Comienza el juicio a la 'Gestapillo': el espionaje a cargos del PP de Madrid por parte del policía de cabecera de Aguirre

Una década después, el espionaje a políticos del PP por parte de policías de la Comunidad de Madrid llega a juicio. En el banquillo se sentarán finalmente agentes y funcionarios de la Dirección General de la Comunidad de Madrid. Ningún político, a pesar de que en el trasfondo del caso esté toda una época de rivalidades políticas dentro del partido que fue hegemónico durante décadas en la región. Los supuestos responsables políticos de esos seguimientos, quienes en la escala jerárquica estaban entonces por encima de los acusados, se sentarán solo como testigos.

Una de las víctimas de esos seguimientos, Manuel Cobo, entonces mano derecha del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón y enfrentado desde siempre a Esperanza Aguirre, lo describió como “la gestapillo” por el burdo trabajo que habían hecho los supuestos espías. Desde entonces es el nombre no oficial del caso. Es una causa sencilla -los escritos de acusación no llegan a las 10 páginas; la descripción de los hechos ocupa un par de párrafos- donde se juzga un delito de malversación de fondos, pero tras las cuestiones meramente judiciales emerge una historia sobre el poder, las maniobras para alcanzarlo y retenerlo y los odios cruzados dentro del PP de Madrid. Pero, sobre todo, revela la impunidad de quienes fueron capaces de utilizar recursos de la administración y dinero público al servicio de sus intereses.

No hay ningún responsable político acusado. El caso se ha enfrentado a tres intentos de archivos por parte de la jueza Carmen Valcárcel, con las correspondientes reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial. En su momento, Aguirre despachó el asunto con una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que controlaba su partido y que acabó concluyendo que no había pasado nada. En pleno auge de su poder absoluto en Madrid, la lideresa solo tuvo que ladearse ligeramente para que el escándalo no la rozase.

La batalla por la presidencia del PP

Todo ocurrió en 2008, en los meses previos a un Congreso del PP que iba a poner a prueba el liderazgo de Mariano Rajoy. Aguirre, descontenta con cómo llevaba las riendas del partido, medía sus fuerzas antes de decidir si presentarse sin quitar el ojo de sus posibles rivales para la presidencia del partido. El escrito de acusación de los abogados de Carmen Rodríguez Flores, diputada del PP que fue víctima de ese espionaje, resume lo que ocurrió durante las semanas anteriores al Congreso.

“Coincidiendo con los preparativos del Congreso Nacional del Partido Popular celebrado en Valencia en junio de 2008, algunas personas por ahora sin identificar, idearon la creación de una estructura cuyo objeto era conocer de sus oponentes políticos las actividades, movimientos y personas con quienes se relacionaban”. Esa estructura paralela dentro de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid tenía tres objetivos para los seguimientos: Alfredo Prada, consejero de Justicia; Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y la diputada regional Rodríguez Flores.

Según el sumario del caso, en la cúspide de esa estructura se encontraba Sergio Gamón. Este inspector de Policía comenzó a trabajar como escolta de Aguirre en su época como ministra de Educación en el Gobierno de Aznar y coordinó también su seguridad cuando ejerció de presidenta del Senado. Estuvo un tiempo trabajando para otros altos cargos, pero Aguirre lo rescató para la administración madrileña: fue colocado a dedo como director general de Seguridad y sueldo de 90.000 euros al año, más que muchos de los directores generales y consejeros de su Gobierno.

A Gamón y a su segundo, Miguel Castaño Grande, le rendían cuentas el resto de implicados, según han declarado ellos mismos durante la instrucción del caso. Ese grupo lo integran los agentes de la Guardia Civil José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez. Todos ellos daban el detalle de los seguimientos -que realizaban en horario laboral y con medios de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad- a José Miguel Pinto Serrano, que elaboraba unos partes rudimentarios que luego recibían Castaño y Gamón.

Las acusaciones han cruzado los datos de esos partes con el posicionamiento del teléfono de los acusados y el resultado les sitúa en los lugares que luego apuntaban en esos documentos. Estaban en los alrededores de la casa de Cobo cuando el parte reflejaba que vigilaban su domicilio privado; se encontraban en Sol cuando el documento dice que seguían a Prada en sus visitas a la sede del Gobierno regional.

