El PP lo vuelve a intentar a ver si esta vez, a la tercera, va la vencida. Alberto Núñez Feijóo ha marcado como uno de sus grandes objetivos el de relanzar la fundación del PP. A punto de cumplir un año al frente del partido, el dirigente gallego acabó con otro legado de Pablo Casado y presentó este viernes Reformismo21, la nueva marca de lo que antes fue Concordia y Libertad. Mucho antes se llamó Humanismo y Democracia. Nombre remozado (mismo NIF), logo rediseñado y un recambio en los nombres propios, con un elenco anclado en el pasado que, en realidad, no formará parte del día a día del think tank con el que Feijóo pretende llenar el vacío que dejó FAES cuando José María Aznar rompió con Mariano Rajoy y se la llevó.

Ese espacio se intentó rellenar con la integración definitiva de Humanismo y Democracia en el organigrama del PP y el traslado de su sede social al edificio del número 13 de la madrileña calle de Génova. Languidecía 2016 y Rajoy recurrió a la vieja fundación creada por el expresidente del Congreso Fernando Álvarez de Miranda en los primeros años de la vuelta de España a la democracia. 

Relacionada siempre ideológica y políticamente con el PP, se integró definitivamente en el partido tras la ruptura política y personal de los dos presidentes del Gobierno de la derecha. Comenzó así una competición que Aznar va ganando por goleada. 

Y eso que, antes del cataclismo entre los dos grandes líderes que ha tenido el PP, la financiación pública que recibió Humanismo y Democracia de administraciones manejadas por el PP aumentó casi al mismo ritmo que descendió la de FAES. La práctica prosiguió en el tiempo mientras la Moncloa fue azul.

A Rajoy no le dio tiempo de hacer mucho con la fundación, más allá de regarla con dinero público. Pero su trabajo como laboratorio de ideas apenas arrancó. Año y medio después de la fusión con el partido, el líder del PP fue desalojado del Palacio de la Moncloa por una moción de censura. Era 1 de junio de 2018 y, ese mismo verano, un cruento congreso interno terminó con Pablo Casado aupado a la Presidencia del partido gracias al apoyo de María Dolores de Cospedal, para quien liderar el partido se convirtió muy pronto en su objetivo número dos. El primero era evitar el triunfo de Soraya Sáenz de Santamaría.

Casado sí tuvo tiempo, y dinero, gracias a sus gobiernos autonómicos, para invertir en la fundación del PP. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre: del original Humanismo y Democracia al nuevo Concordia y Libertad. Y puso al frente a Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente del Gobierno durante la Transición y en cuyo partido acabó el fundador, Álvarez de Miranda.

Pero a Casado no le salió bien. Como casi nada durante su mandato. Dos años después de su refundación y sin que se le diera ninguna relevancia interna o externa, el PP se vio obligado a “reforzar” Concordia y Libertad ante el surgimiento de otras fundaciones o centros ideológicos afines al ideario de la derecha.

Nada sirvió para mejorar el conocimiento público ni la labor de la fundación, al menos hacia afuera. Su última memoria de actividades publicada, la de 2021, refleja una actividad muy limitada en España, centrada en cursos de formación para cuadros internos del partido, y casi más destacada en Latinoamérica. La pandemia no ayudó a que el equipo de Suárez Illana y de Teodoro García Egea (quien fue vicepresidente de la fundación) desarrollara su labor.

La actual dirección del PP no ha contado con el primero para nada y él solo ha optado por dejar la política y volver a su bien pagada actividad privada. En cuanto al que fue 'número' dos de Casado, esta semana anunció también su salida del Congreso antes de tiempo.

Quien también apoyó a Casado en el congreso extraordinario de 2018 fue Alberto Núñez Feijóo. El barón amagó con lanzarse él mismo, pero optó por permanecer en Galicia y respaldar la apuesta contraria a la de su autocalificado como “referente político”, Mariano Rajoy. Casi un lustro después, es Feijóo quien ocupa el despacho noble de la séptima planta de Génova, 13.

“Independencia” trufada de afines al PP

A punto de cumplirse un año de su ascenso a las cumbres del PP, el gallego ha optado por relanzar la fundación cuando apenas quedan unos meses para las elecciones generales que le pueden llevar a la Moncloa.

De momento, la dirección del PP ha tomado poco más que medidas cosméticas. Feijóo eligió como director general a un gallego, Pablo Vázquez, un economista de prestigio entre sus pares directamente ligado a los gobiernos de Aznar y de Rajoy: presidente de Ineco y de Renfe, pasó también por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo y formó parte del gabinete del presidente en Moncloa. 

Vázquez ha sido director ejecutivo de Fedea, una fundación patrocinada por las grandes empresas del país. Antes de asumir el encargo de Feijóo, era directivo de la consultora McKinsey & Company y director general de otra fundación, Madrid Futuro, dependiente del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida.

De momento, es el único nombre del staff de Reformismo21 que se conoce. Su despacho de trabajo está en la sede nacional. La fundación no tiene presidente, vicepresidente, ni se ha informado de ningún miembro del patronato. La web que sigue activa es la de Concordia y Libertad (también Humanismo y Democracia, a efectos legales). 

De hecho, la fundación está “inoperativa” desde el pasado mes de noviembre. Pese a ello, en diciembre recibió 110.000 euros de la Comunidad de Madrid para sendos proyectos de los que nadie sabe nada en la fundación, según informaba el diario Público este viernes.

Los nombres que sí se conocen son los del Consejo Asesor de Refundación21, un órgano en realidad ajeno al quehacer de la fundación y cuyos miembros no tendrán ninguna relación real con los trabajos más allá de las cuestiones para las que les pueda ser requerida su opinión. O no.

¿Y quiénes son los integrantes de ese Consejo Asesor? Feijóo presumió este mismo viernes de la “independencia” del organismo, en un breve discurso que puso fin a un deslucido acto de presentación de Reformismo21 tras una corta reunión de minutos de ese supuesto Consejo Asesor.

