El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha decidido este viernes conceder la libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

En el auto, el magistrado valora el “escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y valora “positivamente la antigüedad de los hechos delectivos”. El que máximo colaborador de Francisco Correa ingresó en prisión preventiva en 2009, donde pasó tres años, hasta su salida bajo fianza en 2012. Posteriormente, en febrero de 2017, Crespo volvió a la cárcel, y se mantuvo hasta 2023. En los últimos tres años ha disfrutado de un régimen de semilibertad, con pulsera de control telemático. Con este cómputo total, Crespo ha cumplido más de dos terceras partes de su condena (nueve años en prisión más tres en tercer grado), cuyo límite de cumpliento era 18 años.

El juez Castro ha destacado en el escrito, según publica el citado medio, la “conducta normalizada” de Crespo durante “durante la condena” y el “buen uso del régimen abierto”, así como el “apoyo familiar vinculante y positivo” con el que cuenta el lugarteniente de Correa, lo que facilitaría su reinserción.

El que fuera ex secretario de Organización del PP gallego se reconoció en el banquillo de la Audiencia Nacional como “el máximo responsable, junto a Correa” de delitos que iban desde mordidas por obra pública a fraude fiscal. En un escrito de confesión previo al último juicio a la trama corrupta —el pasado mes de octubre—, al que tuvo acceso elDiario.es, Crespo incluyó “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

Este lunes se reanuda el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN) con la declaración estelar de Álvaro Pérez El Bigotes, el antiguo responsable de la trama en Valencia que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

La última pieza de 'Gürtel' juzga las adjudicaciones, por 1,8 millones de euros, del stand de la feria Fitur y de contratos menores a la trama por parte del Ejecutivo valenciano que presidía Camps.

El Bigotes ya confesó en un escrito remitido a la AN los presuntos tejemanejes de Camps con Orange Market, filial de Francisco Correa en Valencia, además de su relación de amistad.

“Aunque después de todo, Paco Camps reniegue de mí y de lo que me ayudó, me protegió y me cuidó. Así como yo también lo hice con él”, afirma Álvaro Pérez en el escrito.

El Bigotes, tras un total de seis años en prisión, ha pasado de ser el “amiguito del alma”, según la famosa expresión captada en las escuchas policiales, a transformarse en el principal testimonio que apuntala la acusación de Anticorrupción contra Camps.

Las primeras declaraciones en el juicio dejaron claro que Álvaro Pérez era el enlace de la trama con la administración autonómica del PP, convirtiendo su testimonio en una de las claves más relevantes del proceso.

El Ministerio Público solicita para Camps dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

Francisco Correa confirmó que cuando Álvaro Pérez aterrizó en 2004 en Valencia sólo conocía a Francisco Camps y que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana le fue presentando a dirigentes y a altos cargos de su Gobierno.

Correa definió su antigua red de empresas como “un brazo del PP” pero reconoció que tras su ruptura con la sede nacional de la calle Génova, la trama desplazó su objetivo a Valencia con El Bigotes como enviado especial.

El objetivo de trasladar a Álvaro Pérez a la capital del Turia era introducirse en el mercado de las adjudicaciones públicas mientras, en paralelo, Orange Market se encargaba de los actos electorales del PP valenciano.

Francisco Correa también confirmó la buena relación de la red corrupta con cargos como Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, Pedro García, presidente de Radio Televisión Valenciana (RTVV) o el exdiputado David Serra, entre otros.

Por su parte, Pablo Crespo declaró que “había química con Francisco Camps”. Ambos responsables de la red Gürtel señalaron a Álvaro Pérez como el testimonio clave para responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. El Bigotes pasa así de antiguo “amiguito del alma” de Francisco Camps a convertirse en el principal obstáculo de su defensa.

Francisco Correa y Pablo Crespo, jefes de la red Gürtel, han confirmado que el expresidente autonómico Francisco Camps ejercía una suerte de enlace con la trama en Valencia. “Había química con Francisco Camps”, ha declarado Crespo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' sobre la adjudicación de un 'stand' en la feria Fitur y los contratos menores con la Generalitat Valenciana.

Las declaraciones de ambos acusados son una de las claves de Anticorrupción para apuntalar su acusación contra Francisco Camps, para el que solicita dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante diez años, por los presuntos delitos de prevaricación y de fraude a la administración pública. Crespo y Correa han alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Público y han confesado que la red corrupta creó una delegación en Valencia, encabezada por Álvaro Pérez El Bigotes, para encargarse de los actos del PP y obtener de paso adjudicaciones públicas.

Los dos jefes de la trama han reconocido que, tras la ruptura con el PP nacional —“las relaciones con [Mariano] Rajoy no eran buenas”, ha dicho Crespo—, enviaron en 2004 al Bigotes de delegado de Gürtel a Valencia debido a su excelente relación de amistad con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana. “Correa decidió que, a falta de trabajo [en Madrid], podía iniciar una nueva vía en Valencia porque teníamos oportunidades”, ha afirmado Pablo Crespo.

Así, Álvaro Pérez era el responsable de tratar con los dirigentes del PP valenciano, aunque Crespo y Correa han reconocido que conocieron que trataron poco a Camps, a quien conocieron personalmente en la boda de El Bigotes y en el enlace nupcial de la hija del expresidente José María Aznar con Alejandro Agag. Pérez informaba puntualmente de los avances en la capital del Turia a sus jefes, tal como reflejan algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas policialmente que se han escuchado en la segunda sesión del juicio.

Pablo Crespo ha descrito los “problemas” del PP valenciano para abonar las deudas con la empresa Orange Market por actos electorales. En contrapartida, la trama obtuvo adjudicaciones y contratos menores de la Generalitat Valenciana, que en este juicio se ciñen a 1,8 millones de euros en contratos menores, además de 366.000 euros por el 'stand' de Fitur en 2009. “Si al menos no nos pagaban de un lado, que nos diera contratación pública”, ha resumido Crespo.

El acusado ha explicado que la propia administración valenciana en manos del PP, “en todos los casos”, les requería el fraccionamiento de las facturas. “Nosotros poníamos los medios para fraccionar”, ha confesado. Pablo Crespo también ha enumerado, a preguntas de la fiscal, algunas de las adjudicaciones públicas que obtuvo la trama (la retransmisión de la visita del Papa en 2006 o el Open de Tenis, entre otras).

La fiscal anticorrupción ha mostrado los archivo intervenidos a la trama que reflejan los regalos navideños a relevantes consellers 'populares' de la época, entre ellos Juan Cotino o Vicente Rambla. “Es una lista extensísima de regalos de navidad, no sólo a gente con la que tuviéramos relación sino también para gente con la que pudiéramos tenerla en un futuro”, ha explicado Crespo, que ha puesto el ejemplo del gabinete de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Regalos de Gürtel a la familia Camps

Además, la lista incluye regalos para los hijos y los padres de Francisco Camps y también para sus secretarias y su esposa, Isabel Bas. De hecho, la fiscal también ha preguntado a Crespo por la colaboración que ofreció la trama para diseñar la reforma de la céntrica farmacia propiedad de Isabel Bas, según se desprende de conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía. El acusado ha matizado que la esposa de Camps simplemente le “pidió consejo” all Bigotes, quien “tiene mucho gusto para el diseño”. Finalmente, sólo se elaboraron unos “bocetos” y “aquello quedó en nada”, ha dicho.

Francisco Correa, máximo líder de la red Gürtel, estaba alejado de Valencia pero también recibía los 'partes' del negocio de la mano de Álvaro Pérez. En su declaración, Correa ha dado una visión global de la relación de su grupo empresarial con el PP, tanto en Génova como en Valencia. “Éramos como un brazo del PP”, ha resumido el acusado, que también ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

Correa ha confirmado que cuando Álvaro Pérez aterrizó en Valencia sólo conocía a Francisco Camps y que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana le fue presentando a dirigentes y a altos cargos de la administración autonómica.

“Trabajar con el partido y la administración”

“A raíz del cambio de presidente [del PP] de Aznar a Rajoy” las relaciones con Génova se torcieron y El Bigotes “inició una buena relación con Camps”, ha declarado. “Planteé abrir una ofician en Valencia para trabajar con el partido y la administración”, ha relatado Francisco Correa.

“Empezamos a trabajar en campañas y actos del partido en Valencia como lo hemos hecho en Madrid durante 14 años”, ha agregado. El acusado también ha sostenido que Camps conocía el bagaje de la red de empresas de Gürtel en relación a los trabajos electorales previos para el PP nacional.

