Conductores de los autobuses urbanos de Pamplona y su comarca, conocidos como 'villavesas', se quejan de que los vehículos que deberían cubrir la “primera línea 100% eléctrica del Transporte Urbano Comarcal” de la ciudad (proyecto cuyo presupuesto fue de 3.105.000 euros) “han dado problemas desde el primer día”. “En siete años no han tenido más que averías, primero en la dirección y los frenos y después en el sistema de electrificación” señalan los trabajadores, que también denuncian que “la empresa [Moventis/TCC, la concesionaria] lo sabe”, pero no cumple con el mantenimiento. De los seis autobuses de la marca Vectia asignados a este recorrido “solo suelen circular dos”.

De una flota de 169 autobuses urbanos, 10 de ellos son de la marca Vectia y seis de ellos necesitan un pantógrafo de la misma marca para su carga eléctrica. Según los conductores, estos modelos “dan problemas todos los días” y solo están activos en ruta “dos vehículos de los seis establecidos” porque el resto están en el taller. “Más del 50% de los días no están activos”, afirma un conductor del recorrido que une la estación de Adif/Renfe en Pamplona y la Universidad Pública de Navarra (UPNA). A su juicio, “dentro de la propia empresa [Moventis] han reconocido que [la compra de los Vectia] había sido un error gordísimo”.

“En su momento, daban los mismos problemas que a los de Vitoria. Se paraba de repente, la dirección se quedaba muy dura y frenaba muy poco”, describe un conductor, aunque aclara que “desde hace dos años” no se ha vuelto a repetir este tipo de problemas, “al menos en Pamplona”, pero sí que han detectado “otra serie de fallos día sí y día también”. Algunos de ellos son “la suspensión”, que “pierde aire”, explica un trabajador. También ha descrito que los autobuses tienen problemas en las cuestas: “Si te paras, luego el autobús no remonta bien. Se te va un metro para atrás, aunque vayas con el acelerador a fondo. Como haya un coche que se te haya pegado un poco, le metes un castañazo”.

Los autobuses Vectia, a pesar de haber sido adquiridos con el fin de crear “la línea [100%] eléctrica con más vehículos a nivel nacional”, tal y como lo promocionaba la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en un comunicado de inauguración de los vehículos e infraestructura, han acabado registrando problemas en el funcionamiento del sistema eléctrico y sobrecalentamiento de las baterías por falta de agua refrigerante, que “hacía que se te parase en medio de la calle y tuvieran que venir” los trabajadores de mantenimiento al lugar de la avería “a echarle agua”.

Según los conductores, tampoco cargan correctamente y, por eso, “no pueden ir en modo eléctrico” y “van todo el tiempo consumiendo gasóleo”. Al tratarse de vehículos “híbridos enchufables, si no tienen carga eléctrica suficiente, tiran del motor de combustión”. “No me quiero imaginar la cantidad de diésel que se acabarán gastando”, se pregunta un conductor de los autobuses que prometían convertir la ruta pamplonesa en ejemplo de sostenibilidad. De hecho, aseguran que el funcionamiento en eléctrico es “excepcional”.

Según los trabajadores del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona consultados, este problema con las baterías también ha provocado que algunos Vectia “se hayan incendiado”. “Hay compañeros que no quieren saber nada de la línea 9, solo por no conducir esos autobuses”. “Ésa es la imagen que tienen estos vehículos dentro de la plantilla”, explica uno de ellos. Estas 'villavesas' tienen entre 200.000 y 250.000 kilómetros, una cifra “ridícula para un autobús urbano”, cuando “lo normal para esa edad es que tengan tranquilamente 500.000 o 600.000”, afirman los conductores, pero “han estado parados muchísimo tiempo”. En Vitoria, los Vectia son también los que menos kilómetros anuales recorren.

Según los datos públicos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, los primeros vehículos se incorporaron en julio de 2015, cuando se adquirieron cuatro autobuses híbridos. En julio de 2016 se compraron otros dos y, tras realizarse un “balance positivo” del primer año de funcionamiento y “confirmarse las expectativas de reducción de consumos”, aunque los propios trabajadores han afirmado que daban “problemas desde el principio”, en octubre de ese mismo año se incorporaron tres nuevos autobuses híbridos a la flota.

En junio de 2018 el Gobierno de Navarra anunciaba que en el primer trimestre de 2019 la línea 9 (Adif/Renfe-UPNA) sería “íntegramente operada por autobuses 100% eléctricos”, lo que implicaba “adquisición de seis autobuses 100% eléctricos y la implantación de dos postes pantógrafos en las cabeceras de la línea”. Estos pantógrafos, según la misma nota de prensa, estarían subvencionados por el Departamento de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación, “con 200.000 euros”. Según el anuncio de la licitación, la compra de los seis autobuses y la instalación de los pantógrafos para su carga ascendía a un presupuesto de 3.105.000 euros. Todos los autobuses Vectia que quedan en la flota están asignados en la actualidad a la línea 9 (Universidad Pública de Navarra-Renfe, Renfe-Universidad Pública de Navarra), que posee en sus cabeceras sendos pantógrafos al ser la única marca que se carga de esta forma. Ya que el resto de marcas y modelos eléctricos o híbridos enchufables “se cargan en las cocheras”. Según los conductores, las torres de carga de los Vectia “un día funcionan y cincuenta no”. Y añaden que, recién adquiridos, estos autobuses “cargaban más o menos en cinco o seis minutos” y ahora, seis años después, “tardan el triple o directamente no funcionan”. “Fue una inversión tirada a la basura”, dicen.

“Vectia ha sido la peor marca con diferencia, y eso que cada marca tiene sus cosas, pero esos autobuses han dado muchos más problemas que otros modelos”, afirma con rotundidad un conductor experimentado, que también denuncia que gran parte del problema es la falta de mantenimiento, tanto en los puntos de carga como de los vehículos. “En su momento nos llegaron a decir que no arreglaban los pantógrafos porque la empresa TCC [Moventis, adjudicataria del servicio] no pagaba a la empresa de mantenimiento del taller”. Respecto a los propios autobuses, “lo que hacen son arreglos puntuales y se limitan a cambiar lo que se rompe”, describe otro trabajador, que denuncia que, en vez de revisar todo el sistema de los vehículos, se limitan a “hacer chapuzas”.

La empresa Moventis, preguntada por el asunto, ha asegurado que se realizan “puntualmente todas las revisiones, así como sus inspecciones reglamentarias” de todos los pantógrafos. “Por otra parte, cuando existe una avería, vienen de CAF [Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, empresa a la que pertenecía Vectia] para su reparación”, afirman. Respecto a los propios autobuses, Moventis asegura que “la problemática” con la marca, refiriéndose a “la reparación de averías en comparación al resto de la flota”, es que “al ser una firma que ya no está en fabricación, se dilatan más de lo habitual los tiempos de paralización del vehículo hasta el suministro de materiales”. Este medio contactó con CAF por los vehículos y su relación con Moventis, pero la empresa respondió que no desea “realizar ninguna declaración sobre este asunto relacionado con los autobuses de Vectia”.

Por otra parte, los conductores recalcan que “el mantenimiento en general es escasísimo” y ha sido “uno de los grandes motivos” por el que han convocado las pasadas huelgas. Acusan a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de no brindar los medios suficientes. “Se desconvocó la huelga porque Mancomunidad se comprometió a hacer un seguimiento del mantenimiento de los autobuses, pero no lo está haciendo”. Además, los trabajadores han querido hacer hincapié en que “la inseguridad de los autobuses no es solo en los Vectia”, sino que hay más vehículos que “no deberían estar andando, pero lo hacen porque no hay flota” denuncian.

Segons avancen les indagacions sobre la immatriculació de 8.000 metres quadrats de terra als voltants de l'ermita de Sant Josep de Xàtiva per part de l´Església catòlica més en evidència queda que l´operació va ser un robatori als ciutadans de la capital de la Costera. Segons les fotos històriques a què ha tingut accés elDiario.es, l'Ajuntament de Xàtiva va realitzar constants obres de manteniment i condicionament de la zona que ara es lloga a un restaurant i per la qual la Seu -Església local- cobra un lloguer. A més, el 1986, el municipi va comprar a la Seu part dels terrenys per poder realitzar uns treballs arqueològics, ja que en aquesta zona es troba la muralla romana. L'any 2004, l'exbad de Xàtiva Arturo Climent Bonafé es va apropiar de tots els terrenys gràcies a una llei del Govern de José María Aznar.

La primeres obres de condicionament de la zona ara propietat de l’Església van ser el 1980 i les va fer l’Ajuntament amb una subvenció de 90.000 pessetes del Govern Civil. Un any després i davant el gran ús que es donava a l’ermita de Sant Josep, el consistori va considerar fer obres de pavimentació i arranjament dels murs de contenció. El 1982, l’Ajuntament va arribar a pagar fins i tot la restauració de la creu gremial de Sant Josep que presideix la zona i que va dur a terme una empresa especialitzada.

El 1984 es va fer una actuació clau. L’Ajuntament de Xàtiva es va proposar condicionar tota la zona al voltant del Bellveret, el mirador més espectacular del municipi, però no podia actuar-hi amb fons públics perquè part dels terrenys eren propietat de la Seu, que va taxar les parcel·les i les va vendre a preu de mercat. El consistori va pactar amb l’abat comprar-los i procedir així el 1986 a les faenes que va iniciar amb els sondatges arqueològics finançats amb fons de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

El 1990 es va cobrir el jaciment arqueològic, també pagat amb fons de la Conselleria de Cultura. Aquest any mateix es va confirmar la venda dels terrenys al municipi i, segons ha pogut saber aquest diari, n’hi ha escriptura de la qual l’Arquebisbat de València tindria coneixement total. Els anys següents, 1992 i 1994, l’Ajuntament va continuar invertint fons de la Generalitat, en aquest cas de Turisme, per a la il·luminació de la zona o sistematització del Bellveret. Finalment, el 1995, es va instal·lar l’escultura de Manuel Boix que corona aquesta emblemàtica zona per als socarrats.

Tal com ha explicat elDiario.es, l'Ajuntament de Xàtiva ha iniciat els contactes amb la Seu per a la recuperació del terra i està preparant una demanda contra l'Església en cas que la institució catòlica no atenguera a raons. Des de l'any 2011, la Seu té un restaurant llogat a un restaurant annex a l'ermita. Aquest local aprofita totes les terrasses confrontants per a la celebració de grans banquets i casaments. Els propietaris del restaurant, van explicar a Levante-EMV que sempre han pensat que el terra que ocupen i pel qual paguen un lloguer és propietat de l'Església. També s'ocupen del manteniment de l'ermita per al culte, aquesta sí de propietat legítima de la confessió.