A la cita acudió uno de los nombres más reconocibles: Toni Nadal. El que fuera entrenador del tenista Rafael Nadal se suma como asesor en materia deportiva. O Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. Además de Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Entre los convencidos por Feijóo hay también representantes empresariales, según ha ido informando el PP en un goteo de fichajes que ha servido al líder para hablar este viernes de “selección nacional”, como si de un equipo de fútbol se tratara. Algunos nombres destacados: la directora de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de ASTI Mobile Rotics, Verónica Pascual; Alicia Richart, directora general para España y Portugal de la empresa de inteligencia artificial Afiniti; Elena Pisonero, presidenta ejecutiva de Taldig y José María Abad, profesor de ICADE y consultor.

Pero los nombres afines al PP son muchos también. Como Ramón Gil-Casares, secretario de Estado de Asuntos Exteriores con Aznar. O Nuno Crato, exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal durante el Gobierno del derechista Pedro Passos Coelho, partido hermano del PP.

En el podio están tres exministros de Gobiernos del PP: Fátima Báñez, Josep Piqué y Ramón Escolano. Tres ausentes en el acto de este viernes, en el que Feijóo ha hablado de “salir de trincheras y capillas”, y de “huir de facciones ideológicas”. Báñez fue la ministra de Trabajo de Rajoy que aprobó, y aplicó, la reforma laboral de 2012 que 11 años después no se ha revertido del todo. Hoy trabaja para la CEOE e Iberdrola. En cuanto a Piqué, tras su paso por Industria es un habitual en consejos de administración de diferentes empresas y para distintos cargos. 

La fundación del PP ha echado a andar, por tercera vez, en pleno año electoral y solo como una colección de nombres más o menos reconocidos. El resultado de sus trabajos está por ver.

El exministro de Economía Román Escolano ha fichado por la consultora financiera EY, según ha publicado el medio digital La Información este jueves. El economista se ha convertido en asesor externo de una de las principales consultoras a nivel internacional, tras menos de tres meses al frente del Ministerio de Economía. Escolano accedió al cargo durante el último mandato de Mariano Rajoy tras la marcha del Luis de Guindos a la presidencia del Banco Central Europeo. 

El nuevo contrato de Escolano ha requerido el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses, como suele ocurrir con los exdirigentes políticos. En un principio, la institución, que depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, no ha encontrado impedimento para que el exministro lleve a cabo las funciones de consultoría que requerirá su nuevo contrato. 

Además de sus labores de asesoría con EY, Escolano también ejerce como profesor del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), en donde se encarga de su internacionalización e imparte asignaturas sobre finanzas en grado y posgrado

Escolano fue ministro de Economía, Industria y Competitividad algo menos de tres meses en el último Gobierno de Mariano Rajoy, desde su nombramiento en sustitución de Luis de Guindos, publicado en el BOE el 8 de marzo, hasta primeros de junio cuando el Congreso aprobó la moción de censura presentada por el PSOE contra el Ejecutivo del PP. 

De hecho, es el tercer ministro que menos tiempo ha durado como encargado de una cartera ministerial en toda la democracia española al permanecer en el puesto 85 días, solo por detrás del exministro de agricultura, Pesca y Alimentación, José Luis García Ferrero, que duró 81 días en el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, y Màxim Huerta, el exministro de Cultura y Deporte del actual Gobierno de Pedro Sánchez que solo duró en el cargo seis días al dimitir tras destaparse que fue condenado en 2017 por defraudar a Hacienda.

Escolano marcó como prioridades de su departamento la estabilidad presupuestaria, la continuidad de las reformas y la apertura al exterior, así como un impulso a la internacionalización de las empresas españolas y a la integración de España en la Unión Europea.

Cercano a De Guindos, fue con él como ministro cuando Escolano fue designado presidente del ICO entre 2012 y 2014 y fue el propio De Guindos el que propuso su nombramiento como vicepresidente del BEI en 2014. Además, ha trabajado con los gobiernos del PP de José María Aznar y de Mariano Rajoy.

Màxim Huerta ya ha pasado a la historia de los Gobiernos españoles. El hasta ahora ministro de Cultura ha dimitido de su cargo tras conocerse que defraudó a Hacienda más de 200.000 euros y asegurar que todo respondía a un “cambio de criterio”. Una situación que ha hecho insostenible que continuase al frente de su departamento, y que le ha convertido en el ministro más breve de la democracia. Huerta ha durado algo más de seis días en el puesto, desbancando así al que hasta ahora lideraba esta lista: José Luis García Ferrero, de UCD, que estuvo al frente de Agricultura durante 82 días en 1982.

El nombre de García Ferrero fue recordado hace solo dos semanas por el cambio de Gobierno que provocó la moción de censura a Mariano Rajoy. Entonces se hablaba de que Román Escolano, que sustituyó en el Ministerio de Economía a Luis de Guindos en marzo, había sido el ministro más breve. Pero como recordó El País, fue este político de los 80 el que menos tiempo estuvo como responsable de un departamento de este nivel. Su nombramiento lo decidió Leopoldo Calvo-Sotelo en septiembre de 1982. El 28 de octubre, se celebraron las elecciones que ganó Felipe González. Desde ahí estuvo en funciones, hasta que salió del cargo definitivamente el 2 de diciembre.

Le sigue en la clasificación Ignacio Camuñas, que fue ministro de Relaciones con las Cortes con Adolfo Suárez en 1977. Camuñas duró 85 días en el cargo, un periodo que abarca desde el 9 de julio al 28 de septiembre de ese año, hasta que dimitió del mismo.

Después está Escolano, con 92 días días como titular de Economía. Para acceder a ese cargo que al final resultó ser tan efímero, el ministro de Rajoy dejó su puesto de vicepresidente en el Banco Europeo de Inversiones. Su mandato ya no iba a ser largo por incorporarse casi a mitad de la legislatura, pero fue aún más corto de lo que se podía esperar.

Tras Huerta, García Ferrero y Escolano, está Carlos Westendorp. El socialista fue ministro de Asuntos Exteriores menos de cinco meses con Felipe González. Fue en 1996, cuando entró al ministero para sustituir a Javier Solana, que se fue por su nombramiento como secretario general de la OTAN. Duró hasta las elecciones de marzo de ese año, en las que ganó José María Aznar. Otros de los que forman parte de la lista de los más breves son Manuel Jiménez de Parga o Félix Manuel Pérez Mirayes.

