El Ayuntamiento de Madrid afirma que no tenía constancia de los hechos recogidos en la denuncia por acoso laboral contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha indicado que Estrada “niega cualquier tipo de acoso” después de que el Consistorio le haya consultado al respecto.

“Se han producido movimientos y ceses de personal como en muchos lugares”, ha informado Sanz a partir de la respuesta que les ha trasladado la edil y después de una pregunta de la Cadena Ser. En contestación a una consulta de Somos Madrid sobre este mismo asunto, la vicealcaldesa ha incidido en los argumentos esgrimidos desde el área de Economía, Hacienda e Innovación: “Inspección de Trabajo no ha requerido nada y tampoco ha habido traslado a Prevención de Riesgos Laborales, que es lo habitual para que se activen los protocolos”. “Lo estudiaremos”, ha afirmado en último término sobre el caso, antes de concluir que “nos hemos enterado por elDiario”.

La noticia, adelantada en exclusiva por este medio, recoge las “humillaciones”, “descalificaciones” y “trato vejatorio” que el personal de la Junta Municipal del distrito ha sufrido en los últimos tiempos, según un escrito elevado a los Juzgados de lo Social de Madrid. Varios testimonios recogidos por Somos Madrid apuntan en la misma línea: “Yo he sufrido acoso. Conmigo se ha ensañado”, cuenta una persona que ha estado vinculada laboralmente al órgano de gobierno de Chamartín.

Maroto, contra el Gobierno de Almeida: “Creen que la administración es su cortijo”

En paralelo, comienzan las reacciones políticas a la denuncia. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha lamentado los hechos denunciados en un mensaje publicado en X: “Así son, creen que la administración es su cortijo particular. Así gestionan el día a día, con miedo y humillación hacia los trabajadores”, opina en referencia a la gestión del Ejecutivo de Almeida.

“Todo mi reconocimiento a los empleados públicos que sostienen esta ciudad con profesionalidad frente a entornos que, según denuncian, son intolerables. Se deben asumir responsabilidades ya”, ha rematado la líder de los socialistas madrileños.

Por su parte la portavoz adjunta de PSOE en el Consistorio, Enma López, ha trasladado su “cariño” a los trabajadores denunciados y a todos los empleados públicos del Ayuntamiento. Llama a “esclarecer lo que ha pasado”, por mucho que deba “respetarse la presunción de inocencia”. Y añade: “Nosotros no somos como ellos, así que no voy a decir que Almeida lo conocía y lo tapó, pero sí voy a exigirle que se implique personalmente. Debe hacerlo porque Estrada forma parte de su grupo municipal, es concejala del PP y porque la Ley de Capitalidad determina que el alcalde es el máximo responsable en materia de personal en el Ayuntamiento.”.

“Nos gustaría decir que nos ha extrañado esta noticia pero, por desgracia, no es así. Hemos visto en Chamartín pleno tras pleno como esta concejala se dirige en tono insultante, bronco, a toda la oposición. Ahora nos apena comprobar que da la sensación de que ese trato denigrante también forma parte del día a día de la Junta de Distrito. No podemos tolerar esta clase de hechos. Hay que dirimir responsabilidades tanto penales como administrativas y el Grupo Municipal Socialista va a estar muy atento”, concluye López.

“Un entorno intimidatorio”

Este periódico ha tenido acceso a dos denuncias anonimizadas, la de carácter judicial (que pide “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”) y una anterior dirigida a la Inspección de Trabajo de Madrid. Ambas describen un “entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”. Testimonios recopilados por este diario contrastan esas actitudes y señalan que desde la llegada de Estrada a Chamartín en 2023 se han producido once ceses y cinco bajas de larga duración, mientras que 16 personas se han marchado de la Junta voluntariamente. “Está jodiendo vidas”, afirma una de estas fuentes.

La segunda denuncia achaca la responsabilidad a Estrada y otros dos altos cargos municipales. Por un lado su coordinadora general en Chamartín, Alicia Gregorio, a la que acusa de “gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. También de “amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones”.

Por último, el documento señala a Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento.Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Desde el área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, aseguran que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), organismo dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, propone este jueves 16 de abril incorporar una dieta de 612,85 euros por la asistencia de sus miembros a sus reuniones, aunque sean telemáticas. Pese a la oposición de los representantes de Más Madrid y PSOE, la mayoría absoluta de la derecha apunta a que la medida será aprobada y elevada a la Junta de Gobierno Municipal, controlada a su vez por el equipo de Almeida.

El Consistorio destinará más de 100.000 euros solo este año para esta nueva dieta en EMVS. Pero no será el único consejo de entidades municipales en introducir estos pagos con un gasto similar: el viernes lo vota Calle 30, responsable de la gestión de la M-30 inmiscuida en recientes nombramientos polémicos. Ya han sido validados en el de Madrid Destino y en el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En total, la bonificación llegará a los integrantes de hasta nueve consejos de administración de organismos o compañías municipales, según reconocen fuentes del área municipal de Economía y Hacienda a este periódico.

“Es una medida que afecta a todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios). La retribución establecida será de 612 euros por asistencia en las Empresas públicas y 525 en los organismos autónomos. Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”, desgranan desde Hacienda.

“La medida, que ha sido informada a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, trata de compensar la asunción de una serie de responsabilidades, profesionalizar unas funciones específicas de los consejeros en estos órganos de gobierno clave y mejorar la formación de sus componentes”, argumentan en el Consistorio. Sostienen además que el Ejecutivo de Almeida “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

“Serán las empresas y los organismos autónomos los que propongan la composición de estos consejos, que posteriormente se elevarán a la Junta de Gobierno para su aprobación”, confirman en el área de Hacienda, al tiempo que apostillan que “cada persona solo podrá cobrar por asistir a un máximo de dos consejos de administración”.

El caso de EMVS

Analizar el organigrama y el funcionamiento del consejo de administración de EMVS Madrid sirve para ejemplificar el tipo de perfiles que se beneficiarán de esta novedad, así como la forma en la que se aplicará. De acuerdo a los estatutos de la compañía municipal, el Consejo de Administración es “el órgano de administración, dirección, gestión y representación de la Sociedad”. Se reúne en los días que acuerde y siempre que lo disponga su presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus integrantes.

El Partido Popular domina el consejo de administración de EMVS con seis de los nueve miembros, gracias a que las designaciones las lleva a cabo la propia Junta de Gobierno. Desde el partido ostentan además la presidencia, vicepresidencia y el puesto de consejera delegada. Vox cuenta a su vez con otro componente. La aritmética es similar en el resto de compañías y organismos municipales donde se abonarán estas dietas.

De este modo, solo un cambio de posición de última hora evitaría que prospere la proposición que será sometida a votación en la reunión del consejo de EMVS este jueves, a la que ha tenido acceso Somos Madrid. En ella, evidencian su objetivo de “poder llevar a cabo la aplicación de las indemnizaciones por asistencias”, para lo cual “es necesario que el consejo de administración eleve una propuesta a la Junta General de la Empresa”. Este último organismo se encuentra asimilado en la práctica por la Junta de Gobierno municipal que lidera el propio Almeida.

La instancia del consejo de EMVS a la Junta recoge en concreto que “los consejeros percibirán 612,85 euros brutos como indemnización por asistencia a los consejos de administración de la sociedad, de acuerdo con la cuantía aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid a tal efecto”. Apunta el escrito que la cantidad “se actualizará de acuerdo con lo que se establezca por acuerdo del pleno”. “Previendo la realización de un máximo de 11 consejos de administración al año, la cantidad máxima que por dicho concepto se autoriza a la sociedad para 2026 es de 107.861,60 euros”, detalla.

Según dichos estatutos, corresponde a la Junta de Gobierno “fijar la retribución e indemnizaciones de los asistentes al Consejo de Administración”. Y, más importante si cabe, “modificar los estatutos sociales”. Un apartado clave, ya que en su artículo 26 estos establecen lo siguiente: “Los miembros del Consejo de Administración, que no ostenten la condición de concejal con dedicación exclusiva o parcial, consejero delegado de Gobierno o la de personal directivo, percibirán por asistencia a sus sesiones una indemnización por el importe que determine la Junta General de la Sociedad. Fuera de ese supuesto previsto, el cargo de administrador será gratuito”. Por ello, la introducción de esta nueva dieta de 612 euros requiere cambiar los estatutos, como recoge la propuesta de la votación del jueves.

Una segunda proposición que se vota también este jueves aboga asimismo por aumentar el número máximo de integrantes del consejo, instando a la Junta de Gobierno a modificar los estatutos para elevar su tope de nueve (los que tiene actualmente) a quince miembros. En caso de aprobarse, el dispendio municipal en estas indemnizaciones por acudir a las reuniones se elevaría. Todo ello mientras matizan que las retribuciones son independientes a la necesidad o no de desplazarse: “El derecho a la percepción de estas indemnizaciones por asistencia será independiente de si la reunión del consejo se produzca de forma presencial o telemática”.

Seis de los nueve miembros actuales del consejo de EMVS son ediles con dedicación exclusiva, cinco de ellos con retribuciones anuales por encima de los 100.000 euros brutos (todos del PP): el delegado del área de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS (así como del propio consejo), Álvaro González López; la delegada de Obras, Paloma García Romero (vicepresidenta); la concejala del distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva; el edil presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos y el concejal de Latina, Alberto González. El socialista Pedro Barrero, último miembro del consejo con dedicación exclusiva, percibe 66.000 euros brutos anuales.

Completan el organigrama la edil de Más Madrid Lucía Lois, con dedicación parcial al 85%; la concejala de Vox Arantxa Cabello (que declaró en 2025 algo más de 20.000 euros anuales de retribución municipal en concepto de asistencia a órganos colegiados) y la consejera delegada Ana de Miguel, la única componente que no ejerce de edil en Cibeles.

De Miguel es, eso sí, una vieja conocida del poder político madrileño. Fue directora de gabinete de Almeida en sus primeros tres años como regidor y a continuación ocupó el cargo de directora general de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos hasta 2025, año en el que declaró unos ingresos por encima de los 100.000 euros brutos y en el que sustituyó en el puesto de consejera delegada de EMVS a Diego Lozano. Un curioso intercambio de cromos, ya que Lozano pasó a convertirse a su vez en director de gabinete del alcalde.

Lois aclara por su parte la oposición a esta y el resto de bonificaciones que prevé el equipo de Almeida: “Desde Más Madrid vamos a votar en contra de la indemnización por asistencia a los consejos porque no lo vemos necesario”. Cuestiona especialmente que se aplique en EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

“Consideramos que el destino de los recursos públicos debe ser la prioridad para abordar este enorme problema. EMVS tiene un propósito muy claro, aunque al Gobierno de Almeida se le olvida: garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables”, clama la edil. “Los esfuerzos deben centrarse en más presupuesto para ampliar el parque de vivienda pública y reforzar los programas de ayuda al alquiler para quienes menos tienen. Pero está muy claro que al PP esto le interesa más bien poco”, lamenta.

“Almeida está utilizando el suelo público para hacer negocio con la vivienda mientras expulsa a quienes más la necesitan. El modelo de alquiler asequible, en vez de dirigirse a las familias con menos ingresos, va a permitir el acceso a hogares con rentas de hasta 7,5 veces el IPREM, es decir, en torno a 80.000 euros anuales. Eso no es vivienda para rentas bajas”, recuerda como conclusión.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes una campaña con la que recorrerá los 21 distritos de Madrid para exigir al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que “devuelva la pasta” que según afirman debe a los madrileños por la tasa de basuras.

“Almeida te debe pasta de su tasa de residuos ilegal” es el título de la campaña con la que el equipo de Reyes Maroto envía un mensaje al alcalde pidiendo que no recurra la sentencia de anulación de la tasa y que proceda a “la devolución íntegra” del importe cobrado en 2025. La iniciativa, que se desplegará en las próximas semanas mediante mesas informativas en los 21 distritos, tiene como objetivo que concejales y militantes del partido trasladen a la ciudadanía las implicaciones de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como reclamar “una respuesta inmediata” por parte del Ayuntamiento.

La campaña ha sido presentada por la portavoz socialista, Reyes Maroto, y por la portavoz adjunta y responsable de Hacienda, Enma López, en las inmediaciones del mercado municipal de Villaverde. Ambas dirigentes han subrayado “el simbolismo” de elegir este distrito como punto de partida de la campaña dado que es “donde el impacto de la tasa de basuras ha sido más gravoso, a pesar de tener los peores datos de limpieza de la ciudad”.

La portavoz del PSOE en Cibeles ha reiterado en declaraciones a los periodistas que esta tasa fue diseñada por el equipo de Almeida de forma “injusta y desproporcionada”. “Hoy sabemos además que es ilegal”, ha reiterado. En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista ya advirtió desde el primer momento de que se trataba de un gravamen “mal diseñado, sin criterios de equidad y que castigaba a los madrileños y madrileñas”.

“Una chapuza” rodeada de “inseguridad jurídica”

“Por eso le queremos pedir al alcalde de una manera muy clara que, con la misma agilidad con la que cobró la tasa, la devuelva y que los vecinos y vecinas de Madrid recuperen cada euro que han pagado de forma ilegal”, ha insistido Maroto.

