documento “consensuado”. En sus ejes estratégicos se incluyó la agricultura, la industria y los servicios “con el objetivo último dar a la población la oportunidad de encontrar empleo y oportunidades en sus municipios”.

La Junta pidió también la implicación del Gobierno central, de la Unión Europea y de la empresa propietaria de la nuclear para financiar el plan, pero 17 años después no se sabe nada.

En diciembre de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó una convocatoria de ayudas para apoyar infraestructuras municipales en zonas de ‘Transición Justa’, dotada con 91 millones de euros que se recibió como agua de mayo. Las beneficiarias eran las centrales nucleares de Zorita (Guadalajara) -con 18 municipios en su área de afección- y Garoña, en Burgos, que será la siguiente en desmantelarse.

Ahora, con la central nuclear convertida en un solar y a la espera de su clausura definitiva en 2024, la alcaldesa de Almonacid de Zorita muestra sus dudas ante el futuro. “Hemos sido los primeros y Almonacid es un ejemplo para lo bueno, pero también para lo malo”, asegura. Y entre lo ‘malo’, dice, está la incertidumbre sobre el futuro económico.

Cuando en 2010 se inició el desmantelamiento de la central nuclear Almonacid de Zorita tenía 810 habitantes. Ha ido perdiendo población y en la actualidad no llega a los 700. Es un pequeño municipio en una de las zonas más despobladas del país, pero tiene biblioteca, ludoteca, guardería, centro juvenil, varios centros culturales, polideportivo cubierto, pista de pádel, frontón, tenis y piscina municipal, además de un centro para emprendedores. El dinero de la nuclear ha permitido a la zona vivir holgadamente. Lo cuentan sin complejos los vecinos. “Hay familias en las que con trabajar solo uno de sus miembros bastaba”, comentan.

"Con el cierre de Zorita, los servicios que antes eran gratuitos quizá no puedan mantenerse"

Beatriz Sánchez — Alcaldesa de Almonacid de Zorita

Ahora, reconoce la alcaldesa, las cuentas municipales son otras. Se ha pasado de un presupuesto de 6,2 millones de euros en 2010 a la mitad el pasado año. “Mucha gente se ha tenido que marchar. Fue un hándicap centrarse tanto en la central nuclear. Ahora el mayor foco económico que tenemos es una residencia de mayores. No tenemos industrias ni empresas y las ayudas no han sido las que esperábamos”.

Así que la edil dice que sin un plan económico alternativo no será lo mismo. “Tenemos claro que la vaca ya no da leche. Los servicios que antes eran gratuitos quizá no puedan mantenerse. Tenemos magníficas instalaciones, pero cuesta mucho mantenerlas”, advierte, y el colchón económico ya no da para tanto.

“Estoy harta de escuchar hablar de despoblación y envejecimiento en los despachos. Hay que ser más realistas. Sentarse con los ciudadanos y escuchar sus necesidades”.  Lamenta el retraso en dar soluciones a la comarca. “Se tenía que haber previsto antes, mucho antes”, critica, pero también entona el 'mea culpa' (y la de los otros municipios). “No echo balones fuera: nosotros también tenemos que luchar por nuestro pueblo. Y vamos un poco tarde”, asegura.

En Almonacid de Zorita ha quedado el Almacén Temporal Individualizado (ATI) con los residuos radiactivos de alta actividad que generó la central. El resto, los de media y baja actividad, se envían a El Cabril, en Córdoba. Un destino que también tendrán los de Garoña, en Burgos -su desmantelamiento comenzará en marzo de 2023- y entonces no habrá sitio para más, reconoce Paco Castejón, consejero en el regulador atómico de España, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). “Habrá que ampliarlo”, dice, pero para ese proyecto la fecha que se baraja es 2028. “No sé cuándo ENRESA enviará el proyecto de ampliación”.

