Álvaro Pérez 'El Bigotes' insiste en querer tirar de la manta y señalar al eurodiputado del PP, Esteban González Pons, y el diputado Gerardo Camps, todavía sin mácula de casos de corrupción, así como otros exresponsables de la Generalitat con Francisco Camps como Juan Cotino o Vicente Rambla.

Para ello Pérez ha escrito una carta a la jueza María García Minga en la que expone lo que afirma lo que ya le manifestó y ésta no reflejó en el acta, como que “Don Esteban González Pons en la Fórmula 1 era otra de las personas con mando en Plaza (sic)”, que estaba “enterado del día día de la gestión de la contratación, de las adjudicaciones, y todo lo relacionado con el circuito al igual que el señor Rambla (vicepresidente primero de Francisco Camps), al igual que el señor Don Juan Cotino (presidente de les Corts)”o el actual diputado del PP “Gerardo Camps”.

El responsable de la empresa Orange Market está llamado a declarar este jueves dentro de las investigaciones del caso Gürtel que tienen lugar esta semana. El primero en comparecer este lunes fue Ricardo Costa, quien fue el número 2 del PP valenciano de Francisco Camps y que ha señalado a este como maximo responsable de las contrataciones de la Fórmula 1. Camps también tendrá que declarar como investigado dentro del caso.

En la última declaración de Pérez sobre la Fórmula 1 estuvo marcada por la tensión con la jueza, la cual lo interrumpió constantemente, mientras el testigo mostró su malestar por la situación.

El exconseller de Economía y Hacienda con Francisco Camps, Gerardo Camps, ha afirmado este miércoles que se enteró de la grave crisis que atravesaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2010 y que el Banco de España no autorizó al Instituto Valenciano de Finanzas a colaborar en sus inspecciones.

En su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Camps ha afirmado que la CAM estaba completamente “monitorizada” por el Banco de España y ha señalado que durante su mandato nunca se reunió con el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Camps ha considerado que la caída de la CAM se produjo por la mala gestión del equipo directivo y no tanto por el concentrado riesgo de activos inmobiliarios que podía tener y ha recordado que el único que estaba autorizado para cesar a su equipo directivo era el Banco de España.

De hecho, ha afirmado que algunos de los directivos de la CAM estaban con gobiernos socialistas y continuaron después.

“El que los podía cesar era el Banco de España. Las Cortes Valencianas o la Generalitat no tenía facultad ni para cesar ni para intervenir”, ha puntualizado.

También ha rechazado “rotundamente” que la dirección de esta caja de ahorros fuera nombrada por los poderes públicos valencianos.

En este sentido, ha negado que los consejos de administración de las cajas de ahorros valencianas estuvieran politizadas y ha dicho que “el Consell no elegía ningún nombramiento en ningún cargo de ninguna caja, eran las Cortes Valencianas”.

Camps se ha referido al debate sobre las “puertas giratorias” que le han recriminado varios diputados de la oposición y ha considerado que no se debe “demonizar” a una persona que haya sido conseller o presidente de la Generalitat para poder ocupar luego un cargo como presidente de una caja de ahorros.

“El hecho de haber tenido cargos políticos no impide que no tenga competencia para presidir una caja de ahorros”, ha asegurado.

Por otra parte, ha explicado que el Instituto Valenciano de Finanzas nunca ha estado autorizado a hacer inspecciones en las cajas de ahorros en esta comunidad y que solo estaba facultado para controlar las cooperativas con sección de crédito.

Sin embargo, ha afirmado que este instituto pidió al Banco de España poder colaborar en las inspecciones mediante un convenio y que el supervisor les dijo “que no, que la competencia era suya y la ejercían ellos”.

El Banco de España remitió cuatro informes al Instituto Valenciano y en los tres primeros no vieron riesgo alguno y fue en el cuarto, en diciembre de 2010, cuando formularon requerimientos serios.

“Ahí es cuando considero que la situación de la CAM es grave y puede traer consigo problemas”, ha dicho, tras insistir en que no tuvo constancia durante su etapa de que el Banco de España podría intervenir la entidad, como ocurrió en julio de 2011.

El exconseller valenciano también ha negado que el “agujero” de la CAM se debiera a los apoyos crediticios de la Generalitat, que representaron una “mínima parte” de los que recibió.

El diputado del PP y ex vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Economía, Gerardo Camps, ha asegurado este martes que una quita de deuda de esta autonomía es de “justicia” para los valencianos y debe negociarse directamente con el Gobierno central.

En declaraciones, antes de la reunión de trabajo con la Comisión valenciana por una Financiación Justa, hoy en el Congreso, Camps ha considerado que esta negociación debe quedar “al margen” del sistema de financiación autonómica y ser debatido “entre deudor y acreedor”, es decir el Gobierno central y el autonómico.

Camps ha manifestado “con carácter personal” que esta negociación debería de producirse, ya que la Comunitat Valenciana tiene una deuda mayor que otras porque ha sufrido una infrafinanciación a causa del actual modelo.

Por lo que respecta a la reforma de este sistema de financiación, Camps ha indicado que se tiene que hacer “de manera seria y responsable” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre el Gobierno y las autonomías, pero también exige un “gran acuerdo político” entre el PP y el PSOE.

Así, ha instado a los socialistas a que presenten su propuesta conjunta “no gobierno a gobierno, sino una propuesta general” de todas las comunidades en las que gobiernan.

Se trata de que la reforma del actual modelo deje de ser “un campo de batalla partidista” en el que algunos partidos no quieren avanzar para tener una “disculpa” a sus “malas políticas” en la Comunitat Valenciana.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de 58 personas en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario, entre ellas estarían la del expresidente de Bancaixa y expresidente de la Generalitat, el condenado José Luis Olivas, procesado por presunta estafa al inversor en Bankia; el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, procesado por haber cobrado presuntamente dietas ilegales a razón de su cargo; y Gerardo Camps, exconseller de Economía de Francisco Camps, durante el mandato del cual se produjo la crisis de las cajas, y hoy diputado del PP en el Congreso.