Por su parte, la concejala socialista Enma López (portavoz de su partido en la Comisión municipal de Economía, Innovación y Hacienda) ha incidido en la necesidad de corregir de “inmediato” esta situación: “Estamos ante una chapuza más que se suma a una larga lista de decisiones fallidas de este Gobierno municipal, con ordenanzas recurridas (terrazas) y cuestionamiento en los tribunales (Cocheras de Cuatro Caminos)”.

A su juicio, esta coyuntura evidencia “una grave crisis en la gestión de Almeida”. “Sucede una y otra vez y en esta ciudad ya no se sabe qué es legal, qué es ilegal, si hay que pagar la tasa, si no, si te la van a devolver, si no te la van a devolver... Madrid no se puede permitir esta inseguridad jurídica”, ha concluído López.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid vuelve a estudiar una polémica en torno a David Pérez, el edil presidente de Hortaleza y la figura más polémica en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Después de que el organismo rechazara varias denuncias en torno a posibles contrataciones irregulares en la Junta Municipal del distrito, este jueves el PSOE de la ciudad ha elevado otra por el veto de Pérez a un acto de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo en el centro cultural Huerta de la Salud.

La portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha recordado al presentar el escrito que el exalcalde de Alcorcón rechazó la petición vecinal “bajo el criterio de neutralidad y, al mismo tiempo, autorizó un acto del PP”. Ambos hechos coincidieron además en el tiempo el pasado 12 de marzo, aunque finalmente el evento con la vicealcaldesa Inmaculada Sanz fue suspendido al estallar la controversia.

“Este doble rasero es inaceptable, un uso partidista de los recursos públicos, y por eso llevamos esta denuncia ante la Oficina del Fraude y la Corrupción por presunto abuso de poder o corrupción administrativa”, recalca Maroto. “El Ayuntamiento no se puede convertir en un cortijo para el equipo del alcalde”, subraya, al tiempo que lamenta cómo “Hortaleza parece el banco de pruebas de Almeida para ver hasta dónde se llega en silenciar a vecinos y vecinas de Madrid”.

Maroto, que ha presentado la denuncia flanqueada por el también edil socialista Jorge Donaire, ha exigido responsabilidades políticas y pide el cese o la dimisión del que fuera consejero de Transportes y Vivienda en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. “El PSOE lleva al pleno de este jueves una moción de urgencia en este sentido, porque las asociaciones están indefensas por el uso partidista que hace el concejal presidente. No es un caso aislado. Es su manera de proceder y Almeida tiene que cesar a David Pérez”, concluye la líder del Grupo Municipal Socialista en la capital.

Un veto por “neutralidad” entre actos del PP con Sanz o Álvarez de Toledo

En el escrito presentado por los socialistas, apelan a la importancia que otorga a la participación vecinal en los asuntos públicos el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, inspirado a su vez por la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 y la Constitución Española. El mencionado reglamento contempla a su vez la posibilidad de ceder, puntual o temporalmente, espacios municipales a las entidades y colectivos ciudadanos inscritos en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos.

El PSOE contrapone el veto de Pérez, en el que se parapeta en argumentos como la “neutralidad” (término que cita hasta en 16 ocasiones) de los espacios públicos, al acto programado el pasado jueves o a otros que el Partido Popular de Hortaleza ha organizado en centros municipales. Así, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar otro en el centro Huerta de la Salud con la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. La denuncia apostilla igualmente que “la propia resolución cita la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la neutralidad no permite controles sobre el contenido del mensaje, salvo cuando se vulnere la legalidad”.

La prohibición del debate vecinal sobre la gestión de la Junta de Hortaleza se produce en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada. Y en un ambiente muy caldeado, que ha granjeado a Pérez el apodo de concejal aguafiestas: prohibió el tradicional Carnaval vecinal de Hortaleza por coincidir con la Cuaresma o festivales de gran trayectoria como el Luis Aragofest, alegando cuestiones burocráticas. También mermó la participación de asociaciones en diferentes festejos al limitar las casetas asignadas y las ayudas recibidas.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha solicitado protección a la Policía Municipal de la capital después de recibir “amenazas de muerte” en su perfil de la red social X, donde valora con asiduidad proyectos urbanísticos de la capital. El también portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la formación socialista expone que los ataques han llegado después de opinar sobre la anulación por parte del Tribunal Supremo del proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para la transformación de las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos en viviendas.

Giraldo alertaba de la situación a última hora de este martes a través de la misma red social donde ha recibido los ataques: “Llevo desde ayer recibiendo todo tipo de amenazas de muerte o contra mi integridad física porque la realidad incómoda de que detrás de la chapuza de las Cocheras de Cuatro Caminos está el equipo de Gobierno municipal ha caído como un jarro de agua fría en el X reaccionario”, trasladó.

El socialista ha pedido “seguridad personal” al Cuerpo policial de la ciudad. “He tenido que pedir seguridad personal a la Policía Municipal de Madrid, que me proporcionan encantados porque son unos profesionales enormes, ante amenazas personales recibidas. En fin. Urbanismo delirante al que mi mensaje, acompañado de la justicia, molesta”, escribe en su cuenta de X.

Giraldo desgrana en declaraciones recogidas por Europa Press que ha recibido cientos de mensajes desde el lunes, un “acoso organizado” que ha vinculado a la “extrema derecha”. En esos mensajes, cuentas anónimas desean su “fusilamiento” o, incluso, quemarlo junto a las cocheras. El edil trasladará su preocupación en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que se celebra el lunes 16 de marzo, una sesión en la que preguntará al equipo de Borja Carabante por la cuestión del planeamiento urbanístico de Cuatro Caminos.

Denuncia ante la Policía después de la pasividad de X

El socialista ha avanzado que presentará una denuncia ante la Policía Nacional y cree que estos discursos de odio han aparecido ante un tema “caldeado” y “visceral”, como es la demolición “ilegal” de las cocheras, obra del arquitecto gallego Antonio Palacios.

Se refiere así a la Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) tumbada por el Supremo, que deja en suspenso el desarrollo urbanístico previsto en los terrenos con los que se pretendía dar respuesta a 443 familias cooperativistas que llevan años esperando para tener sus viviendas en el entorno del distrito de Chamberí.

La operación, sin embargo, ha sido declarada irregular por diversas instancias judiciales, algo que no impidió demoler este importante patrimonio urbano con más de 100 años de historia. Al respecto, el delegado del ramo, Borja Carabante, afirmó que la sentencia no es firme y que el Consistorio trabaja ya con los vecinos en una nueva ordenación urbanística para este ámbito de la capital.

Ante la ola de “odio” recibida en los últimos días a cuenta de las cocheras, Giraldo ha lamentado que se esté haciendo “bullying” al que denuncia y señala y no a quien ha cometido la ilegalidad. “¿Hasta dónde vamos a llegar?”, ha preguntado. En este sentido, ha indicado que ha presentado también una denuncia a sus acosadores en la propia X, una opción que la red social ofrece a los usuarios si creen que alguna publicación incumple las normas de uso de la misma. Sobre ello, ha aclarado que desde la plataforma propiedad de Elon Musk le han respondido que los post no incumplen dichas normas. “A pesar de que deseen mi fusilamiento”, ha remarcado.

La “buena música” y “la alegría”, virtudes con las que Bertín Osborne promocionaba Madrilucía en sus redes sociales, durarán menos de lo esperado. El controverido proyecto para llevar una especie de Feria de Abril sevillana al recinto Iberdrola Music, ubicado entre el distrito madrileño de Villaverde y el municipio de Getafe, reduce una semana su duración respecto a la comunicada en origen. Serán dos fines de semana, los últimos de mayo, según se desprende de unas declaraciones efectuadas este miércoles por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. La inauguración tendría lugar el miércoles 20 de mayo, con su posterior desarrollo del 22 al 24 y del 29 al 31. El edi avanza además que la capacidad definitiva del recinto será la mitad de la esperada.

“Me consta en relación a la reducción del aforo que estaban en torno a unas 200 casetas y finalmente va a ser unas 100. También que han reducido el número de días y, si al principio iban a ser tres o cuatro fines de semana, finalmente serán dos”, ha indicado la mano derecha del alcalde José Luis Martínez-Almeida en conversación con varios medios de comunicación desde el parque Juan Carlos I. El concejal ya trasladó semanas atrás que los organizadores de Madrilucía habían aceptado demorar dos semanas el inicio de la feria, de forma que no coincidiera con los festejos de San Isidro, patrón de la capital.

Las preguntas a Carabante llegaban después de que este miércoles hayan mantenido una reunión y mostrado su rechazo a la iniciativa la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; su homólogo de Sevilla, Antonio Muñoz, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. Maroto y Muñoz han criticado la banalización de la Feria de Servilla, mientras que Hernández ha centrado sus reproches en las afecciones a la movilidad y el tráfico después del precedente del Mad Cool, así como la coincidencia de fechas con las fiestas patronales de la localidad getafense.

La oposición critica a Almeida por “convertir Madrid en un parque temático”

No parece que los ajustes vayan a contentar a la oposición, después de que Reyes Maroto haya cuestionado este miércoles a Almeida por su afán en “convertir Madrid en un parque temático”. La entrada a Madrilucía cuesta 15 euros más gastos de gestión, pero hacerse socio de algunas casetas roza los 2.000 euros. La líder de los socialistas en Cibeles opina que se trata de “un festival que se apropia de un referente con una identidad muy arraigada en Sevilla, como es la Feria de Abril” y se pregunta si lo siguiente será “ver los Sanfermines en la Gran Vía”. Maroto ha respaldado igualmente a Hernández en sus críticas por posibles afecciones a la movilidad: “Esta es la forma en que Almeida trabaja, dando la espalda a los municipios de la periferia y faltando al respeto a vecinos y vecinas”.

Frente a ello, Carabante ha afirmado que se dan las condiciones de movilidad y seguridad que “garantizan la celebración en buenas condiciones” en el Iberdrola Music y ha puesto en valor que los promotores “han ido llevando a cabo actuaciones, inversiones que lo van mejorando, actuaciones muy relacionadas especialmente con la movilidad que permite que se pueda celebrar en las mejores condiciones y también de seguridad”. Además, entienden que la reducción de aforo va a implicar también un descenso de los “eventuales problemas” que pudiera causar la llegada de los asistentes al entorno.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha afirmado que desde el Ayuntamiento se trabaja para que la feria Madridlucía se desarrolle “en las mejores condiciones”. Ha cargado luego contra una “izquierda triste” y “ceniza”. Para Sanz, la reunión del PSOE de Madrid, Getafe y Sevilla es un ejemplo de “la izquierda triste y que todo lo ve mal, que todo lo que se hace en Madrid y es bueno para Madrid lo ve negro”. “Le parece mal la Fórmula 1, le parece mal la NFL, le parece mal cualquier gran evento que viene a la ciudad y le parece mal que Madrid esté de moda”, ha replicado la también responsable del área de Seguridad del Consistorio. Asegura que el Gobierno municipal está trabajando ya con los promotores, tanto en lo que tiene que ver con el festival Mad Cool como con Madrilucía, “para que puedan ser un grandísimo espectáculo y se desarrollen en las mejores condiciones”. Bertín Osborne lo espera expectante.

Una vez más, es el PSOE de Madrid. El de las cuitas internas, las luchas intestinas por las migajas del poder y el juego sucio. El escenario en esta ocasión es Alcalá de Henares, la tercera ciudad más grande de la Comunidad de Madrid. Los socialistas perdieron la alcaldía en 2023 tras ocho años de gobierno en la localidad gobernada mayoritariamente por la derecha en las últimas décadas. Y ahí se abrió la guerra interna, cuando el exalcalde Javier Rodríguez logró un escaño en el Congreso de los Diputados, pero mantuvo el liderazgo del PSOE local y la portavocia en el Ayuntamiento.

Esa situación, sumada a las aspiraciones del secretario de Organización, Enrique Nogués, han sumido al PSOE de Alcalá de Henares en una batalla en la que se han producido acusaciones cruzadas. Por un lado, la publicación de una foto de hace años de Nogués en una fiesta con una stripper, que Rodríguez ha usado contra el secretario de Organización por vulnerar las reglas éticas del partido. Por otro lado, se ha acusado a Rodríguez de estar detrás de esa filtración.

Igualmente, el diputado y todavía secretario general denunció la afiliación masiva de militantes por parte de su número dos ante la dirección regional que pilota Óscar López así como su participación en la fiesta con una stripper. Fuentes de la cúpula del PSOE de Madrid explican que se abrió un expediente por la violación de las reglas éticas (Rodríguez forma parte de la Comisión de Ética y Garantías federal) y que la investigación por las afiliaciones se “resolverá con rigor”.

Fuentes del partido a nivel local aseguran que en la batalla por engrosar el censo se han producido unas 200 altas de militantes, que supone un aumento del 40%. La importancia radica en los procesos de primarias que se celebrarán en los próximos meses para la elección del candidato a la alcaldía, al que Rodríguez tenía previsto presentarse y también Nogués ha manifestado su intención.

Ante la tardanza que supone la resolución del expediente, Rodríguez ha decidido dimitir como secretario general, de manera que la ejecutiva local se disuelve de forma automática y se constituirá una gestora pilotada por la dirección regional antes de la reelección de un nuevo líder local y el candidato. Ha sido la fórmula escogida por Rodríguez para solventar la crisis y quitarse de encima al secretario de Organización, cuyos partidarios sostienen, sin embargo, que han recogido unas 300 firmas contra el exalcalde.