Según avanzan las pesquisas sobre la inmatriculación de 8.000 metros cuadrados de suelo en los alrededores de la ermita de Sant Josep de Xàtiva por parte de la Iglesia católica más en evidencia queda que la operación fue un robo a los ciudadanos de la capital de la Costera. Según la fotos históricas a las que ha tenido acceso elDiario.es, el Ayuntamiento de Xàtiva realizó constantes obras de mantenimiento y acondicionamiento de la zona que ahora se alquila a un restaurante y por la que la Seu -Iglesia local- cobra un alquiler. Además, en 1986, el municipio compró a la Seu parte de los terrenos para poder realizar unas catas arqueológicas, puesto que en esa zona se encuentra la muralla romana. En 2004, el exbad de Xàtiva Arturo Climent Bonafé se apropió de todos los terrenos gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar.

La primeras obras de acondicionamiento de la zona ahora propiedad de la Iglesia fueron en 1980 y las realizó el ayuntamiento con una subvención de 90.000 pesetas del Gobierno Civil. Un año después y ante el gran uso que se daba a la ermita de Sant Josep, el consistorio consideró hacer obras de pavimentación y arreglo de los muros de contención. En el 1982, el ayuntamiento llegó pagar hasta la restauración de la cruz gremial de Sant Josep que preside la zona y que realizó una empresa especializada.

En 1984 se realizó una actuación clave. El Ayuntamiento de Xàtiva se propuso acondicionar toda la zona alrededor del Bellveret, el mirador más espectacular del municipio, pero no podía actuar con fondos públicos porque parte de los terrenos eran propiedad de la Seu, que tasó las parcelas y las vendió a precio de mercado. El consistorio pactó con el abad comprarlos y así proceder en 1986 a los trabajos que inició con las catas arqueológicas financiadas con fondos de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

En 1990 se procedió al cubrimiento del yacimiento arqueológico también pagados con fondos de la Conselleria de Cultura. Ese mismo año se confirmó la venta de los terrenos al municipio y, según ha podido saber este periódico, existe escritura de la que el Arzobispado de Valencia tendría total conocimiento. Los años siguientes, 1992 y 1994, el ayuntamiento siguió invirtiendo fondos de la Generalitat, en este caso de Turismo, para la iluminación de la zona o sistematización del Bellveret. Finalmente, en 1995, se instaló la escultura de Manuel Boix que remata esta emblemática zona para los 'socarrats'.

Tal y como ha venido contando elDiario.es, el Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los contactos con la Seu para la recuperación del suelo y está preparando una demanda contra la Iglesia en caso que la institución católica no se atuviera a razones. Desde el año 2011, la Seu tiene alquilado a un restaurante un local anejo a la ermita. Este local aprovecha todas las terrazas colindantes para la celebración de grandes banquetes y bodas. Los propietarios del restaurante, explicaron a Levante-EMV que siempre han pensado que el suelo que ocupan y por el que pagan un alquiler es propiedad de la Iglesia. También se ocupan del mantenimiento de la ermita para el culto, esta sí de propiedad legítima de la confesión.

Un juicio en Daimiel (Ciudad Real) el próximo 16 de julio buscará dirimir si uno de los tramos del camino de Valdeparaíso en la localidad de Villarrubia de los Ojos es de uso público o estrictamente privado. Este camino discurre en parte por el interior de la finca Los Castaños, popularmente conocida como Los Valles y que, entre otras cosas, es un coto de caza. Ahora un procedimiento declarativo de dominio por parte del juzgado determinará a quién pertenece.

El titular actual del camino es el Ayuntamiento y quiere seguir siéndolo. “La titularidad del camino se encuentra en un proceso judicial, del que poco podemos decir”, comentaba la alcaldesa Encarnación Medina a elDiarioclm.es, pero mientras tanto vecinos y asociaciones están recogiendo firmas para apoyar la postura del ayuntamiento.

Las asociaciones Alamillo 1213, Anea, Ecologistas en Acción, el Club de Atletismo local y Feministas de Pueblo reivindican “la naturaleza pública” de este y de todos los caminos históricos porque, dicen, forman parte del patrimonio histórico, cultural y social, además de ser un recurso turístico que en su opinión “fortalecería el tejido económico y el prestigio medioambiental de Villarrubia”.

Lorenzo pertenece a la Asociación Alamillo 1213 integrada por amantes del senderismo y el ciclismo de montaña y que funciona desde los años 70 del siglo XX. “El camino atraviesa varias fincas del pueblo y los propietarios de esta en concreto, que son gente del pueblo, no quieren que pasemos porque dicen que es privado”.

La finca tiene ahora varios propietarios. “Los padres dejaban pasar, pero ahora ya no. El acceso tiene puertas que ahora tienen las cadenas quitadas. Queremos recuperar el patrimonio. Siempre ha pertenecido al pueblo”, asegura Lorenzo.

Villarrubia de los Ojos tiene unos 11.000 habitantes. El municipio está situado entre las primeras estribaciones de los Montes de Toledo y la amplia llanura manchega. Desde Feministas de Pueblo explican que toda la zona tuvo un uso público -caminos incluidos- hasta la desamortización de Madoz a mediados del siglo XIX. “Fue entonces cuando comenzó un proceso de privatización a través de la venta por parcelas”.

Los numerosos caminos eran utilizados de forma pública para facilitar labores del entorno relacionadas con la recogida de leña y elaboración de carbón, el pastoreo y la trashumancia, el aprovechamiento forestal o la caza. Actualmente, el uso de esos caminos está vinculado al deporte, al turismo y al conocimiento del medio natural.

Rosario Alises, vecina e integrante del colectivo Feministas de Pueblo señala que “en el Catastro está registrado como un bien demanial, es decir de dominio público, y no prescribe, pero los dueños lo han convertido en coto de caza”.

Los propietarios dicen que el camino “nunca” ha sido público

Álvaro, portavoz de la familia propietaria de la finca confirma que el camino figura a nombre del ayuntamiento desde 1998, pero sostiene que “nunca” ha sido público ni tampoco ha tenido utilidad pública y por eso ha plantado cara al Consistorio.

“En el Catastro no nos atenderían una solicitud de modificación de esa titularidad incorrecta si el ayuntamiento no informa favorablemente”, argumenta el portavoz de la familia propietaria. “A pesar de haber conversado con varias corporaciones [en los últimos años se han sucedido diferentes gobiernos de distintos signos políticos incluso], no pudimos avanzar nada en este sentido”.

Justifica la necesidad del litigio judicial, en conversación con elDiarioclm.es, para determinar si el camino es público o privado. La familia cree que “es un camino particular” y que por tanto debe cambiarse la titularidad en el Catastro. Rechaza los argumentos esgrimidos por los colectivos ciudadanos: “Entendemos que consideran que la titularidad que figura en el Catastro es un argumento definitivo o sólido, y nosotros consideramos que eso no es así en absoluto”.

Una mesa redonda y recogida de firmas

Vecinos, colectivos y asociaciones no solo recogen firmas para reivindicar la naturaleza pública de los caminos históricos y, de paso, apoyar al Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, sino que también organizan acciones de sensibilización de la ciudadanía.

Este mismo viernes está prevista la celebración de una mesa redonda, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura en la que está previsto que participe la alcaldesa, Encarnación Medina junto a la abogada del Ayuntamiento; Óscar Jerez, profesor de geografía en la Universidad de Castilla-La Mancha y natural de la localidad y Manuel Fernández, miembro de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) y de Ecologistas en Acción.

Rosario Alises explica que “se trata de informar sobre lo que tiene que hacer la ciudadanía para defender nuestros caminos públicos. Hemos convocado a personas con experiencias en litigios similares. También esperamos que nos expliquen cómo está la causa judicial”.

El portavoz de la familia propietaria de la finca Los Castaños ha confirmado la asistencia de una representación de los propietarios. “Estaremos atentos a lo que se ofrezca. No hay un orden del día o algo así, pero si vemos que podemos contribuir a aclarar alguna duda, lo intentaremos”.

Los conflictos relacionados con los caminos en el medio rural -casi siempre a cuenta de la actividad cinegética- son habituales en Castilla-La Mancha. Enfrentan a quienes creen que se privatiza el espacio público en beneficio de unos pocos (suele aludirse al lobby de la caza) en detrimento de ciclistas, excursionistas o de los propios vecinos del lugar.

Pese a la existencia de precedentes judiciales, lo cierto es que en ocasiones ni siquiera se ejecutan las sentencias que obligan a retirar las puertas que cierran los caminos, como ocurrió en Solana del Pino, en Ciudad Real, después de que un vecino denunciase un incidente, con escopeta de por medio, ante la Guardia Civil.

 “Caminos cerrados hay muchos pero es imposible saber cuántos y cuáles porque entre otras cosas muchos ayuntamientos no tienen un inventario de caminos públicos. Algunos ni siquiera están en el Registro de la Propiedad. Intentamos recabar información, pero es complicado”, explicaba entonces Jaqueline Gómez Navarro, integrante de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos (PICP), quien apelaba a la “movilización ciudadana” como la que ahora se ha producido en Villarrubia de los Ojos, para lograr que los caminos públicos no sean ocupados. 

Després de més de vint anys de denúncies creuades, manifestacions i plets en diferents òrgans judicials, l'Audiència Nacional (AN) ha donat carpetada definitiva a la polèmica al voltant de la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez a Mallorca. El tribunal de la Sala Contenciosa Administrativa ha ordenat la demolició d'aquesta instal·lació construïda en terreny públic, a la vora del mar, al costat del xalet que posseeix a la costa el periodista.

Mitjançant una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, els magistrats asseveren que, el 2021, l'AN ja va anul·lar les dues concessions que permetien mantenir dreta la piscina, ubicada a la urbanització de luxe de la Costa dels Pins, al terme municipal de Son Servera, en envair el domini públic marítim terrestre “sense justificació suficient per a això”. Rebutgen, per tant, els últims intents de Ramírez i el seu fill d'“obrir un nou debat processal respecte d'una controvèrsia que ja ha estat jutjada i resolta al plet principal” a través de sentència ferma dictada el 2022 pel Tribunal Suprem, “a la qual en cap cas no es poden oposar ara, en aquest tràmit d'execució, a fi d'intentar desvirtuar les seves consideracions, les proves documentals i pericials que pretenen fer-se valer”.

Després que el Ministeri de Transició Ecològica instés l'execució de la sentència de l'Alt Tribunal, els Ramírez van plantejar diversos incidents amb què buscaven frenar l'enderrocament de la piscina -que, juntament amb altres equipaments, ocupa un espai de 350 metres quadrats-, al·legant que “la destrucció” de la mateixa així com de l'embarcador i la terrassa annexos “és un acte irreversible” i la seva execució “podria provocar danys gravíssims i irreparables al medi ambient i a les propietats privades confrontants”.