Huerta les ha superado a todos por su fraude a Hacienda. El rescate de las palabras de Pedro Sánchez de 2015, en las que rechazaba a los dirigentes políticos que creasen “una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos de lo que les toca”, ha expuesto especialmente al periodista y escritor.

Si no quieres perderte ninguna noticia de eldiario.es, síguenos en Instagram y TelegramInstagramTelegram

El anuncio del nombramiento de Román Escolano como ministro de Economía llegó de manera escueta, a través de una nota de prensa del presidente Mariano Rajoy. Y con la salida de éste tras el éxito de la moción de censura, llegará también su salida del Ministerio. Su mandato no ha llegado a 90 días y concluye en la misma jornada en que su predecesor, Luis de Guindos, asume la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

No ha llegado al plazo de 100 días de confianza que oficiosamente se da a los cargos públicos. Accedió al cargo bajo la etiqueta de tecnócrata, dejando su anterior puesto como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, al que accedió en sustitución de la socialista Magdalena Álvarez. Antes de aquello, fue presidente del ICO.

En su pasado más lejano se haber sido número uno de su promoción de técnicos comerciales y económicos del Estado a finales de los años ochenta. Aunque fue durante el periodo de gobierno de José María Aznar donde su nombre empezó a tomar más presencia. Ocupó cargos en empresas públicas como Correos o organismos como el Icex. Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, Escolano pasó a la empresa privada, ocupando la dirección de relaciones institucionales de BBVA.

De su época más reciente, la de ministro de Economía, el corto periodo de tiempo con el que ha contado no le ha permitido grandes reformas. Uno de los hitos más importantes en estos dos meses largos ha sido el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Una decisión que no ha estado exenta de polémica, por los tiempos. El nombramiento apareció publicado el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), horas antes de que arrancara el debate de la moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez.

De este modo, el Gobierno saliente se aseguraba el nombramiento de su elección para gobernador, un puesto que no puede ser removido por el Gobierno y que tiene una vigencia de seis años. Para ello, aceleró los plazos, ya que Luis María Linde, el actual responsable de la institución tenía todavía mandato hasta el próximo viernes, 8 de junio. Esta decisión fue tildada de “poco democrática” por la oposición cuando Escolano acudió al Congreso a anunciar la decisión.

Más allá de este asunto, Escolano ha participado en la defensa de los presupuestos generales de 2018, aprobados hace apenas 10 días, justo antes de la sentencia del caso Gürtel. Fuentes del ministerio destacan además la propuesta sobre la construcción económica de la UE, impulso a la política de ciencia e industria y un plan de comercio minorista para la digitalización.

Escolano se despide aludiendo en sus últimas declaraciones a la “grave irresponsabilidad” para la estabilidad económica de la presentación de una moción de censura. En el tintero de temas por desarrollar dejados por Guindos antes de su despedida y que Escolano tampoco ha avanzado se encuentra principalmente el proyecto de división de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la creación de un supervisor de seguros.

Tampoco en el sector financiero ha habido avances, con una situación de Bankia en Bolsa que no le ha permitido realizar nuevas desinversiones, e incluso ha hecho llamamientos a agotar los plazos para intentar maximizar la recuperación de lo invertido en el rescate de la entidad financiera. También deja pendiente la aprobación en el Congreso de la nueva ley hipotecaria.

El ministro de Economía, Román Escolano, ha anunciado en el Congreso que “impulsará una serie de reformas” desde su departamento encaminadas a “relanzar el proyecto de Ley de racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza” de manera que “se dividirá la actual Comisión Nacional del Mercado de la Competencia creándose una nueva autoridad independiente de competencia y otra de regulación y supervisión de mercados”.

Escolano ha señalado también que “se crearán sendas autoridades independientes de seguros y planes de pensiones y de protección de los ahorradores”, además “se integrará el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que también tendrá naturaleza de autoridad independiente”.

El ministro de Economía ha colocado el compromiso adquirido por su antecesor Luis de Guindos, ahora candidato a la vicepresidencia del BCE, como uno de los ejes de su política al frente del ministerio, una vez que ha asegurado que su nombramiento “no va a suponer una ruptura con la política económica de los últimos seis años. No hay cambio de rumbo a la política económica”.

“Una parte de las fortalezas de una economía avanzada procede de la calidad de sus instituciones publicas, en especial de las instituciones reguladoras. Los organismos independientes son esenciales para que los mercados funcionen de forma eficiente y competitiva”, ha argumentado el ministro, por lo que retoma el plan de trocear al superregulador “con el objetivo perseguido de potenciar la excelencia en la gestión”.

“Facilitar al máximo la actividad de las empresas”

Además ha añadido que las “actuaciones del ministerio pondrán el foco en facilitar al máximo la actividad de las empresas” y para “mejorar el clima de negocio y remover obstáculos” mediante tres medidas. Por un lado, Escolano ha comentado que se van a “revisar los instrumentos públicos de apoyo financiero a las empresas, como el Instituto de Crédito Oficial, Axis, Enisa, y CEDETI para mejorar la eficiencia y fomentar la coordinación y complementariedad y facilitar el acceso a la pyme”.

Junto a esta revisión de los organismo públicos de financiación, el ministro ha remarcado que se “potenciará la actividad de la Compañía Española de Reafinzamiento, Cersa, para que el crédito fluya a la industria y pymes a través del sistema nacional de entidades de garantía recíproca”.

Por último también ha añadido que “la secretaria general del Tesoro avanza los trabajos para la implantación de caja de pruebas para mejorar la regulación financiera española. Se trata de diseñar un espacio controlado para que las fintech puedan desarrollar y prestar servicios pero con alcance y características bien definidas, con las cautelas de seguridad necesarias. Con ello pretendemos colocar a España en la posición de cabeza en la innovación del sistema financiero”.

