El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra y al expiloto de motociclismo Álex Debón han sido absueltos del delito de cohecho de que habían sido acusados por el supuesto cobro de una comisión ilegal en el pago de un patrocinio a cargo del aeropuerto de Castellón.

El magistrado que preside el tribunal en la Audiencia de Castellón ha leído ante las partes el veredicto del jurado, que ha estado deliberando desde las 10.00 hasta pasadas las 15.00 horas, y que ha considerado que los acusados no son culpables por siete votos a dos, tras lo cual el magistrado ha dictado sentencia absolutoria de viva voz, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Tras la lectura del veredicto, Fabra, de 79 años y alejado ya de la política, ha asegurado ante los medios estar “muy feliz”, igualmente como su familia, y agradecido a su equipo jurídico por su trabajo y también al juez, quien según ha dicho “ha dirigido esto muy bien”. Sobre si finalmente pagará a Debón ha dicho que él “siempre” paga.

Debón, por su parte, ha dicho haberse emocionado al escuchar el veredicto y ha añadido: “Se ha demostrado que al final hemos tenido razón y no teníamos ninguna culpabilidad en nada de lo que se nos acusaba”.

Visiblemente emocionado, el expiloto ha asegurado estar “muy feliz” por los mensajes de apoyo de compañeros del mundo del motociclismo.

El juicio a Carlos Fabra y Álex Debón comenzó en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón el pasado lunes. El Ministerio Fiscal consideraba que ambos habían cometido un delito de cohecho.

Para la fiscal los 360.000 euros que Carlos Fabra recibió por transferencia bancaria de Álex Debón se correspondían con una comisión ilegal cobrada a cambio de que Aerocas, empresa pública gestora del aeropuerto de Castellón, le hubiera concedido al expiloto un patrocinio de 3,6 millones de euros, una tesis igualmente secundada por la otra acusación en el proceso, la abogada de la Generalitat que ha representado a Aerocas.

Tanto Fabra como Debón se declararon inocentes del delito de cohecho. Ambos argumentaron que las cantidades transferidas se correspondían con un préstamo.

El dinero, sostuvieron, se lo prestó el entones piloto a Fabra cuando estaba inmerso en un proceso judicial y para hacer frente al pago de su defensa y gastos jurídicos, ya que no disponía de liquidez en ese momento.

Finalmente Fabra ingresó en prisión por un delito fiscal y no le devolvió ese dinero a Debón, lo que motivó, según los acusados, un proceso de reclamación de cantidades en el juzgado que falló en favor del expiloto y cuya ejecución aún no se ha hecho efectiva porque el expresidente de la Diputación no puede hacer frente a la misma y lo explicó con esta frase: “No tengo donde caerme muerto”.

Durante el juicio han declarado además once consejeros delegados de Aerocas en el momento en el que se aprobó el patrocinio a Debón, quienes explicaron que los contratos llegaban ya firmados al consejo de administración y era allí donde se ratificaban.

Las defensas de los acusados han negado que el dinero transferido se correspondiera con una “mordida”, ya que, explicaron, “no se habría hecho mediante transferencia”, sino en efectivo.

 El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra ha asegurado este martes ante el jurado, en el juicio en el que se le acusa de un delito de cohecho junto al expiloto Álex Debón, que pidió al deportista dinero por su situación de falta de liquidez y aún no se lo ha podido devolver por una razón: “No tengo donde caerme muerto”.

Fabra ha hecho estas afirmaciones a preguntas de su abogado, las únicas que ha aceptado contestar, en la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Castellón donde la fiscalía le pide una pena de tres años de prisión por haber cobrado, supuestamente, 360.000 euros de Debón en concepto de comisión ilegal a cambio del patrocinio de Aerocas, empresa pública gestora del aeropuerto de Castellón, al equipo de motociclismo del expiloto, por 3,6 millones de euros.

El exdirigente del PP ha negado que este dinero que recibió del expiloto se correspondiera con una “mordida”. “Si hubiera sido una mordida no habría sido por transferencias -totalmente legítimas- sino que me lo habría dado en mano”, ha explicado.

Fabra ha declarado que tuvo “problemas fiscales” y “necesitaba tesorería” porque tenía las cuentas embargadas. Así, debido a la relación de “amistad” que le unía con Debón, que se forjó a raíz del patrocinio de Aerocas -cuando él era presidente- al expiloto, le pidió el dinero para tratar de salir del “apuro”.

Según ha explicado, le ofreció como garantía a esos préstamos a Debón unas parcelas en La Coma, en Borriol, aunque el expiloto luego le dijo que no le interesaban y prefería la fórmula del préstamo, por motivos fiscales.

Así, ha relatado que fue recibiendo el dinero vía transferencia. Después no pudo hacer frente a esa deuda -“y lo siento”, ha señalado- y tampoco pudo entregar las parcelas que quería poner como garantía porque “Hacienda” se las “quitó todas”.

Fabra ha señalado también “entender” la demanda que le puso Debón por el impago, y tras admitir que es “deudor” y que le gustaría devolvérselo “cuando pueda”, ha añadido: actualmente, “no tengo donde caerme muerto”.

Por su parte, Álex Debón ha indicado que le dio ese dinero a Fabra porque se “lo pidió para defenderse en los tribunales, para pagar a los letrados y no entrar en la cárcel”, aunque “por desgracia finalmente entró”. Carlos Fabra, de 79 años, está apartado de la vida política desde que cumplió condena en la prisión de Aranjuez (Madrid) tras ser condenado por delitos fiscales en 2013.

El acusado ha indicado que le transfirió 360.000 euros en cinco ocasiones entre 2010 y 2011, según se “lo iba pidiendo para ir pagando abogados”, y que no formalizó ningún contrato por escrito en principio porque su equipo jurídico “pensó que haciéndolo a posteriori era suficiente”.

Fue en noviembre de 2011 cuando, a instancias de una inspección de la Agencia Tributaria, se hizo el documento de parte del préstamo y otra parte se plasmó en un documento en 2014.

En cuanto al patrocinio, Debón ha indicado que fueron a buscarle Carlos Fabra, Juan García Salas (que era director general de Aerocas) y Gerardo Camps(exvicepresidente del Gobierno valenciano) y ha lamentado que ese patrocinio se le pagara con cuatro años de retraso y un descuento. “Tarde, mal y nunca”, ha apostillado.

Sobre su relación con Fabra ha dicho que era de amistad, pero, a preguntas de la fiscal sobre si era íntima, ha aseverado: “No me acuesto con él”. También ha asegurado que lleva diez años intentando cobrar los 360.000 euros pero “usted lo ha impedido todo”, en referencia a la fiscal.

A preguntas de la abogada que representa a Aerocas sobre por qué seguía prestándole dinero a Fabra si él no iba devolviéndoselo, el expiloto ha dicho que todas las noches lo piensa: “Confié mis ahorros a la persona equivocada y ahora me veo aquí sentado”.

Tras manifestar que ha estado un largo periodo con la UCO vigilándose y con el teléfono pinchado, Debón ha dicho que en 2016 le interrogó la Guardia Civil cuando -según ha declarado- “yo no quería ni ver a esta persona (en referencia a Fabra) y solo tenía ganas de matar a alguien”.

En la sesión han comparecido asimismo en calidad de testigos seis exmiembros del consejo de administración de Aerocas: Gerardo Camps, José Luis Villanueva, Ricardo Bayona, Vicent Aparici, Vicente Rambla y Victoriano Sánchez.

Han explicado que los contratos que llegaban al consejo, entre ellos el del patrocinio con Debón, ya estaban firmados y los consejeros los ratificaban o tomaban razón de los mismos, a excepción de Vicent Aparici, que ha dicho que “hasta que no los aprobaba el consejo, los contratos no se llevaban adelante”.

También ha declarado el entonces director del aeropuerto, Juan García Salas, quien ha señalado que los contratos requerían una firma “mancomunada dos a dos”, es decir, requerían dos firmas de dos de las personas que tenían poderes, entre ellos él y Carlos Fabra, además de otros tres consejeros.

En el caso del contrato de patrocinio de Debón, ha explicado, se firmó antes del consejo de administración porque había urgencia, pues el equipo de motociclismo necesitaba inscribirse en un campeonato. Luego se llevó al consejo de administración y se ratificó por unanimidad, ha apostillado.

A propuesta del Ministerio Fiscal ha declarado una inspectora de Hacienda que ha indicado que el contrato privado que aportó Debón a Hacienda por los préstamos le “llamó la atención” por varias carencias o características que no poseía y suelen figurar en estos contratos, pero, a preguntas de la defensa de Debón, ha reconocido que un contrato privado no tiene obligación de contar con esos extremos.

El juicio continuará este miércoles con la exposición de los informes de las partes, que darán pie a la deliberación del jurado.

Un inspector de la Policía Nacional ha asegurado este lunes que el trasvase de dinero que se produjo de la cuenta del expiloto Álex Debón a la del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra -que la fiscal considera que se realizó como contrapartida a los contratos de patrocinio que firmó Aerocas con el exdeportista- no tenían que ver con ningún préstamo ni ningún contrato de opción de compra, como intentarán demostrar las defensas de los acusados.