Junto a estas comparecencias también destaca la petición de otras solicitadas por el PSOE como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

La comisión de cajas se reunió este jueves para poner en común el listado de comparecientes que cada grupo parlamentario ha registrado para comenzar a negociar el número de testigos a los que llamar, así como los nombres.

Entre los comparecientes solicitados por el Grupo Socialista se encuentran, además, dos exvicepresidentes del Gobierno durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes y Elena Salgado. Además, han pedido la intervención en la comisión de Marta Fernández Currás y Antonio Beteta, exconsejeros de Hacienda de la Xunta de Galicia y Comunidad de Madrid.

Los socialistas han pedido, además, que pasen por la comisión el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que compareció el pasado mes de julio, y el subgobernador de la institución, Javier Alonso.

También han solicitado las intervenciones de exdirigentes de esta institución, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Fernando Restoy, Francisco Javier Aríztegui y Aristóbulo de Juan, así como algunos exsecretarios de Estado de Economía.

La comparecencia del actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha sido solicitada por su condición de exdirector general de Regulación del supervisor y también se ha solicitado la del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez.

Además, piden la presencia del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce; el de Sareb, el conocido como 'banco malo', Jaime Echegoyen, y el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, así como las de los expresidentes del supervisor de los mercados Elvira Rodríguez, Manuel Conthe y Julio Segura.

Por parte de Popular, el grupo ha pedido que comparezcan su actual presidente, Rodrigo Echenique y las dos personas que ocuparon ese puesto con anterioridad: Ángel Ron y Emilio Saracho. Además, los socialistas piden que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, y la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy.

Asimismo, el Grupo Socialista quiere que intervengan en la comisión los presidentes de Santander (Ana Botín), BBVA (Francisco González), Bankia (José Ignacio Goirigolzarri) y Abanca (Juan Carlos Escotet). Los consejeros delegados de Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank también están en la lista, así como los presidentes de las auditoras PwC y Deloitte.

Los socialistas también han solicitado la comparecencia de algunos expresidentes y exdirigentes de cajas de ahorros, como Ildefonso Sánchez Barcoj (Bankia), Julio Fernández Gayoso (Novacaixagalicia), José Luis Méndez (Caixa Galicia), Narcís Serra (Catalunya Caixa) y Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla-La Mancha).

Por parte de las asociaciones de consumidores, los socialistas han pedido la presencia en la comisión de Manuel Pardos, presidente de Adicae, y Enrique García como representante de OCU.

También han incluido en la lista a algunos expertos en economía, como Santiago Carbó, Joaquín Maudos, José Manuel González-Páramo, Juan María Nin y Tano Santos.

Por su parte, Ciudadanos también pide las comparecencias de Rato, Solbes y Salgado, así como las del exministro de Industria Miguel Sebastián y la de José Antonio Moral Santín, vicepresidente de Caja Madrid y miembro del consejo de administración de Bankia a propuesta de Izquierda Unida, condenado a cuatro años de prisión por las tarjetas opacas de la entidad.

El exconseller de Hacienda y diputado nacional del PP, Gerardo Camps, ha asegurado este lunes que hablar de mil millones de euros en sobrecostes en la empresa pública Ciegsa es “un monumento a la falsedad”, en la misma línea que lo hizo hace unos días el expresident Francisco Camps. Según ha dicho, las desviaciones de precio medias fueron del 19 %, algo dentro de lo “normal”.

En su comparecencia en la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre esta empresa, encargada de la construcción de colegios, el también exvicepresidente del Consell ha negado haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad y ha afirmado que si hubiera conocido el pago comisiones lo hubiera denunciado.

Camps ha defendido que Ciegsa estaba sometida auditorías internas y externas; al control de la Sindicatura de Comptes, del Tribunal de Cuenta y del Gobierno central, y ninguno de ellos observó ninguna ninguna irregularidad sustancial ni supuestos de responsabilidad contable.

Ha asegurado que los mil millones de sobrecostes en Ciegsa no aparecen en ningún sitio, y los obtiene el actual Consell al extrapolar unos datos que no son extrapolables, según consta en el propio informe de la Intervención General, a los que además, se suman los gastos corrientes y financieros de la empresa pública.

La investigación de la trama Púnica, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha salpicado a excargos públicos del PP valenciano en ciudades como Valencia, Castellón, Elche, Gandia o Dénia, además de revelar las estrechas relaciones de los dirigentes populares de antes y de hoy mismo con Alejandro de Pedro, conseguidor del entramado cuyo papel gana en relevancia a medida que avanzan las pesquisas.

Los mensajes telefónicos de De Pedro extraídos de su móvil por la policía configuran un claro interés por el poder político y empresarial. En la sociedad valenciana también son esos sus polos de atracción y entre las amistades del imputado en la Púnica destacan políticos y empresarios, con uno de los centros de gravedad en Benidorm. De allí es la exministra y exdirigente del PSOE Leire Pajín, con quien intercambia whatsapps a finales de agosto de 2014 sin trascendencia a propósito del Real Madrid, y del 14 al 17 del mes siguiente, en los que la exministra socialista le explica que ha decidido pasar definitivamente a la vida privada. “No me voy a dedicar a lo público”, confiesa Pajín.

Como con muchos otros personajes con los que tenía amistad y un trato distendido, De Pedro no dudaba en presumir ante terceros de sus contactos. Tan lejos como el mes de mayo anterior a esas confesiones de Pajín, que llevaba dos años trabajando para Naciones Unidas desde una entidad vinculada a la Organización Mundial de la Salud, el imputado de la Púnica tecleaba a Alberto Pascual Flores, del PP: “Hoy he estado con el alcalde de Miami q lo hemos traído a valencia”. “Jodr q nivelazo”. “Sii pues estoy con la ONU en un proyecto muy guapo. Ya te cuento. En ny”. “Genial tio me alegro”. “Con una del PSOE. Jajajaj. Una tal leire Pajín”. “Me suena, creo...jejeje. Creo q alicantina... jajaja. Q grande eres”. “Si jajaja”.

