El placer es una incitación a la vileza

Cicerón

Una nueva trama de corrupción en la que además del abuso de lo público asoma el de lo púbico. Las movidas del ex diputado del PSOE Bernardo Fuentes, como bien ha dicho el compañero Manu Marlasca, son un compendio de los viejos vicios de este país. Sólo que a mí me revuelve el cómo se convierte de forma fácil en motivo de chascarrillo y chanza el hecho cierto de que la sucia línea del dinero y el tráfico de influencias pasa casi siempre por la compra de cuerpos de mujeres. Los hombres, el poder y los volquetes de putas. Todo un género universal que merece un análisis y un vómito.

En la trama del Caso Mediador aparece de nuevo, con todo su opaco brillo, la sordidez infame de este trasiego de mujeres compradas y traficadas por mor del deseo de poder y dominación de los hombres. ¡Ojo, que Fuentes no sólo pagaba las prostitutas, sino también la viagra! Porque donde ya no hay opciones siempre queda la mera voluntad de seguir consumiendo cuerpos de mujeres sobre los que construir la vil y obscena grandeza de hombre demediado. Todo blanqueado. Las mujeres quieren. Las mujeres prefieren ganar dinero recibiendo a empresarios, trasuntos imaginarios de Richard Gere o de Tom Ellis, y luego en las fotografías del chantaje aparecen estos patéticos individuos en viejunos calzoncillos, con sus barrigas orondas y desacomplejadas, esnifando cocaína y poniéndose hasta el culo de sildenafilo porque lo que necesitan es sentir que ellos pueden y, dado que necesitan sentirse así, otros les compran usando una entelequia que tiene como objeto pasivo de la impudicia los cuerpos de las mujeres.

Es una línea continua. El sucio Roldán en su orgía mallorquina, su panza y sus calzoncillos caídos, y los generales de la Guardia Civil por medio. Y desde ese desaforado 1994 hasta aquí. Por cierto, en lo de Fuentes Curbelo también hay por medio un general de la Benemérita, el amante de la que él mismo daba en llamar “el chocho volador”, que qué bajunos y qué ordinarios y qué rastreros son algunos y cómo lucen cuando se cuadran. Excelentísimos ellos. La sordidez del Caso Espías y los volquetes, las de los viajes al Rasputín de Moscú de las tramas baleares, las orgías del Brugal o de la Gürtel, siempre los cuerpos de las mujeres como mecanismo de compra de voluntades de doble carril: o empresarios comprando a políticos o políticos engatusando a empresarios. Los sumarios por corrupción de este país rezuman del pútrido caldo de la prostitución.

No sólo aquí. Hay documentadas orgías y pagos de prostitutas en el Qatargate de la Unión Europea. La revista Político ha revisado cómo parlamentarios británicos han utilizado las APPG (All-Party Parliamentary Groups, Grupos Parlamentarios de Todos los Partidos) para pedir a sus anfitriones de los países asiáticos indicaciones sobre los burdeles más cercanos o han mostrado su interés “por las mujeres jóvenes locales” o en las “bonitas chicas rusas”, dejándose querer para obtener por su condición de representantes del pueblo beneficios basados “en su conducta sexual inapropiada, lasciva y ebria”, según han denunciado algunos de sus propios compañeros. Sin distinción de partido, laboristas y tories. Sin distinción de momento, tanto ahora como hace cientos de años.

Todos con una única cosa en común: ser varones.

¿Hay que explicar por qué resulta repugnante que aún hoy en los sórdidos pasillos del poder la moneda de cambio sean los cuerpos de las mujeres, que deben estar a la venta para satisfacer sus patéticas necesidades?

Ahora entendemos lo de esas profesionales que denuncian cómo son sistemáticamente apartadas de ciertas funciones comerciales o de relaciones industriales porque no son adecuadas para rematar la fiesta que el cliente espera. No, no hay ejecutivas acompañando a los compradores de su empresa a clubes para pagarles prostitución con que celebrar gloriosos y lucrativos acuerdos. No, no hay políticas negociando su influencia por golosos placeres ofertados por lobbies o países corruptos.

Es toda una forma de ejercer el poder. Una forma masculina de entender los derechos que se poseen cuando uno ha escalado hasta una posición en la que todo le es debido. ¡Pobres diablos de barrigas repugnantes, ávidos de droga y de viagra para lograr llenar ese pozo vacío de su maltrecho ego! Compra lo que no puedes tener o déjate comprar con el agujero negro de tus deseos.

¿Y qué ha sido de ellas? ¿Dónde están Exuperancia o las mujeres del volquete o Domi, la paraguaya, o la nicaragüense que es muy? ¿Qué de sus vidas y de su bienestar y de sus cuerpos y de sus psiques? ¿A alguien le importan? ¿A los que quieren convencernos de que este es un negocio entre iguales? ¿Una compraventa en términos libres?

“Lo único que sabemos es follar”, se escribían los sórdidos señores de estos sórdidos y miserables negocios. Con pleno de viagra, eso sí, y es lo único que saben hacer. ¡Qué asco tan profundo, qué degradación, qué verdadera mierda! Ahí, metidos hasta las trancas en el fango y, probablemente, a todo el mundo le indigne la corrupción del dinero y pase de puntillas sobre la profunda corrupción moral que reflejan todos estos asuntos.

Luego nos preguntamos cómo resulta tan imposible hacer algo para acabar con este intolerable mercado de poder y de dominio construido sobre los cuerpos de las mujeres. Ese que hasta algunos quieren travestir ahora de función de atención social poniéndole nombres chulos. Es imposible porque es transversal. ¿Queda claro? Las mujeres en venta son un parque de atracciones para varones al que pocos quieren renunciar, aunque no lo usen. Es algo que está ahí. Algo a lo que podrías acceder o te podrían invitar. Un capricho posible seas del partido que seas. Por eso nunca acaba. Por eso lo envuelven en la pretendida necesidad —¡Necesitamos follar aunque no podamos conseguirlo!— o en la pretendida libertad de quien vende su cuerpo —¿Por qué no su alma o su mente? ¿Aplaudirán a los periodistas que vendan su pluma? Total, no es un cuerpo siquiera— o en el pretendido glamour de un mundo sórdido y lleno de miserias —¡Cuánto daño has hecho, Pretty Woman!—.

Da igual cómo se llamen y de qué partido sean.

Dan mucho asco igual. 

Las acusaciones de espionaje a rivales políticos no es ninguna novedad en los salones de la Casa de Correos de Madrid. Los tribunales ya estudiaron durante años el fuego amigo entre líderes del Partido Popular hace más de una década, en un momento de profundas luchas de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para hacerse con el control de la formación. La investigación se bautizó como 'caso espías', duró más de 10 años y el juicio terminó con todos absueltos por falta de pruebas. Por el banquillo de los testigos pasaron algunos de los más destacados líderes del PP madrileño: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, entre otros.

El caso fue desvelado por el diario El País en enero de 2009. “Ex policías y ex guardias espían para un consejero de Aguirre”, tituló el rotativo del grupo PRISA. Los antiguos agentes acusados de formar parte de esta 'Gestapillo', como se bautizó, fueron los únicos que pasaron por el banquillo y ese “consejero de Aguirre” era Francisco Granados, entonces mano derecha de la todopoderosa presidenta regional y posteriormente cabecilla de la trama Púnica de corrupción. La lista de personas supuestamente espiadas era corta y salía del censo del Partido Popular de Madrid: el vicealcalde Manuel Cobo, el vicepresidente Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Rodríguez Flores.

Poco después de la publicación, Esperanza Aguirre hablaba: “Me he dirigido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para pedirles que envíen una denuncia al juzgado de guardia”, dijo. El caso llegó efectivamente a los tribunales como 'Diligencias Previas 1891/2009' y atravesó un desierto de más de diez años hasta llegar a la absolución tras pasar por varios archivos y reaperturas. El final del camino fue una absolución por falta de pruebas.

Desde un primer momento el juzgado decidió que la investigación tenía que focalizarse no en los seguimientos sino en el supuesto uso de medios públicos: los trabajadores de la consejería y sus sueldos. La investigación fue dibujando un esquema con Sergio Gamón, exdirector general de Seguridad, a la cabeza con su 'número dos' Miguel Castaño y con varios antiguos agentes y funcionarios cercanos a Granados como José Manuel Pinto, José Oreja, José Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre. Éste último haría, además, una aparición estelar años más tarde como uno de los condenados del chivatazo a Francisco Granados que casi desbarata la operación Púnica.