Así se ha manifestado este testigo en la primera sesión del juicio con jurado que se ha celebrado en la Audiencia de Castellón, en el que Carlos Fabra y Álex Debón están acusados de un delito de cohecho por transferir el segundo 360.000 euros al primero en “contrapartida”, según la fiscal, a los contratos de patrocinio que firmaron ambos y por los que Aerocas pagó al expiloto 3.653.000 euros entre los años 2009 y 2014.

Dicho testigo ha señalado que interceptaron una serie de documentos en el domicilio de Carlos Fabra mientras investigaban otro procedimiento, entre los que se encontraban los contratos sobre los pagos de Álex Debón a Carlos Fabra -concretamente dos de opción de comprar sin firmar y dos de préstamos firmados-.

Tras analizar la documentación, según ha explicado el agente, se comprobó que el travase de dinero de la cuenta de Debón a la de Fabra no tenía que ver ni con préstamos ni con contratos de opción de compra, ya que había “contradicciones”, puesto que -tal y como ha indicado- se había realizado una transferencia sin que hubiera ningún documento de respaldo y la fecha de los contratos era anterior a la de su creación.

Por otra parte, dos agentes de la Guardia Civil han afirmado que la investigación comenzó tras realizar Hacienda una inspección a Álex Debón y detectar dos movimientos del año 2011 de 150.000 y 25.000 euros correspondientes a transferencias de Álex Debón a Carlos Fabra que se pidió al expiloto que justificase.

Según han explicado, en el contrato de préstamo que incluía estos dos movimientos se indicaba que Debón le había prestado el dinero a Fabra por amistad, aunque posteriormente el expiloto negó que ambos tuvieran amistad y dijo que el expresidente de la Diputación le había pedido el dinero durante un acto institucional y añadió que eran 360.000 euros los que le debía y que le había denunciado porque no le pagaba la deuda. Así mismo, los testigos han relatado que pudieron confirmar cinco transferencias de Fabra a Debón por valor de 360.000 euros.

“Correlación temporal”

Uno de estos agentes de la Guardia Civil ha manifestado que detectaron que algunas transferencia de Debón a Fabra se produjeron días o meses después de recibir el expiloto el dinero del patrocinio de Aerocas, por lo que uno de los testigos ha concluido que había una correlación temporal y circunstancial.

La ex mujer de Álex Debón, que durante algún tiempo fue administradora de la sociedad del expiloto, ha declarado que ella no “pintaba” nada, ya que todo lo gestionaba él, y ha añadido que su exmarido y Carlos Fabra se han reunido en diversas ocasiones, que iban a comer uno a casa del otro y que tenían una relación de amistad.

También han declarado en la sesión de hoy varios personas que pertenecían al Consejo de Administración de Aerocas, que presidía Carlos Fabra, algunos de los cuales han indicado que ratificaron los contratos de patrocinio con Álex Debón, que estaban firmados previamente.

El fiscal solicita en su calificación provisional tres años y tres meses de prisión y un multa de 6.480 euros para cada uno de los dos acusados por delito de cohecho. Además, pide para Carlos Fabra la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años. La acusación que representa a Aerocas se ha mostrado conforme con el escrito del ministerio público, mientras que las defensas de los acusados demandan su libre absolución.

En el escrito provisional del abogado de Carlos Fabra se insiste en que este no era autoridad como presidente de Aerocas, por lo que no puede ser autor de un delito de cohecho. Así mismo, se apunta que los 360.000 euros abonados por Debón a Fabra corresponden a un contrato de opción de compra de tres parcelas en La Coma que se convirtió en préstamo. Por su parte, en su escrito, el letrado de Álex Debón indica que los 360.000 euros están relacionados con un préstamo.

“Pago de una comisión”

Durante la presentación a los miembros del jurado, la fiscal ha subrayado que entiende que los 360.000 euros abonados por Debón a Fabra constituyen “el pago de una comisión”, pues ha indicado no entender que pueda haber “cantidades tan elevadas sin documentar”, en relación a las transferencias de este dinero.

Por su lado, la abogada de Aerocas considera que la sociedad pública a la que representa “ha sufrido un perjuicio por estas transferencias de Debón a Fabra, ya que se hicieron en pago de una recompensa por los patrocinios”. “Pedimos que se devuelva, ya que no es admisible que el dinero público acabe en manos de terceras personas para actuaciones personales”, ha dicho.

El abogado de Fabra ha comenzado dirigiéndose al jurado señalando que no va a basar su defensa en que se trata de una “persecución política”, mientas que el letrado de Debón ha afirmado que los erroes de su defendido han sido “dejarle dinero a un jeta y máximo exponente del PP”, y ha resaltado que este es un “juicio político”.

A la salida de los juzgados, al igual que ha hecho al entrar, Carlos Fabra ha declinado hacer declaraciones y ha indicado que tenía ganas de llegar a su casa. Por su parte, Álex Debón ha declarado a los medios que confía en la justicia y que espera que se resuelva ya este tema después de 14 años. “Está todo documentado, están los contratos, está todo perfecto y confío en la justicia”, ha insistido.

Los acusados no han declarado en la sesión de hoy, ya que sus abogados han solicitado que lo hagan al acabar las testificales. El juicio continuará mañana con las declaraciones de otros miembros del Consejo de Administración de Aerocas en aquella época.

El juicio al expresidente de la Diputacion de Castellón Carlos Fabra y al expiloto de motociclismo Álex Debón por supuestas irregularidades en un patrocinio de Aerocas -la empresa publica que gestiona el aeropuerto de Castellón- ha comenzado este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial.

Carlos Fabra ha llegado a los juzgados a las 9.10 horas acompañado de una de sus hijas sin hacer declaraciones a los medios de comuniciación presentes, mientras que Álex Debón ha aparecido pasadas las 9.30 y ha declarado tan solo que confía en la justicia.

Los acusados no declararán en esta sesión, ya que sus abogados han solicitado que lo hagan al acabar las testificales. El pasado viernes ya quedó conformado el jurado que juzgará a ambos.

El fiscal solicita en su calificación provisional tres años y tres meses de prisión y un multa de 6.480 euros para cada uno de los dos acusados por delito de cohecho. Además, pide para Carlos Fabra la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, Aerocas -la empresa de capital público que gestiona el aeropuerto de Castellón y presidida en aquel momento por Carlos Fabra- firmó varios contratos de patrocinio deportivo con el piloto Álex Debón y una sociedad de éste por los que el exdeportista y su empresa recibieron 3.653.000 euros entre los años 2009 y 2014.

El fiscal asegura que, como contrapartida a dichos contratos de patrocinio, Álex Debon transfirió a Carlos Fabra 360.000 euros. El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de delito de cohecho.

L’esdeveniment de l’expresident Francisco Camps del 10 de maig passat va ser un “acte privat”, segons va afirmar dimarts la portaveu del Consell, Susana Camarero. La reaparició de Camps va suposar un autèntic desafiament intern al PP valencià liderat per Carlos Mazón, un baró popular greument debilitat a conseqüència de la seua gestió de la DANA del 29 d’octubre passat, que va deixar 228 morts. Sonia Castedo, exalcaldessa d’Alacant absolta del cas Brugal i telonera de Francisco Camps, va qüestionar obertament el lideratge de Mazón: “Cal canviar el nostre partit, no funciona bé”, va exclamar. 

En plena investigació de la jutgessa de la DANA, que manté imputats l’exconsellera Salomé Pradas i l’ex-secretari autonòmic d’Emergències, Emilio Argüeso, l’expresident Camps va organitzar un acte en l’icònic edifici Veles e Vents de la Marina de València amb un miler d’assistents per a reivindicar la seua trajectòria política després de la seua absolució en cinc causes de corrupció, entre les quals el cas Gürtel. 

“Seré el que vulgueu, estic a la vostra disposició”, va dir l’expresident de la Generalitat davant els seus seguidors, una combinació de ‘camises velles’ nostàlgiques del ‘campisme’ i de joves militants de Noves Generacions. 

No obstant això, l’acte també va destacar per la participació de quatre antics dirigents populars condemnats per corrupció, dos d’ells antics presidents de les diputacions de València i Castelló.

Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló. Condemnat a quatre anys de presó pel Tribunal Suprem per delictes fiscals en el cas Fabra, va romandre a la presó durant quasi tres anys. L’exdirigent popular també va ser processat en el cas Fabra 2, relatiu al presumpte “emmascarament” del seu patrimoni per a evitar pagar la multa que se li va imposar en la primera condemna. 

L’expolític del PP, últim representant d’una llarga saga de tints de cacic, està pendent del judici amb jurat, previst per al pròxim 16 de maig, del cas Aerocas, en què s’asseurà en el banc dels acusats juntament amb el pilot de motos Álex Debón. 

Francisco Martínez, exalcalde de la Vall d’Alba i exvicepresident de la Diputació de Castelló durant l’etapa de Carlos Fabra. Condemnat a huit mesos de presó, al pagament d’una multa de 12.600 euros i a dos anys d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic per un delicte de negociació prohibida a funcionaris. La pena de presó va ser substituïda pel pagament d’una segona multa de 14.400 euros.

Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València. Condemnat juntament amb Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, a cinc anys de presó, 14 d’inhabilitació i multa, pel delicte continuat de malversació en concurs amb prevaricació i falsedat documental, en la peça separada B del cas Taula (relativa a la contractació de treballadors zombis en la institució provincial), en una sentència de l’Audiència Provincial de València recorreguda. Rus va ser absolt en la peça D de la mateixa causa. 

Josep Maria Felip, ex-director general de Cooperació en el Govern de Francisco Camps. Condemnat en el marc del cas  Blasco. En la causa, també va ser condemnat el principal acusat, l’exconseller Rafael Blasco. 

Antics càrrecs del 'campisme'

A l’acte de Francisco Camps, en què l’expresident va confirmar que no ha parlat amb l’actual cap del Consell des de la DANA del 29 d’octubre passat, es van deixar caure diversos càrrecs populars de la seua etapa en el Palau de la Generalitat, entre altres fidels al ‘campisme’. 

A l’esdeveniment també van assistir antics càrrecs populars com l’exalcaldessa d’Elx Mercedes Alonso; les exconselleres Trini Miró i Maritina Hernández; l’exconseller (del Govern d’Eduardo Zaplana) Fernando Villalonga; l’excap de gabinet de Rus, Emilio Llopis; l’exvicepresident de la Diputació de Castelló Vicent Aparici; l’exdiputat nacional José María Chiquillo; la senadora Adela Pedrosa; l’exregidor Ramón Isidro; l’expresident del Consell Jurídic Consultiu Vicente Garrido; l’exvicepresident de la Diputació de València Juan José Medina; i altres exalcaldes com Lorenzo Agustí (Paterna) i José Miguel Tolosa (el Puig).

El evento del expresidente Francisco Camps del pasado 10 de mayo fue un “acto privado”, según afirmó este martes la portavoz del Consell, Susana Camarero. La reaparición de Camps supuso un auténtico desafío interno al PP valenciano liderado por Carlos Mazón, un barón popular seriamente debilitado a consecuencia de su gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, que dejó 228 fallecidos. Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante absuelta del 'caso Brugal' y telonera de Francisco Camps, cuestionó abiertamente el liderazgo de Mazón: “Hay que cambiar nuestro partido, no está funcionando bien”, exclamó.

En plena investigación de la jueza de la DANA, que mantiene imputados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, el expresidente Camps organizó un acto en el icónico edifico Veles e Vents de La Marina de València con un millar de asistentes para reivindicar su trayectoria política tras su absolución en cinco causas de corrupción, entre ellas el 'caso Gürtel'.

“Seré lo que queráis, estoy a vuestra disposición”, dijo el expresident de la Generalitat ante sus seguidores, una combinación de 'camisas viejas' nostálgicas del 'campismo' y de jóvenes militantes de Nuevas Generaciones. 

Sin embargo, el acto también destacó por la participación de cuatro antiguos dirigentes populares condenados por corrupción, dos de ellos antiguos presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón.

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. Condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo por delitos fiscales en el 'caso Fabra', permaneció en prisión durante casi tres años. El exdirigente popular también fue procesado en el 'caso Fabra 2', relativo al presunto “enmascaramiento” de su patrimonio para evitar pagar la multa que le fue impuesta en su primera condena.

El expolítico del PP, último representante de una larga saga de tintes caciquiles, está pendiente del juicio con jurado, previsto para el próximo 16 de mayo, del 'caso Aerocas', en el que se sentará en el banquillo de los acusados junto con el piloto de motos Álex Debón.

Francisco Martínez, exalcalde de Vall d'Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón durante la etapa de Carlos Fabra. Condenado a ocho meses de cárcel, al pago de una multa de 12.600 euros y a dos años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de negociación prohibida a funcionarios. La pena de prisión fue sustituida por el pago de una segunda multa de 14.400 euros.

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia. Condenado junto con Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', a cinco años de prisión, 14 de inhabilitación y multa, por el delito continuado de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental, en la pieza separada B del 'caso Taula' (relativa a la contratación de trabajadores 'zombis' en la institución provincial), en una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia recurrida. Rus fue absuelto en la pieza D de la misma causa.

Josep Maria Felip, exdirector general de Cooperación en el Gobierno de Francisco Camps. Condenado en el marco del 'caso Blasco'. En la causa, también fue condenado el principal acusado, el exconseller Rafael Blasco.

Antiguos cargos del 'campismo'

En el acto de Francisco Camps, en el que el expresidente confirmó que no ha hablado con el actual jefe del Consell desde la DANA del pasado 29 de octubre, se dejaron ver varios cargos populares de su etapa en el Palau de la Generalitat, entre otros fieles al 'campismo'.

Al evento también asistieron antiguos cargos populares como la exalcaldesa de Elche Mercedes Alonso; las exconselleras Trini Miró y Maritina Hernández; el exconseller (del Gobierno de Eduardo Zaplana) Fernando Villalonga; el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; el exvicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici; el exdiputado nacional José María Chiquillo; la senadora Adela Pedrosa; el exconcejal Ramón Isidro; el expresidente del Consell Jurídic Consultiu Vicente Garrido; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Juan José Medina; y otros exalcaldes como Lorenzo Agustí (Paterna) y José Miguel Tolosa (El Puig).

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investigaban posibles delitos societarios en la adquisición del campo de golf ubicado en la localidad de Borriol, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada considera que de las diligencias de investigación practicadas no ha resultado la comisión de hecho delictiva alguna por parte de los investigados: el que fuera presidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra, el golfista Sergio García y el padre de éste.

La causa se abrió en julio de 2016, fue archivada en un primer momento en mayo de 2017 y se reabrió con posterioridad, ya en 2020, al aparecer nuevos datos en el marco de otro procedimiento, el que se sigue por la presunta ocultación del patrimonio de Fabra.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha estimado la solicitud de sobreseimiento de las actuaciones formulada por los tres investigados.

La magistrada entiende que no existe “relación alguna” entre el préstamo de 100.000 euros efectuado por el padre del golfista a Carlos Fabra en 2009 con la adquisición por parte de la empresa de la familia del deportista, Golf Borriol SL, de los terrenos propiedad de Golf del Mediterráneo SA, cuyo consejo de administración presidía también el expresidente de la Diputación.

“La constitución de las hipotecas que prestó Golf del Mediterráneo SA fue realizada por decisión del Consejo de Administración y ratificado por la Junta General de la sociedad”, recoge el auto, que puede ser recurrido en reforma y/o apelación.

Decisiones “fuera del alcance y poder de decisión” de Fabra

Esas decisiones estaban “fuera del alcance y poder de decisión” de Carlos Fabra, “cuya participación quedaba reducida a emitir su propio voto sin ostentar la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo”, añade.

La juzgadora tampoco aprecia la comisión de ningún delito en el contrato de arrendamiento de industria suscrito en noviembre de 2013 entre ambas empresas, pues éste “no implicaba lesión alguna para los intereses” de Golf del Mediterráneo SL, en tanto que la entidad arrendataria “sustituía como gestor en las instalaciones a una asociación deportiva con dificultades económicas”.

Ese contrato fue ratificado igualmente por la Junta General de la mercantil arrendadora en junio de 2014, por lo que “también estaba fuera del alcance y poder de decisión del investigado Carlos Fabra”.

Finalmente, el auto recoge que las diligencias de investigación practicadas no han acreditado que los investigados “recibieran remuneración o gratificación alguna” como consecuencia de estas operaciones económicas, ni se ha establecido “relación alguna” entre el préstamo de 2009 antes citado con la adquisición de los terrenos del campo de golf.

“El contrato de arrendamiento se presenta como una solución económica para la entidad Golf del Mediterráneo SA, previsto para cubrir un periodo de diez años, aunque posteriormente quedó limitado a un periodo inferior desde su firma en el año 2013 hasta el año 2016, cuando se adjudican los terrenos a Golf Borriol”, precisa la resolución judicial.

Del mismo modo, la juzgadora ha analizado un segundo préstamo, de Golf Borriol SL al club de campo del Mediterráneo, de julio de 2013, y ha concluido que se otorgó de forma pública y respondía a “la necesidad de abonar gastos necesarios como seguros sociales y nóminas”.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Sección Primera de la citada Audiencia ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía y ha anulado el archivo de la causa donde se investiga si Fabra ocultó su patrimonio respecto a Fernando Roig, su hijo Fernando Roig Negueroles y Miguel Pérez.

La Audiencia ha acordado así que el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, que tramita esa causa, vuelva a dictar un nuevo auto de procedimiento abreviado que incluya todas las imputaciones que recogía un auto anterior del propio juzgado, de abril de 2021, contra esos tres investigados y las sociedades mercantiles por ellos administradas: Portovan SL, en el caso de los Roig, y Migumi SL en el caso del Miguel Pérez.

En abril de 2022, el juzgado que investiga si Carlos Fabra ocultó su patrimonio ante la Justicia y Hacienda para impedir la ejecución de su condena archivó provisionalmente la causa para los tres investigados, así como para el hijo del empresario azulejero Fernando Roig Negueroles y el administrador de una mercantil, Miguel Pérez.

La instructora tomó esta decisión al dictar un segundo auto de procedimiento abreviado, después de que el primero, fechado el 21 de abril del pasado año, fuera anulado parcialmente por la Audiencia Provincial para que los tres empresarios citados volvieran a ser interrogados.