Francisco Correa también ha sacado pecho en algún momento de su declaración sobre la calidad del trabajo que realizaban sus empresas. “Hemos demostrado que teníamos capacidad, organizamos la visita del Papa con un millón de personas [asistentes]”, ha afirmado. El jefe de la trama ha incidido en que siempre ordenaba a Álvaro Pérez que “hablara con el presidente [Francisco Camps] para que le diera más trabajo”.

Tras la declaración de Correa y Crespo, el balón pasa directamente al tejado de Álvaro Pérez, antaño “amiguito del alma” de Francisco Camps. El Bigotes también ha alcanzado un acuerdo de conformidad con Anticorrupción y ha detallado en un escrito remitido al tribunal su íntima relación con el expresidente valenciano.

Una relación, tanto comercial como de amistad, que se traducía en paseos cerca del domicilio de Francisco Camps o en encuentros en el club de Tenis de Valencia. Sin embargo, el interrogatorio de Crespo y Correa se ha alargado tanto tiempo que la declaración de Álvaro Pérez se ha pospuesto para la próxima sesión del juicio, prevista para el próximo 13 de febrero.

El tercer gran juicio al Partido Popular por las corruptelas de la trama Gürtel quedó este martes visto para sentencia. Durante más de dos meses, la Audiencia Nacional ha enjuiciado la actividad de la red en Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta y feudo histórico de la formación. Un procedimiento con casi 40 acusados y en el que el partido que ahora dirige Pablo Casado se expone a su tercera condena por beneficiarse de la trama corrupta de Francisco Correa. En este caso, como responsable a título lucrativo de las ilegalidades cometidas en el municipio madrileño. 

La tesis de la Fiscalía, que pide que el PP sea condenado al pago de 204.198,64 euros, es que el partido se benefició de las mordidas que empresarios habrían pagado a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento, pues parte de ese dinero se habría destinado a pagar gastos de campañas relacionadas con el municipio. Las pesquisas revelaron que la red de Correa desplegó su actividad en la localidad madrileña al menos entre 2001 y 2009 causando un perjuicio a las arcas municipales de cuatro millones de euros. 

La formación conservadora, cuya defensa pidió este martes su absolución y descargó toda responsabilidad en determinados “servidores públicos” de comportamiento “execrable”, tiene ahora en su contra la catarata de confesiones de excargos del partido y empresarios que han reconocido los hechos por escrito y en el juicio buscando una reducción de sus peticiones de pena. Son los 16 ‘arrepentidos’ —todos menos el exalcalde Arturo González Panero— a cuyo relato la Fiscalía sí da credibilidad. 

Entre ellos, el líder de la trama, Francisco Correa, y el que fuera su número dos, Pablo Crespo, que reconocieron el amaño de adjudicaciones en Boadilla con el beneplácito de los cargos municipales del PP. Ambos cumplen largas condenas por otras ramas del caso y formaban parte de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de esas adjudicaciones. 

La fiscal Concepción Nicolás dio especial relevancia al testimonio de Crespo, también ex secretario de Organización del PP de Galicia, quien reconoció que los pagos al PP estaban en algunas ocasiones incluso escritos en su agenda personal y que admitió que se abonaban “en negro” actos del partido, según se encargó de recordar la representante de Anticorrupción. Y al de César Tomás Martín Morales, antiguo gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla y exjefe de campaña del PP en la localidad, que explicó las “necesidades económicas” del PP en el municipio y cómo la Gürtel sufragaba su “actividad interna”. 

De hecho, Martín Morales incorporó a su confesión un anexo en el que detalló las cantidades recibidas de la red tanto en precampaña y campaña electoral, como para sufragar “comidas, fiestas o viajes”. La fiscal lo interrogó durante su declaración por su escrito de confesión, en el que hacía referencia a que Correa le explicó que recibió instrucciones de la cúpula del PP a través de Pío García-Escudero, entonces presidente regional del PP. “Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Yo cumplí instrucciones”, afirmó ante el tribunal.

La Fiscalía también puso en valor la declaración de empresarios como Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, que ya pactó en el primer juicio de Gürtel una rebaja de la petición de pena a cambio de confesar su implicación en los sobornos. En esta vista reconoció que pactó con Correa una mordida del 3%, el mismo porcentaje del que habló el líder de la Gürtel en aquel primer juicio. “Ha venido a reconocer lo que pagó, que coincide con la carpeta azul, y cómo había hecho llegar cada una de las cantidades”, dijo la fiscal sobre el constructor. 

“A escondidas” del PP

Este martes, en su informe de conclusiones, la defensa del PP, que ejerce el abogado Jesús Santos, insistió en que el partido no podía ser condenado porque “desconocía por completo” esos presuntos “actos” que, de haber tenido lugar, se habrían llevado a cabo “sin su conocimiento ni consentimiento”. A este respecto, el letrado insistió en que esos gastos se habrían realizado “a escondidas o al margen del partido” y por “personas que carecían de poder para comprometer al partido”, cuya intención era “beneficiarse a sí mismos”.

En este contexto, el representante del PP recordó que el partido “contaba con amplio margen de presupuesto” para las campañas electorales de 2003 y 2007 y que tenía “un techo de gasto al que no se llegó”. Así, si se hubiera querido añadir nuevos gastos habría “un amplio colchón” para hacerlo, insistió.

La Fiscalía considera, sin embargo, que los testimonios de otros acusados, de los testigos, de los peritos y la documentación obtenida durante la larga instrucción de este caso ponen de manifiesto que existió un “lucro” para la formación y, en consecuencia, la “obligación” del partido es resarcir ese dinero aunque no tuviera conocimiento de los hechos delictivos que se estaban produciendo. “Todos y cada uno de los pagos están perfectamente acreditados”, aseveró la fiscal, que insistió en que quien se “aprovecha” o “enriquece” como consecuencia de un delito tiene la obligación de devolver esos fondos “aún cuando no tenga conocimiento de una conducta ilícita anterior”. 

En su exposición, la fiscal dejó claro que daba toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que declaró como testigo a propuesta del PP. Según la fiscal Concepción Nicolás, en su interrogatorio afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A juicio de la representante de Anticorrupción, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, insistió la fiscal. 

Esta fue la tesis que intentó rebatir este martes la defensa del PP. Santos —que también se remitió en varias ocasiones a la declaración de este testigo— insistió en que los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer ni realizar gastos en nombre del partido y que ésta es una facultad reservada a los apoderados. “No es que no exista prueba de cargo para acreditar ese uso o ese disfrute [de los supuestos gastos desviados a campañas], es que hay prueba que pone de manifiesto todo lo contrario”, aseveró. 

La última palabra, en todo caso, la tendrán los tres miembros del tribunal de la Audiencia Nacional, un órgano judicial que no ha dado demasiadas alegrías a los conservadores. El partido fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en mayo de 2018, en la primera sentencia que confirmó la existencia de una financiación irregular en el PP. Entonces, el tribunal especial admitió que la “contabilidad paralela” no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un “contexto” necesario para explicar la red de Correa. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. 

Dos años después, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia aunque eliminó las alusiones a la existencia de una caja B. Los jueces justificaron esa decisión —“intrascendente en el fallo”, advirtieron— en el hecho de que no podía haber responsabilidad penal sin que existiera acusación o defensa. El PP aprovechó estos pasajes para afirmar que aquella moción de censura se basó “en la mentira”. Pero la verdad judicial volvió a imponerse apenas doce meses después. El pasado 28 de octubre una tercera resolución, la de la caja B del PP, ratificó que hubo una “contabilidad paralela” en el partido “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.

Dieciesiete acusados en el juicio por la actuación de la trama Gürtel en Boadilla han reconocido los hechos que les atribuye la Fiscalía durante sus declaraciones en la vista oral. Son mayoría entre las 24 personas que se sientan en el banquillo de los acusados y a los que acompañan 11 sociedades como presuntas responsables civiles. Completa la lista de acusados el Partido Popular, al que el Ministerio Público atribuye haberse beneficiado de 204.198,54 euros de la corrupción, y contra quien se vuelven las confesiones que refuerzan el relato de la acusación. 

Una parte de las mordidas que repartían Francisco Correa y su red criminal habrían ido a financiar dos campañas electorales en el municipio de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de España, y bastión tradicional del Partido Popular; que no ha perdido el poder allí ni siquiera después de que se destapase todo el escándalo. Se trata de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales que se celebraron un año más tarde. 