No son las únicas referencias. En unos whatsapps enviados a finales de mayo de 2014 a Nadia de León, De Pedro presume: “España es un caos políticamente hablando. tengo a los dos partidos pidiéndome consejos y no doy abasto... No sé si has visto los resultados de las elecciones europeas”. “Sí vi”, responde su interlocutora. Y él prosigue: “Pero ha salido un grupo de izquierdas que apoya a Chávez”. “Y vi que el partido de rubalcaba va para abajo”, interrumpe ella. “Con más de un millón de votos. Si, yo estoy ayudando a leire Pajín es muy amiga mía. Ella apoya a Carmen Chacón”, concluye el imputado en la Púnica.

También es de Benidorm Antonio Magraner Balaguer, empresario de la conocida familia de la ciudad propietaria de Aqualandia y Mundomar que acabó comprando el parque Terra Mítica, y a quien De Pedro escribió un whatsapp la tarde del 17 de septiembre de 2013: “He quedado con Villalonga (probablemente el hijo de Juan Villalonga) para tomar algo esta noche. Por si te apuntas”. Su interlocutor le respondió: “Genial! Yo había quedado para tomar algo después de cenar con Gerardo Camps que iba a estar con Víctor Campos y con el presidente de aguas de Valencia y te iba a decir si. Me acompañabas”.

“Ah, perfecto”, respondió De Pedro, que añadió acto seguido “El presidente de aguas de valencia haber (sic) si invierte algo en mi diario de valencia www.ahoravalencia.es”. Era uno de los digitales falsos que De Pedro creó para promover la imagen de dirigentes del PP y atacar a la oposición. Por lo que se deduce del intercambio de mensajes, el encuentro no llegó a producirse aquella noche.

Con el empresario Juan Villalonga, De Pedro tuvo un intercambio de whatsapps en enero de 2014 a propósito de los movimientos que vinculaban al expresidente de Telefónica y al de Bankia en aquel momento, Rodrigo Rato, con una de las supuestas operaciones para comprar el Valencia Club de Fútbol. “Hola Juan una cosa si es verdad lo del valencia cf y necesitas q te ayude a difundir noticias o hacer ruido dimelo puedo mover lo q te interese, además Bankia su presi y el de la Generalitat son clientes míos. Te ayudo en lo que necesites”.

El conseguidor de la trama Púnica envió a Villalonga un enlace a wwwwdiariobernabeu.com. Un falso diario digital que De Pedro montó para Florentino Pérez con el objetivo de mejorar la imagen del Real Madrid y lanzar ataques contra los rivales. No hubo respuesta de Villalonga pese a que insistió durante varios días: “Mira el proyecto que hemos hecho... Al final no me llamaste yo a tu disposición... Juan te veo de presidente en valencia?... Qué tal todo'”.

Marcos Benavent, el centre de la trama pretesament ordida en el cor del PP valencià per a lucrar-se amb mossegades a canvi d’adjudicacions públiques, implica en el cas Taula l’expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i una gran part de la cúpula del partit.

Segons algunes de les gravacions en poder de la Guàrdia Civil, i de les seues declaracions davant dels investigadors del cos, Benavent inculpa Camps, dos dels seus exvicepresidents –Gerardo Camps, ara diputat en el Congrés, i Víctor Campos, condemnat pel cas dels vestits–, i Alejandro Font de Mora, exconseller d’Educació i ara membre de la Mesa de les Corts Valencianes.

Alfonso Rus, l’únic de tots ells imputat pel cas Taula, també hauria format part de la trama delictiva. Així ho avança Las Provincias arran de l’alçament del secret que pesava sobre la peça principal del cas. El sumari també apunta l’existència de caixes B en el PP –fins cinc– i deixa caure que l’expresident de la Generalitat, segons El Mundo, era qui tractava d’aquest assumpte amb el PP estatal. També assenyala que el successor de Rus en la presidència del PP de València, Vicente Betoret, diputat autonòmic, estaria al corrent de les pràctiques il·legals.

Betoret era un dels càrrecs que tenien “capacitat de decisió sobre l’adjudicació de contractes d’infraestructures educatives, capacitat que li va permetre obtenir contraprestacions (...) negociant les comissions”, assegura Benavent. Dos dels imputats en el cas, l’excap de gabinet de Rus, Emilio Llopis, i un exvicepresident de la Diputació, Juan José Medina, estaven en la camarilla que participava en els àpats on es repartien les comissions.

“No sé si els diners anaven a Betoret, però sens dubte tenia coneixement de les entregues i de l’origen”, sempre segons Benavent. Un altre exvicepresident de la corporació provincial, Máximo Caturla, era el que proporcionava les bosses on es repartien les mossegades, sempre segons l’exgerent d’Imelsa.

“A vegades els diners que entregava era per a Rus i de vegades per a altres persones”, va declarar Benavent davant de la Guàrdia Civil. “Eren Gerardo [Camps] i Víctor [Campos] els que determinaven a qui s’adjudicaven els col·legis”, va confessar l’autoanomenat ionqui dels diners. Els auditors de la Generalitat han detectat 1.000 milions d’euros en sobrecostos, durant l’etapa del PP, en Ciegsa, l’empresa pública que s’encarregava de construir els centres educatius valencians.

Cent imputats en el cas més gran de corrupció del PP valencià

El Jutjat d’Instrucció número 18 de València investiga les pràctiques pretesament corruptes d’uns quants càrrecs del PP i institucions i entitats sota el seu control en l’anomenat cas Taula, l’afer més gran de corrupció del PP valencià. Les perquisicions se centren en Imelsa (empresa de la Diputació de València), la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València o l’esmentada Ciegsa.

En tots aquests organismes es van poder fer adjudicacions fraudulentes a canvi de comissions il·legals. S’investiguen contractes des de l’any 2003. En el transcurs de les perquisicions, s’han detectat indicis de blanqueig de capitals i finançament il·legal en el PP de València ciutat, precisament la causa que ha forçat la baixa de Rita Barberá en el PP.

El gros de les perquisicions parteix de la premissa que s’haurien pogut cometre diversos delictes contra l’Administració: prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, suborn, frau i falsedat. En l’assumpte –amb sis peces separades– hi ha més de cent imputats, inclòs el mateix PP com a persona jurídica.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en funciones y cabeza de lista del PP por Alicante al Congreso, José Manuel García-Margallo, se ha mostrado “seguro” de que su compañero de candidatura Gerardo Camps “honrará” el documento firmado que insta a dejar su puesto en la lista si es imputado.

