Anticorrupción eleva a 20,6 millones el “dinero delictivo” que manejaba Eduardo Zaplana en “operaciones de corrupción”

Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar, lideraba una presunta organización criminal con un reparto de papeles perfectamente estructurado que movió hasta 20,6 millones de euros en mordidas desperdigadas en paraísos fiscales, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso elDiario.es. “El total del dinero delictivo mediante operaciones de corrupción obtenido por Eduardo Zaplana y su organización criminal asciende a 20.606.364 euros”, sostiene el fiscal Pablo Ponce, que solicita para el expolítico del PP una pena de 19 años de prisión por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad y prevaricación administrativa. 

Dos expresidentes de la Generalitat Valenciana se sentarán en el banquillo de los acusados por la presunta trama del 'caso Erial': Zaplana y su sucesor, el popular José Luis Olivas, que ya fue condenado hace un lustro por los delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública por una operación realizada junto con el empresario Vicente Cotino para justificar el abono de un soborno de la trama. El Ministerio Público solicita para Olivas una pena de seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho y de prevaricación.

Si bien Zaplana ha reivindicado su “inocencia de todos los cargos” tras conocer el escrito de Anticorrupción, la retahíla de pruebas e indicios del Ministerio Fiscal abarca más de 200 páginas, a modo de novela de no ficción de la corrupción. La investigación del caso, liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha trazado el recorrido de los más de 20 millones de euros a través de un complejo entramado societario en Luxemburgo, Andorra y Panamá hasta llegar a España, ya lavado con el detergente y el suavizante de expertos en la materia.

La instrucción del 'caso Erial' ha acreditado las compras de parcelas, barcos, vehículos de lujo y apartamentos en el puerto deportivo de Altea o en la exclusiva urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón, así como el altísimo nivel de vida de la familia de Eduardo Zaplana, cuya esposa se ha librado del procesamiento al no haberse podido demostrar que conociera el origen ilícito de los fondos.

Además de la adquisición de vehículos de alta gama para el expresidente de la Generalitat Valenciana y para su esposa, Rosa Barceló, los fondos de las presuntas comisiones ilícitas también sirvieron para mantener el “alto nivel de vida” de las hijas del matrimonio. En 2011, con unos rendimientos de trabajo de apenas 15.000 euros, Rosa María Zaplana Barceló compró un inmueble con 518.177 euros de una cuenta a su nombre que le puso su padre. En 2004, sin trabajo y sin ingresos, la hija del expolítico del PP ya había adquirido un Porsche Cayenne valorado en 114.000 euros.

María Zaplana, la otra hija del matrimonio, recibió una donación de sus padres de 340.000 euros para la compra de una vivienda. Pese a no tener trabajo hasta 2012 (año en el que empezó a trabajar en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con José Manuel Soria al frente del departamento), la hija de Zaplana se compró en 2007 un Land Rover valorado en 67.425 euros. Con 30.300 euros de una de las cuentas de la presunta red corrupta, también se abonaron impuestos del exministro y su mujer.

Las pesquisas de la UCO detectaron la compra de un inmueble en la calle de Núñez de Balboa de Madrid, por 1,6 millones de euros, “utilizado en exclusiva por Eduardo Zaplana”, apunta Anticorrupción. Con fondos presuntamente ilícitos, el exministro de Trabajo del PP pagaba incluso a su empleada del hogar. La presunta organización criminal también compró dos inmuebles en la urbanización Marina Greenwich de Altea e hizo hizo gestiones para adquirir una participación del 64% de la concesionaria del Puerto deportivo Luis Campomanes de la localidad, donde se situaban los áticos adquiridos.

En la vertiente náutica del 'caso Erial' también aflora la adquisición de la embarcación de recreo Astonda A-53, denominada Loix y “utilizada exclusivamente por Eduardo Zaplana”. Para la adquisición del barco, la presunta trama confeccionó un documento “mendaz” de reconocimiento de deuda cuando el copropietario había fallecido. En 2009 y 2010, el expresidente de la Generalitat Valenciana se gastó 234.297 euros en el alquiler de embarcaciones de recreo. Y en el ámbito aeronáutico, Zaplana abonó en 2007 y 2010 un importe total de 725.000 euros en desplazamientos en avionetas privada.

Los fondos, tras el blanqueamiento en la lavadora internacional de la trama mediante paraísos fiscales, también compró numerosos terrenos y fincas en Vila Joiosa. La negociación de la compra de las parcelas la llevó a cabo Eduardo Zaplana en persona, “como se confirma con las intervenciones telefónicas acordadas judicialmente, incluso cuando estuvo ingresado en el Hospital Le Fe de Valencia”, afirma el fiscal anticorrupción. En esas operaciones, el empresario Ángel Salas (también acusado y sabedor de la procedencia delictiva de los fondos) se refería a Zaplana como “el jefe”, “nuestro amigo”, “el que tú ya sabes”, “el socio” o “el otro”, según los pinchazos telefónicos de la UCO.

Un grupo para obtener “beneficios ilícitos”

La vida a todo trapo de Zaplana se nutría del presunto botín de las comisiones ilícitas, cifradas en 20,6 millones de euros por la Fiscalía Anticorrupción. “El acusado dejó la política activa el 30 de abril del 2008, fecha a partir de la cual realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros”, reza el escrito del Ministerio Público.

La larga trayectoria política de Zaplana, inaugurada tras aparecer en comprometedoras conversaciones telefónicas en el marco del 'caso Naseiro', tenía una cara en A y una fachada en B, en la que no usaba ni siquiera el correo electrónico, tal como explicó su blanqueador confeso, el abogado uruguayo Fernando Belhot. “Durante su extensa carrera política”, sostiene Anticorrupción, “formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno”. Todo ello, “en su propio beneficio e interés”, apostilla el fiscal.