“Conferencia en Zaragoza, que para eso es mi ciudad”

Otra de las prioridades que ha señalado es “fomentar la presencia en el exterior de nuestras empresas”, para lo que se hará “una revisión de los instrumentos financieros de internacionalización”, la participación de España en “la nueva filial destinada a la financiación de la actividad europea del desarrollo y a proyectos internacionales de empresas” del Banco Europeo de Inversiones, dar a conocer los instrumentos de financiación en “una Conferencia Nacional de sobre Exportación e Internacionalización en Zaragoza, que para eso es mi ciudad”, y la celebración de una “Conferencia Autonómica con los consejeros de los que dependen las competencias de internacionalización, para ver en qué aspectos podemos trabajar para estrechar nuestra colaboración”.

Antes de entrar en la Comisión donde ha explicado las líneas generales de su departamento, Escolano ha declarado que estamos “lejos de poder hablar de una burbuja inmobiliaria. El peso de la construcción ha bajado 8 puntos desde poco antes de la crisis. Debemos hablar, más bien, de una recuperación del sector importante para la recuperación de la economía y el empleo”.

“España cumple: hemos reducido el déficit público de 2017 al 3,07%. Un dato fundamental para seguir creciendo, creando empleo y garantizando nuestros servicios públicos”. Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzaba hace menos de diez días un mensaje en la cumbre de la UE de solidez económica y compromiso con la estabilidad financiera frente al resto de Estados reunidos en Bruselas que se ha diluido con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

Las movilizaciones de pensionistas, funcionarios y otros colectivos a un año de las elecciones autonómicas y municipales han provocado que el Gobierno opte por unos presupuestos con tintes electoralistas con la intención de rebajar la tensión en la calle. Estas cuentas públicas exceden la palabra dada en el Plan Presupuestario de 2018, que el Gobierno envió a Bruselas en noviembre de 2017. 

Entonces la Comisión Europea dio el visto bueno al planteamiento de las cuentas públicas del Ejecutivo Rajoy aunque puso algunas objeciones. “El proyecto de España es globalmente conforme a las exigencias para 2018 porque prevemos que el déficit nominal pasará claramente por debajo del valor de referencia del 3%, pero el esfuerzo presupuestario sigue siendo claramente inferior al nivel recomendado”, dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.  

A pesar del aviso de Bruselas en forma de llamada de atención pidiendo un “esfuerzo presupuestario”, el Gobierno va a responder con la previsión de una subida de ingresos y un incremento de gasto que no tienen nada que ver con los planteado a la Comisión. 

Si en Europa reinaba la desconfianza porque España cumpliera su objetivo de déficit del 2,2% del PIB en 2018, entonces la Comisión avisó de que el esfuerzo fiscal será “muy insuficiente” y se desviará del ajuste de cinco décimas del PIB que pidió Bruselas en 2016, ahora el Gobierno apunta que cumplirá  bajando impuestos e incrementando el gasto.

El primer síntoma de incumplimiento llegaba con el anuncio del Banco de España de que el conjunto de las administraciones públicas sumaron una deuda 1.144.298 millones de euros en 2017, lo que supone incumplir por dos décimas el objetivo del 98,1% del PIB propuesto por el Gobierno, que pretendía rebajar la deuda en nueve décimas. La propuesta que recibió la Comisión es que en 2018 la deuda se va a reducir al 96,8% del PIB.   

En los ingresos, el Gobierno propuso a Bruselas que “se espera que en 2017 y 2018 las medidas adoptadas en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal supongan un incremento de la recaudación significativo” cuando la realidad es que la recaudación por fraude fiscal se ha estancado en los dos últimos años. En 2017, se redujo un 0,61%, lo que supuso una caída ligera hasta los 14.792 millones de euros. 

La propuesta que puso sobre la mesa Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y hoy candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, añadía un incremento de 3.340 millones en el lado de los ingresos vía impuestos que, posteriormente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha elevado a 6.129 millones de euros sobre lo recaudado en 2017 en el proyecto de Presupuestos.   

En términos de creación de empleo el Gobierno también ha sido más ambicioso en el proyecto de Presupuestos que en el plan que aprobó la UE. La Comisión recibió una tasa de paro del 15,5% en 2018, mientras que  el ministro de Economía, Román Escolano, señaló que la tasa de paro caería hasta el 15%, un rebaja que ayuda a justificar la caída de gastos en prestaciones de desempleo y un incremento de las cotizaciones sociales y de la recaudación por IRPF.  

“Congelación de salarios públicos”

En el capítulo de gastos, el Plan Presupuestario del Gobierno que envió a Bruselas sobre el sueldo de los funcionarios recoge que “la ratio se reduce de 2017 a 2018 hasta alcanzar el 40,6 por ciento del PIB, consecuencia de la contención del gasto público debido, en gran medida, al supuesto de congelación de los salarios públicos por tratarse de un escenario a política constante”. Nada que ver con el incremento que va a suponer la equiparación de los sueldos de guardias civiles y policías, que en 2018 se ha contabilizado en unos 500 millones de euros, ni la subida salarial que han pactado Hacienda y los funcionarios, que en 2018 está acordada en un 1,75%.  

Además el Gobierno se comprometió con Bruselas a que la tasa de reposición solo sería “del 100% en los organismos públicos de investigación y en las universidades” y sería “0 salvo en sectores prioritarios en los que será del 50%”, cuando el pacto firmado con los sindicatos por Montoro es del 100% en las Administraciones que hayan cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y del 75% con aquellas que no cumplan. 

En cuanto a pensiones, el Gobierno le vendió a la Comisión que “para la proyección del gasto de la seguridad social, se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización del 0,25 por ciento de las pensiones, según lo previsto en la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social para 2018”, una propuesta que no tiene nada que ver con la subida del 3% de las pensiones mínimas que Montoro anunció en la presentación de los Presupuestos.

El Gobierno ha dado por amortizado hasta la “notable incertidumbre” por el desafío independentista en Catalunya que apuntaba Moscovici como posible factor desestabilizador de la economía española, pese a que la situación ha empeorado en las calles con la detención y encarcelamiento de los políticas independentistas.

Además, no hay visos de que las formaciones soberanistas acuerden un Gobierno antes de la fecha límite del 22 de mayo, con lo que el PNV se negará a dar el necesario apoyo al Gobierno hasta que no se levante la intervención de la autonomía catalana por el artículo 155 de la Constitución. Montoro fijó la primera semana de abril como límite para conseguir apoyos a los Presupuestos de 2018. Con estos antecedentes, Bruselas se mantendrá vigilante.

