El exdelegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), se ha reincorporado a la empresa privada tras cerca de una década de excedencia en la que ha ocupado diferentes cargos públicos, y lo ha hecho como nuevo responsable del Centro de Demostraciones Santander Smart City de Telefónica, ubicado en el Palacio de Riva Herrera, conocido como Enclave Pronillo.

El que fuera máximo representante del Estado en la comunidad autónoma desde el año 2012 y hasta la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de junio cuenta con una dilatada trayectoria política a sus espaldas, en la que ha ocupado cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Santander, como concejal de Juventud, Desarrollo Económico, Empleo o Protección Ciudadana, entre otras áreas, y ocupó también la Presidencia de Nuevas Generaciones de Cantabria.

Dio sus primeros pasos en el ámbito laboral en Telefónica, donde llegó en 1989, antes de su privatización definitiva a manos del Ejecutivo nacional que presidía José María Aznar. Desde el año 2007 estaba en excedencia en esta multinacional, a la que ahora regresa con un cargo vinculado con el Consistorio de la capital, ya que el Centro de Demostraciones Santander Smart City está ubicado en unas instalaciones públicas de propiedad municipal.

Ruiz, que abandonó sus estudios universitarios precisamente cuando se incorporó a la compañía, no tiene ninguna formación académica relacionada con la nueva tarea que le ha sido asignada. Este espacio fue inaugurado por el exalcalde Íñigo de la Serna (PP) y se puso en marcha en 2013 con un presupuesto de 200.000 euros fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Santander y Telefónica.

Según explica el Consistorio, este centro de demostraciones cuenta con tres áreas, que “arrancan en un espacio multimedia, para pasar a una zona de demostraciones guiadas sobre tecnologías vinculadas a las 'smart cities' y concluir en otra de autodemostraciones destinada a mostrar los detalles de la implantación de la plataforma de la Smart City en Santander y la transformación de los servicios municipales en áreas como la movilidad urbana, la energía, el medio ambiente, el turismo o la economía”.

Ruiz, que ha precisado a eldiario.es que se reincorporó a la empresa privada al mes de producirse su cese como delegado de Gobierno, no abandona la política activa y mantiene sus cargos orgánicos dentro del PP cántabro. “Sigo comprometido con el partido, pero ahora mismo mi trabajo está en Telefónica. Más adelante ya veremos qué pasa”, ha señalado.

De la Serna, también con las 'smart cities'

Su excompañero de partido, exalcalde de Santander y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), también acaparó todos los focos hace unas semanas tras anunciar su 'fichaje' por la empresa tecnológica NEC, una compañía que es la responsable de uno de sus proyectos estrella, la plataforma Smart City Santander, a través un polémico contrato que se adjudicó en la recta final de su mandato en el Consistorio por casi dos millones de euros.

De la Serna, que el pasado mes de septiembre había fichado por Seeliger y Conde, la misma empresa de 'cazatalentos' que Esperanza Aguirre, tras convertirse en el único miembro del Gobierno de Rajoy que se había quedado en paro tras la moción de censura, firmó un acuerdo con la compañía de origen japonés “para colaborar como asesor en la implantación de las smart cities”.

En el caso concreto de su nuevo destino profesional, la Junta de Gobierno Local de Santander aprobó apenas un mes después de la marcha de De la Serna la adjudicación de la plataforma Smart City y la puesta en marcha de la oficina técnica del proyecto a la UTE formada por las empresas Telefónica y NEC, por un importe de 1.787.152 euros y con un plazo de cuatro años para su desarrollo y posterior implantación.

Este contrato, que había sido inicialmente adjudicado a la empresa Indra, hubo de someterse nuevamente a valoración por el órgano de contratación municipal, tras el recurso planteado por la nueva adjudicataria. En su resolución, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó que uno de los méritos aportados por la UTE debió de ser valorado en su día por el órgano de contratación.

Además, el Ayuntamiento de Santander y la empresa japonesa NEC pusieron en marcha, bajo el mandato de De la Serna,  la herramienta que muestra de forma visual los datos recogidos por los sensores de la ciudad y el funcionamiento de los servicios que, como los residuos, la movilidad, el agua o la energía, se vayan incorporando a la plataforma de gestión inteligente 'Smart Santander'.

La moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy ha provocado que Samuel Ruiz (PP), hasta ahora delegado del Gobierno en Cantabria, tenga que dejar su cargo. Y para alivio de los colectivos sociales de la comunidad, su mandato termina antes de tiempo. Han sido seis años, desde su nombramiento en enero de 2012, en los que le han llovido continuas críticas y reproches por su tratamiento a integrantes de movimientos antidesahucios y en defensa de derechos sociales. 

Su legado ha estado señalado por las numerosas sanciones en el marco de la conocida como Ley Mordaza desde que entró en vigor en 2015. Y es que esta herramienta ha sido su espada de Damocles contra colectivos que han cargado durante este tiempo contra su gestión, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (Libres) o Cantabria No Se Vende (CNSV).

Tanto es así que el Defensor del Pueblo llegó a recriminarle la aplicación estricta de esta ley en la protesta del activista de la PAH, Óscar Manteca, multado y posteriormente indultado tras una ocupación en la sede de un banco. Este organismo enumeró al todavía delegado una serie de recomendaciones, y le exigió que antes de imponer sanciones escuchase a todas las partes y que respetase la presunción de inocencia de los acusados. Y es que el juez anuló la multa al activista por basarse solo en la versión policial. 

Asimismo, Libres reclamó la dimisión de Ruiz tras su gestión en torno a los altercados que se produjeron en el mitin que ofreció Pablo Iglesias en el Palacio de Festivales, donde hubo agresiones fascistas a periodistas y simpatizantes de Podemos. Desde este colectivo le criticaron que “no facilitara los datos” para identificar a los agresores de ultraderecha, recriminándole su “excesivo celo” a la hora de aplicar la Ley Mordaza cuando se trata de agresiones de grupos de ultraderecha.

Ante este escenario, las reprimendas llegaron al plano político, donde la formación Santander Sí Puede exigió su cese o dimisión por lo que consideraban como una “doble vara de medir” en la aplicación de esta ley, que fue “implacable con activistas sociales y no con miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”. 

Todo ello después de que el primer año en vigor de la Ley Mordaza, Cantabria fuera la comunidad que encabezó la lista de sanciones -3.320 expedientes, es decir, 551 multas por cada 100.000 habitantes-, un dato llamativo por el que Ruiz se negó a dar explicaciones en el Parlamento, escudándose en un informe jurídico. 

Por otro lado, al delegado del Gobierno, al que le sustituirá en el cargo el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, también fue criticado por condecorar a un policía implicado en los incidentes del caso Preguntar No Es Delito, cuyos acusados han sido recientemente absueltos.

Para Cantabria No Se Vende, se premió a uno de los “participantes del montaje policial” cuya versión quedó desacreditada en el juicio. Los jóvenes, que llevaron a cabo una protesta en favor de la educación pública en un acto del expresidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), en la Universidad de Cantabria, denunciaron en conversación con este medio tras la sentencia, el “montaje político e ideológico” que han sufrido durante el proceso.

Reacciones al nuevo nombramiento

Tras conocerse que Pablo Zuloaga, alcalde de Bezana y candidato socialista a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, será el nuevo delegado de Gobierno durante este año que resta hasta los comicios, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que espera que Zuloaga sea “más reivindicativo” que su predecesor y que tenga “otro talante” para poder “remar en la misma dirección”. 

Desde las filas populares no ha sentado bien el nombramiento. Su portavoz, Íñigo Fernández, ha señalado que supone poner las instituciones “al servicio de la campaña electoral” del líder socialista, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, lo considera “oportunista” y con el objetivo de “sacar rédito electoral”. 

En la misma línea se han pronunciado desde Ciudadanos, ya que su portavoz autonómico, Félix Álvarez, ha tachado esta decisión como “un episodio más dentro de la operación de marketing iniciada por el PSOE, en la que priman más los intereses electoralistas que las necesidades de los cántabros”.

