Mónica Oltra: claves y cronología de la investigación judicial que segó su liderazgo en Compromís

En la investigación judicial que segó la carrera política de Mónica Oltra, líder indiscutible de Compromís hasta su dimisión el 21 de junio del 2022, la clave reside en la cronología de los hechos, recogida en sentencias, autos y declaraciones ante el juez instructor. La gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Oltra, quedó en entredicho tras la condena de su exmarido, educador en un centro de menores, por abuso sexual a una niña de 14 años. A partir de esa causa nació una segunda investigación, en la que Oltra figura como imputada, que intenta dilucidar si la dirigente de Compromís maniobró para beneficiar la situación de su expareja. Todo se inició hace seis años.

La cronología inicial quedó reflejada en el apartado de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a su exmarido a cinco años de prisión. Por su situación de desamparo desde 2011, Maite T. M. –la menor que denunció los abusos del educador– estaba tutelada por la Generalitat Valenciana en el Centro de Acogida Niño Jesús (privado, pero dependiente de la administración autonómica). Debido a su mal comportamiento, la niña era castigada con frecuencia a dormir en una habitación separada situada en el primer piso de la residencia y alejada del espacio donde pernoctaban el resto de menores.

Maite relató por primer vez a una amiga los abusos que sufrió “entre dos y 10 ocasiones” (a finales de 2016 y principios del 2017) por parte de Luis Eduardo R. I., trabajador del centro y exmarido de Oltra durante turnos de noche en los que estaba castigada. Luego se lo contó a su novio de entonces, con el que se quería ir a vivir. El 13 de febrero del 2017, Maite T. acudió, acompañada por los padres de su pareja, al centro de día El Faro, donde explicó a una trabajadora social que el “principal motivo” de sus fugas del Niño Jesús eran los abusos a los que la sometía un trabajador al que identificó como Luis Eduardo R. I.

Ante la gravedad de los hechos, la trabajadora social se puso en contacto con el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional. Al día siguiente, un técnico del centro de día mantuvo una conversación informal con la menor, entonces de 14 años, en la que la niña reiteró que el educador entraba en su cuarto y, mientras ella simulaba estar dormida boca arriba, usaba su mano para masturbarse.

En esa entrevista, la niña dijo que no quería denunciar por miedo a que no la creyeran, por lo que la trabajadora social —que dio total credibilidad al relato de Maite T.— contactó con el Grume para avisar de que no presentaría la denuncia. Eso sí, decidieron advertir al centro de acogida de la denuncia. 

El 20 de febrero del 2017, la trabajadora social del centro de día telefoneó a la directora del Niño Jesús, Isabel Domingo, para ponerle al tanto de los hechos. Así, el centro de acogida confeccionó un primer informe de incidencia, que recibió una técnico de la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el departamento que dirigía Mónica Oltra. Ese mismo día, la directora del centro se entrevistó con Luis Eduardo R. I. y le informó de que iba a activar un protocolo de intervención ante la sospecha de abuso sexual, por lo que debía permanecer apartado del servicio.

La conclusión inicial: “Ningún indicio” de abuso

El 21 de febrero, la directora del centro Niño Jesús se entrevistó con la menor para conocer los motivos por los que no quería seguir en la institución si bien “no quiso preguntarle por los presuntos abusos ya que la menor iba a ser explorada y a fin de evitar la contaminación del relato”. Al día siguiente, se entrevistó con los padres del novio de la menor e insistió en que debía volver al centro, aunque sus interlocutores arguyeron que Maite T. denunciaba que “por la noche abusaban de ella”. 

El 28 de febrero, la niña se entrevistó con una psicóloga clínica de la Conselleria de Igualdad que concluyó en una diligencia que en la conversación no había “aparecido ningún indicio, palabra o frase” para investigar “la posibilidad de una experiencia en la que ella se sintió abusada sexualmente”. Finalmente, el informe de incidencia del centro concluye que no se aprecia “ningún indicio”, por lo que descarta derivar a la niña al Instituto Espill, una entidad externa especializada en psicología y sexología.