A les seves al·legacions, els recurrents asseguren, fins i tot, que la piscina i l'embarcador exerceixen una “funció defensiva” per “mitigar els efectes del canvi climàtic”, i alerten de “les evidents conseqüències” que la seva “destrucció” podria provocar, al seu parer, sobre “l'estabilitat de l'edificació de l'habitatge” de Ramírez.

El tribunal, com ha avançat aquest dimecres el diari Última Hora, rebutja de ple els incidents plantejats pels Ramírez i ratifica que la piscina s'ha de demolir en virtut de la resolució dictada al seu dia pel TS, que ordenava el desmantellament de les obres com a “única forma en què queda garantit el gaudi del domini públic marítim terrestre per a la seva lliure utilització per totes les persones i per a tots els usos comuns i acords amb la naturalesa del tal domini envaït, com ara passejar, estar, banyar-se, navegar, embarcar i desembarcar, varar, pescar”.

La polèmica al voltant de l'ocupació d'aquest espai batega des de fa més de dues dècades i ha escenificat, fins i tot, episodis com la celebració, a l'estiu del 2005, d'una manifestació encapçalada pel diputat d'ERC Joan Puig. El 13 d'agost d'aquell any, juntament amb altres activistes, va irrompre i es va banyar a la piscina en protesta per la seva construcció en terreny públic en contravenció de la Llei de Costes. Pedro J. Ramírez es va querellar immediatament contra tots ells, però els manifestants van resultar absolts per prescripció.

Marga Prohens es va manifestar a favor de l'ús privat de la piscina

Un any després, integrants de Noves Generacions del PP, entre els quals hi havia l'actual presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, es manifestaven a la zona en defensa dels drets individuals de les persones i en suport de l'ús privat de la piscina de Ramírez.

L'any 2021, l'Audiència Nacional va anul·lar dues ordres del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de 2014 i 2016 per les quals es va concedir una pròrroga de 60 anys a la concessió d'ocupació de domini públic que permetia a Pedro J. Ramírez mantenir la piscina a la zona. Els magistrats admetien així la demanda presentada per l'activista Jaume Sastre, que anteriorment havia recorregut la concessió administrativa que el 2001, sota el mandat de José María Aznar i amb l'expresident de Balears Jaume Matas al capdavant del Ministeri de Medi Ambient, li va ser atorgada a Ramírez per establir no només la pileta, sinó també un embarcador i una terrassa. El tribunal establia que, en el cas de les pròrrogues de concessions d'ocupacions del domini públic, s'ha de justificar que aquestes instal·lacions no es poden ubicar en un altre lloc.

En les últimes al·legacions, Ramírez assenyalava que l'AN no imposava amb això l'obligació de demolir les instal·lacions. No obstant això, l'òrgan judicial, en la seva recent interlocutòria, assevera que la lectura íntegra d'aquella sentència “evidencia, amb claredat i contràriament” al que defensaven els recurrents, que la concessió administrativa queda extingida i que la mateixa afecta a la piscina, la terrassa i l'embarcador, amb els “efectes legals inherents a tal declaració”.

Tras más de veinte años de denuncias cruzadas, manifestaciones y pleitos en distintos órganos judiciales, la Audiencia Nacional (AN) ha dado carpetazo definitivo a la polémica en torno a la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez en Mallorca. El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado la demolición de esta instalación construida en terreno público, al borde del mar, junto al chalet que posee en la costa el periodista.

Mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados aseveran que, en 2021, la AN ya anuló las dos concesiones que permitían mantener en pie la piscina, ubicada en la urbanización de lujo de la Costa dels Pins, en el término municipal de Son Servera, al invadir el dominio público marítimo terrestre “sin justificación suficiente para ello”. Rechazan, por tanto, los últimos intentos de Ramírez y su hijo de “abrir un nuevo debate procesal respecto de una controversia que ya ha sido juzgada y resuelta en el pleito principal” a través de sentencia firme dictada en 2022 por el Tribunal Supremo, “a la que en ningún caso pueden oponerse ahora, en este trámite de ejecución, a fin de intentar desvirtuar sus consideraciones, las pruebas documentales y periciales que pretenden hacerse valer”.

Después de que el Ministerio de Transición Ecológica instase la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal, los Ramírez plantearon varios incidentes con los que buscaban frenar el derribo de la piscina -que, junto a otros equipamientos, ocupa un espacio de 350 metros cuadrados-, alegando que “la destrucción” de la misma así como del embarcadero y la terraza anexos “es un acto irreversible” y su ejecución “podría provocar daños gravísimos e irreparables al medioambiente y a las propiedades privadas colindantes”.

En sus alegaciones, los recurrentes aseguran, incluso, que la piscina y el embarcadero ejercen una “función defensiva” para “mitigar los efectos del cambio climático”, y alertan de “las evidentes consecuencias” que su “destrucción” podría provocar, a su juicio, sobre “la estabilidad de la edificación de la vivienda” de Ramírez.

En un informe presentado por padre e hijo, un ingeniero de caminos alega que los “daños más significativos” que se producirían con el derribo serían una “afección a especies y elementos protegidos”, como las praderas de Posidonia Oceanica, además de afectar a un acuífero próximo calificado como de Alto Riesgo de Contaminación. También alude a la posibilidad de que se registren daños en edificios protegidos, se activen erosiones y se desestabilicen elementos estructurales como los muros de su vivienda.

El tribunal, como ha adelantado este miércoles el diario Última Hora, rechaza de plano los incidentes planteados por los Ramírez y ratifica que la piscina debe demolerse en virtud de la resolución dictada en su día por el TS, que ordenaba el desmantelamiento de las obras como “única forma en la que queda garantizado el disfrute del dominio público marítimo terrestre para su libre utilización por todas las personas y para todos los usos comunes y acordes con la naturaleza del tal demanio invadido, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar”.

La polémica en torno a la ocupación de este espacio late desde hace más de dos décadas y ha escenificado, incluso, episodios como la celebración, en verano de 2005, de una manifestación encabezada por el entonces diputado de ERC Joan Puig, quien, el 13 de agosto de ese año, junto a otros activistas, irrumpió y se bañó en la piscina en protesta por su construcción en terreno público en contravención de la Ley de Costas. Pedro J. Ramírez se querelló de inmediato contra todos ellos, pero los manifestantes resultaron absueltos por prescripción.

Marga Prohens se manifestó a favor del uso privado de la piscina

Un año después, integrantes de Nuevas Generaciones del PP, entre quienes se encontraban la actual presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, se manifestaban en la zona en defensa de “los derechos individuales de las personas” y en apoyo del uso privado de la piscina de Ramírez.

En 2021, la Audiencia Nacional anuló dos órdenes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2014 y 2016 por las que se concedió una prórroga de 60 años a la concesión de ocupación de dominio público que permitía a Pedro J. Ramírez mantener su piscina en la zona. Los magistrados admitían así la demanda presentada por el activista Jaume Sastre, cuyo abogado, Josep de Luis, anteriormente había recurrido la concesión administrativa que en 2001, bajo el mandato de José María Aznar y con el expresidente de Balears Jaume Matas al frente del Ministerio de Medio Ambiente, le fue otorgada a Ramírez para establecer no sólo la pileta, sino también un embarcadero y una terraza. El tribunal establecía que, en el caso de las prórrogas de concesiones de ocupaciones del dominio público, debe justificarse que tales instalaciones no pueden ubicarse en otro lugar.

En sus últimas alegaciones, Ramírez señalaba que la AN no imponía con ello la obligación de demoler las instalaciones. Sin embargo, el órgano judicial, en su reciente auto, asevera que la lectura íntegra de aquella sentencia “evidencia, con claridad, y contrariamente” a lo que defendían los recurrentes, que la concesión administrativa queda extinguida y que la misma afecta a la piscina, la terraza y el embarcadero, con los “efectos legales inherentes a tal declaración”.

La pérdida de caminos públicos es un problema extendido en el país e intentar recuperarlos choca en ocasiones con distintos intereses. Las vallas o alambradas de particulares que cortan algunos de ellos se une al descuido de las administraciones en su mantenimiento, generando que con el paso de los años la vegetación invada los mismos y haga casi imposible reconocer los senderos.

Esta última situación es la que ha sufrido el 'Camino del Rey', en el término municipal de Arisgotas, que une Casalgordo con Marjaliza pasando por el Monte TO23 Umbría del Madroñal. Este camino, perdido casi en su totalidad por el paso del tiempo, atraviesa una finca que se usa como coto de caza y cuyo propietario ha denunciado la actuación que el Ayuntamiento de Orgaz ha comenzado a realizar para su recuperación.

El tramo que se incluye en el proyecto, indica el Consistorio, es practicable en vehículo en aproximadamente un kilómetro, mientras que el resto está “absolutamente perdido o se trata de una senda”. En concreto, las obras que se están llevando a cabo se desarrollan en una longitud de 2.526 metros e incluyen el desbroce de vegetación y la construcción de capas de rodadura para hacer practicable el camino. Todo ello con una inversión de 100.000 euros.

Con el inicio de las actuaciones el pasado mes de agosto, el dueño de la finca que atraviesa el camino ha denunciado a la Guardia Civil “una tala y poda indiscriminada de distintos ejemplares de encinas, enebros centenarios y otras especies forestales en una zona de alto valor ecológico por parte de Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Castilla-La Mancha”. Asimismo, el SEPRONA y agentes medioambientales han abierto una investigación tras la denuncia presentada.

Además, el propietario asevera que se trata de “un camino privado que, indebidamente, figura en el catastro como de titularidad municipal”. Así, señala que ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Orgaz que rectifique su propiedad, algo que “ha sido ignorado por el Consistorio”. Añade que, a su juicio, se trata de “una actuación totalmente innecesaria ya que el camino en cuestión empieza en mitad del campo, a 4 kilómetros del camino regular de Arisgotas, y existen otros caminos paralelos a muy poca distancia que llevan al mismo sitio o transitan por la misma zona”.

Apunta también el dueño del coto de caza que la actuación se ha llevado a cabo “en pleno verano, en situación de máxima alerta por peligro de incendio, utilizando para ello motosierras, entre otras herramientas”. Con todo ello, considera que la actuación en su conjunto “puede incurrir en un delito contra la flora y fauna” pues afirma que también es una “zona de lince, águila imperial o perdicera”.

“El camino no prescribe”

Ante esta denuncia, el alcalde de Orgaz y delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, Tomás Villarrubia, no se muestra sorprendido. “Obviamente no le debe de gustar mucho que abramos este camino, que es un bien de dominio público, por medio de su finca”, apunta, al tiempo que subraya que el propietario “parte de un presupuesto erróneo”. “No puede decir que ha prescrito y que no existe porque no se ha utilizado. Los bienes de dominio público no se pueden embargar ni vender. Por el mero hecho de que no se haya acondicionado con el paso de los años no quiere decir que pase a ser propiedad del dueño de la finca. Eso es una argumentación muy interesada y torticera”, agrega.