En su opinión, el secretario general del PSOE en Cantabria y actual alcalde de Santa Cruz de Bezana “está utilizando el tercer cargo institucional más importante de Cantabria para promocionarse a sí mismo”, algo que provoca “sonrojo”.

El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, dejará la alcaldía de Santa Cruz de Bezana para convertirse en el nuevo delegado del Gobierno en Cantabria. El líder de los socialistas cántabros sustituirá al popular Samuel Ruiz, quien será cesado tras haber prosperado la moción de censura que ha aupado a Pedro Sánchez como nuevo presidente.

Su nombramiento se producirá casi con toda seguridad esta misma semana, en la reunión del Consejo de Ministras y Ministros que se celebrará este viernes en Moncloa, según ha podido saber eldiario.es.

Zuloaga, que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias socialistas y que después hizo lo propio en el PSC-PSOE ganando a Eva Díaz Tezanos, se convertirá así en el máximo representante del Gobierno central en la Comunidad Autónoma y tendrá la responsabilidad de presentar las obras e iniciativas del Ejecutivo de Sánchez en la región.

Su nueva responsabilidad supone un giro inesperado en la política cántabra. La llegada de Sánchez a La Moncloa, propiciada por la sentencia del caso Gürtel, ha desencadenado al mismo tiempo la salida del exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, del Ministerio de Fomento y el aterrizaje de Zuloaga en uno de los puestos más relevantes en la Comunidad Autónoma.

Desde que hace un año venciera a Díaz Tezanos en las primarias, Zuloaga ha sufrido un importante desgaste personal y familiar al compatibilizar la gestión diaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana con el liderazgo del partido, lo que le ha llevado a recorrer todas las agrupaciones locales y a participar en todos aquellos actos y festejos que se suceden a lo largo y ancho del territorio.

Además, también se ha implicado activamente y de forma coordinada con los consejeros socialistas en la toma de decisiones controvertidas y en la gestión de algunas crisis de Gobierno, como las presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud o la polémica por el calendario escolar.

Todo ello, sumado a que la corriente 'tezanista' no está poniendo fácil la transición hacia lo que ellos denominan el “nuevo PSOE”, ha llevado a Zuloaga a dejar la Alcaldía para centrarse definitivamente en la política autonómica y, especialmente, en las próximas elecciones que se celebrarán en mayo de 2019, cuando será cabeza de lista del PSOE.

Pablo Zuloaga (Santander, 30 de abril de 1981) está casado y tiene dos hijos. Fue elegido al inicio de esta Legislatura alcalde de Santa Cruz de Bezana, tras fraguar un pacto a cuatro bandas con PRC, Podemos y Asociación de Vecinos Independientes (ADVI). Ingeniero Civil y Técnico de Obras Públicas, cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales y otro en Transporte, Comercio y Comunicación Internacional.

El concejal de Personal y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, ha comparado este jueves las agresiones protagonizadas por un grupo de personas de ultraderecha en un acto de Pablo Iglesias contra periodistas y simpatizantes del partido morado con las concentraciones y movimientos antidesahucios.

El edil ha hecho esta comparación durante el trascurso de un debate plenario con motivo de una moción presentada por el portavoz de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, para pedir la dimisión o cese del Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, por no haber presentado ante el Juzgado las identificaciones de los presuntos agresores en el mitin que el líder de Podemos dio el pasado mes de octubre en el Palacio de Festivales.

En la moción, Santander Sí Puede denunciaba la “doble vara de medir” del Delegado del Gobierno a la hora de aplicar la Ley Mordaza, por ser “excesivamente celoso” cuando se trata de activistas sociales y, en cambio, “no se detenga ni se multe a miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.

Mantecón hacía así alusión al archivo de la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión que fue zarandeada y recibió golpes mientras realizaba su trabajo debido a la “falta de autor conocido”. El concejal de la oposición ha acusado a Ruiz de no haber mandado al Juzgado estas identificaciones, sabiendo que “el nuevo ordenamiento contempla el archivo de causas si no hay autor conocido”.

Asimismo, ha recordado que Cantabria es la comunidad autónoma en la que mayor número de sanciones ha habido en virtud de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y ha incidido en la reprobación realizada por el Defensor del Pueblo por la multa, anulada por la justicia, al activista de la PAH de Santander Óscar Manteca.