La causa se archivó y reabrió tres veces antes de llevar a juicio. La primera vez, en julio de 2010, la jueza afirmó que no había pruebas que demostraran el uso de fondos públicos a un espionaje ajeno a la función pública. La segunda vez, en febrero de 2012, la razón era que no había pruebas concretas de que los coches o teléfonos de los trabajadores de la consejería hubieran sido usados en esos seguimientos. La tercera y última, en febrero de 2015, avanzó que no existía la posibilidad de calcular cuánto dinero podía haber sido desviado de su función pública para espiar a rivales políticos de Aguirre.

Los tres autos fueron revocados por la Audiencia Provincial de Madrid en tres autos que defendían la necesidad de llevar el caso a juicio aunque no se pudiera cuantificar hasta el céntimo la supuesta malversación. El supuesto espionaje fue analizado en 2019 por un jurado popular - con la Comunidad de Madrid ejerciendo la acusación y dando por buena la existencia de los seguimientos - y el resultado fue una absolución por falta de pruebas. “No cabe inferir con un margen de probabilidad rayano en la certeza la concurrencia de los elementos esenciales del tipo delictivo que se imputa a los acusados”, dijo la Audiencia de Madrid para explicar que no había pruebas suficientes para ver un delito de malversación.

Una posible investigación

El 'caso espías' terminó sin condena y con una sentencia que dejaba claro que los acusados “no organizaron ni realizaron seguimiento alguno” y que la Comunidad de Madrid “no ha sufrido perjuicio económico alguno” con todo esto. Y la investigación judicial dejó al margen toda la batalla política por el control del Partido Popular que había detrás: Esperanza Aguirre amagaba desde hace tiempo con saltar a la primera línea nacional y disputar el liderazgo del partido a Mariano Rajoy.

Esa guerra quedó zanjada ante los militantes cuando en el verano de 2008 Rajoy se afianzó en la presidencia del partido con un 84% de los votos y cuando dejó atrás tanto a Esperanza Aguirre como a las críticas de José María Aznar. La presidenta volvió a la Puerta del Sol de Madrid y se convirtió en un verso moderadamente suelto aunque no renunció a volver a chocar con la dirección nacional del partido cuando, un año después, la guerra se trasladó a la elección de un presidente para Caja Madrid.

En el caso del supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y su hermano por el contrato adjudicado a un amigo desvelado en exclusiva por elDiario.es en noviembre de 2021, el caso dio ayer un salto cualitativo. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como Teodoro García Egea, secretario de organización del partido, reconocieron en sendas comparecencias públicas que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró comisiones de la empresa que se llevó ese contrato, aunque ella ha defendido que todo fue legal. La polémica con mayor peso legal, por tanto, es la adjudicación de este contrato y el papel que jugó el hermano de la presidenta regional.

En segundo lugar está el supuesto espionaje, visto desde el PP como un arma arrojadiza de Isabel Díaz Ayuso para intentar tapar esta irregularidad que ellos investigaban. Teodoro García Egea fue claro el viernes al asegurar que la dirección nacional del partido investigaba estas supuestas ilegalidades y que la reacción de la presidenta ha sido convertirlo en un supuesto caso de espionaje ilegal financiado con dinero público desde las tramoyas de Génova 13 con detectives y desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid. El partido y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo han negado.

Las dos vertientes del caso terminarán en manos de la Fiscalía. Desde Más Madrid y el PSOE ya han anunciado que llevarán tanto el contrato como el supuesto proceso de espionaje ante el Ministerio Público para que esclarezca ambas cosas. Desde el punto de vista del contrato, será necesario esclarecer si el hermano de la presidenta regional manejó de alguna manera información privilegiada para facilitar el contrato a dedo de esta empresa, algo que Isabel Díaz Ayuso ha negado de forma tajante en las últimas horas. Sobre el espionaje, hay muchos interrogantes por despejar para saber si estamos o no ante un nuevo 'caso espías': si el espionaje realmente se produjo o si fue, como dice García Egea, una recopilación de información sin detectives de por medio. También si en algún momento se destinaron fondos o medios públicos del Ayuntamiento de Madrid a ponerlo en marcha, como se ha insinuado desde el entorno de la presidenta regional.

El complicado ejercicio de reivindicar el legado político de sus antecesores y poner al tiempo distancia con los casos de corrupción que les afectan se antoja ahora más estéril que nunca para Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. La explosión del enfrentamiento entre ambos ha exhibido los elementos propios de la tradición política del PP madrileño: sospechas de corrupción, que en el pasado acabaron en la Audiencia Nacional; espionaje y juego sucio entre las facciones del partido; y un enconamiento propio de aquella máxima según la cual el adversario está fuera pero el verdadero enemigo habita en otra planta de la sede central.

Desde que Alberto Ruiz Gallardón aceptara el sacrificio que le propuso Aznar para cambiar la Comunidad de Madrid por el Ayuntamiento y salvar la capital para la derecha, ningún presidente autonómico ha salido pacíficamente de la Puerta del Sol, dejando al margen los breves periodos de Ángel Garrido y Pedro Rollán, puente entre los mandatos de Cifuentes y Díaz Ayuso. 

El ‘aguirrismo’ incubó dos grandes casos de corrupción, Púnica y Lezo, que reparten aún condiciones jurídicas entre los máximos responsables políticos de su época, empezando por Esperanza Aguirre, que sigue imputada. El también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está procesado, muy cerca del banquillo. El que fuera secretario general del PP madrileño y consejero de Justicia e Interior y de Presidencia, Francisco Granados, condenado y, dependiendo de las piezas todavía abiertas, procesado o imputado. Todos ellos dimitieron de sus cargos por la presunta corrupción del PP madrileño.

Los dos grandes protagonistas del actual enfrentamiento en el PP eran jóvenes con proyección en aquel partido. Ninguna acusación se ha dirigido nunca contra ellos, en lugares secundarios cuando se produjeron los hechos, siempre con un puesto de trabajo en el partido o en las instituciones gobernadas por este. Pero la magnitud de esas macrocausas ha hecho emerger en ellas el nombre de Isabel Díaz Ayuso, recordándole para quién trabajaba y a la sombra de qué dirigentes hizo carrera política. 

En el inabarcable sumario de Púnica, Isabel Díaz Ayuso aparece intercambiando mensajes con uno de los principales imputados de la causa, el experto informático y conseguidor Alejandro de Pedro. A él recurrió la actual presidenta madrileña para tapar en Internet noticias negativas de Ignacio González, emblema de la corrupción del PP madrileño, según desveló elDiario.es.

Absuelto en las urnas

Una información más reciente de este medio explica cómo Díaz Ayuso intentó adquirir dominios de Internet de las candidaturas ciudadanas próximas a Podemos para obstaculizar el crecimiento de este partido en la Comunidad de Madrid. La prueba aparece en el teléfono de Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP local y gestor de su caja B. Gutiérrez traslada en 2014 y 2015 a Díaz Ayuso las indicaciones de Ignacio González. El mismo Ignacio González acusado de saquear la empresa pública del Canal de Isabel II y que ha sido convenientemente borrado de la memoria del PP. De aquellas prácticas Díaz Ayuso y Casado aprendieron que en Madrid estos asuntos no tienen graves consecuencias electorales: en la Comunidad las urnas siempre absuelven al PP, que se mantiene en el poder desde hace 23 años.

Ignacio González denuncia que su caída en desgracia política y judicial es fruto de la actuación del comisario Villarejo, de quien dice actuó a las órdenes de sus “adversarios políticos”. González fue apartado de su aspiración a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 después de que dos medios de comunicación publicaran fragmentos sesgados de un encuentro entre González y el comisario a cuenta de su ático en Estepona. El expresidente madrileño considera también que el arranque de la operación Lezo es una maniobra de Villarejo con datos manipulados, por encargo de sus enemigos. 

