La guerra entre Casado y Ayuso abre la mayor crisis en la historia del PP

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en un acto de campaña en Castilla y León.

La guerra total entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso ha estallado. No hay marcha atrás y el partido asiste atónito a una crisis de consecuencias impredecibles. “No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción; y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver”, declaró en una comparecencia sin preguntas la presidenta madrileña el mediodía del jueves. La respuesta del número dos del PP, Teodoro García Egea, llegó en una rueda de prensa para anunciar la apertura de un expediente informativo por las palabras de Ayuso que puede acarrear su suspensión como militante e incluso su expulsión. “No toleraré una sola acusación más”, dijo.

Ayuso admite que su hermano cobró de la empresa a la que su Gobierno adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones

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Ambas declaraciones, separadas por menos de dos horas, llegan después de que El Mundo y El Confidencial publicaran en la noche del miércoles que algunos altos cargo del Ayuntamiento de Madrid, relacionados con la dirección nacional del PP, había contactado con empresas de detectives privados para recabar información sobre el hermano de Ayuso y, especialmente, del polémico contrato público para la compra de mascarillas por valor de 1,5 millones adjudicado a un amigo de la presidenta regional, tal y como desveló elDiario.es el pasado noviembre.

En Génova sostienen que la información estalló en los medios la noche de este miércoles como una “voladura controlada” de la presidenta madrileña para tratar de tapar la comisión cobrada por su hermano, que ella misma llegó a reconocer durante su comparecencia sin preguntas, y así poner el foco en el espionaje y no en el cobro de una cantidad, que según ha publicado ABC, la dirección del PP cifra en más de 286.000 euros. La presidenta confirmó con una frase ambigua que su hermano recibió dinero de la empresa del amigo de la familia al que la Comunidad de Madrid le adjudicó el contrato, pero Ayuso defendió que no hay ninguna irregularidad y que todo estaba declarado en Hacienda.

La dirigente madrileña aseguró que se enteró de ese contrato –pese a que se adjudicó a la empresa de un amigo de su familia y se abordó en un Consejo de Gobierno el 20 de mayo de 2020– por el propio Casado que le planteó la posible irregularidad. “Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”, dijo Ayuso sin aclarar la cantidad cobrada por parte de su hermano ni el motivo por el que se le había pagado. La presidenta regional se limitó a defender que no hubo intervención por su parte. La oposición presentará este viernes varias denuncias ante la Fiscalía al entender que puede tratarse de una comisión ilegal a cambio de la adjudicación pública.

El cisma entre Casado y Ayuso, viejos amigos y aliados en el PP de Madrid y en las Nuevas Generaciones del partido, crecidos a la sombra de Esperanza Aguirre y José María Aznar, tiene, según la dirección nacional, su origen en este contrato, y en las supuestas pesquisas para intentar averiguar si era legal o no, y cómo podría afectar al futuro de Ayuso. Así lo aseguró García Egea en su rueda de prensa: “Muchas personas se preguntan ahora mismo si este asunto guarda relación con las diferencias entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto a la fecha de celebración del Congreso del PP de Madrid. La respuesta es sí”.

El entorno de Ayuso defiende en cambio que la cúpula del PP usó ese contrato para intentar que se apartase de la carrera por la presidencia del partido en Madrid.

Según el relato del secretario general y también de Ayuso, Casado convocó a Ayuso en la sede de la calle Génova de Madrid en septiembre del año pasado para preguntarle por el contrato a la empresa de su amigo y que, ya en ese momento, se relacionaba con el hermano. Todavía no se había hecho público, pero en el PP ya sabían de su existencia y del riesgo que podría suponer para un partido señalado por la corrupción de forma especial en Madrid.

García Egea aseguró en su discurso que Ayuso se comprometió a aclarar los hechos. Sin resultados. Un mes después, el 20 de octubre, el propio secretario general anuncia a la presidenta regional la puesta en marcha del procedimiento de buenas prácticas para iniciar una averiguación interna. Fue entonces cuando la presidenta madrileña bloqueó en WhatsApp al número dos de Casado, un hecho que airearon ya entonces distintos medios de comunicación.