Sin embargo, ha subrayado que desconoce los gastos en que pudo incurrir Gerardo Camps en su etapa como conseller valenciano, así como una campaña de imagen en redes sociales del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, para quien la Guardia Civil ha pedido que sea imputado en la trama Púnica.

El ministro se ha pronunciado así al ser preguntado durante una comparecencia pública tras participar en la primera Conferencia Internacional de Diplomacia Preventiva del Mediterráneo, que se celebra este lunes y martes en Casa Mediterráneo, en Alicante. “Sigo la máxima del presidente Azaña, que una vez dijo que si en España uno solo hablase de lo que sabe se haría un gran silencio nacional que favorecería la reflexión”, ha manifestado.

Así, ha dicho desconocer “absolutamente” el caso de la campaña de imagen del presidente murciano y “también” los gastos de representación del ex conseller valenciano. “Y como lo desconozco no hablaré de ello”, ha seguido. No obstante, sí ha matizado: “El señor Camps no está investigado, antes imputado, por tanto no hay ninguna declaración formal de iniciación de procedimiento”. Asimismo, ha subrayado: “Si ese procedimiento se iniciase hay un compromiso firmado por él que estoy seguro que honrará de si eso se produce dejar la candidatura inmediatamente”.

Gerardo Camps ha protagonizado otro caso de derroche de dinero público durante su etapa conseller de Economia de la Generlaitat Valenciana. Tras conocerse el caso de las facturas por comilonas a cargo del erario público, ahora se ha sabido que el responsable de las cuentas de Francisco Camps alquiló un coche de lujo con chófer privado con dinero público, coche que se alquiló por cuatro días para asistir fundamentalmente a reuniones del PP y a uno como conseller (un Consejo de Política Fiscal y Financiera), tiempo durante el que también se desplazó a València, pero manteniendo el alquiler en Madrid.

Según avanzaban este fin de semana el periódico Levante-EMV y la Cadena SER, los gastos del alquiler entre el 10 y 13 de septiembre de 2007 superaron los 1.000 euros, y en la documentación solicitada por el diputado socialista José Muñoz, aparece que en este alquiler se pidió un “coche de alta gama con conductor”, inicialmente Audi A-6, aunque finalmente habría sido un Mercedes el vehículo utilizado. Con este alquiler de coche de lujo Gerardo Camps descartaba usar la flota de coches de la Generalitat (formada por Ford Mondeo), así como también hacer uso del taxi por la capital. Finalmente la factura incluyó 26 horas de servicio del chófer, con sus cuatro dietas de comida y 500 kilómetros de rodaje.

Respuesta del exconseller

Respuesta del exconsellerTras conocerse estos dispendios a cargo de las arcas públicas Gerardo Camps ha criticado, en declaraciones a la Cadena SER, que el gobierno de la Generalitat esté más empeñado en buscar facturas antiguas que en pagar las actuales. Además advierte de que no descarta ampliar a los socialistas -que ven en este un caso de malversación de caudales públicos- la querella que ya interpuso contra la vicepresidenta Mónica Oltra, porque los gastos están intervenidos.

Camps apunta que no recuerda su agenda de hace casi 10 años, y ha querido dar la vuelta a la situación, asegurando que era normal ir a actos como cargo público, y aprovechar para asistir a alguno de partido. Además añade que era normal entonces la práctica de alquilar un coche en la capital para no desplazarse en vehículo oficial desde València, atendiendo siempre a motivos de seguridad y con el criterio del ahorro de gasto.

El cabeza de lista del PSOE por la provincia de Alicante al Congreso de los Diputados, Julián López, lamenta que el PP no haya sido “capaz” de quitar de las listas para el 26J a Gerardo Camps, “principal responsable” de la multa de 19 millones de euros por falsear el déficit autonómico.

López habla así de “gerardazo” y de “mala noticia” para la Comunitat y para la provincia y entiende que “se pone de manifiesto que el PP no es capaz de pasar página”.

El candidato socialista recuerda que Gerardo Camps era el conseller de Hacienda “en aquéllos años” y que la multa europea supone que la Comunitat “tenga 19 millones menos para Sanidad, Educación o atención a la dependencia”. Recalca que los 19 millones que retendrá el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es “lo que cuestan 4 colegios”.

Y añade, “ni Rajoy ni Cospedal ni García-Margallo ni José Ciscar, han sido capaces de sacar de la candidatura” a una persona que hizo “un uso del dinero público en restaurantes, hoteles, spas”.

Por lo que tilda de “mala noticia” la decisión del PP porque “no reúne los requisitos para representar a la provincia de Alicante” y que constituye “un aténtico gerardazo”, por lo que ha esperado que la “ciudadanía dé la espalda al PP”. Y alerta sobre su incorporación, el aforamiento del Congreso, “le puede proteger” frente a “posibles episodios de corrupción”.

Campaña

Por su parte, Julián López insiste en que el PSOE “no ha tenido ninguna duda” sobre quién podía o no ir en la candidatura que se ha registrado este miércoles en la Junta Electoral provincial.

López pide que el 26J se “apueste por el cambio reformista y progresista” que no es “una aventura a ninguna parte”, sino un “cambio sensato y realista” en futurible gobierno presidido por Pedro Sánchez que “no pondrá en riesgo la pertenencia de España a la zona euro”.

En ese sentido, anuncia una campaña “pedagógica y explicativa, tranquila, poco invasiva y sin generar invasiones innecesarias” con propuestas encaminadas a “mejorar la vida de la gente, la vida de las personas que durante los años de la crisis, y con la excusa de la crisis, han padecido las políticas del PP, que han deteriorado aún más las condiciones de vida de los que peor lo estaban pasando”.

Julián López afirma que el PSOE sale “siempre a ganar” las elecciones y ha esperado que la provincia de Alicante “sirva para esa victoria” porque “nada está escrito” y las “encuestas se equivocaron mucho”.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, volverá a ser el cabeza de cartel del PP al Congreso de los Diputados por Alicante en una lista que incluye, en el cuarto puesto, al exconseller de la Generalitat y exdiputado Gerardo Camps.