Hablar de la trayectoria más turbia de Ignacio González es remontarse a un viaje en 2008 a Colombia, que sirvió para dar nombre a la operación Lezo (por el marino español en la batalla de Cartagena de Indias), y a un vídeo de González portando unas sospechosas bolsas que nunca se demostró que contuvieran dinero. Aquel vídeo fue grabado por un detective contratado por Julio Gutiez, dueño del Grupo Mira. Se trata de la misma agencia a la que han recurrido trece años después los enviados de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que querían conocer todos los extremos del contrato y la comisión del hermano de Díaz Ayuso. 

Espionaje con dinero público

Pero si hay un ejemplo que plasme hasta dónde pueden llegar las familias del PP madrileño en una refriega, ese es el denominado ‘caso espías’. Tras diez años de investigación no hubo condenados, pero quedó demostrado que antiguos policías y guardias que trabajaban para la Comunidad de Madrid, en la consejería de Francisco Granados, hicieron seguimientos y vigilancias al vicealcalde Manuel Cobo, el vicepresidente Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Flores. Todos los espiados pertenecían al círculo de Alberto Ruiz Gallardón, con quien Aguirre mantenía un abierto enfrentamiento. Cobo bautizó a aquel grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad y a sus jefes polílicos como “gestapillo”.

Otro de los perseguidos, Alfredo Prada, era el titular de la Consejería de Justicia. Por entonces, Prada contaba con un joven asesor, expresidente de Nuevas Generaciones de Madrid, que aún no había acabado la universidad y ya era también diputado autonómico. Su nombre es Pablo Casado. Pronto, en 2009, Casado dejó la política madrileña para saltar a la nacional y actuar como jefe de gabinete del diputado Manuel Pizarro. Luego repetiría en ese desempeño con José María Aznar. 

La única expresidenta de las mencionadas que a día de hoy no tiene cuentas con la justicia es Cristina Cifuentes, a quien el juez Manuel García Castellón archivó la causa en el caso de la financiación irregular del PP madrileño el pasado mes de abril. Cifuentes se sentó en el banquillo por el caso máster, pero resultó absuelta. En 2018 se vio obligada a dimitir por intentar justificar con un documento falsificado que realizó los citados estudios en la Universidad Rey Juan Carlos.

Los últimos días de su mandato se vieron empañados por un hecho donde vuelve a confluir la cloaca del mundo de la seguridad que gravita en torno al PP. Fue publicado un vídeo en el que la expresidenta aparece robando unas cremas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando ejercía como vicepresidenta. Nunca se supo el origen del vídeo ni tampoco por qué una grabación de una cámara de seguridad había estado casi una década en un cajón esperando su momento.

José Luis Caro Vinagre (Bilbao, 1970) lleva a la Guardia Civil “bordada en el corazón”. Así lo dijo Francisco Granados, el cabecilla de las 'ranas' de Esperanza Aguirre, desde el banquillo de la Audiencia Nacional en 2017. Para entonces, este antiguo asesor de la Comunidad de Madrid formaba parte del fallido 'caso espías' y ese día era juzgado por participar en el chivatazo que casi da al traste con la operación Púnica contra la corrupción política. Su último encontronazo con los tribunales se ha traducido en una sanción firme de dos años por participar en el soplo que casi consigue que Francisco Granados y sus socios esquivaran a la Justicia. Una actuación que, según el instituto armado, causa “sonrojo y bochorno”.

La relación de Caro Vinagre con Francisco Granados arranca en 2007, cuando coge una excedencia en la Guardia Civil y es nombrado asesor técnico de seguridad en la Comunidad de Madrid a las órdenes del entonces consejero de la todopoderosa presidenta Esperanza Aguirre. Los dos, según la Justicia, estaban “estrechamente unidos”. Por aquel entonces la trama Púnica ya estaba en funcionamiento y David Marjaliza, supuestamente, colaboraba con Granados escondiendo sus ganancias en Suiza.

Los tres volvieron a cruzar sus caminos en septiembre de 2014. Un guardia civil, José Manuel Rodríguez Talamino, se acercó a Francisco Granados en plenas fiestas de Valdemoro y le dijo que él mismo había puesto cámaras y micrófonos en la puerta del despacho de su socio Marjaliza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les pisaba los talones y Granados, asustado, quiso saber más. Fue Caro Vinagre, amigo de Granados, quien consiguió más información de Talamino y se la trasladó directamente a su antiguo jefe en la Comunidad de Madrid.

El resultado es conocido y ha sido sentenciado en firme. Granados y Marjaliza aprovecharon el chivatazo para intentar borrar pruebas, el empresario quemó un carrito de la compra lleno de documentación comprometida un día de niebla y los investigadores tuvieron que ponerse manos a la obra para evitar que meses de pesquisas se fueran a la basura. Los acusados empezaron a hablar en clave por teléfono, la Guardia Civil tuvo que quitar los dispositivos de grabación fingiendo que necesitaban ir a Alicante a perseguir a un narco que no existía y, al final, se plantearon incluso adelantar las detenciones para evitar males mayores.

El soplo se tradujo en una condena firme de dos años de cárcel para Granados y para su informante Talamino, y otra de año y medio de prisión para José Luis Caro Vinagre, pena confirmada en 2019 por el Tribunal Supremo. Poco después era la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien firmaba una sanción de dos años de suspensión de empleo que acaba de ratificar la sala de lo militar del Tribunal Supremo después de pasar por el Tribunal Militar Central y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los magistrados de la sala de lo militar del Supremo, según ha podido comprobar elDiario.es, acaban de rechazar el último recurso presentado por Caro Vinagre y han declarado firme la sanción, dejando caer que incluso podría haber sido suspendido durante más tiempo. El Supremo confirma que, con su participación en el chivatazo, causó “un grave daño” a la Guardia Civil, incurrió en “un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil” y, añade que “se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita”.

Fuentes de la Guardia Civil explican a elDiario.es que ninguno de los dos agentes condenados en esta sentencia siguen ejerciendo dentro del cuerpo. Talamino, explican estas fuentes, perdió su condición de guardia civil después de ser condenado a dos años de cárcel y cuatro más de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Caro Vinagre también está actualmente fuera de servicio.

“Suscita sonrojo y bochorno”

El expediente del caso revela los términos en los que la Guardia Civil impuso la sanción a este agente en excedencia. La resolución que intentó combatir sin éxito en los tribunales le acusaba, según dice el texto, de desarrollar “una actividad criminal que suscita sonrojo y bochorno, así como evidente escándalo ante la sociedad”. La corrupción, dice la resolución que le sanciona, es un asunto con una “especial sensibilidad social existente hacia este tipo de conductas delictivas relacionadas con asuntos relacionados con la corrupción”.

El Tribunal Militar Central desarrolló estas críticas, recordando en su sentencia ahora confirmada: “Es exigible a los miembros de la Guardia Civil, en atención a la delicada misión que les está encomendada y a la cuota de poder coactivo del Estado que les incumbe, un ”plus“ de moralidad y una ejemplaridad en su actuación social”. Además, de Caro Vinagre recuerdan: “Durante su situación de excedencia, y reiteramos sin haber sido dado de baja en el Cuerpo, ejercía de asesor técnico de seguridad para una administración pública, contratado por la Comunidad de Madrid, esto es, realizaba funciones para la administración autonómica, con lo que su conducta resulta en mayor medida reprochable”. 

Púnica, espías y Manuel Moix

El chivatazo no sentó nada bien ni en la Guardia Civil ni en la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio, el antiguo jefe del agente Talamino no hizo esfuerzos por ocultar la decepción que sentía por la actuación del condenado. Ante el tribunal, lamentó: “Era uno de los míos, era una mancha muy difícil de borrar, nos ha costado mucho”. Una decepción equiparable a la que expresó una de las fiscales del caso durante el interrogatorio a Talamino en fase de instrucción.

La representante del Ministerio Público fue clara durante la comparecencia del agente. Se dirigió directamente al acusado: “¿Es consciente de lo que puede suponer pasar una información, y la decepción para la gente que lleva tantas horas trabajando?”. Talamino bajó la voz y se limitó a reconocer que se trata de “un golpe muy bajo”. Ese día Caro Vinagre desveló cómo fue su conversación con Granados al día siguiente del primer capítulo del chivatazo: “Me llama el señor Granados, y en la puerta de mi casa me comenta que 'Tala' le ha contado que han puesto unas cámaras y unas medidas de seguridad”.