La Fiscalía, sin embargo, no acusa de nada a ninguno de ellos. Su escrito afirma que no hubo orden de que los agentes realizaran seguimientos, desdeña los partes al considerar que pudieron falsificarse y el posicionamiento de los teléfonos, porque pudieron engancharse a antenas alejadas de su posición ante situaciones de saturación de las líneas telefónicas. Si en algún momento sus móviles les sitúan donde se produjeron los seguimientos es porque vigilaban habitualmente edificios de la Comunidad de Madrid, sostiene el Ministerio Público.

La Comunidad de Madrid, personada como acusación, ha llegado a una conclusión distinta. En 2016, los servicios jurídicos del Gobierno regional cuando lo presidía Cristina Cifuentes incluyeron en su escrito de acusación una frase intrincada para reconocer que hubo espionaje político pagado con fondos públicos: “Se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”.

Las grabaciones que apuntan a Granados y González

Ese documento, sin embargo, no hace ninguna referencia a quién ordenó espiar a los rivales políticos de Aguirre. “Personas por ahora sin identificar”, dicen los escritos del resto de acusaciones. Gamón siempre se ha negado a revelar quién le encomendó ese trabajo. Los que fueron objeto de los seguimientos aún confían en que aproveche su declaración durante el juicio para hacerlo. Cobo afirmó durante una comparecencia en la Asamblea que “probablemente” la orden partió de alguien del Gobierno de Aguirre.

Algunas conversaciones intervenidas en el caso Púnica, otro caso de corrupción que involucra a importantes dirigentes vinculados al aguirrismo, apuntan también en esa dirección, casi la única si se tiene en cuenta que todos los acusados dependían jerárquicamente de los altos cargos del Ejecutivo regional. Según reveló El Mundo, los agentes que efectuaron los seguimientos se reunieron con Francisco Granados en su casa el 3 de octubre de 2012 antes de su inminente declaración ante la jueza.

Una grabación recoge que el exconsejero de Presidencia los tranquilizó. Les dijo que “el tema judicial” no iba a ningún sitio, a no ser que, por ejemplo, Gamón dijera “a ver, que a mí me lo ordenó Francisco Granados”. Uno de los agentes, José Oreja, le responde que él tendría que decir que los seguimientos eran fruto del “especial interés del presidente actual”, en referencia a Ignacio González. “La verdad es esa”, apostilla ante los reproches de Granados.

Finalmente no dieron detalles ante la jueza de quién había hecho los encargos y se limitaron a decir que siguieron órdenes de Gamón. El propio Oreja comentó luego con Granados en una grabación que Alejandro Halffter, entonces alto cargo de la Comunidad de Madrid, le había felicitado: “Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas”. En esa conversación, Granados le dice que su “seguro de vida” no es Halffter, es González y que si se les mantiene en su puesto es para que no le perjudiquen con una posible confesión.

Granados, hoy acusado de graves delitos en la trama Púnica, tenía una relación estrecha con esos agentes. A uno de ellos, Caro Vinagre, lo fichó en 2007 como asesor de seguridad de la Consejería de Justicia. Acabó condenado a un año y medio de cárcel por su implicación en el chivatazo que otro agente le dio a Granados sobre la investigación de Púnica durante una noche de copas. El resto indicaron a la jueza que, cuando Gamón les ordenó seguir al propio Granados, se negaron y acudieron a él para contarle todo.

La antigua mano derecha de Aguirre solo se sentará como testigo en el juicio, al igual que la expresidenta regional y González. También están citados Cobo, Prada y Rodríguez Flores. En la sala de la Audiencia Provincial de Madrid coincidirán los protagonistas de la luchas internas en el PP, casi todos ya retirados de la política.

González anda inmerso en la investigación del caso Lezo, que lo sitúa en la cúspide de una organización criminal para robar fondos de empresas públicas mediante operaciones en el extranjero, básicamente el Canal de Isabel II. Granados, que negó cualquier relación con el espionaje, acudirá después de una primera condena a dos años por el caso Púnica y con el grueso del caso aún en fase de instrucción.

Aguirre asiste a todo desde su retiro, desde el que observa como su pupilo, Pablo Casado, convierte el partido en lo que ella siempre quiso que fuera. En esa nueva dirección tiene un hueco Prada, que espera al avance de la investigación abierta por la Audiencia Nacional por la Ciudad de la Justicia, el proyecto del que él era responsable y que se tragó 100 millones de euros de dinero público. Actualmente se ocupa de la oficina anticorrupción del PP . Cobo ocupó ese mismo cargo en 2017, pero abandonó a las dos semanas.