La Fiscalía ratifica su petición de condena para el PP por beneficiarse de la Gürtel en Boadilla

La Fiscalía ha hecho definitiva este jueves su petición de condena como responsable a título lucrativo para el Partido Popular por beneficiarse de la actividad de la trama corrupta Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Durante la recta final del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, la representante del Ministerio Público, Concepción Nicolás, ha confirmado la solicitud de que el partido que preside Pablo Casado tenga que abonar 204.198,64 euros. En este caso, el PP se sienta en el banquillo de los acusados por tercera vez, la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.

A juicio de Nicolás, durante la vista ha quedado acreditado que se produjo un “lucro” por parte del PP y, en consecuencia, su “obligación” es resarcir ese dinero. “Todos y cada uno de los pagos están perfectamente acreditados”, ha aseverado la fiscal, que ha insistido en que quien se “aprovecha” o “enriquece” como consecuencia de un delito tiene la obligación de devolver esos fondos “aun cuando no tenga conocimiento de una conducta ilícita anterior”. 

Las conclusiones definitivas de la Fiscalía no modifican, por tanto, la responsabilidad a título lucrativo del PP por los contratos supuestamente adjudicados por el consistorio a cambio de comisiones a las empresas Sufi (24.000 euros), Constructora Hispánica (30.000) y Teconsa (120.000) además de diversos contratos menores (29.000). La tesis de Anticorrupción es que el PP se benefició de esas operaciones consiguiendo que empresas de la trama abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido.

En su exposición, la fiscal ha dejado claro que da toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación conservadora durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que en su declaración como testigo —recordó Nicolás— afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A su juicio, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, ha insistido la fiscal.

Rebajas de penas

Por otro lado, Nicolás ha anunciado rebajas en su petición de penas para dieciséis de los acusados que han reconocido los hechos tratando así de obtener una rebaja en la condena. Para todos menos para el que fuera alcalde de Boadilla por el PP entre 1999 y 2009, Arturo González Panero, para quien ha mantenido su solicitud de cuarenta años de prisión. La fiscal ha definido de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión de González Panero, que afirmó que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004.

El exalcalde aseguró también haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. Pero la representante del Ministerio Público ha recordado que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar, añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, ha dicho ante el tribunal. 

La Fiscalía sí ha adelgazado la petición de cárcel para los otros imputados que han reconocido los hechos en sus confesiones por escrito previas al inicio de la vista oral y a lo largo del juicio. En el caso de Francisco Correa y Pablo Crespo, por ejemplo, ha suprimido el delito de asociación ilícita por el que ya fueron condenados en la pieza llamada Época 1. Para el primero, líder de la trama, ha pasado de pedir 19 años frente a los 76 solicitados inicialmente, mientras que para su segundo la petición se eleva a 16 frente a los iniciales 64. 

El juicio por la actividad corrupta de la trama Gürtel en Boadilla del Monte de la mano del Partido Popular ha venido marcado por un aluvión de confesiones por parte de acusados que esperaban una rebaja en las peticiones de condena a cambio de reconocer los hechos de los que les acusaba la Fiscalía. Correa, por ejemplo, fue explícito a la hora de relatar cómo manejaba la contratación pública gracias a su relación con los líderes locales del partido: “Si conseguíamos la adjudicación, el empresario me aportaba la cantidad o la comisión correspondiente. Yo intentaba que se adjudicara al candidato que yo ofrecía”, dijo.

Según la fiscal, Correa “lo reconoció absolutamente todo”. “Ha reconocido el blanqueo, el dinero, las prevaricaciones e incluso nos ha hablado de su propio negocio con otros empresarios a los que él llamaba el lobby o el bussines”, ha dicho la representante de Anticorrupción, que ha recordado como el líder de la Gürtel explicitó ante el tribunal la actividad que realizada con sus empresas de eventos, cómo conoció a González Panero e incluso dónde se hacían los “repartos” de dinero.

Dos condenas al PP

El juicio por la actividad de la trama corrupta Gürtel en Boadilla del Monte no es el primero que explora la relación del Partido Popular con la trama y cómo se benefició de ella en numerosos territorios y municipios donde gobernaba. El Tribunal Supremo ya condenó al partido en 2020 como responsable a título lucrativo por beneficiarse de su actividad corrupta en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, municipios madrileños cercanos a Boadilla del Monte. En ese caso la condena económica de la formación que ahora dirige Pablo Casado superó los 245.000 euros, dinero con el que financió campañas electorales en ambas localidades.

Su segunda condena, aunque esta como responsable civil subsidiario de los delitos de Luis Bárcenas, llegó hace unos meses con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la 'caja B' y la reforma de la sede central de Génova 13 pagada con dinero negro procedente de dicha contabilidad paralela. En este caso, que todavía no ha sido sentenciado en firme, el PP fue condenado a hacerse cargo de más de 123.000 euros por el delito fiscal cometido por su entonces empleado Luis Bárcenas, que ha decidido no recurrir su condena. En ambos casos, los tribunales han considerado acreditada la existencia de esa 'caja B' de dinero negro en el seno de la formación conservadora.