En ese momento, Caro Vinagre tenía dos frentes abiertos con la Justicia. Además de la causa del chivatazo, el guardia civil en excedencia estaba pendiente de juicio por el conocido como 'caso espías' y la acusación de usar medios públicos de la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre: el vicepresidente Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo.

El caso fue archivado y reabierto varias veces con José Luis Caro Vinagre acusado de formar parte de un comando de espías al servicio de la Comunidad de Madrid para vigilar a altos cargos y quedó exonerado de cualquier responsabilidad penal en 2019, mientras era condenado por el soplo de la Púnica. Un jurado popular estableció que no había ni una prueba fiable de que hubiera existido este grupo de asesores de seguridad dedicados al espionaje y fue entonces cuando José Luis Caro Vinagre pasó al ataque.

Primero, tal y como explicó la agencia Europa Press, exigió a la Audiencia Provincial de Madrid que tanto la Comunidad como el PSOE, acusaciones en el caso, fueran condenadas a pagar las costas del proceso después de ser absueltos. Después cargó contra Manuel Moix, en ese momento fiscal jefe de Madrid y posteriormente fiscal jefe Anticorrupción. Se querelló contra él acusándole de falsear datos del caso para favorecer los intereses políticos del PP, pero el Supremo rechazó la denuncia. La acción judicial fallida, incluso, acusaba a Moix de pertenecer a una organización criminal.

“Disculpa por el lío”. La quinta jornada del caso de los espías ha arrancado con la magistrada pidiendo perdón. Se dirigía al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Por “lío”, la jueza del caso se refería a la amenaza que tuvo lugar en la misma sala de vistas 24 horas antes, cuando amenazó con enviar a la Policía a buscar al expresidente a su casa por eludir una citación para declarar como testigo que en realidad nunca existió.

Todo fue fruto de un “error administrativo”, uno más de los que se suceden en el juicio de la llamada “gestapillo”, una trama de espionajes y seguimientos a dirigentes políticos del PP de Madrid enfrentados a la entonces presidenta, Esperanza Aguirre. Diez años después el asunto llega a juicio entre un sinfín de descuidos, descoordinaciones y olvidos y en el que solo el PSOE ejerce la acusación.

La “gestapillo” se lo inventó uno de los presuntos espiados, el vicealcalde de Madrid y mano derecha entonces de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, para definir las maniobras de policías y guardias civiles adscritos a la Comunidad de Madrid para vigilar los movimientos de los rivales políticos de Esperanza Aguirre y después volcarlos en rudimentarios partes de trabajo.

El juicio que indaga sobre hechos de hace una década, cuando Aguirre preparaba el asalto a la presidencia nacional del PP descabalgando a Mariano Rajoy, trata de dirimir si hubo malversación de caudales públicos y está dejando momentos esperpénticos desde que arrancó el pasado 5 de febrero en la Audiencia Provincial de Madrid. En la sala de vistas han tenido lugar, a la vista de abogados, imputados y medios de comunicación, citaciones en días erróneos y hasta llamadas a supuestos testigos que nada tienen que ver con el caso.

Esta conversación por videoconferencia está sacada íntegramente de la sesión del lunes:

-“Le llamamos en relación a la malversación caudales públicos en la que se acusa, entre otros, a su ex marido”

-“Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona”

La persona al otro lado era Yolanda Laviana Fernández, una mujer completamente ajena a Sergio Gamón, el principal acusado, y a la que confundieron con su expareja, con el mismo nombre y el mismo primer apellido. Tras el error, la persona que debía haber sido citada, Yolanda Laviana Díaz, no ha sido llamada a declarar y su paso como testigo por el juicio se ha suprimido pese a haber reconocido a El País en 2009 que su exmarido había espiado al exvicepresidente de la Comunidad Alfredo Prada, en aquel momento enfrentado a Aguirre.

Otro de los citados en la caótica jornada del lunes, el asesor de Granados Marcos Peña, tampoco estaba correctamente convocado.

El jurado popular tampoco podrá escuchar a Manuel Cobo, ingresado en el hospital tras una delicada operación. Cobo es un personaje central de la historia porque fue uno de los espiados y relató entonces cómo sus enemigos internos en el partido siguieron sus seguimientos para hacerlo depender de ellos. Los partes sobre el entonces vicealcalde de Madrid, hombre fuerte del Gobierno de Gallardón y alineado con Mariano Rajoy, no dejan lugar a dudas. Pero Cobo, el dirigente que más claro habló del espionaje -hasta el punto de ser expedientado por su propio partido- no comparecerá en el juicio.

Ante el incordio que supondría tener que suspender las vistas, la jueza alegó que ya iban a venir otros testigos y que el exvicealdalde ya había declarado durante la instrucción, donde ratificó que existieron los seguimientos y confió en que la justicia aclare quién estuvo detrás. Sin pegas de ninguna acusación, se le tachó de la lista de testigos.

Sí que ha comparecido Alfredo Prada, otro de los que fueron seguidos cuando ejercía como consejero de Aguirre. Durante su declaración como testigo dijo haber “sentido un daño familiar enorme” por ver en los partes de seguimiento eventos familiares en los que había sido espiado. Aguirre descartó ese espionaje dando a entender que además Prada era uno de los suyos, “el más aguirrista”, dijo aludiendo a su propio apellido.

El juicio es un rosario de errores y asusencias clamorosas pese al interés mediático que siempre ha levantado una supuesta trama de espionaje que aireó las peleas por el poder en la trastienda del PP. Decenas de periodistas siguen las vistas a través de varias pantallas de la sala de prensa de la Audiencia Provincial de Madrid.

Por el banquillo han pasado ya cinco cargos políticos. Ninguno como acusado pese a que el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, ha señalado con el dedo hacia arriba. “Eran unos mandados. Les dijeron que hicieran esto y lo hicieron”, ha admitido.

Francisco Granados, que acudió en calidad de testigo, resumió el viernes en una sola frase sus voluntades ante el tribunal, aunque la tuvo que pronunciar fuera de la sala. “Vengo a aclarar algunas payasadas que se han dicho”, dijo el exconsejero de Presidencia señalado por dos acusados, José Luis Oreja y Antonio Coronado, como conocedor de la trama. El presunto cabecilla de la trama Púnica negó cualquier comunicación con ellos en tono displicente. “¡Qué pintan dos señores de seguridad en el despacho de un consejero!”.

Esperanza Aguirre llegó dos horas antes a la Audiencia Provincial precisamente para evitar a los medios, a los que retiró los micrófonos a la salida. Dentro, en una declaración de 17 minutos, dijo no saber nada. Según su testimonio, no fue informada por las presuntas víctimas, Prada y Cobo, y tampoco por Francisco Granados, a quien dos de los acusados aseguran haberle comunicado que no aceptarían la “orden ilegal” de espiar. La exlideresa aseguró que ni siquiera recordaba que había mandado iniciar una investigación interna tras las informaciones de El País.

“De todo esto han pasado muchos años, de verdad”, aseguró la expresidenta que solo admitió conocer a Gamón, el director general de Seguridad que ella nombró, el marido de la persona a la que contrató como una de sus secretarias, y que supuestamente ordenó seguir a adversarios internos. Entre ellos, Cristina Cifuentes.

El tono lastimero monopolizó su breve declaración, en la que hubo suficiente tiempo para indicar a uno de los abogados de la acusación, del PSOE, cómo debía colocarse el micrófono. “Si no se pone el micrófono y habla tan deprisa no le entiendo” [...] “Póngaselo de lado” [...] “Si se lo pusiera así, en vez de así”.

Tras el malentendido del lunes, Ignacio González ha llegado a la Audiencia Provincial un día más tarde con la certeza de que la atención mediática este martes estaba en otro sitio. El que fuera mano derecha de Aguirre y hoy imputado por gravísimos delitos en la Operación Lezo ha trazado su declaración con la misma escuadra y cartabón que su exjefa. Veinte escasos minutos que se resumen en tres noes: no conocía, no ordenó nada y no podía hacerlo porque no tenía competencias, ha dicho, sobre los agentes acusados: dos policías y tres guardias civiles.