Algunos de los acusados tenían cosas que contar al respecto; otros se han limitado a reconocer su participación en la trama en la cual se habría producido esa transferencia de fondos de dinero negro al PP. La formación política se enfrenta a su tercera condena, la segunda como beneficiario a título lucrativo del dinero de la corrupcón de Gürtel. El Partido Popular, por boca de su abogado, Jesús Santos, rechazó contestar a las preguntas de las partes cuando tocó el turno de su comparecencia como acusado bajo el argumento de que “nada puede aportar” sobre los hechos que se juzgan. Estos son los acusados que han confesado y el puesto o papel que desempeñaban.

Arturo González Panero, alcalde de Boadilla

El regidor del municipio entre 1999 y 2009 aseguró que el PP le dio instrucciones de que había que pagar parte de los gastos de las dos campañas citadas “por fuera”. Durante su declaración, que se extendió durante dos jornadas, González Panero aseguró haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileño. 

González Panero confirmó punto por punto la relación del Ayuntamiento con la trama, según la cual, se llevaba una mordida por adjudicar a empresas de la trama de Correa y compañía o una comisión, junto al jefe de la red, por que esos contratos fueran a terceros. Una de los argumentos que le dio Correa para adjudicar a determinadas empresas es que ayudaban al partido y que una parte de esa comisión “tenía que ir al PP”. “No sé si ese dinero fue al PP, pero lo dijo”, añadió. Al relatar esa supuesta financiación irregular de campañas, el exalcalde ha ejemplificado que, si en un acto se necesitaba un número elevado de banderolas, se facturaban 30 al PP y otras “200 había que pagarlas por fuera”.

Francisco Correa, líder de la Gürtel

“Si se adjudicaba a mi candidato, el empresario me aportaba dinero en efectivo y yo lo llevaba al Ayuntamiento. Se lo entregaba a González Panero”. Así confirmó el líder de la Gürtel el sistema en Boadilla. “Salía a concurso una obra en el Ayuntamiento y algunos empresarios me contactaban. Oye, que estoy interesado en esta obra en Boadilla. Y yo por la relación que tenía [con el entonces alcalde Arturo González Panero] hacía de lobby. Si conseguíamos la adjudicación, el empresario me aportaba la cantidad o la comisión correspondiente. Yo intentaba que se adjudicara al candidato que yo ofrecía”, añadió.

Sin embargo, a la hora de confirmar la veracidad de una anotación en la caja B de la trama Gürtel, a Correa le falló la memoria. Aseguró que aunque pusiera “campaña”, él podía haber ordenado que se escribiera eso y luego, por ejemplo, quedárselo él. Fue el momento en el que un abogado vinculado a episodios oscuros del PP, pese a no ser su representante legal, tomó la palabra para preguntar a Correa, como su abogado sustituto, si escuchó alguna vez que el dinero de las mordidas iba al partido. “No, yo creo que no”, respondió Correa. 

Pablo Crespo, número dos de la trama

Pero a continuación llegó el turno de Pablo Crespo, que aseguró que lo que ponía en esos papeles respondía a la verdad. “Esos números son míos y lo tengo claro (…) Los apuntes eran fieles, no nos vamos a engañar. Era una contabilidad B pero era real”. De esta manera, confirmó que bajo el concepto campa o campaña se consignaron fondos con destino a las gastos electorales del PP en Boadilla en 2003 y 2007.

Respecto a esta última campaña, el pago se consignó bajo el nombre de Tomás Martín. “Era la caja B que llevaban en Pozuelo, de la que sale una entrega que no era para Tomás Martin sino para el PP”, aclaró Crespo, antiguo secretario de Organización del PP gallego.

José Luis Izquierdo, contable de Gürtel

Se escudó en que él realizaba una administración “auxiliar” y que “siempre” se le dictaba lo que tenía que poner en la contabilidad b en la que aparecen, entre otras, las anotaciones referidas sobre la desviación de dinero negro para el PP. 

Antonio de Miguel, arquitecto del Ayuntamiento

Ratificó la confesión escrita, entregada al tribunal días antes del comienzo del juicio. En ella, su abogado describía gráficamente el sistema de corrupción: “Existía una práctica que consistía en que las ofertas que presentaban los licitadores a concursos, se pasaban a mi representado, el señor De Miguel Reyes, para que este las valorase desde el punto de vista técnico (no económico) y emitiese informes con las puntuaciones correspondientes. Era habitual que a mi mandante le facilitasen una plantilla con los diferentes aspectos técnicos a valorar de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras”.

Tomás Martín Morales, gerente de la empresa del suelo

Explicó las “necesidades económicas” del PP en el municipio y como 'Gürtel' sufragaba su “actividad interna”. “Además de vender gestiones municipales y proyectar o anunciar las futuras que se iban a hacer como comunicaciones de precampaña, había que mantener toda la estructura del partido viva. Había que organizar comidas, fiestas, viajes o una reunión, alquilar una sede. Mucha actividad preelectoral y también de sostenimiento”, afirmó.

La fiscal interrogó a Martín Morales por su escrito de confesión, en el que hacía referencia a que Correa le explicó que recibió instrucciones de la cúpula del PP a través de Pío García-Escudero. “Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Yo cumplí instrucciones”, afirmó ante el tribunal.

Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal 

“Yo he contratado fundamentalmente, y me arrepiento de ello, con las empresas del señor Correa”, confesó Bosch, quien, sin embargo, dijo no saber nada de la financiación del partido. El también exdiputado autonómico declaró: “No tengo ni idea. No he participado en la campaña porque yo estaba en otros sitios. No tengo ni idea de que se haya derivado dinero al PP”.

Isabel Jordán, subordinada de Correa

Jordán aseguró que tanto la campaña electoral del PP del municipio de 2007 como los actos de precampaña de 2006 fueron pagados con dinero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla, de comisiones que pagaban a la trama empresas adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento y de la caja B del grupo de sociedades de Correa.

Sobre la trama de corrupción y la relación de su jefe con el alcalde de Boadilla, Jordán relató que una noche, volviendo de una cena, Corra le confesó: “Mira, ni te preocupes, no va a pasar nada. Vamos a poder tener todos los contratos de Boadilla que yo quiera; me los van a adjudicar todos porque tengo al señor Arturo Panero cogido de los huevos”.

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica

El constructor ya pactó en el primer juicio de Gürtel una rebaja de la petición de pena a cambio de confesar su implicación en los sobornos. En esta vista reconoció que pactó con Correa una mordida del 3%, el mismo porcentaje del que habló el líder de la Gürtel en aquel primer juicio. Dijo que toda la gran obra del Gobierno de Aznar llevaba una mordida del 3% y que una parte iba para el partido. Luego no quiso ratificar la confesión ante el juez de la caja B.

Ramón Blanco Balín, arquitecto de la trama internacional

El exvicepresidente de Repsol y antiguo amigo de José María Aznar está acusado de organizar la estructura internacional de blanqueo de la trama Gürtel. Fue él quien presentó a Correa al gestor de los fondos de Juan Carlos I. En su declaración en la pieza de Boadilla se limitó a acudir a su escrito de confesión. “Yo he reconocido los hecho que han sido ciertos. No quiero perjudicar a nadie”, dijo.

Carlos Martínez Parra, empresario

“Tenía conocimiento de que se nos adjudicaban obras en Boadilla, porque mi padre tenía buen trato con Correa y hablaba con él para conseguirla”, aseguró Martínez Parra, del Grupo Martínez Nuñez. 

“Mi padre me dio un maletín con dinero y se lo entregué a un señor de la empresa de Correa, creo que era Crespo. Le di la cantidad de 1.380.000 en efectivo”, explicó. “El destino –dijo– era para entregar a los funcionarios o personas que intervinieron en la adjudicación”.

José Luis Ulibarri, empresario

Con él volvió a salir el tema del 3% en mordidas. “Era un 3% lo que le di a Correa. Un millón de los 33 que costó”, aseguró el empresario burgalés acerca de la única vez, según dijo, que pagó por operar en Boadilla del Monte. También lanzó una sospecha sobre lo que le prometió el líder de la Gürtel y lo que terminó haciendo realmente: “Yo me temo que Correa no habló con mucha gente. Pero eso lo pienso ahora”.

Jacobo Gordon, empresario

Amigo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, Gordon declaró: “En 2005 Correa me pide un favor: facturar un millón para no pagar impuestos y que luego me haría unas facturas por el mismo importe, y yo accedí”.

Javier Nombela, subordinado de Correa 

Empleado de las empresas de Francisco Correa, Nombela se refirió a uno de los proyectos de Boadilla que se juzga, la Oficina de Atención al Ciudadano. “Había mucha relación en Boadilla por el tema del (Banco) Santander. Isabel llevaba colaborando con el Santander incluso con las obras, ella fue incluso con el barro… llegamos a tener un contrato con ellos... El encargo surgió de allí. La OAC funcionó bien en Majadahonda. El proyecto surgió por la relación con el alcalde”, declaró en el juicio.