Se consideró entonces que no habían sido debidamente informados del delito de cohecho por el que también estaban siendo investigados.

La instructora entendió que no había acto alguno llevado a cabo por estos tres empresarios “que implique ocultación alguna del patrimonio de Carlos Fabra o participación alguna en los actos llevados a cabo” por quien fuera también máximo dirigente provincial del PP.

Del mismo modo, tampoco observó ningún indicio que acreditara indiciariamente o corroborara un vínculo entre esos préstamos y los contratos de esponsorización firmados entre el Villarreal CF SAD y la entidad Aerocas (aeropuerto de Castellón).

El 2024 arranca para el PP valenciano con la vista puesta en el juicio del 'caso Erial', la supuesta trama corrupta liderada por el expresidente autonómico y exministro Eduardo Zaplana. Cada inicio de año, desde el pasado 2023, se ha convertido en un auténtico calvario para los populares valencianos ante el desfile de excargos en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El juicio de 'Erial', que se celebrará a partir de febrero durante 40 sesiones a lo largo de cuatro meses ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, también contará con otro expresidente en el banquillo de los acusados: José Luis Olivas, sucesor de Francisco Camps en el Palau de la Generalitat.

Casi una veintena de personas serán juzgadas por la presunta trama de corrupción, con el protagonismo indiscutible de Eduardo Zaplana, padre de la antigua corriente política en la que se crió el actual presidente valenciano, Carlos Mazón. La Fiscalía Anticorrupción, que solicita una pena de 19 años de prisión y una multa de 40 millones de euros para el expolítico del PP, considera que la presunta red movió 20,6 millones en varios paraísos fiscales provenientes de mordidas.

En el banquillo también se sientan los empresarios Vicente y José Cotino; el presunto testaferro Joaquín Barceló Pachano; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, o el que fuera jefe de gabinete del expresidente valenciano, Juan Francisco García, entre otros acusados.

Para los acusados, Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los ocho y los 14 años de prisión. Para José Luis Olivas, ya condenado en una derivada del 'caso Erial', el Ministerio Público solicita una pena de seis años de prisión.

A partir de enero, se sientan en el banquillo Alfonso Grau, exvicealcalde de València durante el mandato de Rita Barberá, y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por la presunta financiación en B de las campañas del PP en 2007 y 2011. En el banquillo de los acusados, estarán acompañados por José Salinas, de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento.

El juicio se limita a la financiación ilegal de las campañas de 2007 y 2011, aunque la pieza A del 'caso Taula' incluyó hasta medio centenar de investigados del equipo de Rita Barberá, entre asesores y concejales, por el presunto 'pitufeo' en la campaña de 2015.

Un polémico auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València y con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri, tumbó el grueso de la causa. Grau ya fue condenado por cohecho y es uno de los principales investigados del 'caso Azud'.

Otra causa que afecta al PP, lista para ir a juicio, está pendiente de señalamiento. Se trata del juicio contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló. La Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de prisión para el expolítico del PP y 18 millones de euros de multa para el “grupo familiar” que manejó una supuesta trama de blanqueo de capitales.

El nuevo también arranca, en el terreno judicial, con la sentencia de la Audiencia Nacional pendiente para Francisco Camps tras el maratoniano juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', relativa a los contratos menores de la trama con la Generalitat Valenciana. Anticorrupción rebajó la petición de pena para el expresidente popular a un año de prisión por los presuntos delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa (también le pide una multa de 250.000 euros e inhabilitación para cargo público de seis años).

Además, hay varias instrucciones que continúan su curso este 2024. Se trata del 'caso Azud', del que se encarga la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, en el que figuran investigados, además de Alfonso Grau, el cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín y el expolítico socialista Rafael Rubio, recientemente absuelto tras el juicio de la pieza separada del 'caso Taula' relativa a la contratación de trabajadores 'zombis' en una empresa pública de la Diputación de València.

El 'caso Azud', de una enorme complejidad, sigue su curso con hasta seis piezas separadas, entre ellas una que afecta de lleno a la presunta financiación en B del PSPV-PSOE.

Por otro lado, la investigación que afecta a la ex vicepresidenta Mónica Oltra, de la que se encarga el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, se alargará durante este 2024, a pesar de que encaraba su recta final, tras la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València de aceptar las diligencias solicitadas por las dos acusaciones populares de la extrema derecha.

El PP sigue reivindicando el legado de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló condenado a cuatro años de cárcel por delito fiscal y pendiente de un nuevo juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide 12 años de prisión por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de condena, blanqueo de capitales y un año por cohecho, además de tres años de inhabilitación para cargo público. Sin embargo, a pesar de semejante panorama judicial, la líder provincial del PP de Castelló ha reivindicado en el pleno de la Diputación de Castelló, gobernada por el socialista José Martí, la figura de Fabra como el responsable de inaugurar un aeropuerto en 2011, pocos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, sin aviones.

La infraestructura aeroportuaria fue reconvertida por la sociedad pública Aerocas en un 'hub' industrial a tenor del fracaso inicial. Así, el pleno de este martes de la Diputación de Castelló aprobó la cesión de los terrenos a la Generalitat que quedarán adscritos a la empresa pública. La mutación demanial fue solicitada por la Generalitat Valenciana con el objetivo de ampliar el proceso de crecimiento y desarrollo del aeropuerto.

La operación, según ha explicado el presidente de la Diputación de Castelló, José Martí, cuenta con todos los informes preceptivos favorables de intervención, patrimonio y secretaría de la propia institución provincial. Sin embargo, el PP ha lamentado que la Diputación “regale los terrenos del aeropuerto de Castellón a la Generalitat Valenciana en lugar de defender el patrimonio, los intereses y el futuro de los castellonenses”. El PP había solicitado la retirada de este punto del orden del día por “falta de transparencia e información”.

De paso, la líder popular de Castelló ha reivindicado el legado de Carlos Fabra, presidente de la institución provincial entre 1995 y 2011. “El 25 de marzo del 2011 hubo un presidente de esta Diputación [Carlos Fabra] que inauguró un aeropuerto, el 23 de marzo del 2023, el presidente de esta Diputación lo acaba de regalar a la Generalitat”, afirma Marta Barrachina. “Dos fechas que van a quedar para la historia”, ha agregado.

La inauguración de la infraestructura, entonces sin aviones, propició una famosa expresión: “El aeropuerto del abuelo”, según dijo Fabra a uno de sus nietos. Tras varios años sin actividad alguna, el pasado 2022 el aeropuerto mantuvo una decena de rutas, con conexiones de Bruselas, Dublín y Madrid, entre otros destinos, con un registro de casi 150.000 pasajeros.

Acciones judiciales del PP

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, María Ángeles Pallarés, denuncia que el PSPV-PSOE y Compromís “han decido acatar las órdenes de Ximo Puig y regalar los terrenos del aeropuerto de Castellón a la Generalitat”. Pallarés ha cifrado el valor de los terrenos en 8,7 millones de euros y ha anunciado acciones judiciales “para restablecer el derecho de esta casa, de sus diputados, y por encima de todo, de los vecinos de esta provincia”.

José Martí, por su parte, ha alegado que los terrenos “no son un bien patrimonial, y por lo tanto no se pueden embargar, vender o enajenar, de la misma manera que no se pueden vender una playa o una carretera”. El presidente de la Diputación de Castelló ha defendido la figura de la mutación demanial: “Una administración puede pasar la titularidad a otra, en este caso, a quien hoy tiene las competencias y la gestión del aeropuerto”, ha dicho. “El objetivo es que se desarrolle más y mejor”, ha afirmado Martí en referencia al aeropuerto.

La “intensa actividad bancaria” de Carlos Fabra

Tras una condena firme de cuatro años de cárcel por delito fiscal, Carlos Fabra se enfrenta a una petición de pena de 12 años de prisión por el presunto ocultamiento de su fortuna a Hacienda de cara a eludir parte de la multa impuesta en el primer juicio.

El expolítico del PP recibió 2,6 millones de euros en cuentas a su nombre y mantuvo una “intensa actividad bancaria por él organizada” con abonos superiores a los 26 millones de euros, según la instrucción. Además, investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional sospechan que Fabra cobraba comisiones de hasta 100.000 euros por intermediar en proyectos urbanísticos cuando aún presidía la institución provincial.

Golf Borriol SL, la firma vinculada al padre del golfista Sergio García, goza de una salud financiera de hierro. La sociedad, controlada desde Luxemburgo, ha multiplicado casi por cuatro su patrimonio, según sus últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Así, la empresa ha anotado unos fondos propios de 21,3 millones de euros en 2021 (último ejercicio consolidado) frente a los 5,6 millones del año anterior, fundamentalmente por el aumento de la prima de emisión y de sus reservas. Sus activos se han disparado de los ocho millones de euros en 2020 a los 23,8 al año siguiente.

La causa que investiga la cesión del campo de golf La Coma de Borriol a la familia del golfista internacional Sergio García fue reabierta por el anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, el magistrado Jacobo Pin, tras detectar un cheque de 100.000 euros de Victoriano García a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló. Victoriano García, en su declaración ante el instructor, justificó el trasvase de fondos como un préstamo.