El lugar que ocupaba la nuclear está siendo sometido a vigilancia radiológica por parte del ENRESA. Ese trabajo concluirá en 2023 y deberá presentar un informe final al Consejo de Seguridad Nuclear. Si todo es correcto, habrá una declaración oficial de clausura, no antes de 2024.

Las dudas de los alcaldes del entorno de Trillo tras el cierre de Zorita

El regulador atómico ha organizado este jueves una jornada en Trillo, la segunda localidad de Guadalajara que alberga una central nuclear “para reforzar la información a la población sobre temas relacionados con seguridad nuclear y protección radiológica”.

Alcaldes, asociaciones vecinales, representantes de la patronal CEOE y de ENRESA, la empresa responsable de la gestión de los residuos radiactivos, han asistido al encuentro, el último de una ronda nacional que concluirá el próximo mes en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear, en Madrid.

“Allí hablaremos de una herramienta que está desaprovechada y que son los comités locales de información”, explicaba el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez. “Uno de los grandes enemigos de la energía nuclear ha sido la falta de información y sobre todo la desinformación”, aseguraba Paco Castejón.

Pero mientras tanto y a pesar del esfuerzo informativo, los alcaldes siguen hablando precisamente de “falta de información”. Sobre todo en lo económico. “La sensación es de desamparo. No sabemos qué va a pasar con las ayudas”, dice la alcaldesa de Almonacid. Y no es la única. Varios alcaldes expresaban este jueves sus dudas. No solo los que están en el entorno de Zorita, sino los de los pueblos situados en un radio de 20 kilómetros de la nuclear de Trillo, la segunda central que alberga Guadalajara.

Algunos, como el edil de Solanillos del Extremo, Julio Santos, no tiene demasiado claro el futuro en su pueblo después de ver lo que está pasando con los afectados por el cierre de Zorita. En ambos puntos de la provincia de Guadalajara van a quedar residuos radiactivos porque no hay a dónde enviarlos. Este alcalde se pregunta tanto por la seguridad radiológica como por las ayudas por albergarlos. Unas compensaciones que, temen, van a estar lejos de las que ahora se perciben.

La central nuclear de Trillo renovará su licencia para seguir operando en noviembre de 2024. Después seguirá funcionando al menos hasta 2035, cuando está previsto su cierre y desmantelamiento. Será la última en hacerlo en nuestro país si no cambia el calendario del Gobierno.

A la cuestión de la seguridad tras el cierre de las nucleares también se refiere también el presidente de AMAC. “Lo contemplamos con preocupación. Los planes de emergencia han dependido hasta ahora directamente del Ministerio del Interior, de Protección Civil. Pero en el caso Zorita, solo queda el ATI y la seguridad pasa a ser competencia autonómica. Los medios serán los adecuados, no lo dudamos, pero hay incertidumbre”, añade el también alcalde de Yebra, muy cerca de la central desmantelada.

La transferencia de competencias en seguridad al Gobierno de Castilla-La Mancha está avanzada, avanza Sánchez. “El CSN ha emitido un informe con la probabilidad de accidentes y es menor. Entrará próximamente en funcionamiento”. De hecho, el pasado 7 de octubre el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba la revisión del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico en Castilla-La Mancha (RADIOCAM), que incluye como novedad la gestión de respuesta de las emergencias derivadas de la nuclear ‘José Cabrera’.

¿ATI, ATC, AGP? Las siglas del futuro de la basura nuclear

En Guadalajara también hay dudas sobre el futuro de los residuos radiactivos. El VII Plan General todavía no tiene luz verde. No está claro qué se va hacer con la basura nuclear que hoy se reparte entre las piscinas de las centrales nucleares y sus almacenes temporales individuales (ATI). Y los que de forma también temporal guarda Francia, previo pago de España.