Por aquella época ya había estallado la pugna por el control del partido. O, mejor dicho, por el calendario que marcaría la convocatoria del congreso autonómico del PP. Ayuso lanzó su candidatura a finales de agosto y fue en septiembre, coincidiendo con la reunión con Casado, cuando exigió un adelanto de los tiempos. “Esta dirección nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse”, dijo el jueves Egea para justificar las resistencias a las prisas de Ayuso.

Carromero, primera víctima

La guerra abierta entre Génova y la Puerta del Sol incluye acusaciones de filtraciones a medios, de connivencia de Casado con La Moncloa y del uso de dinero público para hacer dossieres sobre compañeros de partido.

El director general del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, dimitió este jueves señalado precisamente por ser el instigador de un plan para contratar detectives que obtuviesen más información sobre el contrato adjudicado al hermano de Ayuso. Un intento que no fructificó y que, según varias fuentes, se había llevado a cabo desde la administración que dirige José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional del PP y uno de los nombres que han sonado como el candidato de Casado para enfrentarse a Ayuso por el control del PP de Madrid.

En una rueda de prensa con preguntas, celebrada a primera hora de la mañana, Almeida reconoció haber investigado si desde el Ayuntamiento o algunas de sus empresas públicas se pagó a alguna empresa para investigar a Ayuso y su familia. Pero la búsqueda fue infructuosa, a pesar de que se entregaron 316 contratos menores. Tal y como relató García Egea, fue también Génova quien puso en alerta a Almeida sobre estos intentos de recurrir a investigadores privados para saber más de ese contrato. El alcalde, a diferencia de lo que, según Génova, hizo Ayuso, sí presentó un informe que descargaba al Consistorio de responsabilidad.

Con todo, Carromero ha dejado su cargo como director general del Ayuntamiento, uno de los puestos de confianza del alcalde. A última hora de la tarde, Almeida anuló su agenda para el viernes. Fuentes municipales confirman a elDiario.es que el ambiente en el Gobierno local es irrespirable. Ciudadanos ha pedido indagar si la Empresa Municipal de Vivienda fue utilizada para financiar las guerras internas del PP. La sospecha general es que Carromero pudo Intentar valerse de personal del Ayuntamiento para lograr información comprometedora de la presidenta madrileña.

El PP, partido en dos

Poco después de la rueda de prensa de García Egea, algunos militantes del PP de Madrid se concentraban en la puerta de la sede de la calle Génova para pedir la dimisión de Pablo Casado. La convocatoria, difundida por WhatsApp, hablaba también de otras manifestaciones en los próximos días a favor de Ayuso.

A última hora el partido había comunicado de manera formal la apertura del expediente a Ayuso e incluso le había requerido documentación a la presidenta regional.

El cisma es absoluto y alcanza a todos los niveles del PP. La mayoría del grupo parlamentario se ha posicionado al lado de Pablo Casado con mensajes explícitos en Twitter. También otros cargos como la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul. E incluso la presidenta de la Comisión de Garantías, Andrea Levy, que deberá gestionar el expediente interno que dirimirá el futuro orgánico de Ayuso. Por otra parte, diputados regionales lo han hecho a favor de la presidenta madrileña y los consejeros también le han mostrado su apoyo.

También han llegado las ondas expansivas a los territorios. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido a Ayuso, mientras el resto de barones guarda silencio. Muy notorio es el de Juan Manuel Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía debe elegir cuándo convoca elecciones: en diciembre, cuando concluye la legislatura de forma natural, o antes. Los hechos de las últimas horas, además del resultado en Castilla y León, no animan al adelanto. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, sí se ha posicionado con Casado.

Y en julio llegará el turno del Congreso Nacional del PP, donde se debería revalidar el liderazgo de Pablo Casado. Será su primer gran examen orgánico, tras cuatro años de oposición al Gobierno de coalición. Y el momento en el que también se le pasará la factura por una guerra cruentísima en el territorio que, hoy por hoy, da más alegrías al partido.

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