“En la pasada reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal (CEM), el lunes 16 de febrero, una amplia mayoría de miembros de la CEM, se manifestó en contra de las actuaciones realizadas por Enrique Nogués Julián en materia de afiliación, también se transmitió la preocupación que generaba su negativa a asumir que la existencia de una foto publicada en prensa, retirando con la boca el tanga a una mujer en un espectáculo stripper, imagen que nos dañó en el año 2023 y que nos podría volver a dañar en el futuro y, por último, algunos miembros de la CEM le mostraron su indignación ante haber objetado algunas de las últimas afiliaciones realizadas, y sin embargo, no haber actuado de igual manera frente a otras presentadas en las mismas condiciones”, denuncia Rodríguez en su escrito de renuncia, con fecha sábado 21 de febrero.

“La reunión de la CEM, finalizó con mi petición, como Secretario General, de la dimisión del Secretario de Organización debido a las cuestiones antes descritas y a corroborar la existencia de un expediente disciplinario abierto contra su persona. Han pasado cinco días desde la celebración de la CEM y Enrique Nogues Julián continúa sin dimitir, y la ausencia de ninguna medida cautelar adicional mientras se tramita su expediente disciplinario hace imposible, a mi parecer, continuar con el funcionamiento normal de la CEM”, agrega.

“No estoy dispuesto a que se pueda continuar dañando la imagen del Partido con un Secretario de Organización del PSOE, en activo, con una fotografía pública y publicada mordiendo el tanga de una stripper. Es una imagen del pasado, pero ha vuelto a dañar la imagen presente del Partido en Alcalá de Henares en los últimos días y no estoy dispuesto a que nos vuelva a dañar la imagen del Partido ante las elecciones del año 2027”, dice Rodríguez, que “reafirma” su “compromiso” con la localidad dando a entender que optará a la reelección, pese a la dimisión.

El secretario de Organización ha emitido un comunicado en el que justifica que se está evaluando con “criteriosa actuales” su participación en las “actividades festivas” de su peña cuando tenía 23 años y no era ni “cargo orgánico en el PSOE ni concejal”. “Es la denuncia de un compañero relacionada con una foto de 2014, conocida ya en la pasada campaña electoral y que en su momento, fue utilizada por el Partido Popular de Alcalá de Henares en un intento de desprestigio al partido y a mi persona”, dice sobre el expediente que están instruyendo los organismos internos del PSOE.

“Entonces, y de común acuerdo con las personas que conformábamos la candidatura socialista, ofrecí una rueda de prensa, que es de acceso público, el 23 de mayo de 2023 en la que expliqué que esa foto se realizó en un concurso celebrado en la Peña El Juglar durante las fiestas de Alcalá, en el que participaron un hombre y una mujer. Posteriormente, en 2015, la peña decidió eliminar este tipo de actividades, del todo inapropiadas, que siempre tuvieron respaldo del Ayuntamiento entonces gobernado por el Partido Popular”, agrega el texto.

La guerra en el PSOE de Alcalá, tras unos años de paz interna, se produce un año antes de que el partido se ponga formalmente en modo campaña electoral en una localidad en la que PP y Vox tienen mucha fuerza, pero los socialistas veían factible obtener un buen resultado ante los problemas de gestión de la actual alcaldesa, Judith Piquet, que está imputada y que ha decidido mantener en su cargo al comisario municipal, investigado por violencia de género.

El secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha puesto este viernes el foco directamente en el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, después de que este jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid filtrara los correos electrónicos de la denunciante del presunto acoso por parte del alcalde Móstoles, Manuel Bautista. López ha cuestionado el origen de la revelación de datos personales y ha apuntado a un posible delito, al tratarse de una denunciante que debería haber estado protegida. “Yo quiero saber de dónde salen esas informaciones”, ha asegurado López, “porque otra vez huele todo a Miguel Ángel Rodríguez”.

El dirigente socialista ha apuntado a la gravedad de haber hecho públicos datos personales de una víctima de acoso y ha reclamado explicaciones inmediatas, dejando abierta la vía judicial. “No descartamos ninguna acción”, ha afirmado. “En el día de ayer [por el jueves] se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado sus datos? ¿Está lejos de eso el señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Es muy grave.”

López ve la filtración de los correos como una estrategia de persecución a la víctima, “porque en este caso ha habido una persona que, parece ser, ha sufrido un acoso por parte del alcalde, y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo. Se están filtrando sus datos y se está amparando al acosador”. Por este encubrimiento, el socialista ha reprochado a Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo su “hipocresía” al llevar meses señalando a su partido por el caso Salazar. “Le pido al PP que se aplique todo lo que lleva diciendo durante meses”, ha reclamado.

El líder del PSOE madrileño también ha cargado contra la decisión del PP de dar por cerrado el caso sin escuchar a la denunciante, algo que calificó como un ejemplo de lo que no debe hacerse ante una denuncia por acoso. “Es más, el Partido Popular dice que ha archivado el caso sin haber citado a la denunciante. No la han escuchado a la denunciante. Es que es todo un protocolo de lo que no hay que hacer en un caso de estos. No se escucha a quien denuncia. Se ampara al denunciado”.

Nuevo revés judicial en modificaciones urbanísticas para el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que afectaba al ámbito del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, actual Movistar Arena.

La sentencia, dictada el 7 de octubre de 2025 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y recogida por Europa Press, estima el recurso interpuesto por el letrado Pedro Gili Granado contra el acuerdo aprobado el 13 de marzo de 2024 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llevó a cabo el proyecto de ajardinamiento alrededor del Palacio de Deportes y el contrato adjudicado por unos 347.316 euros se ejecutó en 2023. Antes, el Ayuntamiento promovió la citada adaptación del PGOUM.

El fallo rechaza uno de los principales argumentos del Ayuntamiento, que elaboró la modificación en colaboración con el Ejecutivo autonómico sin satisfacer las reclamaciones vecinales para reponer áreas verdes con la misma extensión y continuidad de la que gozaban los residentes antes de que el Palacio de los Deportes ardiera en 2001. El Consistorio sostenía que todas las áreas incluidas en el proyecto constituían una única y continua zona verde alrededor de la instalación. Frente a esta tesis, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que lo que realmente se desprende de la propuesta es una clara diferenciación de zonas, “sin vinculación alguna entre ellas y sin que el esparcimiento o recreo del ciudadano pueda ser continuo y apreciable”.

“El resto de las zonas no cumplen con el propio objetivo fijado en la Memoria y basta una comparativa de la fotografía anterior a la reconstrucción con la propuesta para atisbar, sin género de dudas, que no se cumple con lo preceptuado en el artículo 195.2 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano citado en la Memoria”, subraya el escrito judicial.

La resolución considera que esta fragmentación impide calificar el conjunto como un verdadero espacio verde continuo, lo que resulta determinante para declarar la nulidad del planeamiento aprobado. El área de Urbanismo que lidera el concejal Borja Carabante prentendía lograr esta calificación del conjunto como zona verde para cumplir con las exigencias a este respecto establecidas por normativa, aunque según vecinos del barrio de Goya en la práctica estas no se constituían y era necesario ampliar de nuevo las zonas verdes del lugar, mermadas con la reforma del entorno.

La oposición ve un “varapalo” para el Ayuntamiento y este reconoce una “compleja situación”

El portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo, ha expresado su indignación ante la actuación del Ayuntamiento después de una decisión que califica de “varapalo” para el equipo de Almeida, que se suma a una larga lista de resoluciones similares contra actuaciones del Ayuntamiento (con los diversos conflictos judicializados en el entorno del Bernabéu a la cabeza). El mismo término ha utilizado en declaraciones a los medios la portavoz de Más Madrid en Cibeles, que ha citado además el caso del cantón de Montecarmelo, el rechazo judicial a la ordenanza municipal de terrazas o la imposición de multas a pisos turísticos echando manos de la Ley del Suelo autonómica. Maestre insta al Ayuntamiento a “hacerse cargo de las zonas verdes que debían protegerse”.

Giraldo señala que ya hubo un primer intento de modificar el Plan General, que fue anulado por los tribunales, y que esta segunda modificación ha corrido la misma suerte. El edil recuerda que el Grupo Socialista ya advirtió en el Pleno que “el expediente presentaba irregularidades y deficiencias técnicas que no se estaban corrigiendo adecuadamente”. Critica la falta de seguridad jurídica que, a su juicio, se está generando en la ciudad, ya que gran parte del planeamiento urbanístico impulsado por el Ayuntamiento termina siendo anulado.

Carabante se ha defendido este miércoles en declaraciones a la prensa y apela a que se trata de una “muy compleja situación desde el punto de vista urbanístico”. El edil precisa que “la sentencia no cambia nada en la práctica y en la realidad, más allá de que es necesario tener unas zonas verdes para poder dar cobertura urbanística a la obra”. Avanza asimismo que “los servicios jurídicos [del Ayuntamiento] están estudiando esta sentencia, así como los servicios técnicos urbanísticos, para ver cómo es posible darle confort urbanístico. ”Nos deja un poco desamparados“, admite Carabante sobre la actual coyuntura: ”Si la zona verde no la podemos obtener fuera del ámbito, pero tampoco es posible tenerla dentro, es complicado poder dar con conformidad jurídica“.

Una sentencia con la que llueve sobre mojado

Giraldo considera que esta situación, unida a otros antecedentes, “crea incertidumbre entre la ciudadanía y demuestra una gestión deficiente”. Por todo ello, reclama responsabilidades políticas al delegado de Urbanismo, al que acusa de “no asumir las consecuencias de estos fracasos judiciales”. Además, denuncia que los recursos destinados a pleitos que finalmente se pierden salen de las arcas municipales y, por tanto, del dinero de todos los madrileños. Concluye afirmando que “esta dinámica es insostenible y que no se puede seguir actuando como si no estuviera ocurriendo nada”.

El fallo ordena la publicación íntegra de la sentencia firme en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), dando así publicidad oficial a la anulación de la modificación urbanística correspondiente al expediente 135-2021-00779. Fue publicado este lunes en el boletín autonómico.

Más Madrid ha tomado acción este lunes para exigir el cese de Miguel Ángel Rodríguez, Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo ha registrado por ello una proposición no de ley que llega casi dos años después de que el medio de comunicación denunciara publicamente los mensajes de WhatsApp que dirigió Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

Se produce, también, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora la Asamblea tiene obligación de tramitar esta inicativa y debatirla. El grupo de la oposición ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea madrileña en la que, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, demanda que la Comunidad de Madrid comunique a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete“ así como su ”compromiso con la libertad de prensa“.

Más Madrid justifica esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentan que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusan a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

El Tribunal Constitucional ha dictado esta semana dos sentencias que dejan por escrito una realidad: el Partido Popular ha usado la Mesa de la Asamblea de Madrid como dique de contención para proteger a Isabel Díaz Ayuso de preguntas y propuestas incómodas de la oposición. Cuestiones sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, sobre la sanidad madrileña o sobre el grupo Quirón que nunca llegaron a debatirse en pleno o comisión porque, afirma el tribunal, la Mesa las tumbó de forma irregular y vulnerando los derechos políticos de PSOE y Más Madrid. Unas preguntas que, después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora tiene obligación de tramitar.

La Mesa no es el organismo con más exposición pública y mediática de un parlamento autonómico, pero constituye el primer cortafuegos de las iniciativas con las que la oposición busca cumplir con su misión política: controlar la labor de un gobierno regional a través de preguntas y propuestas. La holgada mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2023 también dio al PP un plácido control de la Mesa con cuatro de sus siete miembros, entre ellos su presidente Enrique Ossorio, frente a los solitarios representantes de PSOE, Más Madrid y los aliados de Vox.

La oposición, tras conocer las sentencias del Constitucional, ha reiterado sus peticiones de dimisión contra Ossorio, un técnico de la Seguridad Social que empezó en política de la mano de Ignacio González y que se consolidó como consejero, vicepresidente y portavoz de Isabel Díaz Ayuso antes de ser puesto al frente de la Asamblea y su Mesa. Una atalaya desde la que ha sido calificado como “censor” por servir de muro inexpugnable para las preguntas incómodas.

Los partidos de la oposición decidieron llevar a los tribunales esta labor de cancerbero poco después de que elDiario.es revelase que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciado por defraudar 350.000 euros en impuestos así como sus relaciones profesionales con el grupo Quirón, gigante empresarial con un papel protagonista en la sanidad madrileña. También después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, amenazara por escrito a una periodista de elDiario.es con “triturar” al periódico tras las primeras exclusivas del caso.

Tanto PSOE como Más Madrid presentaron casi dos decenas de iniciativas relacionadas con el caso. Algunas de ellas eran anteriores, como la petición de los de Manuela Bergerot de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de compra de material sanitario como el que había reportado una comisión al hermano de Ayuso. Otras, de ambos partidos, eran posteriores: pedir explicaciones y responsabilidades por las amenazas a elDiario.es, auditar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del grupo Quirón o, incluso, avanzar para que las grandes empresas sanitarias fueran expulsadas de los hospitales regionales.