Además, la mercantil Golf Borriol abonó 30.000 euros al hijo de Fabra por otro supuesto préstamo a la asociación de socios del club de golf, que fue finalmente asumido por la sociedad que gestiona el club de Borriol, según destapó la investigación de Jacobo Pin sobre el intento de “enmascaramiento” del patrimonio del expolítico del PP y su entorno familiar para presuntamente no abonar la multa de su primera condena. La Fiscalía Anticorrupción pide doce año de prisión para Carlos Fabra y un total de 18 millones de euros de multa para el “grupo familiar” acusado de orquestar una supuesta trama de blanqueo de capitales.

La causa del campo de golf de Borriol nació en julio del 2016 tras una denuncia por presuntos delitos societarios interpuesta por dos socios y liquidadores solidarios de Golf del Mediterráneo SL contra nueve miembros del consejo de administración de esa mercantil, entre ellos Carlos Fabra, y la sociedad Golf Borriol SL. Los denunciantes aportaron al juzgado documentación que apuntaba a una serie de supuestos acuerdos lesivos adoptados por mayorías ficticias en Golf del Mediterráeno SA que habrían permitido a Golf Borriol SL apropiarse de unos terrenos por 425.000 euros valorados en aproximadamente 9,6 millones de euros.

Un año después, el juez acordó el sobreseimiento de la causa, una decisión confirmada por la sección primera de la Audiencia de Castellón. La instrucción de la causa no apreció indicios de la comisión de los delitos societarios denunciados, decisiones abusivas o perjudiciales para Golf del Mediterráneo SA ni que los acuerdos del consejo se adoptaran por medios o procedimientos ilícitos mediante mayorías ficticias. Sin embargo, el magistrado reabrió la causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción con los nuevos indicios.

Tres empresas de Luxemburgo

Tres sociedades domiciliadas en Luxemburgo controlan Golf Borriol SL: Swing Participations (49,9%), Plombard International Assurance SA (43,2%) y A&G Global SICAV (6,85%). Además, la empresa del campo de golf de Borriol mantiene una participación del 69,28% en Pozo Romeral SA, de la cual de la cual Victoriano García, padre del golfista, fue administrador único.

En su apartado de operaciones con partes vinculadas, las cuentas anuales de la empresa anota un préstamo, por importe de 463.000 euros con Victoriano García (una cifra a la que se suman 37.270 euros en intereses). También reseña un bono por importe de 243.132 euros con A&G Global SICAV.

La sociedad también ha sufrido varias modificaciones societarias desde que el juez instructor reabriera la causa que investiga la cesión del campo de golf La Coma de Borriol a la familia de Sergio García. El padre del golfista, Victoriano García, abandonó su puesto de administrador único tanto en Golf Borriol SL como en Pozo Romeral SA. Además, el 4 de enero del 2022, Golf Borriol SL registró una fusión por absorción de la firma Albatros Scratch SL, propiedad del golfista y cuyo padre también fue administrador único.

La empresa Carmacas SL, propiedad de Carlos Fabra y dos de sus hijos y procesada por un presunto delito de blanqueo de capitales, no ve incertidumbre de cara a su futuro mercantil. “La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente”, señala la memoria económica de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil por la firma, propiedad del expresidente de la Diputación de Castellón. 

La sociedad instrumental figura como procesada por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución y blanqueo de capitales cometidos por persona jurídica en el 'caso Fabra II'. La administradora única y apoderada de la empresa es Claudia Fabra, que ostenta el 90% de las acciones. Su padre y su hermano Borja poseen el 10% restante.

Así, la empresa declara en 2021 (el último ejercicio cerrado) deudas a corto plazo por 284.923 euros, tres veces más que los 95.374 euros del año anterior. Carmacas SL reseña la inversión inmobiliaria que está en el ojo del huracán de la causa: la vivienda de la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón. Con tres plantas, garaje y piscina, la propiedad está situada en una de las zonas más exclusivas de la capital, protegida con seguridad privada y con vecinos famosos del mundo de la televisión y del fútbol profesional.

Carmacas SL adquirió la propiedad en Pozuelo de Alarcón —una compra investigada en la causa— a pesar de ser una empresa prácticamente sin ingresos por actividades mercantiles. En el ejercicio 2020, las cuentas anuales desvelaban que la empresa obtuvo préstamos por casi medio millón de euros.

El juez instructor, el magistrado Jacobo Pin, sospechaba que el préstamo para adquirir la vivienda fue una mera simulación pocos meses después de que se iniciara la primera causa penal contra el expolítico del PP. Claudia Fabra intermedió para adquirir la lujosa vivienda por un importe de 691.173 euros. Poco después de ser nombrada apoderada de Carmacas SL, la hija de Fabra y su marido suscribieron un contrato de alquiler con la mercantil por un precio de 2.200 euros mensuales y por un plazo de una década.

Una compra “simulada” 

El documento estableció la vivienda como domicilio familiar del matrimonio y destinaba las cuotas abonadas desde cuentas de la pareja del contrato de alquiler a pagar el préstamo hipotecario pendiente. Cuando Fabra empezó a tener problemas con la justicia, su hija “simuló comprar a su padre” la totalidad de las participaciones en Carmacas SL, con un llamativo aumento del precio, según la instrucción del caso.

La llamativa adquisición disparó el valor de la empresa en un 4.723%. Si en la constitución de la sociedad, cada acción tenía un valor nominal de 30 euros, la compra de la participación de Carlos Fabra le salió a su hija por un precio de 1.449 euros por cada participación. El juez instructor señalaba que el préstamo supuestamente simulado a su hija lo hubiera devuelto el expolítico del PP al cumplir la edad de 117 años.

El exalcalde popular de Vall d'Alba (Castellón), antigua mano derecha de Carlos Fabra como vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, se ha salvado de su procesamiento por los presuntos delitos de fraude contra la Administración Pública y blanqueo de capitales por la adquisición de fincas en la localidad para su recalificación. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, la magistrada Miryam Panadero Calzada, ha enmendado la plana a su antecesor, el juez Jacobo Pin, que había abocado al exalcalde, a su hija y al promotor Raul Babiloni a un juicio con jurado. La magistrada estima, en un auto dictado el pasado 5 de julio, los recursos de las defensas y a pesar de reconocer que la resolución de Pin recoge “suficientemente” los hechos apreciados, considera que no hay indicios de delito alguno sobre la adquisición de fincas por parte de Francisco Martínez.

El auto que salva al exalcalde popular del banquillo destaca una certificación del secretario interventor del Ayuntamiento de Vall d'Alba que recuerda que el acuerdo de venta de dos de las fincas fue aprobado por unanimidad en el seno de la Junta de Gobierno, además de contar con el informe favorable de los servicios técnicos municipales y del arquitecto municipal sobre la valoración de los bienes.

Las dos fincas son, según un auto de la Audiencia Provincial de Castelló, “parcelas sobrantes de propiedad municipal” y, además, el empresario Raul Babiloni poseía a su vez la finca colindante.

La defensa del promotor también recurrió el auto del juez Jacobo Pin argumentando que “nadie podía saber” que otras dos fincas se iban a presentar en el marco de los programas de actuación del Pla de l'Arc y del Mas de Lluna, proyectos urbanísticos presentados por una filial de la empresa Lubasa, una firma con la que Francisco Martínez intervino en “numerosas compraventas”, como alcalde y también como particular, según señalaba el instructor.

“La venta se hizo a una empresa experimentada dedicada a la promoción inmobiliaria y a la realización de obras de urbanización, integrada en un gran grupo empresarial y que tenía más de 300 PAI en toda la Comunitat Valenciana”, reza la resolución de la magistrada Miryam Panadero Calzada, quien rechaza que hubiera información privilegiada de por medio. Se trata de la misma instructora que archivó la causa contra el empresario Fernando Roig en el 'caso Fabra II', una instrucción en la que afloraron parcelas propiedad de Carlos Fabra colindantes con las de Francisco Martínez.

Competencias delegadas

Además, agrega, el exalcalde del PP delegó las competencias urbanísticas en la Junta de Gobierno local, en concreto la gestión y los proyectos de urbanización. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón señala que “debe destacarse” que las actuaciones urbanísticas comandadas por Francisco Martínez y por el promotor inmobiliario Raul Babiloni eran de “carácter privado”. Así, el exalcalde del PP y ex vicepresidente de la Diputación de Castellón “no podía conocerlas ni tenía competencia o función alguna a la vista de la delegación presentada”.

El primer edil popular compraba y vendía con un empresario amigo suyo —con su hija a sueldo del promotor— fincas que luego eran recalificadas pero, al tener delegadas las competencias de Urbanismo, la jueza no ve delito alguno. El auto también alude a la prescripción que alegan las defensas: “En caso de que existieran indicios de hecho delictivo, los mismos habrían prescrito”. Las fincas se adquirieron en 2005 y el auto de incoación de diligencias previas se dictó en 2016, “habiendo transcurrido un plazo superior a los diez años”. En el supuesto de existir indicios de delitos, las actuaciones serían igualmente archivadas por prescripción.