Javier del Valle Petersfeld, asesor fiscal

Contó cómo el alcalde de Boadilla, González Panero, le presentó a Correa. Ambos le propusieron crear una cuenta conjunta a través de una sociedad que el jefe de la Gürtel tenía domiciliada en Portugal. Hasta que Correa y González Panero se pelearon en 2004. El asesor fiscal Del Valle dijo al tribunal que llegó a mover alrededor de 1,2 millones de euros del alcalde de Boadilla por Suiza y Estados Unidos. 

Rafael Martínez Molinero, empresario

Miembro del consejo de administración de Teconsa, aseguró que él nunca manejó dinero y que no entregó a la trama mordidas por las adjudicaciones, pero que la empresa que dirigía sí lo hizo.

Luis de Miguel, primer gestor internacional de la Gürtel

“Conocí en el 98 a Correa y creé la estructura societaria”, dijo Luis de Miguel ante el tribunal. “Se emitieron dos facturas mediante las cuales se envió el dinero a Suiza”, añadió. El gestor, que fue sustituido después por Blanco Balín, intentó defenderse alegando que no sabía la procedencia del dinero. 

El Partido Popular y el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, se han alineado en el Congreso para responsabilizar al Gobierno del PSOE en la creación e impulso de la operación Gürtel con fines políticos. “Rubalcaba fue el padre de la Gürtel”, ha asegurado Pablo Crespo ante la comisión que analiza la financiación del Partido Popular. Una afirmación que ha hecho suya el portavoz del PP, Óscar Clavell, durante su turno de intervención. 

El dirigente de la trama de empresas que Francisco Correa levantó para tratar con las administraciones gobernadas por el Partido Popular se ha dibujado ante la comisión como una víctima de una pelea política. “Yo me estoy comiendo el marrón de una pelea entre el PP y el PSOE”, ha asegurado. 

Crespo, al igual que hizo multitud de veces en sede judicial, ha reconocido haber cometido delitos fiscales pero nada que justifique una sentencia que ha calificado como “monstruosa”. 

Durante su intervención, también ha habido tiempo para criticar la labor del exjuez Baltasar Garzón, a quien el número dos de Gürtel ha calificado como “un delincuente” que trabajaba “en un despacho de prevaricadores”. 

En la misma línea se ha manifestado durante su intervención el portavoz del PP, Oscar Clavell. El diputado conservador no se cortó al acusar a los socialistas de haber creado la comisión de investigación con el objetivo de tumbar a Rajoy: “Esta comisión de investigación nació con un único objetivo: desbancar al PP del Gobierno de España”, ha asegurado. Clavell ha afirmado que como el PSOE ya no sabe que hacer con la comisión ahora pretende alargarla para que sus conclusiones se publiquen en los prolegómenos de la próxima campaña de elecciones municipales y europeas. 

“O cobráis así, o no cobráis”

Pese a sus acusaciones de que el caso Gürtel fue construido perjudicialmente, el número dos de Correa ha reconocido muchas de las irregularidades de las que fue testigo en los años en los que tuvo responsabilidades en el PP gallego y durante el periodo posterior en el que trabajó para Francisco Correa, al frente de sus empresas. 

“Nos dijeron: o cobráis así, o no cobráis”. Con esa frase ha resumido los extraños tratos que el PP supuestamente les obligaba a aceptar para poder cobrar por actos electorales. Según Crespo, numerosas empresas eran las que pagaban los gastos electorales de la formación conservadora a través de facturas que se fabricaban con arreglo a una ficción. 

En el caso de Valencia, fue Ricardo Costa quien impuso el método de pago con empresas interpuestas, como el propio Costa ya ha reconocido en sede parlamentaria. En Madrid, ha relatado Crespo, fue Beltrán Gutiérrez (hombre de confianza de esperanza Aguirre) quien le impuso un método similar: recibir los pagos de terceras empresas con las que no habían tenido contacto y que se hacían cargo de las deudas electorales del PP. 

Crespo llegó al Congreso desde la prisión de Valdemoro en donde cumple condena por muchos de los asuntos sobre los que la comisión parlamentaria pretende echar luz. Asistido por su abogado Miguel Duran, Crespo explicó que el pago de sobresueldos “era normal” en la formación en la que dirigió campañas electorales (Galicia) hasta el año 1999. 

Crespo ha asegurado que “los secretarios generales conocen la financiación del partido. De vicesecretario para arriba todos sabían la verdad”. Según su relato, “Manuel Fraga y José Cuiña (secretario general del PP gallego, ya fallecido) eran conocedores del sistema de asignación de sobresueldos”. Cuando al exdirigente del PP y de las empresas de Correa se le ha preguntado si personas como Mariano Rajoy, Romay Beccaría o José Manuel Barreiro (exportador del PP en el Senado) habían recibido pagos en B, su respuesta ha sido el silencio: “A eso no voy a responder”, ha asegurado.

Al finalizar el interrogatorio, Pablo Crespo disfrutó de unos minutos  extra de libertad antes de desplazarse de nuevo a la prisión de Valdemoro, en donde está cumpliendo condena. En ese breve tiempo de despedida la diputada del PP, Beatriz Escudero, se acercó a saludarle con las siguientes palabras: “Siento que hayas tenido que venir”. Tras los saludos, agentes de la Guardia Civil y Policía del Congreso acompañaron al exdirigente del PP a la comisaría del Parlamento, en donde fue de nuevo esposado para proceder a su traslado al centro penitenciario.

Els capitosts de Gürtel han fet aquest dimecres un nou intent de tombar els enregistraments que van permetre desmuntar la trama corrupta. Davant el Tribunal Suprem, els seus advocats han carregat contra els enregistraments que va realitzar el delator José Luis Peñas perquè suposen una “insuportable violació del dret a la intimitat”. També han exposat que el cas ha de ser anul·lat pels enregistraments que va ordenar Baltasar Garzón als acusats i els seus advocats, que encara que van ser apartades de la causa, han “esguitat” tota la investigació.

En la vista pública celebrada aquest dimecres els advocats dels principals implicats han exposat els seus recursos contra la primera condemna de Gürtel. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va condemnar al febrer del 2017 a 13 anys de presó els capitosts de la trama, Francisco Correa i Pablo Crespo; a 12 al seu lloctinent Álvaro Pérez El Bigotes i a 9 l'exconsellera del PP, Milagrosa Martínez.

Ha sigut la filla de Pablo Crespo, Margarita Crespo, l'advocada encarregada d'exposar els arguments contra els enregistraments que va realitzar Peñas, exregidor del PP en Majadahonda i amic íntim de Correa. Els DVD que va lliurar amb 58 hores d'enregistraments obtinguts entre febrer del 2006 i desembre del 2007 són, segons el parer dels condemnats, “la vertadera pedra angules sobre la qual s'ha construït aquesta causa”.

Crespo ha criticat que els diferents sumaris de les peces separades de Gürtel no conste “una transcripció literal” de les converses i les ha qualificat com una “insuportable violació del dret a la intimitat”. Segons ha explicat, aqueixos enregistraments es van produir per l'amistat entre Correa i Peñas i en llocs privats com despatxos, domicilis particulars o menjars privats.

Peñas “va estirar de la llengua” Correa

L'advocada s'ha centrat en una d'elles, cèlebre perquè Correa va admetre haver-li portat “mil milions” de pessetes al PP i Luis Bárcenas. Aqueixa confessió és fruit de l'estreta amistat dels interlocutors: Peñas va preguntant a Correa, “el va estirant de la llengua” i ajudat per “la locuacitat” del capitost de Gürtel pot “arribar al punt que volia”, ha explicat.

La filla de Crespo també ha criticat que els enregistraments complets (62 hores enregistrades en dos pendrive) no es van conèixer fins al 2014, set anys després que esclatara el cas. A més, ha cridat l'atenció sobre que Peñas tenia clar des del principi que cercava lliurar aqueixos enregistraments a la Policia i a la Fiscalia -com va declarar durant el judici- la qual cosa invalida aqueixa prova.

Al final del seu al·legat i amb veu greu, Margarita Crespo ha demanat a la Sala que pose un “dic contra tants abusos”, i ho ha fet tirant mà d'una frase inclosa en la sentència del Suprem que va inhabilitar Garzón i que va dictar el Suprem: “La justícia obtinguda a qualsevol preu acaba no sent justícia”.