Todas las iniciativas se quedaron en el primer filtro de la Mesa. Las preguntas, las propuestas de comparecencia, las posibles comisiones de investigación y las proposiciones no de ley. El organismo, con el rodillo del PP y la abstención de Vox, expuso todo tipo de razones para que ninguna de estas propuestas llegara al pleno y, en la práctica, no se sometieran a debate público. Las razones fueron variadas: que Miguel Ángel Rodríguez no es miembro del gobierno sino un asesor, que muchas de esas cosas vienen de legislaturas pasadas o, incluso, que en el caso Koldo ya se están investigando contratos de la pandemia.

El Constitucional ha constatado que, en ambos casos, la Mesa vulneró los derechos políticos de la oposición al bloquear estas iniciativas yendo mucho más allá de sus funciones, que deberían limitarse a constatar que las iniciativas parlamentarias cumplen con requisitos formales. Sus decisiones, impulsadas gracias a la mayoría del PP, impidieron el “núcleo básico de la función parlamentaria”. La verificación de la Mesa, recuerda el Constitucional en estas sentencias, “ha de ser siempre formal”, no entrar al fondo del asunto para limitar el control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

De Miguel Ángel Rodríguez a la sanidad pública

Las sentencias tiran por tierra todos los argumentos que usó Enrique Ossorio para descartar estas iniciativas y que después defendió la propia Asamblea en sus alegaciones ante el tribunal. Es cierto que Miguel Ángel Rodríguez no es consejero en el ejecutivo regional, pero las preguntas sobre sus amenazas a elDiario.es “versan sobre asuntos que sin duda afectan a la acción política del gobierno”. Preguntar por él, añade el Constitucional, es “control al gobierno”.

El Constitucional explica a la Asamblea de Madrid que esta jurisprudencia no es precisamente novedosa. El tribunal lleva dictando sentencias en este mismo sentido desde la década de los noventa que han dado la razón a prácticamente todos los partidos en todo tipo de parlamentos: al PP y a CiU en el Senado, a Izquierda Unida y Podemos en Murcia, a Vox en Euskadi, a Compromís en València y al PSOE en Madrid. El mejor ejemplo, de hecho, ocurrió en esa misma Asamblea hace ahora 20 años.

El portavoz del PSOE regional era entonces Rafael Simancas, que tres años después del 'tamayazo' hacía oposición a una Esperanza Aguirre aupada por los votos de los tránsfugas. Los socialistas, junto con IU, pidieron la creación de una comisión de investigación para estudiar si las obras de la ampliación de la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey eran seguras. El PP de Aguirre enterró esta petición con una alegación que ha repetido dos décadas después: que esas obras eran de una legislatura anterior, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La catenaria llegó a caer sobre las vías.

Esa comisión de investigación nunca se abrió. El Constitucional dio la razón a Simancas en 2012 y, para entonces, ni siquiera era diputado en la Asamblea de Madrid. Ahora el tribunal repite aquellos argumentos para reprochar al PP de Ayuso que no podía bloquear una posible comisión de investigación sobre los contratos regionales durante la pandemia con el argumento peregrino de que ya existía una investigación sobre el caso Koldo.

Este punto ha sido el único que ha roto ligeramente la unanimidad del Tribunal Constitucional en su doble reproche a Isabel Díaz Ayuso. Los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han anunciado votos particulares en la sentencia sobre el recurso de Más Madrid porque discrepan en lo que tiene que ver con la petición de crear una comisión de investigación. Pero el criterio ha rozado la unanimidad con progresistas y conservadores votando lo mismo. Arnaldo, de hecho, es el ponente de la sentencia que da la razón al PSOE.

“Nos saca de la anomalía madrileña”

Las sentencias todavía no han sido notificadas y, por tanto, ni PSOE ni Más Madrid han podido examinar la letra pequeña, pero ambos partidos se sienten avalados por el Constitucional en las quejas que vienen desplegando desde hace años contra la actividad de la Mesa en ese sentido. Tanto Mar Espinar (PSOE) como Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) consideran que ahora el organismo debe tramitar sus peticiones y, si no lo hace, exponerse a consecuencias que pueden llegar al ámbito penal de la desobediencia y la prevaricación.

“Nos saca de la anomalía madrileña salvo que decidan desobedecer al Constitucional”, explica Hugo Martínez Abarca. “Con Ayuso todo es posible, pero el sentido común dice que si el Constitucional obliga a Miguel Ángel Rodríguez a comparecer y dar explicaciones, no cabe otra que aceptar”, afirma en ese mismo sentido Mar Espinar. “Pero hablamos de Ayuso, ya sabemos que ha hecho de la Comunidad de Madrid su pequeña Corea del Norte particular y que, en la tierra de la libertad, la única que vale es la suya”, apostilla.

El diagnóstico sobre el uso que Ayuso y Ossorio han dado a la Mesa en estos años es idéntico en ambos partidos. “Es proteger a la presidenta, que tiene muchísimos frentes abiertos, el nivel de vida cañón que lleva sin justificarlo, tiene que protegerse y la Mesa se ha puesto a trabajar. Ponen a trabajar a toda la maquinaria de la Comunidad en defensa del novio”, argumenta Espinar. “Es una aplicación trumpista de las instituciones que lleva practicando desde que empezó: 'la Asamblea es mi chiringuito y no vais a poder hacer democracia en el parlamento', es muy bestia”, afirma Martínez Abarca.

Más Madrid elaboró un informe el año pasado cuyos datos evidencian que la Mesa de la Asamblea ejerce de cortafuegos con mucha más intensidad que en otros parlamentos regionales. A lo largo de buena parte del año pasado, según este informe del grupo parlamentario, hasta un 30% de las iniciativas fueron inadmitidas, diez veces más que en otros parlamentos regionales.

La presidenta regional no ha podido empuñar el argumento habitual de desacreditar al Tribunal Constitucional por su mayoría progresista –las sentencias han tenido también apoyo conservador– y ha optado por alegar que desde la oposición “plantean preguntas absurdas”. En las próximas semanas la Mesa tendrá que reconsiderar sus negativas. Entre ellas, que Miguel Ángel Rodríguez y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que responder por las amenazas explícitas a elDiario.es por revelar el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta.

Preocupación entre las familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ciudad de Jaén por su inminente demolición. La Comunidad de Madrid ha anunciado la construcción de un nuevo centro que pone en riesgo la continuidad de este colegio público, ubicado en el barrio de Orcasur, en el distrito de Usera, sin que exista —según denuncian las familias— una justificación técnica que avale el derribo del edificio. La comunidad educativa asegura que tuvo conocimiento del plan de forma tardía, sin información previa ni documentación oficial que lo respalde, y observan falta de transparencia por parte de la administración autonómica.

Sandra, madre de un alumno y secretaria del AMPA del centro, explica que todo comenzó a finales de 2025. “Nos enteramos de la situación el pasado mes de noviembre, cuando el director del centro envió un escrito a la Comunidad de Madrid solicitando la ejecución de unas obras que llevaban años prometiéndose y que ya estaban aprobadas en un proyecto anterior de 2021. Dichas obras nunca se llevaron a cabo”, señala. Según relata, la respuesta de la Comunidad fue que esas obras no se llevarían a cabo porque existía un proyecto en marcha que contemplaba la “demolición y sustitución del colegio”. Hasta ese momento, asegura, “la comunidad educativa no tenía conocimiento alguno de este plan”.

Ese mismo día, las familias accedieron al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde comprobaron que efectivamente existía un proyecto para construir un nuevo centro educativo en una parcela anexa al colegio. “Se trata de un solar diáfano, sin edificar”, explica Sandra. Según la secretaria del AMPA, los planos presentados no tienen en cuenta la realidad del centro, que actualmente cuenta con más de 20.000 metros cuadrados y atiende a más de 500 alumnos. Además, dispone de amplios patios, zonas verdes y un polideportivo, espacios esenciales para el alumnado del colegio.

A pesar de que la última Inspección Técnica del Edificio (ITE), correspondiente a 2022, es desfavorable, desde el AMPA subrayan que “no se indica en ningún momento riesgo de derrumbe ni la necesidad de demolición del edificio”. El informe, añaden, recomienda actuaciones de rehabilitación: cubiertas, fachadas y la reparación puntual de algún elemento estructural. “El centro es antiguo y ha sido claramente abandonado por la administración durante más de 20 años. El deterioro es consecuencia directa de la falta de mantenimiento, no de una situación irreversible”, denuncia Sandra.

Desde la comunidad educativa consideran injustificable el proyecto. “Resulta incomprensible que, existiendo un informe que recomienda rehabilitación, se pretenda destinar una gran cantidad de dinero público a derribar un colegio y construir otro nuevo, sin justificar técnicamente esa decisión. Si el edificio fuera realmente peligroso, no sería razonable que nuestros hijos e hijas acudieran a él diariamente”, afirma Sandra. Por ello, las familias del CEIP Ciudad de Jaén creen que la demolición no está justificada.

Los planes de demolición están incluidos en el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del proyecto del nuevo colegio. En este mismo documento también se detalla que el edificio contará con seis aulas de Infantil, 12 de Primaria, dos aulas polivalentes, dos aulas específicas, aulas de pequeño grupo, zona administrativa, biblioteca y pista deportiva.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid han confirmado a este periódico que “va a acometer un proyecto de mejora integral del complejo educativo Ciudad de Jaén, formado por un colegio y un instituto público” y señalan que incluirá “la construcción de un nuevo edificio para usos educativos en una parcela anexa, la rehabilitación de algunas de las instalaciones existentes y la mejora general de la accesibilidad”.

Las familias aseguran haber solicitado en repetidas ocasiones información por escrito y reuniones formales tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad. “La información facilitada ha sido siempre verbal, imprecisa y sin documentación que la respalde. No se nos ha entregado ningún informe técnico ni económico que justifique el proyecto”, lamentan. Incluso tras registrar solicitudes formales por vía electrónica, aseguran no haber recibido más respuesta que la información que hasta se ha hecho pública.

Un pilar fundamental para el barrio

El CEIP Ciudad de Jaén es un centro de especial complejidad educativa, con alumnado en situación de vulnerabilidad social y con presencia de niños y niñas con discapacidad motórica. “Nuestro colegio es un espacio privilegiado, con amplias zonas verdes y patios adaptados, especialmente importantes para nuestro alumnado”, explica la representante del AMPA. El nuevo proyecto, denuncian, pretende concentrar a más de 500 alumnos en un edificio más pequeño, pasando de un centro de tres líneas a uno de dos, lo que supondría “una pérdida evidente de plazas públicas”.

“El contexto social del barrio es especialmente vulnerable”, subraya Sandra. “Para muchos alumnos el colegio es un espacio seguro, una vía de escape no solo educativa, sino también emocional y de salud mental. Aquí pueden jugar, respirar, trabajar en el huerto escolar y hacer actividades al aire libre. En días soleados salen al jardín a hacer tareas escolares, algo impensable en el nuevo emplazamiento propuesto”, cuenta.

Además, se trata del único colegio público del entorno, ya que el resto de la oferta educativa del barrio es concertada. Desde el AMPA denuncian que, de forma verbal, se les ha insinuado la intención de desarrollar un “plan director” conjunto con el instituto colindante y homónimo, e incluso de trasladar ciclos de Formación Profesional a las instalaciones actuales, desplazando al alumnado de Primaria a la parte del edificio que da a la carretera, “en una zona sin espacios verdes, con contaminación y ruido”.

También existe incertidumbre respecto a las obras. “Se nos ha dicho que durante las obras los alumnos permanecerían en el centro, algo contradictorio si se plantea su demolición”, señalan. Posteriormente, el alumnado sería trasladado al nuevo edificio, aunque, según apuntan, “es evidente que en un centro de dos líneas no caben todos los alumnos actuales”. Pese a ello, tanto el Gobierno municipal como el autonómico aseguran que “no se perderá ninguna plaza”, algo que la comunidad educativa considera materialmente imposible.

El centro cuenta actualmente con salas de apoyo, espacios para atención de técnicos especializados, polideportivo, patios amplios —referentes en el distrito— y servicios esenciales como cocina propia. “Todo esto podría desaparecer”, alertan, lo que afectaría también a servicios comunitarios como el centro de día de Cruz Roja, la ludoteca de tarde y otras actividades extraescolares.

En la actualidad, el CEIP Ciudad de Jaén escolariza a más de 500 alumnos de entre 3 y 12 años, con tres líneas consolidadas desde hace al menos cinco años. Es un centro de compensatoria, con alumnado repetidor y una complejidad educativa que, según defienden las familias, “exige recursos, espacios y estabilidad, no recortes ni improvisación”.

La oposición reclama transparencia

El asunto también ha llegado al pleno de Usera. Hace unos meses, en el debate sobre el estado del distrito, Sonia Cea, concejala presidenta de la Junta, anunció que próximamente comenzarían las obras del nuevo CEIP Ciudad de Jaén. Todos los presentes quedaron sorprendidos, ya que no había constancia de este proyecto entre los grupos de la oposición.

En el pleno de noviembre, el PSOE preguntó sobre los plazos concretos para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del nuevo colegio, además de por el protocolo a seguir para garantizar la continuidad educativa del alumnado durante el proceso, a lo que la concejala presidenta respondió que era “inminente”. El asunto volverá a estar presente en el pleno de este jueves, 15 de enero, al que asistirán las familias del colegio para mostrar su oposición al nuevo centro.