“El plan plantea varias opciones. Hasta cinco. Desde no hacer nada hasta un Almacén Geológico Profundo (AGP) y en estos dos casos, es un disparate”, opina el presidente de AMAC. “En el caso del AGP es que la fecha que se propone en 2073”, lamenta y apuesta por acortar plazos para que esté listo en 2040. Sería la solución definitiva para los residuos. Otra cosa es dónde colocarlo.

“Estamos hablando desde 2004 sobre un Almacén Temporal Centralizado, ATC, pero ya no estamos en la misma situación que entonces. Mantengamos los ATI y vayamos hacia el AGP. Evitaríamos construir el ATC que sería una inversión fuerte y no deja de ser un parche”, reclama Juan Pedro Sánchez.

Confía en que España se mire en el espejo y la experiencia de los almacenes geológicos de Suecia o Finlandia, pero no se muestra optimista con que el proceso sea rápido. Ni por la experiencia con el ATC ni por “la cercanía de las elecciones. No ayudan, lo contaminan todo porque se utiliza de arma arrojadiza. Será un año complicado”.

“El Consejo de Seguridad Nuclear no puede ni debe elegir entre posibles opciones”, matizaba Paco Castejón, preguntado por la misma cuestión. El consejero del CSN se limitaba a pedir que “se haga con seguridad y que se elija bien el emplazamiento”.

Segundo pleno del curso en las Cortes de Castilla y León con las políticas energéticas y la central de Santa María de Garoña como protagonistas de esta sesión. El secretario autonómico del PSCyL, Luis Tudanca preguntaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que diese a conocer su agenda en este tema. “¿Qué política energética tiene la Junta de Castilla y León?”, ha interpelado el líder socialista.

Para Mañueco, gracias a las políticas de su gobierno, Castilla y León es líder “en energías renovables en toda España”, se produce “más del doble” de energía de la que se consume y “somos solidarios” exportando ese excedente de energía. A su vez, ha despachado su turno acusando al PSOE de que su posición es la “quitarse las corbatas, el cierre de la luz de los escaparates y el cierre de minas térmicas y nucleares”.

El líder socialista, en su réplica, le ha instado a precisar más en la política energética de la Junta y en concentro sobre Garoña, al entender que hay varias posturas: la del senador autonómico y excalde de Vitoria, Javier Maroto, “que presumía de su cierre”; la del portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que hace unas semanas descartaba esta central por alargar la vida útil de las que ya estaban en funcionamiento; o las de vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, muy firme en que la solución pasa por recuperar esta instalación. Ante estas opciones, Tudanca ha sentenciado: “no tiene posición”.

El portavoz del Grupo Socialista ha ironizado con que “ahora quieren abrir Garoña como si fuera los Simpson y la central nuclear de Springfield” y ha acusado al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ordenar el cierre de la central. Mañueco le ha devuelto el golpe apuntando que fueron otro expresidente, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, y la actual ministra, Teresa Ribera, los culpables del fin de Garoña, las térmicas y la minería de carbón.

El presidente de la Junta ha acusado a Sánchez de “copiar” las propuestas energéticas y solo ve acierto cuando el PSOE “rectifica”. Además, ha salido ante las críticas de no tener una estrategia energética de Tudanca apuntando que es el Gobierno quien es incapaz de dar solución y carece de un plan. Para Mañueco, Tudanca está siempre está en contra de Castilla y León y le ha recordado la postura de los socialistas extremeños a favor de mantener la central nuclear de Almaraz.

El intercambio de palabras se completaba por parte del líder de la oposición recordando que, gracias a que el Gobierno de Sánchez haya bajado el IVA del gas y de la luz, “un millón de hogares” de la Comunidad se van a ahorrar “180 millones” frente al “regalo a los ricos” que supuso la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones de la que se beneficiaron “14.000 personas” por valor de 133 millones de euros. Ante la reiterada defensa de Mañueco del liderazgo en renovables, Tudanca ha ironizado con que “son líderes en corrupción” en este tipo de energía debido a los casos de la trama solar y la trama eólica.