En este sentido, explica Villarrubia, el Servicio de Topografía de la Diputación de Toledo elaboró en 2017 un informe técnico para determinar el recorrido del camino, de unos 2,5 kilómetros de distancia, y que el proyecto cuenta con “todos los informes favorables, tanto del servicio de Política Forestal como de Medio Ambiente”. “El hecho de que un camino lo invada la vegetación no quiere decir que haya desaparecido. Es obligación de la Administración recuperarlo para el domino púbico, para la ciudadanía. Yo estaría ahora mismo prevaricando, o haciendo dejación de mis funciones, si no actuase en ese camino”, defiende.

Villarrubia reconoce que el SEPRONA ha estado en “una o dos ocasiones” y requirió al Ayuntamiento la ordenanza de caminos para su consulta. Además, los agentes medioambientales están haciendo “seguimiento de las obras”. “Cuando hay una zona que puede ser sensible hacen seguimiento”, apunta, al tiempo que asevera que “cuando se actúa en un camino no se produce ningún daño ecológico” pues “se restituye algo que había anteriormente”.

Asimismo, detalla que la anchura del camino no va a ser superior a los 4 metros que regulados para este tipo de caminos, pues el dueño de la finca también denunciaba que con la actuación presentaba “una anchura de 8 metros”. “Que no se preocupe que lo vamos a dejar con la anchura que tiene que ser. El señor está todos los días amedrentando tanto a los trabajadores como a los técnicos”, afirma el alcalde Orgaz.

Respecto a la denuncia de tala de árboles, el también delegado provincial asegura que “no se han talado árboles” sino que “se ha roturado la vegetación que había”. “Son arbustos que tendrán 30 o 35 años, que han crecido sobre este bien de dominio público. Si dejásemos sin acondicionar todos los caminos se invadirían de material vegetal”, indica Villarrubia, que reconoce que la Administración no había actuado “nunca” en este camino que antiguamente se mantenía por el tránsito que se hacía de ellos.

Historia del camino

“Lo utilizaban los carboneros en los años 40 y 50, los que hacían leña y la llevaban a las caleras en Orgaz, pues había 87 caleras en aquella época que se abastecían de la leña que llevaban los leñeros y que hacían en la zona de la sierra. Cuando las caleras dejan de funcionar y de utilizar ese combustible, el tránsito empieza a disminuir hasta que deja de transitarse”, explica sobre el antiguo uso y la deriva de este camino sobre el que espera que la actuación que han iniciado se complete este mes de septiembre.

“El fin fundamental de esta actuación es la recuperación de patrimonio, una zona de un valor ecológico que hace que sea atractivo para la realización de rutas medioambientales. Lo que queremos es poner a disposición de la ciudadanía el disfrute de la zona, ni más ni menos”, manifiesta Villarrubia, que sospecha que también va a encontrar problemas en las actuaciones similares que quieren llevar a cabo en los caminos Gamonetal y Berrocal pues “los dueños de otras fincas se han apropiados de ellos”.

Un paseo por las afueras de muchos pueblos de Castilla-La Mancha con tradición trashumante nos colocará inevitablemente en una vía pecuaria. Son esas rutas por donde discurre o lo ha hecho de manera tradicional el tránsito ganadero. También lo son los descansaderos, abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a estos caminos que sirva al ganado y a los pastores que lo conducen. Son bienes de dominio público y por lo tanto no se pueden embargar y no prescriben. Su última regulación autonómica por ley procede del año 2003 y ahora el Gobierno regional quiere reformarla para reforzar su protección pero también para potenciar nuevas utilidades de estos caminos como “infraestructuras verdes”.

Así, cañadas, cordeles, veredas o coladas contarán con una nueva normativa que actualmente se encuentra en consulta pública hasta el 7 de junio. El primer cambio de la ley se establece en la definición propia de su función. Así, desde el principio concreta que el destino específico de las vías pecuarias es el tránsito ganadero, pero también “aquellos otros respetuosos con el desarrollo sostenible, el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural que sean compatibles y complementarios”.

El borrador de la nueva normativa deja claro que el tránsito del ganado tiene carácter prioritario en estos caminos, siendo libre y gratuito en cualquier circunstancia, debiendo quedar garantizada no sólo su continuidad sino también su seguridad. Pero establece asimismo otros “usos comunes compatibles”. Entre estos se encuentra la circulación de personas a pie acompañadas de animales que permanezcan bajo su control y no perturben el tránsito ganadero; o las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las explotaciones agrarias a las que den acceso (no pueden superar los 40 kilómetros por hora).

Otros usos comunes complementarios que incorpora la reforma son las actividades deportivas y de esparcimiento, los desplazamientos en vehículos no motorizados para la práctica de actividades deportivas, el senderismo y la cabalgada; así como actividades educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural.

Hay otros aspectos más técnicos en los que cambia la ley. Por ejemplo, se añade articulado más específico sobre las inmatriculaciones, transmisiones de titularidad o rectificaciones de linderos de una finca colindante con vías pecuarias. Se establece que todas ellas requerirán previo informe favorable del órgano gestor del dominio público pecuario de la comunidad autónoma. El borrador de la nueva normativa, que también amplía y concreta la necesidad de registro, regula asimismo que las clasificaciones de vías pecuarias legalmente aprobadas no implican la inexistencia de otras, “que pueden y deben ser clasificadas, una vez investigadas y conocidas”. En cualquier caso, deja claro que es competencia de la comunidad autónoma tal revisión o actualización.

Se da la circunstancia de que uno de los asuntos más polémicos surgidos sobre esta cuestión tiene que ver con la ocupación, cierre o desplazamiento de estas vías por parte de propietarios privados. La nueva ley afirma que el Gobierno regional puede ejercer la potestad de recuperación posesoria de los terrenos de las vías pecuarias “indebidamente poseídos por terceros”. Esta acción, además, no estará sometida a plazo, y sobre la misma no se admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.

De hecho, cuando como consecuencia de expedientes tramitados y con resolución firme, las vías pecuarias o tramos de ellas, hayan sufrido interrupciones o reducciones de la anchura legal establecida en su clasificación, se podrá restituir la integridad de la vía pecuaria mediante el procedimiento de recuperación.

La nueva ley sí que permitiría modificar el trazado de las vías pecuarias cuando concurran razones de utilidad pública o interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por interés particular. Pero en estos casos el nuevo trazado deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad y la continuidad del nuevo itinerario para el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios. Este cambio se realizará mediante procedimiento administrativo que será objeto de desarrollo reglamentario, o en su defecto deberán observarse los trámites establecidos para el deslinde de los Montes de Utilidad Pública así como la legislación sobre patrimonio.

De igual forma, en el borrador se incluye también una mayor protección de estos caminos frente a los planes e instrumentos de ordenación territorial y urbanística: deberán respetar la integridad y continuidad de las vías que discurran por el territorio sometido a ordenación y garantizar el tránsito ganadero y sus usos compatibles. E igualmente, también en el caso de modificaciones de trazado por la realización de obras públicas, el organismo que las realice deberá justificar la necesidad de actuar sobre dicho terreno y deberá ofrecer el trazado alternativo de la vía pecuaria, preferentemente en terrenos colindantes que garantice el mantenimiento de sus características.

“Ocupaciones” temporales

Otra novedad se refleja en la modificación de la disposiciones generales, donde la reforma de la normativa incluye que por razones de interés público y “excepcionalmente por razones de interés particular”, el Gobierno podrá autorizar “ocupaciones de carácter temporal” de las vías pecuarias “siempre y cuando no alteren el tránsito ganadero”. Pero, ¿qué se considera de interés público? El texto concreta que son aquellas que se deriven de obras y servicios declarados de utilidad pública o interés social. Y también habla de “ocupación transitoria”: la que se deriva de obras y servicios que afecten directamente a terrenos contiguos o adyacentes con las vías pecuarias e incidan en estas de forma transitoria durante la ejecución de las mismas.

Estas ocupaciones se concederán con carácter temporal por el plazo de duración de las obras por un máximo de un año, sin perjuicio de su renovación y con la obligación de restituir la vía pecuaria a su estado primitivo si resultase afectada por los trabajos. Asimismo, se consideran transitorias las ocupaciones, por un máximo de un año, para trabajos de investigación de aguas, hidrocarburos y mineras, pero ninguna de ellas podrá ser otorgadas por plazos superiores a diez años y no podrá reducir en más de la mitad la anchura total útil del tramo de vía pecuaria afectada.

Actualmente, la ley autonómica vigente establece la creación de la Red Regional de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. En esta red se integran todas ellas con independencia de su tipología, así como las fincas de reemplazo colindantes con ellas, resultantes de expedientes de reorganización de la propiedad rústica. Según los Inventarios de Vías Pecuarias, esta red cuenta con un total de 3.223 caminos y veredas, con 14.579 kilómetros de longitud y 56.333 hectáreas de superficie.

Fincas de varias tipos, viviendas, solares, locales y también tierras agrícolas, de regadío, así como pastos, árboles, tierras varias y matorrales componen buena parte de los 1.756 bienes y propiedades que la Iglesia Católica tiene en Castilla-La Mancha. Se suman a los templos, iglesias, parroquias y dependencias complementarias que también son propiedad de esta institución religiosa y que se quedó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998. Con esa normativa, el PP permitió a la Iglesia registrar a su nombre todos esos bienes tan solo una certificación eclesiástica. La cuestión más controvertida es que en esta comunidad autónoma la relación de los que no tienen esa certificación o tienen otra diferente llega hasta 388.

Según los datos que ha recopilado el Gobierno actual y que hemos consultado en elDiarioclm.es, en todo el país son 34.961 los bienes inmatriculados, de los que 1.756 están en Castilla-La Mancha. Un total de 1.368 se corresponden con edificios que tienen, al menos sobre el papel, una función eclesiástica, y el resto, los 388 mencionados, se destinan a otros fines. Con estos datos, Castilla-La Mancha es la sexta comunidad autónoma que más propiedades tiene de este tipo en toda España. A partir de ahora este listado es público y podrá comenzar así el proceso de reclamación por parte de particulares que consideren que tienen derechos previos de propiedad.

Este es el buscador de elDiario.es en el que puedes consultar todos los datos por comunidades autónomas:

Por provincias, es Cuenca donde la Iglesia tiene más bienes y edificios inmatriculados: casi un tercio del total autonómico, con 669, de los cuales 168 tienen un título distinto al de certificación eclesiástica. Le sigue la provincia de Guadalajara con 614, de los cuales 167 no tienen esa función religiosa. Después figura la provincia de Toledo con un total de 234 inmatriculaciones (10 sin esa certificación concreta), y la de Albacete, con 214, de los cuales 34 tienen una certificación no eclesiástica. Finalmente, la provincia de Ciudad Real es la que menos bienes inmatriculados tiene, con 25 propiedades (nueve de ellas sin certificación eclesiástica). Esto quiere decir que entre Guadalajara y Cuenca ambas suman 1.283 inmatriculaciones, el 73% del total de Castilla-La Mancha. Y de ellas, 335 tienen otro título diferente al eclesiástico (el 86,34% de la comunidad autónoma) y 948 sin el mismo (69,29% de la región).