Álvaro Vidal, secretario general del Partido Socialista en Usera, explica que “la iniciativa que se presenta al pleno procede del AMPA y se ha registrado a través de la asociación de vecinos, que es el cauce formal”. El objetivo, señala, es “instar a la Comunidad de Madrid a que no se derribe el colegio y, en todo caso, a que mantenga informada a la comunidad educativa de todo el proceso”.

“La principal queja es la falta de información y transparencia”, afirma Vidal. Según explica, el proyecto se mencionó “muy superficialmente” en un pleno de verano y se conoció su alcance cuando “prácticamente ya estaba cerrado”. “Según la documentación consultada, el nuevo centro resulta peor que el actual, con espacios mucho más reducidos”, denuncia.

El dirigente socialista recuerda que el colegio es “un centro de especial dificultad y de referencia para el distrito” y que ya existió un proyecto de reforma hace tres o cuatro años, “por un importe mucho menor que nunca llegó a ejecutarse”. Vidal critica la opacidad institucional: “Desde la Junta se dice que es competencia exclusiva de la Comunidad, pero en el pleno la concejala reconoció que el proyecto se había trabajado de manera conjunta con la Consejería”. Por ello, considera necesario “poner sobre la mesa que existen alternativas al derribo, como una reforma integral, y exigir explicaciones claras y documentadas”.

También cuestiona el argumento económico: “Se ha dicho que es más barato construir un centro nuevo que reformar el actual, pero el presupuesto del nuevo edificio ronda los 6,6 millones de euros, muy por encima del coste de la reforma prevista en su día”. “Si el edificio estuviera en una situación tan crítica, no se entendería que siga funcionando con normalidad”, explica.

Desde la comunidad educativa insisten en que, mientras no exista una explicación técnica y económica clara, documentada y participada, continuarán movilizándose. “Lo único que exigimos es transparencia y justificación. Queremos saber por qué se pretende demoler un colegio cuyo informe técnico no lo indica y cuáles serán las consecuencias reales para nuestros hijos e hijas”, incide Sandra. Mientras, aseguran que seguirán defendiendo el colegio y “una educación pública digna para el barrio”.

Mientras un hotel cápsula con 260 camas se prepara para ocupar el número 1 de la calle Cabestreros, en el corazón de Lavapiés, crece la movilización política y social para frenar la inminente demolición del edificio situado junta a la plaza de Nelson Mandela. No solo por su pasado cultural, como sede del histórico restaurante senegalés Baobab hasta el lamentado cierre en 2020, sino por el valor patrimonial del propio inmueble.

Es lo que sostiene el PSOE de Madrid en una carta dirigda al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, donde le piden detener el derribo y “valorar su inclusión en el catálogo de edificios protegidos”. El concejal socialista en la Comisión municipal del ramo, Antonio Giraldo, firma un escrito en el que expone la centenaria historia de esta característica construcción de una sola planta: “El Grupo Municipal Socialista ha accedido a documentación original y fidedigna recopilada desde varias fuentes, entre las que están el Archivo de Villa, que acreditan la antigüedad del edificio existente como anterior a 1752”. Apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

Giraldo recalca que la “diversa documentación en propiedad del Consistorio, así como el estudio del devenir de la ciudad, acredita que no ha habido una sustitución de dicha edificación desde entonces y que solo ha podido ser objeto de reformas interiores o exteriores menores”. Sostiene por ello que “con muy alta probabilidad se trata de uno de los pocos ejemplos de edificaciones del caserío tradicional de la Villa de Madrid fechable, al menos, en el siglo XVII en este sector de la ciudad”. Un vestigio histórico también “por tamaño y escala”, ya que estas características ayudan a “entender y conocer la morfología de la ciudad en el periodo temporal anterior a las grandes reformas decimonónicas, otorgándole por sí mismo un alto valor a nivel urbano”.

El edil del PSOE recuerda también que el entorno se encuentra englobado dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid que, por sus valores, ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural otorgada el 27 de abril de 1995. “Cualquier actuación en este recinto implica la protección y la salvaguarda de los valores que motivaron su declaración, siendo el mantenimiento de la trama y la estructura edilicia un condicionante fundamental. El derribo solo se podrá autorizar con carácter excepcional como viene recogido en el artículo 44 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid”, explica en su misiva.

Giraldo tacha de “llamativo e incomprensible” que, conocidos estos hechos, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 no incluyera el edificio en su categoría específica dentro de las Normas Urbanísticas para protegerlo (Grado 2, por volumen volumétrico). En conversación con Somos Lavapiés, dice que “hay otros edificios posteriores con el mismo valor arquitectónico que sí que están protegidos, porque son más grandes, y este lo han dejado fuera”. Un hecho paradójico, ya que precisamente su tamaño es uno de los elementos que lo convierten en una edificación tan característica de su remota época.

Hay otros edificios posteriores con el mismo valor arquitectónico que sí que están protegidos, porque son más grandes, y este lo han dejado fuera

Antonio Giraldo — Portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid

El concejal avisa asimismo de que su fin puede llegar en cualquier momento: “Ya tienen licencia de derribo e incluso están escombrando por dentro”, de ahí la premura de su solicitud. “Se ha dado a conocer un proyecto de sustitución que incluye la demolición total del mencionado inmueble y la construcción de un edificio de nueva planta para el uso de hospedaje. Este eleva las alturas de las dos del edificio existente hasta las cinco más ático y no guarda ninguna relación con el original salvo la ubicación”, lamenta.

El grupo de edificios afectados por la operación que llevará a estos bloques de Lavapiés un gran hotel cápsula (1, 3 y 5 de la calle Cabestreros) daba cobijo también a la pensión Pinoy, por lo que el establecimiento no cambiará de uso, aunque sí de naturaleza y dimensiones. Según pudo comprobar este diario, el Ayuntamiento de Madrid concedió el pasado febrero la licencia de un hostel con aforo de 288 personas. La parcela, que sale de agregar los números afectados de Cabesteros, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad.

El controvertido futuro de un vestigio patrimonial y una reliquia sociocultural

La historia del Baobab (solo un capítulo en la del edificio, pero uno importante) empezó en 2005, cuando Ibu Ndiaye alquiló el local para instalar el que sería el restaurante senegalés más conocido de un barrio con una pujante comunidad del país africano. En la pensión contigua también pernoctaban, hasta su cierre hace cinco años, paisanos de Ndiaye.

En 2020 ya trascendió la intención de los compradores de levantar un negocio hotelero, lo que fue identificado por muchos como un nuevo episodio de gentrificación de Lavapiés. A ello ayudó que el inversor, Urbex, fuera el que pocos años antes había comprado el solar de la calle Valencia, número 2, para levantar un hotel de la cadena francesa IBIS. El establecimiento contó con la oposición de diversos colectivos sociales del barrio.

Por el momento, desde el Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida consultadas por este medio no atienden las preguntas trasladadas. No aclaran una posible detención del proceso de derribo, ni los tiempos que manejan para su ejecución, ni si valorarán la protección del recinto. Mientras, la movilización crece en otros frentes. Varias fuentes adelantan a este periódico que la entidad en defensa del patrimonio urbano Madrid Ciudadanía y Patrimonio planea emprender la vía judicial para intentar evitar el arrase del número 1 de la calle Cabestreros. El tiempo, eso sí, juega en su contra.

Madrid ha vuelto a cumplir en 2025 la normativa europea de calidad del aire por cuarto año consecutivo, según el balance presentado por el Ayuntamiento con los datos definitivos del ejercicio el viernes pasado. Sin embargo, los registros muestran un estancamiento en los niveles de dióxido de nitrógeno y un empeoramiento de la contaminación por ozono, lo que mantiene a la capital lejos de los nuevos estándares europeos que deberán cumplirse en 2030 y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el cómputo global de las 24 estaciones de medición, el dióxido de nitrógeno descendió un 1,6% respecto a 2024. El Consistorio destaca que ninguna estación superó el antiguo límite anual de 40 microgramos por metro cúbico (ug/m3) y que 14 de ellas registraron en 2025 los valores más bajos de toda la serie histórica. “La capital cumple por cuarto año consecutivo con la directiva europea de calidad del aire y, por cuarto año, no hemos tenido que activar el protocolo por contaminación”, afirmó el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien atribuyó los resultados al “esfuerzo de los madrileños”.

El Ayuntamiento subraya que Madrid encadena dos años con los niveles de dióxido de nitrógeno más reducidos desde que existen registros y defiende la eficacia de la Estrategia Madrid 360, que incluye la electrificación progresiva de la flota de la EMT, la ampliación de Bicimad a todos los distritos, las ayudas Cambia 360, la mejora de la eficiencia energética o el despliegue de puntos de recarga eléctrica. En 2025, ninguna estación superó los 32 microgramos por metro cúbico (ug/m3), frente a las 19 que lo hacían en 2019.

En la última década, el peor año de calidad del aire fue 2017, cuando se superó este límite en 15 de las 24 estaciones que tiene la ciudad. En 2018 se rebasó en siete de ellas, siendo este precisamente el último año de referencia incluido en la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia Europeo a España por los reiterados incumplimientos de Madrid, Barcelona y Baix Llobregat desde 2010.

Las estaciones que peores datos han registrado este 2025 han sido las de Villaverde, que ha pasado 29 a 28 microgramos por metro cúbico (ug/m3) y la de Escuelas Aguirre, en el distrito de Salamanca, con 27 microgramos, uno menos que en 2024. Por otro lado, las estaciones que mejores datos han presentado son las de El Pardo, con 9 microgramos por metro cúbico, seguida de las de Retiro y Tres Olivos, ambas con 18.

No obstante, el balance municipal contrasta con las advertencias de Ecologistas en Acción, que alertan de que la ciudad sigue lejos de cumplir los nuevos límites fijados por la Unión Europea para 2030, que reducen a 20 microgramos el valor máximo anual de dióxido. Según la organización, 17 de las 24 estaciones superaron ese umbral en 2025 y otras dos lo igualaron, mientras que solo cinco se situaron por debajo, en su mayoría en grandes zonas verdes.

Los ecologistas subrayan además que los niveles medios de dióxido registrados en 2025 fueron similares a los del año anterior, lo que rompe la tendencia descendente de los últimos ejercicios. “El conformismo y la autocomplacencia que muestra el Ayuntamiento están fuera de lugar”, advierten, al estimar que Madrid deberá reducir en más de un 37% su nivel máximo anual de dióxido de nitrógeno en los próximos cuatro años para cumplir la nueva normativa europea.

Más preocupante es, según Ecologistas en Acción, la evolución del ozono troposférico. Las 13 estaciones que miden este contaminante superaron ampliamente el valor objetivo octohorario, con un total de 680 superaciones en 2025, frente a las 648 del año anterior. Se trata de los valores más elevados desde que existen registros en la ciudad, lo que sitúa a Madrid “estructuralmente fuera” de los límites europeos para este contaminante, con una tendencia al alza que “no ha encontrado techo”.

Los niveles de partículas en el aire también siguen siendo altos. Tanto las más grandes (PM10) como las más finas (PM2,5) superan los límites que la UE fijará para 2030 y también las recomendaciones de la OMS.

La oposición pide más ambición

Las cifras han reavivado las críticas de la oposición municipal. Esther Gómez, concejala de Más Madrid y portavoz de la formación en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, cuestiona el balance del Gobierno de Almeida y asegura que “no se entiende de qué presume el PP con su gestión ambiental”, ya que Madrid “no cumple con los valores que exige la nueva normativa europea de calidad del aire a partir de 2030 para proteger la salud de la población”.

Gómez acusa al Ejecutivo municipal de “alardear y sacar pecho” mientras “los datos de contaminación por ozono han empeorado” y se superan los estándares fijados por la nueva directiva europea. En este sentido, recuerda que el propio Ayuntamiento reconoce que será necesario reducir un 60% los valores de dióxido respecto a los de 2023 para cumplir los nuevos objetivos en 2030. “No es momento para el triunfalismo, sino para ser más ambiciosos y avanzar en la protección de la salud de la población”, afirmó.

Desde Más Madrid reclaman medidas concretas para reducir el tráfico, mejorar la información a la ciudadanía, reforzar el transporte público con la contratación de conductores pendientes y aprobar un protocolo específico ante episodios de alta concentración de ozono, una iniciativa que, según denuncian, el PP ha rechazado en varias ocasiones.

En la misma línea se expresó el concejal socialista Ignacio Benito, quien advirtió el pasado mes de diciembre de que aún hay “demasiados indicadores en rojo” que no avalan el optimismo del Ayuntamiento. Benito alertó de que el ozono troposférico “está disparado en Madrid” y recordó que, aunque la ciudad cumple los límites actuales de dióxido de nitrógeno incumpliría los nuevos umbrales europeos si se aplicaran ya, algo que se ha confirmado con los datos presentados el 2 de enero.

Cabe destacar que el plan de restricciones al tráfico que comenzó con Madrid Central y siguió adelante con las Zonas de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica primero y Madrid ZBE después está arrojando resultados cada vez mejores para la calidad del aire en la capital. Sin embargo, el debate sobre las políticas anticontaminación en la capital se mantiene abierto, especialmente después de la decisión del Consistorio de prorrogar durante todo 2026 la circulación de los coches sin etiqueta de residentes.