Unidas Podemos pregunta por el coste del informe de viabilidad de Garoña

El segundo debate sobre política energética y la reapertura de Garoña lo han protagonizado Pablo Fernández, de Unidas Podemos, y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. El procurador ha instado al número 'dos' de Mañueco a dar a conocer más detalles del estudio de viabilidad sobre la central nuclear. El representante de Vox, lejos de aprovechar la oportunidad para detallar el futuro pliego y convencer con su intervención, ha despachado su primera intervención para asegurar que va a costar “menos del 0,1% del despilfarro anual del Ministerio de Igualdad”.

Esta respuesta, que ha supuesto las carcajadas de procuradores, como las del portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha propiciado que Fernández mostrase su sorpresa ante la falta de respuesta que esperaba. “Ha pasado de Masterchef a Pasapalabra”, ha asegurado.

Fernández ha tildado de “deplorable” que se vaya a destinar “un sólo céntimo de dinero público” para la de viabilidad de Garoña y ha apuntado que “el dinero público no está para que se lucre de él una empresa privada”. Asimismo, también ha puesto en duda la limpieza del proceso de adjudicación del informe al augurar que “acabará en manos de una empresa vinculada a Vox”, algo de lo que también responsabilizó al PP por postrarse a la ultraderecha para “seguir en la poltrona”.

El procurador de Unidas Podemos ha vuelto a incidir en el propósito de su pregunta y ha recordado al vicepresidente que la empresa propietaria, Nuclenor, “ha descartado por completo” en varias ocasiones su negativa a abrir Garoña. Ante esto, García-Gallardo ha afirmado que en su visita a la central se reunió con el presidente y el director general de la compañía y ha sugerido que no cierran la puerta a la reapertura. Esta reunión no fue confirmada, pese a las preguntas de los periodistas, por el portavoz de la Junta, quien, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del pasado jueves solo afinó a decir: “Tienen que ser los propietarios los que decidan”.

García-Gallardo ha señalado que las competencias para la reapertura -Fernández le ha apuntado que dependen del Gobierno central y el Consejo de Seguridad Nuclear, entre otros organismos- son de la Junta al considerarlo un proyecto de gran interés industrial para esta zona de Burgos.

El vicepresidente no ha tenido reparos en volver a cargar contra el Ministerio de Igualdad para defender su posición. En su alocución, el representante de Vox ha cargado contra la líder de Podemos al asegurar que la energía nuclear es más barata, más segura que las renovables. Según García-Gallardo: “Tiene más radiación Irene Montero viajando con sus amigas a Nueva York que un trabajador de Nuclenor en Garoña durante un año”.

En Castilla y León, Vox -que forma parte del Gobierno autonómico- ha registrado una iniciativa para instar al Estado a analizar la “viabilidad” de una posible “reapertura y puesta en funcionamiento” de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el valle de Tobalina, una localidad al norte de la provincia de Burgos, muy cerca de Álava. Este reactor, inaugurado en 1971 y gemelo al que se accidentó en Fukushima (Japón), no opera desde 2012 y en 2017 el Ejecutivo central, entonces en manos del PP, ya confirmó su clausura definitiva. Estas instalaciones generaron en su día una gran oposición popular e institucional en Álava. Ahora, el diputado general, Ramiro González, ha puesto pie en pared ante las peticiones de reconsiderar aquel cierre, aunque su partido, el PNV, votó en Europa con la derecha española (PP, Vox y Ciudadanos) a favor de la catalogación de esta fuente de energía como una alternativa “verde” en un contexto de restricciones.