El interrogatorio a los acusados tampoco se libró del esperpento. Un funcionario de la Comunidad de Madrid no pudo contener las lágrimas mientras afeaba al abogado que representa al gobierno regional que se dirigiese contra él, alguien de “la familia”. Un agente se explayó en críticas por los medios con los que hacían los seguimientos -habló de un Seat Toledo “cochambroso”- mientras que el supuesto cabecilla recibía constantemente advertencias de su abogado para que no se fuese por las ramas y dijese algo que no debía.

Los letrados de la Comunidad de Madrid, personada en el caso, han rehusado hacer preguntas a los testigos. Tampoco profundizaron mucho con los abogados. El letrado de la acusación particular, del PSOE, no ha sido este martes mucho más insistente y de hecho durante el juicio se ha saltado algún interrogatorio. La magistrada se ha permitido adjudicarle al único letrado que ejerce la acusación, un “escaso interés por la causa”. La Fiscalía, entretanto, pide la absolución en un juicio en el que apenas formula preguntas. Las probabilidades de que el caso acabe en condena parecen así muy reducidas.

La magistrada no se cansa de pedir concisión en las preguntas y las respuestas. Y veta automáticamente las cuestiones que indagan en las rivalidades políticas que presuntamente motivaron el espionaje. Este martes ha pedido a todas las partes “filtrar un poquillo” en este sentido. “Tienen ustedes que filtrar lo que es el problema judicial de los problemas políticos, que no pueden reflejarse en el acta y no se van a juzgar. Es cierto que esto es muy mediático pero hay que tener en cuenta por lo que estamos aquí”, ha advertido tras interrumpir al jurado popular, que no ha podido completar su interrogatorio.

Sergio Gamón ha desarrollado gran parte de su carrera como Policía Nacional en labores de escolta. Durante años fue el guardaespaldas de Esperanza Aguirre, que le fichó durante su etapa como ministra de Educación y luego se lo llevó al Senado cuando fue elegida presidenta de la Cámara Alta. Cuando se hizo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid volvió a recurrir a su escolta, aunque en esta ocasión le confió mucho más que eso: también su seguridad política.

El pasado jueves Gamón se sentó en una sala de la Audiencia Provincial de Madrid como principal acusado del caso sobre el espionaje político, la gestapillo de Aguirre como la bautizó uno de sus principales enemigos internos, el vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo. Las acusaciones sitúan al viejo guardaespaldas de Aguirre como la persona que ordenó a varios agentes de policía y guardia civil que trabajaban para él que siguiesen a los rivales políticos de la presidenta. Los seguimientos se produjeron en los meses previos al Congreso del PP de 2008, para el que la entonces presidenta regional sopesaba presentarse para destronar a Mariano Rajoy, dentro de una campaña en la que el aguirrismo no estaba solo, le amparaba parte de la derecha mediática de la capital.

Aguirre sabía que tenía algunos rivales en el partido bien posicionados que podían suponer un problema a la hora de derrocar a Rajoy. Entre ellos estaban Manuel Cobo y Alfredo Prada, este último consejero de su Gobierno. En el sumario constan partes de seguimiento con sus movimientos en sus lugares de trabajo y en los domicilios de estos dos dirigentes del PP. Los posicionamientos de los teléfonos de los agentes que trabajaban para Gamón los sitúan en los mismos sitios que aparecen reflejados en los partes.

Gamón, hoy acusado por malversación de fondos públicos durante aquella etapa en la Comunidad de Madrid, es un policía que hizo de su cercanía al PP su modo de prosperar más allá del Cuerpo. Comenzó como escolta en la Casa del Rey en 1987 hasta que Aguirre se lo llevó al Ministerio de Educación y Cultura en 1996. Después lo coloca también como responsable de su seguridad en el Senado cuando es elegida presidenta. Entre las secretarias de Aguirre estaba Yolanda Laviana, mujer de Gamón, e Isabel González, hermana de quien fue su sucesor al frente de la Comunidad, Ignacio González, mano derecha durante muchos años en el partido.

El saltó para Gamón en todo caso llegó tres años después de que Aguirre se hiciera con la presidencia de la Comunidad de Madrid tras las elecciones que el 'Tamayazo' obligó a repetir. La presidenta lo colocó en 2006 al frente de la Dirección General de Seguridad con un sueldo de 90.000 euros, más de lo que percibían sus consejeros. Dos agentes que trabajaban para él han declarado en el juicio que en febrero de 2008 los citó en su despacho para darles una órdenes que se alejaban mucho de sus encargos habituales.

Según la versión de los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, Gamón les dijo que debían hacer “seguimientos” a Cobo, Prada, Cristina Cifuentes y otros cargos políticos del PP. Ambos le contaron a la jueza que el escolta de Aguirre les dijo que el encargo era fruto del “especial interés” que tenía Ignacio González. Los dos agentes declararon que se habían negado a aceptar esas órdenes “ilegales” y que acudieron a contarle todo a Francisco Granados, por lo que nunca hicieron la labor de espionaje. Las acusaciones -y los informes policiales incorporados a la causa- creen que los partes y el posicionamiento de sus teléfonos demuestran que mienten en este punto.

Gamón no se limitó a dar órdenes, en una ocasión decidió implicarse personalmente. En junio de 2008, Prada dimite como consejero de Justicia y, por tanto, como responsable del proyecto de la Ciudad de la Justicia. Ese mismo mes, el policía de confianza de Aguirre reúne a un grupo de agentes y acude al despacho que Juan Carlos Fernández, el número dos de Prada, tenía en la Ciudad de la Justicia. Según varios testigos, se llevan su ordenador y varios documentos. Prada se quejó y Gamón acabó destituido de la Dirección de Seguridad, aunque no tardó en recolocarse como asesor en el mismo Gobierno de Aguirre con un sueldo similar.

En 2009, El País destapa los seguimientos y el episodio en la Ciudad de la Justicia. Los implicados, incluido Gamón, lo niegan todo. Una comisión parlamentaria controlada por el PP despacha el asunto rápido mientras altos cargos de la Comunidad y algunos medios afines acusan al periódico de inventarse el escándalo.

Pero el 21 de junio entra en escena la ya exmujer de Gamón. Laviana había sido secretaria de Aguirre y luego pasó a serlo del director general de Telemadrid, Manuel Soriano. En una entrevista con El País, confirma que su marido seguía a rivales políticos de Aguirre: “Ignacio González era con quien hablaba mi exmarido de sus averiguaciones sobre Prada. Y le decía que [él y su grupo] tenían que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que necesitaban un segundo teléfono porque podían escuchar sus conversaciones. También le decía que tenía que infiltrarlo en el PP para conseguir más información”.

El 23 de junio Gamón presenta su renuncia. Un día más tarde Telemadrid despide a Laviana. El policía ha afirmado durante el juicio que las palabras de su exmujer responden a que la Justicia había fallado contra ella en un litigio sobre la pensión que Gamón debía pasarle. La jueza le corta la argumentación en seco. Laviana fue citada a comparecer en la Asamblea de Madrid por este caso en 2016 y dijo que se negaba a declarar por miedo: “He vivido un horror. Esto ha destrozado mi vida. Me acojo al derecho a no declarar”.

Gamón ha vuelto a negarlo todo en el juicio por el espionaje, que ha tardado una década en celebrarse entre multitud de trabas judiciales. Aseguró que él no ordenó a sus hombres que siguieran a los rivales políticos de Aguirre. Dijo también que apenas conocía al expresidente Ignacio González, solo de haber coincidido con él en algún acto. De la entonces presidenta Aguirre, la misma que lo había llevado de escolta a varios de sus cargos y que había colocado a su esposa como secretaria,  dijo que apenas habían hablado un par de meses.

Ya jubilado, Gamón sabe que el juicio al que se enfrenta no le supone una gran amenaza. La Fiscalía no le acusa y otros dos agentes acusados niegan los seguimientos. Durante su declaración tuvo varios episodios en los que habló más de lo debido, hasta casi llegar a cargar contra los abogados de los acusados que sí le implican. Su letrado tuvo que cortarle: “Sergio, Sergio, calla, escúchame”. Al terminar pidió perdón a la jueza porque su cliente era dado a hablar más de lo debido: “Si le doy pie, se me desboca”.