Contra el auto cabe recurso de apelación. Sin embargo, el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, aún estudia si interpone o no un recurso.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que investiga si el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra ocultó su patrimonio ante la Justicia y Hacienda para impedir la ejecución de su condena, ha archivado provisionalmente la causa para tres de los investigados: el propietario del Villarreal CF SAD, Fernando Roig, su hijo Fernando y el administrador de una mercantil, Miguel P.F.

La titular del órgano judicial ha tomado esta decisión al dictar un segundo auto de procedimiento abreviado, después de que el primero, fechado el 21 de abril del pasado año, fuera anulado parcialmente por la Audiencia Provincial para que los tres empresarios citados volvieran a ser interrogados, al considerar que no habían sido debidamente informados del delito de cohecho por el que también estaban siendo investigados.

El nuevo auto, emitido este martes y que ha sido notificado ya a las partes, mantiene como encausados al propio Carlos Fabra, su mujer, dos de sus hijos, un yerno y otros dos empresarios en los mismos términos que establecía el auto revocado parcialmente, al no estar afectados por la resolución de la Audiencia.

Igualmente, como hizo el anterior instructor de la causa, la magistrada acuerda la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once.

A estos últimos se suman ahora Fernando Roig, su hijo Fernando y Miguel P.F., para quien la magistrada archiva las diligencias por no apreciar indicios en su actuación de los delitos de frustración de la ejecución ni de cohecho en relación a los 1,3 millones de euros que prestaron de forma fraccionada a Fabra entre 2010 y 2014 a través de diversas sociedades mercantiles.

Así, la instructora entiende que no hay acto alguno llevado a cabo por estos tres empresarios “que implique ocultación alguna del patrimonio de Carlos Fabra o participación alguna en los actos llevados a cabo” por éste.

Del mismo modo, la titular del juzgado tampoco observa ningún indicio que acredite indiciariamente o corrobore un vínculo entre esos préstamos y los contratos de esponsorización firmados entre el Villarreal Club de Fútbol SAD y la entidad Aerocas.

El auto, que da por concluida la fase de instrucción y que puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

La empresa Carmacas SL, propiedad de Carlos Fabra y de su hija Claudia, ha estado en el ojo del huracán en varias causas judiciales que han afectado al expolítico del PP. En el “caso Fabra II”, el juez instructor acreditó que la firma instrumental sirvió para adquirir una lujosa vivienda en una urbanización de Pozuelo de Alarcón, con una superficie construida de 546 metros cuadrados, mediante un llamativo préstamo que Carlos Fabra hubiera acabado de devolver cuando cumpliera 117 años. La empresa, según sus últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil, ha solicitado dos préstamos por un valor global de 476.714 euros. 

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2020 indican que, tras el cierre de los estados contables, la empresa instrumental ha formalizado dos préstamos: uno por importe de 238.357,17 euros firmado por un miembro del órgano de administración y otro, por la misma cantidad, firmado por un familiar de un miembro del órgano de administración. La administradora única y apoderada de la empresa es Claudia Fabra, que ostenta el 90% de las acciones. Su padre y su hermano Borja poseen el 10% restante.

En el apartado de pasivos financieros, la firma domiciliada en la vivienda de Carlos Fabra de la lujosa urbanización de Les Platgetes de Bellver, en Oropesa, anota unas deudas a largo plazo por 789.094 euros (sin incluir los préstamos de casi medio millón de este año). La sociedad, prácticamente sin ingresos por actividades mercantiles, mantiene su principal inversión inmobiliaria: la vivienda situada en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón. Con tres plantas, garaje y piscina, la propiedad está situada en una de las zonas más exclusivas de la capital, protegida con seguridad privada y con vecinos famosos del mundo de la televisión y del fútbol profesional.

Carmacas SL es una de las firmas procesadas por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución y blanqueo de capitales cometidos por persona jurídica. El juez instructor sospechaba que el préstamo para adquirir la vivienda fue una mera simulación pocos meses después de que se iniciara la primera causa penal contra el expolítico del PP. Claudia Fabra intermedió para adquirir la lujosa vivienda por un importe de 691.173 euros. Poco después de ser nombrada apoderada de Carmacas SL, la hija de Fabra y su marido suscribieron un contrato de alquiler con la mercantil por un precio de 2.200 euros mensuales y por un plazo de una década.

El documento estableció la vivienda como domicilio familiar del matrimonio y destinaba las cuotas abonadas desde cuentas de la pareja del contrato de alquiler a pagar el préstamo hipotecario pendiente. Cuando Fabra empezó a tener problemas con la justicia, su hija “simuló comprar a su padre” la totalidad de las participaciones en Carmacas SL, con un llamativo aumento del precio. La sospechosa adquisición disparó el valor de la empresa en un 4.723%. Si en la constitución de la sociedad, cada acción tenía un valor nominal de 30 euros, la compra de la participación de Carlos Fabra le salió a su hija por un precio de 1.449 euros por cada participación. 

Carlos Fabra Carreras (Castellón, 1945) es, literalmente, el último exponente de una larga saga de caciques que se remonta hasta la Restauración. Su tatarabuelo, Victoriano Fabra Gil (Lucena, 1818-Castellón, 1893), apodado el abuelo Pantorrilles por su vestimenta rural, falleció siendo presidente de la Diputación de Castellón y fue el primer jefe de filas del fabrismo. Tres de sus sobrinos, Hipólito, Victorino y Plácido Fabra Adelantado, también ocuparon la presidencia de la Diputación de Castellón. Hipólito fue uno de los más activos promotores de la Cámara de Comercio de Castellón mientras que Plácido era un comerciante y terrateniente con un importante patrimonio en Vila-real.

El hijo de Victoriano, Luis Fabra Sanz, también presidió la institución provincial y heredó de su padre la representación de la Compañía Arrendataria de Tabacos en la capital de La Plana. Durante la II República fue presidente del comité provincial de la Derecha Regional Agraria de Castellón. Su hijo Carlos Fabra Andrés (Castellón, 1912-1979), padre del expolítico del PP, se enroló durante la Guerra Civil en el bando franquista y en la posguerra ostentó varios cargos en el Movimiento Nacional. En 1948 fue designado alcalde de Castellón, cargo que ejerció hasta 1955, cuando pasó a presidir la Diputación de Castellón. 

Carlos Fabra Carreras, el último de la larga saga conservadora, fue elegido en 1991 presidente de la Diputación (también fue diputado autonómico) y ha sido secretario de la Cámara de Comercio que impulsó su tío-abuelo Hipólito. La genealogía del clan es importante para comprender el fabrismo y por qué empresarios de primera línea de Castellón le prestaron grandes cantidades a fondo perdido cuando ya no mantenía cargo público alguno y había pasado por la cárcel, tras su condena por defraudar a Hacienda.

Cuando el juez que instruye la última causa contra Fabra, el magistrado Jacobo Pin, le preguntó al empresario Enrique Gimeno el motivo por el que su empresa abonó un préstamo a fondo perdido al expolítico, el propietario de Facsa y financiador confeso del PP, declaró que el crédito se debía a la amistad que mantienen ambas familias “desde hace varias generaciones”. Y, a pesar de declarar como investigado, el empresario que controla el agua de Castellón no mentía.

Su abuelo, Enrique Gimeno Tomás (Les Useres, 1862-Castellón, 1947) fue presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), la firma creada para el abastecimiento de agua en la provincia. El empresario, republicano lerrouxista, era hijo de un comerciante arruinado que hizo las Américas. Cuando el vástago volvió a su tierra, se convirtió en el mayor propietario agrario de la huerta castellonense y en el tercer mayor dueño de tierras de la provincia. Con Hipólito Fabra coincidió como fundador de la Cámara de Comercio de Castellón. Con lo cual, la afirmación de su nieto ante el juez era rigurosamente cierta. 

Carlos Fabra (el último) practicó durante su mandato un cierto autoritarismo blando heredado de la larga saga familiar. Don Carlos también controló todo lo que se movía en su provincia, ya fueran proyectos urbanísticos o la vida interna en su partido. En 2013, la carrera política de más de un siglo de la longeva saga se fue al garete tras la condena de Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda. Aquella condena fue posible gracias al empeño de un joven juez instructor llamado Jacobo Pin, quien ni corto ni perezoso resistió las presiones a las que fue sometido sin demasiado disimulo.

A Fabra le quedó pendiente abonar un millón de euros a Hacienda. Y es a partir de ese momento cuando el mismo juez, una auténtica pesadilla para el otrora todopoderoso presidente de la Diputación, inicia una investigación secreta sobre el presunto ocultamiento de la fortuna del expolítico. La causa, comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, ha destapado el lujoso tren de vida de la familia a pesar de su supuesta penuria de cara a la justicia.

Así, el expolítico del PP llegó a mover 26 millones de euros en cuentas bancarias y se embolsó en algunos periodos hasta 60.000 euros mensuales en efectivo mediante ingresos con billetes de 500, según destaca un informe del fiscal anticorrupción Javier Carceller.

La documentación incautada por los investigadores en la vivienda de Les Platgetes de Oropesa (la zona donde veraneaba el expresidente José María Aznar en los buenos tiempos del fabrismo) incluye correos electrónicos que demuestran que Fabra, mientras presidía la Diputación, cobraba comisiones de hasta 100.000 euros por intermediar en negocios con constructoras.

