La multa que Francia cobra a España desde 2017 por guardar sus residuos nucleares ya supera los 110 millones

La factura de lo que España paga a Francia desde julio de 2017 por custodiar parte de sus residuos nucleares ya supera holgadamente los 100 millones de euros. A 31 de diciembre de 2020, las penalizaciones abonadas por Enresa (encargada de gestionar los residuos nucleares en España) a la francesa Orano (antigua Areva) por custodiar ese material en su planta en La Hague (Francia) ascendían a 96 millones. Son 30 millones más que un año antes y a estas alturas de 2021, el importe supera ya los 110 millones.

La penalización diaria que cobra Francia por guardar la basura radiactiva de Vandellòs se revisa anualmente al alza. En 2020 ascendió a 76.618,14 euros/día, según la memoria anual que acaba publicar Enresa. La multa funciona como una fianza. Cuando se devuelva el material radiactivo (la fecha prevista ahora es 2028), la mayor parte del dinero se recuperará: “Las penalizaciones finalizarán con el último transporte a España de los residuos”, momento en el que “serán reembolsadas a Enresa todas las cantidades abonadas”, recuerda Enresa en su memoria.

En ese momento, la sociedad estatal solo tendrá que pagar el coste del almacenamiento, que desde octubre de 2015 hasta 2020 ascendía a unos 7 millones.

España empezó a abonar a Francia esta penalización en julio de 2017 (entonces, 73.044 euros diarios) tras incumplir el plazo para repatriar los desechos de la antigua central nuclear de Vandellòs I, clausurada en 1989 tras un incendio.

Esos residuos debían custodiarse en el polémico almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ubicar a finales de 2011 en Villar de Cañas (Cuenca). Su tramitación la paralizó nada más llegar al poder el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras varios informes técnicos que advertían de la falta de idoneidad de los terrenos elegidos, que podían disparar el coste de una infraestructura, presupuestado inicialmente en unos 1.000 millones.

Hasta hace dos años, Enresa estimaba que los residuos volverían en 2023. Pero en 2020, ya con el cementerio nuclear de Cuenca en el limbo, situó su regreso para 2028. Ante el riesgo de saturación de sus piscinas, cada una de las centrales tiene ya o está construyendo almacenes individuales (ATI) para guardar el material radiactivo. De cumplirse el calendario que estima Enresa, las penalizaciones acumuladas hasta 2028 pueden acabar superando los 330 millones.

Subida de tasas

La sociedad estatal financia la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales nucleares con un fondo que a cierre de 2020 contaba con 6.596 millones, 500 millones más que un año antes, tras aprobar el año pasado el Gobierno una subida del 19% en la tasa que pagan las nucleares para financiarlo, que llevaba sin revisarse desde 2010, y tras advertir el Tribunal de Cuentas de que ese fondo era insuficiente para pagar el desmantelamiento de las nucleares.

En marzo de 2020, nada más decretarse el confinamiento, Enresa publicó el borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) para sustituir al actual, que data de 2006 y lleva años caducado. La nueva versión se someterá a consulta de aquí a fin de año.

Enresa indica en su memoria que ese borrador “prevé la construcción de una infraestructura centralizada (ATC) que permita almacenar el combustible gastado y los residuos de alta actividad que se generen en las tareas de desmantelamiento de las centrales, hasta liberar completamente sus emplazamientos, conforme al calendario de cierre programado, recogido en el protocolo suscrito en marzo de 2019” con las eléctricas.

Ese protocolo preveía un apagón nuclear progresivo (entre 2027 y 2035) que, según las empresas, peligra si el Gobierno lleva adelante su plan de recortar los denominados beneficios caídos del cielo de hidroeléctrica y nuclear. Esta propuesta acaba de recibir el aval de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y es una de las medidas estructurales planteadas por el Ejecutivo ante los altos precios del mercado mayorista eléctrico, que han forzado una rebaja temporal de impuestos a la luz.

Unos elevadísimos precios del denominado pool que se van a prolongar durante “meses”, según dijo este martes en el Congreso la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en una comparecencia en la que señaló que hay todavía “alguna dificultad pendiente por resolver” en lo relativo al coste del desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos. Según el lobby nuclear, el recorte del llamado dividendo de CO2 puede abocar al cierre anticipado de los reactores que, aseguran las eléctricas, están en una delicada situación financiera por la alta fiscalidad que soportan.

El culebrón de los residuos de Vandellòs arranca cuando, tras el cierre de esa planta, España firmó un primer acuerdo con Cogema (hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba el 31 de diciembre de 2010 como fecha límite para traer los residuos. Como para entonces no había ATC, Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

Sin ATC a la vista, Enresa ha tenido que pagar a Orano desde diciembre de 2018 hasta el cierre de 2020 un total de 621.000 euros “para el almacenamiento temporal de los contenedores vacíos en el emplazamiento de La Hague hasta su carga”. La factura sigue subiendo.