Los agentes sociales recelan del optimismo económico del Ejecutivo de Mariano Rajoy para unos presupuestos con objetivo electoral. El Gobierno fía a unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros en 2018, los mejores de la historia, un 4,5% superiores a los de 2017 pero un 6%  mayores frente a lo finalmente recaudado el pasado año, la posibilidad de cuadrar un presupuesto que prevé, entre otras cosas, rebajas de IRPF y subidas de pensiones y de sueldo para los funcionarios. Y todo ello, reduciendo el déficit público al 2,2% del PIB y saliendo del protocolo de déficit excesivo de Bruselas. Las elecciones municipales y autonómicas de 2019 se han cruzado en el camino presupuestario.

Una cuadratura del círculo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató de resolver aludiendo “a la creación de empleo y al incremento de la recaudación” que van a suponer las cifras macroeconómicas que presentó con antelación su homólogo en Economía, Román Escolano, para 2018: crecimiento del PIB del 2,7%, creación de “475.00 nuevos empleos” hasta alcanzar la cifra de “19,473 millones de ocupados” e inflación del 1,5% basados en el tirón de la demanda interna y las exportaciones.

Montoro, apuesta a que la recaudación por IRPF aumentará un 6,5% este año, hasta los 82.056 millones de euros, a pesar de elevar de 12.000 a 14.000 euros el mínimo exento o de conceder nuevas deducciones por gastos de guardería o cónyuges por discapacidad. Además, el ministro de Hacienda defiende que el impuesto de Sociedades crecerá un 4,8% (24.258 millones), la recaudación por el IVA subirá un 5,6%  (71.575 millones) y los Impuestos Especiales se incrementarán en un del 6,4% (21.612 millones de euros).

El problema del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que solo ellos se creen estas cifras. La patronal CEOE no tuvo reparos en señalar “un claro sesgo de momento político” en unos presupuestos que están basados en un incremento del gasto apoyado en una “sobreestimación de las previsiones de ingresos” que no se corresponde con el repunte esperado del crecimiento económico. 

Aunque Escolano insistió en el “escenario prudente” para dibujar el marco de las cuentas públicas “siguiendo la senda de consolidación presupuestaria”, los empresarios apuntan al carácter “expansivo” en la vertiente de los gastos que argumenta en “el aumento de las transferencias a las comunidades autónomas, junto el incremento de las pensiones y la senda de crecimiento pactada para los salarios del personal del sector público y otros colectivos, son una señal del fin del ajuste de la política presupuestaria”. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno y apuntó que “la senda de crecimiento prevista para 2018 se considera prudente y su composición verosímil”, aunque rebajó la visión triunfal del Ejecutivo apuntando a una “evolución contenida tanto del consumo público como del privado” y que “la demanda externa consolida su aportación positiva moderada”.

En el terreno de los ingresos, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron el “optimismo deliberado” del Gobierno con previsión de ingresos tributarios “sobrestimada”, teniendo en cuenta la rebaja del IRPF de unos 2.000 millones. Los técnicos de Hacienda no entienden que con esta reducción de impuestos se supere en un 6,5% la recaudación de 77.038 millones de euros en 2017.

“Las cuentas no cuadran”

“Las cuentas no cuadran”, apuntaron desde Gestha, que han recordado que el “agujero” en la recaudación tributaria del pasado año fue de 7.000 millones sobre los ingresos presupuestados. El sindicato además pone en duda que la rebaja fiscal se convierta en un multiplicador del crecimiento del PIB cuando la merma por la reforma fiscal entre los años 2015 y 2016 ha supuesto un recorte del PIB de un 0,55% y un 0,58%, respectivamente.

A esta crítica se une que la recaudación por fraude fiscal se ha estancado en los dos últimos años. En 2017, se redujo un 0,61%, lo que supuso una caída ligera hasta los 14.792 millones de euros.  

Los sindicatos recalcaron los problemas estructurales de las fuentes de ingresos y la necesidad de hacer una reforma fiscal integral. Desde Comisiones Obreras se apuntó que este proyecto incluye medidas “parciales y limitadas en el tiempo” que tratan de responder a las movilizaciones de pensionistas. El sindicato considera que la bajada de impuestos no soluciona el empobrecimiento que sufren las clases medias y bajas y ha denunciado que no se ha anunciado medida complementaria alguna que permita mejorar la recaudación fiscal.

Desde UGT calificaron el proyectos de cuentas públicas como “otra oportunidad perdida”,  a la vez que han reclamado una reforma fiscal integral, que actúe sobre todas las figuras tributarias y tenga como eje central el nivel de renta de la población contribuyente.

En otro sentido se posicionó el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, que puso el acento en que aunque el gobierno prevé que “la economía española crecerá un 2,7%, el gasto social va a crecer en 1,1%, es decir, tres veces menos. Esto consagra que el gobierno del PP está empeñado en que el gasto público en España se vaya reduciendo paulatinamente en términos del PIB hasta que sea el 38%, como han señalado ya en el plan de estabilidad enviado a Bruselas”.

La portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, apuntó: “No sabemos en qué bolsillo se está quedando (el crecimiento económico), pero no está llegando a los bolsillos de la gente”, subrayando que “es necesario, posible y viable revertir los recortes” y que “la lógica presupuestaria se debería articular sobre base mínima de ingresos”.

Aunque hace años que el ladrillo no marca la economía española y el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha encomendado al sector exterior y al consumo interno para sortear la crisis, el ministro de Economía, Román Escolano, se ha estrenado ante los periodistas en una rueda de prensa tras el consejo de ministros extraordinario que ha aprobado los Presupuestos de 2018 para destacar “la transformación del patrón de la economía española” por la que “hay diez puntos más de aportación de la exportación a la economía española, hasta el 33% del PIB, somos una potencia exportadora, y se ha producido una caída de otros diez puntos en la contribución de la construcción a la economía española. Estamos en la economía de la competitividad y del sector exterior y no del ladrillo”.

