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Un concejal denuncia al obispo y al alcalde de Córdoba por las inmatriculaciones de bienes públicos

Carlos Baquerín (Unión Cordobesa) presenta una denuncia en los juzgados contra el obispo, la Diócesis de Córdoba, el Cabildo Catedralicio, el alcalde de la ciudad y la Junta de Gobierno Local por las inmatriculaciones de la Iglesia sobre bienes públicos.

El escrito advierte de que las actuaciones de los denunciados "pudieran ser constitutivas de presuntos delitos de estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de funciones y de falsedad documental".

Esta denuncia se interpone tras haberse descubierto que la Iglesia registró a su nombre varios monumentos que aparecían en el inventario de bienes municipal y plazas públicas.

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El Triunfo de San Rafael y la plaza del mismo nombre que han sido inmatriculados por el Cabildo Catedralicio de Córdoba.

El Triunfo de San Rafael y la plaza del mismo nombre, inmatriculados por el Cabildo Catedralicio de Córdoba.

El debate sobre las inmatriculaciones de bienes en Córdoba por parte de la Iglesia ha dado un paso más y se ha llevado hasta los juzgados. Lo ha hecho el concejal de Unión Cordobesa (partido de Rafael Gómez) en el Ayuntamiento de la capital Carlos Baquerín, quien ha presentado una denuncia por las apropiaciones hechas por la Iglesia sobre bienes de carácter público, contra la Diócesis de Córdoba y su obispo, Demetrio Fernández; el Cabildo Catedralicio y sus integrantes; y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento con el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, a la cabeza.

La denuncia se interpone  tras haberse conocido que el Cabildo Catedralicio inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad el monumento del Triunfo de San Rafael –que aparecía en el inventario de bienes del Ayuntamiento-, la plaza del mismo nombre y la plaza de la Fuensanta, ambos espacios públicos. Asimismo, consta en el inventario municipal como bien público el San Rafael de la torre de la Mezquita, la Fuente del Patio de los Naranjos y la Fuente del Caño Gordo, ambas también en la Mezquita, monumento íntegramente inmatriculado en 2006 por la Iglesia.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiarioandalucia, Baquerín explica el "sorprendente descubrimiento de nuevas y diversas iniciativas de inmatriculación de inmuebles de aparente naturaleza pública llevadas a cabo en beneficio propio", a su juicio, "de forma aparentemente alevosa y en diferentes momentos por representantes diocesanos e instancias provinciales de la Iglesia Católica".

Asimismo, el concejal relata en su escrito "la total ausencia de transparencia acreditada por los actores, por su negativa a proporcionar información y por la continua aparición de nuevos hechos de parecida naturaleza, que determinan una inseguridad jurídica y una confusión crecientes entre la población cordobesa".

De esta manera, el denunciante tras haber verificado la información pública disponible al respecto, así como "alguna otra recibida como consecuencia del ejercicio de cargo público" que ostenta, señala que "varias de las conductas y actuaciones aludidas y protagonizadas por los denunciados, resultan en apariencia irregulares y en algunos casos, pudieran ser constitutivas en diverso grado de presuntos delitos de estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de funciones y de falsedad documental, entre otros".

Recursos públicos para bienes inmatriculados por la Iglesia

Sobre la actuación de cada uno de los denunciados a los que señala, el concejal señala sus presuntas acciones irregulares. Así, explica que "la Diócesis desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga la Ley Hipotecaria", algo que "ha hecho, al menos en algunos casos, sobre inmuebles que son de dominio público o que muy bien pudieran serlo", entre otros, todo ello, "mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna".

Asimismo, en la denuncia relata que "la Diócesis ha permitido, y tal vez propiciado, en su exclusivo beneficio, que bienes inmuebles inmatriculados en su favor -algo que en apariencia las administraciones públicas competentes parece que debían desconocer- (…) antes y después de las inmatriculaciones se hayan mantenido, limpiado y reparado a costa de recursos públicos".

Sobre la actuación del Ayuntamiento de Córdoba, Baquerín apunta que "si además se diera el caso de que la administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común", y en este caso, cree que "pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación". Y añade a este respecto: "En algún caso se observa por parte del actual gobierno municipal, y no es descartable que haya ocurrido en otros anteriores, una extraña pasividad, una probable dejación de funciones en la adecuada protección de bienes pertenecientes al dominio público local e incluso una posible connivencia en el intento de desafección de alguno de ellos sin concurrir los requisitos legales necesarios".

Junto a todo ello, la denuncia también apunta a la responsabilidad que "no es excluible, al menos en algún caso" del Registro de la Propiedad de Córdoba donde la Iglesia inscribía los bienes a su nombre con la sola certificación de posesión del mismo por parte del obispo y sin ningún título de propiedad, algo que le permite la actual Ley Hipotecaria.

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