El jutge Andrés Martínez Arrieta, que presideix la Sala que examinarà els recursos, va demanar als advocats que es repartiren l'exposició dels seus arguments contra la sentència. A Juan Carlos Navarro, lletrat de Correa, li ha tocat carregar contra les escoltes que va autoritzar el primer jutge del cas, Baltasar Garzón -inhabilitat per ordenar aqueixes escoltes-, als detinguts quan es trobaven a la presó. Aqueixes converses van ser excloses de la causa, però els advocats creuen que han influït definitivament en la investigació.

“Van permetre a la Policia obrir noves vies de la investigació, en la sol·licitud de prorroga d'aqueixes intervencions s'analitzen els resultats i les estratègies de defensa que s'estan duent a terme”, ha al·legat Navarro. L'advocat de Correa, que ha demanat per a ell una rebaixa de la condemna i no l'absolució, ha assenyalat que és “impossible” saber fins a quin punt aqueixos enregistraments han “esguitat” la investigació posterior.

“Van tenir accés a una informació fonamental el magistrat instructor i la fiscalia, i la policia investigadora”, ha afegit Navarro, que ha sigut especialment crític amb aquests últims. Ha enlletgit a la UDEF que fera una “selecció” dels enregistraments que lliurava al jutge i s'encarregara de fer informes sobre la base d'aqueixes intervencions, amb “dades desconegudes fins llavors i que van permetre obrir noves vies d'investigació”.

L'advocat de Correa ha criticat també que el cas Gürtel es creara al principi com un “hipermacroprocés” que després es va fragmentar en diverses peces separades. Aquesta situació ha provocat, diu, que els acusats estiguen siguen jutjats per diverses vegades per les manyagues delictes.

La defensa d'Álvaro Pérez 'El Bigotes', per la seua banda, ha centrat el seu al·legat a demanar l'anul·lació del judici perquè un dels magistrats que va signar la sentència havia resolt abans sobre els seus recursos contra l'obertura de procediment abreujat. Això provoca que la Sala estiguera “contaminada” i calga tornar a repetir el procés. Sobre el seu client, ha insistit en allò que ell mateix ha defensat des de l'esclat del cas: era un home dedicat als aspectes creatius que no va tenir paper algun en els aspectes comptables de les empreses de Gürtel.

Una organització per a guanyar contractes manipulats

En la condemna recorreguda, el tribunal va considerar provat que els acusats van crear una trama empresarial per a obtenir diferents contractes de la Generalitat Valenciana en diverses fires de turisme (fonamentalment en les pavellons de Fitur entre 2005 i 2009) després de realitzar diverses actuacions encaminades a manipular, alterar i influir al seu favor en la tramitació dels procediments administratius d'adjudicació dels treballs.

El tribunal va acceptar les tesis de la Fiscalia: les adjudicacions es van fer malgrat la falta d'experiència de la companyia, dels seus preus, quasi sempre els més cars, i que la justificació dels treballs es feia al·legant tasques no fetes o directament amb factures falses. Orange Market va facturar 5 milions d'euros només amb els seus encàrrecs per a Fitur.

El grup d'empreses de Correa, va assenyalar la sentència, era una organització empresarial creada ex profeso per a manipular concursos públics i participar activament en el canvi de les condicions exigides als adjudicataris. És més, les mercantils de Correa -Orange Market i altres- mancaven de mitjans personals i materials per a executar aqueixos treballs, que es limitaven a subcontractar a tercers.

Los cabecillas de Gürtel han hecho este miércoles un nuevo intento de tumbar las grabaciones que permitieron desmontar la trama corrupta. Ante el Tribunal Supremo, sus abogados han cargado contra las grabaciones que realizó el delator José Luis Peñas porque suponen una “insoportable violación del derecho a la intimidad”. También han expuesto que el caso debe ser anulado por las grabaciones que ordenó Baltasar Garzón a los acusados y sus abogados, que aunque fueron apartadas de la causa, han “salpicado” toda la investigación.

En la vista pública celebrada este miércoles los abogados de los principales implicados han expuesto sus recursos contra la primera condena de Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJC) condenó en febrero de 2017 a 13 años de prisión a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; a 12 a su lugarteniente Álvaro Pérez 'El Bigotes' y a 9 una exconsellera del PP, Milagrosa Martínez. El fiscal Javier Zaragoza, ha impugnado todos los argumentos de las defensas y ha pedido que el tribunal confirme las penas.

Ha sido la hija de Pablo Crespo, Margarita Crespo, la abogada encargada de exponer los argumentos contra las grabaciones que realizó Peñas, exconsejal del PP en Majadahonda y amigo íntimo de Correa. Los DVD que entregó con 58 horas de grabaciones obtenidas entre febrero de 2006 y diciembre de 2007 son, a juicio de los condenados, “la verdadera piedra angulas sobre la que se ha construido esta causa”.

Crespo ha criticado en que los distintos sumarios de las piezas separadas de Gürtel no conste “una transcripción literal” de las conversaciones y las ha tachado de “insoportable violación del derecho a la intimidad”. Según ha explicado, esas grabaciones se produjeron por la amistad entre Correa y Peñas y en lugares privados como despachos, domicilios particulares o comidas privadas.

Peñas “tiró de la lengua” a Correa

La abogada se ha centrado en una de ellas, célebre porque Correa admitió haberle llevado “mil millones” de pesetas al PP y Luis Bárcenas. Esa confesión es fruto de la estrecha amistad de los interlocutores: Peñas va preguntando a Correa, “le va tirando de la lengua” y ayudado por “la locuacidad” del cabecilla de Gürtel puede “llegar al punto que quería”, ha explicado.

La hija de Crespo también ha criticado que las grabaciones completas (62 horas registradas en dos pen drive) no se conocieron hasta 2014, siete años después de que estallase el caso. Además, ha llamado la atención sobre que Peñas tenía claro desde el principio que buscaba entregar esas grabaciones a la Policía y a la Fiscalía -como declaró durante el juicio- lo que invalida esa prueba.

Al final de su alegato y con voz grave, Margarita Crespo ha pedido a la Sala que ponga un “dique contra tantos abusos”, y lo ha hecho echando mano de una frase incluida en la sentencia del Supremo que inhabilitó a Garzón y que dictó el Supremo: “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”.

El juez Andrés Martínez Arrieta, que preside la Sala que examinará los recursos, pidió a los abogados que se repartiesen la exposición de sus argumentos contra la sentencia. A Juan Carlos Navarro, letrado de Correa, le ha tocado cargar contra la escuchas que autorizó el primer juez del caso Baltasar Garzón -inhabilitado por ordenar esas escuchas-, a los detenidos cuando se encontraban en prisión. Esas conversaciones fueron excluidas de la causa, pero los abogados creen que han influido definitivamente en la investigación.

“Permitieron a la Policía abrir nuevas vía de la investigación, en la solicitud de prorroga de esas intervenciones se analizan los resultados y las estrategias de defensa que se están llevando a cabo”, ha alegado Navarro. El abogado de Correa, que ha pedido para él una rebaja de la condena y no la absolución, ha señalado que es “imposible” saber hasta qué punto esas grabaciones han “salpicado” la investigación posterior.

“Tuvieron acceso a una información fundamental el magistrado instructor y la fiscalía, y la policía investigadora”, ha añadido Navarro, que ha sido especialmente crítico con estos últimos. Ha afeado a la UDEF que hiciese una “selección” de las grabaciones que entregaba al juez y se encargase de hacer informes en base a esas intervenciones, con “datos desconocidos hasta entonces y que permitieron abrir nuevas vías de investigación”.

El abogado de Correa ha criticado también que el caso Gürtel se crease en un principio como un “hipermacroproceso” que luego se fragmentó en varias piezas separadas. Esta situación ha provocado, dice, que los acusados estén siendo juzgados varias veces por los mimos delitos.

La defensa de Álvaro Pérez 'El Bigotes', por su parte, ha centrado su alegato en pedir la anulación del juicio porque uno de los magistrados que firmó la sentencia había resuelto antes sobre sus recursos contra la apertura de procedimiento abreviado. Eso provoca que la Sala estuviese “contaminada” y haya que volver a repetir el proceso. Sobre su cliente, ha insistido en lo que él mismo ha defendido desde el estallido del caso: era un hombre dedicado a los aspectos creativos que no tuvo papel alguno en los aspectos contables de las empresas de Gürtel.

Una organización para ganar contratos amañados

En la condena recurrida, el tribunal consideró probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar diversas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El tribunal aceptó las tesis de la Fiscalía: las adjudicaciones se hicieron a pesar de la falta de experiencia de la compañía, de sus precios, casi siempre los más caros, y de que la justificación de los trabajos se hacía alegando tareas no hechas o directamente con facturas falsas. Orange Market facturó 5 millones de euros solo con sus encargos para Fitur.