El ministro de Economía ha destacado estos elementos como factores para hacer “un alza en las estimaciones de crecimiento en 2018 de cuatro décimas que llevaran la previsión de crecimiento económico al 2,7%, que sitúa a España en cabeza del crecimiento económico de los países europeos”. La previsión de crecimiento tendrá lugar en “un contexto de estabilidad de precios”, con una previsión de inflación en el 1,5%, una “cifra razonable”, según el ministro.

Este incremento del PIB llevará, según Escolano, a convertir 2018 en otro año “particularmente intensivo en la creación de empleo, con 475.00 nuevos empleos”, de manera que el Gobierno espera que a fin de año se alcance la cifra de “19,473 millones de ocupados, los desempleados de la EPA bajarán en 340.000 personas y la tasa de desempleo se sitúe en el 15%, el dato más bajo del paro que no vemos desde 2008”.

La insistencia de Escolano para definir la transformación de los fundamentales de la economía española se contradecía con sus propias palabras cuando ha asegurado que se mantiene la “tendencia en los últimos años, con un proceso de expansión del crecimiento de la demanda interna, pero también de la demanda externa. Ahora la economía española ha cambiado y los dos reactores están funcionando a la vez”.

La aportación de la demanda nacional alcanza los 2,3 puntos porcentuales frente a los 1,8 puntos porcentuales en la anterior previsión, con un comportamiento más dinámico de la inversión en capital fijo y del consumo. Por su parte, la demanda externa aporta una décima menos de lo previsto en el anterior escenario, hasta los 0,4 puntos porcentuales.

El ministro no ha dudado en señalar los vientos de cola que están facilitando el despegue de la economía española. Por un lado, ha destacado “la mejora del marco económico exterior, especialmente en Europa y en el conjunto de la economía mundial” que favorece al sector exterior. Las tensiones comerciales que está provocando la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la respuesta de la Unión Europea todavía no tienen efecto sobre los intercambios comerciales, según ha admitido Escolano, que ha añadido que como contrapartida están impulsando la formalización de los convenios comerciales entre la UE y México y Mercosur.

Las hipótesis en las que se basa el cuadro macroeconómico parten de un mayor crecimiento del PIB mundial, excluida la zona euro, hasta el 4,1% respecto a las proyecciones de octubre, y también un mayor crecimiento en el PIB de la zona euro, 2,4% frente al 1,8% anterior. El precio del petróleo sigue ayudando a la política económica del Gobierno, aunque se trabaja con la estimación de un encarecimiento del barril de Brent, la previsión con la que se trabaja es de 66,4 dólares el barril, todavía lejos de precios que podrían provocar tensiones.

Por otro lado, el Gobierno asume que el problema político en Catalunya ya está amortizado “por la menor incertidumbre política existente tras la aplicación del artículo 155”, de manera que lo han eliminado como elemento de desestibilización económica, pese a las últimas detenciones y encarcelaciones de políticos independentistas que han provocado movilizaciones y protestas.

Además, Escolano ha destacado la “mejora de la formación brutal del capital, de la inversión, especialmente de la inversión empresarial”, como otro factor importante como “creador de empleo e impulsor de la demanda, capacidad de oferta”.

En este sentido, el ministro de Economía ha subrayado el desempalalancamiento del sector privado, que “ha reducido deuda en 60 puntos del PIB”, a lo que añadió la capacidad de financiación sin tener que ir al exterior. Las dudas que lanzó el Banco de España cuando puntualizó que España incumplirá hasta 2020 sus objetivos de déficit y que este año se situará en el 2,5%, tres décimas por encima del objetivo, no serán un obstáculo ya que Escolano ha insistido en que este año se saldrá del proceso de déficit excesivo (por debajo del 3%) pero además se cumplirá con el objetivo del déficit del 2,3%.

Las protestas de los pensionistas, que se han organizado para presionar a la clase política cuando solo falta un año para las elecciones autonómicas y municipales, parecen haber dado algunos frutos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en una reunión extraordinaria los séptimos Presupuestos Generales del Estado de la era Rajoy. Se desconocen aún en detalle las cifras que los sustentan, y que se desvelarán el día 3 de abril cuando entren en el Congreso de los Diputados.

Lo que se sabe ya es que incorporan una mejora del PIB del 2,7% (cuatro décimas más que en las anteriores previsiones) y una mejora de las pensiones (con efecto de 1 de enero) de entre un 1% y un 3%. En concreto las pensiones mínimas (2,4 millones) y no contributivas (450.000) crecerían un 3%, las que no superan 700 euros mensuales (9.800 al año), un 1,5%, y las inferiores a 860 euros (12.040 euros anuales) subirían un 1%. Por su parte, las pensiones de viudedad verán aumentadas dos puntos sus bases reguladoras.

En total, se trata de un gasto de 1.000 millones de euros, que se añade a otros 2.000 de rebaja de IRPF y suma lo que definen como “3.000 millones para favorecer a las rentas bajas y medias”. En este segundo bloque incluyen 1.000 euros anuales de deducción por gastos de guardería, 1.200 de deducción por cónyuge con discapacidad, y una elevación de las deducciones por familia numerosa.

Todas estas medidas, a las que se debe añadir la subida salarial para funcionarios y la progresiva equiparación de sueldos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, serán compatibles con una bajada de déficit por debajo del 3% que permita salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas este año “gracias a los ingresos”, ha dicho Montoro. Su cálculo es que estos crecerán hasta los 210.015 millones de euros, un 4,5% más de lo presupuestado en 2017, y un 6% más de lo realmente recaudado (ha habido un desfase entre ambas magnitudes).

Nuevo mensaje para Albert Rivera

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha elevado un punto la subida máxima de las pensiones anunciada ayer por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la presentación de su acuerdo con el Gobierno para aprobar el presupuesto. Preguntado por la diferencia, Montoro ha insistido en que el proyecto de presupuestos “en democracia es prerrogativa del Gobierno” y no de un grupo político “aunque bienvenido el apoyo”. De lo que habló ayer Rivera era de medias (la subida es de entre un 1% y un 2,5%), y hoy el Gobierno ha desgranado la propuesta. Ayer Montoro fue aún más crítico con el partido naranja, que se ha atribuido las medidas más sociales de los presupuestos. 