Este lunes están citado como testigo Ignacio González, quien según los dos agentes dio la orden de seguir a los rivales de Aguirre para medir sus movimientos y tenerlos controlados antes del Congreso de 2008. Ese mismo día acudirá la expresidenta, a quien Gamón debía guardar las espaldas políticas después de haber sido su escolta durante una década.

Sergio Gamón es policía nacional y ha desempeñado buena parte de su carrera como escolta de Esperanza Aguirre y como alto cargo de su gobierno regional. Este jueves se ha sentado como acusado en la Audiencia Provincial por, presuntamente, ordenar a varios agentes que siguieran en 2008 a varios rivales internos de la expresidenta, entre los que estaban Manuel Cobo, Alfredo Prada y Cristina Cifuentes.

Gamón era en esa época director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, un puesto de libre designación con un sueldo de 90.000 euros. Según las acusaciones del caso Espías, él ordenó los seguimientos a los rivales de Aguirre en los meses previos al Congreso de 2008 en el que se iba a poner a prueba el liderazgo de Mariano Rajoy.

Dos acusados de haber realizado estos seguimientos -José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez- relataron este miércoles que Gamón les citó a una reunión para darles la orden de hacer “seguimientos” por el especial interés que tenía en ese encargo el entonces vicepresidente, Ignacio González.

“Nunca di órdenes ilegales, y nunca se las di a ellos, nunca les di ninguna orden ilegal ni legal”, ha contestado. “Nunca lo ordené, ni se me ocurrió ordenarle ningún seguimiento a nadie”, ha insistido.

Gamón también ha dicho desconocer los partes de seguimiento que obran en el sumario -donde se recogen los movimientos de Prada y Cobo-, a los que ha calificado como “panfletos”. “Esos partes los he visto en El País y luego en el procedimiento”, ha añadido. También ha rechazado que el posicionamiento del teléfono de sus agentes coincida con lo lugares apuntados en esos partes. Ha dicho que son coincidencias.

Antes que él ha declarado el guardia civil José Luis Caro Vinagre, el asesor de seguridad de Francisco Granados. A preguntas de su abogado, ha dicho que él solo se comunicaba verbalmente con sus superiores -para rechazar que elaborase los partes se seguimiento-.

Al contrario de la versión que dieron ayer los otros dos guardias civiles imputados, Caro Vinagre ha negado que el director general de Seguridad, Sergio Gamón, les pidiese hacer seguimientos: “En la vida he seguido a nadie (...) No me ha ordenado nadie seguir a nadie”. De hecho, ha dicho que apenas tuvo relación con Gamón y su segundo, Miguel Castaño.

Caro Vinagre fue condenado en el primer juicio del caso Púnica por su implicación en el chivatazo que otro agente dio a Granados, y que le permitieron a él y a su socio David Marjaliza destruir documentación.

Castaño, por su parte, ha declarado en los mismos términos que Gamón. Ha dicho que nunca vio ni elaboró ninguno de los partes de seguimiento y que nunca dio órdenes a los asesores de seguridad.

“No se ha acreditado y no existe”. Ignacio González fue tajante durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que le interrogó por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los presuntos responsables de ese seguimiento han declarado ante la jueza que, cuando recibieron la orden de seguir a los rivales internos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, se les dijo expresamente que era por el “especial interés” que tenía en ese encargo el entonces vicepresidente madrileño.

José Oreja Sánchez y Antonio Coronado son agentes de la Guardia Civil y estuvieron destinados en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. El responsable de esa área, Sergio Gamón, les citó en febrero de 2008 a una reunión junto a otros cuatro agentes de Guardia Civil y Policía. Ante la jueza, han dicho que Gamón les dio unas instrucciones “ilegales” para hacer “seguimientos” a, entre otros, Alfredo Prada, Manuel Cobo o Cristina Cifuentes.

Los tres eran rivales políticos de Aguirre dentro del PP de Madrid. Ese año, el partido había convocado para el mes de mayo un Congreso que pondría prueba el liderazgo de Mariano Rajoy. La entonces presidenta regional, que gobernaba con una amplia mayoría absoluta e iba acumulando más poder situando a personas de confianza en instituciones y empresas públicas de Madrid, sopesaba presentarse para quitarle la silla a Rajoy.

González era entonces su mano derecha, su hombre de máxima confianza y al que luego dejó en herencia la presidencia autonómica. De su estrecha relación hay multitud de documentos gráficos y periodísticos, pero el más revelador es la intervención ante la prensa de Aguirre cuando González fue detenido por el caso Lezo. A la apodada como 'Dama de Hierro' de la política española se le quebró la voz: “Para mí, que he puesto mi confianza en él, es un palo muy muy duro”. Dimitió unos días después.

Según los acusados, en la reunión de 2008 Gamón -que había sido guardaespaldas de Aguirre y estaba colocado a dedo por ella con un sueldo de 90.000 euros- les dejó claro que los seguimientos respondían al “especial interés” de González. Los dos guardias civiles han dicho que aquella orden les escandalizó y no la cumplieron. Las acusaciones, sin embargo, creen que se prestaron a ello y espiaron a los rivales de Aguirre en sus lugares de trabajo y en sus domicilios particulares. Los partes de seguimiento y el posicionamiento de los teléfonos así lo acreditan.

El problema para González es que la alusión a su interés en el espionaje no es una nueva estrategia de los acusados. Uno de ellos ya confesó que el entonces presidente había dado la orden de hacer esos seguimientos. Lo contó en un encuentro privado cuando pensaba que nadie más estaba escuchando.

Ocurrió en 2012. Los agentes de la Guardia Civil implicados en los seguimientos acudieron a Francisco Granados, su hombre de confianza en el Gobierno de Aguirre. Tenían que declarar en fase de instrucción y se reunieron en el chalet del político para preparar ese trámite. Durante la conversación, grabada en el marco la investigación del caso Púnica, el agente José Oreja dijo que él tendría que decir la verdad ante la jueza, que todo respondía al “especial interés del presidente actual”, en referencia a Ignacio González. “La verdad es esa”, apostilla en esa grabación ante los reproches de Granados.

Al final no lo dijo en aquella ocasión, pero este miércoles sí que ha dicho lo que en 2012 definió como “la verdad”. Tras él, el también agente de la Guardia Civil Antonio Coronado ha dado la misma versión. Este jueves está previsto que declare Sergio Gamón, el entonces director general de Seguridad y quien supuestamente trasladó ese interés. González, por su parte, acudirá solo como testigo porque el caso se ha reducido a un posible delito de malversación de fondos, sin políticos acusados.

El antiguo hombre de confianza de Aguirre, que pasó por prisión preventiva por el caso Lezo, ya se ha pronunciado en multitud de ocasiones sobre el espionaje político, siempre para negarlo. En marzo de 2017, compareció por este asunto en la comisión de la Asamblea de Madrid que indaga en los casos de corrupción de los últimos años.

González repitió en varias ocasiones que el caso se había archivado en tres ocasiones, sin mencionar que otras tantas fue reabierto por orden de la Audiencia Provincial. Cuando acudió a la Asamblea ya estaba presentados hasta los escritos de acusación para el juicio que ahora se celebra.

Durante aquella comparecencia le preguntaron específicamente por su “especial interés” en el espionaje a los rivales internos de Aguirre. “Todas las personas que han participado en esa reunión, que no fueron solamente esos dos, sino todos los demás, muchos más, por lo que he visto también en las actas, han dicho que eso es mentira”, respondió.

“Lo que han dicho todas las personas que han comparecido aquí, y lo que hasta este momento se ha comprobado, es que no ha existido ese espionaje; incluso, esos guardias civiles a los que usted cita, parece que en su comparecencia aquí dijeron que ellos no hicieron ningún espionaje”. Tiene razón en parte. Los agentes aseguran que no hubo espionaje, pero sí dicen que se les encargó. Y que ese encargo lo hizo González.

Una década después, el espionaje a políticos del PP por parte de policías de la Comunidad de Madrid llega a juicio. En el banquillo se sentarán finalmente agentes y funcionarios de la Dirección General de la Comunidad de Madrid. Ningún político, a pesar de que en el trasfondo del caso esté toda una época de rivalidades políticas dentro del partido que fue hegemónico durante décadas en la región. Los supuestos responsables políticos de esos seguimientos, quienes en la escala jerárquica estaban entonces por encima de los acusados, se sentarán solo como testigos.