En el turno de réplica, Nalda ha enumerado distintas concentraciones pacíficas, en su mayoría organizadas por la PAH, en las que ha participado el líder de Santander Sí Puede, comparándolas con las agresiones de ultraderecha sucedidas en el acto de Podemos y ha subrayado que tanto unos como otros no habían sido sancionados por ello.

El responsable de Protección Ciudadana, que ha mostrado fotografías personales de Mantecón en dichos actos, también ha citado, además de las movilizaciones antidesahucios, la plantada de árboles que se hizo en homenaje a Amparo Pérez, la anciana que falleció en la UCI el día en el que el Ayuntamiento de Santander comenzó a derribar la casa que ella misma había levantado décadas atrás con sus propias manos y que fue expropiada para construir un vial en plena zona de expansión urbanística de la ciudad.

“¿Le ha sancionado a usted la Delegación de Gobierno? No ¿Le han multado a usted por participar en la concentración no comunicados como el homenaje a Amparo en la que usted estuvo y publicó en su Facebook fotos?”, ha espetado Nalda, quien ha acusado a Mantecón de “mentir, faltar a la verdad, hacer demagogia y criticar sin fundamentos” al Delegado de Gobierno. Aunque el concejal del equipo de Gobierno ha evitado referirse a los actos de ultraderecha, ha condenado “toda violencia, venga de donde venga”.

La moción, que también reclamaba que se condenaran las agresiones, solo ha encontrado el respaldo de IU, Ganemos y el propio Mantecón y ha contado con el voto en contra de los concejales del PP y de los tránsfugas de Ciudadanos, David González y Cora Vielva, mientras que PSOE, que había formulado una transacción pidiendo la reprobación de Ruiz en lugar de su cese, y PRC se han abstenido.

Iniciativa de Podemos

Por su parte, Podemos ha pedido la comparecencia del Delegado del Gobierno ante la Comisión de Presidencia y Justicia por la “incapacidad de su administración para identificar a las personas responsables de las agresiones realizadas a la entrada del acto público” organizado por la formación.

En un comunicado, el diputado Alberto Bolado ha firmado que “tanto el Delegado del Gobierno como el jefe de la Policía me aseguraron en una reunión que todos los agresores habían sido identificados. Sin embargo, mintieron”, ha denunciado Bolado, que se ha mostrado poco confianzado en que Ruiz acuda al Parlamento a dar explicaciones, pero “al menos tendrá que retratarse y demostrar su gestión opaca y en apoyo de los que están contra la democracia”.

Las agresiones del 27-O

El pasado 27 de octubre un grupo de miembros de ultraderecha se concentraron en el exterior del Palacio de Festivales con el objetivo de revantar un acto público de Pablo Iglesias en Santander. Antes de que comenzara el evento se produjeron insultos, amenazas e incluso agresiones a simpatizantes del partido morado y periodistas, las cuales por el momento han quedado impunes.

El Juzgado de Instrucción ha archivado por “falta de autor conocido” la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión que fue zarandeada y recibió golpes mientras realizaba su trabajo, a pesar de los múltiples vídeos e imágenes que reflejan los hechos y que muestran los rostros de buena parte de la treintena de personas que se congregó ese día.

No obstante, aún queda abierto otro proceso judicial por una querella criminal presentada por el periodista Óscar Allende, director de El Faradio, que también sufrió la acción de los participantes en esa protesta. La Fiscalía ya se ha pronunciado y ha rechazado que existan “delitos de incitación al odio y de convocatoria ilegal de manifestaciones”, pese a que en el chat creado para organizar la protesta se instó a “llevar bates y abrir la cabeza” a Iglesias, así como a acudir al evento con banderas “del águila” o “de la falange”.

Santander Sí Puede exige la dimisión o el cese del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), por su “doble vara de medir” para aplicar la Ley Mordaza. Le recriminan que la aplique de una manera “excesivamente celosa” cuando se trata de activistas sociales y, en cambio, “no se detenga ni se multe a miembros de la ultraderecha que amenazan, insultan y agreden”.