El 7 de marzo tuvo lugar una reunión entre la dirección y un técnico del centro Niño Jesús en la que también participó la primera técnico del centro de día El Faro que tuvo conocimiento inicialmente de los hechos denunciados por la menor. En ese encuentro, la responsable del centro de acogida aseguró, antes de abordar la cuestión de los abusos, que la menor “recurre a la mentira frecuentemente para justificar sus actos”.

Ese mismo día, Maite T. había regresado al centro. El 10 de marzo se informó a Luis Eduardo R. I. de que la exploración de la conselleria no había detectado “ningún indicio” y se le reincorporó a su puesto para el turno de noche dos días más tarde. También se le pidió que elaborara un documento con el “relato en relación con los hechos comentados por Maite”. El exmarido de Oltra envió por correo electrónico el documento —bajo el título “Protocolos y modos de acción de los educadores de noche”— a la directora y le pidió que le orientara sobre lo que debía “resaltar o quitar”.

En ningún momento, ni el centro de acogida ni la Conselleria de Igualdad informaron de los hechos a la Policía o a la Fiscalía de Menores.

Las diligencias iniciales de la Fiscalía de Menores

Pero todo cambió el 22 de junio del 2017, cuando dos agentes de la Policial Nacional, en un encuentro casual a la entrada del centro Niño Jesús con Maite T. y su novio de entonces se enteraron de la situación y comunicaron los hechos a la inspectora jefa del Grume, quien cinco días después informó a la Fiscalía de Menores, que abrió diligencias de investigación penal.

El Ministerio Público acordó dirigir un oficio a la dirección territorial de la conselleria, que contestó mucho más tarde (el 14 de agosto), tras un nuevo requerimiento. En el escrito de respuesta, la jefa del Servicio de Infancia y Adolescencia, María Amparo Nogués, aseguraba que no se había apreciado “ningún indicio” por lo que “no se consideró necesario realizar más actuaciones”.

El 28 de julio, el fiscal presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que dictó un auto ese mismo día para imponer a Luis Eduardo R. I. el alejamiento y la prohibición de comunicarse con la menor durante seis meses como medida cautelar.

La fecha clave del 4 de agosto del 2017

La resolución fue notificada al trabajador del centro el 4 de agosto en el domicilio que aún compartía con Oltra a pesar de estar en proceso de separación. Y es que la relación sentimental entre Luis Eduardo R. I. y Mónica Oltra, iniciada en 2001, había acabado en 2016, según declaró la exvicepresidenta ante el juez instructor. Sin embargo, siguieron compartiendo la vivienda familiar, en la que convivían con sus dos hijos, hasta “finales de agosto o principios de septiembre del 2017”, según declaró Oltra.

La dirigente de Compromís aseguraba que se enteró de la situación el 4 de agosto, cuando llegó el auto a su domicilio y Luis Eduardo R. I. se lo comunicó telefónicamente mientras ella estaba de vacaciones. Oltra sostiene que no era conocedora de nada hasta ese momento.

El 8 de agosto la resolución fue notificada a la Conselleria de Igualdad, cuya dirección general de Infancia y Adolescencia ordenó la apertura de un expediente informativo. Mónica Oltra declaró ante el juez instructor que, al haberse enterado de la situación, ordenó a su jefe de gabinete, Miquel Real, también investigado, “recabar información”. “Yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera”, dijo.

Además, adujo que en ese periodo estuvo en un hospital acompañando a uno de sus hijos ingresado. También aseguró que supo “tres o cuatro años después” que el auto con las medidas de alejamiento contra su exmarido había llegado el 8 de agosto a su departamento. Los correos electrónicos analizados en una pieza separada no han revelado prueba alguna que contradiga la versión ofrecida por la exvicepresidenta valenciana y han revelado que no es hasta ese día 8 de agosto cuando el gabinete de Oltra empieza a intercambiarse e-mails relativos al asunto. El informe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en el marco de una pieza separada declarada secreta, estaba listo algo más de dos semanas antes de las recientes elecciones del 28M, pero se trasladó a las partes con posterioridad.

Los 'e-mails' del gabinete de Oltra

El primer 'e-mail' lo envía el asesor Enric Juan el 8 de agosto a Miquel Real, jefe de gabinete de Oltra, también investigado en la causa. Se trata de un correo originalmente remitido por la subdirectora de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza (igualmente imputada), con la documentación en poder de la Conselleria de Igualdad sobre el caso.