González, que además es natural de Burgos, ha recalcado en una rueda de prensa este miércoles que “no hay ninguna posibilidad” de que Garoña vuelva a ser conectada. “Ya es historia”, ha zanjado sobre un fantasma que ahora ha resurgido de la mano de Vox, que precisamente apela al pronunciamiento europeo sobre las nucleares. La Diputación alavesa, en todo caso, remarca que el reactor burgalés presenta tecnología “absolutamente obsoleta” y que comporta “riesgos inaceptables” a un área con grandes núcleos urbanos como Vitoria, aunque también ha llegado a mencionar Bilbao. “No es inocuo que la ultraderecha gobierne”, ha apostillado un González que, en una entrevista con este periódico, ya mostró su temor a las políticas de Vox en Treviño, un enclave de dos municipios que administrativamente son parte de la provincia de Burgos pero que se ubican dentro de Álava.

Garoña enfrenta a PNV y Vox pero, hace unos meses, ambos partidos fueron de la mano en una polémica decisión del Parlamento europeo para incluir la energía nuclear en el listado de alternativas verdes en el actual contexto de guerra y problemas en los suministros. La formación de Santiago Abascal destaca precisamente esta resolución para justificar su petición sobre Garoña. Los nacionalistas, por boca de su eurodiputada Izaskun Bilbao, alegaron que su postura se debe a “las circunstancias excepcionales que se han creado en el mercado de la energía tras la invasión de Ucrania”. “Obligan a adaptar el plan previsto para abordar la transición energética”, explicaba Bilbao, que tenía claro que “el gas y la nuclear son hoy la opción mas realista para garantizar el suministro cuando las renovables no lo garanticen al 100%”. “No cambian los objetivos climáticos. Solo la forma de lograrlos”, justificó.

El recuerdo de los accidentes nucleares de Chernóbil, ocurrido hace 35 años, y de Fukushima, hace diez años, nos sitúan de nuevo ante los elevados riesgos de la energía nuclear. Dichos aniversarios son buenas oportunidades para recordar sucesos que no deberían olvidarse en ningún momento. Por eso, tenemos una buena excusa para recordar estos dos accidentes nucleares que tuvieron efectos devastadores que aún perduran. La finalidad es que se aprendan las lecciones y se abandone la energía nuclear en todo el mundo y, en particular, en el Estado español, donde actualmente hay en funcionamiento cinco centrales nucleares, con 7 reactores nucleares. 

Chernóbil y Fukushima tuvieron el efecto de mostrar una vez más el peligro de la energía nuclear. El 26 de abril de 1986, durante unas pruebas de seguridad, se produjo el accidente de Chernóbil, central nuclear situada a unos 90 km al norte de Kiev (Ucrania). Se trataba de una central que constaba de cuatro reactores, y que se ponía como ejemplo de seguridad activa por los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). La central se había puesto en marcha un año antes sin probar los sistemas de seguridad y se quería comprobar que la energía almacenada en el alternador eléctrico era capaz de alimentar todos los sistemas de emergencia de la central.

A pesar de las alabanzas del OIEA, el diseño de la central era muy peligroso pues carecía de contención y su reactor, de tipo BRMK, resultaba muy inestable a baja potencia. Durante las pruebas, se produjo una mala maniobra de los operadores, la temperatura ascendió, de tal forma que se liberó hidrógeno, y el núcleo del reactor estalló esparciendo por el medio ambiente una gran cantidad de material radiactivo. 

El accidente de Fukushima-Daiichi (Japón) ocurrió el 11 de marzo de 2011 en una central que poseía seis reactores, que se construyó en una zona de gran actividad sísmica -en el Cinturón de Fuego del Pacífico-, que registra más de 5.000 temblores al año, y en su construcción no se consideró tomar algunas medidas encaminadas a evitar, o al menos minimizar, las consecuencias de un posible accidente. El complejo se construyó sobre un acantilado a 10 metros del nivel del mar y no se planteó levantar un muro de contención lo suficientemente alto que garantizara la protección frente a un posible tsunami, que posteriormente tuvo lugar y que levantó olas de hasta 25 metros. 