Así lo ha decidido este martes el comité electoral del PP alicantino, que ha informado que la candidatura ha sido diseñada siguiendo las “directrices” de la Dirección Nacional del partido “de repetir las candidaturas del 20 de diciembre”.

La inclusión de Camps se produce un día después de que el presidente del PP de Alicante, José Císcar, aplazara opinar sobre si estaría en la lista después de que el Gobierno valenciano anunciara que llevará al fiscal los gastos en comidas por 553.000 euros en cuatro años durante su etapa como conseller de Hacienda.

El PP, partido más votado el 20D

El PP fue el partido más votado y obtuvo cuatro escaños por Alicante el pasado 20 de diciembre, y la candidatura se repite de nuevo en los puestos de salida, al quedar con Margallo como número uno, seguido por Loreto Cascales (2), Joaquín Albaladejo (3), Gerardo Camps (4) y María Dolores Alba (5).

En cambio, cambian los puestos seis y siete ya que, por motivos personales, no continúan Antonio Luis Martínez-Pujalte y José Miguel Saval y son sustituidos por Pablo Ruz y Antonio Ardid, respectivamente. La lista ha sido remitida a Madrid para su aprobación.

El PP alicantino ha evitado este lunes confirmar el futuro del diputado nacional y exvicepresidente del Consell, Gerardo Camps. El presidente provincial, José Ciscar, ha practicado un regate a la pregunta sobre la conformación de las listas alicantinas y se ha escudado en que el comité provincial de listas no se reunirá hasta el viernes “para elevar su propuesta a Madrid”.

La falta de compromiso con Camps llega después del anuncio del Consell de que llevará a Fiscalía la información de los gastos del exconseller con cargo a la caja fija en hoteles y restaurantes.

Ciscar ha matizado que los partidos cuando se enfrentan a una campaña, actúan en función de plazos y que el de la confección de las listas de cara al 26J todavía “no ha llegado”.

Así, metafóricamente ha expuesto: “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Y esta semana cruzaremos ese puente”. Y ha avanzado que se informará “debidamente” de lo que se decida.

El exconseller Gerardo Camps pedirá a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y al diputado socialista José Muñoz que se retracten de haber dicho que se gastó 553.000 euros durante su etapa como conseller de Hacienda en comidas de lujos y hoteles.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido, Camps ha denunciado que se trata de un “montaje político con ánimo de desacreditar y atacar al adversario político”, en este caso, al PP a través de su persona.

Ha dicho que va teniendo el “pleno convencimiento” de que los 553.000 euros a los que se refieren el diputado y la vicepresidenta son la totalidad de los gastos de manutención de la Sociedad Proyecto Temáticos (SPTCV), Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA) y la Conselleria en cinco años.

Al respecto, ha considerado que Muñoz le ha imputado los gastos de todos los trabajadores y funcionarios de la Conselleria y de las empresas públicas, y como por ejemplo, las dietas de los biólogos del Oceanográfic “cuando han ido a recoger alguna foca marina que ha tardado dos o tres días”.

“Las dietas en restaurantes de lujo se van a convertir en dietas por comidas de los empleados de las empresas públicas en el ejercicio de sus funciones”, ha augurado Camps, que ha dicho que alguna habrá también del consejo de Administración y de su presidente (él mismo como conseller).

En todo caso, ha señalado que los 42.000 euros que Muñoz le atribuye a él directamente, supondrían 8.400 euros al año y 16 euros a la semana, dinero con el que no se construye ni un colegio, ni un hospital ni un centro de salud.

“Maniobra de confusión”

Camps ha destacado también “la maniobra de la confusión” que se está aplicando ya que cada vez se habla de conceptos diferentes, al tiempo que se ha preguntado de dónde ha sacado el diputado socialista la información, pues ha dicho saber que todavía no ha recibido la documentación solicitada al Consell.

Ha advertido de podríamos estar ante “un posible delito de revelación de secretos”, aunque también ha dicho que es posible, aunque le “extrañaría” que esa documentación la hubiera recibido junto a la respuesta a las dos preguntas escritas que presentó como diputado autonómico.

Gerardo Camps ha recordado que ha solicitado en el juzgado la celebración de un acto de conciliación contra Muñoz y contra Oltra previa a la interposición de una querella por supuestos delitos de injurias y calumnias.

Además, ha dirigido un escrito a la Abogacía de la Generalitat y a la propia vicepresidenta para que le faciliten copia de la autorización para llevar a la Fiscalía toda la documentación relativa a los gastos del exconseller entre 2007 y 2011, tal y como anunció Oltra que harían.

En los escritos ha recordado que la actuación en Fiscalía solo se puede hacer a través de la Abogacía, y ésta no puede iniciar acción alguna en nombre de la Generalitat sin estar previamente autorizada a ello por la autoridad competente.

Camps ha considerado que Oltra tuvo “un momento de irresponsabilidad” al hacer este anuncio en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al “dar por hecho que le bastaban sus profundos conocimientos jurídicos” para entender que ha había un posible ilícito penal e ir a la Fiscalía.

Antiguos altos cargos de la Generalitat Valenciana que tuvieron conocimiento de la contratación del Instituto Nóos han desmentido al exconseller de Economía Gerardo Camps al atribuirle la decisión de encargar los foros Valencia Summit a la asociación que presidía Iñaki Urdangarin.

En su declaración como testigo el pasado 8 de marzo, Camps aseguró que no tuvo ninguna participación en la decisión de contratar a Nóos. “No tenía contacto alguno con el Instituto Nóos, ni con nadie del Instituto Nóos ni lo he tenido nunca”, afirmó.

Este martes, la exasesora de la Secretaría Autonómica de Eventos y Proyectos Amparo Castellano ha manifestado en el juicio ante la Audiencia de Palma que en su departamento, dependiente de Economía, “no se movía un dedo sin que lo supiera el conseller”.

Castellano ha relatado que en 2004 asistió a una reunión en la que Urdangarin dio a conocer el proyecto de Valencia Summit al secretario autonómico de Eventos y Proyectos, Luis Lobón, que actuaba por indicación de Camps, como él mismo declaró en su comparecencia como acusado el 17 de febrero.