El grupo de empresas de Correa, señaló la sentencia, era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. Es más, las mercantiles de Correa -Orange Market y demás- carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, que se limitaban a subcontratar a terceros.

El grupo parlamentario de Podemos ha presentado en las Corts Valencianes una petición de comparecencia del ex presidente del Consell y actualmente senador por designación autonómica por el PP, Alberto Fabra, después de que tanto el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, como uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, aludieran a él en sus declaraciones durante el juicio en la Audiencia Nacional.

El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, declaró el viernes pasado que uno de los empresarios que ha reconocido haber sufragado los actos de campaña del PPCV en 2007 y 2008 pagó las vallas publicitarias en las que se promocionaba a Alberto Fabra como candidato a la Alcaldía de Castellón.

Por su parte, Costa aseguró que se hizo una entrega de dinero a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo para que pagase un acto en esa ciudad organizado por Orange Market; una “facturación” relacionada con la campaña en Castellón, en la que en ese momento era candidato a la Alcaldía Alberto Fabra; y, por último, otro abono destinado a la campaña municipal que se hizo en Elda (Alicante), en la que se presentaba a gobernar el municipio la senadora Adela Pedrosa.

Según ha informado la formación morada en un comunicado, Podemos quiere que Fabra, “que fue elegido por el PPCV para que las Corts le designaran como senador”, explique ante el parlamento valenciano “de qué manera su presunta vinculación al caso Gürtel afecta al ejercicio de su cargo en representación de los intereses públicos de los valencianos y valencianas y qué decisiones piensa tomar en consecuencia”.

El portavoz adjunto y diputado por Castellón, César Jiménez, ha lamentado que “utilicen el Senado para colocar a aquellos miembros que se ven salpicados por escándalos de corrupción y para recompensar los servicios prestados al frente de esta red corrupta que sirvió para financiar al PPCV”. En este sentido, ha recordado que también se ha implicado a la exalcaldesa de Elda y ex secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa.

Además, Podemos ha exigido a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que “reclame a Fabra y a Pedrosa sus escaños si quiere tener credibilidad cuando defiende que el PPCV está regenerado”. “Es necesario que Fabra asuma responsabilidades políticas, rinda cuentas y despeje todas las dudas ante las Cortes que le eligieron senador”, ha añadido Jiménez.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha enmarcado en sus estrategias de defensa las últimas revelaciones realizadas por Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' en el juicio de la rama valenciana del 'caso Gürtel' apuntando directamente al expresident Francisco Camps. Así Casado ha defendido “mirar al futuro” porque, según ha dicho, se están juzgando hechos que “supuestamente” se cometieron hace 14 años.

El 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, confirmó el pasado viernes que cobraban en negro del PP de València y que otra parte se la pagaban los empresarios. En parecidos términos, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' señaló al exlíder del PP valenciano, Francisco Camps, como la persona que ordenaba cobrar los actos de campaña a empresarios.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, Casado ha subrayado que “nunca” han valorado las estrategias de defensa de ninguno de los acusados, “y menos en fase de juicio oral”.

'El PP no tiene nada que ocultar'

“El PP no tiene nada que ocultar”, ha enfatizado. Dicho esto, ha insistido en que cada uno tendrá que valorar qué estrategias tiene cada acusado y por qué las ejerce en este momento, al ser preguntado por la confesión general que anuncia el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en todas las causas de presunta financiación irregular del PP.

En este punto, el portavoz del PP ha realizado “una apelación” para “mirar al futuro” porque, según ha dicho, se trata de casos que “supuestamente se han cometido hace 14 años y se llevan instruyendo nueve años”. Según ha añadido, quien haya hecho “algo mal, pagará por ello” pero el objetivo ahora de su partido es ocuparse de las cuestiones que preocupan a los españoles.

Además, el responsable de Comunicación del PP ha recordado las últimas reformas realizadas por el PP para luchar mejor contra la corrupción como la Ley de Transparencia y ha señalado que si algo ha quedado comprobado estos años es que “la impunidad no existe”.

“Si alguien lo ha hecho mal lo pagará, se llame como se llame o haya militado en el partido que haya militado”, ha enfatizado, si bien ha subrayado que todos los que están sentados ahora como acusados en la rama valenciana de Gürtel “ni militan en el PP” ni pertenecen a “ninguna institución del PP en estos momentos”.

La declaració d’Álvaro Pérez El Bigotes passarà a la història de les causes de corrupció perquè és la que ha retratat més bé una manera de fer política que es va convertir gairebé en hegemònica a Espanya. El comercial de la trama Gürtel a València i número tres de la trama ha connectat el ventilador i ha esguitat pràcticament a tots els que van tenir algun pes específic en el PP valencià –molts d’ells també en el PP nacional– entre els anys 2003 i 2015. Així, i en quasi tres hores d’interrogatori, en el judici ha implicat en la xarxa de finançament irregular dos expresidents de la Generalitat, Francisco Camps i Alberto Fabra, i l’exdirector general de la Policia Nacional amb José María Aznar i expresident del parlament valencià, Juan Cotino.

Encara es recorden aquelles declaracions del president del Govern, Mariano Rajoy, a València després d’esclatar el cas Gürtel i esguitar el president de la Generalitat en altre temps, Francisco Camps: “Paco, estic amb tu. Estaré sempre davant, darrere, al teu costat”. Eren els temps en què el PP negava la major i assegurava que la trama corrupta era contra el seu partit, un “grup de pocavergonyes” que s’havien aprofitat dels populars.

Doncs, res més lluny de la realitat. Segons l’interrogatori a què han sotmés El Bigotes tant la Fiscalia com l’Advocacia de l’Estat, Álvaro Pérez retrata la Gürtel valenciana com una operació per a finançar il·legalment el PP muntada i orquestrada per Francisco Camps i en què els seus consellers Juan Cotino –imputat en la peça separada de la visita del papa– i José Ramón García Antón –ja difunt– haurien estat els recaptadors. Les dues persones que deien als empresaris que calia pagar els actes del PP que muntava  Orange Market.

Álvaro Pérez ha explicat que el PP valencià tenia tres maneres d’abonar els actes, és a dir, de finançar-se. Una a través de pagaments en diners negres (la famosa caixa B), una segona amb ingressos dels empresaris que han reconegut els delictes, i una tercera oficial. “Camps i la seua cap de gabinet Ana Michavila –germana de l’exministre d’Aznar José María Michavila– eren els que donaven les ordres de com pagar i quan. No es movia res a València sense que ells ho saberen”, ha declarat. A més, ha apuntat, “per a cobrar calia parlar amb Juan Cotino , que feia de mitjancer amb els empresaris”. El Bigotes ha afirmat que també intercedia amb els patrons José Ramón García Antón, que va ser conseller d’Obres Públiques.

Són importants aquests dos noms, perquè García Antón i Juan Cotino eren els que més pressupost tenien per a adjudicar obres públiques i contractes en residències de persones majors, on tots els empresaris confessos tenien interessos milionaris. La porta del finançament a canvi de contractes públics no s’investiga en aquesta peça separada i seria la que podria forçar a investigar un delicte de malversació de cabals públics. La prescripció es complirà aquest any 2018.

El comercial de la Gürtel ha apuntat cap a Camps i ha aprofitat per a exculpar alguns dels acusats en aquesta peça. “Costa rebia ordres. No tenia relació amb els empresaris. Això ho decidia el senyor Cotino, García Antón o Camps”, ha manifestat. També ha salvat l’exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla, de qui ha dit que “no es mullava”. “El tires a l’aigua i n’ix eixut”, ha ironitzat.

Álvaro Pérez, que ha dit que divendres és el primer dia que ho declara “tot”, ha apuntat que també va acudir a la seu del PP a cobrar diners en metàl·lic. “Arreplegàvem sobres de la seu del PP. Em van donar diners en metàl·lic David Serra –acusat en aquesta peça– i Víctor Campos– exvicepresident del Consell i condemnat en la causa dels vestits”, ha dit.

Alberto Fabra, esguitat

Al matí, el comptable de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha implicat el successor de Francisco Camps i actual senador del PP, Alberto Fabra. “Vam anar a cobrar a Alberto Fabra [llavors candidat a l’Alcaldia] i ens va dir que no ens pagava perquè l’acte era autonòmic. Com que en el PP regional també s’hi van negar, vam acabar cobrant de Piaf, una empresa de Castelló”, ha explicat.