Una de las víctimas de esos seguimientos, Manuel Cobo, entonces mano derecha del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón y enfrentado desde siempre a Esperanza Aguirre, lo describió como “la gestapillo” por el burdo trabajo que habían hecho los supuestos espías. Desde entonces es el nombre no oficial del caso. Es una causa sencilla -los escritos de acusación no llegan a las 10 páginas; la descripción de los hechos ocupa un par de párrafos- donde se juzga un delito de malversación de fondos, pero tras las cuestiones meramente judiciales emerge una historia sobre el poder, las maniobras para alcanzarlo y retenerlo y los odios cruzados dentro del PP de Madrid. Pero, sobre todo, revela la impunidad de quienes fueron capaces de utilizar recursos de la administración y dinero público al servicio de sus intereses.

No hay ningún responsable político acusado. El caso se ha enfrentado a tres intentos de archivos por parte de la jueza Carmen Valcárcel, con las correspondientes reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial. En su momento, Aguirre despachó el asunto con una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que controlaba su partido y que acabó concluyendo que no había pasado nada. En pleno auge de su poder absoluto en Madrid, la lideresa solo tuvo que ladearse ligeramente para que el escándalo no la rozase.

La batalla por la presidencia del PP

Todo ocurrió en 2008, en los meses previos a un Congreso del PP que iba a poner a prueba el liderazgo de Mariano Rajoy. Aguirre, descontenta con cómo llevaba las riendas del partido, medía sus fuerzas antes de decidir si presentarse sin quitar el ojo de sus posibles rivales para la presidencia del partido. El escrito de acusación de los abogados de Carmen Rodríguez Flores, diputada del PP que fue víctima de ese espionaje, resume lo que ocurrió durante las semanas anteriores al Congreso.

“Coincidiendo con los preparativos del Congreso Nacional del Partido Popular celebrado en Valencia en junio de 2008, algunas personas por ahora sin identificar, idearon la creación de una estructura cuyo objeto era conocer de sus oponentes políticos las actividades, movimientos y personas con quienes se relacionaban”. Esa estructura paralela dentro de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid tenía tres objetivos para los seguimientos: Alfredo Prada, consejero de Justicia; Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y la diputada regional Rodríguez Flores.

Según el sumario del caso, en la cúspide de esa estructura se encontraba Sergio Gamón. Este inspector de Policía comenzó a trabajar como escolta de Aguirre en su época como ministra de Educación en el Gobierno de Aznar y coordinó también su seguridad cuando ejerció de presidenta del Senado. Estuvo un tiempo trabajando para otros altos cargos, pero Aguirre lo rescató para la administración madrileña: fue colocado a dedo como director general de Seguridad y sueldo de 90.000 euros al año, más que muchos de los directores generales y consejeros de su Gobierno.

A Gamón y a su segundo, Miguel Castaño Grande, le rendían cuentas el resto de implicados, según han declarado ellos mismos durante la instrucción del caso. Ese grupo lo integran los agentes de la Guardia Civil José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez. Todos ellos daban el detalle de los seguimientos -que realizaban en horario laboral y con medios de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad- a José Miguel Pinto Serrano, que elaboraba unos partes rudimentarios que luego recibían Castaño y Gamón.

Las acusaciones han cruzado los datos de esos partes con el posicionamiento del teléfono de los acusados y el resultado les sitúa en los lugares que luego apuntaban en esos documentos. Estaban en los alrededores de la casa de Cobo cuando el parte reflejaba que vigilaban su domicilio privado; se encontraban en Sol cuando el documento dice que seguían a Prada en sus visitas a la sede del Gobierno regional.

La Fiscalía, sin embargo, no acusa de nada a ninguno de ellos. Su escrito afirma que no hubo orden de que los agentes realizaran seguimientos, desdeña los partes al considerar que pudieron falsificarse y el posicionamiento de los teléfonos, porque pudieron engancharse a antenas alejadas de su posición ante situaciones de saturación de las líneas telefónicas. Si en algún momento sus móviles les sitúan donde se produjeron los seguimientos es porque vigilaban habitualmente edificios de la Comunidad de Madrid, sostiene el Ministerio Público.

La Comunidad de Madrid, personada como acusación, ha llegado a una conclusión distinta. En 2016, los servicios jurídicos del Gobierno regional cuando lo presidía Cristina Cifuentes incluyeron en su escrito de acusación una frase intrincada para reconocer que hubo espionaje político pagado con fondos públicos: “Se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”.

Las grabaciones que apuntan a Granados y González

Ese documento, sin embargo, no hace ninguna referencia a quién ordenó espiar a los rivales políticos de Aguirre. “Personas por ahora sin identificar”, dicen los escritos del resto de acusaciones. Gamón siempre se ha negado a revelar quién le encomendó ese trabajo. Los que fueron objeto de los seguimientos aún confían en que aproveche su declaración durante el juicio para hacerlo. Cobo afirmó durante una comparecencia en la Asamblea que “probablemente” la orden partió de alguien del Gobierno de Aguirre.

Algunas conversaciones intervenidas en el caso Púnica, otro caso de corrupción que involucra a importantes dirigentes vinculados al aguirrismo, apuntan también en esa dirección, casi la única si se tiene en cuenta que todos los acusados dependían jerárquicamente de los altos cargos del Ejecutivo regional. Según reveló El Mundo, los agentes que efectuaron los seguimientos se reunieron con Francisco Granados en su casa el 3 de octubre de 2012 antes de su inminente declaración ante la jueza.

Una grabación recoge que el exconsejero de Presidencia los tranquilizó. Les dijo que “el tema judicial” no iba a ningún sitio, a no ser que, por ejemplo, Gamón dijera “a ver, que a mí me lo ordenó Francisco Granados”. Uno de los agentes, José Oreja, le responde que él tendría que decir que los seguimientos eran fruto del “especial interés del presidente actual”, en referencia a Ignacio González. “La verdad es esa”, apostilla ante los reproches de Granados.

Finalmente no dieron detalles ante la jueza de quién había hecho los encargos y se limitaron a decir que siguieron órdenes de Gamón. El propio Oreja comentó luego con Granados en una grabación que Alejandro Halffter, entonces alto cargo de la Comunidad de Madrid, le había felicitado: “Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas”. En esa conversación, Granados le dice que su “seguro de vida” no es Halffter, es González y que si se les mantiene en su puesto es para que no le perjudiquen con una posible confesión.

Granados, hoy acusado de graves delitos en la trama Púnica, tenía una relación estrecha con esos agentes. A uno de ellos, Caro Vinagre, lo fichó en 2007 como asesor de seguridad de la Consejería de Justicia. Acabó condenado a un año y medio de cárcel por su implicación en el chivatazo que otro agente le dio a Granados sobre la investigación de Púnica durante una noche de copas. El resto indicaron a la jueza que, cuando Gamón les ordenó seguir al propio Granados, se negaron y acudieron a él para contarle todo.

La antigua mano derecha de Aguirre solo se sentará como testigo en el juicio, al igual que la expresidenta regional y González. También están citados Cobo, Prada y Rodríguez Flores. En la sala de la Audiencia Provincial de Madrid coincidirán los protagonistas de la luchas internas en el PP, casi todos ya retirados de la política.

González anda inmerso en la investigación del caso Lezo, que lo sitúa en la cúspide de una organización criminal para robar fondos de empresas públicas mediante operaciones en el extranjero, básicamente el Canal de Isabel II. Granados, que negó cualquier relación con el espionaje, acudirá después de una primera condena a dos años por el caso Púnica y con el grueso del caso aún en fase de instrucción.

Aguirre asiste a todo desde su retiro, desde el que observa como su pupilo, Pablo Casado, convierte el partido en lo que ella siempre quiso que fuera. En esa nueva dirección tiene un hueco Prada, que espera al avance de la investigación abierta por la Audiencia Nacional por la Ciudad de la Justicia, el proyecto del que él era responsable y que se tragó 100 millones de euros de dinero público. Actualmente se ocupa de la oficina anticorrupción del PP . Cobo ocupó ese mismo cargo en 2017, pero abandonó a las dos semanas.

La comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid ha convocado al expresidente regional Ignacio González, en calidad de exvicepresidente, entre los comparecientes para la próxima sesión del 10 de marzo, en la que se tratará el caso del espionaje. La petición ha sido hecha por Podemos y Ciudadanos.