Se produjo un fuerte terremoto de grado 9 en la escala de Richter, seguido por un tsunami casi una hora después. En el momento del accidente, los reactores 1, 2 y 3 estaban en funcionamiento mientras que los 4, 5 y 6 estaban parados. Los seis reactores sufrieron el embate del terremoto que causó la rotura de algunas tuberías de los circuitos primarios, como mostraba el vapor radiactivo que se detectó dentro de las contenciones de los reactores que entonces funcionaban. A pesar de que TEPCO, la empresa propietaria de la central, afirmó que los reactores habían resistido el terremoto, se sabe que no fue así y que los reactores sufrieron importantes daños. Por cierto, el reactor número 1 era gemelo del de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de Burgos, y actualmente en proceso de desmantelamiento después de 41 años de funcionamiento. 

Aunque la radiactividad que se escapó de Chernóbil era mayor que la de Fukushima, el accidente de Fukushima tiene efectos novedosos que nunca antes se habían registrado. El principal problema es la contaminación del agua. Inicialmente, los reactores se regaron de forma masiva con agua de mar para luchar contra la fusión de los núcleos y posteriormente las aguas subterráneas que fluyen desde las cercanas montañas hacia el mar se contaminaron al atravesar el subsuelo. Gran parte de la radiactividad fue a parar al mar, y los niveles de radiactividad de las áreas cercanas impactaron sobre la actividad agrícola, ganadera y pesquera, afectando a la cadena alimentaria y por consiguiente a la salud de las personas.   

Hace unos días el Gobierno de Japón ha decidido el vertido al Pacífico de agua empleada para refrigerar los reactores dañados en el complejo nuclear de Fukushima tras las fusiones parciales de núcleo provocadas por el terremoto y el tsunami de 2011, y que está contaminada de isótopos radiactivos, lo que ha generado protestas en el propio Japón y en varios países vecinos. Son más de un millón de toneladas de aguas radiactivas, que, aunque hayan sido procesadas en circuitos llamados ALPS (Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos) para retirar 62 tipos de materiales radiactivos, a excepción del tritio, no es inocua y tendrá repercusiones sobre la flora y la fauna marina y sobre las especies pesqueras, y la salud humana. 

Siempre que se produce un accidente de estas características se intenta extraer lecciones de cara al futuro para reducir en lo posible el riesgo de nuevos accidentes. Podemos preguntarnos hasta cuándo va la industria nuclear a seguir aprendiendo para hacer totalmente seguras sus centrales. El problema es que las centrales nucleares son intrínsecamente inseguras y no se pueden prever todos los avatares que afecten a la seguridad. 

Dos enseñanzas importantes de Fukushima y Chernóbil son la necesidad de transparencia y comunicación abierta, así como la imprescindible independencia y fortaleza de los organismos reguladores que vigilan la seguridad de las instalaciones.

En ambos casos faltó transparencia en la comunicación de la gravedad del accidente, por lo que las poblaciones y los estados vecinos no pudieron tomar medidas de protección ni otorgar la ayuda que habría sido muy oportuna. Y en ambos casos, los encargados de vigilar la seguridad hicieron dejación de sus responsabilidades y se plegaron a los designios de los políticos y de la empresa propietaria, lo que dificultó un control eficaz antes y durante la gestión del accidente.

Tras los numerosos accidentes que hemos contemplado, tenemos que intentar que el mundo ponga fin a la era nuclear, que nunca debería haber empezado.

Hasta tres vertidos de material radiactivo se habrían producido durante el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña sin que hayan trascendido hasta ahora. Así lo ha denunciado EH Bildu, que ha tenido acceso a información del Consejo de Seguridad Nuclear donde se da cuenta de estos sucesos. Los accidentes se han producido, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, durante labores de desmantelamiento de la central y han sido “ocultados” hasta ahora.

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció en agosto de 2017 el rechazo del Gobierno a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear más vieja y pequeña de España, desconectada por decisión de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, en diciembre de 2012. A partir de esntonces, se empezó a planificar el desmanteamiento.