Así pues, esta formación registra una moción al pleno a través de su concejal Antonio Mantecón en la que también reclamará que se condenen “de forma expresa y taxativa las agresiones fascistas” producidas durante el mitin que llevó a cabo Pablo Iglesias en el Palacio de Festivales de Santander el pasado mes de octubre.

El edil de Santander Sí Puede compara la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en dos acontecimientos para justificar la “doble vara de medir” en la gestión del delegado del Gobierno. Por un lado, recuerda la multa que se le interpuso al portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, Óscar Manteca, tras una ocupación en la sede de un banco en el año 2015.

“La multa al portavoz de la PAH se enmarcaba en esa campaña de multas a activistas, con pretensión ejemplarizante, para evitar en la medida de lo posible las movilizaciones ciudadanas”, subraya Mantecón. “Y resultó ser un procedimiento bastante chapucero: el multado acabo exonerado por los tribunales, y el delegado de Gobierno apercibido por el Defensor del Pueblo, en contestación al requerimiento de dicho portavoz”, relata.

Esta institución, tal y como explica el concejal, afirmó que “ni Samuel Ruiz ni la persona encargada de la instrucción del procedimiento respetaron los derechos fundamentales del acusado”, un hecho que califica de “gravísimo” y que, según recalca, “solo demuestra que la política del delegado del Gobierno es aumentar la represión, incluso saltándose la ley”.

A partir de ahí, el edil señala que “parece que Ruiz le cogió el gusto a eso de multar”, y Cantabria acabó siendo la comunidad autónoma donde más sanciones de esta ley se tramitaron desde que entró en vigor el 1 de julio de 2015, de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy, hasta el 28 de enero de 2016.

“Fascistas sin sanción”

En contraposición a ello, Mantecón recrimina a la Delegación de Gobierno que “no haya enviado las identificaciones que dice haber practicado al juzgado, cuando es práctica habitual”, tras la denuncia de una periodista que fue agredida por un grupo de ideología fascista en el acto de Pablo Iglesias en Santander, cuya causa fue archivada por “falta de autor conocido”, a pesar de los numerosos vídeos e imágenes que muestran los altercados.

En el texto de la moción también critica que se tratara de una manifestación convocada a través de Whatsapp por simpatizantes de la extrema derecha, sin autorización previa en Delegación de Gobierno, en la que otro periodista, el director de El Faradio, fue agredido y amenazado. Este profesional presentó una querella con capturas de las conversaciones en las que se instaba a “llevar bates y agredir” al líder de Podemos, entre otras citas que el fiscal no ve propias de delito de odio.

Mantecón reprocha que no haya sanciones para “ninguno de los fascistas que insultaron incluso a menores de edad”, algo que para el concejal de Santander Sí Puede es “una foto del trabajo de Delegación de Gobierno que no queremos que se siga produciendo”. “Esas dos varas de medir en la aplicación de la justicia en nuestra comunidad autónoma son intolerables. Y por ello consideramos que el ahora Delegado de Gobierno, Samuel Ruiz, no puede seguir ni un solo día más en su cargo”, concluye.

Los graves altercados que se produjeron en Santander el pasado 27 de octubre en el exterior del Palacio de Festivales de Cantabria, con motivo del acto político convocado por Podemos y en el que participaba el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, siguen generando reacciones casi tres meses después de unos hechos en los que un grupo de radicales de ultraderecha profirieron insultos, amenazas, intentos de agresión y muestras de violencia contra los asistentes y la prensa que cubría el mitin.

La última respuesta ha llegado desde la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (Libres), que ha exigido la “dimisión inmediata” del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), al que acusan de “no facilitar información” al juzgado que investigaba la denuncia de una periodista para identificar a los radicales que la agredieron, por lo que ha quedado archivada por “falta de autor conocido” pese a los vídeos e imágenes que recogen los insultos, empujones y golpes que sufrió.

“El delegado del Gobierno conoce perfectamente la modificación que se hizo en 2015 a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los jueces a archivar los casos si no hay autor conocido y, a pesar de que la Policía Nacional identificó a once personas, no ha facilitado la información al juzgado”, explica Darío Serrano, abogado y uno de los portavoces de Libres.