La investigación también ha centrado el foco en una vivienda en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón, adquirida con una firma casi sin ingresos, donde vive su hija Claudia y su yerno. El instructor considera que Fabra hizo un llamativo, amén de absurdo, préstamo a su hija a devolver cuando cumpliera 117 años.

Las pesquisas hallaron terrenos propiedad de Carlos Fabra colindantes a las fincas en Vall d'Alba por las que está procesado su antigua mano derecha en la Diputación, el popular Francisco Martínez, quien las vendía por cinco veces su precio de compra tras recalificarlas rápidamente.

El 'caso Fabra II' también ha salpicado a relevantes figuras del empresariado de Castellón. Además del propietario de Facsa, Enrique Gimeno, el empresario Fernando Roig también se sentará en el banquillo de los acusados. Anticorrupción considera que Roig prestó a Fabra 1,7 millones de euros a fondo perdido como contraprestación por el pago de una deuda de 8,1 millones del Aeropuerto de Castellón al Villarreal CF. La infraestructura aeroportuaria patrocinó con 18,7 millones al club de Fernando Roig, vencedor en la última final de la Europa League.

La investigación del magistrado Jacobo Pin también ha tenido consecuencias imprevistas. Uno de los informes de la Udef que figuran en el sumario propició la reapertura de la causa del campo de golf de Borriol, propiedad de la familia del golfista internacional Sergio García. El juez también ha pedido que se abra una investigación sobre los pagos de los escoltas de Fabra, cuando ya había abandonado la política, por parte de Marina d'Or y de una firma condenada por financiar ilegalmente al PP.

Con este panorama, la Fiscalía Anticorrupción pide doce año de prisión para Carlos Fabra y un total de 18 millones de euros de multa para el “grupo familiar” acusado de orquestar una supuesta trama de blanqueo de capitales. Este martes, el juez Jacobo Pin ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el expolítico del PP y ha requerido a los encausados una fianza conjunta y solidaria por importe de 1,3 millones de euros. Carlos Fabra, su exesposa, su hija y su yerno, su presunto testaferro y los empresarios, serán juzgado por la Audiencia Provincial de Castellón.

El último cacique de Castellón vuelve al banquillo de los acusados.

La Policía Nacional estableció varios dispositivos de seguimiento al expresidente de la Diputación y exlíder del PP de Castellón Carlos Fabra para demostrar que seguía usando un vehículo de lujo con el que, teóricamente, había abonado un préstamo. El expolítico del PP transmitió siete vehículos valorados en 79.000 euros a la empresa familiar Sipcas SL (“una mera sociedad pantalla carente de actividad real”, según el juez instructor) como dación en pago de deudas.

El nada desdeñable parque móvil de Fabra estaba compuesto por varios vehículos de coleccionista como dos Triumph, un Austin, un Prosche Cayenne, un Morris Mini Cooper, un Alfa Romeo modelo Spider 20, sí como un Jaguar, según acredita un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso este diario.

La mercantil Sipcas SL vendió seis de estos siete vehículos tras la dación en pago (percibió, al menos, 40.855 euros), aunque sólo hay constancia de pago en relación a tres coches.

El Jaguar, de hecho, siguió en manos del propio Carlos Fabra. Los agentes encargados de las pesquisas establecieron un dispositivo de seguimiento al expolítico del PP. Así, el 5 de marzo del 2019 los agente siguieron a Fabra en un desplazamiento acompañado de su chófer para recoger el Jaguar modelo S-Type color verde oscuro en un taller de reparación de vehículos en Castellón. De allí, Fabra fue en el Jaguar hasta su domicilio en Les Platgetes de Oropesa.

El 6 de marzo, los policías captaron a Fabra desplazándose en el mismo vehículo a Castellón y luego a Madrid, donde permaneció al menos hasta el día siguiente. Tres meses más tarde, el 12 de junio, los agentes vuelven a pillar al expolítico del PP conduciendo el Jaguar en el transcurso de una vigilancia policial.

La investigación ha podido acreditar así que la transmisión del vehículo como dación en pago fue una “mera forma de justificar el trasvase de fondos”, al haber detectado que Fabra seguía usándolo. La mercantil Sipcas SL, administrada por el hijo de Fabra, era una “mera sociedad pantalla” que ingresó 232.897 euros de Becsa SA, la constructora de la familia Batalla, para supuestos trabajos en países extranjeros, “aparentando ficticiamente” la familia Fabra tener los contratos necesarios, según apunta el juez.

El PSPV-PSOE se retira de la acusación popular 

Tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el instructor Jacobo Pin y la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en el que el representante del Ministerio Público solicita severas penas de prisión para él y varios miembros de la familia, el siguiente paso era que la acusación popular presentara su escrito de acusación.

La formación, sin embrago, ha optado por retirarse al dar por cumplido su trabajo en este caso y considerar ajustadas las peticiones de pena de la Fiscalía. La personación de los socialistas en la causa ha sido más bien breve (la solicitaron el pasado 22 de enero y el juez la aceptó el 9 de febrero). El PSPV-PSOE considera que las penas de prisión solicitadas por Anticorrupción marcan un buen punto de partida para la siguiente fase de apertura del juicio oral. El Ministerio Fiscal solicita un total de doce años de cárcel para Carlos Fabra y multas que suman 18 millones de euros para el expolítico, su exesposa, su hija y su yerno.

Además, los socialistas también se ahorran formular el escrito de acusación, en el que debían pedir penas de prisión, inhabilitaciones y multas para los procesados de la familia Fabra pero también para destacados empresarios castellonense de primera línea. La formación, eso sí, sigue personada en la causa que afecta a Francisco Martínez, exalcalde de la Vall d'Alba, exvicepresidente de la Diputación y antigua mano derecha de Carlos Fabra, por la compra de fincas en su localidad, supuestamente a sabiendas de su posterior rectificación urbanística.

Uno de los principales objetivos de la Justicia en las causas de corrupción es recuperar para las arcas públicas la mayor cantidad posible de fondos ilícitos. El fiscal anticorrupción de Castellón, Javier Carceller, ha aplicado al dedillo esta máxima en su escrito de acusación contra la familia del expresidente de la Diputación Carlos Fabra, cuyos componentes están procesados por ocultar el abultado patrimonio del clan con el objetivo de no pagar el millón de euros que el expolítico del Partido Popular debía a Hacienda tras su condena por la Audiencia Provincial de Castellón hace siete años.

El escrito de acusación de Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita multas que suman 18 millones de euros a Fabra, su exesposa María Amparo Fernández, sus hijos Claudia y Borja, su yerno Fernando Castro y su presunto testaferro y exasesor en la Diputación, Alejandro Lorca Heredero. Además, el Ministerio Fiscal pide una responsabilidad civil de un millón de euros (la cantidad adeudada a Hacienda por Fabra) a abonar conjunta y solidariamente por los miembros de la familia, el presunto testaferro y el empresario Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, su hijo y su apoderado Miguel Pérez Ferrer.

El fiscal considera que Carlos Fabra “urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable”, con la ayuda de sus familiares procesados, y “haciendo uso de sociedades pantalla” para no pagar la deuda con Hacienda. El escrito recuerda que la “aparente situación de penuria económica” del expresidente de la Diputación resulta “notablemente discorde” con el manejo de grandes cantidades (2,6 millones de euros entre 2007 y 2017). Mediante complejas operaciones bancarias, la supuesta trama llegó a mover hasta 26 millones de euros.

Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional sospechan que el expolítico del PP cobraba comisiones de hasta 100.000 euros por intermediar en proyectos urbanísticos cuando aún presidía la institución provincial.

El “plan defraudatorio de ocultación patrimonial” contó con la cooperación de dos conocidos empresarios castellonenses que le extendieron préstamos a fondo perdido. Así, Anticorrupción solicita para el empresario Fernando Roig tres años y diez meses de prisión por un presunto delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución y nueves meses por cohecho (e idénticas penas para su hijo y para su apoderado). En el caso de Roig, Anticorrupción vincula el préstamo de 1,7 millones abonado a Fabra con los patrocinios del Aeropuerto de Castellón al Villarreal CF (18,7 millones de euros en total).

El fiscal rebaja a nueve meses de prisión su petición de pena para el empresario Enrique Gimeno, dueño de la empresa Facsa, quien ya fue condenado por la Audiencia Nacional por delito electoral y falsificación documental, al haber sido uno de los financiadores confesos del PP.

Severas peticiones de pena

La familia de Fabra se enfrenta a severas peticiones de penas de prisión por parte del Ministerio Público. Si para el expolítico del PP pide seis años por un presunto delito de insolvencia punible y frustración de condena, cinco por blanqueo de capitales y un año por cohecho, además de tres años de inhabilitación para cargo público, para su exesposa, María Amparo Fernández, Anticorrupción solicita un total de siete años de prisión por los presuntos delitos de insolvencia punible y blanqueo.

Borja Fabra Fernández se enfrenta a una petición de pena de seis años por una presunta insolvencia punible y frustración de condena y cinco años por blanqueo de capitales. Mientras que para Claudia Fabra y su marido, Anticorrupción solicita cuatro años por una presunta insolvencia punible y tres más por un presunto blanqueo de capitales. La vivienda del matrimonio en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) es uno de los ejes de la investigación.