A la vista del informe del Gobierno y gracias al buscador elaborado por elDiario.es, hay algunos datos que resultan muy relevantes. Por ejemplo, en la provincia de Guadalajara hay varias localidades con un importante número de inscripciones con la categoría de “rústica” como Budia, Casas de San Galindo, Castilmimbre, Riosalido o Paredes de Siguenza. Asimismo, la localidad de Marchamalo tiene hasta 17 parcelas de un sector urbanístico y otras tantas Hinojosa que se califican de erial, pastos o monte. Y en Alovera, aparece como bien inmatriculado la residencia de mayores de la localidad. Por su parte, es destacable que en Guadalajara capital hay una decena de bienes inmatriculados sin función religiosa, entre locales, parcelas y viviendas.

En la provincia de Cuenca destaca la localidad de Valparaíso de Arriba con casi medio centenar de inscripciones de parcelas agrarias. También es relevante que el municipio de Iniesta aparezca con numerosos inmuebles inmatriculadas y Villanueva con un total de 15 fincas rústicas, al igual que en el pequeño pueblo de Garaballa, en la Serranía conquense, con 8 fincas rústicas en la zona de La Cañada. También en esta provincia, en Beteta se incluyen un pinar, dos matorrales, árboles de ribera, un regadío y pastos, así como seis bienes entre viviendas, locales y garajes.

Aparte, en cuanto a poblaciones conquenses más grandes, en la localidad conquense de Mota del Cuervo figuran hasta 8 bienes, entre ellos dos viviendas y un solar. El informe incluye asimismo el Monaterio de Uclés, donde la Iglesia dispone también de una tierra.

Fincas y viñas en las provincias de Toledo y Ciudad Real

En la provincia de Toledo, el informe desvela que hay una vivienda, una finca particular, un edificio y un solar a nombre de la Iglesia en Talavera de la Reina, mientras que numerosas fincas y edificios se distribuyen por varios pueblos y pedanías de la comarca. En Toledo capital, aparece la Catedral Primada y hasta 13 iglesias y parroquias.

Por último, en la provincia de Ciudad Real destaca la ciudad de Tomelloso, con media docena de viñas; y el municipio de Almódovar del Campo, con tres terrenos de uso agrario. Igualmente, en Albacete resulta significativas las 11 inscripciones en Chinchilla de Monte-Aragón calificadas como de secano o el gran número de casas inscritas en Hellín y Liétor. 

La normativa hipotecaria permitió a la Iglesia poner a su nombre bienes inmuebles que estuvieran destinados al culto o no, como fincas, parcelas, viviendas e aparcamientos. Ese procedimiento estuvo vigente hasta el año 2015, cuando se modificó esa ley. En ese periodo de 17 años, la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 bienes en España de acuerdo al informe.

Lo más significativo es que el Ejecutivo central va analizar este documento en el Consejo de MInistros de hoy. Lo ha elaborado la Vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y se lo enviará al Congreso, según han informado fuentes gubernamentales. A partir de ahí, el listado de los casi 40.000 bienes e inmuebles podrán ser sometidos a consulta pública para que los particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los mismos puedan iniciar los procesos de reclamación.

Templos, iglesias, parroquias y dependencias complementarias, pero también fincas rústicas de todo tipo, viviendas, solares y plazas de aparcamiento. Son algunos de los 1.756 bienes y propiedades que la Iglesia Católica tiene en Castilla-La Mancha y que están inmatriculados, es decir, son aquellos con los que esta institución se quedó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998. Con esa normativa, el PP permigió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica. La cuestión más controvertida es que en esta comunidad autónoma la relación de los que no tienen esa certificación o tienen otra diferente llega hasta 388.

La normativa hipotecaria permitió a la Iglesia poner a su nombre bienes inmuebles que estuvieran destinados al culto o no, como fincas, parcelas, viviendas e aparcamientos. Ese procedimiento estuvo vigente hasta el año 2015, cuando se modificó esa ley. En ese periodo de 17 años, la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 bienes en España de acuerdo al informe.

Lo más significativo es que el Ejecutivo central va analizar este documento en el Consejo de MInistros de hoy. Lo ha elaborado la Vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y se lo enviará al Congreso, según han informado fuentes gubernamentales. A partir de ahí, el listado de los casi 40.000 bienes e inmuebles podrán ser sometidos a consulta pública para que los particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los mismos puedan iniciar los procesos de reclamación.

Según los datos que ha recopilado el Gobierno actual y a los que ha tenido acceso eldiario.es, en todo el país son 34.961 los bienes inmatriculados, de los que 1.756 están en Castilla-La Mancha. Más de un millar se corresponden con edificios que tienen, al menos sobre el papel, una función eclesiástica, y el resto se destinan a otros fines. Con estos datos, Castilla-La Mancha es la sexta comunidad autónoma que más propiedades tiene de este tipo en toda España.

Por provincias, es Cuenca donde la Iglesia tiene más bienes y edificios inmatriculados: casi un tercio del total autonómico, con 669, de los cuales 168 tienen un título distinto al de certificación eclesiástica. Le sigue la provincia de Guadalajara con 614, de los cuales 167 no tienen esa función religiosa. Después figura la provincia de Toledo con un total de 234 inmatriculaciones (10 sin esa certificación concreta), y la de Albacete, con 214, de los cuales 34 tienen una certificación no eclesiástica. Finalmente, la provincia de Ciudad Real es la que menos bienes inmatriculados tiene, con 25 propiedades (nueve de ellas sin certificación eclesiástica).

A partir de ahora este listado es público y podrá comenzar así el proceso de reclamación por parte de particulares que consideren que tienen derechos previos de propiedad.

El temporal marino que ha afectado a la costa de Tacoronte desde este sábado ha causado daños en infraestructuras y bienes públicos del municipio valorados en 335.000 euros, según la estimación que han realizado los técnicos municipales a lo largo de esta mañana de lunes, informó el Consistorio local en una nota.

En esa cantidad se incluyen los destrozos ocasionados en los aparcamientos de Mesa del Mar, muelle y playa de La Arena, así como en El Pris, donde hubo daños serios en el local municipal de Protección Civil de Tacoronte y en los equipos de emergencias y seguridad allí depositados, incluyendo el destrozo de su lancha, así como roturas en el edificio de la cofradía de pescadores y daños en el sendero costero que une El Pris y Mesa del Mar.

En cuanto a los daños privados, el alcalde Álvaro Dávila (CC) ha hablado con el presidente de la comunidad de propietarios del edificio Marisol, principal inmueble afectado por el oleaje, y con los dueños de los establecimientos de El Pris que también se vieron perjudicados el impacto de las olas, para que remitan al Ayuntamiento su valoración de daños y con ello coordinar con el Gobierno de Canarias posibles líneas de ayuda.

De todo esto se ha hablado esta tarde durante la visita que ha realizado el subdelegado del Gobierno de España, Javier Plata, al núcleo Mesa del Mar.

Dávila le mostró los efectos del temporal en la playa de La Arena y en el aparcamiento principal, y también lo informó de los daños sufridos en otras zonas de la costa tacorontera. Durante la visita, ambos políticos escucharon las demandas de algunos vecinos afectados por el temporal.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a actualizar todo el régimen jurídico referente a sus bienes de dominio público. Lo hará a través de una nueva Ley de Patrimonio mediante la cual se actualizará la normativa regional de hace más de tres décadas y que además se adapta la legislación básica estatal del Estado. Mediante la misma, incluirá nueva figuras en las que se establece la protección de todos los  bienes y derechos de los que sean titulares tanto las Cortes de Castilla-La Mancha e instituciones dependientes, como la Administración de la comunidad autónoma, y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

Como principal novedad, el texto establece una serie de “facultades y prerrogativas” de la Administración Pública castellano-manchega para la defensa de su patrimonio que están previstas en la legislación estatal como son las de investigación, deslinde y recuperación de la posesión. Pero su regulación es amplia y ahora quiere concretar ampliamente la recogida en la anterior Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 1985. Esta última se limitaba a reconocer dichas técnicas y a veces incluso restringía estas competencias, mientras que en la futura ley se establece una “definición depurada” de cada una de las facultades y la atribución de las competencias para instruir y resolver los procedimientos.

Pero además, a estas facultades se une, como principal novedad, la del “desahucio administrativo” que se proyecta sólo sobre los bienes de dominio público, y cuya finalidad es posibilitar a la Administración que pueda recuperar en vía administrativa la posesión “indebidamente perdida” de sus bienes cuando se extinga o decaiga el título que legitimaba la citada ocupación, pudiendo acudir a los medios que tiene reconocidos para la “ejecución forzosa del lanzamiento”.

Usos administrativos, negocios patrimoniales y “premio por denuncia”

Otro de los objetivos que se persigue, según se apunta en el borrador, es legislar por primera vez en el ordenamiento patrimonial castellano-manchego, de los edificios de uso administrativo: aquellas edificaciones, locales o espacios que se destinen a las sedes, oficinas, servicios administrativos y dependencias auxiliares de las consejerías, organismos y demás entidades públicas de la Junta. Entre las cuestiones que se afrontan destaca el establecimiento de unas reglas de uso de los mismos, la planificación para optimizar su utilización en su consideración global, donde los planes aprobados serán de ejecución obligatoria, y la previsión de un órgano no permanente de consulta y asesoramiento, que será la Comisión Consultiva de Gestión de Edificios Administrativos.

No obstante, una de las fundamentaciones de la ley, y también la parte más extensa, es la regulación, casi nueva en su totalidad, de los denominados “negocios jurídicos patrimoniales”. Son todas las cuestiones de derecho público relativas a la adquisición, enajenación y gravamen de los bienes y derechos patrimoniales por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Para regular estos actos se recogen disposiciones aplicables a todos los contratos y negocios patrimoniales , cuyo punto de partida será el “reconocimiento de la potestad negocial” y la proclamación de la “libertad de pacto”.

Hay más singularidades en el borrador. Por ejemplo, establece el denominado “premio por denuncia” en el apartado de regulación de los bienes públicos: los particulares que promuevan mediante denuncia un procedimiento de investigación de bienes o derechos, cuyo resultado definitivo sea la declaración de la titularidad de la comunidad autónoma, tendrán derecho a un premio de carácter pecuniario. El derecho decaerá si la declaración de titularidad es revocada o anulada con posterioridad.