Este colectivo insiste en que Ruiz “mantiene un patrón de vulneración de las libertades y los derechos fundamentales de los cántabros” pero, en el caso de los insultos y agresiones protagonizadas por un grupo de ultraderechistas en Santander, “ha rebasado el límite”. Según explican desde esta organización, la Delegación del Gobierno remite normalmente las identificaciones que se producen a los juzgados, pero “no ha sido así en este caso”.

Por este motivo, Libres considera que Ruiz debe dimitir de forma inmediata porque esta actitud -“nada democrática y con el agravante de su conocimiento de los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal”- se suma a “la aplicación desmesurada de la Ley Mordaza en Cantabria y con una forma de procesar los expedientes que genera indefensión en la ciudadanía, como acaba de ratificar el Defensor del Pueblo en un informe”.

A juicio de Libres, el “excesivo celo” que ha mostrado el delegado del Gobierno en los casos de protesta social o en los escraches, con detallados informes e identificaciones masivas, “se convierte en dejación de funciones cuando se trata de agresiones fascistas que, además, estuvieron cargadas de sexismo”, unas críticas a las que la Delegación del Gobierno en Cantabria no han querido responder.

Gestión en entredicho

La gestión de Samuel Ruiz al frente de la Delegación del Gobierno en Cantabria, que se prolonga desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011, está siendo muy cuestionada casi desde el principio de su mandato por los colectivos sociales, que critican tanto la rigidez con la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su cargo aplican la Ley de Seguridad Ciudadana, como la falta de explicaciones del alto cargo, que incluso se negó a comparecer en el Parlamento para dar cuentas públicas.

Además, tras conocerse el archivo de la denuncia por agresión en el exterior del Palacio de Festivales presentada por una periodista de Europa Press por “falta de autor conocido”, la reacción desde Podemos fue unánime y cuestionaron la intervención y las medidas de seguridad que se llevaron a cabo por parte de la Policía Nacional durante el mitin de Pablo Iglesias en Santander.

“Si la Delegación de Gobierno hubiera ordenado a la policía identificar a los ultras no se hubiera desestimado la denuncia por 'falta de autor conocido'. En Cantabria sale gratis agredir, insultar y amedrentar si eres un fascista”, denunció el actual coordinador del partido en la comunidad, Alberto Gavín. También desde la cúpula de la formación morada a nivel nacional hubo reacciones inmediatas, con mensajes de Pablo Iglesias e Irene Montero en sus respectivas cuentas de Twitter.

Pese al archivo de esta causa, que es provisional y podría reabrirse si se identifica a los autores de la agresión, sigue sin resolver la sanción por la convocatoria de esa concentración sin permiso legal y hay abierto otro proceso judicial por una querella presentada por otro periodista cántabro, que también sufrió la acción de los participantes en esa protesta.

El Defensor del Pueblo ha recriminado al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), su aplicación estricta de la Ley Mordaza, enunciando una serie de recomendaciones que el responsable político ha tenido que acatar, tras una queja formulada por el miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Óscar Manteca, multado y posteriormente indultado tras una ocupación en la sede de un banco.

Manteca fue denunciado ante la Delegación de Gobierno por agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante una acción en una oficina de Liberbank. Tras lo que este colectivo ha definido como “una instrucción nula”, Samuel Ruiz firmó una sanción de 601 euros para el activista, confirmada después por el Ministerio del Interior.

Más de un año después, el juez anuló esa multa por basarse solo en la versión policial. La sentencia estimó que se habían “vulnerado sus derechos fundamentales” al centrar el procedimiento sancionador “exclusivamente en la versión del denunciante”.“Decretó la nulidad del procedimiento por haber violado Samuel Ruiz y la instructora del procedimiento la presunción de inocencia de nuestro compañero”, han recordado desde la plataforma.

Posteriormente, “y con intención de que una situación así no se repitiese”, según afirman desde este colectivo, “se presentó una queja ante el Defensor del Pueblo que ha resultado en una serie de recomendaciones que el delegado del Gobierno ha tenido que aceptar”.