En un correo enviado el 10 de agosto, Gemma Plaza le indica a la funcionaria Amparo Nogués, del Servicio de Infancia e Igualdad, que deben colaborar con el Ministerio Fiscal. “Importante que no se os olvide contestar a Fiscalía a TODAS las cuestiones que plantea”. También apostilla: “Acuérdate de decirme mañana qué se ha acordado en la comisión y qué medidas ha adoptado el centro para cumplir la orden de alejamiento” del exmarido de Oltra hacia la menor tutelada. 

El 14 de agosto, Amparo Nogués, investigada en la causa, envía un documento al asesor Enric Juan con el asunto “Fiscalía Menores” en el que le ofrece la posibilidad de “modificar o añadir algo”. Enric Juan se lo reenvía al entonces subsecretario, Francesc Gamero.

El documento remitido a la Fiscalía explica que no se le comunicó la “incidencia ocurrida” en febrero del 2017 (cuando la menor denunció por primera vez los hechos) porque el centro Niño Jesús, tras activar su protocolo, no halló “ningún indicio” de que lo que manifestaba la menor “hubiese ocurrido realmente”. “No se consideró necesario realizar más actuaciones”, apostilla el escrito. Sin embargo, en ese momento sí que se acordó el traslado de la menor, a petición de la Fiscalía, a otro centro en Paterna. 

El 18 de agosto, la misma funcionaria remite a Enric Juan y a Rosa Molero, directora general de Infancia investigada en el procedimiento, un e-mail clave para las acusaciones. En ese correo se informa de que se “va a proceder a instruir el expediente informativo, nombrando instructor y siguiendo el procedimiento establecido”. El informe sobre las declaraciones de la menor “concluye que no existen pruebas que evidencien una situación de abusos”.

El 24 de agosto, la Comisión Técnica de Medidas de Protección Jurídica del Menor de la dirección territorial acordó derivar al Instituto Espill a la menor. Así, la psicóloga María Isabel Año, también imputada, se entrevistó con Maite T. el 5 y el 21 de septiembre y el 3 de octubre. En su informe concluyó que el testimonio de la menor era “poco creíble”. Aunque en su declaración en la fase de instrucción, matizó que esa expresión no significaba necesariamente que no fuera creíble.

Ambos informes, según el juez, se encargaron a pesar de que en el departamento de Oltra “se sabía, a ciencia cierta”, desde el 6 de julio, que la Fiscalía ya había iniciado una investigación y que un juzgado instruía la denuncia.

La dirigente de Compromís se preguntó en las Corts Valencianes qué habría pasado si no hubiera “movido un dedo para ver qué ha fallado, ni para ver cómo está la joven, ni para asegurarme que es cierto lo que cuenta”. “¿Qué me habrían dicho ustedes?”, espetó a la oposición. Y el juez, en su exposición de motivos para solicitar su imputación, le contestó: “No hubiera ocurrido nada, porque a eso ya se dedicaba quien por Ley tiene encomendada esa función, que no es otro que el juez de instrucción, una vez judicializadas las diligencias de la Fiscalía”.

La condena al exmarido de Oltra

Con estos antecedentes, dos años después de aquel verano de 2017, se celebró el juicio contra el exmarido de Oltra. El 28 de noviembre del 2019, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Luis Eduardo R. I. a cinco anos de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años. El 13 de diciembre, la defensa del condenado presentó un escrito aludiendo al polémico informe de la Fundación Espill en manos de la Fiscalía. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) estimó un recurso del exmarido de Oltra, anuló la sentencia y ordenó repetir parcialmente el juicio.

Tras la nueva vista, habiéndose incorporado el informe reservado de la conselleria y el del Instituto Espill, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a la misma pena al educador, un fallo confirmado posteriormente por el TSJ-CV y actualmente pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia definitiva destaca el “marcado sesgo” del informe “de principio a fin”. El juez instructor de la causa en la que está investigada Oltra considera, indiciariamente, que la “información reservada” fue ordenada por la dirigente de Compromís para “desacreditar” a la menor e “interferir” en un procedimiento penal en el que su exmarido era el acusado.