El delegado de Movilidad, Borja Carabante, justificó esta medida “por el bajo impacto medioambiental” de estos vehículos, que cifró en unos 15.000 turismos, y por los buenos datos en materia de calidad del aire, debido a que la ciudad sigue cumpliendo el rango de límites máximos marcados por la Unión Europea. La prohibición de circulación de estos vehículos lleva aprobada desde 2021.

Cuando se anunció la moratoria, Gómez ya criticó la decisión del gobierno municipal y tachó de “desfachatez” que Almeida se parapete en la calidad del aire de la capital pese a “un importante problema de ozono” y a que la ciudad “no cumple los estándares de la nueva normativa europea”. La formación insiste en que el aplazamiento “antepone los intereses de unos pocos a la salud pública” y recuerda que “seguir permitiendo estos vehículos beneficia a un 0,05% de la población y perjudica la salud del 100% de los madrileños”. 

¡Parad el recuento! La frase hizo historia. La pronunció Donald Trump el 5 de noviembre de 2020 para denunciar, sin una sola prueba, un supuesto fraude electoral en EEUU e incendiar las calles del país. Incapaces de asimilar la derrota, dos meses después, sus fieles asaltaban el Capitolio en Washington DC en un altercado que dejó tras de sí varios muertos. Todo empezó ahí. Lo que, en principio, pareció una boutade del republicano más extravagante de cuantos han pisado la Casa Blanca, poco a poco empezó a normalizarse en otras latitudes. También en España. Y no solo por la ultraderecha de Vox.

El PP también ha seguido la estela de Trump y de todos aquellos que han hecho del extremismo y la desinformación su santo y seña como un único objetivo: destruir al adversario y cuestionar el sistema democrático. Primero fue Aznar quien sembró dudas, luego Ayuso y después se sumó Feijóo a una campaña de descrédito del sistema electoral español asumiendo el lenguaje más habitual en Vox. Una estrategia que, además de desgastar al Gobierno, busca competir por el electorado más ultra. 

Esta semana, a las puertas de las elecciones extremeñas, han vuelto a hacerlo: encender la mecha de manera tan irresponsable como ridícula, tras el robo de una caja fuerte de Correos y 124 votos, en la que los ladrones se llevaron el dinero que había dentro y dejaron los votos esparcidos. Aun así, en menos de un minuto el bulo sobre el “pucherazo” ya había sido difundido por tierra, mar, aire y todos los medios afines, como lo hicieron antes en las elecciones de 2023. Y todo para que no se hablase de cómo el PP extremeño ignoró varias denuncias por el “trato machista” de uno de sus alcaldes o que su candidata, María Guardiola, colocó a su primo, de profesión churrero, como chófer de la Junta pese a haber sido condenado por violencia machista. 

Y es que como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, un líder que no termina de cuajar ni dentro ni fuera de su partido, se juega mucho en esta convocatoria. Es la primera de un ciclo electoral, que seguirá en Aragón, Castilla y León y Andalucía y con el que el PP busca una muerte gradual del presidente del Gobierno, que atraviesa por uno de los momentos de mayor debilidad desde que arrancó la legislatura. Confía en que una derrota tras otra en hasta cuatro elecciones regionales en los primeros seis meses precipite la caída de Sánchez.

La victoria de los populares, en efecto, esta vez se da por descontada, pese a que el PSOE fue primera fuerza política en las últimas autonómicas de 2023, si bien no pudo gobernar porque Génova, 13 impuso a Guardiola un acuerdo vergonzante con Vox para arrebatar el poder a los socialistas que entonces lideraba el hoy fallecido Guillermo Fernández Vara. Lo previsible es que la suma PP+Vox obtenga una mayoría inédita en una región en la que el PSOE ha gobernado durante 32 años, pero lo que nadie espera es que Guardiola alcance la mayoría absoluta que la libere de la ultraderecha. Es más, el partido de Abascal crecerá en votos y en escaños, por lo que subirá el precio para permitir la investidura y afianzará así la traumática relación que los populares mantienen desde 2023 con la ultraderecha. 

Nada apunta a que Feijóo pueda desprenderse de su peor pesadilla y quitarse el sambenito de “tibio” que le han colgado en su propio partido. De hecho, su futuro parece inexorablemente unido a Abascal y sus políticas, sometidas a las de la ultraderecha. Y Sánchez, por su parte, se conforma con eso, con demostrar que este pulso extremeño, en plenas Navidades, no le servirá al PP para deshacerse de Vox, sino todo lo contrario, para ser más dependiente si cabe de la pauta que le marque la ultraderecha en el marco de una ola imparable en Europa y en el mundo.

Uno y otro quieren saber por quién doblarán antes esta noche las campanas: si por la muerte lenta del presidente del Gobierno o por el ocaso de una derecha autónoma que invalide a Feijóo como alternativa fiable y de Estado. Pero el propio Feijóo ha rebajado su objetivo a que el PP logre más votos que la izquierda de tal modo que así pueda abaratar el precio de Abascal y que incluso pueda arrancarle una abstención, algo que se antoja improbable porque en Extremadura las relaciones entre los socios del bloque son mucho más complicadas que en otras plazas. Abascal ha afrontado esta campaña como si él mismo se presentara a la presidencia de la Junta y ha deslizado incluso la idea de que si el PP quiere sus votos, tendrá que prescindir de Guardiola.

Aun así en Génova, aspiran a que esta noche sea solo el principio de un carrusel autonómico que visualice que el PP crece en votos y escaños mientras el PSOE se hunde hasta registros nunca vistos en una plaza que le era hegemónica de tal modo que la situación agónica arrastre a Sánchez a una disolución anticipada de las Cortes para celebrar elecciones generales. Y si no fuera así, a que al menos aumente el ruido orgánico en un PSOE donde ya se empiezan a tomar posiciones de cara al post sanchismo y se abre paso el debate sobre una posible abstención de los socialistas ante una hipotética investidura de Feijóo cuando se celebren las generales. Si la decisión fuera finalmente esa, sería la demostración de que los impulsores de aquella operación de 2016 siguen sin entender el latido de su propia militancia.

Hasta que eso llegue, los socialistas son muy conscientes de que el ciclo del PP en Extremadura que arrancó en 2023 no acaba este domingo, pero también esgrimen que, pese a ello, todo seguirá igual y que Feijóo habrá hecho un ejercicio de gatopardismo en un marco, además, en el que no se le conoce proyecto más allá del “antisanchismo”, pero sí muchas soflamas sobre un presunto estado bolivariano y una sucesión de bulos convertidos en ataques directos a la democracia, como se ha visto con la denuncia del falso fraude electoral en un claro estilo trumpista. 

Ni el volumen de Vara ni la personalidad de Ibarra

Con las elecciones de esta noche se sabrá también hasta dónde llega la caída del PSOE y cuál el estado de ánimo de su electorado después de los casos de corrupción y el goteo de denuncias por acoso sexual contra varios dirigentes socialistas. Nunca antes el partido de Sánchez se lo había puesto más fácil a sus adversarios y más difícil a los suyos porque al descrédito por la acumulación de escándalos se suma la presentación de un candidato que carece del volumen de Fernández Vara o de la personalidad arrolladora de Ibarra —que fueron quienes le antecedieron en el cartel electoral extremeño—, y que además está procesado por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. 

Con un cuestionado aspirante, un mal momento para el partido y el desgaste de casi ocho años de Gobierno de España, las expectativas están por los suelos y la tendencia natural será cargar toda la responsabilidad sobre Sánchez, pero en La Moncloa manejan datos que sitúan a Miguel Ángel Gallardo muy por debajo de la fidelidad a la marca y al propio presidente del Gobierno. 

El mensaje oficial, en todo caso, será este lunes de resistencia, ya que la intención de Sánchez no es otra más que agotar la legislatura. En el fondo, sabe que, pasado el éxito y el triunfalismo de una victoria amarga para el PP, los análisis más honestos no podrán ignorar que este pulso se lanzó desde Génova pensando que Feijóo podría deshacerse de Vox y que, para su desgracia, no habrá podido. Y, luego, ya en enero cuando haya pasado la Navidad, el foco estará de nuevo en los pactos postelectorales, en que Abascal seguirá siendo quien marque la estrategia de la derecha y en que tanto Mañueco en Castilla y León como Moreno en Andalucía podrían correr la misma suerte que Guardiola y, en definitiva, Feijóo. Al final, cuando el PP despierte, Vox seguirá ahí por mucho tiempo.

Hay momentos, tampoco demasiados, en los que en la Asamblea de Madrid el debate no va sobre “la fruta”, los puteros, la cocaína, la mafia, o esa “dictadura” en que se ha convertido España y se pueden confrontar modelos políticos.

No sucede en las sesiones de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ni cuando la oposición plantea cuestiones espinosas para su Gobierno, los negocios de su pareja, Alberto González Amador, o para ambos. El Pleno de Presupuestos celebrado en doble sesión esta semana ha concentrado algunos de esos momentos donde los partidos enfrentan sus programas.

La Comunidad de Madrid, con su consejera de Economía, Rocío Albert, a la cabeza, sometía las cuentas para 2026 a su último trámite: en total, serán 30.663 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad, algo que, por otra parte, sucede cada ejercicio.

Las diferentes partidas se habían debatido ya en las comisiones y el resultado estaba cantado: el Gobierno de Ayuso sacaría adelante sus cuentas sin convencer a nadie: PSOE, Más Madrid y Vox ya habían anunciado su voto en contra tras haber presentado enmiendas a la totalidad que fueron desbaratadas por la mayoría del PP.

La conclusión tras varias semanas de trámites es que la oposición en bloque reniega del modelo de Ayuso para Madrid: lo venía haciendo la izquierda desde su llegada al poder en 2019 y también Vox desde 2021 en que el PP logró la mayoría absoluta y dejó de ser un socio necesario. En los últimos meses, además, la extrema derecha ha endurecido su discurso contra la lideresa madrileña, a la que ahora llama “lady Miami” y acusa de gobernar para las grandes fortunas extranjeras que se quieren instalar en la capital.

El maratón parlamentario del jueves, 12 horas y media de debate sin parada para comer, evidenció el choque de modelos. De un lado, el PP defendió Madrid como “locomotora de España”, la comunidad que tiene “la mejor sanidad”, la mejor educación, los mejores servicios y la única política de vivienda que funciona (esto último es literal), donde su presidenta, los consejeros y cada uno de los portavoces se vanaglorian de ser la única región “sin impuestos propios”. Uno tras otro, los diputados que defendieron los distintos capítulos de gasto repitieron esa idea, la de una región rica y solidaria, cuyos ingresos, que recauda a través de los tributos estatales, contribuyen a la caja común y el 82% de lo recaudado en Madrid “se lo lleva el Gobierno de Sánchez”. Con algunas alusiones a la corrupción del PSOE, mientras la número 3 de Ayuso, Ana Millán, imputada por cuatro delitos dirigió algunos tramos del Pleno como vicepresidenta de la Cámara, los diferentes portavoces del PP defendieron el modelo de Madrid, la polémica gestión sanitaria, tras los últimos escándalos del grupo Ribera Salud y Quirón, y hasta la financiación de las universidades públicas que ha llevado a la Complutense al colapso antes de pedir un crédito a la propia Comunidad para poder seguir pagando las nóminas.

La filosofía la explicó el portavoz de presupuestos, Ángel Alonso, pese a ser la comunidad más rica, que ha adelantado en PIB a Cataluña, Madrid no quiere impuestos porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Alonso justificó con los resultados electorales del PP que su Gobierno mantenga bonificaciones fiscales por 5.000 millones de euros que favorecen al 4% de la población en el impuesto de sucesiones y donaciones.

Por eso, los populares defendieron unos presupuestos continuistas y las políticas del PP que los madrileños vienen avalando los últimos 30 años y culparon al Gobierno central de todos los males que sacuden a la región, y le atribuyen una deuda de 10.000 millones de euros. Se trata de una versión remasterizada del España nos roba, que hizo famoso el independentismo catalán y que ahora los populares de Madrid han versionado para culpar a Sánchez de un supuesto expolio.

Pese a ello, sus portavoces ratificaron que no tienen ninguna intención de aceptar la quita de deuda de más de 8.000 millones que el Ministerio de Hacienda ofreció a Madrid y que tienen a disposición todas las comunidades después de haberlo pactado el Gobierno con ERC para Catalunya.

Enfrente, la oposición de Más Madrid y PSOE, enumeraron durante más de 12 horas los problemas de la atención primaria, de las listas de espera que no dejan de crecer en la región y ya suman un millón de ciudadanos, de las universidades públicas, de las residencias... para exigir un cambio de rumbo, que no se va a dar, y que implicaría abandonar “los regalos fiscales”.

Como ejemplo citaron el capítulo de la Sanidad, donde el PP presupuesta 11.000 millones para 2026, tras haber certificado un gasto de 13.300 millones este año, con las partidas extraordinarias abonadas a empresas concesionarias de hospitales como el grupo Quirón, en el centro de la polémica por los pagos a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Desde 2021 el gigante sanitario ha cobrado 5.000 millones de euros, el doble de lo que figuraba en las partidas presupuestarias, y a tenor de cómo se han configurado las cuentas para el año próximo esos pagos extrapresupuestarios volverán a repetirse en 2026, denunciaron los diputados de la izquierda, que cargó durante todo el debate contra las privatizaciones sanitarias. Coincidiendo con el Pleno, Más Madrid denunció ante la fiscalía las prácticas de Ribera Salud en el hospital de Torrejón, tras conocerse un audio del CEO de la empresa en el que pedía a sus directivos primar los beneficios económicos frente a la reducción de listas de espera.