Los miembros de la trama ostentaban una función determinada en el “organigrama diseñado” por Zaplana “para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de gestión de servicios públicos en su más amplia expresión”. José Miguel Barceló, alias Pachano, era el presunto testaferro; Francisco Grau, el asesor fiscal; Juan Francisco García, su exjefe de gabinete (que incluso pagó la boda de su hija con “billetitos” de dinero negro repatriado desde Andorra), y Mitsouko Florida Henríquez, histórica secretaria de Zaplana, la responsable de recibir el dinero en efectivo en España (al menos en “un 90-95% de las veces”) mediante el sistema de cambios. 

La trama también sufrió sus tira y aflojas, además de los sonados enfrentamientos internos que revelaron los pinchazos telefónicos de la UCO que constan en el sumario. Sin embargo, las defensas se han mantenido unidas a lo largo de la investigación que ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Las grietas del presunto grupo criminal empezaron a agrandarse tras las confesiones de los blanqueadores del dinero: la abogada Beatriz García Paesa (sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán') y el uruguayo Fernando Belhot.

Ambos optaron por una prudente actitud de colaboración con Anticorrupción, al estar implicados en otras tramas de un tenor parecido. Sus declaraciones ante la jueza instructora Isabel Rodríguez Guerola y el fiscal Pablo Ponce fueron una auténtica lección magistral sobre blanqueo de capitales. Belhot entregó 6,7 millones de euros escondidos en Suiza por los acusados, una cantidad transferida a la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos.

Los pelotazos del 'caso Erial'

Los dos pelotazos fundacionales del 'caso Erial' se remontan a un “concierto” entre Zaplana y la familia Cotino para repartirse comisiones de la privatización de la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y del Plan Eólico. El sustituto de Zaplana en el Palau de la Generalitat, el popular José Luis Olivas “también obtuvo una parte del soborno” (concretamente 580.000 euros).

La empresa de los Cotino obtuvo 86,5 millones de euros cuando vendió sus participaciones en las sociedades adjudicatarias, “lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas”, apostilla el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

El 16 de mayo del 2001 se constituyó la firma Imision Internacional SA en Luxemburgo con un capital de 607.000 euros aportados en mano (en maletín) por el fallecido Juan Cotino, entonces director general de la Policía, a Beatriz García Paesa. “La sociedad creada se nutrió durante los años objeto de investigación de fondos procedentes de sobornos y comisiones transferidos desde cuentas de España y desde cuentas de Andorra simulando operaciones mercantiles reales y con contenido efectivo”, sostiene el Ministerio Fiscal.

Los fondos pasaron de los Cotino a la banda liderada por Zaplana mediante una escritura pública —que quedaba de espaldas al Registro Mercantil— ante el notario Agustín Tena. Así, las participaciones en la empresa instrumental “estarían de cara al exterior bajo los iniciales socios constituyentes a pesar de que el verdadero titular sería el convenido por los acusados, que no es otro que Eduardo Zaplana”, concluye el escrito de Anticorrupción.

Una vez que los Cotino obtuvieron las plusvalías por la venta de sus participaciones en las adjudicatarias de las ITV y del Plan Eólico, se transfirieron a Luxemburgo las “comisiones delictivas pactadas”. Con una simple llamada del empresario Vicente Cotino, financiador confeso del PP, a Beatriz García Paesa, las acciones de las firmas luxemburguesas Imision Internacional y Fenix Investments pasaron a manos de Miguel Barceló y de Juan Francisco García, respectivamente. 

“La estructura societaria diseñada por los acusados serviría para asegurarse que tanto el pago del soborno, como las adjudicaciones amañadas de las ITV y del Plan Eólico Valenciano estuviesen ocultas, simulando las operaciones societarias y mercantiles necesarias para que ello fuera posible”, argumenta el fiscal. Además de Pachano y de Juan Francisco García, el asesor financiero Francisco Grau completa el grupo que gestionaba una estructura societaria diseñada para que Zaplana no estuviese “visible en ninguna operación mercantil”. 

Cuentas en Andorra

La exdiputada autonómica del PP Elvira Suanzes (exfallera mayor y amiga íntima de Zaplana) aparece vinculada en la instrucción a la gestión de las cuentas panameñas de la trama. Su hermano Saturnino Suanzes “realiza las gestiones necesarias para administrar los fondos y recuperar el dinero intervenido en Andorra, sabiendo de su procedencia ilícita, acompañando a Joaquín Barceló en las reuniones que tiene con los operadores de Andorra”. Tras la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) en 2015, ni Pachano ni Suanzes pudieron acreditar el origen lícito del dinero, “como es evidente”, apostilla el fiscal.

Anticorrupción ha solicitado 19 años de prisión para Zaplana, cúspide de la pirámide, y 14 años para Juan Francisco García. Para los hermanos Vicente y José Cotino Escrivá pide 14 años de prisión e inhabilitación durante tres años para el ejercicio profesional y de comercio. Miguel Barceló, Francisco Grau y Mitsouko Hernández se enfrentan a una petición de pena de ocho años de prisión, el expresidente valenciano José Luis Olivas a seis años y los hermanos Suances a cinco años.

Entre los empresarios que se sentarán en el banquillo de los acusados, a Francisco Pérez, conocido como Paco Gasofa, Anticorrupción le pide siete años mientras que a Ángel Salas, Robert Edgar Bataouche, Pedro Romero Aguilar y Carlos Gutiérrez Mondedeu les pide cinco años a la sombra.