Ahora, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por EH Bildu, ese desmantelamiento ha sufrido algunos percances. El primer accidente se produjo el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137 que estaba dentro se salió del envase de plomo.

El 2 de agosto siguiente hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter 15 días después en el tercer accidente.

La comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y los ayuntamientos afectados para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña no tenían conocimiento de estos percances.

“Ese órgano se ha enterado ahora de que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo”, ha recalcado Otero. “Es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor (Endesa e Iberdrola), propietaria de la central nuclear de Garoña, por el cierre unilateral de esta planta a finales de 2012, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.

El Supremo confirma así la sanción que impuso a Nuclenor la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC por una infracción muy grave de la Ley del Sector Eléctrico al producirse ese cierre, en diciembre de 2012, de manera unilateral y sin comunicarse con antelación suficiente a la Administración.

Nuclenor recurrió la multa de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó su recurso en junio de 2016, y a continuación ante el Supremo, que lo ha rechazado, “entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de ”causas imprevistas“ que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

La sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares.

Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

“La recurrente –destacó la Audiencia-- siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012 (…), con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Santa María de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012”.

El Supremo considera adecuada la aplicación de la sanción “en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW y la conducta ilícita descrita en el citado artículo 60.a).20 de la Ley del Sector eléctrico de 1997”.

Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta entre otros aspectos el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

El cierre fue la respuesta de Endesa e Iberdrola a la aprobación de un paquete de medidas que incluía nuevos impuestos al sector eléctrico para atajar el denominado déficit de tarifa. El Gobierno del PP acabaría renunciando en 2017 a prorrogar la vida de la planta, ante las discrepancias entre sus accionistas (Iberdrola quería cerrarla) y la falta de consenso político.

La sombra de la central nuclear de Garoña sigue siendo alargada. El Gobierno central anunció en agosto del año pasado que Garoña cerraba para siempre. La vida del reactor nuclear del valle de Tobalina, el más antiguo del actual parque nuclear español, había llegado a su fin. Sin marcha atrás posible. Pero han pasado los meses sin saber los plazos para acometer el desmantelamiento. Ahora se acaba de conocer la primera información oficial, mediante una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos: el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”. Es decir, que el desmantelamiento arrancará en 2019 y se podría prolongar hasta 2026, año en el definitivamente la central pasaría a la historia.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, ha reprochado la lentitud con la que se desarrolla el desmantelamiento de la planta, la improvisación en la toma de decisiones y la posible permanencia en Garoña de los residuos radiactivos durante los ocho a diez años que se alargue el proceso. Y es que según la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Almacén de Residuos ATI de Garoña ha obtenido la licencia pertinente para albergar el combustible gastado durante los años de operación de la central.

Una vez activado el ATI, las barras de combustible que actualmente continúan en la piscina de la central pasarán al almacén, que alojará el combustible en contenedores especiales a cielo abierto.

López de Uralde ha mostrado su preocupación por el hecho de que residuos radiactivos de elevada peligrosidad se acumulen en la planta burgalesa de forma indefinida, “con grave peligro para la salud de la población y el medio ambiente”.

“Garoña ha cesado su actividad nuclear, pero los residuos siguen y seguirán allí ni se sabe hasta cuándo, así que el riesgo continúa”, ha señalado, lo que “evidencia de nuevo el gravísimo problema de unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos”.

Para el diputado, la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es uno de los principales problemas que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará su vida útil.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha reiterado en una entrevista con eldiarioclm.es la necesidad de buscar “alternativas” al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares previsto para Villar de Cañas, en Cuenca.

Concluido el plazo de presentación de alegaciones a la información complementaria ofrecida por Enresa sobre el basurero nuclear y que le había sido reclamada por el Ministerio de Agricultura como paso previo a emitir su veredicto en la Declaración de Impacto Ambiental, la Junta castellano-manchega vuelve a advertir: “No se puede ir en contra de la Comunidad Autónoma que tiene competencias sobre el medio ambiente que es lo que se ve afectado por el ATC”.