El de l’expresident de la Generalitat i actual senador del PP és l’únic exemple concret d’actes i empresaris que ha posat. El comptable de la Gürtel ha afegit que sabien que “els actes del PP que vam fer els havíem de cobrar als empresaris”.

Les declaracions dels dos capitostos de la trama han deixat de cap per avall el PP més poderós del qual van beure José María Aznar i Mariano Rajoy. El viacrucis continua per a Francisco Camps, que ha de declarar com a testimoni en aquesta peça separada del cas Gürtel. Podrà negar tot el que ha dit hui El Bigotes. I el que diran Ricardo Costa i Vicente Rambla la setmana que ve?

El cas Gürtel s’ha convertit en una bola incontrolable per al PP.

Pablo Crespo, el comptable de la trama Gürtel, ha engegat el ventilador. Crespo ha ratificat en el judici en l'Audiència Nacional que van cobrar als empresaris els deutes de l'organització d'actes del PP valencià perquè en el partit no els pagaven.

Com a exemple, Crespo ha posat un acte del PP a Castelló per a les eleccions del 2007. “Vam anar a cobrar-li a Alberto Fabra [aleshores candidat a l'alcaldia] i ens va dir que no ens pagava perquè l'acte era autonòmic. Com en el PP regional també es van negar acabàrem cobrant de Piaf, una empresa de Castelló”, ha explicat.

El de l'expresident de la Generalitat Valenciana i actual senador del PP és l'únic exemple concret d'actes i empresaris que ha posat. El comptable de la Gürtel ha afegit que sabien que “els actes del PP els havien de cobrar als empresaris”

Pablo Crespo, el contable de la trama Gürtel, ha enchufado el ventilador. Crespo ha ratificado en el juicio en la Audiencia Nacional que cobraron a los empresarios las deudas de la organización de actos del PP valenciano porque en el partido no les pagaban.

Como ejemplo, Crespo ha puesto un acto del PP en Castellón para las elecciones de 2007. “Fuimos a cobrarle a Alberto Fabra [entonces candidato a la alcaldía] y nos dijo que no nos pagaba porque el acto era autonómico. Como en el PP regional también se negaron acabamos cobrando de Piaf, una empresa de Castellón”, ha explicado.

El del expresident de la Generalitat y actual senador del PP es el único ejemplo concreto de actos y empresarios que ha puesto. El contable de la Gürtel ha añadido que sabían que “los actos del PP que hicimos se los teníamos que cobrar a los empresarios”

Aquest divendres s'ha reprès el judici de la Gürtel valenciana, pel finançament il·legal del PP de Francisco Camps, amb gran expectació davant les noves “revelacions” que puguen realitzar Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', els advocats dels quals van sol·licitar una suspensió de la vista per a replantejar les seues estratègies de defensa arran de les confessions de Francisco Correa i els nou empresaris acusats.

Crespo ha reconegut que el Partit Popular valencià els va pagar en diner negre per a la caixa 'b' de Francisco Correa, així com també ha confirmat que Orange Market va facturar als empresaris els actes de campanya del PP de Camps. Després d'evitar inicialment fer-ho, al final ha acabat assenyalant Ricardo Costa com el dirigent que li va indicar que els actes del PP els pagarien els empresaris (com Correa va apuntar directament en la seua declaració).

“En una reunió amb Costa i Álvaro Pérez, Costa ens va dir que no tenien diners per a pagar-nos i que l'única solució era que cobràrem dels empresaris”, ha declarat Crespo, que ha puntualitzat que el treball de 'El Bigotes' era el de “captar negoci”.

“Vam anar a cobrar-li a Alberto Fabra”

“A mi la solució de cobrar als empresaris no m'agradava, però al final acceptàrem perquè si no entraríem en concurs de creditors”, ha reconegut l'exdirigent del PP gallec, que ha posat com a exemple un acte del PP de Castelló: “Vam anar a cobrar-li a Alberto Fabra que era el líder del PP local i ens va dir que això ho pagava el PP regional. Al final aqueixa factura la va pagar l'empresa Piaf, que era de Castelló”.

Este viernes se ha retomado el juicio de la Gürtel valenciana, por la financiación ilegal del PP de Francisco Camps, con gran expectación ante las nuevas “revelaciones” que puedan realizar Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', cuyos abogados solicitaron una suspensión de la vista para replantear sus estrategias de defensa a raíz de las confesiones de Francisco Correa y los nueve empresarios acusados.

Crespo ha reconocido que el Partido Popular valenciano les pagó en dinero negro para la caja 'b' de Francisco Correa, así como también ha confirmado que Orange Market facturó a los empresarios los actos de campaña del PP de Camps. Tras evitar inicialmente hacerlo, al final ha acabado señalando a Ricardo Costa como el dirigente que le indicó que los actos del PP los pagarán los empresarios (como Correa apuntó directamente en su declaración).

“En una reunión con Costa y Álvaro Pérez, Costa nos dijo que no tenían dinero para pagarnos y que la única solución era que cobráramos de los empresarios”, ha declarado Crespo, quien ha puntualizado que el trabajo de 'El Bigotes' era el de “captar negocio”. 

“Fuimos a cobrarle a Alberto Fabra”

“A mi la solución de cobrar a los empresarios no me gustaba, pero al final aceptamos porque si no íbamos a entrar en concurso de acreedores”, ha reconocido el exdirigente del PP gallego, quien ha puesto como ejemplo un acto del PP de Castellón: “Fuimos a cobrarle a Alberto Fabra que era el líder del PP local y nos dijo que eso lo pagaba el PP regional. Al final esa factura la pagó la empresa Piaf, que era de Castellón”.

El nom de Francisco Camps, l’expresident de la Generalitat i del PP valencià, ha planat durant els tres dies del judici de la trama Gürtel en l’Audiència Nacional. De fet, es pot convertir en una moneda de canvi dels capitostos de la xarxa a l’hora de rebaixar les penes i per a aconseguir aclarir la responsabilitat de la cúpula del partit en el finançament il·legal de les campanyes del 2007 i el 2008, confirmada pels empresaris que la van pagar i per l’empresa que les va organitzar.

De moment, la peça de caça major que han obtingut les acusacions amb els pactes a canvi de reduccions de penes només ha estat el que va ser mà dreta de Camps, l’exsecretari general del PP Ricardo Costa. Falta que en la jornada de divendres, tant el comptable de la Gürtel, Pablo Crespo, com el delegat comercial de la trama a la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez El Bigotes, apuntalen la declaració de Francisco Correa, que va assegurar que va ser Costa qui els va dir que cobraren l’organització dels actes del PP als empresaris.

Les acusacions estarien encantades que El Bigotes, “amiguet de l’ànima” de Camps, oferisca en la seua declaració d’aquest divendres dades que puguen situar l’expresident en la presa de decisions i en la direcció del finançament il·legal del seu partit. Va poder Camps no assabentar-se del que es coïa en la sala de màquines del PP si el seu secretari general i el seu vicepresident s’enfronten a més de set anys de presó per delicte electoral i falsedat i després d’haver escoltat les gravacions presents en el sumari? Difícilment.

Màximament, quan el mateix Francisco Correa ha declarat en el judici que va ser Alejandro Agag, el gendre de José María Aznar, qui va presentar El Bigotes i Francisco Camps. I que va ser Camps qui va insistir que Álvaro Pérez i les seues empreses treballaren a la Comunitat Valenciana perquè s’havia enamorat de “la seua creativitat”.

Però a pesar que El Bigotes o Pablo Crespo assenyalaren directament Camps, és a dir, “descobriren el pastís”, seria legalment impossible que l’expresident pagara penalment per aquest procés. Els delictes estarien prescrits perquè, si és el cas, en cap fase d’aquest procés ha estat imputat o assenyalat per cap informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) com sí que ho estan des del 2009 tots els acusats en aquesta peça separada del cas Gürtel.

Encara que s’intentara imputar Camps en aquest procés, no se li podrien aplicar els delictes de falsedat documental i delicte electoral perquè prescriuen al cap de cinc i tres anys, respectivament. Una altra pena és la pública o mediàtica, que seria demolidora per a l’expresident de la Generalitat en cas que fóra assenyalat ara per la trama. Cal recordar que Camps gaudeix encara dels privilegis dels expresidents i és membre del Consell Jurídic Consultiu amb un sou públic, xòfer i secretària.

De fet, des d’algun partit que sosté el Govern valencià ja s’ha demanat que es retiren els privilegis d’expresident a Camps per les seues vinculacions al cas Gürtel i per la seua imputació en el cas Valmor, on s’investiga la despesa de diners públics en les carreres de Fórmula 1 a València.