Posteriormente ha testificado Nicolás Figueras, asesor del Comisionado para la Copa América, quien ha insistido en que su función se limitaba a la supervisión del Valencia Summit, pero que la decisión de la contratación provenía del entonces conseller de Economía.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, estima que la decisión del presidente de la Diputación y alcalde de Calp, César Sánchez, de votar a favor de un proyecto que afecta a terrenos expropiados a su suegra responde a cuestiones de “legalidad” y de “decencia pública” y no a campañas orquestadas.

La líder de Compromís se ha referido así a la polémica por la aprobación en la Diputación de un proyecto la semana pasada y tras las afirmaciones de Sánchez que considera que él como “figura incómoda” para el president de la Generalitat, Ximo Puig, y para Oltra, dan una repercusión mediática a la reforma de la N-332 al paso por el pueblo del que es alcalde.

En una visita a Alicante, Oltra ha recomendado al presidente provincial que “se lea” el decreto del Consell que crea el código de buenas prácticas y ética, aprobado el pasado viernes, “que seguro que le orienta en su acción pública y le ayuda a encontrar la línea divisoria entre la decencia y la indencencia”.

“Todos los consellers se comprometieron a aplicar la ética pública en nuestras decisiones y actuaciones”, ha agregado y ha argumentado que “cuando uno tiene un interés directo, en este caso un segundo grado de afinidad, se abstiene de las decisiones que pueden afectar a un familiar o a un amigo íntimo”.

Ha recordado que “el deber de abstención está en la ley 30/92” y “la decencia y la ética es difícil encontrarlo en un código, pero desde el viernes se puede encontrar en el decreto que aprobó el Consell”, aunque ha zanjado: “la decencia se lleva dentro y hay que saber distinguir lo que es decente de lo que no lo es”.

Gerardo Camps

En referencia a la querella anunciada por el exvicepresidente popular del Consell, Gerardo Camps, contra Mónica Oltra por unas declaraciones suyas sobre los gastos en la etapa del popular en el Consell, la vicepresidenta ha ironizado que tiene “mala suerte” con los Camps.

No obstante ha matizado sus palabras y ha asegurado que solo se refirió a que los gastos “suntuarios” y “de lujo” se efectuaron “en la etapa en que él era conseller al frente de la Conselleria que dirigía la Sociedad Parques temáticos”.

Con todo, ha insistido en que le parece “una vergüenza” que los dirigentes que cargaron esas facturas “de comidas de lujo, de vinos de lujo, de hoteles” y en “lujos prescindibles” estuvieran “con una mano gastándose ese dineral, 342 euros al día, lo que tiene mucha gente al mes para sobrevivir” y con la otra mano “recortaban los derechos de los ciudadanos y permitían que los niños siguieran en barracones e introdujeran un copago confiscatorio para las personas con discapacidad y mayores”.

Y ha apuntado que lo que “hay que entender” es que “el que se gasta el dinero en su shasimi de entrecot, ese dinero luego no está en construir colegios, en invertir en sanidad y en generar empleo”.

“Es lo que dije y lo mantengo. Y si se quieren querellar están en su dercho: la tutela judicial es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Pero creo que deberían responder de una gestión que saqueó las arcas públicas, que recortó derechos a los ciudadanos mientras se pegaban una vida padre. Una vida prestada, desde luego el salario no les daba para pegarse esa vida”, ha continuado.

Y ha entendido que esa situación “avergüenza a todos los ciudadanos” y que solo ha expresado “una opinión general”.

El exconseller de Economía Gerardo Camps ha anunciado acciones legales contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras el anuncio de que el gobierno valenciano presentará ante Fiscalía “toda la información de que dispone la Generalitat en relación a los gastos con cargo a la caja fija” del llamado #GerardoGarte, y ha asegurado que Oltra ha tenido una actitud de “vieja comisaria política comunista” al “sacar facturas del ayer debidamente pagadas para intentar tapar el impago de las facturas de hoy”.

Camps se ha expresado en estos términos antes de la Junta Directiva Regional del PPCV en la que ha participado este lunes. Para Camps, la denuncia del #GerardoGate sólo “persigue el desprestigio personal” de su persona y del Partido Popular, porque “no ha habido en ningún momento un informe” de la Abogacía o de la Intervención de la Generalitat sobre estas facturas.

El exconseller, que ha calificado esta denuncia como “partidista”, ha asegurado que “sólo le queda acudir a los tribunales para que resplandezca la verdad”, con el objetivo de sacar a la luz “cuáles son los soportes de esos 553.000 euros que dicen que se han gastado en comilonas”.

Camps ha afirmado que “con los propios números del Consell”, el gasto que cargó a la Generalitat es de “16 euros semanales” lo que no le parece “una cuantía como para poner el grito en el cielo como lo están haciendo”. Así, considera que el #GerardoGate es “un burdo montaje” y ha afirmado que “la verdad resplandecerá”.

Preguntado por los periodistas sobre a quién corresponden estas facturas, ha apuntado que ha visto facturas de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, de Cacsa y “no sabe” si hay “alguna otra de caja fija”. En este sentido, ha reconocido que “algunas de las facturas” tienen su firma y que no recuerda “si comió o no comió ese día con una determinada persona y fue él el comensal”.

“Sí puedo decir que hay facturas que yo pasé que van con muchos comensales: evidentemente eran consejos de administración o de dirección. Las que reconozco no son facturas en las que me vaya yo a comer con una o dos personas, como si fuera un círculo de amigos o familiares”, ha asegurado.

“Hay cierto lío”

Pese a esto, para Camps “hay cierto lío” en las facturas, porque “cuando aparece la filtración, hay 300 facturas de comidas que pasa Gerardo Camps en la Sociedad Proyectos Temáticos por un valor de algo más de 59.000 euros, luego eso se convierte en 42.000 euros y de esas 300, 151 son de un restaurante al lado de la Conselleria y luego se convierten en 125 y en un solo año y las 151 eran de años anteriores”.

Así, “se pilla muy pronto al que miente”, ha asegurado, por lo que va a solicitar las facturas “por vía juzgado” porque no puede hacerlo de otra manera. “El trabajo va a ser ímprobo, porque son decenas de miles de facturas”, ha manifestado.