La instrucción, según revela el escrito del fiscal, ha conseguido bloquear los saldos bancarios de los acusados por un montante de 415.672 euros. Al expolítico del PP sólo han conseguido bloquearle 439 euros mientras que los fondos congelados en cuentas de su exmujer ascienden a 269.148 euros.

El responsable de las cuentas del PP se libra

Miguel Carot Blasco, que ha sido gerente de las campañas del PP de Castellón en la era del fabrismo y figuraba como autorizado en las cuentas del partido cuando se hicieron ingresos a Fabra, se ha librado de esta causa al haber prescrito los hechos. También es el caso de la antigua mano derecha de Fabra, Francisco Martínez, procesado en otra causa por la que será juzgado por un jurado popular.

El juez dictó, entre otros, el sobreseimiento provisional para el empresario Luis Enrique Batalla, de la constructora Becsa SA, una decisión a la que la Fiscalía se adhiere. Anticorrupción también se adhiere al sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los dos escoltas de Fabra, que reconocieron ante el juez que realizaron ingresos en metálico por orden de Fabra. El juez, eso sí, ha pedido abrir una nueva causa para investigar el pago de los escoltas, cuando Fabra ya había abandonado su actividad pública, por parte de Marina d'Or y de una constructora que financiaba al PP.

Tres empresarios investigados han fallecido, con lo que se extingue su posible responsabilidad criminal.

Los actuales responsables de la Diputación de Castellón, en manos de la izquierda desde hace tres años, tienen un problema heredado de la época del PP de 28 toneladas de peso.

¿Qué hacer con las polvorientas 8.000 piezas de cerámica de un mural encargado por Carlos Fabra a su artista de cabecera que han aparecido abandonadas durante unas tareas de limpieza? Los técnicos de la institución provincial han comenzado a inspeccionar las piezas y han detectado que algunos moldes están rotos. El objetivo inicial del encargo, hace dos décadas, era instalar el enorme mural de 29 metros en la fachada de un edificio que da al patio de la plaza de las Aulas de Castellón. Sin embargo, ya en aquella época los técnicos desaconsejaron su instalación porque podía causar daños estructurales en el edificio debido a su considerable peso.

El encargo de Fabra al escultor Juan Ripollés costó a la Diputación 140.000 euros, tal y como ha informado elDiario.es, y la diputada de Cultura, Ruth Sanz, y la de Patrimonio, María Jiménez, han tenido que bucear en la documentación antigua para conocer los detalles del encargo. El contrato contó con el visto bueno del interventor y del secretario de la institución provincial y, si hubo algún tipo de ilícito penal, habría prescrito dado el tiempo transcurrido.

La actual responsable de Cultura de la Diputación de Castellón, la socialista Ruth Sanz, compareció el miércoles para mostrar las piezas abandonadas, en el depósito de vehículos de la institución, donde se almacenan antiguos coches de bomberos y vagones de la panderola (como se conocía al antiguo trenet de la capital de La Plana a El Grau). Sanz tildó el encargo fallido de “despropósito” y este jueves se ha puesto en contacto con el artista Juan Ripollés para transmitirle la “clara intención de recuperar una obra que costó tanto dinero público y que los anteriores gestores políticos de la institución provincial habían dejado olvidada en un almacén”.

La diputada ha explicado que “Ripollés ha dejado patente su sorpresa por el hallazgo, porque pensaba que ya no sabría nunca dónde había acabado”. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con el artista para conocer el devenir de las piezas. Sanz ha señalado: “Lo primero que tenemos que hacer es ver si están todas las piezas y si, tras más de 20 años, encajan como toca, además de analizar su estado de deterioro por su mala conservación”, algo que, asegura, ha lamentado el artista. “Por nuestra parte haremos todo lo posible para ver si se puede dar salida al trabajo de Juan Ripollés”, agrega.

La idea, según fuentes de la institución provincial, es trasladar la obra a alguno de los pueblos de la provincia que dispongan de un espacio de 29 metros de altura y 13,5 de ancho y pueda además soportar un peso aproximado de 28 toneladas.

Ripollés, conocido artista de Castellón, ha mantenido una estrecha relación con el expresidente de la Diputación de Castellón, procesado por ocultar su patrimonio para no pagar sus deudas con Hacienda, a pesar de haber movido 26 millones en varias cuentas bancarias, según ha acreditado la investigación. El artista es autor de la famosa escultura del aeropuerto de Castellón, con un coste de 300.000 euros según el contrato suscrito, y que fue inaugurada cuando la infraestructura aeroportuaria estaba aún en desuso.

Carlos Fabra no es ajeno al mundo del arte, más allá de su cercanía al escultor. Uno de los préstamos investigados, por valor de 50.000 euros, fue avalado por el expolítico del PP con una colección de arte, aunque el anexo del contrato detallaba el valor aproximado de cada obra pero no las identificaba “inequívocamente”, según un auto del juez instructor.

El pintor y escultor Juan Ripollés, alias Ripo, fue el artista de cabecera de Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón procesado por ocultar su patrimonio para no pagar sus deudas con Hacienda a pesar de manejar 26 millones de euros en cuentas bancarias. Tanto es así que la vivienda del expolítico del PP en una lujosa urbanización, registrada durante la operación policial, cuenta con alguna obra de Ripo en el jardín.

El artista es autor de la famosa escultura del aeropuerto de Castellón, que costó 300.000 euros según el contrato suscrito. “Representa un individuo múltiple con la proyección de salida de un avión de dentro de la cabeza”, explicó Ripollés cuando se inauguró la obra a la entrada de la infraestructura aeroportuaria, aún sin aviones en aquella época.

El conocido escultor también hizo otro encargo para su amigo Carlos Fabra hace más de dos décadas que ha aparecido abandonado, polvoriento y desmontado en el cocherón de la institución provincial situado en la avenida de Valencia de Castellón.

El encargo, según han denunciado los actuales responsables de la Diputación (en manos de la izquierda desde hace tres años), costó 140.000 euros y estaba destinado a conformar un mural en el patio de la plaza de las Aulas de Castellón. Las 8.000 piezas cerámicas del mural han sido halladas durante unas labores de limpieza de las instalaciones, aunque bien podría tratarse de trabajos arqueológicos sobre el caciquismo en la larga etapa del fabrismo, una época en la que los fondos públicos se disparaban alegremente con pólvora de rey.

El mural de Ripo, compuesto por las pesadas piezas de cerámica y con el título 'Canto a Castellón y a sus pueblos', tenía 29 metros de alto por 13,5 de ancho. El encargo, del año 2000, costó 23,2 millones de las antiguas pesetas (casi 140.000 euros). Los operarios de la Diputación han encontrado esta estructura mientras acometían la adecuación de las instalaciones del cocherón, que presentaba un importante deterioro, para ubicar en su interior un almacén para abastecer a los ayuntamientos castellonenses con productos de Equipos de Protección Individual (EPI) mientras dure la pandemia.

Los vecinos rechazaron hace dos décadas que el mural se instalara en la fachada de un edificio que da al Espai Cultural Obert Les Aules situado en la plaza del mismo nombre y, además, los técnicos desaconsejaron la operación al tratarse de una estructura de gran tamaño que podía originar problemas de seguridad. Al parecer, tras los problemas para su instalación, las piezas de cerámica quedaron abandonadas en 106 palets, que han aparecido polvorientos y abandonados en el cocherón de la institución provincial, para sorpresa mayúscula de sus actuales responsables.

Una “chapuza” difícilmente reconstruible

La diputada de Patrimonio, María Jiménez, ha explicado este miércoles que, “después de los 21 años transcurridos desde la adquisición del mural, nos encontramos ante unos hechos que son responsabilidad del equipo de gobierno del Partido Popular liderado por Carlos Fabra, pero también del equipo de gobierno de su sucesor Javier Moliner, del que formaban parte personas como Vicent Sales y Susana Marqués, que en la actualidad siguen siendo diputados provinciales”.

Jiménez ha recordado que el director del Museo de Belles Artes envió en 2013 un documento al negociado de Patrimonio advirtiendo de que el mural había sido inscrito con el registro del museo, “pero pese a ello al equipo de gobierno de Javier Moliner parece que no le picó la curiosidad”. La diputada provincial considera que “las 8.000 piezas abandonadas en el cocherón representan la imagen de casi 140.000 euros tirados por el suelo por la dejadez de los anteriores equipos de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Castellón”.

En la comparecencia ante los medios realizada en el cocherón provincial, la diputada de Cultura, Ruth Sanz, ha sido tajante al asegurar que estamos ante “un despropósito”. “No ponemos en duda en duda el valor de la obra de Ripollés, un artista de reconocido prestigio, pero es obvio que lo que hicieron los anteriores gobiernos del PP con este asunto fue echar por tierra los recursos públicos de la Diputación y de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Castellón”, ha afirmado.

La diputada provincial ha insistido en tildar la operación de “chapuza” por la existencia de fichas y moldes numerados “que no concuerdan a pesar de llevar impreso el mismo dígito”. Una circunstancia que ha llevado a los técnicos de la casa a advertir que “incluso unir todas las piezas resultará muy complicado”.