Camps va ser absolt en l’anomenat cas dels vestits, que hauria pagat la trama Gürtel i en què dos subordinats es van declarar culpables.

Sigue provocando vergüenza ajena escuchar las conversaciones que mantenía el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps con los cabecillas de la Gürtel y en especial con Álvaro Pérez, 'el Bigotes'; ese personaje que ahora se dedica a “pochar” en la cocina de la cárcel. Eran “amiguitos del alma” y se querían “un huevo”.

De todas formas, al escucharlas ahora, tras lo ocurrido esta semana en la Audiencia Nacional, cobra mucho más sentido la advertencia que le hace el dirigente del PP. Cuando 'el Bigotes' le dice “contarás con mi lealtad durante muchos años”; Camps reacciona airado y le responde: “¿muchos años? Hijo de puta, será durante toda tu vida”.

Camps sabía muy bien de lo que hablaba, pero seguro que no se imaginaba que 9 años después, su amiguito del alma, cansado de la cárcel y siguiendo la estela de su jefe, Don Vito Correa se iba a poner a tirar de la manta.

Hace tiempo que se acabó la fiesta en el PP valenciano, pero ahora el drama está casi completo. Y es que el saqueo de las cuentas públicas fue tan escandaloso que ya no se puede esconder más.

Los empresarios que pagaron las mordidas del 3% y los cabecillas del entramado corrupto están confesando uno detrás de otro para intentar rebajar sus penas. Parecen la Santa Compaña. Todas las miradas acusatorias se dirigen hacia Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano y mano derecha de Camps. ¿Aguantará la presión Costa? o ¿acabará diciendo la verdad dejando de ser también leal a su jefe?

El juicio de la trama valenciana de la Gürtel está siendo espectacular, muy al estilo mafioso americano que vemos en las películas, aunque en el fondo solo está sirviendo para confirmar lo que todos sabíamos. Que el PP se financió ilegalmente y de forma obscena y lo hizo en Valencia, en Madrid y en otras comunidades y lo hizo en la sede central de Génova con Bárcenas de contable con Aznar primero y con Rajoy, antes y después.

El PP mira para otro lado, no habla de ello en público y suspira para que los enredos de Puigdemont desvíen la atención, pero creo que incluso Rajoy empieza a darse cuenta de que la corrupción les acabará echando del poder porque es una sombra que persigue de forma implacable al partido y a él mismo.

El PP sólo se regenerará si reconoce lo ocurrido, pide disculpas a los ciudadanos, como muy tímidamente hizo el otro día Romay Beccaría, el padre político de Rajoy y renueva sus equipos dirigentes con gente que no haya tenido nada que ver con la maldición de la Gürtel y del resto de casos que les atenazan.

Lo ideal es que devolvieran el dinero que robaron, pero eso, como siempre, parece más difícil.

El cas Gürtel pot fer un gir copernicà en ple judici gràcies al canvi de versió dels capitostos i principals acusats de la trama corrupta. Després de la confessió de Francisco Correa i l’autoinculpació dels nou empresaris que van pagar les campanyes del PP el 2007 i el 2008 a canvi de millores penals, en la sessió de dimecres han estat Álvaro Pérez El Bigotes, el comercial de la xarxa a València, i Pablo Crespo, el comptable, els que han anunciat “noves revelacions” que poden acabar d’afonar la cúpula del PP de Francisco Camps.

Tals han estat les expectatives generades que la Fiscalia i la resta de les acusacions han acceptat suspendre 48 hores el judici perquè els acusats puguen substanciar les noves proves que ajuden a “conéixer la veritat” d’aquesta peça del cas Gürtel, en paraules del jutge de l’Audiència Nacional que ha de decidir.

Així, segons fonts jurídiques consultades per eldiario.es, tant Crespo com Álvaro Pérez estan disposats a ratificar la declaració de Correa en què va assegurar que era l’exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa qui els va dir que els actes del partit que va dur a terme Orange Market, l’empresa de la trama, els pagaven els empresaris. Encara que les mateixes fonts no descarten noves aportacions sobre altres potes del procés que encara queden per aclarir.

Durant la jornada de dijous els lletrats d’ambdós acusats es reuniran amb la Fiscalia per explicar les noves revelacions que els seus representats poden fer divendres en el judici que, fins i tot en algun cas, podrien ser substanciades amb documentació.

Per la seua banda, fonts de les acusacions asseguren que en l’actual fase processal no és possible arribar a una conformitat, com han fet els empresaris finançadors, però sí que es podria tenir en compte aquesta bona voluntat per col·laborar en la petició posterior de penes. La fiscal pot canviar l’escrit d’acusació en el moment que considere oportú.

Prescrit per a Camps

Però les fonts jurídiques consultades, no sols estan disposades a facilitar l’acusació final contra la cúpula del PP de Camps, sinó a apuntar contra el mateix expresident de la Generalitat com a coneixedor del presumpte finançament irregular. Això sí, no deixaria de ser una responsabilitat política i mediàtica per a Francisco Camps, ja que la penal pel que fa als delictes electorals de les campanyes del 2007 i del 2008 i el delicte continuat de falsedat haurien prescrit.

Seria improductiu també, per moltes revelacions que es feren contra el polític valencià –ja imputat en una altra causa per corrupció–, que s’obrira un procés penal per aquesta causa.

A pesar de la impossibilitat d’aconseguir una sanció contra “la pedra Rosetta” d’aquesta peça, unes declaracions que apuntaren més amunt de Ricardo Costa o Vicente Rambla, exvicepresident del Govern valencià, també serien ben rebudes per les acusacions. Al final, es tracta d’aconseguir el nombre més gran de dades per a conéixer el perquè del finançament irregular del PP a la Comunitat Valenciana els anys 2007 i 2008.

El caso Gürtel puede dar un giro copernicano en pleno juicio gracias al cambio de versión de los cabecillas y principales acusados de la trama corrupta. Tras la confesión de Francisco Correa y la autoinculpación, a cambio de mejoras penales, de los nueve empresarios que pagaron las campañas del PP en 2007 y 2008, en la sesión del miércoles han sido Álvaro Pérez, el Bigotes, el comercial de la red en València, y Pablo Crespo, el contable, los que han anunciado “nuevas revelaciones” que pueden acabar de hundir a la cúpula del PP de Francisco Camps.

Tales han sido las expectativas generadas que la Fiscalía y el resto de acusaciones han aceptado suspender 48 horas el juicio para que los acusados puedan sustanciar las nuevas pruebas que ayuden a “conocer la verdad” de esta pieza del caso Gürtel, en palabras del juez de la Audiencia Nacional que debe decidir.

Así, según fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es, tanto Crespo como Álvaro Pérez están dispuestos a ratificar la declaración de Correa en la que aseguró que era el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, quien les dijo que los actos del partido que realizó Orange Market, la empresa de la trama, los pagaban los empresarios. Aunque las mismas fuentes no descartan nuevas aportaciones sobre otras patas del proceso que todavía quedan por esclarecer.

A lo largo de este jueves los letrados de ambos acusados se reunirán con la Fiscalía para explicar las nuevas revelaciones que sus representados pueden hacer el viernes en el juicio que, incluso en algún caso, podrían ser sustanciadas con documentación.

Por su parte, fuentes de las acusaciones aseguran que en la actual fase procesal no es posible llegar a una conformidad, como han hecho los empresarios financiadores, pero sí se podría tener en cuenta esta buena voluntad por colaborar en la posterior petición de penas. La fiscal puede cambiar el escrito de acusación en el momento que considere oportuno.

Prescrito para Camps

Pero según las fuentes jurídicas consultadas, Crespo y 'el Bigotes' no solo están dispuestas a facilitar la acusación final contra la cúpula del PP de Camps, sino a apuntar al propio expresidente de la Generalitat como conocedor de la presunta financiación irregular. Eso sí, no dejaría de ser una responsabilidad política y mediática para Francisco Camps, puesto que la penal respecto a los delitos electorales de las campañas de 2007 y 2008 y el delito continuado de falsedad habría prescrito.

Sería improductivo también, por muchas revelaciones que se hicieran contra el político valenciano -ya imputado en otra causa por corrupción-, que se abriera un proceso penal por esta causa.

Pese a la imposibilidad de conseguir una sanción contra “la piedra Rosetta” de esta pieza, unas declaraciones que apuntaran más arriba de Ricardo Costa o Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano, también serían bien recibidas por las acusaciones. Al final, se trata de conseguir el mayor número de datos para conocer el porqué de la financiación irregular del PP en la Comunitat Valenciana en los años 2007 y 2008.