“Con esas cifras que barajan, a ver si me van a adjudicar también como 'comida hecha por el conseller de Economía, como presidente de una sociedad' la totalidad de dietas de los 400 empleados de Cacsa por locomoción, hospedaje o manutención, ya no me extrañaría, porque hay quien suma muy rápido y luego se echa las manos a la cabeza”, ha continuado.

Por ello, ha afirmado que el diputado socialista que ha anunciado la denuncia, José Muñoz -contra quien también ha emprendido acciones legales- “tiene la oportunidad en el acto de conciliación de explicar claramente y ponerle al juez encima de la mesa las decenas de miles de facturas que el señor Camps facturó”.

Nivel de Masterchef Júnior

A preguntas de los periodistas sobre el contenido de las facturas, Camps ha señalado que ha visto que “en una factura había tres orujos” y que “uno puede decir que es 'gourmet' comerse un solomillo de ternera, o un sashimi de entrecot es un plato nunca visto, cuando es un entrecot crudo cortado; o que el chop suey es también un plato delicatessen, cuando es uno de los platos más comunes de la cocina china” pero que “si vieran Masterchef Junior ”se darían cuenta de que estas cosas no llegan a ese nivel de delicatessen“.

Esto, para Camps, “pone de manifiesto que no han encontrado otro tipo de comidas que querían hacer constar como del PP”. Asimismo, ha afirmado que le dolió que le llamaran “el conseller gourmet” porque “a nadie le gusta que le llamen una cuestión como esta, más cuando en absoluto es verdad”. “Si uno es gourmet para el PSOE cuando uno ha probado el solomillo de ternera, pues la mitad de los militantes y cargos públicos socialistas son tan gourmet como yo”, ha asegurado.

Más facturas

Preguntado por los periodistas sobre el anuncio por parte del Consell de que se van a analizar “más facturas de hospedaje y viajes”, Camps ha criticado que el pasado viernes “saliera la prima de Zumosol, la señora Mónica Oltra” en defensa de Muñoz “desatada” a decir que va a elevar la documentación a Fiscalía. “Yo no sé esa documentación por qué la tiene, ni quién se la ha facilitado”, ha agregado.

Camps se ha preguntado si esa información se la facilitó el diputado o si se la facilitaron las Corts, y ha considerado que sería “tremendamente grave” que “haya informes de la Abogacía o de la intervención con fecha anterior al jueves pasado --cuando se denunció el caso--, que esos informes que pudieran llegar a la conclusión de que pudiera haber algún ilícito penal, y que se hubieran guardado en un cajón hasta el momento presente”. Para Camps, esto sería “delito de encubrimiento”.

Vicepresidenta “de cortijo”

Así, se ha preguntado si Oltra va a solicitar un informe a la Abogacía y ha asegurado que “probablemente” lo haga porque “no tenga más remedio”, por lo que ha afirmado que si este informe “no le diera la razón” -a Oltra-, exigirá su dimisión.

“No se puede ser en política, cuando se representa a todos los valencianos, una vicepresidenta de cortijo, porque en realidad, ellos sí piensan que la administración es su cortijo y que pueden hacer lo que quieren, y que con ello, les sirve para atacar políticamente al adversario”, ha asegurado.

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha anunciado que el gobierno valenciano llevará a la Fiscalía el gasto de medio millón de euros en la Consellería de Economía, la Sociedad Proyectos Temáticos y la Ciudad de las Artes y las Ciencias cuando estos organismos, entre 2007 y 2011, estaban bajo control de Gerardo Camps, exvicepresidente del Consell con el PP.

“Medio millón en comidas, lujos y hoteles suponen 342 euros al día” y “10.000 al mes” ha dicho, para lamentar que “lo que se gastaban en un día es lo que muchas familias tienen en un mes para sobrevivir”. “Este es el modus operandi del PP, que ha hundido a la Comunidad Valenciana”, asegura Oltra.

Camps, por su parte, también ha anunciado denuncias contra el PSPV-PSOE, que el jueves difundió los gastos, pagados por la caja fija, la partida que sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales de oficina sin control presupuestario previo. El exvicepresidente asegura que los socialistas propalan “informaciones inexactas, mendaces y torticeras” con el “único interés de desprestigiarme como diputado”.

La Conselleria de Economía y sus organismos asociados cargaron 553.000 euros en comidas de lujo a la administración entre 2007 y 2011, cuando la economía española entró en barrena (el paro aumentó del 8 al 22%) y la Generalitat rozó la quiebra. Camps ha sido diputado del PP en la legislatura recien finalizada.

Camps, según el PSOE, autorizó directamente con su firma hasta 42.000 euros en ágapes. En el torrente de facturas, destacan las giradas por Burdeos in Love, un restaurante de Valencia que estaba a 220 metros de la sede de Economía y Hacienda: El exvicepresidente, u otros cargos de su conselleria, autorizaron pagos de 125 ágapes diferentes en ese establecimiento en un sólo año. Sistemáticamente consumían vino valenciano de nivel (botellas de 27, 28, 30 y hasta 40 euros) y otras delicatessen, como sashimi o agua mineral gourmet, ésta a cinco euros la unidad.

La denuncia del PSPV de un gasto superior a los 500.000 euros en comilonas de lujo (propinas incluídas) a cargo de los contribuyentes que hizo la conselleria de Hacienda de Gerardo Camps entre 2007 y 2011 puede llegar a los tribunales. Así lo ha anunciado el exvicepresidente valencianoque asegura que las informaciones dadas por los socialistas son “inexactas, mendaces y torticeras”, por lo que exige que “se retracte de las injuriosas manifestaciones vertidas”.

En un comunicado emitido por Gerardo Camps carga contra la denuncia del PSPV y lo enmarca dentro de la convocatoria de elecciones generales, afirmando así que tienen como “único interés desprestigiarme en mi condición de diputado nacional que ostenté hasta el pasado 3 de mayo”.