No obstante, ha dado la bienvenida al apoyo comprometido por la formación de Rivera, y ha lanzado un “agradecimiento aprioristico” al resto de los grupos cuyo respaldo necesitan para evitar que les devuelvan las cuentas. “Pretendemos obtener los apoyos de los mismos grupos político que en 2017”, es decir, del PNV, CC, Foro Asturias, UPN, y PAR.

En todo caso, sigue sin estar nada claro que estas cuentas vayan a entrar en vigor, debido a la negativa de los nacionalistas vascos a sentarse a negociar mientras el 155 siga en vigor en Catalunya. 

Bajada del IVA del cine, mejoras salariales para funcionarios

Con un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3% más, los nuevos Presupuestos contemplan unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros.

Según el proyecto, todos los impuestos experimentarán un incremento, que será del 6,5% en el IRPF (hasta los 82.056 millones), del 4,8% en Sociedades (24.258 millones), del 5,6% en el IVA (71.575 millones) y del 6,4% de los Impuestos Especiales (21.612 millones de euros), informa EP.

Para explicar cómo es posible que el IRPF se reduzca 2.000 millones y que se contemple una subida de los ingresos por este impuesto, Montoro ha explicado que se espera cuadrar las cuentas gracias a una mejora salarial y a la propia reducción del paro.

Por el lado de los gastos, el presupuesto de gastos no financieros alcanzará los 154.436 millones de euros, lo que supone un 1,6% más que las cuentas de 2017, al tiempo que la financiación de las administraciones territoriales sumará 34.602 millones de euros, un 2,7% más que el presupuesto del año anterior.

Montoro destacó que los Presupuestos de 2018 incluyen una mejora de las pensiones mínimas, que subirán entre el 1% y el 3%, y de  al tiempo que en el IRPF habrá una rebaja para pensionistas y familias.

En concreto, la rebaja del IRPF, que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, será de unos 2.000 millones de euros, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes. En el caso de los pensionistas habrá una rebaja adicional para los que cobren hasta 18.000 euros anuales.

Junto con estas medidas, la rebaja del impuesto incluirá varios deducciones en la cuota, como la referida a gastos de guardería (1.000 euros anuales), por cónyuge con discapacidad (1.200 euros anuales) o por familia numerosa (se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido, con carácter general, a partir del 4º hijo inclusive).

Los PGE también incluyen medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79%.

En materia de oferta de empleo público, se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa de reposición sube al 115%. Además, los PGE incorporan también el acuerdo del Ministerio del Interior con los sindicatos que contempla 1.207 millones en tres años para conseguir en 2020 la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y que, en la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.

A su vez, se incluye la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de 30 millones de euros para las becas y ayudas generales, hasta los 1.450,33 millones de euros. Igualmente, habrá un aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir de 2018, según lo acordado por el Gobierno y Ciudadanos.

Otras medidas que incluyen los PGE es un aumento de 46 millones a la política de dependencia, el crecimiento del 16,5% de la inversión en infraestructuras, además de 7.044 millones de euros (+8,3%) para I+D+i, así como un incremento del 6,2% del presupuesto destinado a Industria y Energía y un alza del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, que el Gobierno no ha cuantificado.

Tras la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno presentará el libro amarillo de las nuevas cuentas públicas en el Congreso el martes siguiente, 3 de abril, con lo que se dará inicio a su tramitación parlamentaria que se prolongará alrededor de tres meses. Durante el mes de abril se producirán las comparecencias de los altos cargos en el Congreso y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado. Ahí ya se sabrá si PNV permite o no su aprobación en mayo para llegar en junio al Senado y continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva a mediados de ese mes.

La salida anticipada de Román Escolano de la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no significará que España pierda el puesto en esta institución, según han asegurado a eldiario.es fuentes del Ministerio de Economía. De este modo, el Gobierno debería nombrar próximamente un nuevo representante en la entidad financiera europea.

Se trata de una silla que se reparten España y Portugal de forma rotatoria cada seis años. El futuro ministro de Economía llevaba en el cargo desde 2014. Pero España ya lo ocupaba desde 2010, cuando fue nombrada para el mismo Magdalena Álvarez. Escolano sustituyó a la ex ministra de Fomento cuando fue imputada por el caso de los ERE. En total, hace ocho años que España ocupa la vicepresidencia del BEI.

Lo cierto es que existe el precedente de que un país ocupe el puesto antes de tiempo por la salida anticipada de la persona que lo desempeña. Así, en 2010 el portugués Carlos Da Silva Costa cedió el testigo a la española Magdalena Álvarez para ser el gobernador del Banco Central de Portugal. Da Costa Solo llevaba desde 2006 ocupando una de las ocho vicepresidencias del BEI. En 2014 Portugal no puso obstáculos a que Álvarez fuera sucedida por Escolano, pero habrá que ver qué ocurre en esta segunda ocasión en que se quiere cambiar al representante español. En todo caso existen acuerdos diplomáticos entre ambos países vecinos que podrían facilitar la permanencia de España en el BEI.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por hecho que se va a perder el puesto. “No es positivo para el peso de España en Europa. Al final, lo que habíamos ganado en el Banco Central Europeo con De Guindos lo perdemos en el BEI”, señaló Rivera, que se reunió precisamente hoy con Escolano y otros altos funcionarios europeos en Luxemburgo pocos minutos antes del anuncio. “Hay que hacer declaraciones con conocimiento de causa, sabiendo de qué se habla, porque es bueno no causar a la gente inquietudes”, ha aseverado al respecto el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

El BEI incrementó su financiación en España en 2017 al pasar de 10.040 millones en 2016 a 10.195 millones. El país recibe el 14% de la financiación total del grupo (formado también por el Fondo Europeo de Inversiones). Del total de financiación, 6.200 millones se destinaron a facilitar el crédito en condiciones favorables a 61.000 pymes, con un préstamo medio de 93.360 euros.

Creado en 1958 por el Tratado de Roma, es una institución de préstamo a largo plazo de la Unión Europea y presta dinero a los sectores público y privado para proyectos de interés europeo.