UCLM y sanciones

Tanto las empresas públicas como el régimen patrimonial de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) también se han incorporado a esta Ley de Patrimonio, aunque en el caso de la institución académica explica que la normativa se entenderá atribuida a sus correspondientes órganos. Añade que cuando los bienes afectados dejen de ser necesarios para la prestación del servicio público universitario o se empleen en funciones distintas de las propias de la Universidad, se comunicará dicha circunstancia a la Consejería de Hacienda, para que pueda ejercitar el derecho de reversión (su restitución al estado original).

En cuanto al régimen sancionador, es totalmente nuevo. Establece como sanciones muy graves la producción de daños o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos del Patrimonio de Castilla-La Mancha por un valor superior a los 300.000 euros. Las multas pueden llegar a duplicar esta cantidad, es decir, hasta 600.000 euros.

Las infracciones graves están reguladas para daños por valor de entre 10.000 y 300.000 euros, y son la usurpación de bienes de dominio público, la retención de bienes de dominio público una vez declarada la ilegalidad de la ocupación en vía administrativa, el uso o aprovechamiento de los mismos y las actuaciones sobre bienes destinados a un servicio público que impidan o dificulten gravemente la normal prestación de aquel. En este casi se regulan sanciones hasta un máximo de 60.000 euros. Finalmente, en la futura ley se considerarán infracciones leves, entre otras, la producción de daños o deterioros por valor igual o inferior a 10.000 euros. En este último caso, las multas podrán ser de 600 hasta 10.000 euros.   

¿Estás a favor del libre mercado o del control estatal? ¿Crees que se debería minimizar la intervención o que se debería fomentar la propiedad estatal y las regulaciones? Ese es nuestro principal debate político, pero parte de una premisa errónea.

Ambas partes parecen estar de acuerdo en que el Estado y el mercado son los únicos sectores sobre los que merece la pena discutir: la política debería moverse de un lado a otro en esta escala lineal. En realidad, hay cuatro sectores económicos principales: el mercado, el Estado, los hogares y los bienes públicos. El abandono de los dos últimos tanto por los neoliberales como por los socialdemócratas ha creado muchas de las monstruosidades de nuestro tiempo.

Tanto el mercado como el Estado reciben un importante subsidio de los hogares: el trabajo no remunerado de los padres y otros cuidadores, desempeñados todavía en su mayoría por mujeres. Si no se cuidase a los menores –alimento, enseñanzas básicas en casa y educación– no habría economía. Y si no se ayudase a la gente que está enferma, que es mayor o que tiene diversidad funcional, la factura del cuidado público rompería las cuentas del Estado.

Hay otro gran subsidio que todos nosotros damos por garantizado. Hablo de la inmensa riqueza que la élite económica ha acumulado a nuestra costa, tras la apropiación del cuarto sector de la economía: los bienes públicos.

Que sea necesario explicar qué son los bienes públicos demuestra su irresponsabilidad (a pesar de los grandes esfuerzos de politólogos como el fallecido Elinor Ostrom). Los bienes públicos no son ni Estado ni mercado. Tiene tres elementos principales. Primero, un recurso como la tierra, el agua, minerales, la investigación científica, el hardware o el software. Segundo, una comunidad de personas que ha compartido un acceso igualitario a este recurso y que se ha organizado para controlarlo. Tercero, las reglas, sistemas y negociaciones que desarrollan para mantenerlo y repartir los beneficios.

Un verdadero bien público no se gestiona para la acumulación de capital o el beneficio, sino para asegurar una prosperidad y bienestar constantes. Pertenece a un determinado grupo, que puede vivir en él o junto a él o que lo ha creado y lo sostiene. Es inalienable, lo que significa que no se debería vender ni donar. Cuando se basa sobre un recurso vivo, tales como los bosques o arrecifes de coral, existe un interés en su protección a largo plazo en lugar de las ganancias a corto plazo que se podrían obtener de su destrucción.

El capitalismo y el poder estatal han atacado los bienes públicos durante siglos. Aquellos que huelen una oportunidad de beneficio roban recursos que nadie ha inventado ni creado, o que lo han hecho en conjunto un gran número de personas. El dicho atribuido a Balzac “detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen” suele ser verdad. La “visión de negocio” a menudo lleva a descubrir nuevas formas de apoderarse del trabajo y de los bienes de la gente.

El robo de valor por personas o empresas que no han creado esos bienes se llama técnicamente 'cercamiento' (enclosure). Originalmente implicaba la expropiación de tierras de la comunidad, a menudo mediante el uso de la violencia. El actual modelo se inició en Inglaterra, se extendió a Escocia, posteriormente a Irlanda y a las colonias y de ahí al resto del mundo. Este proceso sigue ocurriendo a través de la gran apropiación global de tierras.

Ejemplos de apropiación

El proceso de apropiación crea desigualdad y produce una economía rentista: aquellos que capturan recursos esenciales fuerzan a todo el mundo a pagar por su acceso. Destroza comunidades y aleja a la gente de su trabajo y de su entorno. Los ecosistemas de los bienes públicos se liquidan por dinero. La desigualdad, la renta, la atomización, la alienación, la destrucción medioambiental: la pérdida de los bienes públicos ha provocado o exacerbado muchas de las aflicciones de nuestra era.

Se puede ver un ejemplo de apropiación en marcha con el intento de la administración Trump de destrozar la neutralidad de red. Los proveedores de servicios quieren convertir internet –ahora suministrado libremente mediante un sistema creado a través del trabajo de millones– en algo por lo que hay que pagar. Para asegurarse de que no hay opción, también han intentado acabar con el espacio público de internet  presionando a los Estados para prohibir la banda ancha compartida. En la plutocracia salvaje que se ha convertido Estados Unidos, cuatro estados han convertido esta forma de autosuficiencia en un delito, mientras otros han introducido prohibiciones parciales.

Otro ejemplo es la extensión de la propiedad intelectual a través de acuerdos comerciales que permite a las compañías biotecnológicas obtener derechos exclusivos sobre material genético, variedades de plantas y recintos naturales. Otro es la forma en que los académicos recopilan de forma gratuita la investigación de algunas comunidades científicas y posteriormente imponen elevadas tarifas para su acceso.

No estoy proponiendo abandonar ni el mercado ni el Estado, sino equilibrarlos defendiendo y expandiendo los otros dos sectores ignorados. Creo que debería haber salarios para las personas que cuidan de otras y mediante los cuales el Estado y la empresa privada devuelvan parte de los subsidios que han recibido. Se debería también permitir a las comunidades recuperar el control de los recursos sobre los cuales depende su prosperidad.

Por ejemplo, cualquiera que tenga un terreno de valor debería pagar una contribución de tierra a la comunidad local (un tipo de impuesto sobre el valor de la tierra): una compensación por la riqueza creada por otros. Parte de esta contribución se puede recaudar por los gobiernos locales y nacionales para pagar servicios y distribuir el dinero de las comunidades ricas a las pobres. Pero el sobrante debería pertenecer a un fondo de bienes públicos formado por la comunidad local. Un uso que se podría dar a este fondo podría ser para recomprar estos terrenos, creando un auténtico bien público y así recuperar y compartir los beneficios. Profundizo en esta idea y en otras en mi libro recién publicado, Out of the Wreckage.

Un bien público, a diferencia del gasto estatal, obliga a la gente a trabajar en conjunto, a mantener sus recursos y a decidir cómo se deben usar los ingresos generados. Da a la comunidad un enfoque claro. Depende de la democracia en su forma más verdadera. Acaba con la desigualdad. Supone un incentivo para proteger el ecosistema. Crea, en resumen, una política de pertenencia.

A juzgar por los discursos en la convención laborista británica, el partido podría estar receptivo a esta visión. El énfasis en la comunidad y en los bienes cooperativos (que en algunos casos denominan bienes públicos), el interés en ampliar el concepto de propiedad y la lucha contra los acuerdos comerciales opresivos apuntan en esta dirección.

Espero que estos partidos puedan dar el paso obvio y reconozcan que la economía tiene cuatro sectores, no dos. Ese es el punto desde el que se puede empezar la transformación social y medioambiental que muchos de nosotros llevamos tanto tiempo esperando.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Un total de 180 bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba. Esa es la suma que aparece en un informe hecho público este martes por el exalcalde Julio Anguita y el Colectivo Prometeo al que pertenece para denunciar las decenas de bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en el Registro de la Propiedad solo en la capital cordobesa. La antigua Ley Hipotecaria vigente hasta 2015 permitía a la Iglesia inscribir a su nombre cualquier bien si presentar título de propiedad, solo con la certificación del propio obispo.

Y aunque desde hace unos años ha encontrado eco nacional e internacional la inmatriculación de la Mezquita-Catedral –el emblemático monumento de la ciudad califal que la Iglesia inscribió a su nombre por tan solo los 30 euros del papeleo en el Registro de la Propiedad-, hasta ahora no se había dado a conocer un listado tan amplio de bienes autoadjudicados por la Iglesia a su nombre en Córdoba. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba había aprobado que se realizara un informe con todos los bienes inmatriculados por la Iglesia en la ciudad, que hasta el momento no ha hecho público.

Así, en el listado aparecen, además de todas las iglesias y parroquias históricas de la ciudad y las ermitas, 55 viviendas, 36 locales comerciales, 16 plazas de garaje, 16 solares, parcelas y manzanas y tres fincas. Junto a otros 17 bienes de distinta índole, suman esos 180 bienes que aparecen actualmente inmatriculados a nombre de la Iglesia en alguno de los siete Registros de la Propiedad de la capital.

La “voracidad” de la Iglesia sobre bienes de una ciudad denominada Patrimonio de la Humanidad ha llevado a Anguita y al Colectivo Prometeo a denunciar la “opacidad” de las inmatriculaciones a lo largo de los años y la dificultad que actualmente existe para conocer qué bienes están a nombre de la Iglesia y cuáles de ellos son públicos. “La Iglesia utiliza muchos CIF y entraña una enorme dificultad encontrar cada uno de estos bienes. Hay una innumerable relación de edificios expoliados por la Iglesia”, asegura uno de los integrantes del colectivo, Pedro Antúnez, después de haber acudido a registros, archivos y documentos para conocer la propiedad real de parte de los bienes.

En esa investigación han dado con algunos bienes cuya propiedad ha sido históricamente pública, como es el caso del Compás de San Francisco, El Pocito en la Plaza de la Fuensanta, la Plaza del Triunfo de San Rafael, la Ermita de los Santos Mártires o el espacio público que se sitúa delante de la Ermita del cementerio de La Salud. Y, por eso, reclaman que se investigue sobre los bienes públicos que pudieran haber sido inmatriculados por la Iglesia.

Responsabilidad de las administraciones

En ese sentido, Julio Anguita ha advertido sobre la inacción de las administraciones públicas al respecto de las inmatriculaciones: “Cuando las administraciones públicas no defienden los bienes públicos y se inhiben, se apartan o ayudan, cometen prevaricación porque no están defendiendo aquello que la ley les obliga a que defiendan”.