La oposición habló de un modelo económico fracasado que expulsa a los ciudadanos de los barrios mientras ofrece facilidades a las rentas más ricas y recordó la invitación de Ayuso a Blackrock para que el fondo invirtiese en Madrid con la garantía de que su gobierno no intervendría en el mercado de la vivienda. En este punto, Vox ataca las políticas del PP y sus diputados le preguntan dónde están las 25.000 viviendas que prometió cuando firmaron con ella un pacto de Gobierno en 2019. En cualquier caso, la negativa de Vox a los presupuestos de Ayuso se centra en el rechazo a los inmigrantes, 700.000 personas que llegaron a Madrid en los últimos años y que según la extrema derecha son la causa del colapso de los servicios públicos, por eso piden “prioridad nacional” para atender antes en la sanidad, la educación y los servicios sociales, a los españoles. Seis millones de madrileños que hay que anteponer a los 700.000 inmigrantes, repitieron sus diputados.

El diagnóstico de la izquierda es muy diferente: si el PP no perdonase cada año más de 5.000 millones de euros en impuestos a los más ricos, habría fondos para mejorar todos esos servicios públicos. De esos “regalos fiscales”, insistió la izquierda, solo 400 millones son rebajas en el IRPF. Por eso desde Más Madrid preguntaron a los populares si creen que un ciudadano prefiere una rebaja de 46 euros al año en impuestos o tener un médico cuando le hace falta.

La prueba de que el modelo ya no funciona, expusieron distintos portavoces de Más Madrid y del PSOE durante horas, es que los seguros sanitarios hayan crecido hasta el 45% en la región. La política del “sálvese quien tenga”. La realidad es que Madrid está a la cola en el gasto sanitario por habitante y por universitario. La respuesta de los populares fue culpar al Ministerio y a Mónica García de la falta de médicos en toda España y alegar que las últimas huelga contra su estatuto marco, van a aumentar las esperas en toda España. Más Madrid respondió que la Consejería de Sanidad no logra retener ni a la mitad de los médicos que se forman en la región por las malas condiciones que ofrecen. Y lamentó que el modelo de Ayuso sea tener los hospitales públicos cerrados por las tardes mientras manda a los pacientes a hacerse pruebas de madrugada a centros privatizados.

La política sanitaria centró buena parte de los debates y la oposición al completo cargó contra el nuevo plan de la atención primaria para que el paciente deje de ser atendido por su médico de cabecera y lo atienda otro. Todos los portavoces, también una diputada de Vox, médica de profesión, dieron por hecho que el sistema generará dobles consultas y problemas de atención a los pacientes crónicos que necesitan un seguimiento continuado por parte del mismo médico.

El discurso del PP se mantiene en que todo es una campaña de Moncloa para desprestigiar a Madrid, lo había dicho la presidenta en su balance anual y a ello se apuntaron varios de sus portavoces parlamentarios. Según esa tesis, Sánchez quiere también “reventar la universidad” madrileña para hacer campaña con ello de cara a las próximas generales.

La realidad es que los seis rectores de las universidades públicas están haciendo frente común para cambiar un sistema de financiación que las ahoga mientras la Comunidad sigue autorizando privadas y Madrid ya cuenta con 20, una apuesta que los populares defienden para garantizar “el sistema de elección”.

La oposición recuerda que no hay libertad de elección para las familias no se pueden pagar las matrículas, igual que tampoco la puede haber para los 60.000 estudiantes que se quedaron sin plaza pública en la FP.

Mientras los populares presumían de generar más de la mitad de empleos que se crean en España, los grupos de la izquierda reprochaban al PP haber dejado sin ejecutar la mitad de los fondos previstos para políticas de empleo.

Así, uno tras otro, se iban sucediendo los debates en cada capítulo del presupuesto, durante más de 12 horas, y con un tono menos crispado que el de otras sesiones. El mismo Partido Popular que estuvo un mandato entero sin aprobar Presupuestos en Madrid alega ahora que no hacerlo es el síntoma de que no se puede gobernar, la referencia a Sánchez que fueron repitiendo disciplinadamente uno tras otro los diputados del PP.

Ya entrada la noche del jueves, tuvo lugar el debate sobre el capítulo de ingresos, el meollo del presupuesto. Ahí volvieron a defender los populares que la región más rica de España sea la única sin impuestos propios y vincularon una cosa con la otra.

La portavoz de Más Madrid Marta Lozano recordó entonces que el 75% de las rebajas fiscales se las queda en Madrid “el 4% de las familias más adineradas” y acusó a los populares de ejercer como “Robin Hood al revés”.

“¿De qué presumen por no tener impuestos propios”, se preguntó. “De ser los últimos en educación, sanidad, vivienda y en servicios sociales [...] los servicios públicos se sostienen gracias a la recaudación de ese gobierno socialcomunista”, dijo en referencia a la coalición de PSOE y Sumar.

En una de sus últimas intervenciones, el portavoz socialista Daniel Rubio, denunció uno de los secretos de estos presupuestos y la razón por la que las cuentas de 2026 contienen sobre el papel un gasto menor en sanidad y otras partidas al que se ha efectuado durante este año: son los créditos opacos que tratan de escapar al control parlamentario y que permiten esos pagos extraordinarios a gigantes sanitarios como Quirón o Ribera Salud que afloran al cierre de los distintos ejercicios. La herramienta para hacerlos posibles son los créditos centralizados que suben un 103,4% en las cuentas de 2026 mientras partidas como la sanidad o la educación lo hacen por debajo del 7% que crecen los presupuestos.

El portavoz socialista denunció que se trata de un engaño deliberado “para ejecutar el modelo privatizador sin ningún control de la asamblea”, “una herramienta política para esconder las decisiones del PP, esquilmar la sanidad pública y darle beneficio a sus empresas, amigas”. “La clave de bóveda”, insistió, “para que la gente no sepa lo que estén haciendo. Hacen que estos presupuestos sean todo mentira, salvo alguna cosa”.

Tras 12 horas de debate ininterrumpido, el Pleno de Presupuestos evidenció la existencia de esos tres modelos para Madrid: el que presume de no cobrar impuestos en la región más rica, el que se queja de unos servicios públicos colapsados por los “regalos fiscales” a las rentas más altas y el que culpa de todo lo anterior a los inmigrantes.

La sesión del jueves concluyó sobre las diez y media de la noche entre buenos deseos y felicitaciones navideñas. A primera hora del viernes, arrancaron las votaciones cruzadas de las enmiendas, sin sorpresas: el PP aceptó 22 de las miles presentadas por la oposición, y el grueso de las cuentas acabaron aprobadas por la mayoría del Partido Popular.

Fuera de la Asamblea, UGT y Comisiones Obreras se manifestaban contra las cuentas y el deterioro de los servicios públicos.

El escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz llega de nuevo a la Fiscalía Provincial de Madrid, esta vez de la mano del PSOE regional. Los socialistas de Óscar López han presentado una denuncia por supuestas “irregularidades” en la gestión del clínico, de carácter público aunque con un modelo privatizado, que se suma a la que ya interpuso la semana pasada otro abogado ante el mismo tribunal.

Unos audios revelados por El País exhibieron al consejero delegado de Ribera Salud (la compañía privada que coordina el hospital), Pablo Gallart, reclamando a sus responsables que rechazaran a pacientes poco rentables para agilizar las listas y maximizar beneficios.

El PSOE de Madrid, en un comunicado, ha anunciado que esta misma mañana interpondrá la danuncia contra el CEO de Torrejón Salud, S.A., como presunto autor de una serie de irregularidades en la gestión de su concesionaria, además de otra posible “omisión de deberes de supervisión” por parte de la Comunidad de Madrid que advierten los socialistas.

Sostienen que estas prácticas podrían constituir indicios de “delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación”. La semana pasada, con el escándalo de los audios, ya adelantaron que tomarían acciones legales contra el hospital y ahora señalan directamente al CEO y a “todos aquellos” que “aparecer como ”penalmente responsables“ de los hechos que han llegado al Ministerio Fiscal.

La denuncia también se formulará “contra todos aquellos” que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa, “puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento” del Ministerio Fiscal. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha subrayado, en sus redes sociales, que su partido hará todo lo que esté su mano “para que nunca más nadie haga negocio con la Sanidad pública en Madrid”.

En la primera demanda ante la Fiscalía, que inició su recorrido el pasado 4 de diciembre, el letrado Javier Flores también detectó posibles delitos de prevaricación administrativa o contra la salud pública, tal como reseñaron desde el PSOE; pero también sugirió la existencia de lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos, según el documento al que tuvo acceso Somos Madrid. En este primer caso, la demanda fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, que ha remitido el caso a la Fiscalía de Madrid a la vista de los hechos denunciados.

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Guerra abierta en el Centro Intergeneracional Ouka Leele de Arganzuela, un espacio ubicado en el número 16 de la calle del Bronce y dirigido a personas de 14 a 35 años o con más de 65, que vuelve a vivir un conflicto por cuestiones edadistas. Meses después de las quejas por el veto a que mayores de 35 años pudieran utilizar su sala de estudio, ahora las protestas atañen a otro grupo poblacional. Desde hace unos días, el acceso de menores de 14 años ha sido prohibido a partir de las 16.00, incluso si van acompañados de adultos.

De hecho, el origen de la controversia está en la asistencia del alumnado de centros educativos cercanos junto a sus padres y madres para comenzar a disfrutar del fin de semana los viernes por la tarde en la cafetería del recinto. La falta de alternativas públicas y asequibles para el ocio en esta zona del barrio de Legazpi, así como la proximidad con los dos colegios, contribuyó a que el Ouka Leele se convirtiera desde su inauguración en 2024 en referencia de las “cerves” de padres y madres los viernes a la salida de las clases. Mientras en el bar los progenitores comparten desahogos de la semana y experiencias propias o de sus hijos, estos aprovechan el rato extra con sus mejores amigos para jugar por la planta baja.

Es por ello que la prohibición adoptada por la Junta Municipal de Arganzuela, autoridad del Ayuntamiento en el distrito, ha desatado un conflicto con dos bandos enfrentados. Por un lado, las familias de la zona y la plantilla del bar-cafetería, aliadas en su queja por una actuación de cuya legalidad dudan. Por otro el personal del centro, que insiste en los reiterados avisos emitidos para no haber tenido que llegar a esta situación, al tiempo que circunscriben su participación a “aplicar y transmitir” la medida de la Junta.

La coyuntura ha provocado incluso escenas de tensión, especialmente el primer viernes en el que se aplicó el veto, el pasado 21 de noviembre. Varias fuentes cuentan que ese día se desplazaron al lugar agentes de la Policía Municipal, después de que las familias manifestaran la irregularidad de la práctica. “Hola, Junta de Arganzuela. ¿Es normal que ahora no dejéis entrar a menores en espacios públicos? Se promueve tener hijos pero luego no se permite el acceso a los mismos…”, cuestionaba una madre en su cuenta de X.

La cuestión ha sido elevada ya mediante una queja formal y conjunta dirigida a la Junta de Arganzuela por una posible vulneración de “los principios recogidos en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar su derecho al ocio, a la participación y al disfrute de recursos comunitarios adecuados a su desarrollo”. En el escrito indican asimismo que la iniciativa “podría resultar contraria a los principios de igualdad, no discriminación y acceso en condiciones de igualdad a los servicios sociales de titularidad pública recogidos en la Ley 12/2022, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”.

Antonio es padre de tres escolares de 5, 3 y 2 años que van al colegio público Tirso de Molina, situado a pocos cientos de metros del Ouka Leele. “Nos ha trastocado completamente. Es uno de los pocos espacios del barrio de Legazpi que tenemos para reunirnos y socializar”, lamenta sobre el veto en conversación con Somos Arganzuela. “El barrio no tiene ninguna infraestructura que permita a familias reunirse, así que la cafetería se había convetido en punto de reunión por sus características: es amplia, tiene un buen patio... en el verano se usa menos, claro, porque hace mejor tiempo y se está mejor en la calle. Pero en estos meses nos deja sin nada”.

El progenitor admite que “hay molestias”, un punto en el que incidirán desde el centro, pero expone que “el problema es si cómo sociedad podemos considerar que los niños son eso, una molestia”. Desde su punto de vista “hacen cosas de niños de 5 años, claro, no están sentados leyendo un libro”. Reconoce que “hacen ruido, es una obviedad, como ver más jubilados que jóvenes en un centro de salud porque se ponern enfermos en mayor medida”.