Mariano Rajoy ha desvelado por fin quién será el sucesor de Luis de Guindos. El elegido es Román Escolano, un nombre que no sonará a la mayoría a pesar de que lleva años ocupando puestos en organismos económicos, siempre designado por gobiernos del Partido Popular, y que se mencionaba insistentemente en las quinielas.

Colaborador y favorito del hasta ahora ministro de Economía, que fue quien le recomendó como asesor económico del Gobierno de José María Aznar, viene de la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), donde sustituyó a Magdalena Álvarez en 2014. Anteriormente fue presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), desde 2012.

Nacido en Zaragoza en 1965, casado y con tres hijos, Escolano tiene un perfil de los que se denominan como técnicos o tecnócratas. Este adjetivo se aplicó en su día al propio De Guindos cuando fue nombrado, aunque al final se le haya reprochado precisamente tener un carácter demasiado político. Es incierto que Escolano vaya a tener tiempo de desarrollar una personalidad tan marcada como su antecesor. Otra de las características que comparte con su mentor es que, como De Guindos, es un teco –técnico comercial y economista del Estado–. Fue número uno de su promoción, en 1989.

Antiguos colaboradores le definen como una persona muy culta y multilingüe (maneja el inglés, el francés y tiene conocimientos de alemán). Buen orador, a su paso por el ICO, Escolano se esforzó por modernizar e internacionalizar el organismo, e hizo traducir la página web a idiomas como el chino y el japonés. Escolano había sido director de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tailandia entre 1992 y 1997 y miembro del Patronato de la Fundación Consejo España-China (2008-2011). Pero también dejó como herencia a algunos altos cargos cuya fuerte carga ideológica es cuestionada internamente.

Tras dirigir el departamento de Economía del Gabinete de Aznar, fue director de Relaciones Institucionales del BBVA entre 2006 y 2011, la mayoría de los años del gobierno socialista. Cuando el PP vuelve al poder es nombrado presidente del ICO, un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, posteriormente fue vicepresidente del BEI, desde donde ahora salta a la cartera de Economía.

Herencias que le deja De Guindos en el cajón

Entre las reformas que se le han quedado pendientes a De Guindos y que en principio debería asumir Escolano está la división de Competencia en dos organismos y la creación de un supervisor independiente de Seguros. En 2013, el Gobierno puso patas arriba el modelo de regulación sectorial y de la competencia con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo cuyo troceo ha exigido Ciudadanos.

Otra de las reformas interrumpidas del Gobierno de Rajoy es la liberalización de los colegios profesionales en España, reclamada por Bruselas en el cénit de la crisis económic. Se ha visto pospuesta y relegada una y otra vez desde que el Ejecutivo anunciara su puesta en marcha en 2012.

Además, De Guindos deja la inversión en Ciencia y la I+D+i en niveles de hace una década. El último presupuesto proponía una subida de un 4,1% respecto a 2016, para situarse en un total de 6.028 millones de euros. Una subida empañada por el recorte de un 2,6% de los recursos no financieros, que son aquellos de los que dependen los proyectos de investigación desarrollados en las instituciones públicas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto a Román Escolano como nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos. Escolano ocupaba hasta el momento la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones desde 2014, cuando sustituyó a la exministra de Fomento, Magadalena Álvarez. Con anterioridad había sido presidente del Instituto de Crédito Oficial.

Escolano tiene una amplia experiencia en la Administración Pública y menor en la empresa privada. Formó parte del Gobierno de José María Aznar desde el año 2000 al 2004 como director del departamento de Economía de su gabinete y previamente fue asesor del secretario de Estado para las Comunidades Europeas, consejero de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tailandia y Asesor del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Antes de entrar como presidente del ICO fue director de Relaciones Institucionales del BBVA. El nuevo ministro de Economía es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con el número uno de su promoción, y realizó un programa de alta dirección de empresas de la escuela de negocios IESE de España. Ha sido miembro de los consejos de administración de las empresas públicas españolas Correos y FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) y del ICEX.

El nombramiento de Escolano permitirá al actual ministro de Economía, Luis de Guindos, presentar una dimisión que ha ido retrasando desde su designación como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

Escolano se incorporará el próximo viernes día 9 de marzo a la reunión del Consejo de Ministros.

Reacciones

Diferentes cargos del PP han felicitado al nuevo ministro de Economía y han coincidido en que tiene la “gran responsabilidad” de seguir con el crecimiento económico y el empleo. La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha dado su “enhorabuena” a través de un mensaje en Twitter a Escolano, del que ha destacado su “brillante” trayectoria profesional para “reforzar el objetivo de consolidar la recuperación económica”

Por otro lado, el diputado de Ciudadanos, Toni Roldán, ha declarado que con el nombramiento del nuevo ministro de Economía “perdemos al mejor ministro, a un ministro reformista con el que nos hemos entendido bien”.

“Respetamos el nombramiento aunque pensamos que Rajoy ha perdido una buena oportunidad de realizar una remodelación más amplia y más ambiciosa, más cercana a las demandas que necesita reclama en estos momentos la sociedad y cuando hay ministros reprobados”, ha añadido.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha dicho que el nombramiento de Escolano indica “continuismo” y ha lamentado que Rajoy mantenga su “lógica” en el nuevo nombramiento.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha criticado el nombramiento de Román Escolano pues, a su juicio, supondrá la continuidad de las “políticas de empobrecimiento” que ha puesto en marcha su antecesor, Luis de Guindos.

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha manifestado que el “reto fundamental” que tiene el nuevo ministro de Economía pasa por “revertir la orientación de las políticas económicas que se están llevando en España” y conducirlas hacia “un crecimiento inclusivo”.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, ha puesto en valor la experiencia europea de Escolano y no augura que su nombramiento vaya a traer consigo cambios de la política económica. “Bienvenido al Ministerio”, ha dicho.

En los pasillos del Congreso, tras asistir a la comisión encargada de evaluar el Estado autonómico, Rosell ha señalado que conoce a Escolano desde hace “muchos años” y que su valoración sobre él es “positiva”. Singularmente ha destacado su experiencia europea que, a su juicio, en estos momentos es “clave” para la economía española.