A su juicio, “ayuntamientos que se han callado, que han borrado de sus listas de patrimonio bienes que constaban que eran municipales, presidentes de gobierno y diputados que ponen en marcha procesos legales sabiendo que son injustos y que no se corresponden con el Estado de derecho, cometen prevaricación”, ha asegurado.

El exalcalde de Córdoba ha pedido que las administraciones competentes actúen en consecuencia: “Les corresponde a estas instituciones públicas subsanar sus errores o asumir políticamente el grave fraude que le están haciendo a las instituciones públicas y al pueblo español”. Pueblo al que ha querido hacer un llamamiento “a la ciudadanía para que, si quiere, se dé cuenta que en cierta medida está sufriendo un robo de lo suyo, de lo que le pertenece”.

Y es que, desde el Colectivo Prometeo definen como “alarmante la falta de celo de las administraciones para proteger lo que es público”. “Estamos ante una realidad que sobrepasa ideologías y creencias. Queremos que se aplique la justicia, defender lo público, lo común, lo que es de todos”. Y, en esa línea, “alertar al pueblo de Córdoba de que una parte de sus bienes han sido inmatriculados. Córdoba es una ciudad patrimonial privatizada”.

El Colectivo Prometeo va a trasladar este listado de bienes a la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y a la Plataforma Recuperando que actúa en todo el territorio español, para que puedan trabajar sobre ello.

El Ayuntamiento de Córdoba está investigando los bienes inmatriculados por la Iglesia a su nombre en el Registro de la Propiedad por si alguno de ellos fueran en realidad públicos y esta investigación ya ha arrojado sus primeros resultados. Se trata de dos bienes sobre los que cabría reclamar su titularidad pública: una ermita y distintos espacios de una plaza pública.

El Consistorio cordobés requirió en su día “certificado sobre las inmatriculaciones registradas a nombre del Cabildo de Córdoba, a todos los registros de la propiedad de nuestra ciudad”, según consta en un escrito de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en respuesta sobre este asunto al grupo municipal de Ganemos Córdoba.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucia, consta que toda la información recabada de los siete Registros de la Propiedad de la capital cordobesa se dirigió a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que fuera ésta la que iniciara una investigación con el fin de comprobar si las inmatriculaciones afectaban a bienes municipales.

Así, sobre el listado de inmatriculaciones halladas –del que no se ha hecho público cuántos bienes lo componen- se trasladó solicitud de informe a Urbanismo para que aportase concretamente “información relacionada con el conjunto de bienes inscritos en los distintos Registros de la Propiedad de Córdoba a favor de la Diócesis de Córdoba por su posible afección a bienes de titularidad municipal”, según indica el escrito de la alcaldesa. Y, de momento, Urbanismo ha señalado directamente a dos casos concretos en los que se habrían encontrado “títulos de propiedad que resultarían contradictorios”.

Se trata de la Ermita de los Santos Mártires, junto al río Guadalquivir, y de espacios de la Plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta. Por un lado, se señala a la ermita sobre la que, en estos momentos, se está “completando su expediente de investigación” y por otro lado, se apunta a “espacios libres existentes entre las construcciones destinadas a uso religioso, vivienda y almacén sitas en la Plaza Nuestra Señora de la Fuensanta, actualmente en proceso judicial”. Y es que sobre esta plaza, tras protestas vecinales, ya abrió un expediente administrativo el propio Ayuntamiento para reclamársela a la Iglesia, procedimiento administrativo sobre el que el Cabildo presentó un recurso judicial y logró parar al considerar los tribunales que el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal del consistorio no era el órgano que debía haber tomado la decisión de reclamar la plaza.

Así las cosas, ahora la plaza pública se incluye dentro de este nuevo intento del Ayuntamiento que trata de averiguar la totalidad de bienes inmatriculados por la Iglesia en la capital. Sobre ese listado completo prosigue la investigación desde el área de Urbanismo, que deberá ofrecer como resultado un informe con los bienes públicos que hayan sido registrados por la Iglesia y sobre los que el Ayuntamiento pueda actuar para reclamar su titularidad.

El alcance de la operación urbanística sobre bienes públicos

Este escrito de la alcaldesa responde a una petición formulada en el Pleno municipal por el grupo Ganemos Córdoba para que se hiciera público el listado de las inmatriculaciones que pudieran afectar a bienes municipales y conocer así “el alcance de esta operación urbanística sobre el patrimonio de los bienes públicos y municipales”.

Isabel Ambrosio señala sobre este extremo que se trata de una “documentación que obra en el oportuno expediente abierto en nuestro departamento de Patrimonio, y que se encuentra a disposición de los y las capitulares que quieran hacer cualquier consulta sobre este extremo”, aunque a esta consulta no puedan acceder más personas que los concejales.

De hecho, sobre la exposición pública de este listado se limita a decir que “las propiedades inmatriculadas a nombre de la Iglesia Católica, como las registradas a nombre de cualquier sujeto de naturaleza pública o privada, son públicas en cuanto cualquier ciudadano o ciudadana puede solicitar al Registro de la Propiedad que corresponda información sobre la pertenencia o no de algún edificio o terreno a quien en cada momento pudiere considerarse propietario”.

La acción que hasta ahora llevaban de manera individual las plataformas ciudadanas surgidas en algunos puntos del territorio nacional para denunciar las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica toma a partir de ahora un cariz conjunto a nivel estatal. Un total de veinte colectivos de todo el país acaban de constituir la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, un órgano que nace con el objetivo de promover acciones en cada uno de los territorios para denunciar las apropiaciones de bienes de todo tipo que la Iglesia ha venido realizando al amparo de la antigua Ley Hipotecaria.

Entre los colectivos que conforman la nueva coordinadora se encuentra la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma de Defensa del Patrimonio de la Comunidad Autónoma Vasca, el colectivo aragonés MHUEL, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Andaluz, Redes Cristianas, Europa Laica, la Unión de Ateos y Librepensadores, así como grupos de acción de La Rioja, Teruel, Valencia, Valladolid, Baleares y Asturias que han venido actuando en el ámbito de las inmatriculaciones.

De un lado, todos los colectivos se servirán de la experiencia de quienes, como la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos, llevan ya años trabajando en relación a los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la antigua Ley Hipotecaria, que les permitía inmatricular un bien sin aportar título de propiedad sobre él. De otro lado, y a partir de la puesta en común de sus experiencias, el objetivo pasa por aunar estrategias de acción en cada uno de los territorios.

En ese sentido, los colectivos integrantes de este nuevo órgano han acordado un plan de acciones entre las que se incluyen “exigir a los parlamentos y gobiernos autonómicos la adopción de iniciativas institucionales, jurídicas y legislativas que persigan la recuperación de los bienes apropiados”, señalan desde la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos.

Junto a ello, promoverán “la identificación y difusión de los bienes inmatriculados entre 1946 y 2015” que realizarán acompañadas de “una evaluación de su repercusión económica y el coste social del expolio” que haya supuesto el registro de cada bien a nombre de la Iglesia.

Implicación municipal

La tarea que ahora comienzan de manera coordinada esta veintena de colectivos pasa también por propiciar “la implicación de los ayuntamientos en los trabajos de recuperación del patrimonio enajenado, parte del cual es de propiedad municipal”, como se ha comprobado en la relación de bienes inmatriculados hallados en estos últimos años en municipios de Navarra, en Córdoba o Priego de Córdoba, entre otros.

Asimismo, desde la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia se va abordar la idea de que las administraciones estudien “condicionar las inversiones públicas”, que gran parte de los bienes inmatriculados requieren, a la devolución de los mismos a manos públicas.

Por otra parte, la intención de sumar y unificar las acciones de cada colectivo en la coordinadora estatal persigue asimismo impulsar la constitución de plataformas “abiertas e inclusivas” que multipliquen este trabajo frente a las inmatriculaciones en cada una de las distintas comunidades autónomas en las que aún no se ha creado un colectivo similar.

La primera reunión que ha servido para la constitución de la coordinadora estatal y la aprobación de una declaración conjunta “para la defensa del patrimonio irregularmente inscrito por la Iglesia”, ha tenido lugar en Navarra, comunidad en la que se inició el hallazgo de bienes inmatriculados por la Iglesia y donde el listado de los mismos supera el millar. De hecho, tanto en Navarra como en el País Vasco, sus parlamentos han aprobado iniciativas para conocer el listado completo de bienes inmatriculados, decisión que sin embargo, fue desechada por el Parlamento de Andalucía.

Distintos ayuntamientos de la provincia de Córdoba han aprobado iniciar un expediente para investigar las propiedades que la Iglesia ha inmatriculado en sus términos municipales y que pudieran ser bienes públicos, tras haberse descubierto ya algunos casos. Así, las corporaciones que lo han aprobado en los últimos meses pertenecen a Córdoba capital, Priego de Córdoba y Almodóvar del Río, mientras que en el municipio de Posadas también se ha tratado el asunto para posicionarse en contra de las inmatriculaciones descubiertas.

Así, tras hacerse público que espacios como una plaza pública -Plaza de la Fuensanta en Córdoba- o un local de cazadores en un paseo ajardinado de Posadas figuran en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia tras haberlos inmatriculado gracias a la anterior Ley Hipotecaria  sin tener que acreditar título de propiedad, los ayuntamientos se han puesto en marcha para investigar todos los bienes públicos que pudieran haber sido inscritos por la Iglesia.

Los ayuntamientos de Córdoba, Priego de Córdoba y Almodóvar han aprobado una moción elaborada a propuesta de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, que tras los primeros hallazgos en la provincia cordobesa trabaja ahora en descubrir las inmatriculaciones de bienes públicos en toda Andalucía. La moción aprobada en estos ayuntamientos solicita al Registro de la Propiedad “una lista de los bienes inmatriculados al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia Católica, sin pasar por alto que para ello puede haber utilizado nombres diversos como Diócesis, Obispado o Cabildo”.

En la argumentación del acuerdo aprobado en estos ayuntamientos, se expone que gracias a la citada ley “se han inmatriculado miles de bienes en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, al no haber sido poseídos nunca por la Iglesia católica e incluso no poder argumentar la coartada de su posible uso litúrgico, como solares, viviendas, caminos e incluso plazas públicas”. Y en ese sentido da cuenta de cómo “la presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad” hasta la fecha.

Hallazgos en cada municipio

En Córdoba capital, el acuerdo del pasado mes de julio solicitar el listado completo de las inmatriculaciones viene acompañado de la apertura de un expediente para declarar de titularidad pública la Plaza del Pocito en la Fuensanta, uno de los espacios públicos sobre los que se ha descubierto que fue inmatriculado en su día por el Cabildo. E, incluso, el consistorio ha manifestado su decisión de acudir a los tribunales si no existiera un acuerdo previo entre el Cabildo y el Ayuntamiento en este asunto. “Sería mucho más fácil para todos que hubiese voluntad para solucionar algo que es tan evidente”, señalan desde el equipo de gobierno que ha mostrado su firme decisión: “Todo lo que sea público se inscribirá a nombre de este ayuntamiento”.