Una “investigación paralela a la judicial”

El fallo que condenó a Luis Eduardo R. I. propició la investigación de la gestión de la Conselleria de Igualdad de los abusos denunciados por la menor, en una causa en la que la agitadora ultra Cristina Seguí ejerce la acusación popular, junto con Vox, y la acusación particular la ejerce el abogado neofascista José Luis Roberto. Se investigan los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Oltra siempre ha defendido que se trata de una “cacería” de la extrema derecha, en el contexto del 'lawfare' (la táctica de utilización política de la justicia penal), a tenor de la ideología ultra de las acusaciones, cuyas estrategias procesales han chocado por momentos. Maite T., cuyos dos hijos con su expareja están tutelados por la Generalitat Valenciana, llegó a denunciar en una entrevista que se sentía utilizada por Roberto y Seguí y “abandonada” después de que Oltra dimitiera. Según la joven, que en varias ocasiones hizo públicos sus problemas económicos, se le llegó a ofrecer un trabajo y una vivienda mientras, en paralelo, en los tribunales las acusaciones promovidas por Seguí y Roberto arremetían en su nombre judicialmente contra Oltra y su equipo.

Al parecer, la oferta laboral tenía que ver con un hospital de Madrid de la empresa Ribera Salud, el grupo sanitario que mantenía hospitales privados revertidos por el Gobierno del Pacte del Botànic La dirigente de Compromís viene sosteniendo precisamente la tesis de que la acusación es una suerte de confabulación entre la extrema derecha, exdirigentes del PP como Francisco Camps o el empresario Alberto de Rosa, directivo de la multinacional propietaria de Ribera Salud. Oltra exhibió una fotografía en la que aparecen Camps, De Rosa y Seguí y dijo: “En toda cacería política hay que seguir el rastro del dinero”.

Al margen de los protagonistas de las acusaciones, el juez Vicente Ríos, considera que la Conselleria de Igualdad llevó a cabo una “investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos”. El magistrado ha destacado a lo largo de la instrucción que la propia Oltra declaró en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación que fue ella quien ordenó la incoación del expediente informativo. Mónica Oltra, por su parte, matizó en su declaración como investigada que sus afirmaciones —“tras un estallido emocional” ante la imputación de varios de sus subordinados— se referían a una “pluralidad de personas”. “Fue mi manera de desahogarme”, aseguró.

Mientras Oltra estaba aforada, el instructor tomó declaración a más de una decena de cargos de su departamento y del centro de acogida Niño Jesús. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, acabó imputándola tras un contundente escrito de la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, en el que se refería a los indicios de la “escasa, desidiosa o nula voluntad” de su departamento de esclarecer los abusos por parte de su exmarido. La imputación propició, finalmente, su dimisión el 21 de junio del 2022 abriendo una tremenda crisis política en el seno del Pacte del Botànic y descabezando a Compromís de su líder más visible a poco menos de un año de las elecciones autonómicas.

El 'balón de oxígeno'

El juez ha descartado que se hayan eliminado correos electrónicos, tal como insinuó la acusación popular. El informe policial de la pieza separada de los correos electrónicos ha dado un mínimo balón de oxígeno a la defensa de Oltra al confirmar que su gabinete empezó a tratar el asunto después del 4 de agosto del 2017, lo que concuerda con la línea argumental de su defensa. Sin embargo, el auto del TSJ-CV que la imputó mientras era aforada consideraba que, a falta de prueba directa, existen “indicios plurales” de que habría maniobrado para “beneficiar la situación procesal” de su exmarido o incluso para “proteger” su propia carrera política.

La defensa de Oltra, por su parte, alegaba que no existen “indicios racionales de criminalidad” y destacaba “el marcado cariz ideológico y político contrario” de las acusaciones popular y particular, ejercidas por Cristina Seguí y por José Luís Roberto, contra la dirigente de Compromís, a los que reprocha que busquen “réditos” con la “instrumentalización” de la causa.

El juez instructor, en su exposición de motivos ante el TSJ-CV (el relato más completo de los hechos antes de la declaración de Oltra como imputada), basa su argumentación en una enumeración detallada de la cadena de acontecimientos entre el primer periodo del 2017, en que los responsables del centro de menores desechan la denuncia inicial de la menor, y el encargo por parte del departamento de Oltra del expediente interno en agosto. Y es que las claves de este enrevesado caso están en la cronología de los hechos.