En la reunión de Mesa y portavoces de la comisión celebrada este lunes se ha acordado también llamar a comparecer al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo; al exdirector general de relaciones con la administración de Justicia de la Comunidad Agustín Carretero; y al Guardia Civil y ex asesor de Justicia del Gobierno regional Luis Caro Vinagre.

En caso de que al magistrado Agustín Carretero no le den autorización para comparecer, por su condición de juez, sería convocado el detective Julio Gutierrez, de Detectives Mira.

La Comunidad de Madrid considera acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La sesión prevista para el día 10 sería la segunda en la que se aborda el caso del espionaje, que ha quedado pendiente porque el expresidente de la Comunidad Ignacio González pidió el aplazamiento de su comparecencia sobre este tema por encontrarse de viaje.

La Fiscalía de Madrid lleva hasta el final su tesis de que no hay indicios de espionaje político en el seno del Gobierno de Esperanza Aguirre. Así consta en el escrito que el Ministerio Público divulgó este jueves y que contrasta con la postura del resto de acusaciones, ejercidas por la Comunidad de Madrid, gobernada hoy por Cristina Cifuentes, y los socialistas madrileños. La primera aprecia un delito de malversación que afecta a sus arcas y reclama multas para los imputados. La acusación popular del PSM va más allá y, por el mismo delito, solicita condenas de hasta cuatro años de cárcel.

El Ministerio Público ha sido clave en el empantanamiento del caso durante siete años de instrucción. Propuso el cierre de la causa en las tres ocasiones que así lo acordó la jueza Carmen Valcarce, la misma que lanzó piropos a Francisco Granados el día que fue a declarar como testigo y en la que el PP ha conseguido que recaiga temporalmente el caso del borrado de los discos duros de Bárcenas.

La Fiscalía también se opuso a la reapertra del caso cuando así lo solicitó la acusación popular, que ejercen los socialistas madrileños, a los que siempre volvía a dar la razón la Audiencia Provincial. 

El lunes trascendió que la Comunidad de Madrid, la administración que sufrió la presunta malversación de caudales públicos, admite que hubo espionaje en su seno y pide en su escrito condenas con multas para los imputados. El escrito va firmado por los letrados de la Comunidad de Madrid, ahora gobernada por Cristina Cifuentes. 

Los socialistas madrileños aprovechan su escrito de acusación para elevar la petición de responsabilidades hasta los cuatro años que piden para el que fuera director de Seguridad de la Comunidad de Madrid en el momento de los hechos, Sergio Gamón, antiguo jefe de escoltas de Esperanza Aguirre. Y aprovechan para preguntarse   “quién o quienes pudieran ser la X de este entramado”.

Por su parte, la Fiscalía insiste en su tesis. “Las diligencias de instrucción no han acreditado que los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública, caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones y, en concreto, que los vehículos o teléfonos puestos a su disposición hayan sido utilizados en los concretos y presuntos seguimientos objeto de las actuaciones”, dice en su petición de archivo, previa previsible apertura de juicio oral.

Siete acusados

Los socialistas atribuyen la malversación, además de a Gamón a sus subordinados Miguel Castaño Álvarez, para el que piden tres años; y a los agentes José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez, Marcos Peña Díaz y José Miguel Pinto Serrano. Para estos últimos, el PSM pide una condena de dos años de cárcel.

A todos ellos considera, con mayor o menos responsabilidad, implicados en el espionaje a varios responsables del PP madrileño en los meses de marzo, abril y mayo, la primavera en la que se libró una batalla encarnizada por el control del partido a nivel nacional, tras la segunda derrota de Mariano Rajoy en unas elecciones generales.

“La simple operación aritmética de sumar las nóminas que percibieron, más las llamadas telefónicas que se hicieron y el combustible que repostaron para los vehículos públicos para los que hacían los seguimientos determina la existencia de los elementos del tipo de malversación”, recoge su escrito de acusación, al que ha tenido acceso eldiario.es. Por todo ello, además, la acusación pide que se les condene a indemnizar a la Comunidad de Madrid con 162.153 euros de forma conjunta y solidaria como responsables civiles.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid coinciden con los socialistas en detectar un delito de malversación de fondos públicos aunque rebaja la petición de condenas a multas de seis a doce meses, a razón de entre 10 y 50 euros al día. 

En su escrito, el PSM relata cómo aquella primavera de 2008, durante los preparativos del Congreso del PP que se celebraría en Valencia, “algunas personas, por ahora sin identificar, idearon la creación de una estructura cuyo objeto era conocer de sus oponenetes políticos las actividades movimientos y personas con quiénes se relacionaban”. Los objetivos de los seguimientos fueron Alfredo Prada, Manuel Cobo y Carmen Rodríguez Flores. Todos ellos tenían algo en común, dice la acusación: “Eran rivales políticos de Esperanza Aguirre, como es de conocimiento general”.

El caso de los ordenadores de Bárcenas, el mismo que ha convertido al PP en el primer partido procesado de la historia de España, pasa a manos de la jueza Carmen Valcarce, la misma que empantana desde hace siete años la causa del espionaje entre miembros del partido en Madrid, y que no tuvo rubor en elogiar públicamente a Francisco Granados el día que fue a declarar al juzgado. La jueza Rosa María Freire ha rechazado la segunda recusación del PP, pero la tramita para que en última instancia resuelva la Audiencia de Madrid. Hasta que haya una resolución, será Valcarce quien se haga cargo del caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas.

Freire había rechazado de plano la primera recusación del PP, basada en informaciones y comentarios en tertulias de Eduardo Inda y que apuntaban a un presunto vínculo de la magistrada con el PSOE. La magistrada contestó en un auto muy duro en el que se preguntaba si el PP actuaba contra ella de forma machista. La formación de Mariano Rajoy quiso aprovechar ese comentario y planteó una segunda recusación centrada en esa afirmación de la jueza y alegando que demostraba animadversión hacia el partido.

En su último auto, la jueza Freire asegura: “En primer lugar, es preciso decir algo obvio y es que esta instructora no es responsable ni tiene la más mínima intervención en los titulares con los que los medios de comunicación rotulan o tienen a bien remarcar sus noticias, ni tampoco en los análisis y conclusiones a los que llegan, desde una óptica profesional, con el fin de captar la atención y transmitir información a sus lectores u oyentes”.

Añade que ella “carece de la más leve animadversión hacia el partido recusante”, al tiempo que considera obvio que el PP se encuentra inmerso en un proceso de sabotaje de la causa que se sigue contra él por delitos informáticos y por este y el de encubrimiento contra su tesorera, Carmen Navarro; el director jurídico, Alberto Durán; y el jefe de informática, José Manuel Moreno. “Con hasta dos recusaciones en un brevísimo plazo, lo que han visto con claridad las acusaciones, esto es, obstaculizar el normal desarrollo del presente procedimiento”, escribe la jueza.

Las sustituciones entre los magistrados de los 54 Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla responden a un sistema establecido por el Decanato, según el cual un juzgado tiene asignado automáticamente al titular de otro, siempre el mismo, ya sea por motivo de recusación, enfermedad o vacaciones, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las mismas fuentes señalan que el sistema lleva vigente “muchos años”.

El PP dilata el proceso

La sustituta de Freire, Carmen Valcarce, podría ahora resolver los recursos del PP, el informático y la Fiscalía en contra del auto de procesamiento o esperar a que se resuelva la recusación, para la que hay que nombrar un instructor. En cualquier caso, la última palabra sobre las decisiones de Valcarce la tendría la sección de la Sala de lo Penal que ordenó reabrir el caso y viene avalando las decisiones de Freire. En este momento, el PP ya ha logrado dilatar el proceso en un momento en el que está pendiente de la investidura de Mariano Rajoy. 

El PP argumenta que Freire es próxima al PSOE con datos inexactos y descontextualizados. Asegura que un vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas la respaldó para una sustitución que al final no obtuvo; y que acudió a propuesta del Grupo Socialista a la comisión de Justicia del Congreso para abordar como ponente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Freire se opuso en su intervención a la imposición de los plazos de instrucción, como hicieron todas las asociaciones de jueces, incluida la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).