“Cuando nos dicen que no hay alternativas es mentira ¿Qué hay que buscar un sitio para almacenar temporalmente?: En las centrales nucleares que ya existen. ¿Qué hay que buscar un almacén central en España? -a lo mejor es verdad que hay que buscarlo- que sea el mejor desde el punto de vista de la ubicación y con acuerdo político de alcaldes y comunidad autónoma”, asevera.

El empleo que genera el ATC es “una realidad ficticia”

Rechaza también el argumento del empleo que le supondría a Villar de Cañas y su entorno la llegada del cementerio nuclear. “Quizá sea el único ‘pro’ para el ATC pero es una realidad ficticia” porque se trata de “un empleo de hoy, para que un alcalde gane las Elecciones y la gente esté contenta” pero “será pan para hoy y hambre para mañana. Se generará empleo mientras se construya. Después será gestionado por muy pocos. ¿Compensa?”, se pregunta. A eso añade otro ‘pero’: “Cuando llegue el momento de cerrarlo porque habrá que cerrarlo, solo haya residuos radiactivos y la gente esté más concienciada ambientalmente, alguien les tendrá que explicar cómo un señor decidió que era la única solución para el pueblo”.

El consejero asegura que “cuando se utiliza el argumento del empleo, el problema es que las centrales nucleares se abrieron sin pensar en el medio y largo plazo, en un futuro sostenible. Eso ha pasado en Garoña y es culpa de todos, incluido el PSOE”. Cree que Villar de Cañas se dispone a convertirse en “Garoña-bis” y en su opinión, “el alcalde se tiene que sentar en la mesa para buscar realidades alternativas. Claro…Son más difíciles. Yo no le puedo ofrecer 100 empleos, pero podemos ayudar con pequeños proyectos. Él sabe que el municipio está en zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) y por tanto tiene más ayudas de la Junta que en otros lugares de la región” aunque eso, matiza, “requiere sentarse en una mesa a planificar y él no quiere”, en referencia al ‘popular’ José María Sáiz.

Se espera que este basurero nuclear pueda guardar los residuos radiactivos durante al menos 60 años. Después habrá que darles una solución definitiva. Se habla de un almacén geológico profundo. Para el consejero, el proyecto del ATC “plantea un modelo de país y de sociedad que va más allá de Castilla-La Mancha” y pone el foco en decidir sobre el futuro de unas centrales nucleares concebidas “por y para otra época”.

“Veremos qué pasa ahora con Francia que es el referente mundial”, un país que ahora apuesta por reducir su elevada dependencia de la energía nuclear.“ En Alemania las nucleares las está cerrando un partido conservador”, recuerda. “Es el momento de optar por un modelo distinto. ¿Quién le vende hoy la moto a la gente de construir una central nuclear?”. Martínez Arroyo sostiene aboga “por un modelo energético distinto porque es posible en nuestro país”.

El vino y el “estigma” de tener las cepas junto a un almacén nuclear

También alerta sobre el futuro para determinados sectores económicos en el entorno de Villar de Cañas. “El vino con más valor en el mercado de toda la región se produce al lado, en Fuente de Pedro Naharro. ¿Va a querer tener el estigma de elaborarse junto a un almacén de residuos radiactivos? Algún día llegará un competidor que diga: ”Estos son cepas que están al lado de un almacén nuclear“, advierte el consejero.

“Desde Madrid no se puede decidir algo en contra de un territorio que tiene autonomía, lo dice la Constitución. Y el competente en materia de medio ambiente, de territorio y de agricultura es Castilla-La Mancha” por eso insiste en que “si hay una alternativa de desarrollo hay que buscarla. Yo estoy dispuesto a buscarla con el alcalde y lo sabe. Lo que no se puede es querer para tu gente lo que nadie quiere. Sé que es difícil buscar alternativas, pero no lo pelea, ha ido a lo fácil”.