Es una medida desmesurada que roza la ilegalidad y demuestra una falta de empatía social, más en un centro que se denomina intergeneracional. Deberían fomentar la convivencia entre diferentes grupos sociales, no segregar por edad, raza o sexo

En la misma línea se pronuncia Zuriñe, madre de una niña de 3 años que también va al Tirso del Molina: “Es una medida desmesurada que roza la ilegalidad y demuestra una falta de empatía social, más en un centro que se denomina intergeneracional. Deberían fomentar la convivencia entre diferentes grupos sociales, no segregar por edad, raza o sexo”. Lanza otras alternativas, como “zonificar, mobiliario para compartimentar, acondicionar acústicamente zonas...”. Se hace también una serie de preguntas sobre el efecto de la decisión en un espacio de estas características: “¿No puede entrar un abuelo con su nieto? ¿No puede entrar una madre de 28 años con su hijo?”.

Antonio defiende por motivos similares la queja conjunta presentada por las familias ante la concejala presidenta de Arganzuela, Dolores Navarro: “No puedes prohibir la entrada de menores a un edificio público por razones de edad. Si están acompañados, no puedes hacerlo”. Y añade: “El uso que le damos al centro está limitado a los viernes por la tarde, el resto de la semana no había nada, más allá de que alguna familia fuese puntualmente por su cuenta. Era una dinámica normalizada con los mayores, que sabían que tenían la cafetería para ellos el resto de la semana”.

Un último detalle ha soliviantado aún más a padres y mades. Se trata de la imagen que encabeza este artículo, con dos carteles al entrada del centro con mensajes similares. Uno limita la entrada de menores de 14. El otro la de animales de compañía. “Nuestros hijos no son perros. Compararles es despersonalizar a la infancia y considerarla una molestia, lo cual va en contra de la sociedad”, recalca Antonio.

Israel, autoridad del centro que atiende a este medio presentándose como “jefe del edificio”, tacha esta última crítica de Antonio de “demagogia”. Arremete contra la dinámica establecida por padres y madres: “Esto no era el Centro Intergeneracional Ouka Leele, esto era el chiquipark”. Relata que tuvieron que limitar expresamente el acceso de patinetes, ya que los menores (“hasta 120 algunos días”) recorrían las estancias sin más control que el del propio personal del recinto. Habla además de molestias sonoras para quienes utilizaban la sala de estudio: “La propuesta de los padres es que los viernes los niños del barrio no puedan utilizarla”, dice Israel. “Mis compañeras de trabajo no tienen por qué aguantar el pollo que se monta cada semana. Aquí lo que hay es un problema de educación y de disciplina”, sentencia.

Mis compañeras de trabajo no tienen por qué aguantar el pollo que se monta cada semana. Aquí lo que hay es un problema de educación y de disciplina

“Es una decisión que se toma en la Junta, pero tiene que ver con esto”. Subraya igualmente los avisos previos emitidos a las familias, tanto con comunicaciones personales como a través de cartelería desplegada en el edificio: “Se les ha advertido”. Zuriñe traslada por contra a este medio que “la única indicación que solían dar es que los patinetes se quedasen en la entrada, como es normal, y que los niños no corriesen por el vestíbulo”. “Los padres estábamos pendientes. Ningún usuario ni personal de la cafetería nos trasladó más quejas”, mantiene.

Israel señala a uno de los papeles con indicaciones colgados en las paredes: “Esto está puesto desde marzo, por lo menos, y no han hecho caso”. La circular llama a “acompañar y supervisar a los más pequeños”, “evitar correr, jugar o gritar” y pensar “en quienes buscan estudiar, leer, charlar o descansar”.

Fuentes del Ayuntamiento trasladan a este medio que “los destinatarios de la programación del centro son jóvenes de 14 a 35 años y mayores de 65”, aunque“se ha venido permitiendo el acceso a la cafetería al público en general, pese a que no fuera destinatario de los servicios que se prestan, pero esta circunstancia no debe interferir en el desarrollo de la programación ni el correcto funcionamiento del centro”. Dicen que “los servicios de vigilancia se han enfrentado a la supervisión constante de los menores, especialmente los viernes por la tarde, y a quejas continuas de usuarios y del personal del centro por conductas que impedían el trabajo normal”. Precisan que “los menores podrán acceder al centro para actividades programadas y el resto de los días de la semana, pero no cuando se emplean esas instalaciones para el asueto de los padres a precios mucho más económicos que los de una cafetería o restaurante comercial”, aunque la cartelería no indica este último apunte.

Israel sostiene además que “la cafetería es solo para mayores”. Un punto en el que discrepa un miembro de la plantilla de ese negocio, que charla con este diario aunque prefiere no dar su nombre : “Es pública, no puedes limitar que venga nadie. Lo mismo pasa con el propio edificio. La segunda planta es la que tiene el perfil intergeneracional y ahí sí puedas controlar que pase gente con menos de 14 años o que tenga entre 35 y 65”.

Una batalla con deriva hostelera y política

El establecimiento recibe una concesión del Ayuntamiento de Madrid, de forma que su dueño explota este y otros bares en centros culturales municipales, con unos precios limitados en la adjudicación. La merma de clientela que supone el veto les pone en el mismo barco que las familias, aunque pasan varias horas al día a solo unos pasos de esos trabajadores del centro que tanto venían reclamando dar carpetazo al tardeo de los viernes. El personal de la cafetería, conformada por cuatro personas, reconoce que “algunos viernes se ha liado demasiado”, pero plantean que el propio centro “entre en acción y ponga talleres para niños todos los viernes de 17.00 a 20.00 o reforzar la seguridad”. Describen la medida de “desproporcionada”.

El efecto es especialmente sensible porque la clientela no mayor de 65 años consume con precios más caros, aunque sigan estando muy por debajo de mercado: “Un botellín le cuesta 1 euro a un jubilado (que además suele tomarse uno o un café, sin más) y 1,50 a los padres que venían los viernes (que solían pedir varias rondas)”, cuenta este empleado. Además, los progenitores suelen tirar más de “cervezas especiales, que son más caras, aunque aquí la tengas a 2,80 en vez de 4 como en cualquier bar”. De esta forma, no solo pierden ventas, sino el grueso de las que les resultan más rentables. Ahora los viernes cierran a las 20.00, como el resto de jornadas, cuando antes continuaban hasta las 22.00, así que parte de la plantilla ha visto reducidas sus horas contratadas. Además, las familias no pueden merendar en la tarde y algunas no desean acudir ahora a desayunar los domingos. Cifra las pérdidas semanales en 1.000 euros.

Enma López, concejala del PSOE Cibeles, asegura en declaraciones a este periódico que el Ayuntamiento debe “corregir esta situación” para “dar alternativas que no excluyan a los niños y las niñas de un centro intergeneracional”. Critica que el Consistorio tome este tipo de medidas mientras emprende campañas para el fomento de la natalidad: “No salimos de nuestro asombro al ver cómo trata el Gobierno de la ciudad a los menores y la infancia. Se les llena la boca con publicidad, pero cuando llega la hora de la verdad se expulsa a la infancia de un centro para la convivencia de distintas edades”.

No salimos de nuestro asombro al ver cómo trata el Gobierno de la ciudad a los menores y la infancia. Se les llena la boca con publicidad, pero cuando llega la hora de la verdad se expulsa a la infancia de un centro para la convivencia de distintas edades

Enma López — Portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista cree que desde el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida “no están convirtiendo a Madrid en una ciudad amigable para la infancia” porque “no hay dónde vivir”, existe una “deficiencia de escuelas infantiles” y “faltan parques públicos para el verano, pero también lugares donde las familias puedan esparcirse con sus hijos en días de frío”.

Modelo inédito y errático para un barrio falto de dotaciones para la infancia y la socialización

Desarrollado y ampliado en las últimas dos décadas, la población del oficioso Barrio de los Metales (zona que corresponde al barrio oficial de Legazpi) se compone mayoritariamente de familias jóvenes con hijos. Vecinos que llevaban años reclamando equipamientos como el Ouka Leele, que homenajea en su nombre a la polifacética artista y fotógrafa madrileña fallecida en 2022, ante la falta de bibliotecas, centros culturales o institutos públicos. “En el Tirso de Molina hay 1000 alumnos y el 90% viven en el barrio de Legazpi, pero tenemos una necesidad tremenda de dotaciones para que nosotros socialicemos con nuestros iguales y nuestros hijos con los suyos. Había una cafetería en Matadero y la cerraron”, dice Antonio.

Pero la apuesta del equipo de Almeida por un centro intergeneracional en Arganzuela, inaugurado en junio de 2024, suma una nueva convulsión en su trayectoria fruto de su concepción basada en la edad. El recinto, que se divide en un centro juvenil y otro de mayores, tuvo a finales del año pasado una primera controversia al impedir el acceso de personas con más de 35 a su sala de estudio: “Un caso claro de discriminación por edad en un lugar público”, afirmó una vecina.

El Ayuntamiento optó por introducir una enmienda transaccional que permite el acceso en ciertos intervalos por determinar a los mayores de 35, siempre que su solicitud previa sea aceptada. Para Antonio, es un problema de planteamiento: “La distribución poblacional del barrio hace que no tenga sentido abir un centro intergeneracional y lo limitarlo. El público objetivo está desfigurado”. Pese a estas tensiones, el área de Familias, Políticas Sociales e Igualdad ya ha adelantado que estudia extender el modelo a otros puntos de la ciudad.

Pleno tenso en el Ayuntamiento de Manzanares el Real (Comunidad Madrid). Durante el debate municipal sobre autobuses interurbanos del pasado 13 de noviembre, el edil del PP en Manzanares el Real Damián Guijarro llamó en varias ocasiones “ridícula” y “payasa” a la concejala de Bienestar Social y Promoción Económica, Patricia Ibáñez, de Más Madrid. Además, también le espetó un “a callar, que estás más guapa” y mandó “a la mierda” a la alcaldesa Alicia Gallego, del PSOE, que gobierna en una coalición de partidos de izquierda.

Tanto Más Madrid y PSOE han denunciado este miércoles este “ataque machista” del concejal del PP de este ayuntamiento de 9.550 habitantes localizado en el norte de la región, en el que los conservadores están en la oposición. “Así actúa el PP con y sin focos”, ha criticado Más Madrid en un tuit este miércoles. Por su parte, el PSOE ha calificado la situación de “indecente”.

Además, los socialistas han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pida el acta de Damián Guijarro al que ambos partidos acusan de ser “reincidente”. Según recuerdan, en otra sesión plenaria le dijo a la concejala de Hacienda y Deportes, y cuarta teniente de alcaldesa, Gema Revenga, que se tenía que “comprar rodilleras” para que no le salieran “callos en las rodillas”.

Todo comenzó cuando Patricia Ibáñez preguntó al PP por la situación del transporte en el municipio. En concreto, por si habían recibido algún tipo de comunicación por parte de la formación a nivel autonómico, ya que, según dijo, había tratado de ponerse en contacto con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sin éxito ante lo que les reclamaba a sus ediles “presión” para aumentar las frecuencias de autobuses con destino a la capital.

Ante esta petición, Damián Guijarro le replicó que su labor no era esa, sino juzgar al Gobierno “parásito” de Manzanares, que aprovechaba su intervención para recordar que el municipio está actualmente sin ambulancia. Ante esto, la edil de Más Madrid le respondió que se ocupara de su camping “que debería tener desfibrilador y no lo tiene”.

Es a partir de ese momento cuando el concejal del PP comenzó con su retahíla de insultos a Ibáñez: “A ti te importan tres huevos lo que yo pueda hacer en el camping”. Tras espetarle un “ridícula, que eres una ridícula” y llamarle varias veces “payasa”, Guijarro prosiguió asegurando que “te tendría que hablar de otra manera”: “Tú no tienes que estar ahí porque tú te has ocupado de traicionar a tu compañera para estar ahí sentada. Tú has consentido todas las traiciones, así que a callar. A callar que estás más guapa”.

Es en ese momento cuando la alcaldesa, Alicia Gallego, que había intentado ya en varios momentos previos que el edil conservador no se dirigiese en esos términos a la edil de Más Madrid y pedirle respeto, le llamó por tercera vez al orden y lo expulsó del pleno. “¿Cómo que a callar?”, le preguntó la regidora del PSOE que, ante el inmovilismo de Guijarro, llamó a un agente de la policía municipal para que lo sacase del pleno.

En este momento, el concejal del PP también mandó “a la mierda” a Gallego. “Tú llámame lo que quieras, que no me vas a alterar”, le respondió. Finalmente, el edil conservador se levantó aunque, cuando se disponía a abandonar la sala acompañada de un agente, se dirigió al público del pleno y se encaró con uno de los vecinos allí presentes. “Abandone el pleno que usted es bastante intimidatorio”, volvió a insistir la alcaldesa que decidió suspender entonces el debate.

El PP de Madrid pide una rectificación: “Nos da igual hombre o mujer, no son formas de dirigirse a un adversario”

Seis días después y tras la denuncia pública del PSOE y Más Madrid, fuentes del PP de Madrid han explicado a Europa Press que ya han exigido a su concejal una “rectificación” y han advertido de que no comparten “este tono con ningún tipo de adversario”. “Nos da igual hombre o mujer, no son formas de dirigirse a un adversario político. Este no es el estilo del PP”, han asegurado.

No obstante, han aclarado que no van a “permitir que la izquierda política y mediática” y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez les den “lecciones de feminismo” ya que hacen “leyes que sueltan violadores”, tienen “pulseras low cost que no protegen a las mujeres” y es “un Gobierno que ha utilizado dinero público para pagar prostitutas”.