Por su parte, en el municipio de Priego de Córdoba, el acuerdo de todos los grupos municipales este mismo mes de octubre para solicitar al registro el listado de inmatriculaciones pretende dilucidar la propiedad sobre la zona de El Calvario y la iglesia-hospital de San Juan de Dios, entre otros bienes, así como reclamar las propiedades consideradas municipales que hayan podido ser inmatriculadas por la Iglesia.

Almodóvar del Río también se unió por unanimidad a este grupo de municipios ya en el mes de julio cuando el Pleno del Ayuntamiento, aprobó una moción sobre “el conocimiento y la exposición pública de aquellos inmuebles de la localidad que hayan sido inmatriculados por la jerarquía católica con el fin de poder contrastar su titularidad y actuar si se dictamina que son públicos”, una lista que ya cuenta con al menos cinco bienes.

Y en el municipio de Posadas, el pleno municipal se posicionó ya en marzo en contra de la inmatriculación hecha por la Iglesia de un local comercial que ocupa una sociedad de cazadores, dos ermitas, dos viviendas y varios tramos de caminos públicos.

Tras el ejemplo de acción en Córdoba de la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos que viene luchando por la titularidad pública del monumento registrado por la Iglesia a su nombre en 2006, nace ahora la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, un colectivo que pretende sacar a la luz y reivindicar como públicos los bienes inmatriculados por la jerarquía eclesiástica en Andalucía gracias a la Ley Hipotecaria que le facultaba para ello sin tener títulos de propiedad sobre los bienes.

Siguiendo el ejemplo también de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro –que ha conseguido aflorar más de un millar de bienes de todo tipo inmatriculados por la Iglesia en aquella comunidad foral y llevar su acción al parlamento autonómico- la plataforma en Andalucía nace con el objetivo de realizar un trabajo similar en la región andaluza y exigir de las administraciones locales y de la Junta de Andalucía que actúen en defensa del patrimonio.

Así, los integrantes del nuevo colectivo han dado el paso para actuar “ante la escandalosa inmatriculación de bienes públicos pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de Andalucía por parte de la jerarquía católica”, según señalan en su manifiesto fundacional al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Y en él trazan la hoja de ruta de las acciones que emprenderán para llevar a cabo sus reivindicaciones.

De un lado, van a solicitar “de las administraciones competentes el listado completo de los bienes inscritos clandestinamente por la jerarquía católica” conforme a la antigua Ley Hipotecaria que califican de “procedimiento inconstitucional” y apuntan, sobre esos bienes que “muchos de los cuales han sido construidos y sostenidos secularmente con fondos públicos y, por tanto, pertenecen a la ciudadanía”.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz quiere que se realice una auditoría para cuantificar el valor de los bienes registrados a nombre de la Iglesia en la comunidad autónoma, así como de “las consecuencias que para la hacienda pública supone no percibir cantidad alguna por las actividades económicas directamente vinculadas a los bienes inmatriculados por la jerarquía católica”, dada la exención del IBI y otros impuestos que tiene la Iglesia.

Mociones en los ayuntamientos

Junto a ello, la acción de estos activista defensores del patrimonio andaluz irá encaminada exigir tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos “que defiendan nuestro patrimonio histórico de este expolio a través de los instrumentos administrativos y legales de que dispongan”, de manera que “se restituya la legalidad constitucional y la devolución al dominio común de todos los bienes del patrimonio histórico y cultural de Andalucía” que a su juicio han sido “usurpados por la jerarquía católica de forma irregular”.

En ese sentido, en este verano presentarán en distintos ayuntamientos andaluces mociones solicitando que las corporaciones actúen para recabar los listados de bienes inmatriculados y ver las posibilidades de que los bienes públicos sean devueltos a cada municipio.

Como ejemplos más reconocidos del registro de bienes que la Iglesia ha hecho a su nombre en Andalucía en los últimos años se encuentran la mencionada Mezquita-Catedral de Córdoba y la Giralda de Sevilla, monumentos emblemáticos de ambas capitales por los que son internacionalmente conocidas y que fueron inscritos en el Registro de la Propiedad por la jerarquía católica sólo hace unos años.

Pero junto a estos también se encuentran una serie de bienes de menor reconocimiento que han ido saliendo a la luz pública en los últimos meses y que la nueva plataforma pretende aflorar para el conocimiento público y la exigencia de acción a las administraciones. En ese apartado, hasta el momento se ha podido comprobar que se encuentran plazas, ermitas, un paseo de un jardín público, monumentos, iglesias inscritas una vez restauradas con dinero público o incluso el llamativo caso de un local de cazadores.

Todos esos ejemplos están siendo compartidos por la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz en sus redes sociales, donde comparten los casos descubiertos y animan a denunciar nuevos casos para ampliar su acción que viene precedida por una “profunda preocupación por las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podrían derivarse del expolio de bienes de incalculable valor histórico y emocional pertenecientes al pueblo andaluz”.

Una nueva denuncia en los juzgados sobre las inmatriculaciones del Obispado de Córdoba y ya van tres. A las que en su día interpuso el concejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba, Carlos Baquerín, y la de un listado de 206 ciudadanos encabezados por Julio Anguita y otros tres exalcaldes de la ciudad, este jueves se ha sumado la denuncia interpuesta por Andalucía Laica.

Los representantes de Andalucía Laica han presentado una denuncia para que los juzgados investiguen las irregularidades que se hayan podido cometer para que el Obispado de Córdoba haya inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad una serie de bienes considerados públicos, entre ellos la Mezquita-Catedral, el Triunfo de San Rafael y la plaza del mismo nombre que lo alberga, la Ermita del Socorro, la plaza de El Pocito y la Iglesia de La Fuensanta, la Ermita del cementerio de La Salud y un quiosco adosado a la iglesia de San Hipólito.

Asimismo, en dicha denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, se acusa al gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba por “dejación” y se solicita al juez que estudie la posible colaboración del Registro de la Propiedad para llevar a cabo estas operaciones.

“En los últimos meses se ha generado una extraordinaria alarma social en la provincia de Córdoba, y en especial en su capital, como consecuencia del sorprendente descubrimiento de nuevas y diversas iniciativas de inmatriculación de inmuebles de aparente naturaleza pública llevadas a cabo en beneficio propio, de forma aparentemente alevosa y en diferentes momentos, por representantes diocesanos e instancias provinciales de la Iglesia Católica”, justifica el documento.

Andalucía Laica pretende que, con esta denuncia, “se valore la inconstitucionalidad de la ley que ha permitido este proceso” y se revoquen, por tanto, las inmatriculaciones ya realizadas en Córdoba, en palabras del portavoz del colectivo, Aureliano Sainz. A su juicio, el de las inmatriculaciones ha sido un proceso llevado a cabo con tal “secretismo” por parte dela Iglesia que ni siquiera existe un listado completo de cuáles han sido los bienes inmatriculados que poco a poco se van descubriendo y sobre los que “seguirán saliendo a la luz nuevos casos”, ha augurado.

Apoyo de Ganemos, Equo, Podemos e IU

En este acto, Andalucía pretendía contar con el apoyo de los distintos partidos políticos en la interposición de esta denuncia en los juzgados pero, finalmente, sólo han mostrado su adhesión la agrupación de electores Ganemos Córdoba, Equo, Podemos e IU, representados por sus líderes en la presentación pública de dicha denuncia, ante la ausencia de PP, PSOE, UCOR, Ciudadanos, UPyD y Vox.

Cabe recordar que en octubre de 2014, la primera denuncia en los juzgados sobre las inmatriculaciones la encabezó el concejal Caros Baquerín, quien directamente acusó al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto y al obispo, Demetrio Fernández, por su responsabilidad en las apropiaciones hechas sobre bienes públicos. En su escrito advertía que las actuaciones de los denunciados “pudieran ser constitutivas de presuntos delitos de estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de funciones y de falsedad documental”.

Nieto y el obispo también fueron señalados igualmente en la segunda denuncia, interpuesta por el colectivo ciudadano ‘Cordobeses por el Patrimonio’ y encabezada con la firma de cuatro exalcaldes de Córdoba: Julio Anguita, Andrés Ocaña, Manuel Pérez y Rosa Aguilar.

En el año 2006, el mismo en el que la Iglesia inmatriculó a su nombre la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Obispado hizo lo mismo con varios bienes en el municipio de Posadas que inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que le permite apropiarse de un bien sin acreditar título de propiedad y con el solo certificado del obispo.

En Posadas, la Diócesis de Córdoba inmatriculó entonces un local comercial localizado en un jardín público -el Paseo de Pedro Vargas- que, según consta en la documentación del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, fue inscrito por la Iglesia junto a una casa adyacente incluyendo dos caminos. El local había sido construido en el paseo público por un particular con permiso del Ayuntamiento y, tras el cierre de su actividad comercial y estar un tiempo en desuso, fue cedido por el municipio a la Sociedad de Cazadores de Posadas, que tiene allí su sede. El local, de 19 metros cuadrados, al considerarse suelo público municipal no estaba inscrito con anterioridad en registro alguno.

Junto a ello, la Iglesia se hizo en el mismo año 2006 en Posadas con una finca rústica denominada Paraje Moredal pero conocida popularmente como Caño de la Mona, un terreno también considerado público al que van a parar algunas de las conducciones de aguas fecales del pueblo.

“La Diócesis es dueña sin título”

La documentación del Registro de la Propiedad revela que esta finca, con una extensión de 6.507 metros cuadrados, fue inmatriculada  sin más título de dominio que la certificación de la Diócesis que empleó la siguiente fórmula: “La Diócesis de Córdoba es dueña de esta finca, manifestando que la viene poseyendo sin interrupción ni contradicción desde tiempo inmemorial sin que tenga título escrito ni inscrito”.

De igual manera, la Diócesis se hizo en la misma época con otras propiedades registradas a su nombre en la localidad, entre ellas, la ermita de Jesús y la casa adyacente, una inscripción hecha incluyendo los caminos en terreno público que la circundan y que sirven para acceder al parque y al paseo hasta el recinto ferial de Posadas. A esos bienes se suman también las inmatriculaciones de la casa del párroco y de la ermita de Santiago.

El registro de estos bienes a nombre de la Iglesia no era conocido públicamente y, ante su aparición, el Ayuntamiento de Posadas va a revisar el inventario municipal para certificar si algún bien está ahora a nombre de la Diócesis de Córdoba. El alcalde de la localidad, José María Estepa (PP), ha señalado que desde la administración local “vamos a velar por los intereses del Ayuntamiento y de lo público, utilizando las vías que correspondan”. Y, de hecho, se espera que el Pleno del consistorio trate este asunto en una próxima sesión.