Este organismo le ha instado a que en la tramitación de los procedimientos sancionadores de la Ley de Seguridad Ciudadana “el instructor practique de oficio todas aquellas pruebas que puedan llevar a un mejor esclarecimientos de los hechos denunciados y a que, al solicitar la ratificación de la denuncia, exija a los agentes denunciantes que se refieran explícita y detalladamente a las alegaciones formuladas por los interesados”.

“Intención de amedrentar”

Como consecuencia de ello, para la PAH “ha quedado”más que demostrado que la sanción solo tenía intención de amedrentar a los activistas sociales para no realizar protestas públicas usando la Ley Mordaza de forma ilegal“. ”Esto es un paso más en la intención represiva de las instituciones frente a los que usan su derecho a protestar, con casos sonados como el de los estudiantes juzgados por 'Preguntar No Es Delito'o acciones contra periodistas y líderes sindicales“, han denunciado desde este colectivo.

“Si Samuel Ruiz tuviera la más mínima integridad dimitiría, pero dudamos que la tenga, por lo que seguirá agarrado a la poltrona y tendrá a la PAH delante para evitar que vuelva a violar la presunción de inocencia de nadie”, han concluido desde la PAH. 

Cuando se sucedieron los hechos relatados, Cantabria se situaba a la cabeza en las tramitaciones de esta ley desde que entró en vigor el 1 de julio de 2015, de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde esa fecha hasta el 28 de enero de 2016, la Delegación del Gobierno en Cantabria dio luz verde a 3.320 expedientes sancionadores, lo cual equivale a 551 multas por cada 100.000 habitantes.

Cantabria No Se Vende (CNSV) denuncia públicamente la condecoración concedida al escolta de Ignacio Diego (PP), el policía nacional César Gómez, que estuvo implicado en los incidentes con el expresidente en la Universidad de Cantabria en el caso 'Preguntar No Es Delito' y cuya versión fue desacreditada en el juicio tras la aparición de varios vídeos que desmontaban su testimonio contra los acusados.

Este colectivo critica que la Delegación del Gobierno haya condecorado la semana pasada al agente con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil y considera que esta decisión a favor de uno de los participantes en el “montaje policial” que provocó imputaciones y peticiones de cárcel para un grupo de jóvenes, según insisten, pone de relieve una vez más el “carácter político del caso”.

Y es que en la víspera del aniversario de la Constitución española, coincidiendo con la semana posterior a que quedara visto para sentencia el juicio por la protesta en favor de la educación pública, se concedió esta distinción al agente por “su afán por que los cántabros vivamos seguros y en paz, su vocación de servicio público y su compromiso con la Ley y con España”, en palabras del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP).

Para Cantabria No Se Vende, de lo que no se informó por parte de las autoridades es del protagonismo de dicho policía en el caso 'Preguntar No Es Delito', que decenas de movimientos sociales cántabros calificaron de “montaje” y llegó a amenazar a nueve jóvenes con hasta 42 años de cárcel en total.

“Sustancialmente, dicho agente de la autoridad, cuyo testimonio goza de presunción de veracidad, relató ante el juez que en todo momento la gente que se encuentra en el lugar intentó agredir a la personalidad (en referencia a Ignacio Diego), que golpearon con patadas el vehículo policial e incluso que dos personas se subieron encima del coche intentando acceder”, relata el colectivo en una nota de prensa.

Según recuerdan, pese a que “se ha ido desmontando la acusación inicial” y ya no se pide cárcel, el policía se ratificó en sus declaraciones, en un juicio en el que se pudieron contrastar las declaraciones oficiales con las imágenes de lo ocurrido, gracias a unos vídeos aparecidos posteriormente. “Esta condecoración, que no se justifica públicamente más que en generalidades, parece así un premio o compensación por la exposición y los servicios prestados”, subrayan.