Sobre estos gastos suntuario Camps afirma que las sociedades públicas de la Generalitat Cacsa y Proyectos Temáticos a las que se atribuyen los dispendios “carecen de la denominada por el portavoz socialista como caja fija”, dado que no corresponde este concepto de estructura contable a las sociedades públicas mercantiles. También añadió que los gastos corrientes de la actividad diaria propia de la sociedad, de sus empleados y de sus directivos no son imputables como gastos del presidente de estos consejos de administración. Del mismo modo, destacó que los gastos referidos por José Muñoz que pudieran corresponder a la Conselleria de Economía Hacienda y Empleo y que fueran de su caja fija “no son imputables únicamente al gabinete del conseller, y mucho menos directamente” a él mismo.

Gerardo Camps, como conseller de Hacienda, fue uno de los mayores defensores de la austeridad en las cuentas valencianas, afirmando en diversas ocasiones que había que “apretarse el cinturón”, cuando se refirió a la confección del presupuesto para 2011, llegando incluso a exigir a la administracion central del PSOE de aquel momento a que hiciera lo mismo porque había “gastado y despilfarrado”.

La Conselleria de Economía y sus organismos asociados cargaron 553.000 euros en comidas de lujo a la administración entre 2007 y 2011, cuando la economía española entró en barrena (el paro aumentó del 8 al 22%) y la Generalitat rozó la quiebra. Gerardo Camps, diputado del PP en la legislatura recien finalizada, era vicepresidente de la Generalitat y responsable de ese departamento en aquella época.

Según José Muñoz, el dputado del PSPV-PSOE, que ha denunciado el caso, Camps y sus subordinados de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), la encargada de los grandes eventos, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el megalómano complejo diseñado por Santiago Calatrava en Valencia, “vivían a cuerpo de rey a costa de los valencianos”.

Cargaban hasta las propinas y los chupitos, según los socialistas, que dicen estar investigando miles de facturas. En las aportadas a la prensa, el cubierto medio supera ampliamente los 30 euros. Todos los gastos se pagaron a través de la caja fija, la partida que sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales de oficina sin control presupuestario previo. En su día, los partidos de izquierdas llegaron a equiparar ese mecanismo con una caja black del PP.

Burdeos in love: 125 comidas en un solo año

Camps autorizó con su firma hasta 42.000 euros en ágapes. En el torrente de facturas, destacan las giradas por Burdeos in Love, un restaurante de Valencia que estaba a 220 metros de la sede de Economía y Hacienda: El exvicepresidente, u otros cargos de su conselleria, autorizaron pagos de 125 ágapes diferentes en ese establecimiento en un sólo año. Sistemáticamente consumían vino valenciano de nivel (botellas de 27, 28, 30 y hasta 40 euros) y otras delicatessen, como sashimi o agua mineral gourmet, a cinco euros la unidad. Según algunas webs de gastronomía, el cubierto medio en el local era de 36 euros.

Muñoz ha cargado contra el “despilfarro, corrupción y caradura” de Camps y ha retado al PP valenciano a demostrar su regeneración en las listas para las elecciones del 26 de junio, donde, asegura, no debería estar la antigua mano derecha de otro Camps, Francisco.

Camps ya ha sido criticado por, comidas aparte, otros gastos aparentemente suntuarios.

El jefe del Consell, Ximo Puig, y la vicepresidenta del ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, han valorado este lunes las últimas novedades relacionadas con los casos de corrupción que afectan a los populares valencianos (financiación irregular del PPCV, la investigación de las contrataciones con motivo de la visita del Papa a Valencia o la concesión del tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra), así como los gastos de más de 200.000 euros del erario público a cargo del exconseller Gerardo Camps en restaurantes y hoteles de lujo.

Así, el president de la Generalitat ha otorgado verosimilitud a las informaciones que aseguran que Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, responsabiliza a Génova de la financiación irregular del partido en las campañas de 2007 y 2008. “Es bastante creíble”, ha asegurado Puig, quien ha denunciado la “connivencia clara y real” de la dirección del PP en Madrid con lo sucedido en el partido en valencia teniendo en cuenta que es un partido tan “absolutamente centralista”.

En este sentido, Oltra ha afirmado que estamos ante “una pieza más del puzzle” que demuestra que la libreta de Bárcenas es el “centro de operaciones de la presunta financiación ilegal del PP”. En su opinión, queda en evidencia que esta “financiación ilegal” se dirigía “desde Génova” y que Rajoy “se sienta en sillas pagadas con dinero sucio”.

Gerardo Camps

Respecto a los supuestos gastos de Gerardo Camps en su última etapa como responsable de Hacienda en el gobierno de Francisco Camps, Puig ha señalado que siente “tristeza” porque en los momentos más álgidos de la crisis, dirigentes del PP y de la Generalitat gastaran “a manos llenas”.

Oltra, por su parte, ha apuntado que estos gastos le recuerdan al escándalo del 'Ritaleaks' destapado por Compromís en el ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá, “es vergonzoso cómo le pueden mirar a los ojos a la gente después de estas prácticas mientras había listas de espera, niños en barracones, no se pagaban las ayudas a la dependencia”. La vicepresidenta ha anunciado que van a investigar estas facturas.

Tercer grado a Carlos Fabra

La concesión del tercer grado penitenciario a Carlos Fabra le produce “gran desazón y una cierta indignación” al jefe del Consell, “como a cualquier ciudadano de la Comunitat Valenciana, y más que esto se produzca en plena campaña de la renta”. La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por su parte, ha aplaudido el recurso de la fiscalía y ha reclamado que al exbarón provincial popular se le trate “como a cualquier otro recluso”, al tiempo que aseguraba que “no es normal” la decisión judicial.

Por último, ambos dirigentes se han referido a las investigaciones a Juan Cotino con motivo de las contrataciones a Gürtel con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. “Ahora sale en titulares lo que todo el mundo sabía”, ha afirmado Oltra, quien ha recordado que un testigo ya dijo que “quien cortaba el bacalao” en las contrataciones era el expresidente de las Corts, “la justicia es lenta pero al final acaba llegando”.

Por su parte, Puig ha lamentado que se utilizara un hecho como ése para “robar, igual que se hizo con Haití”, y lo ha calificado de “indignante”. En opinión del president, se deben asumir responsabilidades penales y “políticas”, y ha exigido, al igual que Oltra, que se devuelva todo el dinero saqueado a las arcas públicas.