“Imagen grotesca”

“Conociendo a los protagonistas, resulta especialmente grotesca la imagen de las condecoraciones. En ella, un delegado del Gobierno que ostenta de forma destacada el récord estatal de sanciones en aplicación de la Ley Mordaza a la población y un jefe de la Policía Nacional indultado de una condena por tortura y detención ilegal, condecoran en nombre de la 'democracia ejemplar' a un policía que presuntamente alteró la realidad de los hechos con sus declaraciones en sede judicial, y de cuyas palabras se podía derivar una incriminación grave contra unos jóvenes por unos actos que no cometieron”, critican desde CNSV.

También recuerdan en su exposición cómo el fiscal del juicio por la protesta en favor de la educación pública y en contra de los recortes llevados a cabo por Ignacio Diego en 2014 utilizó la militancia en Podemos de uno de los siete acusados para cuestionar la legitimidad de la citada reivindicación social. Concretamente, el representante del Ministerio Fiscal hizo hincapié en que había que tener en cuenta el contexto de estos hechos porque “toda protesta se consideraba legítima en aquella época” e incidió en “la permisividad” que había entonces.

“Estas evidencias vienen a confirmar las motivaciones políticas de la persecución a los jóvenes, así como los graves déficits en igualdad y garantías que deja entrever cada vez más el sistema judicial español. Lejos de amedrentarnos, no hacen sino poner de manifiesto la necesidad de que nuestro pueblo se organice para cambiar esta y otras realidades”, argumentan desde CSNV, para lo que han convocado un concejo abierto el martes a las 20.00 horas en el centro social L'Asubiu de Santander.

La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (Libres) ha exigido al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), que demuestre su carácter democrático y cumpla con su deber de transparencia como cargo público compareciendo de forma voluntaria en el Parlamento de Cantabria.

Según recuerda la organización, Ruiz va a evitar la petición de comparecencia que hizo el Parlamento de Cantabria, con el apoyo de todos los grupos excepto el del Partido Popular, en base a un informe de la Abogacía del Estado que concluye que “los delegados del Gobierno no tienen obligación de dar explicaciones en las asambleas legislativas autonómicas”.

El Parlamento solicitaba su comparecencia para conocer por qué Cantabria es la comunidad donde más expedientes se han abierto en base a la nueva ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza): unos 3.300.

“La ley no le obliga, pero tampoco se lo impide. Hay una obligación política, democrática y ética de dar explicaciones a la ciudadanía ante la desproporcionada aplicación de una ley que ya de por sí es lamentable”, explica a través de un comunicado Manuel Corbera, uno de los miembros de LIBRES, al terminar la asamblea mensual de esta plataforma ciudadana.

LIBRES fue la organización que planteó ante algunas fuerzas políticas del Parlamento la gravedad de la información sobre la aplicación de la ley facilitada por el propio Ministerio del Interior y Podemos fue el grupo que recogió la iniciativa y logró el apoyo de la mayoría de la cámara.

Para la Asamblea, el hecho de que un Parlamento como el Cántabro le pida a Samuel Ruiz su comparecencia le obliga a dar explicaciones en el órgano donde reside la soberanía democrática de la Comunidad Autónoma.

Samuel Ruiz, delegado del Gobierno en Cantabria, no comparecerá finalmente en el Parlamento autonómico para dar cuenta de la aplicación en la comunidad autónoma de la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Mordaza-.

La petición había sido cursada por Podemos, y avalada por todos los partidos salvo por el PP, después de que eldiario.es en Cantabria publicara que la comunidad se sitúa a la cabeza de España en el número de sanciones tramitadas desde la entrada en vigor de esta normativa.

Entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de 2016, la Delegación del Gobierno en Cantabria dio luz verde a 3.320 expedientes sancionadores, lo cual equivale a 551 multas por cada 100.000 habitantes -más del doble de las interpuestas en Castilla y León (213), la comunidad autónoma que sigue a Cantabria en este particular ránking-, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a petición de este diario.

Para no comparecer, Ruiz se escuda en un informe de la Abogacía del Estado que concluye que los delegados del Gobierno no tienen obligación de dar explicaciones ante las asambleas legislativas autonómicas, según han señalado fuentes de la Delegación a la Cadena Ser. El único control parlamentario al que están sometidos los representantes de la Administración del Estado en las Comunidades Autónomas son las cortes generales.